Venley

Sentencia N.º RC.00248

Sentencia
N.º RC.00248
Fecha
29/04/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
07-584
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2007-000584

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio de cumplimiento de contrato de obras intentado por la sociedad mercantil ARQUIDIPRO 1366, C.A, representado por la abogada en ejercicio Marisol Pérez González, Pablo Bravo Paredes y Liliana López Villegas contra los ciudadanos LUIS OTERO y FRANCISCA ROMASANTA, representados judicialmente por los abogados Luis Manuel Herrera Rodríguez y Juan Carlos Herrera Rodríguez; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 21 de marzo de 2007, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, en contra de la decisión judicial proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda por cumplimiento de contrato, la cual quedó confirmada por el Juzgado Superior antes mencionado, y sin lugar la acción por cumplimiento de contrato .

Contra la referida decisión de la Alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

Concluida la sustanciación del recurso y demás formalidades legales, pasa la Sala a decidir bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que a continuación se expresan:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto considera que la recurrida no hizo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia.  

Fundamenta su denuncia de la siguiente manera:

“De los párrafos transcritos se advierte que el juez de la recurrida, si bien no transcribió el contenido del libelo de demanda y el del escrito de contestación de la demanda, pues no aparecen entrecomilladas las menciones contenidas en tales párrafos, ni ellas son idénticas a las vertidas en dichos escritos, no por ello es posible afirmar que los términos de la controversia quedaron sintetizados en esos párrafos de manera clara, precisa y lacónica. Lo que hizo el juez de la recurrida fue repetir, aun cuando con menos palabras, los términos del libelo y de la contestación, al extremo de que reseña, como si de materia controvertida se tratara, que la actora “Solicitó se decretara medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble de marras”, y que los demandados “solicitaron sea declarada sin lugar la demanda”.

La actividad del juez de la recurrida se limitó a compendiar el libelo y el escrito de contestación a la demanda, vale decir, a realizar una exposición breve y sumaria de lo más sustancial de lo alegado por las partes, lo cual está muy lejos del propósito perseguido por el legislador al establecer el deber del juez de realizar “Una síntesis clara, precisa y lacónica” de los términos en los que quedó planteada la controversia sometida a su conocimiento.

Es verdad que la disposición legal denunciada como infringida ordena al juez abstenerse de transcribir en la sentencia “los actos del proceso que constan de autos”, como también lo es, según lo expresa la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, que ese mandato libera a aquél de la “práctica de hacer fallos demasiado extensos especialmente en su parte narrativa, que frecuentemente se limita a una trascripción fiel de los principales actos del proceso, incluyendo la demanda, la contestación, y las declaraciones de testigos y otros actos que constan en autos”.

Más el propósito del legislador no queda satisfecho con repetir en forma esquemática lo alegado por las partes, como lo hizo la recurrida. No, el desiderátum del legislador, habida cuenta de que el juez tiene sobre sus hombros la delicada y compleja tarea de resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, es el de que, para saber si el juez comprendió en toda su dimensión y aristas el problema judicial planteado, él describa en su fallo, de manera clara, precisa y lacónica pero con sus propias palabras, de cual manera quedó fijada la litis…”. (Negrillas del texto).

 

Paradecidir la Sala observa:

Alega el formalizante que el juez de la recurrida no cumplió el requisito contenido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se limitó a realizar un resumen de lo alegado por el actor en su libelo y lo expuesto por el demandado en la contestación, omitiendo exponer con sus propias palabras como quedó trabada la litis.  

 

En relación a la omisión de síntesis, esta Sala ha establecido que lo perseguido por el legislador es que el juez de alzada demuestre que comprendió los términos en que quedó trabada la controversia, es decir, que exprese el razonamiento que evidencie que ha comprendido los hechos discutidos por las partes en el libelo y la contestación, sin transcribir esos actos del proceso, con un resumen o síntesis realizada con sus palabras sobre los hechos que forman parte de la controversia, con el propósito de demostrar que comprendió a cabalidad el asunto sometido a su consideración.

 

 

Sobre el delatado vicio de indeterminación de la controversia, la Sala se ha pronunciado entre otras, en sentencia N° 592, de fecha 11 de agosto de 2005, expediente N° 05-276, bajo ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, señalando lo siguiente:

“…Los formalizantes en la presente denuncia han planteado el vicio denominado como indeterminación de la controversia, pues consideran que la recurrida omitió hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que el intimado planteó su defensa, por cuanto la Alzada no hizo referencia alguna sobre los alegatos mediante los cuales fue sustentada la contestación de la demanda, en la cual “no solamente se negó que el demandante le hubiere prestado servicios profesionales, sino que además negó la mayoría de las actuaciones profesionales que alega el demandante haber efectuado, efectivamente se hubieren llevado a cabo”.

Sobre el particular, la Sala reitera la obligación en la que se encuentra el sentenciador de Alzada, de realizar la labor intelectual de entender y exponer la controversia, tal como ha sido planteada, de modo que no debe limitarse a la trascripción total o parcial del libelo, la contestación, así como tampoco debe limitarse a la remisión de la controversia a la lectura o trascripción de la sentencia de primera instancia.

Asimismo, debe destacarse que la indeterminación, no solo se configura con lo antes señalado, es posible también, que no habiendo trascripción alguna, el sentenciador omita establecer todos los argumentos de hecho y de derecho capaces de influir en la resolución de la controversia, desechando lo no atinente o superfluo. Es decir, que la sentencia adolezca de una síntesis clara, precisa y lacónica en que ha quedado planteada la controversia.

En el presente caso, la Sala observa que en el capítulo segundo del fallo recurrido, referido a los motivos de hecho y de derecho de la decisión, el juez de Alzada se limitó tan solo a realizar una trascripción textual de la parte motiva de la decisión del Tribunal a quo, para finalmente concluir que no existía materia sobre la cual decidir, sin determinar de manera clara, los términos en que quedó planteado el thema decidendum, el cual, tal como se desprende del escrito de oposición presentado por la parte intimada, contenía ciertos alegatos que constituyen puntos controvertidos y que necesariamente el juez estaba obligado a plantear previamente antes entrar realizar la motivación de su fallo.

En relación al vicio delatado, la Sala ha establecido que “la controversia queda delimitada por la pretensión deducida y por las excepciones o defensas opuestas, y se cumple con ello, realizando una síntesis de la pretensión demandada y de lo expuesto por el accionado en la oportunidad de integrarse al proceso, sin que se deban transcribir o relacionar la totalidad de las actuaciones realizadas en el mismo, conducta esta última que restaría a dicha síntesis precisión o brevedad…”

 

 

Ahora bien, con el fin de determinar si en el caso concreto el juez de la recurrida dio cumplimiento a lo establecido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código Adjetivo, se pasa a transcribir lo señalado en la sentencia de alzada:

“                                         II

SÍNTESIS DE LOS HECHOS

El presente juicio se inicia mediante demanda interpuesta en fecha 25 de septiembre de 2002, luego reformada el 01 de noviembre del mismo año, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil ARQUIDIPRO 1366, C.A. en contra de los ciudadanos LUIS OTERO y FRANCISCA ROMASANTA, en virtud de la cual quedaron explanados los siguientes alegatos: 1) Que a mediados del mes de enero del año 2000 los ciudadanos LUIS OTERO y su cónyuge FRANCISCA ROMASANTA contrataron a la actora para la ejecución de una obra civil de remodelación de la quinta denominada “La Bombonita” de su propiedad, la cual se encuentra ubicada en la etapa central, de la Urbanización Los Naranjos de El Cafetal, Avenida Sur 5, Municipio El Hatillo del Estado Miranda, determinados en el libelo de la demanda. 2) Que las partes establecieron de común acuerdo, que la ejecución de dichas obras se iniciarían el 2 de febrero de 2000 y concluirían en el mes de diciembre del mismo año. 3) Que los contratantes litigantes convinieron, que todos los gastos que se causaran con la ejecución de la obra, serían sufragados por la actora y pagados al presentarle a los demandados los Cortes presupuestarios correspondientes, que reflejarían además de los gastos, el costo de lo construido, honorarios y la utilidad correspondiente, los cuales fueron pagados sin objeciones. 4) Arguyó que en el mes de diciembre del 2000, presentó a los demandados los cortes presupuestarios de fechas 16 y 26 de junio y 13 de julio de 2000, que para ese momento alcanzaba el 90% de la obra ejecutada a fin de que fueran pagados los anticipos que su mandante había realizado, necesarios para concluir la misma. Continuaron exponiendo, que el 90% de la obra ejecutadaza alcanzaba el valor de (…) (Bs. 244.602.263,93), quedando un saldo restante insoluto por la cantidad de (…) (Bs. 124.602.063,93). 5) Que el codemandado LUIS OTERO manifestó que había invertido demasiado dinero en la remodelación y que por lo tanto no podía pagar la cantidad adeudada. 6) Que los demandados recibieron y aceptaron la obra ejecutada sin objeciones. 7) Que no ejecutó la totalidad de la obra, en virtud que los demandados decidieron desistir de su ejecución, impidiéndole el acceso al inmueble in comento. De manera que al no existir ninguna objeción respecto a la recepción de la obra, lo procedente es el pago del saldo insoluto  de la obra ejecutada, tal como lo establece el artículo 1.646 del Código Civil, en la cantidad de (…) (Bs. 124.602.063,93). 8) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.639 del Código Civil, la actora debe pagarle (…) (Bs. 18.000.000,00) como indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por su desistimiento de la ejecución de la obra, así como la indexación de las sumas demandadas. 9) Solicitó se decretara medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble de marras.

