Venley

Sentencia N.º RC.00278

Sentencia
N.º RC.00278
Fecha
18/04/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
04-467
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

EXP. 2004-000467

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

          En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales de abogado, causados, a su vez, en juicio por retardo perjudicial, intentado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por el ciudadano JORGE PABÓN, patrocinado judicialmente por las profesionales del derecho José Luís Pabón, Nelson Chávez Padrón y Rosa Arelys Hurtado de Pol, contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil ALMACENADORA CARACAS, C.A., representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Antonio José Roncayolo Crespo y José Eduardo Baralt López; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario de la prenombrada Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia definitiva en fecha 3 de noviembre de 2003 mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación ejercido por la intimada contra la decisión proferida el 9 de junio de 2000 por el a quo, que estableció el derecho del intimante a cobrar honorarios profesionales; con lugar la acción y condenó a la accionada a pagar la cantidad de Veintiocho Millones de Bolívares (Bs. 28.000.000,00) dejando a salvo el derecho de la intimada a la retasa de los mismos y por vía consecuencia, confirmó el fallo apelado señalando que “...Si hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo...”.

         Contra la preindicada decisión, la intimada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

         Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual se hace previas las consideraciones siguientes:

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

          Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 22 y 15 del Código de Procedimiento Civil, 49 en sus numerales 1 y 4 y 253 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto, según alega, el ad quem incurrió en quebrantamiento de formas sustanciales del proceso que menoscabaron el derecho a la defensa de su representada.

          Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del artículo 25 de la Ley de Abogados en correspondencia con el Principio General de Derecho que recoge el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, así como la infracción de su artículo 15. Con igual fundamento, denunció la violación en la sentencia recurrida, del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el encabezamiento y los numerales 1 y 4 del artículo 49 ejusdem.

(...Omissis...)

En la sentencia recurrida el Tribunal, luego de pronunciarse en el sentido que el Abogado Jorge Pabón sí tenía derecho a cobrar sus honorarios, derecho que la intimada había cuestionado, debió ordenar en el mismo fallo la Constitución del tribunal colegiado para que conociera de la solicitud de retasa que mi representada había propuesto oportunamente con defensa subsidiaria. No se procedió así y el Tribunal pasó acto seguido a condenar a Almacenadora Caracas, C.A., para que pague al Abogado Jorge Pabón la cantidad de Cuarenta y Cuatro Millones de Bolívares (Bs. 44.000.000,oo), y agrega “...dejando a salvo el derecho de la intimada de acogerse a la retasa de los mismos que le acuerda la Ley...”. Al actuar de tal manera, el Tribunal subvirtió el debido proceso legal, que es de orden público. En efecto, dictó un pronunciamiento que resulta extemporáneo, con evidente abuso de poder pues para emitirlo no tenía ninguna competencia legal; impidió a mi representada ser juzgada por su Juez natural, que era el Tribunal colegiado de retasa; dejó a mi patrocinada en estado de indefensión porque, aunque erradamente le reconoce el derecho a acogerse a la retasa, -derecho este que mi representada ya había ejercido en su oportunidad y que se había extinguido por el efecto preclusivo de los actos procesales-, no señaló el lapso útil para su ejercicio, lo cual amerita la indicación expresa en el texto del fallo del momento a partir del cual comenzaría a correr y su término preciso de duración, incumpliendo así su deber de mantener a la parte intimada en sus derechos privativos según se los acuerda la Ley. Tales errores  in procedendo implican quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso que menoscaban el derecho de defensa de mi poderdante, los cuales esta Sala no puede dejar de sancionar como corresponde, en procura de la Justicia  idónea que garantiza la Carta Fundamental,

         La Sala para decidir, observa:

En primer lugar, se evidencia que el formalizante plantea el menoscabo de formas esenciales del procedimiento que le causaron indefensión, solamente al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sin delatar la correspondiente violación de la norma procesal rectora presuntamente quebrantada por el sentenciador, lo cual hace que su denuncia esté infundada al no indicarle a esta Suprema Jurisdicción cuales fueron las normas de procedimiento que se habrían quebrantado en el presente asunto.

