Sentencia N.º RC.00242
- Sentencia
- N.º RC.00242
- Fecha
- 23/03/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 02-810
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
En el juicio de oferta real de pago, seguido por la empresa mercantil MOLINOS NACIONALES C.A., representada judicialmente por los abogados Juan Ruan, Horacio Matheus y Manuel Iturbe, contra la sociedad mercantil AVICULTORES INTEGRADOS ANDINOS, S.A., representada judicialmente por el abogado Zenic Rángel, el Juzgado de los Municipios Valera, Motatán y San Rafael de Carvajal de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, con sede en Valera, mediante acto de fecha 15 de Junio de 1999, realizó la notificación de oferta de pago solicitada.
Posteriormente, por decisión de fecha 27 de Julio del mismo año, el referido Tribunal se declaró incompetente en razón de la cuantía para conocer del presente asunto, remitiendo los autos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, órgano judicial ante el cual continuó la causa.
Así, una vez citada la parte oferida, mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2001, interpuso cuestiones previas, impugnó el poder que acredita a los abogados de la oferente y se opuso a la validez de la oferta intentada.
El Tribunal de la causa, mediante sentencia de fecha 25 de marzo de 2002, luego de haber declarado sin lugar las cuestiones previas alegadas y el cuestionamiento formal del poder, se pronunció sobre el fondo de la controversia, señalando que la oferta de pago no fue válida.
Apelada la sentencia de primera de instancia, conoció en segundo grado el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, tribunal que dictó sentencia definitiva en fecha 24 de septiembre de 2002, en la que declara sin lugar la apelación, conformando la sentencia de primera instancia.
Contra el referido fallo de la alzada, la representación judicial de la parte actora anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Bajo el amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del ordinal 3° del artículo 243 eisudem, en concordancia con el artículo 12 del mismo código, con los siguientes argumentos:
...Dispone el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que toda sentencia debe contener una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos. Así, pues, se establece en dicha norma el deber del juez de determinar en forma previa y antes de entrar a examinar las probanzas de autos, los límites de la controversia sometida a su conocimiento.
Más adelante, los formalizantes agregan:
...particularmente, en los folios 344 al 357, ambos inclusive, cursa la parte narrativa de dicho fallo, en el cual se hace una extensa y excesiva narración (no síntesis) de los planteamientos hechos por nuestra representada en el escrito de oferta real, lo cual, contraviene la doctrina de esta Sala a que hemos hecho referencia anteriormente. Ahora bien, si la recurrida cometió excesos al tratar de sintetizar los hechos planteados por la parte oferente en el escrito de solicitud de oferta real, caso contrario fue cuando le tocó sintetizar lo expuesto por la parte oferida en el escrito de rechazo a la oferta real, ya que el sentenciador omitió del todo hacer cualquier referencia a las defensas y/o excepciones planteadas en dicho escrito de rechazo a la oferta real..
Para decidir, la Sala observa:
Se configura el vicio de indeterminación objetiva de la controversia, cuando de la sentencia impugnada no resulta posible saber cual era la situación de conflicto a resolver, de modo que el Juez, sin determinar en forma precisa y a título de síntesis los límites de la litis, entra a analizar y decidir la causa, sin su previa determinación.
Sobre el vicio de indeterminación objetiva, la Sala ha venido señalado lo siguiente:
...Ha sido criterio pacífico y reiterado en la doctrina de la Sala, entre otras en sentencia Nº 68, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-218, en el caso de Humberto Colls Rivas contra Asociación Cooperativa de Transporte Larense de Responsabilidad Limitada, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, que el precepto normativo contenido en el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, obliga a los jueces a indicar cómo ha quedado planteada la controversia, de manera tal, que antes de entrar a motivar el fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la fundamentación del derecho, deberán exponer con sus palabras en qué sentido y cómo quedó trabado el problema judicial a resolver; exposición que a su vez deberán formular a través de una síntesis clara, precisa y lacónica.
Asimismo, en el precedente jurisprudencial antes señalado, la Sala ratificó que se deja de cumplir con la referida norma adjetiva, cuando: 1) el juez se extiende en la narrativa señalando y transcribiendo todos los actos que no tengan mayor relevancia, y; 2) el juez no realiza ninguna síntesis, no dejando establecido, en consecuencia, en forma clara, precisa y lacónica, los términos en que ha quedado planteado el asunto jurídico a resolver.
En el caso sub iudice se impugna la recurrida por el segundo de los supuestos supra mencionados, es decir, por la falta absoluta de síntesis, pues el Juez de Alzada sólo se limitó a señalar los pasos de sustanciación verificados en su tribunal y entró a analizar, de seguidas, las probanzas promovidas por las partes, sin indicar de manera alguna cuáles fueron los alegatos y excepciones esgrimidos tanto en la demanda como en su contestación, lo cual a juicio del formalizante hace imposible determinar sin recurrir a las actas del expediente, en qué forma quedó planteada la controversia, y cuál es el asunto debatido.
(Sentencia de fecha 12 de agosto de 2003, SCC, sentencia N° 550)
En ese sentido, debe constatar la Sala si la recurrida, en efecto, además de no realizar síntesis alguna, omitió referirse a los alegatos y razones de las partes, de manera que se hiciera imposible conocer el problema a decidir antes de que el mismo fuera materialmente decidido.
Así, de la lectura del fallo impugnado, ciertamente observa la Sala que el Juez de Alzada hizo una parcial transcripción de lo acontecido en el proceso, citando extractos de lo que las partes alegaron, al cabo de lo cual, textualmente, señaló:
...La oferta de pago y el depósito, es uno de los medios previstos en el Código Civil, específicamente del artículo 1.306 al artículo 1.313, para extinguir las obligaciones. Lo hace el deudor cuando su acreedor se niega a recibir el pago y consiste en la entrega ante la respectiva autoridad judicial, de la cosa debida para que en nombre del deudor la ofrezca al acreedor, invitándolo a recibirla en cuyo caso los intereses dejan de correr desde el día del depósito legalmente efectuado y la cosa depositada queda a riesgo y peligro del acreedor.
El artículo 820 del Código de Procedimiento Civil, establece: El deudor u oferente pondrá a la disposición del Tribunal para que las ofrezca al acreedor, las cosas que le ofrece. En el caso de tratarse de cantidades de dinero la entrega podrá suplirse con la certificación del depósito hecho a favor del Tribunal en un banco de la localidad.
Considera este Tribunal Superior que para determinar si la oferta de autos es procedente o improcedente es necesario analizar y valorar todas y cada una de las pruebas aportadas al proceso, cuestión que se hace a continuación...
Como se observa, una vez realizada la síntesis de lo ocurrido en la causa, desde la iniciación del trámite, hasta el arribo de lo autos hasta el Juez de Alzada, la recurrida pasa a señalar lo que ha de entenderse por una oferta real de pago y lo que la norma del artículo 820 del CPC prevé como medios para llevarla a cabo, para luego establecer que será misión del Tribunal valorar los medios de pruebas aportados por los contendores a fin de concluir sobre la existencia, eficacia y validez de la oferta real solicitada, que el Tribunal Superior denomina como procedencia o improcedencia de la misma.
