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Buscar sentenciasSALA DE CASACIÓN CIVIL
En el juicio por daños y perjuicios intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, por el ciudadano BENIAMINO DEGIROLAMO FIORENTINO, representado judicialmente por los profesionales del derecho Jorge Paz Nava y Migdalia Colorado contra los ciudadanos JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ y FRANCISCA ELENA HERNÁNDEZ de MARTÍNEZ, patrocinados por los abogados en ejercicio de su profesión Armando Sue Machado, Néstor Alfonso Rondón González, Carlos Fidel Guerrero y Albania José Pereira; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, en fecha 27 de noviembre de 2002, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda y condenando al demandante al pago de las costas procesales y del recurso, confirmando así el fallo apelado.
Contra dicha sentencia, el demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, y lo hace previa las siguientes consideraciones:
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa, al debido proceso y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en fallo de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, sentencia Nº 22, en el caso de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el articulo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional que el proceso es un instrumento para la justicia, establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo de la controversia sin formalismos, cuando detecte infracciones de orden público y constitucionales que encontrare aunque no se les haya denunciado.
En el subiudice, de la lectura detenida realizada sobre la recurrida, aprecia la Sala, que si bien el juez de alzada analizó todas las pruebas promovidas por los litigantes y de igual forma las valoró, sus conclusiones a ese respecto se refieren a que dichas probanzas no demostraron que se hubiese pactado la venta del bien inmueble sobre el cual las partes mantenían una comunidad, hecho este que, aún cuando tuvo relevancia dentro del debate judicial planteado, no se correspondió con el petitum de la demanda, que estuvo representado por la pretensión de unos daños y perjuicios, daños morales y honorarios de abogados, que según el dicho del demandante, canceló a efectos de la redacción y trámites al documento compromiso de compraventa; no obstante lo observado, se repite, que la parte motiva de la sentencia está referida sólo a establecer la falta de comprobación de que los litigantes hubiesen celebrado un compromiso de venta, y sobre ello se concreta el análisis de las pruebas, concluye el ad-quem resolviendo en su dispositivo ...SIN LUGAR la acción que por daños y perjuicios fundamentado en los artículos 1185 y 1196 (Sic) del Código Civil y 338 del Código de Procedimiento Civil intentó el Ciudadano BENIAMINO DEGIROLANO FIORENTINO....
A efectos de evidenciar lo reseñado, estima la Sala pertinente transcribir algunos párrafos del texto de la recurrida, así:
...Afirma el actor en el libelo de la demanda, que es poseedor y propietario, conjuntamente con los Ciudadanos (Sic), JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ y FRANCISCA HERNÁNDEZ, en una proporción, él primero en un 50% y los 2 últimos en el otro 50% de unas bienhechurías que fueron construidas sobre un terreno, ubicado en la Hacienda Las Mercedes, Sector Las Mercedes, Tasajera, Municipio Ribas (antes Dtto. Ricaurte del Estado (Sic) Aragua), el que tiene una superficie aproximada de ONCE MIL METROS CUADRADOS (11.000,00 m2) y ubicada en los siguientes linderos.
(...Omissis...)
Manifiesta el actor que las bienhechurías antes ubicadas convinieron sus poseedores y propietarios en establecerle un precio de Bolívares (Sic) Cuarenta (Sic) Millones (Sic) (Bs. 40.000.00,00).
Alega igualmente el actor, que JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ y FRANCISCA DE MARTÍNEZ convinieron en venderle la cuota parte que les corresponde en un precio de Bolívares Veinte Millones (Bs. 20.000.00,00 (Sic)). Que los Prenombrados JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ y FRANCISCA MARTÍNEZ no cumplieron con lo convenido, negándose a firmar el documento de venta, por lo que propuso una demanda de partición.
Plantea el actor en la demanda, que el incumplimiento de los Ciudadanos JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ y FRANCISCA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ de realizarle la venta, le ocasionó pérdida económicas y un daño moral, pues lo ridiculizaron y se burlaron de él al no firmar.
En razón de lo anterior demandan a lo Ciudadanos (Sic) JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ PERDOMO y FRANCISCA ELENA MARTÍNEZ, para que le paguen los honorarios profesionales que le pagaron al abogado que les redactó el documento de venta, los intereses de valor de unos cheques de gerencia que compró y mantuvo mientras esperaba la realización de la venta, el daño moral que se le infirió y los honorarios de abogados que deben pagar en razón al juicio de partición que intentó por no haberse realizado la venta y los honorarios profesionales del juicio que intenta.