No obstante la deficiencia observada, con base al criterio flexibilizante que ha venido aplicando esta Sala de Casación Civil en acatamiento al mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entra de seguidas a considerar el planteamiento central de la denuncia.

Según lo dicho por el recurrente, el ad quem al condenar a la intimada a pagar la cantidad reclamada por honorarios profesionales judiciales, no obstante haber dejado a salvo el derecho de ésta para acogerse a la retasa, emitió un pronunciamiento extemporáneo que le impidió ser juzgada por su juez natural, en este caso, el tribunal colegiado de retasa.

Explica el formalizante, que el juzgador con competencia funcional jerárquica vertical, subvirtió el debido proceso, pues la intimada se acogió a la retasa de manera subsidiaria a la negación que expresamente dejó asentada con respecto al derecho al cobro de los honorarios profesionales reclamados, siendo procedente, por tanto, según alega el recurrente, que el ad quem, luego de establecer el derecho al cobro de los predichos honorarios, tal como lo hizo, ordenara además en el mismo fallo la constitución del predicho tribunal colegiado a fin que éste decidiera sobre la referida defensa subsidiaria.

Por su parte la recurrida, estableció lo siguiente:

“...Y así mismo comparto el criterio de los dos Jueces que han decidido en esta controversia, en el sentido de que el abogado intimante Jorge Pabón si tiene derecho de cobrar sus honorarios profesionales, porque efectivamente realizó las actividades encomendadas, sobre las que pretende el cobro de sus honorarios profesionales, como antes quedó dicho. Así se declara.

Por todas las consideraciones anteriores, se declarara procedente la estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por el Abogado Jorge Pabón, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el Artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Por las razones y consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Sin lugar la apelación interpuesta por el Abogado José Eduardo Baralt, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Almacenadora Caracas C.A., y Con Lugar la acción de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales propuesta por el abogado Jorge Pabón contra la Sociedad mercantil Almacenadora Caracas, C.A., y en consecuencia se condena a la intimada a pagar al abogado intimante antes identificado, la cantidad de VEINTIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 28.000.000,oo), dejando a salvo el derecho de la intimada de acogerse a la retasa de los mismos que le acuerda la Ley...”.

Como la denuncia planteada permite a la Sala la revisión de las actas procesales, pues se trata de un invocado defecto de actividad, sfe evidencia que la intimada ciertamente se acogió a la retasa subsidiariamente a la negación del derecho que pretende el intimante. En tal sentido, en la oportunidad de comparecer al tribunal luego de su intimación, expresó:

“...desconocemos el derecho que pretende tener el abogado JORGE PABÓN a cobrar los honorarios que demanda en el presente proceso.

(...Omissis...)

...nuestra representada niega en forma expresa el pretendido derecho de parte del actor a cobrar los honorarios profesionales que especifica en su libelo...

(...Omissis...)

Damos de esta forma por contestada la demanda intentada por el abogado JORGE PABÓN, en contra de ALMACENADORA CARACAS C.A., y anunciamos e invocamos desde ya nuestro derecho a retasar los honorarios que sean procedentes, para el caso de que la sentencia que en su oportunidad se obtenga del máximo Tribunal de la República, considere que los argumentos contenidos en la presente contestación son improcedentes...” (Resaltado de la Sala).

 

Para una mejor ilustración de lo que se decide, la Sala considera oportuno hacer algunas consideraciones en cuanto al procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales. Tal como lo ha concebido la doctrina casacionista, existen dos fases o etapas diferenciadas, a saber, la primera, declarativa, en la cual el Juez o Jueza resuelve sobre el derecho o no a cobrar los honorarios intimados y la segunda, ejecutiva, la cual comienza con la sentencia definitivamente firme que declare procedente el derecho a tal cobro, o bien cuando el intimado acepte la estimación o ejerza el derecho de retasa.