Por otra parte, observa la Sala, que luego de hacer las consideraciones sobre las pruebas aportadas al juicio, el fallo impugnado se ocupa de otros aspectos puntuales, como el de la temporaneidad de la oferta, el del lugar en que la misma se notificó al oferido y el del cumplimiento de las normas contractuales acordadas por las partes en lo atinente a la forma de cumplir con las obligaciones de pago y notificaciones en general, lo cual se corresponde con el problema a decidir que fuera señalado por el Juez de Alzada.
Conforme se ha establecido, considera la Sala que el Juez de la recurrida no se extendió en la parte narrativa del fallo a la trascripción de todos los actos y que, al contrario, no mencionó sino extractos de los mismos sin referirse a los que no tenían mayor relevancia, y que, de igual modo, realizó una estrecha mención del problema que estaba por decidir, dejando establecido que se trataba de resolver sobre la existencia, la eficacia y la validez de la oferta real de pago.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
II
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 del mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación al desechar la prueba de inspección judicial promovida por los formalizantes y evacuada por el Tribunal.
Al respecto, alega el formalizante:
...el sentenciador no silencia la prueba sino que, por el contrario, procede a desechar esta pero sin analizarla; y lo que es peor, el sentenciador no exterioriza nunca las razones de derecho por las cuales desecha la prueba, o lo que es lo mismo, no expresó en ningún momento los motivos de derecho que le llevaron a tomar la decisión de desechar las pruebas promovidas.
... Claramente se evidencia de la lectura de la recurrida (folio 351) que el sentenciador no hizo ninguna labor de subsunción de los hechos en la norma ni expresó nunca (tal y como ordena el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil) su criterio respecto de dicha prueba..
La Sala para decidir, observa:
En el caso bajo análisis, el formalizante alega que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, por cuanto, en su criterio, la prueba de inspección judicial promovida por su representado y evacuada posteriormente, fue desechada por la recurrida sin expresar los motivos de derecho que le llevaron a tal determinación, lo cual califica como ausencia absoluta de motivación.
Respecto al vicio de inmotivación denunciado, esta Sala en sentencia Nº 57, de fecha 5 de abril del 2001, expediente 00-390, dejó establecido lo siguiente:
...Ahora bien, el vicio de inmotivación puede darse cuando: a) Se omite todo razonamiento de hecho o de derecho; b) Las razones del juzgador no tienen relación con el asunto decidido; c) Los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e insubsanables, o son motivos tan vagos o absurdos, que impiden conocer el criterio seguido para decidir....
Asimismo, y en referencia al mencionado requisito de motivación del fallo, la Sala en sentencia Nº 241, de fecha 19 de julio del 2000, expediente Nº 99-481, indicó:
...El requisito de motivación impone al Juez el deber de expresar en la sentencia los motivos de hechos y de derecho que sustentan lo decidido. Esta exigencia tiene por objeto: a) controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, porque éstas requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos. En caso contrario, podrán interponer los recursos previstos en la ley, con el fin de obtener una posterior revisión sobre la legalidad de lo sentenciado....
En el escrito de formalización, el recurrente alega que el sentenciador de alzada incurrió en el vicio de inmotivación por omitir las razones de derecho que soportan su decisión de desechar la prueba de inspección judicial.
Por su parte, sobre estos particulares, el Sentenciador de alzada en la decisión recurrida, textualmente señaló:
...En relación a la inspección judicial promovida, cuyas resultas cursan del folio 99 al folio 116 del presente expediente, este tribunal superior considera de que (sic) dicho medio probatorio no prueba que la oferta en cuestión haya sido hecha (sic) dentro del término legal, razón por la cual se desecha este medio probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y así se decide....
Más adelante, el sentenciador de la recurrida agrega:
... El artículo 1214 (sic) del Código Civil establece:
(omissis )
En el caso de autos, como bien lo dice el oferente en su escrito:
(omissis ).
Se evidencia por dicho mismo (sic) del oferente que el contrato no había terminado y si esto era así el plazo no estaba vencido y por consiguiente no procedía la oferta.....
Ahora bien, la Sala observa que la denuncia de los formalizantes en cuanto a la inmotivación se circunscribe a lo señalado por la recurrida como fundamento para desechar la prueba de inspección judicial, cuyo objeto, según resulta de la decisión impugnada, se dirigía a determinar la tempestividad de la oferta real de pago o su procedencia en función de la vigencia o no del contrato de arrendamiento al que las partes atribuyen peso fundamental en el presente asunto.
Observa la Sala además, que la recurrida, tal como surge de las citas parciales ya reseñadas, señaló que por las afirmaciones del propio oferente y por virtud del contrato de arrendamiento que vinculaba a las partes, así como por otras actuaciones contractuales de estas explicadas en el cuerpo de la sentencia, aparece demostrado que la oferta real no fue realizada dentro del lapso correspondiente, hecho controvertido al que se dirigía el esfuerzo probatorio de la oferente con la promoción de la inspección judicial.
Lo anterior, en criterio de la Sala, desdice de la ausencia de todo razonamiento, que es la subespecie utilizada por el formalizante para construir la denuncia de inmotivación, quizás amparada en una revisión sectorizada y no integral del fallo recurrido.
Por lo tanto y en atención al precedente análisis, la Sala considera que el sentenciador, a lo largo de su decisión, ofrece a las partes diversas razones, tanto de hecho como de derecho, que si bien puede parecer insuficientes para el formalizante, no llegan al extremo de una ausencia absoluta de motivación.
Por otro lado, observa la Sala que además de lo ya señalado, esos argumentos que utiliza la recurrida aparecen desarrollados de forma tal, que aún cuando no satisfagan las aspiraciones de suficiencia que la recurrente legítimamente poseía, conservan una indudable uniformidad, dado que son los mismos motivos con los que el sentenciador de alzada trata para darle valor o no a las pruebas de ambas partes, en igualdad de condiciones para cada una de ellas.
En tal sentido, considera la Sala que si bien puede o no estarse de acuerdo con ello, incluso por razones jurídicas, no es a través de la denuncia de inmotivación -y menos aún de la subespecie de ausencia absoluta de motivación- el camino para someterlas al control de la casación.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
III
Con apoyo en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 eiudem, por haber incurrido el fallo en el vicio de incongruencia negativa.
Para sostener su denuncia, los formalizantes expusieron los siguientes argumentos:
...Particularmente, imputamos a la recurrida no haber decidido ciertos puntos que fueron planteados por la parte oferida en su escrito de informes ante el sentenciador de la alzada y que forman parte del problema judicial sometido a su decisión. En efecto, la recurrida omitió pronunciarse sobre los improcedentes y extemporáneos alegatos de la oferida respecto a un supuesto incumplimiento del ordinal 3° del artículo 1.307 del Código Civil por parte de nuestra representada (ver escrito de informes de la oferida en Segunda Instancia en los folios 284 y 285 del expediente). Dichos alegatos fueron debidamente rebatidos por nuestra representada en su escrito de observaciones escritas a dichos informes (ver folios 322 y 324 del presente expediente, ambos inclusive y aunque tales argumentos de la oferida serán extemporáneos por no haber sido explanados en el escrito de rechazo a la oferta en Primera Instancia, igualmente el sentenciador de la recurrida estaba obligado a analizar dichos argumentos a los fines de emitir un pronunciamiento para desecharlos o apreciarlos....
