Venley

Sentencia N.º RC.00270

Sentencia
N.º RC.00270
Fecha
02/05/2007
Sala
Casación Civil
Expediente
06-723
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. Nro.  2006-000723

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

 

                   En el juicio por nulidad de contrato de opción de compra, intentado por los ciudadanos FERNANDO MARTÍNEZ MOTTOLA y LAURA OVELAR DE MARTÍNEZ, representados judicialmente por los abogados Raúl Queremel Castro, Carmen Teresa Curiel y Miriam Gil Carpio, contra la sociedad mercantil NEW MARKET PUBLICIDAD C.A., representada judicialmente por los abogados Luís Alberto Siso Olavarria, Manuel Piñango Lozada, Yolmar Castillo Velandia de Siso, Lisette Mirabal Cassier y Carlos Siso Olavarria; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en alzada, en virtud del recurso ordinario de apelación formulado por los accionantes contra el fallo definitivo proferido por el a-quo, dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 2006, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación formulado por los accionantes y, en consecuencia, confirmado el fallo impugnado; sin lugar la demanda de nulidad incoada y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, condenó en costas a la parte accionante por haber resultado totalmente vencida.  

                  

                  

 

Contra la referida sentencia de la alzada, la representación judicial de los demandantes, anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

 

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

                    

DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

I

             

 

                   Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, por considerar que el fallo recurrido es incongruente.

               

 

                   Por vía de fundamentación, el formalizante sostiene lo siguiente:

 

“…De todo cuanto ha quedado asentado, se evidencia que la base, tanto fáctica como jurídica, de la acción de nulidad interpuesta por mis representados fue precisamente, la disposición contenida en el ordinal 6° del artículo 465 del Código Penal, que tipifica como una especie de delito de fraude él que comete quién esté Enajenando o Gravando (sic) bienes como libres sabiendo que eran objeto de litigio; el desconocimiento de la existencia de cuya circunstancia fue causa para que el consentimiento de mis representados para el otorgamiento del contrato de opción de compraventa, hubiese sido sorprendido por dolo, conforme lo establece los artículos 1.146 y 1.154 del Código Civil.

No obstante que el sentenciador de la recurrida, en la narrativa de su fallo hizo expresa referencia a la existencia en el libelo del alegato en cuestión; lo cual ratificó en los números 7 y 8 del Capítulo II de su sentencia, denominado “Síntesis de los Hechos” y en el Capítulo III de la misma, al cual tituló “Motivaciones para Decidir”…

…Omissis…

…De los transcritos párrafos de la sentencia recurrida, se evidencia que el Ciudadano Juez de la alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa delatado; puesto que la parte que represento en ningún momento ni en modo alguna (sic) alegó que hubiese existido medidas de prohibición de enajenar y gravar, gravamen hipotecario, embargo, o impedimento legal que hiciese imposible la realización de la negociación pactada en el contrato cuya nulidad se demandó, como refiere la recurrida, puesto que por el contrario, conforme a la normativa penal que se invocó, el delito de fraude al cual se hizo referencia se tipifica al enajenar o gravar bienes como libres no obstante ser objeto de litigio el cual, precisamente, puede cometerse por cuanto no exista un impedimento legal que impida que tal operación se realice; sobre cuya alegación, relativa a la existencia de un litigio, penal en este caso, el sentenciador de la recurrida no hizo pronunciamiento alguno.

En fuerza de lo expuesto, respetuosamente se solicita la declaración con lugar de la denuncia aquí formulada…”.              

        

             

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   El ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión  deducida  y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

 

 

     Las referidas disposiciones permiten definir la congruencia de la sentencia, como la conformidad que debe existir entre ésta, el asunto controvertido, y los hechos alegados oportunamente por las partes.