Así lo señaló la Sala en sentencia N° 600, de fecha 30 de septiembre de 2003, expediente N° 2002-000701, en el caso de Enoé Rodríguez de Hernández y otros contra Werner Francisco Leitz Musso, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, en la cual estableció:

“...En este orden de ideas, la Sala, en sentencia Nº 409 de fecha 30 de noviembre de 2000, juicio Luis Joaquín Criollo contra Universidad Bicentenaria Aragua, expediente Nº 99-909, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:

“...En los procesos de estimación e intimación de honorarios profesionales se distinguen dos etapas bien diferenciadas, a saber:

La primera etapa se encuentra destinada tan sólo al establecimiento del derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél que los reclama. Esta fase puede ser desarrollada en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho, y su sustanciación debe hacerse en cuaderno separado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. La decisión que se dicte en tal incidencia, acordando o negando el derecho reclamado, es apelable libremente, e inclusive, se le concede recurso de casación, si la cuantía del asunto lo permite.

La segunda etapa, que solo tendrá lugar si previamente se ha reconocido o declarado el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado, está concebida para que el demandado por tales emolumentos, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal de Retasa el monto de los mismos...” (Subrayado y negrillas del texto).

 

De lo anteriormente expuesto se observa que el caso bajo decisión, se encuentra en la etapa o fase declarativa, en la cual se estableció el derecho al cobro de los honorarios profesionales del intimante.

Ahora bien, a los fines de resolver la denuncia planteada, considera relevante la Sala destacar las diferentes implicaciones que tienen en el proceso la manera y la oportunidad en que el intimado ejerza el derecho a la retasa.

Así pues, puede decirse que en un primer caso, si el intimado (obligado) en la oportunidad de comparecer solamente se acoge a la retasa, ello implica que, por una parte, reconoce el derecho del intimante al cobro de los honorarios y, de otro lado, impugna el quantum de los mismos por considerarlos exagerados, por tanto, en este caso, corresponde al sentenciador dar por terminada la fase declarativa, ordenar el inicio de la fase ejecutiva y proceder a nombrar a los jueces retasadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Abogados.

Asimismo, puede presentarse una segunda situación, esta es cuando el intimado se acoge al derecho de retasa en forma subsidiaria, por haber, en primer lugar, negado expresamente el derecho al cobro de honorarios profesionales pretendidos por el intimante, como ocurre en el caso bajo análisis. Bajo este supuesto, es menester que el juez establezca el derecho o no del abogado al cobro de los honorarios reclamados (fase declarativa), pues el ejercicio del derecho de retasa en estas condiciones, solamente constituye una manifestación presuntiva de desacuerdo por parte del intimado respecto a los montos estimados.

Luego, una vez declarada que sea la procedencia del derecho al cobro de los honorarios profesionales, mediante sentencia definitivamente firme, finaliza así la etapa declarativa del juicio y se inicia la etapa ejecutiva del mismo, siendo menester que el tribunal fije mediante pronunciamiento expreso el día y la hora en que las partes deberán concurrir para nombrar a los retasadores, bien sea que ya se hubiere acogido a la retasa el intimado, como sucede en el sub iudice, o también que lo haga una vez quede firme la sentencia que declare el derecho a cobrar los honorarios reclamados.

De acuerdo con lo decidido por la recurrida trasladado supra, y con lo expresado por el formalizante en lo atinente a que la invocada indefensión deviene –se repite- de un aducido pronunciamiento extemporáneo por parte del ad quem, toda vez que además de resolver sobre el derecho del intimante al cobro de los honorarios reclamados, también condenó a la intimada a pagar la cantidad de veintiocho millones de Bolívares (Bs.28.000.000,00), dejando a salvo el derecho que tiene ésta de acogerse a la retasa; la Sala observa, que el alegato referido al mentado pronunciamiento por parte del ad quem, en modo alguno configura la indefensión invocada, pues –independientemente de lo acertado o no de ese señalamiento- tal proceder, de ninguna manera cercena o niega los medios legales con que puede la intimada hacer valer sus derechos, caso en el cual si podría producirse el quebrantamiento al principio de equilibrio procesal.

