Sentencia N.º RC.00278
- Sentencia
- N.º RC.00278
- Fecha
- 18/04/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 04-467
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EXP. 2004-000467
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales de abogado, causados, a su vez, en juicio por retardo perjudicial, intentado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por el ciudadano JORGE PABÓN, patrocinado judicialmente por las profesionales del derecho José Luís Pabón, Nelson Chávez Padrón y Rosa Arelys Hurtado de Pol, contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil ALMACENADORA CARACAS, C.A., representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Antonio José Roncayolo Crespo y José Eduardo Baralt López; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario de la prenombrada Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia definitiva en fecha 3 de noviembre de 2003 mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación ejercido por la intimada contra la decisión proferida el 9 de junio de 2000 por el a quo, que estableció el derecho del intimante a cobrar honorarios profesionales; con lugar la acción y condenó a la accionada a pagar la cantidad de Veintiocho Millones de Bolívares (Bs. 28.000.000,00) dejando a salvo el derecho de la intimada a la retasa de los mismos y por vía consecuencia, confirmó el fallo apelado señalando que ...Si hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo....
Contra la preindicada decisión, la intimada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación,
DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 22 y 15 del Código de Procedimiento Civil, 49 en sus numerales 1 y 4 y 253 de
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del artículo 25 de
(...Omissis...)
En la sentencia recurrida el Tribunal, luego de pronunciarse en el sentido que el Abogado Jorge Pabón sí tenía derecho a cobrar sus honorarios, derecho que la intimada había cuestionado, debió ordenar en el mismo fallo
En primer lugar, se evidencia que el formalizante plantea el menoscabo de formas esenciales del procedimiento que le causaron indefensión, solamente al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, sin delatar la correspondiente violación de la norma procesal rectora presuntamente quebrantada por el sentenciador, lo cual hace que su denuncia esté infundada al no indicarle a esta Suprema Jurisdicción cuales fueron las normas de procedimiento que se habrían quebrantado en el presente asunto.
No obstante la deficiencia observada, con base al criterio flexibilizante que ha venido aplicando esta Sala de Casación Civil en acatamiento al mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de
Según lo dicho por el recurrente, el ad quem al condenar a la intimada a pagar la cantidad reclamada por honorarios profesionales judiciales, no obstante haber dejado a salvo el derecho de ésta para acogerse a la retasa, emitió un pronunciamiento extemporáneo que le impidió ser juzgada por su juez natural, en este caso, el tribunal colegiado de retasa.
Explica el formalizante, que el juzgador con competencia funcional jerárquica vertical, subvirtió el debido proceso, pues la intimada se acogió a la retasa de manera subsidiaria a la negación que expresamente dejó asentada con respecto al derecho al cobro de los honorarios profesionales reclamados, siendo procedente, por tanto, según alega el recurrente, que el ad quem, luego de establecer el derecho al cobro de los predichos honorarios, tal como lo hizo, ordenara además en el mismo fallo la constitución del predicho tribunal colegiado a fin que éste decidiera sobre la referida defensa subsidiaria.
Por su parte la recurrida, estableció lo siguiente:
...Y así mismo comparto el criterio de los dos Jueces que han decidido en esta controversia, en el sentido de que el abogado intimante Jorge Pabón si tiene derecho de cobrar sus honorarios profesionales, porque efectivamente realizó las actividades encomendadas, sobre las que pretende el cobro de sus honorarios profesionales, como antes quedó dicho. Así se declara.
Por todas las consideraciones anteriores, se declarara procedente la estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por el Abogado Jorge Pabón, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de
Por las razones y consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior administrando justicia en nombre de
Como la denuncia planteada permite a
...desconocemos el derecho que pretende tener el abogado JORGE PABÓN a cobrar los honorarios que demanda en el presente proceso.
(...Omissis...)
...nuestra representada niega en forma expresa el pretendido derecho de parte del actor a cobrar los honorarios profesionales que especifica en su libelo...
(...Omissis...)
Damos de esta forma por contestada la demanda intentada por el abogado JORGE PABÓN, en contra de ALMACENADORA CARACAS C.A., y anunciamos e invocamos desde ya nuestro derecho a retasar los honorarios que sean procedentes, para el caso de que la sentencia que en su oportunidad se obtenga del máximo Tribunal de
Para una mejor ilustración de lo que se decide,
Así lo señaló
...En este orden de ideas,
...En los procesos de estimación e intimación de honorarios profesionales se distinguen dos etapas bien diferenciadas, a saber:
La primera etapa se encuentra destinada tan sólo al establecimiento del derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél que los reclama. Esta fase puede ser desarrollada en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho, y su sustanciación debe hacerse en cuaderno separado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. La decisión que se dicte en tal incidencia, acordando o negando el derecho reclamado, es apelable libremente, e inclusive, se le concede recurso de casación, si la cuantía del asunto lo permite.