Por auto de fecha 21 de octubre de 2002, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, admitió la acción interpuesta, emplazando a los demandados para la contestación de la demanda, de conformidad con los trámites del procedimiento ordinario.

Por diligencia de fecha 08 de enero de 2003, el Alguacil del a quo da cuenta al Juez que la citación personal de los demandados fue fallida, por lo que la actora solicitó la citación de los demandados por carteles, de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue acordada por auto de fecha 20 de enero de ese mismo año. Consta en autos que la actora consignó la publicación de los carteles por diligencia de fecha 24 de marzo de 2003 y, en fecha 07 de mayo de ese mismo año, consta certificación secretarial declarando culminados todos los trámites de la citación por carteles….”

En fecha 25 de agosto de 2003, los demandados solicitaron, el avocamiento del nuevo juez designado. Acto seguido, aparece proferido un auto de fecha 01 de septiembre de 2003, en virtud del cual se avocó al conocimiento de la causa el juez suplente especial designado, por lo que en fecha 03 de septiembre de 2003, compareció el apoderado judicial de la parte demandada consignado escrito de contestación a la demanda contentivo de los siguientes alegatos y defensas: 1) Negaron, rechazaron y contradijeron la demanda interpuesta, por no ser ciertos los hechos que en ella se narran e infundado el derecho que se pretende. 2) Admitieron los siguientes hechos: A) Que la demandante recibió el encargo de sus mandantes de ejecutar unas obras en la quinta “La Bombonita”, obras que se iniciarían en el mes de febrero de 2000 y concluirían en la primera semana del mes de diciembre de ese mismo año por un precio global que, incluyendo costos de materiales, gastos de personal y honorarios profesionales, nunca excedería la cantidad de (…) (Bs.100.000.000,00). B) Que para el mes de diciembre de 2000 los demandados habían entregados a la demandante un monto superior a la cantidad de (…) (Bs. 100.000.000,00) convenida como precio máximo a pagarse, y esa cantidad no aparecía representada en las obras hasta ese momento ejecutadas, con el agravante que la demandante solicitaba mayores sumas de dinero para continuar sus labores, motivando esto el reclamo de los demandados. C) Que  en el mes de enero de 2001, ante la paralización de las obras por parte de la actora y la necesidad de los demandados de tomar una decisión que les permitiera el uso normal de su vivienda familiar, decidieron acudir al Juzgado Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, quien en fecha 21 de enero  de 2001 se trasladó y constituyó en la Quinta “La Bombonita” practicando inspección ocular y designando en el acto un práctico en edificaciones, dejándose constancia del aspecto general del inmueble y, concretamente, del estado de unas obras que, conforme a lo convenido, deberían haberse concluido en la primera semana del mes de diciembre de 2000. D) Que para el mes de diciembre de 2000 (fecha en la que debían estar concluidas las obras), habían entregado a ARQUIDIPRO 1366, C.A., y ésta lo admite, más de cien millones de bolívares (…), cumpliendo así en exceso el monto de la contratación original, con el agravante que para ese momento, las obras ejecutadas no representaban los recursos invertidos, siendo que la actora las había paralizado con el pretexto de necesitar mas dinero. 3) Rechazó, negó y contradijo expresamente los siguientes hechos alegados por el accionante: A) Negaron que deban a la sociedad mercantil ARQUIDIPRO 1366 C.A. la cantidad de (…) (Bs. 124.602.063,93) por concepto de capital adeudado. B) Negaron que le deban a ARQUIDIPRO 1366, C.A., cantidad ninguna por concepto de daños y perjuicios. En tal sentido, solicitaron sea declarada sin lugar la demanda.

Seguidamente aparece diligencia suscrita en fecha 02 de octubre de 2003 por el apoderado judicial de la parte actora, en virtud de la cual consignó escrito contentivo de su promoción probatoria:

-         Promovieron la confesión de los demandados, en el sentido del reconocimiento expreso de la existencia de un “Contrato de obra”, que hacen sus apoderados en su escrito de contestación de demanda.

-         Reprodujeron los documentos acompañados al libelo y, especialmente de los siguientes: 1) Acta de Matrimonio de los ciudadanos LUIS OTERO y FRANCISCA ROMASANTA. 2) Marcado “B”, Documento de propiedad del inmueble. 3) Marcados D,E,F y G, Planos descriptivos exigidos por la Autoridad Municipal.

-         PRUEBAS DOCUMENTALES: 1) (…) Presupuesto original de las obras contratadas por el ciudadano LUIS OTERO y la actora. 2) (…) Corte Presupuestario a la fecha 16 de junio del 2000, 26 de junio del 2000 y 13 de julio del 2000, a fin de demostrar, que no sólo están demarcadas las obras que contiene el contrato o presupuesto original (…) sino que además existe comparativamente, -a decir del actor- la construcción de “Nuevas Obras”.

-         PRUEBAS TESTIMONIALES: de los ciudadanos JOAO DE JESÚS DA CRUZ, AARON SÁNCHEZ y EDUARDO PITA, a tenor de los dispuesto en el artículo 482 del Código de Procedimiento Civil.

-         Promovieron la prueba de Inspección Judicial, para que sea practicada, con la finalidad de probar la existencia de las obras descritas en los presupuestos anteriormente señalados, de conformidad con el artículo 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la demandada consignó en fecha 23 de septiembre de 2003 su escrito de porción probatoria en los siguientes términos:

-  Reprodujo el mérito favorable en autos.

-  PRUEBAS DOCUMENTALES: Consignó el original de la Inspección Judicial signada S-2080-2001 practicada por el Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo además de las observaciones y constancias que hace el Juzgado, el correspondiente material fotográfico y el informe que rinde el práctico nombrado.

Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2003, la representación judicial de la actora se puso a las pruebas promovidas por la parte demandada, específicamente a sus capítulos I  y II, todo de conformidad con el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, oposición ésta que fue declarada extemporánea por tardía por el tribunal de la causa conforme al auto de fecha 06 de noviembre de 2003.

Por autos de fecha 06 de noviembre de 2003, el juzgador a quo se pronunció con respecto a la admisión de los medios probatorios promovidos por las partes, comisionando amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio de esta Circunscripción Judicial, para que evacue las testimoniales promovidas por la representación judicial de la accionante.

En fecha 03 de febrero de 2004, las partes de común acuerdo solicitaron la suspensión de la causa por un lapso de veinte (20) días, fijándose la oportunidad para efectuar la Inspección Judicial. Seguidamente en fecha 25 de febrero de 2004 en virtud de haber expirado el lapso fijado por el tribunal para la suspensión de la cusa por 20 días calendarios, la representación judicial de la parte actora solicitó al a quo fijar por auto expreso la continuación del proceso, y la oportunidad para que se practicara la Inspección Judicial solicitada, acordándose mediante auto de fecha 08 de marzo de 2004, para el día siguiente, a las tres horas de la tarde.

En fecha 15 de septiembre de 2004, se trasladó y constituyó el Tribunal  a quo en la Quinta “La Bombonita”, sin que se haya podido evacuar prueba alguna. En fecha 22 de septiembre de 2004 la representación judicial de la parte actora solicitó al a quo un auto para mejor proveer para que se practicara la inspección judicial promovida por ésta. En tal sentido, en fecha 29 de septiembre del mismo año el tribunal a quo acordó evacuar la prueba de inspección judicial, para lo cual fijó el día viernes, 01 de octubre de 2004….

Las partes consignaron sus respectivos escritos de Informes y la accionada realizó Observaciones.

Luego de las actuaciones antes referidas, en fecha 22 de febrero de 2005 se avocó al conocimiento de la causa la juez titular, (…) y luego de notificadas las partes del fallo definitivo quedó proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en fecha 06 de junio de 2005, el cual fue recurrido en apelación por la representación judicial de la parte actora y asignado para ser resuelto por esta superioridad….”