En atención a la expuesto, se concluye que en el sub iudice al haber sido cuestionado previamente por el intimado el derecho al cobro de los honorarios profesionales reclamados por el intimante, encontrándose el juicio en la fase declarativa, tal como se dejó asentado precedentemente, el juez en modo alguno podía pronunciarse sobre la retasa invocada por el intimado, pues ello corresponde tramitarlo y dilucidarlo en la fase siguiente del procedimiento. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala considera que la denuncia formulada es improcedente. Así se decide.

II

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º eiusdem, por cuanto, según su dicho, el ad quem incurrió en el vicio de incongruencia negativa.

Por vía de alegación, el recurrente señala:

“...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció infracción de los artículos 12 y 243 ordinal del Código de Procedimiento Civil, porque el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia.

En su reclamación el Abogado Pabón solicita que se intime a mi representada al pago de la cantidad estimada como monto de sus honorarios profesionales por los trabajos judiciales realizados. En la oportunidad de la contestación de la reclamación formulada en su contra por el Abogado Pabón, Almacenadora Caracas C.A., hizo valer, como defensa principal y por las razones que expuso, la negación del derecho del accionante, a cobrarle honorarios, y luego, como defensa subsidiaria, se acoge al derecho de retasa que le confiere la Ley.

Establece el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 5°, que toda sentencia debe contener “decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”.

En la sentencia recurrida se declaró sin lugar la defensa principal propuesta por la empresa intimada, declarando procedente el derecho del Abogado reclamante a cobrar honorarios por los trabajos judiciales que había realizado como apoderado de la intimada; seguidamente, declara con lugar la acción propuesta y, en consecuencia, condena a Almacenadora Caracas C.A., a pagar al Abogado intimante la cantidad Veintiocho Millones de Bolívares (Bs. 28.000.000,oo), esto es, la suma estimada por el accionante en su libelo de demanda. En la sentencia recurrida se declara procedente la reclamación formulada por la parte accionante, pero en ella no hay pronunciamiento alguno sobre la existencia, procedencia o improcedencia de la defensa subsidiaria formulada por aquella.

Ocurre que la realidad es siempre una: no pude ser y no ser al mismo tiempo, o ser simultáneamente de una manera o de otra. La realidad como tal, es una sola; si se ha producido el hecho o no se ha producido, nunca puede ser objeto de una facultad discrecional del Juez, porque no se puede quedar a su arbitrio decidir que algo no ha ocurrido si realmente ocurrió, y mucho menos admitir que proceda a dictar la sentencia que ha de resolver la litis planteada, ignorando lo que realmente ha ocurrido en el expediente.

Al no decidir de manera expresa, positiva y precisa sobre el derecho de retasa ejercido oportunamente por mi patrocinada, la sentencia incurrió en incongruencia negativa, infringiendo con ello el referido numeral 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 12 ejusdem que obliga al Juez a atenerse en su decisión a lo alegado y probado en autos. En consecuencia, tal omisión hace nula la sentencia impugnada, según lo establece el artículo 244 del mismo Código...”.

 

La Sala para decidir, observa:

De la denuncia supra transcrita, se evidencia que el formalizante endilga a la recurrida el vicio de incongruencia negativa, sobre la base de una aducida falta de pronunciamiento por parte del juzgador con competencia funcional jerárquica vertical, en lo que respecta a la procedencia o no de la retasa solicitada por el intimado como defensa subsidiaria.

Al resolver la denuncia precedente, la Sala dejó explicado el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales, así como las diferentes implicaciones que tienen en el proceso la manera y la oportunidad en que el intimado se acoja al derecho de retasa, el cual, a su vez, consiste en la impugnación que hace el intimado a la estimación de los honorarios dada por el intimante, por considerarla exagerada.

Tal como se señaló en esa oportunidad, el sub iudice, se encuentra en la etapa o fase declarativa, pues al haber sido cuestionado de manera subsidiaria por el intimado el derecho al cobro de los honorarios profesionales reclamados por el intimante, el juez en modo alguno podía pronunciarse sobre la retasa invocada por el intimado, pues ello corresponde tramitarlo y dilucidarlo en la fase siguiente del procedimiento.