La segunda etapa, que solo tendrá lugar si previamente se ha reconocido o declarado el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado, está concebida para que el demandado por tales emolumentos, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal de Retasa el monto de los mismos... (Subrayado y negrillas del texto).
De lo anteriormente expuesto se observa que el caso bajo decisión, se encuentra en la etapa o fase declarativa, en la cual se estableció el derecho al cobro de los honorarios profesionales del intimante.
Ahora bien, a los fines de resolver la denuncia planteada, considera relevante
Así pues, puede decirse que en un primer caso, si el intimado (obligado) en la oportunidad de comparecer solamente se acoge a la retasa, ello implica que, por una parte, reconoce el derecho del intimante al cobro de los honorarios y, de otro lado, impugna el quantum de los mismos por considerarlos exagerados, por tanto, en este caso, corresponde al sentenciador dar por terminada la fase declarativa, ordenar el inicio de la fase ejecutiva y proceder a nombrar a los jueces retasadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de
Asimismo, puede presentarse una segunda situación, esta es cuando el intimado se acoge al derecho de retasa en forma subsidiaria, por haber, en primer lugar, negado expresamente el derecho al cobro de honorarios profesionales pretendidos por el intimante, como ocurre en el caso bajo análisis. Bajo este supuesto, es menester que el juez establezca el derecho o no del abogado al cobro de los honorarios reclamados (fase declarativa), pues el ejercicio del derecho de retasa en estas condiciones, solamente constituye una manifestación presuntiva de desacuerdo por parte del intimado respecto a los montos estimados.
Luego, una vez declarada que sea la procedencia del derecho al cobro de los honorarios profesionales, mediante sentencia definitivamente firme, finaliza así la etapa declarativa del juicio y se inicia la etapa ejecutiva del mismo, siendo menester que el tribunal fije mediante pronunciamiento expreso el día y la hora en que las partes deberán concurrir para nombrar a los retasadores, bien sea que ya se hubiere acogido a la retasa el intimado, como sucede en el sub iudice, o también que lo haga una vez quede firme la sentencia que declare el derecho a cobrar los honorarios reclamados.
De acuerdo con lo decidido por la recurrida trasladado supra, y con lo expresado por el formalizante en lo atinente a que la invocada indefensión deviene se repite- de un aducido pronunciamiento extemporáneo por parte del ad quem, toda vez que además de resolver sobre el derecho del intimante al cobro de los honorarios reclamados, también condenó a la intimada a pagar la cantidad de veintiocho millones de Bolívares (Bs.28.000.000,00), dejando a salvo el derecho que tiene ésta de acogerse a la retasa;
En atención a la expuesto, se concluye que en el sub iudice al haber sido cuestionado previamente por el intimado el derecho al cobro de los honorarios profesionales reclamados por el intimante, encontrándose el juicio en la fase declarativa, tal como se dejó asentado precedentemente, el juez en modo alguno podía pronunciarse sobre la retasa invocada por el intimado, pues ello corresponde tramitarlo y dilucidarlo en la fase siguiente del procedimiento. Así se decide.
Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala considera que la denuncia formulada es improcedente. Así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º eiusdem, por cuanto, según su dicho, el ad quem incurrió en el vicio de incongruencia negativa.
Por vía de alegación, el recurrente señala:
...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció infracción de los artículos 12 y 243 ordinal del Código de Procedimiento Civil, porque el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia.