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

“Luego de la síntesis de los hechos efectuada conforme a lo ordenado por el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, esta Alzada pasa a dirimir esta controversia, con base a las consideraciones que de seguidas se explanan:”

…Omissis…

“Una vez expuestas las motivaciones y consideraciones contenidas en la sentencia del a quo, se procede a determinar el thema decidendum de la controversia planteada en esta causa, el cual es fijado por los alegatos explanados por las partes, tanto en el escrito libelar como en el de contestación, en tal sentido tenemos (…).

En este mismo orden de ideas se procede a determinar los hechos admitidos por los demandados, los cuales no serán objeto de actividad probatoria por no tratarse de hechos controvertidos: Los accionados convienen en que contrataron a la actora para la ejecución de una obra civil en la Quinta “Bombonita” de su propiedad, que se iniciaría en el mes de febrero de 2000 y concluiría en el mes de diciembre del mismo año, por un precio de Bs. 100.000.000,00.

Ahora bien de los alegatos contenidos en el escrito de Informes como en los escritos de observaciones de las partes en esta instancia, se puede inferir que: 1) Solicitó la actora la revocatoria de la sentencia del a quo, en virtud que considera, incurre en vicios determinantes que produjeron la declaratoria sin lugar de la acción interpuesta. Alegó, que los referidos vicios son tres: a) Que ela quo apreció y valoró la inspección ocular promovida por los demandados y no debió hacerlo, en virtud que al practicarse no estuvo presente y no pudo ejercer el control de la prueba y además, el acta no fue suscrita por el práctico experto. b) Que el juzgador de primer grado de conocimiento no apreció ni valoró ninguna de las pruebas promovidas por ella, pues de haberlo hecho no habría declarado sin lugar la acción interpuesta. c) Que no evacuó la inspección judicial que se promovió oportunamente. 2) La actora reiteró, que el contrato sub iudice no es cerrado, en virtud que los demandados ordenaron ejecutar obras nuevas que hicieron variar el precio, aumentándolo y así consta en el presupuesto original, (…) y en los cortes presupuestarios de fechas 16 y 26 de junio y 13 de julio de 2000, que consignó marcado “B”. Que los accionados decidieron no continuar con la ejecución de la obra porque ya habían invertido mucho dinero en ella y no podían pagarle lo que adeudaban, pero que aún así la aceptaron, recibieron y disfrutan de ella….” 

…Omissis…

“Así se desprende de autos que el contrato celebrado por los litigantes fue verbal y en un principio trató de un contrato de obras civiles cerrado establecido con un precio unitario. Sin embargo, en el caso sub examine, la parte accionada alegó el incumplimiento de la parte actora donde, en lugar de ejecutar nuevas obras se experimentó un incremento en el precio original hasta por la cantidad de Bs. 34.000.000,00.”

…Omissis…

La manifestación de conformidad en los cambios o aumentos de la obra inicialmente contratada, en caso de no haber una aceptación tácita, deben manifestarse por escrito, tal y como dispone el citado artículo, lo cual no ocurrió en el presente caso, donde la actora se limitó a pretender demostrar que se habían realizado nuevas obras y el costo de las mismas con la inspección judicial promovida, la cual no fue evacuada y que por demás no resultaba idónea para ello, siendo más conducente la prueba de experticia la cual no fue promovida en juicio, motivo por el cual la actora no cumplió en el presente juicio con la carga de probar la obligación demandada….”

…Omissis…

“En este orden de ideas, y con sujeción a lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que establece que los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio resulta plena prueba de los hechos alegados en ella, y en caso de dudas sentenciaran a favor del demandado, resulta forzoso para esta Alzada declarar sin lugar la apelación….” (Negrillas del texto).

 

De la anterior trascripción, se observa que contrario a lo alegado por el formalizante, el Juzgador de alzada no se limitó a hacer un resumen de lo expuesto en el libelo de demanda y en la contestación de la misma, sino que además de ello dejó expuesto en la sentencia con sus palabras los términos en que quedó planteada la controversia, relativa al cumplimiento del contrato de una obra civil realizada en la Quinta “La Bombonita”,  dejando establecido que el referido contrato fue celebrado por las partes en forma verbal y que en un principio se refería a un contrato de obras civiles cerrado establecido con un precio unitario, sin embargo, en el presente caso, la parte demandada alegó el incumplimiento de la parte actora donde, en lugar de ejecutar nuevas obras se experimentó un incremento en el precio original hasta por la cantidad de Bs. 34.000.000,00, lo cual debió notificar en forma escrita para la aceptación de dicho incremento y al no hacerlo la parte actora se limitó a demostrar que se habían realizado nuevas obras, no promoviendo para demostrar ello la prueba de experticia, razón por la cual concluye la alzada que al no existir plena prueba de los hechos declaró sin lugar la presente demanda.

En vista de lo anterior, y tal como se desprende de la lectura del fallo, es evidente que la recurrida si hace la narración  de lo acontecido en el proceso, cumpliendo de esta manera con su obligación de efectuar una síntesis que permita conocer de qué manera quedó trabada la litis.

 

En consecuencia, se declara improcedente la infracción del artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

RECURSO  POR INFRACCIÓN DE LEY

PRIMERO

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la falsa aplicación del artículo 508 del mismo Código.

Fundamenta su denuncia bajo los siguientes argumentos:

“En su libelo, mi mandante alegó que los demandados, mediante la maniobra de impedir a los trabajadores y obreros el acceso al inmueble en el cual se ejecutaba la obra, paralizaron ésta por considerar que los trabajos ejecutados hasta el mes de diciembre de 2000 no estaban representados en la cantidad que por ese concepto mi representada le cobró a aquéllos.

Tal paralización fue negada por los demandados, quienes alegaron que la causa por la que la obra contratada no fue concluida por mi mandante fue el abandono de la misma por parte de ésta; y no la paralización por parte de ellos.

Ahora bien, con el fin de demostrar la falsedad del alegado abandono, mi mandante promovió las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Joao Da Cruz Sánchez y Eduardo Pita, los cuales, después de afirmar que fueron contratados por la actora para ejecutar la obra a que se contrae esta demanda, señalaron en forma conteste que les fue impedido el acceso al inmueble en el cual estaba siendo ejecutada dicha obra, lo cual, indudablemente, implica el desistimiento de la misma.

La recurrida desecha las declaraciones de los mencionados testigos con el siguiente argumento:

“Ahora bien, del examen de estas declaraciones, se evidencia que los testigos son contratados por la actora para la ejecución de la obra, que si bien es cierto no tienen una relación laboral de dependencia directa, no es menos cierto, que tienen interés en las resultas del juicio al ser contratados por la actora para la ejecución de la obra cuyo pago se demanda y donde incluso se les impidió el retiro de sus materiales de trabajo, y en algunos casos no tienen conocimiento directo de los hechos o emiten opinión sobre los puntos debatidos, como por ejemplo, el testigo JOAO DA CRUZ a la respuesta (Rectius: entiéndase “pregunta”) contesta que no está enterado si alguien más tuvo problemas de acceso al inmueble. El testigo AARÓN SÁNCHEZ, a la pregunta novena contestó que supone que la orden de prohibir el acceso al inmueble fue de los dueños del inmueble, y el testigo EDUARDO DO ROSARIO FELIX PITA, a la pregunta sexta en cuanto a si considera que hubo abandono de la obra, responde que no, que paralizaron la obra los dueños de la quinta. En consecuencia, dichas deposiciones no merecen para quien aquí decide fe ni confianza para dar certeza en cuanto a los hechos debatidos, por lo que se desechan las mismas a tenor de lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara”. (Negrillas de la recurrida.

Como se observa, una de las razones con fundamento en las cuales la recurrida desechó las señaladas testimoniales consiste en que los deponentes “tienen interés en las resultas del juicio”, circunstancia esa (la de estar interesados en que el juicio lo gane mi mandante) que la recurrida da por demostrado sin existir en autos prueba alguna que así lo acredite.

El “interés en las resultas del pleito”, establecida en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil como causal de inhabilidad para rendir testimonio en un juicio, ha sido interpretada por la doctrina de este Alto Tribunal en el sentido de que ese interés debe ser económico y que no puede presumirse ni siquiera en quienes son trabajadores al servicio del promovente, pues debe estar demostrado en los autos….” (Negrillas y subrayado del texto).

 

La Sala para decidir observa:

Denuncia el formalizante la falsa aplicación por parte de la recurrida del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto considera que la alzada no debió desechar las declaraciones de los testigos Joao Da Cruz, Aarón Sánchez y Eduardo Pita, por considerar que los mismos eran inhábiles en virtud de que tenían interés en las resultas del juicio.   

 

En primer lugar, se observa que el formalizante fundamenta su denuncia bajo el contexto del ordinal 1° del artículo 313 del Código Adjetivo, lo cual es errado, ya que de acuerdo a la doctrina seguida por este Máximo Tribunal el referido ordinal va dirigido a las denuncias por defecto de actividad, y en este caso lo que se esta denunciando es un posible error de juzgamiento por falsa de aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, lo cual debe encuadrarse con fundamento en el ordinal 2° del referido artículo 313 eiusdem.