Señalan los recurrentes que la recurrida, al obrar como lo hizo, menoscabó su derecho a la defensa, trasgrediendo la norma del artículo 12 del mencionado Código de Procedimiento Civil.
Para decidir, la Sala observa:
Sobre el vicio de incongruencia negativa y los demás extremos que el ordenamiento jurídico prevé formalmente como esenciales de la sentencia, la Sala ha venido sosteniendo la necesidad de considerarlos como de orden público, por lo cual, la inobservancia de los mismos por parte de los jueces de instancia debe ser sancionada con nulidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 244 del mencionado Código.
Concretamente, en lo atinente al vicio de incongruencia negativa, este se configura cuando no existe la correspondencia formal entre la sentencia dictada y las contrarias pretensiones de las partes.
Ahora bien, entiende la Sala que esta relación de suficiencia entre lo controvertido por las partes y lo decidido por el juez, es de orden estrictamente lógico, lo que significa que en la decisión judicial deben estar comprendidos todos los puntos debatidos, incluso por implícito pronunciamiento, tal como lo ha dejado establecido esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 7 de noviembre de 2003, expediente N° 02-012, en la que señaló:
...Sobre el vicio de incongruencia negativa, por omisión de pronunciamiento del juzgador sobre alegatos planteados en los informes, esta Sala ha sostenido de manera reiterada, que si bien no existe obligación para los jueces de considerar y resolver aquellos asuntos que se les formulen por vez primera en el acto de informes, tal consideración no puede conllevar a su irrelevancia, ya que en éstos se pueden plantear situaciones de orden público, proponerse solicitudes de reposición o invocarse la aplicación de normas impositivas no aludidas en actuaciones previas, lo que ciertamente impondría a los juzgadores su consideración y pronunciamiento, pues de no hacerlo quebrantarían el principio de la exhaustividad de la sentencia e incurrirían en omisión de pronunciamiento, equivalente al vicio de incongruencia negativa....
Así mismo, en fallo de fecha 9 de septiembre de 2003, expediente 03-394, la Sala señaló lo siguiente:
..El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello; en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes, cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidos en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso.
En consecuencia, para que una sentencia sea congruente con los alegatos de hecho formulados por las partes, en las oportunidades establecidas para ello, el juez debe resolver sobre todo lo alegado y sólo sobre lo alegado....
Con base en lo anterior, observa la Sala que la recurrida al referirse al problema que le correspondía dirimir sobre la procedencia o no de la oferta real de pago, consideró y decidió sobre la viabilidad de efectuar tal oferta a través de un cheque personal, así como sobre la legalidad o no de verificar la notificación de la oferta real en el lugar escogido por las partes para todos los asuntos referidos al contrato de arrendamiento que les vinculaba y finalmente se pronunció sobre la oportunidad en que fue efectuada la oferta real.
Todo ello lo hizo la recurrida al analizar la disposición normativa contenida en el artículo 1.307 del Código Civil, cuando expresó lo siguiente:
...El artículo 1.307 del Código Civil, establece: Para que el ofrecimiento real sea válido es necesario:
Que se haga el acreedor que sea capaz de exigir, o aquel que tenga facultad de recibir por él.
Que se haga por persona capaz de pagar.
Que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos líquidos con la reserva por cualquier suplemento.
Que el plazo esté vencido si se ha estipulado a favor del acreedor.
Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda.
Que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago, y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, que se haga a la persona del acreedor, o en su domicilio, o en el escogido para la ejecución del contrato.
Que el ofrecimiento se haga por ministerio del Juez.
En el presente caso, consta de autos que el Tribunal que realizó la oferta se constituyó en la Zona Industrial Carmen Sánchez de Jelambi de la ciudad de Valera, Estado Trujillo, no en el inmueble arrendado, sino en el galpón en donde funciona la Empresa Mercantil LA CRIOLLITA, S.A., es decir, en un inmueble distinto, en el cual se debía realizar la oferta, no cumpliendo con lo establecido en el ordinal 6 del citado artículo 1.307 del Código Civil, lo cual la hace igualmente improcedente y así lo DECIDE.
Este artículo debe interpretarse en concordancia con los artículos 1.264 y 1.290 del Código Civil, ya que según estos artículos las obligaciones deben ser cumplidas tal y como hayan sido contraídas, y en el caso de autos el contrato de arrendamiento o la prórroga de dicho contrato no había terminado; por lo tanto, la obligación de pagar para el oferente todavía no había nacido, por lo que el oferido tampoco tenía la obligación de recibir el pago de los cánones de arrendamiento ofrecidos, en consecuencia una vez más la oferta realizada es improcedente y así se DECIDE..
En consecuencia, observa la Sala que dada la naturaleza del problema a resolver, bastaba la configuración de una sola de las anomalías detectadas a juicio del Tribunal, para que se entendiera ineficaz la oferta real de pago solicitada, por lo cual, al juzgar la recurrida sobre el medio utilizado para ello por la parte oferente, sobre el lugar de la notificación y sobre la oportunidad de la oferta, se cumplió con el deber de correspondencia formal y lógica que debe existir entre lo alegado por las partes y la decisión del órgano judicial, que en este caso, como se ha dicho, significó, en criterio del Juez Superior, la improcedencia de la oferta real solicitada por la parte oferente.
Por las razones expuestas, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV
Con fundamento en lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia violación por la recurrida del ordinal 6° del artículo 243 eiusdem, por carecer la sentencia impugnada del requisito de determinación objetiva.
Para sostener su alegato, los formalizantes señalan lo siguiente:
...Dispone el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que toda sentencia debe contener la determinación de la cosa u objeto sobre la que recaiga la decisión. Así pues, se establece en dicha norma el deber del juez de determinar en la sentencia el alcance de la cosa juzgada dentro de los límites de la controversia respecto a la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión...
Más adelante, los formalizantes agregan:
...Todo esto tiene que ver con el principio de autosuficiencia del fallo, según el cual, éste debe bastarse a sí mismo, sin que sea necesario recurrir a las actas e instrumentos del expediente a los fines de su ejecución o bien, para determinar el real y verdadero alcance de la cosa juzgada dentro de sus limites objetivos y subjetivos... .
La Sala para decidir observa:
El objeto de la controversia que habrá de decidirse, a los efectos de lograr la mayor eficacia del proceso, ha de estar contenido en la decisión que finalmente dicte el Juez; de este modo, el objeto del fallo será pleno y suficiente si agota el objeto de la controversia que las partes sometieron a la decisión judicial, para lo cual, obviamente, será menester que el juez en su sentencia lo determine claramente.
Así, respecto al vicio denunciado por indeterminación de la cosa u objeto sobre el que recae la decisión, esta Sala en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 46, de fecha 23 de febrero del 2001, expediente Nº 00-117, textualmente señaló lo siguiente:
...El criterio general que se sigue en esta materia es que la determinación aparezca directamente del fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del fallo, porque la sentencia debe bastarse a si misma, y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea preciso acudir a otros elementos extraños para completarla o hacerla inteligible.
