Sentencia N.º RC.00226
- Sentencia
- N.º RC.00226
- Fecha
- 23/03/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 03-339
- Ponente
- Franklin Arrieche Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G.
En el juicio por cobro de honorarios profesionales causados extrajudicialmente, seguido por el abogado SILVIO PÉREZ VIDAL, representado por el abogado Saiah Azkul Abou Asali, contra JOSÉ VITO MENDOLA SÁNCHEZ, asistido por el abogado Victoriano Rodríguez Méndez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, dictó decisión el 11 de marzo de 2003, mediante la cual declaró con lugar la apelación ejercida por el actor; parcialmente con lugar la demanda; y revocó el fallo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa misma Circunscripción Judicial, de fecha 30 de enero de 2003.
Contra la referida sentencia de la alzada la parte demandada anunció recurso de casación, que fue admitido mediante auto de fecha 4 de abril de 2003 y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió el artículo 506 eiusdem.
Señala el formalizante que el juez de la recurrida interpretó erróneamente el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que el demandado tenía la carga de probar la defensa hecha en su contestación, la cual se refirió a que los honorarios fueron convenidos en quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo), y que pagó como anticipo la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo).
Afirma, que el juzgador no debió resolver el caso planteado con fundamento en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un asunto de mero derecho y el haber admitido en su contestación que acordó pagar al actor una suma superior a la establecida en el Reglamento de Honorarios Mínimos no lo hace objeto de prueba, ni requiere que dichos hechos deban demostrarse, pues estos honorarios están establecidos en el referido reglamento.
Para decidir, esta Sala observa:
Aunque el formalizante acusa el error de interpretación del artículo 506 eiusdem, la fundamentación de la denuncia esta orientada a la infracción por la falsa aplicación de dicha norma, por lo cual será en este sentido que resolverá su planteamiento.
El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba.
La citada norma regula la distribución de la carga de la prueba al establecer que todo aquél que afirma un hecho tiene que probarlo para que su alegato no se considere infundado. En tal sentido, esta Sala mediante sentencia N° 193 del 25 de abril de 2003 (caso: Dolores Morante Herrera c/ Domingo Antonio Solarte y Angel Emiro Chourio), expresó:
En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina carga subjetiva de la prueba, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Es allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. a: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).
...Omissis...
La jurisprudencia de la casación, considerando la distinta posición del demandado en particular, ha interpretado la máxima reus in exceptione fit actor, y acoge la doctrina generalmente aceptada de cuando el demandado no se encierra en la pura negación de las pretensiones, sino que expone razones de hecho para discutirlas, adopta en el proceso una actitud dinámica, y la contienda procesal se desplaza de la pretensión, a las razones que la enervan, y el riesgo de la falta de pruebas también se desplaza, porque el actor no tiene que probar nada, puesto no es de la realidad de su pretensión de lo que se trata, sino de las razones contendientes de aquellas (GF. N° 17 (2° etapa) p 63).
Esta última actitud dinámica del demandado fue realmente lo que aconteció en el caso de autos, pues no se limitó a la contradicción pura y simple de la pretensión, sino que expuso discriminadamente razones de hecho para discutirlas, en cuya hipótesis, de acuerdo a lo precedentemente expuesto, asumió la carga de la prueba, sobre todo porque expuso entre esas razones hechos impeditivos, modificativos y hasta extintivos del derecho del actor en solicitar una rendición de cuentas.
En el caso planteado el actor demandó el pago de honorarios extrajudiciales por la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), por el estudio y elaboración de un libelo de demanda de divorcio con base en el artículo 185-A, y cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) correspondientes al cinco por ciento (5%) del valor de los bienes de la comunidad conyugal a partir. El demandado en su contestación alegó que los honorarios fueron convenidos por la cantidad de quinientos mil bolívares (Bs. 500.000,oo), y que ya había pagado doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo).
De acuerdo con lo pautado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el actor tenía la carga de probar su respectiva afirmación de hecho, siempre y cuando el demandado no hubiese realizado planteamientos modificativos, impeditivos o extintivos de la pretensión. Por esa razón, considera la Sala que el juez de alzada actuó correctamente al aplicar el artículo 506 eiusdem, pues no se trata de un asunto de mero derecho, como afirma el formalizante, sino de una situación de hecho controvertida y, en consecuencia, corresponde al demandado demostrar que el monto de los honorarios convenidos era otro y que efectivamente pagó doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo).
Con base en los motivos expuestos, es improcedente la infracción del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
-II-
Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió los artículos 1°, 3° y 22° del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados.
Afirma el formalizante que el juez de alzada declaró firme la estimación de los honorarios profesionales extrajudiciales causados por el estudio del caso y la elaboración del libelo de la demanda de divorcio por el artículo 185-A, en la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), por cuanto no aplicó los artículos 1°, 3° y 22° del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, que establecen la obligatoriedad del referido reglamento y los parámetros que debe seguir el abogado para cobrar el trabajo realizado; las circunstancias taxativas que permiten cobrar honorarios superiores a los fijados, y que el estudio y elaboración del líbelo de demanda de divorcio previsto conforme al artículo 185-A del Código Civil, genera honorarios hasta un máximo de ciento cincuenta mil Bolívares (150.000,oo).
Para decidir, esta Sala observa:
El artículo 22 de la Ley de Abogados establece que ...cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el tribunal civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de contestación de la demanda....
De acuerdo con la norma transcrita, si el demandado no está de acuerdo con el monto de los honorarios por cobrar puede acogerse al derecho de retasa en la contestación de la demanda, para que el tribunal retasador revise la estimación de los honorarios y el valor dado a las actuaciones realizadas por el actor, con base en lo establecido en la Ley de Abogados y los instrumentos dictados por la Federación de Colegios de Abogados, que lo orientan sobre dicha materia, tales como el Código de Ética del Abogado Venezolano y el Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados.
Los artículos 1°, 3° y 22° del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, establecen el carácter obligatorio que tiene dicho reglamento para todos los abogados; las consideraciones que deben tomarse en cuenta para estimar honorarios superiores a los fijados en el referido instrumento; y que los honorarios estimados para el estudio del caso, redacción del libelo y tramitación del juicio de divorcio y separación de cuerpos hasta sentencia definitiva, es de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,oo).
Los referidos artículos del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados están necesariamente relacionados con el ejercicio del derecho de retasa en la contestación de la demanda, pues se refieren al valor que se les debe dar a las actuaciones cuyo cobro se pretende, por lo que dichas normas sólo pueden ser aplicadas por el tribunal retasador cuando revise la estimación de los honorarios fijados por el demandante y al dictar la decisión que establezca la cantidad a la que arriban los mismos.
Lo expuesto permite concluir que el Juez de alzada no infringió los artículos 1°, 3° y 22° del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, pues está impedido de usar las referidas normas, las cuales sólo pueden ser aplicadas en la fase de la retasa de los honorarios, y no en la sentencia que declara el derecho.
Con base en lo expuesto, se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 1°, 3° y 22° del Reglamento de Honorarios Mínimos de Abogados, y así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra el fallo del 11 de marzo de 2003, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.
Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa misma Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Tribunal Superior de origen, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
Exp. Nº 2003-000339
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