(...Omissis...)
Ordenan los artículos 1354 (Sic) del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento civil (Sic), que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y que tienen las partes la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.
En la controversia planteada, la demandada sólo aceptó y convino en que existe entre las partes un inmueble en comunidad e igualmente convino en que existe una demanda de partición de dicha comunidad. Rechazó y no aceptó lo alegado por el demandante, en el sentido de que existía un pacto de realizarle la venta, del precio que alegó la actora se pactó, ni la forma de pago. Conforme a ello, por mandato de los artículos 1354 (Sic) y 506 ejusdem, debe el actor probar los hechos que alegó y así se decide.
La demandante para probar los hechos que alegó, acompañó al libelo de la demanda instrumento poder que le otorgó a los Dres. JORGE PAZ NAVA y MIGDALIA COLORADO. Este Instrumento poder solo prueba la representación que tienen los Dres. JORGE PAZ NAVA y MIGDALIA COLORADO, nada prueba en relación con el hecho que alegó de existir pactada una venta, ni el precio de la misma y así se decide.
(...Omissis...)
En relación con la planilla que como emanada de la Notaría Pública Segunda de Maracay, acompañó el actor al libelo de la demanda marcada BD-3-1, que cursa al folio 16 del expediente, en la misma se lee José Marcelino Martínez. La misma no está suscrita por persona alguna, nada prueba sobre la obligación de vender que alega el actor, ni siquiera puede decirse que en la elaboración de la misma participaron en ella los demandados, no aparece suscrita por persona alguna, ninguna relevancia tiene, se desecha la misma y así se decide.
(...Omissis...)
De igual manera, las copias fotostáticas que cursan a los folios 17 y 18 del expediente, que la parte actora acompañó al libelo de la demanda marcadas BD-4 y BD-5, las mismas se refieren a cheques de gerencia que según lo que se lee en ellas, son Para pagarse a la orden de JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ PERDOMO y FRANCISCA ELENA HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, las sumas que en el texto de las copias se indica. Fuera de eso, o sea; indicar la cantidad que se ordena pagar, el banco que debe pagar, la persona a quien se debe pagar, no se infiere de las ilegales copias fotostáticas obligación alguna por parte de los demandados, de realizarse la venta al actor, del 50% de los derechos que a ellos les corresponde en la comunidad.
(...Omissis...)
Por lo antes analizado, este Tribunal, dando cumplimiento con lo ordenado en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, concluye afirmado, que las posiciones juradas estampadas por el actor, no prueban que los demandados hayan convenido en venderle al actor el 50% que tienen en un bien inmueble que en comunidad poseen y tienen en propiedad. Al contrario, como se analizó en el estudio de cada una de las posiciones juradas, a los demandantes niegan la existencia del convenio de venta e igualmente niegan el precio que alegó el actor como pactado, que es la suma de Bolívares 20.000.000,oo.
(...Omissis...)
Por todo lo anterior, siendo que la parte demandante Ciudadano BENIAMINO DEGIROLAMO FIORENTINO, mayor de edad, Contados Público, titular de la cédula de identidad número, 7.233.956 y de este domicilio, teniendo a la carga de la prueba, no probó ninguno de los hechos alegados; conforme a lo ordenado en los artículos 254 y 242 del Código de Procedimiento Civil, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, TRABAJO, MENORES Y ESTABILIDAD LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la acción que por daños y perjuicios fundamentado en los artículos 1185 (Sic) y 1196 (Sic) del Código Civil y 338 del Código de Procedimiento Civil, intentó el ciudadano BENIAMINO DEGIROLAMO FIORENTINO, antes identificado; en contra de los Ciudadanos (Sic) JOSÉ MARCELINO MARTÍNEZ PERDOMO y FRANCISCA ELENA HERNÁNDEZ DE MARTÍNEZ, quienes son mayores de edad, casados, titulares de la cédula de identidad números 3.223.107, 5.265.396 y de este domicilio respectivamente. Se declara en consecuencia sin lugar la apelación intentada por la parte actora y quedando ratificada la sentencia de Primera Instancia....