 

Asimismo, se observa que al alegar el formalizante la falsa aplicación del artículo 508 del Código Adjetivo, el mismo omite señalar cual es la norma que debió aplicar en su caso, con lo cual no cumple con la técnica requerida por este Máximo Tribunal.  

 

Sobre la técnica requerida para hacer este tipo de denuncia, la Sala ha establecido entre otras en sentencia N° 0671 de fecha 19 de octubre de 2005, expediente N° 05-299, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, lo que a continuación se señala:

“La falsa aplicación de la norma jurídica consiste en el establecimiento de una falsa relación entre los hechos, en principio correctamente establecidos por el juzgador, y el supuesto de hecho de la norma, también correctamente interpretada, que conduce a que se utilice una norma jurídica no destinada a regir el hecho concreto.

Respecto de la denuncia del recurso de casación por falsa aplicación así como cualquiera de infracción de ley, la Sala ha precisado que el formalizante debe: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué norma jurídica resultó infringida y ubicarla en la hipótesis prevista en el referido ordinal;  c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem; d) especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

 Como ha quedado expuesto en la transcripción integra de la denuncia el formalizante se limitó a hacer referencia respecto a la conclusión de la recurrida, omitiendo explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, el porque fue determinante en el dispositivo del fallo, no especificando las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas, por lo que al no dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, hace que la misma deba desecharse ante la evidente falta de técnica. Así se establece.”

 

De acuerdo al criterio jurisprudencial antes trascrito, es evidente que en el presente el formalizante no cumplió con la técnica requerida para formalizar la presente denuncia de infracción de ley, por cuanto en la misma no se indicó tal y como lo establece el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, cual era la norma que se debía aplicar y no se aplicó, así como tampoco explico el porque era determinante en el dispositivo del fallo, motivo por el cual esta Sala procede a desechar por falta de técnica la presente delación. Así se decide.

 

SEGUNDA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida de la norma reguladora de valoración de la prueba testimonial, contenida en el artículo 508 eiusdem, en virtud de que el ad quem atribuyó menciones que no contienen a las actas contentivas de las deposiciones de los testigos, lo cual equivale -a su decir- al segundo caso de suposición falsa contenido en el artículo 320 del mismo Código.

Fundamenta su denuncia bajo los siguientes argumentos:

“Al analizar las declaraciones de los testigos promovidos por la actora, la recurrida los desecha –aparte de tener interés en las resultas del juicio, como ya lo vimos en la denuncia anterior- por considerar que ellos:

“…en algunos casos no tienen conocimiento directo de los hechos o emiten opinión sobre los puntos debatidos…”

Seguidamente, como fundamento a esas afirmaciones, la recurrida expresa:

“como por ejemplo, el testigo JOAO DA CRUZ, a la respuesta octava contesta que no está enterado si alguien más tuvo problemas de acceso al inmueble. El testigo AARÓN SÁNCHEZ, a la pregunta novena contestó que supone que la orden de prohibir el acceso al inmueble fue de los dueños del inmueble, y el testigo EDUARDO DO ROSARIO FELIX PITA, a la pregunta sexta en cuanto considera que hubo abandono de la obra, responde que no, que paralizaron la obra los dueños de la quinta”.

Analicemos, para poner de relieve el fundamento de la denuncia, las preguntas formuladas a los testigos –y las respuestas que éstos dieron, que la recurrida ejemplifica como sustento de sus argumentos para desechar las mencionadas declaraciones testimoniales:

El testigo Joao Da Jesús Da Cruz, a la pregunta octava (“Diga el testigo si fue a usted el único al que le prohibieron acceso a la quinta y por ordenes de quien fue negado el acceso”, contestó: “Yo no estoy enterado si alguien más tuvo ese problema, el negado acceso que tuve fue supuestamente fue por la Sra. Otero, esposa del Sr. Luís Otero, me informaron los vigilantes que ellos tenían la máquina”. (Negrillas de la formalización).

Se advierte, sin necesidad de desplegar un esfuerzo intelectual más allá del normalmente aplicable que, aún cuando es verdad que el testigo dijo Yo no estoy enterado, tal expresión debe entenderse referida al hecho de si sabía que a otra persona, aparte de a él mismo, le había sido negado el acceso a la quinta “La Bombonita”. Pero sobre el hecho controvertido (que en el caso de la pregunta no es otro que la paralización de la obra por parte de los dueños de la misma, lo cual desvirtúa la afirmación de los demandados en el sentido de que fue la actora quien la abandonó), el testigo responde asertivamente que “el negado acceso que tuve supuestamente fue por la Sra. Otero”.

Si a esas pregunta y respuesta se le adminiculan –pues todas ellas forman parte de una misma declaración- la pregunta anterior, la séptima (“Diga el testigo, que (Rectius: léase si”) una vez terminado el trabajo pudo retirar de la Quinta La Bombonita toda la maquinaria empleada para realizar su labor”.), y su respuesta (“En la quinta me prohibieron retirar la máquina de pulir el piso, la habían bajado a la caseta de vigilancia o alcabala antes de llegar a la quinta sin tener acceso a la quinta”.), no es posible entender, como lo hizo la recurrida, que, de la respuesta dada a la pregunta octava, el analizado testigo “no tiene conocimiento directo de los hechos”. En efecto, de lo único el testigo dijo no conocer era si a otra persona distinta a él se le impidió también el acceso al inmueble en el que se ejecutaban los trabajos: Pero respecto del hecho controvertido (la paralización de la obra por parte de sus dueños), el testigo, sin ningún vestigio de duda señaló que le fue prohibido el acceso al inmueble.

El testigo fue contratado por mi mandante para ejecutar parte de la obra que los demandados encomendaron a ésta. Teniendo eso en cuenta, es fácil entender que el testigo haya empleado el término “supuestamente” para referirse a la señora Francisca Romasanta como la autora de la orden de impedir al testigo el acceso al inmueble, cuando respondió la octava pregunta, lo cual carece de relevancia suficiente para estimar, como sesgadamente lo hizo la recurrida, que este testigo no tiene conocimiento de los hechos controvertidos o emitió opinión acerca de ellos. Ciertamente: i) poco importa cuál de los dos demandados dio esa orden, pues ambos son los dueños de la obra. Independientemente de cuál de ellos la haya impartido, lo cierto es que el testigo afirmó clara y  categóricamente que le fue impedido el acceso al inmueble; ii) No siendo el testigo la persona que contrató con los demandados la ejecución de los trabajos a que se contrae este juicio, sino mi mandante, no tenía él por qué saber si fue el señor Luís Otero o la señora Francisca Romasanta quien prohibió que los subcontratistas de mi representada ingresaran al inmueble.

Similares consideraciones cabe formular en relación con el testigo Aarón Sánchez, quien a la novena pregunta (“Diga el testigo, si sabe de quien fue la orden que se dio a los vigilantes de la caseta anterior a la Quinta la Bombonita, la cual negaba el acceso a los trabajadores a ala obra”) respondió así:

         “Yo supongo que fue los dueños de la quinta”.

Por lo que respecta al testigo Eduardo Do Rosario Félix Pita, debo señalar que al mismo se le inquiere en la sexta pregunta “si considera que hubo abandono de la obra que se ejecutaba por parte de Arquidipro 1366 C.A. y sus contratados”, a lo cual respondió: “No, paralizaron la obra los dueños de la Quinta y los vigilantes no nos dejaron pasar más a la Quinta por orden de los dueños, quedando el material que llevé y algunas herramientas ya que no se pudo tener acceso a la Quinta”.

Obsérvese pues, que a este testigo se le interroga sobre “si considera” que la actora abandonó la obra, no obstante lo cual se abstuvo de opinar sobre ese hecho para, en su lugar, afirmar categórica y enfáticamente que la obra fue paralizada por “los dueños de la Quinta”, es decir, por los demandados.

De manera tal, (…) que al haber considerado la recurrida que los mencionados testigos “no tienen conocimiento directo de los hechos o emiten opinión sobre los puntos debatidos”, desnaturalizó las menciones contenidas en dichas deposiciones, configurándose, así el supuesto de falsa suposición (atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene), supuesto al cual esta Sala ha equiparado la denominada suposición falsa por desviación ideológica, consistente en alterar o desvirtuar las menciones que las actas testifícales mencionadas contienen.

La falsa suposición que contamina a la recurrida fue determinante en su dispositivo, habida cuenta de que, en caso de haber dado por demostrado que los demandados paralizaron la obra, hubiese tenido que aplicar el artículo 1.639 del Código Civil….” (Negrillas del texto).