En consecuencia, se declara improcedente la denuncia formulada, por consiguiente no existe la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así queda establecido.

III

Con base en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por cuanto, según su dicho, el ad quem incurrió en el vicio de inmotivación.

Argumenta el formalizante:

“...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció infracción de los artículos 12 y 243 ordinal del Código de Procedimiento Civil, porque el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación.

Establece el artículo 453 (Sic) del Código de Procedimiento Civil, ordinal 3° (Sic) , que toda sentencia debe contener “los motivos de hecho y de derecho de la decisión”.

En la sentencia recurrida no existe ninguna exposición de los motivos de hechos, ni de los motivos de derecho, que llevaron al Juez a dejar sin efecto jurídico-procesal el derecho de retasa que oportunamente hizo valer en el proceso la intimada al pago de los honorarios reclamados.

En particular, no se explanan las razones de derechos en las cuales se funda el Sentenciador para imponer a mi representada la carga de la alegación de esa misma defensa nuevamente, dentro del mismo proceso; en las cuales se basa para desatender la instrucción legal de mantener a las partes sin preferencias ni desigualdades para desconocerle a la demandadas los derechos y facultades privativas que le acuerda la Ley, para ignora el  derecho de la intimada de obtener la tutela judicial efectiva del Tribunal para sus derechos e interéses; como tampoco la base legal de su decisión de no proceder a ordenal (Sic) la constitución inmediata, como corresponde, del Tribunal de Retasa para lograr, con el debido respeto de las garantías procesales a ambas partes y de la garantía constitucional de una justicia idónea, transparente y expedita, para lograr la liquidez en el crédito previamente reconocido al Abogado reclamante. La motivación del fallo tiene como finalidad procesal permitir el control de la legalidad del fallo, el cual se ve impedido si no expresa el Sentenciador las razones en las cuales pudo haber fundado su pronunciamiento.

Esta omisión en la sentencia determinada la infracción del referido numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la omisión de tal requisito sustancia, hace nula la sentencia recurrida, según lo establece el artículo 244 del mismo Código...”.

 

La Sala para decidir, observa:

De acuerdo con lo expresado por el formalizante, la recurrida adolece del vicio de inmotivación, por cuanto el ad quem deja sin efecto “...jurídico-procesal...” el derecho de retasa al cual se acogió el intimado.

Asimismo, agrega que el juzgador de segundo grado de conocimiento se abstiene de explicar los motivos de hecho y de derecho sobre los cuales se fundamenta para dejar a salvo el derecho de la intimada a acogerse a la retasa, para lo cual insiste en que antes del fallo la intimada ya había ejercido ese derecho.

Para resolver lo atinente a la predicha inmotivación, considera oportuno la Sala transcribir lo señalado por la recurrida, y al efecto se observa:

“...Toca ahora a esta Alzada resolver el asunto relacionado con el derecho a cobrar honorarios por parte del Dr. Jorge Pabón y a tales efectos se observa; (sic)

La intimada ha arguido (sic) que la Estimación de Honorarios Profesionales no esta (sic) ajustada a derecho por cuanto nada demostró  el intimante en relación al tiempo utilizado ni a los estudios que tuvo que realizar  ni al abandono por falta de atención a otros casos o a la exclusividad que tuvo que dedicar.

No comparte en absoluto esta Alzada, por errónea la precedente interpretación, pues incluso el abogado puede, sin ningún tipo de explicación o razonamiento, estimar sus honorarios en el expediente, al margen de cada una de sus actuaciones y no procede entonces la impugnación formulada en los términos y por los conceptos antes señalados. Así se declara.

(...Omissis...)

La Intimada (sic) no ha negado de ninguna manera la relación de carácter profesional que la ligó con su abogado intimante en su condición de apoderado judicial en el juicio que da lugar a la presente Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales y por ello procede el derecho del intimante al cobro de los mismos. Así se declara.

Y así mismo comparto el criterio de los dos Jueces que han decidido en esta controversia, en el sentido de que el abogado intimante Jorge Pabón si tiene derecho de cobrar sus honorarios profesionales, porque efectivamente realizó las actividades encomendadas, sobre las que pretende el cobro de sus honorarios profesionales, como antes quedó dicho. Así se declara.