Así se ha decidido que no llena la sentencia esta exigencia de ley, cuando, Vg., en materia interdictal, no se determina en el fallo la cosa cuya restitución se ordena, sino que la sentencia se remite a la querella, o cuando en materia de reivindicación, no se determina la extensión de terreno que se ordena entregar, por sus medidas y linderos, ni cuando se condena a pagar intereses, sin determinar el quantum de la condenatoria, ni ordenar su determinación por una experticia complementaria del fallo, conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil....
En igual sentido, la Sala en sentencia Nº 238, de fecha 19 de julio del 2000, expediente Nº 99-941, con ponencia del Magistrado Dr. Franklín Arrieche, ya tenía establecido lo siguiente:
...La determinación debe aparecer directamente en el fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera de éste, porque la sentencia debe bastarse a sí misma y contener en sí todos los requisitos y menciones que la ley exige, sin acudir a elementos extraños que la complementen o la hagan inteligible....
La autosuficiencia y la unidad del fallo; conforme al primero, la sentencia debe bastarse a si misma, sin que la prueba de su legalidad dependa de otros elementos extraños que la complementen o perfeccionen: por esta razón, se exige mencionar en la sentencia el objeto sobre el que recae la decisión, para así cumplir la necesidad de precisar los límites de la controversia, a fin de conocer y facilitar la recta ejecución de la sentencia. De acuerdo con el segundo, el fallo, en todas sus partes: narrativa, motiva y decisoria, constituye un todo indisoluble vinculado por enlaces de necesaria lógica, por lo que el requisito de determinación objetiva, se encuentra cumplido no solo en el dispositivo de la sentencia, sino en cualquier parte de la misma....
En el caso bajo análisis, la parte dispositiva de la sentencia recurrida textualmente señala:
...Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL ABOGADO HORACIO MATHEUS O., ACTUANDO EN SU CARÁCTER DE APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE, CONTRA LA DECISIÓN DICTAD POR EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2002, SEGUNDO: SIN LUGAR LA OFERTA E INVALIDO EL DEPOSITO REALIZADO POR LA EMPRESA MOLINOS NACIONALES, C.A. A LA EMPRESA AVICULTORES INTEGRADOS ANDINOS, S.A. POR SER IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEA....
Así mismo, a lo largo del fallo, en otras de sus partes, el Juez Superior hace menciones como las que siguen:
...El artículo 1.307 del Código Civil, establece: Para que el ofrecimiento real sea válido es necesario:
Que se haga el acreedor que sea capaz de exigir, o aquel que tenga facultad de recibir por él.
Que se haga por persona capaz de pagar.
Que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos líquidos con la reserva por cualquier suplemento.
Que el plazo esté vencido si se ha estipulado a favor del acreedor.
Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda.
Que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago, y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, que se haga a la persona del acreedor, o en su domicilio, o en el escogido para la ejecución del contrato.
Que el ofrecimiento se haga por ministerio del Juez.
En el presente caso, consta de autos que el Tribunal que realizó la oferta se constituyó en la Zona Industrial Carmen Sánchez de Jelambi de la ciudad de Valera, Estado Trujillo, no en el inmueble arrendado, sino en el galpón en donde funciona la Empresa Mercantil LA CRIOLLITA, S.A., es decir, en un inmueble distinto, en el cual se debía realizar la oferta, no cumpliendo con lo establecido en el ordinal 6 del citado artículo 1.307 del Código Civil, lo cual la hace igualmente improcedente y así lo DECIDE.
Este artículo debe interpretarse en concordancia con los artículos 1.264 y 1.290 del Código Civil, ya que según estos artículos las obligaciones deben ser cumplidas tal y como hayan sido contraídas, y en el caso de autos el contrato de arrendamiento o la prórroga de dicho contrato no había terminado; por lo tanto, la obligación de pagar para el oferente todavía no había nacido, por lo que el oferido tampoco tenía la obligación de recibir el pago de los cánones de arrendamiento ofrecidos, en consecuencia una vez más la oferta realizada es improcedente y así se DECIDE.
En efecto, se evidencia del escrito de oferta real presentado por la oferente, que en el mismo, conforme a las disposiciones del articulo 1.307 del Código Civil, se hace el ofrecimiento real de una serie de bienes que el promovente pasa a identificar; no obstante, al analizarse los argumentos que la parte oferida sostiene para oponerse a la solicitud de oferta real de pago, queda claro que la objeción de la parte demandada no se centró en los bienes ofertados, sino en la existencia, validez y eficacia de la oferta real como tal, punto este sobre el que debatieron las partes durante el proceso.
Lo anterior, en criterio de la Sala, exige puntualizar lo que debe entenderse por objeto de la controversia, que no necesariamente coincidirá con el objeto de la demanda o de la solicitud, no porque el tribunal pueda ir más allá del límite a la potestad decisoria que los sujetos de la acción le imponen, cuanto porque las mismas partes, con su actuación procesal, pueden reducir la controversia a los aspectos sobre los cuales no han alcanzado acuerdo.
Efectivamente, estima la Sala que el objeto del litigio se delimita en función de los puntos controversiales que las partes mantienen a lo largo de la causa, y ello es así, por cuanto puede que de las pretensiones de la parte demandada o del ejercicio del derecho de contradicción que corresponde al demandado, algunos de los puntos demandados sean admitidos expresamente o hayan sido objeto de acuerdo por voluntad manifiesta de las partes, o se hayan desistido por el actor, de forma tal que sólo aquellos que entrañen diferencias o conflicto, se hacen parte del objeto de la controversia que interesa fundamentalmente a la sentencia.
Por otra parte, Liebman, Enrico Tulio, en Manual de Derecho Procesal Civil, Ejea, Buenos Aires, 1980, p 597 al referirse al objeto de la sentencia, señala:
...El objeto del fallo es la concreta decisión sobre la demanda propuesta en juicio (o si son varias- sobre las demandas propuestas en juicio, comprendida la eventual demanda reconvencional): esto es, la decisión que declara como fundada o infundada la demanda propuesta, como existente o inexistente el derecho hecho valer, y dispone los eventuales efectos consiguientes (condena, efecto constitutivo). Debe acogerse, por eso, con mucha cautela la afirmación según la cual la cosa juzgada se extendería a las cuestiones debatidas y decididas en la sentencia. Es una afirmación por un lado demasiado amplia y por otro demasiado restringida.
Es una afirmación demasiada amplia, porque no son cubiertas por la cosa juzgada las más o menos numerosas cuestiones de hecho y de derecho que el juez ha debido examinar para decidir la causa. Las cuales han representado el camino lógico recorrido por él para llegar a la conclusión, pero pierden importancia una vez que ha pronunciado su decisión. Entre otras cosas también las cuestiones prejudiciales eventualmente surgidas en el proceso sufren análogo trato. Conviene recordar que, de ordinario, las cuestiones prejudiciales deben conocerse incidenter tantum, esto es, son objeto de cognición, pero no de decisión, con eficacia lógica pero no imperativa...... Sólo si la ley lo exige, o si una parte propone análoga demanda, la cuestión entra a formar parte del objeto del proceso y es decidida en vía principal, con la consecuencia de que la decisión sobre ella es cubierta por la autoridad de la cosa juzgada.