El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece los requisitos de forma que deben contener las sentencias dictadas por los órganos encargados de la administración de justicia, tales requerimientos tienen su razón de ser en que los fallos judiciales, por representar el precepto legal de carácter individual, precisan ser claros, diáfanos y esto conlleva a que la decisión resuelva de manera total todas las pretensiones incoadas mediante el libelo de la demanda, así como las defensas esgrimidas por el accionado, vale decir, debe resolverse el thema decidemdum que está integrado por todo lo alegado y probado y sólo por lo alegado y probado. Cumpliendo esta exigencia la sentencia ostentará el requisito de la congruencia y con ello obedecerá el mandato previsto en el ordinal 5º del artículo en comentario.
De igual forma el juez deberá explanar la debida argumentación que fundamente su fallo, esta formalidad se entenderá satisfecha cuando el juez exprese en aquél los motivos, de hecho y de derecho, en los que se apoya el dispositivo de la sentencia. Su observancia se traduce en que los litigantes, al realizar la lectura de aquella, puedan entender las razones en que se sustenta la decisión tomada, impidiendo de esta manera que la misma sea producto del arbitrio del juez; este requisito se encuentra preceptuado en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
De igual manera prevé la señalada norma la necesidad de que la decisión establezca de manera categórica, la determinación de la cosa sobre la cual deberá ejecutarse el mandamiento que ella contiene; ésta constituye la llamada determinación objetiva y la subjetiva que conlleva el deber de hacer mención de las partes, estipulaciones éstas contenidas en los literales 2º y 6º del artículo 243 de la Ley Adjetiva Civil.
Todos los requisitos señalados han sido catalogados por la jurisprudencia de la Sala así como por procesalistas destacados, como de estricto orden público, en virtud de lo cual se entenderá viciada de nulidad la sentencia que los incumpla.
Sobre este punto se ha dicho:
...La expresión de los motivos o fundamentos del fallo en la parte motiva de la sentencia, proteje pues a las partes contra lo arbitrario, y no han de consistir en meras afirmaciones del juez, sino en las razones y demostraciones de lo resuelto en el dispositivo el fallo.
En repetida jurisprudencia de la Sala se ha considerado no motivado el fallo cuando no expresa de manera clara y precisa los argumentos en que apoya su parte dispositiva, mediante el raciocinio lógico y jurídico del juzgador para afirmar su conocimiento en atención a las cuestiones de hecho establecidas según la soberanía de apreciación de que está investido; de tal manera que, no sólo deben ser congruentes entre sí los diferentes fundamentos de un fallo, sino también con el resultado a que se llegue en la parte dispositiva....(Dr. Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Editorial Gráficas Capriles. Caracas 2000.Tomo V. pp. 206). (Cursiva y negritas del recurrente).
En el sub iudice observa la Sala que en la sentencia del ad-quem, los motivos expresados no fundamentan su dispositivo, ello en razón de que a lo largo de la parte argumentativa de la decisión, tal y como se evidencia de las transcripciones realizadas supra, lo que se establece es que entre los litigantes no llegó a concretarse el compromiso de venta, de los demandados al demandante del cincuenta por ciento (50%) sobre el inmueble que tenían en comunidad, más no de lo realmente peticionado en el libelo, como lo fueron los daños y perjuicios demandados. Asímismo, del análisis realizado sobre las pruebas, tampoco determina que ellas estuvieren encaminadas a demostrar que se causaron los mismos, ni expresa el jurisdicente superior que las mismas fueran impertinentes por cuanto ellas no iban destinadas a evidenciar la certeza de lo demandado, vale decir, que se hubiesen causado efectivamente los daños accionados. Pero luego, sin fundamentación alguna, el dispositivo rechaza la pretensión de daños y perjuicios peticionados y declara sin lugar la demanda.
Con base a las consideraciones expuestas, determina la Sala que el ad-quem dejo de expresar los razonamientos argumentativos que apuntalaran su decisión y, por vía de consecuencia, desacató la preceptiva contenida en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, vicio que acarrea la nulidad de la sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 244 eiusdem y así será declarado, de manera expresa, positiva y precisa, en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, en fecha 27 de noviembre de 2002.
En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
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FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. Nº. AA20-C-2003-000167.