Por todas las consideraciones anteriores, se declarara procedente la estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por el Abogado Jorge Pabón, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el Artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide...”

 

Del texto trasladado se constata que, contrario a lo denunciado por el recurrente, el juez del segundo grado del conocimiento declara el derecho del intimante al cobro de los honorarios profesionales reclamados y, dejó a salvo el derecho de retasa ejercido por el intimado en la oportunidad de contestar la demanda, sobre la base de las actuaciones que, según constató, fueron realizadas por el profesional del derecho, supra identificado, así como también, por cuanto la intimada en modo alguno negó la relación de carácter profesional que la ligó con el intimante.

De acuerdo con lo anterior, es forzoso concluir que, al permitir la recurrida ejercer el control sobre la legalidad de la misma, ello hace que en modo alguno pueda considerársele inficionada del vicio de inmotivación denunciado por el formalizante.

En segundo lugar, dada la insistencia del recurrente en manifestar que el ad quem omitió pronunciarse sobre la retasa planteada, para la Sala es menester señalar que al resolver las denuncias precedentes, se dejaron establecidos los límites que debe mantener el juez al resolver cada una de las fases o etapas que comprende el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales.

Por tanto, no se trata de que el juez de la recurrida haya dejado sin efecto el derecho de retasa ejercido por la intimada, como manifiesta el formalizante; sino que, por el contrario, al haberse ejercido éste de forma subsidiaria a la negación del derecho pretendido por el intimante, tal como ocurrió en el sub iudice, el trámite que implica el ejercicio de ese derecho debe verificarse en la segunda fase del procedimiento, previa solicitud del intimado.

Sin embargo, ciertamente constata la Sala, así se señaló en la primera denuncia resuelta en este fallo, que el formalizante se acogió a la retasa en la oportunidad de dar contestación a la demanda, por lo que bien puede la intimada una vez quede firme la sentencia hoy recurrida, solicitar al tribunal fije la oportunidad para designar a los jueces retasadores.

En consecuencia, la Sala considera que la denuncia formulada es improcedente, por consiguiente no existe la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

IV

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida es condicional y, por tanto, nula de conformidad con lo previsto en el artículo 244 eiusdem.

Alega que:

“...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció la irregularidad de contener el fallo recurrido una decisión incondicional, lo cual lo hace nulo, según el dispositivo técnico del artículo 244 ejusdem.

En su parte dispositiva, la sentencia de la Alzada determina, en efectos constitutivos, una cantidad líquida (Bs. 28.000.000.oo) como la suma de dinero que la intimada deberá pagar, en virtud de la sentencia que a ello la condena, al Abogado reclamante. Pero resulta que el fallo no se basta así mismo, pues la firmeza de la cosa juzgada que ella pronuncia, no obstante su naturaleza definitiva, ha quedado sujeta a una condición suspensiva (un hecho futuro e incierto) de naturaleza negativa, pues va a depender de que la empresa intimada, ya condenada al pago de lo sentenciado, no se acoja (nuevamente) a la retasa.

La Ley procesal le exige al Juzgador una decisión expresa, positiva y precisa sobre el thema decidendum que le ha sido planteado por las partes (que al final, en el caso concreto, se redujo a la determinación del monto exacto de los honorarios que el actor podrá cobrar y que la condenada deberá pagar), y ello no se logra con una sentencia sometida en su efectividad  a un hecho futuro e incierto, razón por la cual, siendo consecuente con la posición adoptada en esta materia, el Legislador establece, de manera expresa en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, que “será nula la sentencia...condicional”. Es con fundamento en este dispositivo técnico y en el vicio denunciado, que solicitamos que la Sala se case la sentencia recurrida.

Dejo así formalizado el recurso de casación oportunamente anunciado y, con miras a lograr para mi representada la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, menoscabado sin justificación en el fallo impugnado...”.