                  Con respecto a este requisito de la sentencia, esta Sala de manera pacífica y reiterada ha venido estableciendo, entre otras, mediante decisión N° 65, de fecha 5 de abril de 2001, (caso: Gridys del Carmen Bonyorni de Belisario contra Luís Francisco Flores y Otro), expediente N° 02-293, el siguiente criterio:

 

 

“...De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil, los jueces de instancia se encuentran en el deber de resolver las controversias a que por ley se encuentran llamados de acuerdo con todo lo que se haya alegado, emitiendo la correspondiente decisión expresa, positiva y precisa con respecto a las pretensiones y excepciones que hubieren sido invocadas por las partes. Cuando el juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia, bien por haber omitido la resolución de algún alegato o por haberse excedido desbordando los términos en que las partes delimitaron la controversia, denominándose incongruencia negativa a la primera y positiva a la segunda...”.

 

           

           

                   Hechas estas consideraciones, la Sala estima necesario transcribir parte del libelo de demanda, con el propósito de precisar cuales fueron los pedimentos formulados por el accionante en esa oportunidad.

                   En esa oportunidad, los accionantes expresaron  textualmente lo siguiente:

 

 

“…existe un proceso penal en curso; que existía antes de que mis representados y la empresa New Market Publicidad, C.A., suscribiera, en fecha 12 de marzo del presente año de 1999, el compromiso bilateral de compra, referido a este libelo y que la existencia de tal litigio era conocida por la empresa vendedora y sus personeros…

…Omissis…

…Con vistas de la información que le fue suministrada a mis poderdantes, cuya veracidad ellos confirmaron en razón de las indagaciones que al efecto realizaron, las cuales resultan debidamente comprobadas con las copias que con este libelo se producen; mis poderdantes, dentro del plazo de la prórroga que se acordó para el cumplimiento de la promesa bilateral de compraventa que suscribieron con la empresa (…) acudieron ante el representante legal de la misma, ciudadano Felipe Silen y su cónyuge a quienes manifestaron que no podían cumplir con su obligación de pagar el saldo del precio pactado, por cuanto existía un litigio penal pendiente, que involucraba al apartamento objeto de la misma; la existencia de cuyo litigio ellos desconocían cuando la adquirieron, pero que su representada si estaba enterada del mismo y que se estaba por tanto ante la figura delictual prevista en el ordinal 6° del artículo 465 del Código Penal y que además, el agraviado seño Martí Tauber intentaría una demanda por reivindicación del apartamento en cuestión. Por todo lo así expuesto mis mandantes solicitaron a New Marquet publicidad C.A., que por vía de resolución amistosa del respectivo contrato, dejaran sin efecto lo acordado y procediera en consecuencia la empresa a devolverles la suma de dinero que habían entregado en calidad de arras; a lo cual dicha empresa, a través de su aludido representante y de su cónyuge (…) en actitud totalmente absurda e injustificada, se negaron a ello…

…Omissis…

…Por cuanto la empresa New Market Publicidad, C.A., no obstante conocer, a través de sus personeros, conforme se ha dejado dicho, la existencia de un grave litigio pendiente, de carácter penal, que involucraba el apartamento cuyo compromiso de venta asumió con mis clientes, le ocultó a ellos la información pertinente, con cuya actitud los indujo al error de creer que adquirían un inmueble cuya legítima propiedad por parte de New Market Publicidad C.A., no estaba cuestionada y que, consecuentemente no tenía por que existir litigio alguno que implicase a dicho inmueble…

…Omissis…

…Ello configuró así mismo, por parte de mis representados, el vicio del consentimiento, por dolo, previsto en los artículos 1.146 y 1.154 del Código Civil…

…Omissis…

…Fue pues así viciado por dolo, el consentimiento prestado por mis representados cuando suscribieron el compromiso bilateral al cual se hizo referencia en el Capítulo Primero de este escrito de demanda; puesto que de haber ellos conocido la existencia de ese litigio, no hubiese asumido el compromiso contractual de comprar el apartamento objeto del contrato bilateral aludido en el Capítulo Primero de este escrito; el cual, y conforme a lo previsto en el citado artículo 1.146 del Código Civil, resulta en consecuencia anulable.      