  

Para decidir la Sala observa:

Delata el formalizante la violación por parte de la alzada del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto considera que la recurrida le atribuyó menciones que no contienen a las actas de los testimoniales, incurriendo de esta manera según su decir en el segundo caso de suposición falsa contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

En primer lugar se observa, que el formalizante pretender delatar la infracción del artículo 508 del Código Adjetivo, como consecuencia de que la recurrida supuestamente le atribuyó menciones que no contienen a las actas de las deposiciones de los testigos mencionados, siendo el referido artículo la norma que regula la valoración de la prueba de testigos y dejando de señalar además de que manera fue violada dicha normativa, es decir, no indica si es por error de interpretación, falsa aplicación o falta de aplicación de la misma.

 

Asimismo se observa, que de manera equívoca el formalizante yerra al señalar que corresponde al segundo caso de falso supuesto el hecho de haber considerado que el juez haya atribuido a las actas de los testimoniales menciones que no contienen, tratándose en realidad al primer caso de suposición falsa del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, respecto de la adecuada fundamentación del recurso de casación, la Sala ha establecido que constituye una carga del formalizante indicar expresamente cuál es la norma infringida, y el razonamiento que permita comprender cómo, cuándo y en qué sentido se produjo, si es por falsa aplicación, falta de aplicación, violación de máximas de experiencia, negativa de aplicación de una norma vigente, con indicación de los motivos expresados por el juez que estima erróneo, y las razones que demuestran su pretendida ilegalidad, así como las normas que el juez ha debido aplicar para resolver la controversia en los casos que ello proceda. En todo caso, el recurso de casación sólo procederá si el error de juicio resulta determinante en el dispositivo del fallo. (Sent. 8/8/2003, Antonio Chacín c/ Abba C.A.).

 

         Como lo ha establecido este Alto Tribunal en su reiterada jurisprudencia, la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia, a causa de un error de percepción, ya sea porque “atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene”, o porque “dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo”, tal como lo dispone el primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Aún sin embargo, ante la falta de técnica cometida por el formalizante, se desprende de la fundamentación de la presente denuncia, que el recurrente pretende atacar la valoración que le dio el ad quem a los testimoniales de los ciudadanos Joao Da Cruz, Aarón Sánchez y Eduardo Pita, por no estar de acuerdo con la conclusión a que llegó la recurrida. 

 

Ahora bien, señala el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil lo que a continuación se trascribe:

“...Artículo 508. Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre si y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiese incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.

 

El referido artículo, constituye la norma de valoración de la prueba testimonial; sin la cual además permite al juez, en la apreciación de la mencionada probanza, realizar una labor de sana crítica, facultándolo al momento de efectuar su análisis sobre las deposiciones de los testigos, a utilizar para ello su intelecto en el correcto entendimiento humano.

 

En este orden, se infiere de lo antes expuesto, que los alegatos de quien recurre van dirigidos a atacar el hecho concreto que da por probado el juez de la recurrida de que los testigos promovidos y evacuados no tienen conocimiento directo de los hechos.

 

En tal sentido, lo señalado por el formalizante como el hecho falso establecido por el juez se refiere a la conclusión jurídica a la que éste arribó como consecuencia del razonamiento lógico-jurídico que efectuó respecto a los testimoniales y los hechos alegados y probados por las partes del juicio, lo cual no se considera como falso supuesto esta apreciación de la prueba dada por el juez de alzada.

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Por las razones antes expuestas y en virtud del criterio jurisprudencial antes trascrito, esta Sala procede a desechar la presente delación. Así se decide.

 

TERCERA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la violación de la recurrida por falta de aplicación del artículo 1.639 del Código Civil.

 

Fundamenta su denuncia bajo los siguientes argumentos:

“Para ejecutar la obra contratada con los demandados, mi mandante subcontrató con otras empresas la ejecución de determinados aspectos de la misma, tales como fabricación de muebles y closets con madera, recubrimiento de escaleras con madera, y de marcos de puertas en chapilla de madera; barnizado de la madera y la chapilla; recubrimiento y nivelación; suministro e instalación de aparatos acondicionadores de aire en varios ambientes de la casa, etc.

Pues bien, para demostrar que los demandados desistieron de la construcción de la obra, mediante la prohibición de acceso a la misma de los subcontratistas –y de los obreros al servicio de éstos- a quienes mi mandante encargó la ejecución de los trabajos mencionados en el párrafo anterior, ella promovió las testimoniales de los ciudadanos Eduardo do Rosario, Aarón Sánchez y Joao Da Cruz.

Después de haber afirmado (al responder la quinta pregunta) que todos los trabajos para los cuales fue contratado “fueron terminados hasta sus últimos detalles”, y que tanto Arquidipro 1366, C.A como los dueños de la obra “quedaron satisfechos” con los trabajos que hizo (pregunta sexta), al responder la séptima pregunta (“Diga el testigo si una vez terminado su trabajo pudo retirar de la quinta la Bombonita toda la maquinaria empleada para realizar su labor” contestó:

“En la quinta me prohibieron retirar la máquina de pulir el piso, la habían bajado a la caseta de vigilancia o alcabala antes de llegar a la quinta sin tener acceso a la quinta”.

Inquirido el testigo  en la octava pregunta (“Diga el testigo si fue a usted el único que le prohibieron acceso a la quinta y por ordenes de quien fue negado ese acceso”, respondió de la siguiente manera:

“Yo no estoy enterado si alguien más tuvo ese problema, el negado acceso que tuve supuestamente fue por la Sra. Otero, esposa del Sr. Luís Otero, me informaron los vigilantes que ellos tenían la máquina.”

De manera tal, (…) que la recurrida tergiversa las respuestas de los testigos, alterando el sentido de lo que ellos quisieron decir, toda vez que: a) al afirmar el testigo Joao Da Cruz que él no sabe si fue la única persona a la que se le prohibió ingresar al inmueble, y que supone que la prohibición de acceso la impartió la “Sra. Otero, esposa del Sr. Luís Otero”, no está afirmando, ni ello puede desprenderse de lo dicho, que no sabe si los demandados le impidieron ese acceso. Muy por el contrario, el testigo afirma asertivamente que a él se le impidió continuar los trabajos que ejecutaba en el inmueble de autos, que fue el hecho –expresamente indicado así al promover la prueba testimonial- que pretendió demostrar mi mandante al promoverla. b) al preguntársele al testigo Eduardo Do Rosario “si considera” que la actora abandonó la obra, y responder “No paralizaron la obra los dueños de la quinta”, es absolutamente falso que el testigo haya opinado que la actora no abandonó la obra o que fueron los demandados quienes la paralizaron. El testigo, lejos de opinar eso, lo está afirmando categórica y claramente. C) Al testigo Aarón Sánchez se le preguntó “si considera” que la obra fue abandonada por la actora y sus contratados, alo cual contestó: “Nunca, en ningún momento”. De la respuesta pareciera, en principio, que el testigo estima que la obra no fue abandonada por la actora. Dije en principio, porque la posibilidad de que haya sido una opinión del testigo lo relativo al abandono de la obra queda descartada del examen conjunto de la quinta pregunta (“Diga el testigo si concluyó todos los trabajos para los que fue contratado”.), respondida así: “Los mencionados completos, pero una obra extra consistía en el área detrás de la piscina se interrumpió”, y de la sexta pregunta (“Diga el testigo cuáles fueron las razones de la interrupción mencionada en el numeral anterior”.), que el testigo contestó en estos términos:” En realidad, yo no supe cuáles fueron las razones, se apreció un descontento y nos llamaron para retirar las herramientas que permanecían en la quinta y en dos oportunidades fue negado el acceso para el retiro del material y nunca pude retirarlo”. Por lo demás, el testigo afirma, sin sombra de duda al respecto, que le fue impedido el acceso al inmueble por razones que él no conoce. De modo, pues que lo único que dice no conocer el testigo son las razones por las que se le impidió el acceso, pero sobre el hecho que quiso probar mi mandante al promover la prueba, esto es, que los demandados paralizaron la obra, el mismo fue expresa e indudablemente afirmado como tal por el testigo.

El análisis de las declaraciones de los tres testigos mencionados revela que todos ellos están contestes en el hecho de que la obra encargada por los demandados a la actora no fue concluida, no porque ésta la hubiese abandonado sino porque éstos desistieron de la misma al haber prohibido a las personas que la ejecutaban el acceso al inmueble objeto de la misma. Comoquiera que esas tres declaraciones –por emanar de testigos hábiles y contestes- hacen plena prueba acerca del hecho de que la obra fue paralizada por orden de sus dueños, ha debido la recurrida decidir que, como consecuencia de esa paralización, debe entenderse que éstos decidieron de la misma. Por tanto, debió la recurrida aplicar –y no lo hizo- el artículo 1.639 del Código Civil, denunciado como infringido y condenar a los demandados a indemnizar a mi mandante “de todos sus gastos, su trabajo y de la utilidad que hubiese podido obtener” al ejecutar la obra.