 

La Sala para decidir, observa:

El formalizante delata la nulidad de la recurrida, en razón a que, según su decir, el fallo resulta condicional, pues la autoridad de cosa juzgada que ella pronuncia deviene sujeta a un hecho futuro e incierto, cual es, la conducta del intimado, específicamente si se acoge o no al derecho de retasa.

En cuanto a la configuración del vicio denunciado, la Sala en sentencia Nº 770, de fecha 11 de diciembre de 2003, expediente Nº. 02-895, en el juicio de Antonia María Barrios contra Mercedes Cedeño de Muñoz, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, se estableció:

“...El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, establece que una sentencia será nula cuando la misma sea condicional. A este respecto, el autor Leopoldo Márquez Añez, en su obra Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, página 79, expresa:

“…El Juez no es libre ni tiene la autonomía de voluntad para someter la eficacia de su pronunciamiento, a la realización de acontecimientos futuros e inciertos, ya que a ello se opone la propia índole de la función que ejerce, y principios capitales de su actividad, como lo son el principio dispositivo, y el que le impone emitir en la causa un pronunciamiento dirimente del conflicto de interés que se le somete...”.

Del párrafo transcrito se deduce que una sentencia es condicional cuando se supedita la ejecutabilidad a una condición suspensiva.

En ese sentido la Sala, en sentencia Nº 169, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº. 000377, en el juicio de Jalutra Traiding Company, B.V contra Procesadora Agro Industrial Colón S.A., (PAICOSA) y otro, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, estableció:

“...Si el Juez de alzada hubiera pospuesto su decisión para el momento en que la obligación reclamada fuera exigible, hubiera producido una sentencia condicional y por lo tanto nula, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por contravenir lo establecido en el precitado ordinal 5º del articulo 243 eiusdem. Sobre este punto el Doctor Arístides Rengel Romberg, en su obra ‘Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano’, Tomo II ‘Teoría General del Proceso’, página 321, señala:

“Cuando la sentencia no contiene una decisión pura y simple sino que lo decidido queda sometido a la realización de un acontecimiento futuro e incierto, la sentencia es condicional y, por tanto, nula.

El vicio de la sentencia por ser condicional, se justifica, porque implica falta de una decisión positiva, esto es, que resuelva sobre el mérito de la controversia y declare con lugar o sin lugar la pretensión, pues la decisión condicional somete a un acontecimiento futuro o incierto la perfección del derecho declarado en el fallo, de tal modo que las partes no alcanzan con el pronunciamiento judicial la certeza o definición de los derechos controvertidos...”.

La Sala debe, extremando sus deberes, que una decisión se considera condicional cuando se somete su decisión, ya en cuanto a la eficacia del derecho declarado, ya en cuanto a la eficacia de su ejecutoriedad, al acontecimiento de un hecho indeterminado o incierto. Supuesto este que no se observa en  la sentencia acusada, pues resulta evidente, de su dispositivo, hacia quienes va dirigido y  cuales son los bienes objeto de la partición y de ninguna manera se subordina su ejecución al cumplimiento de una circunstancia o modalidad dependiente de un hecho que deba cumplirse para dar existencia o para perfeccionar el derecho declarado...”.

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial supra citado y con lo denunciado por el formalizante, la Sala observa que, en modo alguno la recurrida podría ser considerada condicional, pues resolvió sobre el mérito de la controversia planteada en lo que respecta a la fase declarativa, considerando procedente -se repite- el derecho del intimante al cobro de los honorarios profesionales y finalmente dejó a salvo el derecho del intimado para acogerse a la retasa.

Esto último dicho, mal podría considerarse como un factor condicional de la recurrida, toda vez que ello constituye la segunda fase –propia- de ese tipo de procedimiento.

En consecuencia, la Sala considera que la denuncia formulada es improcedente, por consiguiente no existe la condicionalidad denunciada. Así se decide.

D E C I S I Ó N

         Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por el intimado, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, en fecha 3 de noviembre de 2003.

Se condena al recurrente, al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al tribunal de la causa, Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de .abril. de dos mil seis. Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

Presidente de la Sala-Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Magistrado,

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrada,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado,

 

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LUIS ANTONIO ORTíZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2004-000467

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