En fuerza de las razones expuestas y siguiendo precisas instrucciones de mis poderdantes, procedo a demandar, como en efecto lo hago formalmente, a la compañía anónima de este domicilio New Market Publicidad, C.A., cuyos datos de registro se han expresado antes en este libelo, para que convenga, o en su defecto oiga la sentencia que al efecto respetuosamente solicito del Tribunal se sirva pronunciar, mediante la cual y con base en lo previsto en los artículos 1.146 y 1.154 del Código Civil, declare la nulidad del contrato bilateral que dicha compañía celebró con mis mandantes y otorgó opción a mis representados para adquirir en compra el apartamento destinado a vivienda…

Demando así mismo a la compañía New Market Publicidad, C.A., para que convengan, o en su defecto sean condenados por ese Tribunal, a que, en razón de haber sido por ella convenido, o en su defecto haber sido decretada por el Tribunal, la nulidad del contrato celebrado con mis representados, deberán restituir estos la suma de Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Treinta y Seis Mil Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 49.236.250,00), que según lo narrado, es el equivalente en moneda nacional, para la fecha, de los ochenta y Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 85.000,00); que fue entregada por mis mandantes a dicha empresa en calidad de arras…

…Omissis…

…En fuerza de los razonamientos de hecho y de derecho contenidos en la jurisprudencia transcrita y en especial en el dispositivo contenido en el artículo 1.185 del Código Civil, demando así mismo a la Compañía Anónima New Market Publicidad C.A., para que convenga en pagar a mis representados, o en su defecto a ello sea condenada por ese Tribunal, la cantidad que resulte del ajuste monetario…

…Omissis…

…Demando así mismo (…) para que convenga o en su defecto a ello sea condenada por ese Tribunal, en pagar  mis mandantes intereses sobre la suma de Cuarenta y Nueve Millones Doscientos Treinta y Seis Mi Doscientos Cincuenta Bolívares (Bs. 49.236.250,00) que mis representados le entregaron en calidad de arras…”. (Subrayado de la Sala). 

 

 

 

                   Como puede apreciarse de los fragmentos del libelo de demanda, antes transcritos, el argumento principal en el cual apoyan los accionante su pretensión, es el de sostener que fue ocultado por los vendedores, el hecho de que se ventilaba un juicio penal que involucraba el inmueble dado en opción a compra.

 

 

                   Es decir, los accionantes demandaron ante el órgano jurisdiccional que se declarara nulo el contrato por vicio en el consentimiento, en vista de que si ellos hubiesen sabido que existían juicios que involucraban al inmueble que pretendían comprar, particularmente un juicio penal, en el cual recayó incluso auto de detención, no hubiesen manifestado su consentimiento, ni tampoco suscrito el contrato de opción de compra objeto de la presente acción.    

 

 

                   En relación con esta pretensión de los accionantes, la sentencia recurrida en su parte motiva, decidió lo siguiente:

 

“…En el caso sub exámine, los accionantes han pretendido se declare la nulidad relativa de un contrato de opción de compraventa inmobiliaria que tiene suscrito con la demandada, arguyendo que éste fue suscrito mediante dolo civil por parte de la demandada, incurriendo en vicio en el consentimiento, quién les ocultó los procedimientos penales seguidos entre ciudadanos que en autos se señalan y que son terceros en el juicio, y que de haber conocido de tales procedimientos, pues no hubiesen contratado respecto al referido inmueble.