Por otra parte, la afirmación formulada más arriba es demasiada restringida, porque el vínculo de la cosa juzgada excluye que se puedan hacer valer cuestiones que podrían poner de nuevo en discusión la estatuición o pronunciamiento que se contiene en la sentencia, aún cuando no se propusieron en el proceso y no fueron objeto de examen por parte del juez. Es lo que se quiere decir en la práctica con la frase según la cual el fallo cubre lo deducido y lo deducible....
Con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que anteceden, no comparte la Sala el criterio de los formalizantes según el cual, Los bienes ofrecidos en el escrito de oferta constituyen el objeto de la presente controversia toda vez que, como quedó planteado en el contradictorio, en el procedimiento de oferta real no debía decidirse si los bienes indicados formaban o no parte de la oferta, sino, por el contrario, si el medio utilizado, el lugar y la oportunidad de la oferta eran válidos o no, lo cual aparece expresamente decidido en la sentencia recurrida.
Esto último y no lo primero constituye el objeto de la controversia, cuya determinación consta en el fallo recurrido; y sobre ello, estima la Sala, se produjo decisión expresa, positiva y precisa.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción del ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 1.214 del Código Civil, por error de interpretación, por cuanto, en criterio de los formalizantes, al aplicar la norma cuya violación se denuncia, la recurrida le dio un sentido distinto al que corresponde.
Para sostener su denuncia, los formalizantes aducen que la recurrida expresó lo siguiente:
...El artículo 1.214 del Código Civil, establece: Siempre que en los contratos se estipula un término o plazo, se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que el contrato mismo o de otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del acreedor, o de las dos partes. En el caso de autos, como bien lo dice el oferente en su escrito: Ahora bien dada la cercanía de la fecha de terminación del contrato y vista la negativa de LA ARRENDADORA de fijar una fecha para la recepción de los bienes dados en arrendamiento... se evidencia por dicho mismo del oferente que el contrato no había terminado y si esto no era así el plazo no había vencido y por consiguiente no procedía la oferta, ya que no puede obligar al arrendador que reciba por adelantado el pago de los cánones de arrendamiento....
Señalan los recurrentes que:
.... dicha interpretación no está acorde con el artículo 1.214 eiusdem, el cual establece: Siempre que en los contratos se estipula un término o plazo, se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que el contrato mismo o de otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del acreedor, o de las dos partes.
... en el contrato de prórroga de fecha 3 de febrero de 1999, se estableció un término de duración de este, hasta el 30 de agosto de 1999. En base a una correcta interpretación del artículo 1.214 del Código Civil arriba transcrito, se presume que dicho plazo debe considerarse estipulado en beneficio del deudor, es decir, de nuestra representada. Por lo tanto, mal puede la recurrida interpretar que ese término es a favor de la parte oferida cuando del análisis de la referida disposición no puede llegarse a la referida conclusión, vista que la citada disposición es muy clara en establecer que el término se presume concedido en beneficio del deudor..
La Sala para decidir observa:
La recurrida, al entrar a considerar sobre la oportunidad en la que fue solicitada la oferta real de pago, ciertamente entra a hacer el análisis de algunas de las cláusulas del contrato de arrendamiento, así como del acuerdo de prórroga acerca de su duración.
Al emprender ese análisis, la recurrida entra a considerar lo que a su juicio constituye, en el más genuino de los sentidos, lo que las partes pactaron, llegando a determinadas conclusiones que no son otra cosa que la calificación jurídica a la que llega el Juez por vía de la interpretación de las respectivas manifestaciones legítimas de voluntad depuestas contractualmente por las partes.
Sobre la interpretación de los contratos, la Sala, en reiteradas oportunidades, ha señalado lo siguiente:
...El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato. (Sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995, Caso: Universidad Central del Venezuela contra Banco Provincial de Venezuela, C.A., hoy Banco Provincial S.A.C.A).
La adecuada fundamentación de la denuncia de la desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, comprende: a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición falsa; b) especificación del caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el Juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa ; e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, c) expresión de las normas que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia.
En el caso concreto, el formalizante sustenta su denuncia en la ...infracción de norma jurídica expresa que regula el establecimiento de los hechos contenidos en las cláusulas... del contrato de cesión, y su razonamiento se centra en alegar la nulidad de dicho contrato por ausencia de objeto, consentimiento y causa.
El argumento referido a la tergiversación del contrato fue hecho para justificar la supuesta falta de objeto de éste, pero el formalizante no precisa si en su criterio el Juez cometió el primer caso de suposición falsa, ni expresa los fundamentos adecuados que permitan a la Sala el conocimiento de tal vicio, entre los cuales se encuentra la expresión de las normas aplicadas falsamente como consecuencia de los hechos inexactos y falsos establecidos en la sentencia recurrida....
(Sentencia de la Sala de Casación Civil, N° 336, de fecha 23 de julio de 2003, expediente N° 01-959)
Como se observa, la recurrida, al interpretar el significado de los acuerdos suscritos por las partes, entendió que el contrato estaba prorrogado y con base en ello concluyó que a la parte oferida no podía obligársele a recibir los bienes ofrecidos en pago.
Al resolver de ese modo, el fallo impugnado aplicó en una de sus modalidades la previsión general y abstracta contenida en la disposición normativa del artículo 1.214 del Código Civil, de modo que la recurrida, una vez efectuado el análisis de la situación de hecho, optó por aplicar el texto legal en una de sus posibilidades, cual es la de entender que el plazo no se otorgó en beneficio del deudor sino también en beneficio del acreedor.
En efecto, señaló el Juez Superior en la sentencia impugnada lo siguiente:
...Este Tribunal Superior observa que la empresa oferente aduce que habiéndose verificado la primera prórroga contractual a partir del 1° de septiembre de 1998 conforme a lo estipulado en la Cláusula Segunda del Contrato original, la firma de la prórroga en el instrumento autenticado el 03 de febrero de 1999 dio cumplimiento dentro de los seis (06) meses procedentes a la culminación del primer año de la prórroga contractual, a la manifestación mutua de terminación anticipada de la prórroga, en tanto que la oferida insiste en que el instrumento autenticado de prórroga contractual en su cláusula quinta prevé la continuación del arriendo original al mantener en vigor las restantes cláusulas y condiciones originales.
Es necesario analizar la cláusula segunda del contrato originario y la quinta de la prórroga contractual:
CLAUSULA (sic) SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL: El plazo establecido para este Contrato es de tres (3) años, contados a partir del 1 de septiembre de 1995, prorrogable automáticamente por períodos iguales, a menos que cualquiera de las partes avise por escrito a la otra, con por lo menos seis (06) meses de antelación al vencimiento del plazo original, o de cualquiera de sus prórrogas su deseo de no prorrogarlo. No obstante lo anterior, la arrendadora conviene y acepta que la arrendataria pueda terminar el presente Contrato anticipadamente al plazo original de tres (3) años, o de sus prórrogas, llegando el caso, previo aviso por escrito a la arrendadora, dado con por lo menos seis (06) meses de antelación al vencimiento del primer o segundo año de este contrato o de sus prórrogas inclusive; cursante a los folios 12, 13, 14 y 15 del presente expediente.