El vicio denunciado tuvo influencia determinante en el dispositivo de a recurrida, puesto que de haber dado por demostrado que la obra fue paralizada –y en consecuencia desistido el contrato de obra- debió declarar con lugar la demanda, en lugar de tomar el camino diametralmente opuesto….”   (Negrillas del texto).

 

Para decidir la Sala observa:

Alega el formalizante que la recurrida infringió por falta de aplicación el artículo 1.639 del Código Civil, por cuanto -según su decir- había quedado demostrado del testimonio de los testigos, que la obra no se concluyó por cuanto los propios dueños ciudadanos Luís Otero y Francisca Romasanta (demandados en el presente juicio), desistieron de la construcción de la misma.   

El artículo 1.639 del Código Civil, es aplicable a los contratos de obra, en el cual se reconoce la facultad del dueño de desistir de la construcción y su consiguiente obligación de indemnizar al contratista de todos sus gastos, de su trabajo y de la utilidad que hubiese podido obtener de ella.

Ahora bien, respecto a lo expuesto por la recurrida en relación a las declaraciones de los testigos, dejó sentado lo siguiente:

“Testimoniales evacuadas por ante el Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Observa este sentenciador, que las testimoniales fueron rendidas, por los ciudadanos JOAO De JESÚS DA CRUZ, AARON SÁNCHEZ y EDUARDO PITA, en la forma siguiente: Deposiciones del ciudadano JOAO JESUS DA CRUZ: “TERCERA: Diga el testigo si fue contratado por la empresa Arquidipro 1366 C.A., específicamente en lo realizado en la quinta La Bombonita, propiedad de los demandados” CONTESTÓ: “Si haciendo Trabajos de Carpintería y Muebles. A la CUARTA: Diga el Testigo que tipo de Trabajo realizó en la quinta La Bombonita CONTESTÓ: Muebles, tipo Closets, marcos con puertas, piso en madera, escaleras en madera, forrar marcos existentes en chapilla de madera y barnizar ese trabajo, (…) SEXTA: Diga el testigo si la contratante Arquidipro 1366 C.A. y los propietarios del Inmueble quedaron satisfechos con su trabajo “CONTESTO:”Si quedaron satisfechos. SEPTIMA: Diga el testigo, que una vez terminado su trabajo pudo retirar de la Quinta La Bombonita toda la maquinaria, empleada para realizar su labor. CONTESTO: En la quinta me prohibieron retirar la máquina de pulir el piso, la habían bajado a la caseta de vigilancia o alcabala antes de llegar a la quinta sin tener acceso a la quinta OCTAVA: Diga el testigo si fue a usted el único que le prohibieron acceso a la quinta y por ordenes de quien fue negado ese acceso CONTESTO: Yo no estoy enterado si alguien más tuvo ese problema, el negado acceso que tuve supuestamente fue por la Sra. Otero esposa del Sr. Luís Otero, me informaron los vigilantes que ellos tenían la máquina.”

Deposiciones del ciudadano AARON SANCHEZ: “TERCERA: Diga el testigo, si fue contratado por la empresa Arquidipro 1366 C.A. en los trabajos que esta realizó en la Quinta La Bombonita propiedad de los demandados? CONTESTO: Si. CUARTA: Diga el Testigo, que tipo de trabajo realizó en la Quinta la Bombonita? CONTESTO: El trabajo fue de proyecto suministro e instalación de sistemas de aire acondicionados del cuarto principal y de las dos (2) nuevas terrazas, QUINTA: Diga el testigo, si concluyó todos los trabajos para los que fue contratado? CONTESTO: Los mencionados, completos. Pero una obra extra que consistía en el área detrás de la piscina, se interrumpió. SEXTA: Diga el testigo, cuales fueron las razones de la interrupción mencionada en el numeral anterior? CONTESTO: En realidad, yo no supe cuales fueron las razones, se apreció un descontento y nos llamaron para retirar las herramientas que permanecían en la quinta y en dos oportunidades fue negado el acceso  para el retiro del material y equipos, y nunca pude retirarlo. (…) NOVENA: Diga el testigo, si sabe de quien fue la orden que se dio a los vigilantes de la caseta anterior a la quinta La Bombonita, la cual negaba el acceso a los trabajadores de la obra, CONTESTO: Yo supongo que fue de los dueños de la Quinta”.

Deposiciones del ciudadano EDUARDO DO ROSARIO FELIX PITA, “SEGUNDA: Diga el testigo, que tipo de trabajo realizó en la referida Quinta?” CONTESTO: “Replanteamiento de un área que era para un gimnasio, salpicar paredes, picotear para nivelar paredes, compra de materiales y limpieza de las áreas. TERCERA: Diga el testigo, sí culminó las obras para lo cual fue contratado? CONTESTÓ: No, fue paralizada la obra.” CUARTA: Diga el testigo, por orden de quien se paralizó la obra? CONTESTO: por el dueño que no nos dejó pasar más. QUINTA: Diga el testigo, si tuvo acceso a la Quinta La Bombonita para retirar el material que allí quedo y que era de su propiedad? CONTESTO: No, nos prohibieron totalmente pasar a la Quinta.” SEXTA: Diga el testigo, si considera que hubo abandonote la obra que se ejecutaba por parte de Arquidipro 1366 C.A. y sus contratados? CONTESTO: “No, paralizaron la obra los dueños de la Quinta y los vigilantes y no nos dejaron pasar más a la Quinta por orden de los dueños, quedando el material que llevé y algunas herramientas ya que no se pudo tener acceso a la Quinta.”       

Ahora bien, del examen de estas declaraciones, se evidencia que los testigos son contratados por la actora para la ejecución de la obra, que si bien es cierto no tienen una relación laboral de dependencia directa, no es menos cierto, que tienen interés en las resultas del juicio al ser contratados por la actora para la ejecución de la obra cuyo pago se demanda y donde incluso se les pidió el retiro de sus materiales de trabajo, y en algunos casos no tienen conocimiento directo de los hechos o emiten opinión sobre los puntos debatidos, como por ejemplo, el testigo JOAO DA CRUZ a la respuesta octava contesta que no está enterado si alguien más tuvo problemas de acceso al inmueble. El testigo AARON SANCHEZ a la pregunta novena contestó que supone que la orden de prohibir el acceso al inmueble fue de los dueños del inmueble, y el testigo EDUARDO DO ROSARIO FELIX PITA a la pregunta sexta en cuanto a si considera que hubo abandono de la obra, responde que no, que paralizaron la obra los dueños de la quinta. En consecuencia, dichas deposiciones no merecen para quien aquí decide fe ni confianza para dar certeza en cuanto a los hechos debatidos, por lo que se desechan las mismas a tenor de lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.” (Negrillas del texto).

 

Como se puede observar de la anterior trascripción, la recurrida consideró de acuerdo a su sana crítica que los referidos testigos no le merecían fe ni confianza, ya que los mismos al ser contratados por la parte actora para ejecutar los trabajos en la obra, los mismos  tienen un interés en las resultas del juicio, razón por la cual al no otorgarles valor probatorio a dichos testimoniales, mal puede la recurrida considerar que fue probado el desistimiento de la obra por parte de los dueños, motivo por el cual es evidente que no podía aplicar la normativa establecida en el artículo 1.639 del Código Civil, al no haber quedado demostrado este hecho.

 

En consecuencia, se debe declarar improcedente la presente denuncia por falta de aplicación del artículo 1.639 del Código Civil. Así se decide.  

CUARTA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la falta de aplicación de los artículos 12 y 508 del Código de Procedimiento Civil y 1.639 del Código Civil. 

Alega el formalizante lo que a continuación se trascribe:

“Para probar que la obra fue paralizada por los demandados –lo que mi mandante alegó en el libelo de demanda- y no que ella fue abandonada por ésta, como lo argumentaron los demandados al contestar la demanda, la actora promovió las testimoniales de los ciudadanos Eduardo Do Rosario, Aarón Sánchez y Joao Da Cruz, quienes, en lo pertinente a los efectos de esta denuncia, fueron interrogados y respondieron así:

Eduardo Do Rosario.-

La tercera pregunta (“Diga el testigo si culminó las obras para lo cual fue contratado”.) la contestó de este modo: “No, fue paralizada la obra”.

A la quinta pregunta (“Diga el testigo si tuvo acceso a la quinta La Bombonita para retirar el material que allí quedó y que era de su propiedad”.), dijo:

            “No, nos prohibieron totalmente pasar a la quinta”.

A la sexta pregunta (“Diga el testigo si él considera que hubo abandono de la obra que se ejecutaba por parte de Arquidipro, 1366, C.A. y sus contratados”, respondió:

“No,  paralizaron la obra los dueños de la quinta y los vigilantes no nos dejaron pasar más a la quinta por orden de los dueños, quedando el material que llevé y algunas herramientas ya que no se pudo tener acceso a la quinta”.