Ha quedado demostrado y admitido por las partes, que éstas conocían los datos del documento público en virtud del cual la hoy accionada advirtió ser propietaria del inmueble objeto de la negociación cuya nulidad se demanda. En efecto, tal circunstancia indubitable consta de la cláusula primera estipulada, así como también quedó evidenciado en los autos que para el momento en que la opción de compraventa inmobiliaria quedó suscrita, así como durante el plazo de su vigencia, dicho inmueble no sufría de prohibición de enajenar y gravar alguna, ni de gravamen hipotecario o embargo. Siendo ello así, resulta obvio que dicho inmueble se encontraba en perfectas condiciones para ser objeto de negociaciones de compraventa; por otro lado, los accionantes en modo alguno demostraron el dolo civil argüido, por cuanto tan solo la testimonial rendida por la ciudadana CONSUELO FARIA menciona haber sido testigo de la entrevista sostenida entre otro tercero que dijo haber actuado en representación del ciudadano MARTÍN TAUBER- lo cual en modo alguno quedó evidenciado en juicio- y el codemandado FERNANDO MARTÍNEZ MÓTTOLA- mientras que igualmente afirmó haber tenido conocimiento directo de todos los documentos relativos a la propiedad del inmueble de autos por parte de la demandada, por lo que lógicamente al ser este público y al no haber sido impugnado ni tachado, ni demandado su nulidad, para el momento cuando quedó suscrito el contrato cuya nulidad se demanda, bastaba simplemente haber verificado el mismo en la oficina subalterna de registro inmobiliario para constatar en sus notas marginales, si sobre el mismo pesó alguna vez medidas de prohibición de enajenar y gravar devenidas de procedimientos penales ó de cualquier otro procedimiento y así, poder tomar en consideración tal circunstancia a la hora de decidir suscribir o no una opción de compraventa inmobiliaria. De más esta advertir que cualquier información que hubiese podido afectar tal inmueble, necesariamente hubiese constado en la oficina de registro público inmobiliario correspondiente, por ser estas informaciones de carácter público al solo quedar estampadas como notas marginales.

En consecuencia, la parte actora en modo alguno logró demostrar válidamente en juicio su alegato de dolo civil suficiente para viciar el consentimiento expresado por las partes en el contrato en cuestión…”.

 

 

 

                  

                   La precedente transcripción de la sentencia recurrida, permite constatar a esta Sala que el jurisdicente no resolvió conforme lo pedido; por el contrario, omitió resolver el alegato principal de los accionantes, en este caso, el vicio en el consentimiento por la existencia de juicios penales relacionados con el inmueble objeto del contrato cuya nulidad fue demandada.

 

            En efecto, consta de la trascripción del libelo que el demandante hizo referencia al artículo 464 ordinal 5° del Código Penal, el cual dispone que “Incurrirá en las penas previstas en el artículo 464 el que defraude a otro …6° Enajenando o gravando bienes como libres sabiendo que estaban embargados o gravados o que eran objeto de litigio…”, y en forma precisa indicó que en el caso concreto ocurrió el segundo supuesto previsto en la norma. Sin embargo, el juez de alzada decidió conforme al primer supuesto establecido en la norma referido la enajenación de bienes embargados o gravados, lo que no fue alegado por el demandante, con lo cual tergiversó las afirmaciones de hecho en que fue sustentada la pretensión.

           

                   El incumplimiento del requisito de congruencia del fallo, determina la procedencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma, y el efecto que produce es la nulidad y reposición de la causa al estado de que se dicte una nueva sentencia de alzada, en acatamiento a los requisitos formales exigidos en la ley.

 

                   Por consiguiente, esta Sala declara procedente la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, por no haberse decidido conforme a lo alegado, lo cual conduce a declarar la nulidad del fallo impugnado por disposición del artículo 244 eiusdem. Tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.

 

Por haber encontrado la Sala procedente una denuncia de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer el resto de las denuncias contenidas en el escrito de formalización, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 320 eiusdem.

                  

 

D E C I S I Ó N

             

 

                  

En mérito de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por los accionantes contra la sentencia de fecha 9 de mayo de 2006, proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ANULA la sentencia recurrida, y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión sin incurrir nuevamente en el defecto de forma detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

                   Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas del recurso.

 

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los  dos (2) días del mes de  mayo de  dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

___________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

                                                                                                                       

Magistrado,

 

 

______________________________

 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

__________________________

 CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

Exp. Nro. AA20-C-2006-000723

 

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