CLAUSULA (sic) QUINTA DE LA PRÓRROGA CONTRACTUAL: En todo lo no modificado en este Contrato se mantiene en toda su fuerza y vigor todas las demás cláusulas y condiciones estipuladas en el mencionado documento de fechas 25 de Septiembre de 1995 y 09 de Octubre (sic) de 1995. Se hacen dos ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en Caracas, a los 18 días del mes de Enero de 1999, cursante al folio 19 y su vuelto del presente expediente.
Analizadas las anteriores cláusulas contractuales, este Tribunal Superior considera que la parte oferente no dio cumplimiento a lo establecido en las referidas cláusulas, ya que no manifestó oportunamente su voluntad escrita de concluir definitivamente la duración del contrato de arrendamiento primitivo, lo cual debió haber hecho dentro del período comprendido entre el 1° de Septiembre de 1998 y el 28 de Febrero de 1999, razón por la cual se hace necesario una vez más declarar improcedente por extemporánea la oferta realizada y así se DECIDE....
De acuerdo a lo señalado anteriormente, la recurrida, tomando como base la interpretación que hizo de los términos del contrato, aplicó la norma legal según lo que deriva de la intención del legislador, y para que proceda el vicio de error de interpretación, era necesario que al aplicar la norma, se hubiera pronunciado por una solución distinta a la prevista por ella, cosa que la recurrida no hizo
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción de ley, en la subespecie de error de interpretación del artículo 1.214 del Código Civil.
II
Textualmente el formalizante expresa:
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil denuncio la infracción del artículo del numeral 6 el artículo 1.307 del Código Civil por error de interpretación(sic).
Observa la sala que en el escrito de ampliación del recurso de casación, en el lugar que se corresponde con la presente denuncia, (folios 405 y 406) se sostiene lo siguiente: De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por error de interpretación del numeral 6° el artículo 1.307 del Código Civil, regla que regula la valoración de los hechos.
En tal sentido, se asume como escrito de formalización de la presente denuncia, el desarrollo argumentativo contenido en el ya referido escrito de ampliación.
Señalan los formalizantes lo siguiente:
...La recurrida considera que la oferta real de los bienes objeto del contrato de arrendamiento, se realizó en un inmueble distinto, es decir, no en el lugar indicado, por lo cual no se cumple entonces con el requisito de validez establecido en el numeral 6 del artículo 1.307 del Código Civil.
Por lo tanto, si el citado domicilio fue el establecido convencionalmente a los efectos de cualquier notificación del contrato de arrendamiento, es evidente que nuestra representada no podía efectuar la oferta sino en el referido domicilio, ya que a través de que querían entregar principalmente los bienes objeto de arrendamiento y consecuencialmente hacer los pagos de los cánones de arrendamiento hasta la finalización del contrato....
Por su parte, la recurrida sostuvo su decisión en los siguientes argumentos:
...En el presente caso, consta de autos que el Tribunal que realizó la oferta se constituyó en la zona industrial Carmen Sánchez de Jelambi, de la ciudad de Valera, Estado Trujillo, no el inmueble arrendado, sino en el galpón donde funciona la empresa mercantil LA CRIOLLITA, S.A., es decir, en un inmueble distinto, en el cual se debía realizar la oferta, no cumpliendo con lo establecido en el ordinal 6 del citado artículo 1.307 del Código Civil, lo cual hace igualmente improcedente y así se decide....
La Sala para decidir observa:
La denuncia que antecede, si se observa bien, encuentra sustento en la violación de una regla de valoración de los hechos, las cuales, según lo ha entendido la Sala, constituyen normas expresas que atribuyen a una determinada suma de hechos comprobados una calificación jurídica específica.
La Sala, en consecuencia, considera necesario señalar que se viola una norma de valoración de los hechos, cuando a determinados datos fácticos que han resultado comprobados durante el proceso, se le atribuye una cualidad jurídica distinta a la que la norma prevé.
Así las cosas, la Sala observa que la recurrida, para concluir que se hizo la notificación en un sitio que no era el que legalmente correspondía, se limitó a aplicar lo que en criterio del Juez de Alzada fue pactado en forma expresa por las contratantes, todo ello como consecuencia de un ejercicio intelectual que devino del análisis de la cuestión de hecho debatida y sometida al esfuerzo probatorio de las partes.
En reiteradas ocasiones, la Sala ha venido sosteniendo que no constituye infracción a una regla de valoración de los hechos, las conclusiones que el juez pueda afirmar como producto de la apreciación de los medios de pruebas incorporados al proceso, ya que, en ese caso, puede que se haya consumado la trasgresión de normas que regulan el establecimiento de los hechos o de disposiciones legales que se refieren al establecimiento y valoración de las pruebas, incluso puede que en algunos casos y bajo ciertas condiciones se configure un falso supuesto, pero no un quebrantamiento de normas que contengan reglas expresas de valoración de los hechos, que se relacionan con otro momento de la sentencia y otra fase del delicado proceso intelectual que desarrolla el juez cuando emite su decisión.
En sentencia N° 80 de esta Sala de Casación Civil, de fecha 13 de marzo de 2003, expediente 01-285, se señaló lo siguiente:
...El ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los motivos de casación por los errores de juzgamiento cometidos por el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley deben verificarse en la interpretación y aplicación de normas sustantivas o adjetivas en el asunto debatido.
Sin embargo, los quebrantamientos de ley también pueden producirse por un error de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres supuestos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: 1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, 2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen; y, 3) fijar hechos con pruebas cuya inexactitud se deriva de otros instrumentos del expediente.
En el presente caso, el recurrente denuncia la falta de aplicación del artículo 1.133 del Código Civil, por cuanto la recurrida desconoció el contenido de la cláusula segunda del contrato que se discute en el presente juicio, con lo cual confundió el error de derecho que consiste en la violación de la ley por negar aplicación a una norma que está vigente, con el error de percepción cometido por el juez al fijar los hechos que resultaron demostrados en el proceso.
Nuevamente debe reiterar esta Sala de Casación Civil, que la interpretación del contrato es de la soberanía de los jueces de instancia, y la desnaturalización o desviación intelectual de su contenido es denunciable mediante el primer caso de suposición falsa. Es decir, no por error de derecho propiamente dicho (infracción de ley), sino mediante el alegato del error de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, lo cual constituye uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante una denuncia de infracción por falta de aplicación del artículo 1.133 del Código Civil, la Sala no puede examinar otras actas del expediente, como sería el contenido de la cláusula segunda del contrato objeto del presente juicio, salvo que se invoque algunos de los supuestos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en este caso, el primer caso de suposición falsa....
Ahora bien, en este caso, observa la Sala, el juez de alzada consideró el lugar de la verificación de la oferta de real de pago como incorrecto con base en la interpretación que realizó al analizar las distintas cláusulas del contrato de arrendamiento que vinculó a las partes.
Conforme a lo anterior, los formalizantes pretenden sostener la concurrencia de un error de interpretación del contrato, bajo la figura del vicio denunciado como infracción de una norma jurídica que según su criterio contiene una regla expresa de valoración de los hechos, refiriéndose concretamente a la disposición del artículo 1.307 del Código Civil, a pesar que la recurrida, en realidad, al establecer que la oferta real de pago fue realizada en un lugar incorrecto, se limitó a aplicar lo que en criterio del Juez superior constituye la correcta interpretación del contrato.