Aarón Sánchez.-

Inquirido en la quinta pregunta acerca de “…si concluyó todos los trabajos para los que fue contratado”, respondió:

“Los mencionados, completos, pero una obra extra que consistía en el área detrás de la piscina, se interrumpió”.

La sexta pregunta (“Diga el testigo cuáles fueron las razones de la interrupción mencionada en el numeral anterior”.) fue contestada en estos términos:

            “En realidad, yo no supe cuáles fueron las razones, se apreció un descontento y nos llamaron para retirar las máquinas que permanecían en la quinta y en dos oportunidades nos fue negado el acceso para el retiro del material y equipos, y nuca pude retirarlo”.

Como respuesta a la sétima pregunta (“Diga el testigo si él considera que la obra que se realizaba por parte de Arquidipro 1366, C.A. y de sus contratados fue abandonada”), el testigo dijo:

            “Nunca, en ningún momento”.

Joao Da Cruz.-

A la séptima pregunta (“Diga el testigo si una vez terminado su trabajo pudo retirar de la quinta La Bombonita toda la maquinaria empleada para realizar su labor”.) respondió:

“En la quinta me prohibieron retirar la máquina de pulir el piso, la habían bajado a la caseta de vigilancia o alcabala antes de llegar a la quinta sin tener acceso a la quinta”.)

 Sobre lo indagado en la octava pregunta (“Diga el testigo si fue a usted el único que le prohibieron el acceso a la quinta y por órdenes de quién fue negado ese acceso”.), el testigo manifestó:

“Yo no estoy enterado si alguien más tuvo ese problema, el negado acceso que tuve fue supuestamente por la Sra. Otero, esposa del Sr. Luís Otero, me informaron los vigilantes que ellos tenían la máquina”.

… esos tres testigos mencionados fueron contestes en señalar que los demandados paralizaron la obra cuya ejecución encargaron a ala actora. Por tanto, y por no estar viciados sus dichos por ninguna causal de inhabilidad absoluta o relativa prevista en nuestro ordenamiento jurídico, ellos hacen plena prueba del hecho de que la obra fue paralizada por sus dueños, lo cual equivales a haber desistido de la misma.

…la recurrida no analizó exhaustivamente las mencionadas declaraciones, por lo cual violó el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor estaba obligada a analizar de manera completa, total todas cuantas pruebas existiesen en autos…” 

La señalada abstención de la recurrida de dar por demostrado un hecho cuya prueba existe en autos, determina que ésta esté afectada por el vicio denominado por la Sala (…) SUPOSICIÓN FALSA NEGATIVA.

Que estando plenamente probado que la obra fue paralizada, y no haberlo establecido así, infringió la recurrida el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil al no haberse atenido a lo probado en autos, toda vez que se abstuvo de establecer, como plenamente demostrado, el hecho de que la obra fue paralizada por los demandados, lo cual se acopla a la figura del desistimiento de la misma, en los términos previstos en el artículo 1.639 del Código Civil.

La infracción de las normas señaladas en esta denuncia fue determinante del dispositivo toda vez que, al haber quedado comprobado que los dueños de la obra (los demandados, en el caso concreto), ha debido declarar con lugar la demanda…” (Negrillas del texto).

 

 

Observa la Sala para decidir:

Alega el formalizante la falta de aplicación de los artículos 12 y 508 del Código de Procedimiento Civil y 1.639 del Código Civil, basado en que la recurrida no valoró correctamente ni hizo un análisis exhaustivo de las declaraciones de los testigos Eduardo Do Rosario, Aarón Sánchez y Joao Da Cruz, en virtud de que el formalizante considera que dichos testimonios demuestran que los demandados paralizaron la obra cuya ejecución encargaron a la actora, lo cual según su decir al no ser valorado correctamente por la alzada, incurrió igualmente en una suposición falsa negativa.

Estableció la alzada sobre la prueba de testigos,  lo siguiente:

“Ahora bien, del examen de estas declaraciones, se evidencia que los testigos son contratados por la actora para la ejecución de la obra, que si bien es cierto no tienen una relación laboral de dependencia directa, no es menos cierto, que tienen interés en las resultas del juicio al ser contratados por la actora para la ejecución de la obra cuyo pago se demanda y donde incluso se les pidió el retiro de sus materiales de trabajo, y en algunos casos no tienen conocimiento directo de los hechos o emiten opinión sobre los puntos debatidos, como por ejemplo, el testigo JOAO DA CRUZ a la respuesta octava contesta que no está enterado si alguien más tuvo problemas de acceso al inmueble. El testigo AARON SANCHEZ a la pregunta novena contestó que supone que la orden de prohibir el acceso al inmueble fue de los dueños del inmueble, y el testigo EDUARDO DO ROSARIO FELIX PITA a la pregunta sexta en cuanto a si considera que hubo abandono de la obra, responde que no, que paralizaron la obra los dueños de la quinta. En consecuencia, dichas deposiciones no merecen para quien aquí decide fe ni confianza para dar certeza en cuanto a los hechos debatidos, por lo que se desechan las mismas a tenor de lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.”

 

En primer lugar, se observa que el formalizante al igual que en la segunda denuncia por infracción de ley, nuevamente delata la forma en que la recurrida valoro a los testigos, alegando por ello la falta de aplicación por parte de la recurrida del articulo 508 del Código Adjetivo.       

 

Ahora bien, la determinación de si la declaración de los mencionados testigos demuestran o no los hechos controvertidos en la presente demanda, escapa del control de la Sala, por cuanto es criterio reiterado de este Alto Tribunal que “...el juez de instancia es soberano en la apreciación de ésta y su determinación sobre si le merece fe y confianza es una cuestión subjetiva del juzgador, salvo que infrinja una máxima  de experiencia o incurra en suposición falsa...”. (Ver, entre otras, sentencia del 12 de abril de 2005, en el juicio de Mouna Rita Embaid Embaid contra Sheraton de Venezuela C.A., Club Sheraton (Sheraton Macuto Resort La Guaira).

 

Por lo tanto escapa del control de esta Sala el análisis de las razones que ha tenido el sentenciador para que la declaración de los mencionados testigos no le merezcan fe y confianza, por ser funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, a excepción de el juez superior en esa labor infrinja una máxima de experiencia o incurra en suposición falsa, lo cual no fue planteado en el presente caso.

 

En virtud de lo antes expuesto, se evidencia que el Juez de alzada contrario a lo expuesto por el formalizante si aplicó la normativa establecida en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, ya que de la trascripción parcial de la recurrida se pudo observar la apreciación que tuvo a la prueba de los testigos.

 

Dentro de este mismo contexto alega el formalizante que ante la falta del debido análisis de las declaraciones de los referidos testigos, incurrió la recurrida en una suposición falsa negativa.

Es oportuno señalar que el denominado falso supuesto negativo se refiere a cuando el juez deja de fijar hechos que constan en las pruebas, lo cual conforma el vicio de silencio de prueba, no subsumible en la suposición falsa, sino en el error en el establecimiento de los hechos.

 

En el presente caso, el formalizante le imputa a la recurrida haber negado un hecho, cuya prueba existe en autos, apoyando su denuncia en el artículo 508 del Código Adjetivo, lo cual no es la forma correcta para hacer este tipo de delación que equivale a un falso supuesto negativo, debiendo denunciarse la misma -como ya se dijo antes- bajo el contexto de un error por silencio de prueba con la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil,  de acuerdo al criterio establecido por esta Sala en sentencia de fecha 21 de junio de 2000 caso Farvenca Acarigua C.A., c/ Farmacia Clealy C.A. Aún sin embargo, a fin de dejar a un lado los formalismos, esta Sala pasa analizar la presente denuncia, ya que se desprende del contenido de la misma lo que pretende delatar el formalizante.

 

En este sentido, al señalar el formalizante que la recurrida se abstuvo de dar por demostrado un hecho aún cuando existe plena prueba en autos, se está refiriendo al vicio de silencio de prueba de testigos, a lo cual observa esta Sala de la trascripción parcial de la recurrida respecto a este particular, que la misma si hace un análisis de las declaraciones de los tres testigos mencionados con anterioridad, y que de acuerdo a su sana crítica concluyó que dichos testimoniales no le merecían fe ni confianza.

Por tal razón mal puede hablar el formalizante de un silencio de prueba, cuando la misma fue analizada por el ad quem.     

 

Dentro de este mismo contexto aduce el formalizante que al haber quedado probado que la obra fue paralizada, la recurrida infringió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, ya que debió atenerse a lo probado en autos, con lo cual violó asimismo por falta de aplicación el contenido del artículo 1.639 del Código Civil. En este sentido, al fundamentarse la presente denuncia bajo el mismo basamento de la denuncia anterior, esta Sala a fin de evitar repeticiones inútiles y el desgaste de la jurisdicción, considera innecesario realizar nuevamente los razonamientos expuestos precedentemente, los cuales da aquí por reproducidos y aplicados íntegramente, para proceder a determinar que el Sentenciador de Alzada no infringió por falta de aplicación el referido artículo.