En su reclamación el Abogado Pabón solicita que se intime a mi representada al pago de la cantidad estimada como monto de sus honorarios profesionales por los trabajos judiciales realizados. En la oportunidad de la contestación de la reclamación formulada en su contra por el Abogado Pabón, Almacenadora Caracas C.A., hizo valer, como defensa principal y por las razones que expuso, la negación del derecho del accionante, a cobrarle honorarios, y luego, como defensa subsidiaria, se acoge al derecho de retasa que le confiere
Establece el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 5°, que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
En la sentencia recurrida se declaró sin lugar la defensa principal propuesta por la empresa intimada, declarando procedente el derecho del Abogado reclamante a cobrar honorarios por los trabajos judiciales que había realizado como apoderado de la intimada; seguidamente, declara con lugar la acción propuesta y, en consecuencia, condena a Almacenadora Caracas C.A., a pagar al Abogado intimante la cantidad Veintiocho Millones de Bolívares (Bs. 28.000.000,oo), esto es, la suma estimada por el accionante en su libelo de demanda. En la sentencia recurrida se declara procedente la reclamación formulada por la parte accionante, pero en ella no hay pronunciamiento alguno sobre la existencia, procedencia o improcedencia de la defensa subsidiaria formulada por aquella.
Ocurre que la realidad es siempre una: no pude ser y no ser al mismo tiempo, o ser simultáneamente de una manera o de otra. La realidad como tal, es una sola; si se ha producido el hecho o no se ha producido, nunca puede ser objeto de una facultad discrecional del Juez, porque no se puede quedar a su arbitrio decidir que algo no ha ocurrido si realmente ocurrió, y mucho menos admitir que proceda a dictar la sentencia que ha de resolver la litis planteada, ignorando lo que realmente ha ocurrido en el expediente.
Al no decidir de manera expresa, positiva y precisa sobre el derecho de retasa ejercido oportunamente por mi patrocinada, la sentencia incurrió en incongruencia negativa, infringiendo con ello el referido numeral 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 12 ejusdem que obliga al Juez a atenerse en su decisión a lo alegado y probado en autos. En consecuencia, tal omisión hace nula la sentencia impugnada, según lo establece el artículo 244 del mismo Código....
De la denuncia supra transcrita, se evidencia que el formalizante endilga a la recurrida el vicio de incongruencia negativa, sobre la base de una aducida falta de pronunciamiento por parte del juzgador con competencia funcional jerárquica vertical, en lo que respecta a la procedencia o no de la retasa solicitada por el intimado como defensa subsidiaria.
Al resolver la denuncia precedente,
Tal como se señaló en esa oportunidad, el sub iudice, se encuentra en la etapa o fase declarativa, pues al haber sido cuestionado de manera subsidiaria por el intimado el derecho al cobro de los honorarios profesionales reclamados por el intimante, el juez en modo alguno podía pronunciarse sobre la retasa invocada por el intimado, pues ello corresponde tramitarlo y dilucidarlo en la fase siguiente del procedimiento.
En consecuencia, se declara improcedente la denuncia formulada, por consiguiente no existe la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así queda establecido.
III
Con base en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por cuanto, según su dicho, el ad quem incurrió en el vicio de inmotivación.
Argumenta el formalizante:
...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció infracción de los artículos 12 y 243 ordinal del Código de Procedimiento Civil, porque el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación.
Establece el artículo 453 (Sic) del Código de Procedimiento Civil, ordinal 3° (Sic) , que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
En la sentencia recurrida no existe ninguna exposición de los motivos de hechos, ni de los motivos de derecho, que llevaron al Juez a dejar sin efecto jurídico-procesal el derecho de retasa que oportunamente hizo valer en el proceso la intimada al pago de los honorarios reclamados.
En particular, no se explanan las razones de derechos en las cuales se funda el Sentenciador para imponer a mi representada la carga de la alegación de esa misma defensa nuevamente, dentro del mismo proceso; en las cuales se basa para desatender la instrucción legal de mantener a las partes sin preferencias ni desigualdades para desconocerle a la demandadas los derechos y facultades privativas que le acuerda
Esta omisión en la sentencia determinada la infracción del referido numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la omisión de tal requisito sustancia, hace nula la sentencia recurrida, según lo establece el artículo 244 del mismo Código....
De acuerdo con lo expresado por el formalizante, la recurrida adolece del vicio de inmotivación, por cuanto el ad quem deja sin efecto ...jurídico-procesal... el derecho de retasa al cual se acogió el intimado.
Asimismo, agrega que el juzgador de segundo grado de conocimiento se abstiene de explicar los motivos de hecho y de derecho sobre los cuales se fundamenta para dejar a salvo el derecho de la intimada a acogerse a la retasa, para lo cual insiste en que antes del fallo la intimada ya había ejercido ese derecho.