En tal sentido, reitera la Sala, que la interpretación de los contratos y los vicios que de ello pueden surgir, no se corresponden con situaciones procesales que puedan ubicarse dentro de las posibilidades de errores de juzgamiento equiparables a la trasgresión de normas jurídicas que contienen reglas de valoración o apreciación de los hechos.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción de ley, por error de interpretación del ordinal 6° del artículo 1307 del Código Civil. Y así se decide.
III
De conformidad con los dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 1.214 del Código Civil, por falsa aplicación de la norma, bajo los argumento que a continuación se señalan:
...La recurrida ha pretendido subsumir en el supuesto de esta norma unos hechos que se refieren a que el contrato no había terminado, puesto que su plazo no había vencido, así como el hecho de que la oferta no procedía, visto que no se podía obligar al arrendador recibir los pagos de cánones por adelantado.
Ahora bien, tales hechos no tienen relación alguna con el supuesto de hecho del artículo 1.214 eiusdem, ya que este artículo se refiere a los contratos que han establecido los términos y plazos y a la presunción de a quién debe entenderse concedido ese beneficio.
Como se puede apreciar, los hechos soberanamente establecidos por la Alzada, no corresponden al supuesto de hecho mencionado, por lo cual, esta aplicó la referida norma a un supuesto de hecho no prevista en este artículo, es decir, a unos hechos relacionados con el no-vencimiento del contrato de arrendamiento y la no-obligación del arrendador de recibir los cánones de arrendamiento anticipadamente, hechos éstos que como hemos mencionado no tienen relación alguna con el supuesto establecido en el artículo 1.214 del Código Civil....
La recurrida expresó:
...El artículo 1.214 del Código Civil, establece: Siempre que en los contratos se estipula un término o plazo, se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que del contrato mismo o de otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del acreedor, o de las dos partes. En el caso de autos, como bien lo dice el oferente en su escrito: Ahora bien dada la cercanía de la fecha de terminación del contrato y vista la negativa de LA ARRENDADORA de fijar una fecha para la recepción de los bienes dados en arrendamiento... se evidencia por dicho mismo del oferente que el contrato no había terminado y si esto no era así el plazo no había vencido y por consiguiente no procedía la oferta, ya que no puede obligar al arrendador que reciba por adelantado el pago de los cánones de arrendamiento....
Ahora bien, constata la Sala, que la recurrida, además de referirse a la norma cuya denuncia se formula, también se refirió a las disposiciones normativas contenidas en los artículos 1.306, 1.307, 1.264 y 1.290, todas del Código Civil.
Observa la Sala, que la conclusión a la que arriba el Juez de Alzada acerca de la extemporaneidad de la oferta real de pago, surge de la propia norma individual que las partes se dieron en el contrato de arrendamiento y en su prórroga, actos estos que el Juez valoró con fundamento en la libre autonomía de la voluntad de las partes y el efecto de sujeción al compromiso que el consentimiento legítimamente manifestado produce según la teoría general del negocio jurídico.
En todo caso, la Sala observa que la denuncia se refiere exclusivamente al pronunciamiento de la recurrida que declaró la extemporaneidad de la oferta, por cuanto, en criterio del Juez superior, una vez analizados los documentos y sus cláusulas, se consideró prorrogado el contrato de arrendamiento y ello determinó que el arrendador no podía ser constreñido a recibir lo que ya no era una de las obligaciones del arrendatario, por haberse extendido su exigibilidad en el tiempo.
Ahora bien, observa la Sala que el argumento central de los formalizantes se circunscribe a la naturaleza del plazo del arrendamiento, en función de lo cual, según su entender, dicho lapso obra en beneficio exclusivo del arrendatario.
Sobre ello, la Sala, apegada a la finalidad de la casación como institución exclusivamente destinada al control de derecho, no puede entrar a considerar la naturaleza del contrato de arrendamiento, iniciando todo un desarrollo acerca de sus atributos característicos que lo ubican como un contrato de tracto sucesivo, bilateral, conmutativo, consensual y a título oneroso, ni las consecuencias que de tales especies se derivan, puesto que, de hacerlo así, la Sala entraría en el control de lo decidido por el Juez de la recurrida sobre el fondo de la controversia.
De hecho, la Sala observa que el fallo impugnado consideró prorrogado el contrato de arrendamiento con fundamento en el contenido del acuerdo al que los contratantes llegaron y con ello, entendió prorrogadas igualmente las obligaciones de las partes, entre ellas, las inherentes al pago de las pensiones de arrendamiento a cargo del arrendatario y la de permitir el uso de la cosa arrendada a cargo del arrendador.
Por tanto, siempre dentro de los límites que circunscriben la institución de la Casación y conforme a la denuncia que ha sido planteada, estima la Sala que la determinación establecida por la recurrida no es producto de un error proveniente de una inexacta subsunción de los hechos en una norma falsamente aplicada, ya que, como se dijo, el fundamento utilizado por el juzgador de alzada provino de su soberana apreciación de los contratos suscritos por las partes, materia que sólo puede ser atacada en esta sede a través de los mecanismos de denuncia que se han dejado señalados.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción de ley, por falsa aplicación del artículo 1.214 del Código Civil. Y así se decide.
IV
Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del mismo Código, se denuncia la infracción de la recurrida por haber incurrido en el tercer caso de suposición falsa a que se refiere el mencionado artículo 320 eiusdem, por haber establecido un hecho cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos del expediente mismo, infringiendo por falta de aplicación los artículos 1.359 del Código Civil y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Para sostener su denuncia, los formalizantes señalan lo siguiente:
...La recurrida estableció un hecho cuya inexactitud resulta de las actas e instrumentos mismos del expediente. En efecto, la recurrida textualmente estableció:
En el presente caso, no consta de autos que el oferido se haya rehusado a recibir el pago, ya que del mismo contrato de arrendamiento se evidencia que las partes convinieron que los pagos de los cánones de arrendamiento se hicieran en una cuenta bancaria del Banco Mercantil...
Según la cita antes transcrita, la recurrida da por cierto un hecho cual es que no consta en autos que el oferido se haya rehusado a recibir el pago. Sin embargo, tal afirmación de hecho no es cierta por cuanto de los mismos autos y actas del expediente se desprende todo lo contrario, esto es, que la parte oferida sí se rehusó a recibir el pago, tanto de manera tácita como de manera expresa. En efecto, primeramente, tenemos que al folio 39 del presente expediente, riela auto dictado en fecha 06 de agosto de 1999, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Estabilidad Laboral y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, en el cual, vista la declinación de competencia por razones de cuantía del abogado del Municipio que practicó la oferta real, procede dicho tribunal a darle entrada al expediente al mismo tiempo que ordena el depósito de los bienes oferidos toda vez que la oferida se ha rehusado a recibir o aceptar el pago y los bienes oferidos por nuestra representada dentro del lapso legal previsto conforme a lo establecido en el artículo (sic) del Código de Procedimiento Civil.
Por tal motivo, es obvio que la recurrida partió de una premisa falsa en su silogismo fáctico que distorsionó la formación lógica de la sentencia, e incurrió con ello en el tercero de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil....