En virtud de todo lo antes expuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

QUINTA

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la falsa aplicación del artículo 1.401 del Código Civil, norma esta reguladora de la apreciación de la prueba de confesión.

Alega en su denuncia lo que a continuación se señala:

“Para probar que no era a precio cerrado el contrato de obras celebrado entre las partes, mi mandante promovió el mérito probatorio derivado de la confesión hecha por los demandados al contestar la demanda, en la cual sus apoderados judiciales afirmaron: “Es cierto que la demandante recibió el encargo por parte de nuestros mandantes de ejecutar unas obras en la quinta “La Bombonita” (…) obras estas que se iniciarían en el mes de febrero del año 2000 y concluirían en la primera semana del mes de diciembre de ese mismo año 2000 por un precio global que incluyendo costos de materiales, gastos de personal y honorarios profesionales nunca excederían la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 100.000.000,00). Para el mes de diciembre del año 2000, nuestros poderdantes habían entregado a ARQUIDIPRO 1366, C.A. un monto superior a la cantidad de CIEN MILLONES DE BOLÍVARES…”.   

La recurrida, en el segundo párrafo de la página 10, desestimó dicha confesión en los siguientes términos:

“2.1.6.-Prueba de confesión de los accionados referida al reconocimiento expreso esgrimido en el escrito de contestación, en cuanto: a) Haber contratado a la actora para la ejecución de la obra de marras, que se iniciaría en el mes de febrero de 2000 y culminaría la primera semana de diciembre del mismo año, y b) Que para el mes de diciembre de 2000, había pagado a la actora una cantidad superior a Bs. 100.000.000,00, precio unitario del contrato. La prueba en examen fue promovida a fin de demostrar que el contrato objeto de demanda no es cerrado, es decir, convenido por un precio unitario.  Cabe destacar que la prueba sub examine, no encuadra como confesión, pues no se verificó a través del medio probatorio denominado confesión judicial y tampoco reviste una confesión extrajudicial….”

..Omissis…

“…mi representada alegó que el valor de la obra ejecutada por ella alcanzó la cantidad de (…) (Bs. 244.602.263,93), de los cuales los demandados le pagaron (…) (Bs. 120.000.000,00), por lo cual aún le adeudan la suma de (…) (Bs. 124.602.063,93), que es el monto cuyo pago demandó mi patrocinada a los demandados.

Frente a esos planteamientos, los demandados argumentaron que la obra había sido contratada “…por un precio global que, incluyendo costos de materiales, gastos de personal y honorarios profesionales, nunca excedería la cantidad de cien millones de bolívares (…)”.

Por manera que punto nuclear de la controversia lo constituyó el hecho de que, contrariamente a lo afirmado por mi mandante, los demandados alegaron que había sido un contrato de obra cerrado o por precio unitario. Siendo así, es evidente que el reconocimiento por parte de los demandados de haber pagado una cantidad superior a la que ellos señalaron como precio unitario del contrato, (…) (Bs.100.000.000,00) es un hecho que tiene la juridicidad suficiente para determinar que los demandados reconocieron el derecho de mi mandante a cobrar, por obra ejecutada, más de cien millones de bolívares (…). Paralelamente, tiene la juridicidad suficiente para determinar que los demandados están obligados a pagar a la actora el precio total de la obra ejecutada, así éste supere los cien millones de bolívares (…). Ese reconocimiento, por tanto, debe tenerse como una confesión de los demandados en el sentido expuesto.

A mayor abundamiento, la recurrida le niega el calificativo de confesión a los transcritos argumentos de los demandados con fundamento en que “no encuadra como confesión, pues no se verificó a través del medio probatorio denominado confesión judicial y tampoco reviste una confesión extrajudicial”, es decir, porque no es una de las pruebas típicas o nominadas expresamente señaladas en el ordenamiento jurídico venezolano.

…Omissis…

Ello significa que una confesión de una de las partes no puede ser desestimada por el hecho de que ella no haya sido provocada a través de la prueba de posiciones juradas, sino que también puede existir en “cualquier mención que conste en un acta o instrumento del expediente que, por su propia naturaleza, no sea considerado como medio de prueba”, para utilizar las mismas palabras empleadas por esta Sala en el fallo que gloso.

El quebrantamiento del artículo 1.401 del Código Civil descansa en el hecho de que la recurrida le niega el valor de plena prueba a la confesión de los demandados porque la forma en que fue hecha no se ajusta a los señaladas por el legislador –aun cuando la recurrida no lo dice, estimo que en el caso concreto quiso aludir a la prueba de posiciones juradas-. Dicho con otras palabras: la recurrida se negó a establecer plenamente probado, con esa confesión, que no era cerrado, por precio unitario el contrato de obra de autos.

La señalada infracción fue determinante del dispositivo de la recurrida, puesto que ella le permitió concluir (…) que “…se desprende de autos que el contrato celebrado por los litigantes fue verbal y en un principio trató de un contrato de obras civiles  cerrado con un precio unitario. Sin embargo, en el caso sub examine, la parte accionada alegó el incumplimiento de la parte actora, donde en lugar de ejecutar nuevas obras se experimentó un incremento en el precio original hasta por la cantidad de Bs. 34.000.000,00”. Y tal motivación fue la que sirvió de fundamento del dispositivo, mediante el cual se declaró sin lugar  la apelación interpuesta por mi mandante contra la sentencia del juzgado a quo y, en consecuencia sin lugar la demanda.” (Negrillas del texto).

 

Observa la Sala para decidir:

Delata el formalizante la falsa aplicación por parte de la recurrida del artículo 1.401 del Código Civil.

Se entiende por falsa aplicación cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, es decir, se trata del error que puede provenir de la comprobación de los hechos o del error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta. (Sent. N° RC-00162, 11/04/2003, exp. N° 01-305, caso: Jorge Enrique Tacoronte López contra Arturo Rodrigo Brito Blanco).

 

De lo antes expuesto se deduce, que si el sentenciador aplica falsamente una determinada norma jurídica a una situación de hecho no contemplada en ella, está dejando de aplicar aquella que contiene el supuesto abstracto en el que puede ser subsumida la referida situación; por ello, el formalizante está obligado a señalar cuál es la norma jurídica que el juzgador debió aplicar y no aplicó, debiendo alegar y fundamentar las razones para su aplicación, requisito este que no fue cumplido en la formalización de la presente denuncia por infracción de ley, lo cual revela el incumplimiento de la carga procesal que por ley le corresponde al formalizante y que en ningún caso puede ser suplida por la Sala, la cual se ve impedida de efectuar el análisis correspondiente.

 

Sobre este particular la Sala ha dejado establecida entre otras, en sentencia N° de fecha con ponencia del Magistrado que suscribe el presente fallo lo que a continuación se señala:

“En el caso bajo estudio, el formalizante alega que la recurrida infringió el artículo 772 del Código Civil, por falsa aplicación, y omite señalar cuál es la norma que el juez debió aplicar y no aplicó.

Ahora bien es oportuno destacar que la falsa aplicación de la norma jurídica consiste en el establecimiento de una falsa relación entre los hechos, en principio correctamente establecidos por el juzgador, y el supuesto de hecho de la norma, también correctamente interpretada, que conduce a que se utilice una norma jurídica no destinada a regir el hecho concreto.

Respecto de la denuncia del recurso de casación por falsa aplicación así como cualquiera de infracción de ley, la Sala ha precisado que el formalizante debe: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué norma jurídica resultó infringida y ubicarla en la hipótesis prevista en el referido ordinal;  c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem; d) especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

En consecuencia, al no señalar el formalizante la norma jurídica que la recurrida debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, así como las razones que demuestren la aplicabilidad de dicha norma, no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose una falta de técnica de la presente delación, por lo que hace que la misma deba desecharse. Así se decide.”

 

En atención al anterior criterio jurisprudencial, y en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala desecha la presente denuncia por falta de técnica. Así se decide.

 

  

D E C I S I Ó N

Por los razonamientos y consideraciones anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la parte contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de marzo de 2007.

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, es decir, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen ya citado.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia,  en   Caracas,  a  los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

 

Presidenta de la Sala.

 

 

 

__________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

____________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrado,

 

 

_________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

_____________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. AA20-C-2007-000584.-

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (   )

 

 

 

 

Secretario,

 

 

El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba.

 

En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad  con  la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.

 

Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

En Caracas, fecha ut-supra.

 

 

Presidenta de la Sala.

 

 

 

__________________

      YRIS PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

____________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

_________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Secretario,

 

 

_____________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. AA20-C-2007-000584.-

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (   )

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

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