Ahora bien, observa la Sala que los recurrentes, al mismo tiempo, con el calificativo de infracción de ley, agregan lo siguiente:
...La recurrida al suponer falsamente que la oferida nunca se ha rehusado a recibir el pago de nuestra representada, infringió los artículos 1.359 del Código Civil y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación. Establece textualmente la referida disposición legal:
Artículo 1.359 del Código Civil:
El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1°, de los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber visto u oído, siempre que esté facultado para hacerlos constar.
Es claro que la recurrida no aplicó el artículo 1.359 del Código Civil que regula el valor de la convicción de la prueba de documentos públicos, al haber establecido un hecho falso, esto es, que la parte oferida nunca se había rehusado a recibir el pago por parte de nuestra representada, lo cual como antes hemos explicado, no es cierto, según se desprende de las mismas acta del proceso..
Más adelante, los mismos recurrentes insisten en la infracción de una norma que contiene una regla de valoración de prueba y sobre ellos afirman:
...Finalmente resulta infringido el artículo12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:
Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil:
Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe tenerse a lo alegado y aprobado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni robados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de los contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad, o deficiencia, los jueces se atenderán al propósito y la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
La recurrida, al haber incurrido en falsa suposición, como lo hemos denunciado, e infringido por vía de consecuencia las normas legales antes citadas, no tuvo por norte la búsqueda de la verdad, ni procuró conocerla en los límites de su oficio y en consecuencia su decisión no se atuvo a lo alegado y probado en autos. Cabe agregar, que esta norma contiene virtualmente, según la doctrina y jurisprudencia, todos los principios legales que pueden quebrantarse cuando el juez incurre en suposición falsa. (Cfr. Sentencia del 9 de octubre de 1996; Jurisprudencia de la CSJ, PIERRE TAPIA, Oscar, N°, oct. 1996, p.350).
La Sala, para decidir, observa:
Se denuncia la infracción por la recurrida, al haber decidido la causa a partir de una suposición falsa, específicamente la tercera de las hipótesis admitidas por el derecho venezolano, que surge o se configura cuando la inexactitud del hecho demostrado resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
En un caso análogo, que igualmente versó sobre una relación arrendaticia, en cuanto al vicio de suposición falsa, la Sala tuvo ocasión de señalar lo siguiente:
...La recurrida en la oportunidad de analizar y pronunciarse respecto a las supuestas modificaciones y mejoras realizadas por el arrendatario en los dos inmuebles arrendados, concluyó lo siguiente:
Por tanto, las modificaciones y mejoras hechas por la arrendataria en los dos inmuebles arrendados, sin el consentimiento previo y por escrito de la arrendadora, no negadas expresamente por aquella, están admitidas tácitamente en el escrito de contestación de la demanda, cuando se manifestó lo siguiente: En relación con una de las Causas (sic) que invoca la parte actora como procedente para la resolución del contrato de arrendamiento, el hecho de que se efectuaron modificaciones en el inmueble, circunstancia ésta que no tiene implicación, ya que a la hora de entregar los inmuebles, si la arrendadora está de acuerdo lo entrega con las mejoras, sino con demolerlas tiene
, modificaciones y mejoras que constan igualmente en la Inspección Judicial practicada el siete (7) de Enero (Sic) de 1.992 (Sic), por el Juzgado Quinto de Municipio Urbanos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Como consecuencia, queda demostrado que la arrendataria incumplió la Cláusula QUINTA del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes; y, que las modificaciones y mejoras por ella ejecutadas no podrán ser retiradas de los inmuebles dados en arrendamiento, si eso causa deterioro o detrimento de los mismos. Y aunque ese incumplimiento no está contemplado expresamente en el Contrato de arrendamiento como causa de Resolución del mismo, dicho incumplimiento hace de obligatoria aplicación los dispositivos contenidos en los Artículos (Sic) 1.160, 1.167, 1.264 y 1.270 del Código Civil, por lo que el aludido incumplimiento es causal de resolución del contrato, a tenor de lo dispuesto en forma expresa por el Artículo (Sic) 1.167 del Código Civil antes citado
.
...A mayor abundamiento y adicionado a los pronunciamientos de la Sala para decidir la denuncia precedente, específicamente los relativos a los hechos tácitamente admitidos en la contestación de la demanda y a la inspección judicial extra-litem promovida por la parte demandada, hoy recurrente, se observa que la presente denuncia por suposición falsa no llena los extremos requeridos por la doctrina y la ley para su debida formalización, pues, se presenta como premisa mayor de la falsa suposición la siguiente declaración del juez:
queda demostrado que la arrendataria incumplió la Cláusula QUINTA del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes; y, que, (sic) las modificaciones y mejoras por ella (sic) ejecutadas no podrán ser retiradas de los inmuebles dados en arrendamiento, si eso causa deterioro o detrimento de los mismos
, siendo evidente que con este pronunciamiento el Sentenciador de Alzada no estableció hecho alguno, sino que expresó una conclusión jurídica al respecto.
Por lo tanto, siendo que una conclusión del juez no es susceptible de revisión en una denuncia por suposición falsa, por las razones antes indicadas, esta Sala considera improcedente la presente denuncia, por supuesta infracción de los artículos 12 y 256 del Código de Procedimiento Civil, asì como de los artículos 1.160, 1.167, 1.264, 1.270, 1.428, 1.429, 1.585 ordinal 3º, 1.594 y 1.609 del Código Civil, y así se declara. (Sentencia de la Sala de Casación Civil, de fecha 30 de Noviembre de 2000, expediente N° 071).
En el caso sub judice, el formalizante denuncia que el ad quem estableció el hecho - a su decir falsamente - de que la parte oferida nunca se rehúso a aceptar la oferta real de pago, sin que exista prueba en autos que lo demuestre.
Sin embargo, observa la Sala que la recurrida, al establecer tal circunstancia, no se basó en una determinada prueba, sino que llegó a dicha conclusión como resultado del análisis jurídico que en general efectuó sobre el tema discutido, teniendo en cuenta los alegatos de las partes y las pruebas que se aportaron al proceso, deteniéndose, con especial énfasis, en lo relacionado con la inexistencia de la obligación de recibir los bienes contenidos en la oferta real de pago, por haberse prorrogado el lapso de duración del contrato.
Como se observa, el establecimiento del hecho positivo y concreto denunciado, como es la determinación de que la parte oferida no se había negado a recibir la oferta, no fue el resultado de una prueba vista y analizada por el sentenciador, sino de una conclusión que le merece al Juez el conjunto de pruebas documentales y en particular el significado del contrato de arrendamiento y sus acuerdos de prórrogas, sometidos a la interpretación del juez de la recurrida.
Con fundamento en lo anterior, se reitera el criterio jurisprudencial que ha venido sosteniendo la Sala, acerca de la inadecuada forma de controlar por vía de suposición falsa, y en especial, por el tercero de sus casos, las conclusiones a las que arriba el juez como consecuencia de la interpretación de los contratos. Y así se establece.
En consecuencia, esta Sala considera improcedente la presente denuncia por infracción de la recurrida basada en el tercer caso de suposición falsa y por falta de aplicación los artículos 1.359 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2002 emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.
Como consecuencia de haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena a la recurrente al pago de las costas.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen antes identificado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
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FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado Ponente,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
R.C. 02-810
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