Para resolver lo atinente a la predicha inmotivación, considera oportuno
...Toca ahora a esta Alzada resolver el asunto relacionado con el derecho a cobrar honorarios por parte del Dr. Jorge Pabón y a tales efectos se observa; (sic)
La intimada ha arguido (sic) que
No comparte en absoluto esta Alzada, por errónea la precedente interpretación, pues incluso el abogado puede, sin ningún tipo de explicación o razonamiento, estimar sus honorarios en el expediente, al margen de cada una de sus actuaciones y no procede entonces la impugnación formulada en los términos y por los conceptos antes señalados. Así se declara.
(...Omissis...)
Y así mismo comparto el criterio de los dos Jueces que han decidido en esta controversia, en el sentido de que el abogado intimante Jorge Pabón si tiene derecho de cobrar sus honorarios profesionales, porque efectivamente realizó las actividades encomendadas, sobre las que pretende el cobro de sus honorarios profesionales, como antes quedó dicho. Así se declara.
Por todas las consideraciones anteriores, se declarara procedente la estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por el Abogado Jorge Pabón, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de
Del texto trasladado se constata que, contrario a lo denunciado por el recurrente, el juez del segundo grado del conocimiento declara el derecho del intimante al cobro de los honorarios profesionales reclamados y, dejó a salvo el derecho de retasa ejercido por el intimado en la oportunidad de contestar la demanda, sobre la base de las actuaciones que, según constató, fueron realizadas por el profesional del derecho, supra identificado, así como también, por cuanto la intimada en modo alguno negó la relación de carácter profesional que la ligó con el intimante.
De acuerdo con lo anterior, es forzoso concluir que, al permitir la recurrida ejercer el control sobre la legalidad de la misma, ello hace que en modo alguno pueda considerársele inficionada del vicio de inmotivación denunciado por el formalizante.
En segundo lugar, dada la insistencia del recurrente en manifestar que el ad quem omitió pronunciarse sobre la retasa planteada, para
Por tanto, no se trata de que el juez de la recurrida haya dejado sin efecto el derecho de retasa ejercido por la intimada, como manifiesta el formalizante; sino que, por el contrario, al haberse ejercido éste de forma subsidiaria a la negación del derecho pretendido por el intimante, tal como ocurrió en el sub iudice, el trámite que implica el ejercicio de ese derecho debe verificarse en la segunda fase del procedimiento, previa solicitud del intimado.
Sin embargo, ciertamente constata
En consecuencia,
IV
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida es condicional y, por tanto, nula de conformidad con lo previsto en el artículo 244 eiusdem.
Alega que:
...Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció la irregularidad de contener el fallo recurrido una decisión incondicional, lo cual lo hace nulo, según el dispositivo técnico del artículo 244 ejusdem.
En su parte dispositiva, la sentencia de
Dejo así formalizado el recurso de casación oportunamente anunciado y, con miras a lograr para mi representada la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses, menoscabado sin justificación en el fallo impugnado....
El formalizante delata la nulidad de la recurrida, en razón a que, según su decir, el fallo resulta condicional, pues la autoridad de cosa juzgada que ella pronuncia deviene sujeta a un hecho futuro e incierto, cual es, la conducta del intimado, específicamente si se acoge o no al derecho de retasa.
En cuanto a la configuración del vicio denunciado,
...El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, establece que una sentencia será nula cuando la misma sea condicional. A este respecto, el autor Leopoldo Márquez Añez, en su obra Motivos y Efectos del Recurso de Forma en
El Juez no es libre ni tiene la autonomía de voluntad para someter la eficacia de su pronunciamiento, a la realización de acontecimientos futuros e inciertos, ya que a ello se opone la propia índole de la función que ejerce, y principios capitales de su actividad, como lo son el principio dispositivo, y el que le impone emitir en la causa un pronunciamiento dirimente del conflicto de interés que se le somete....
Del párrafo transcrito se deduce que una sentencia es condicional cuando se supedita la ejecutabilidad a una condición suspensiva.
En ese sentido
...Si el Juez de alzada hubiera pospuesto su decisión para el momento en que la obligación reclamada fuera exigible, hubiera producido una sentencia condicional y por lo tanto nula, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por contravenir lo establecido en el precitado ordinal 5º del articulo 243 eiusdem. Sobre este punto el Doctor Arístides Rengel Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II Teoría General del Proceso, página 321, señala:
Cuando la sentencia no contiene una decisión pura y simple sino que lo decidido queda sometido a la realización de un acontecimiento futuro e incierto, la sentencia es condicional y, por tanto, nula.
El vicio de la sentencia por ser condicional, se justifica, porque implica falta de una decisión positiva, esto es, que resuelva sobre el mérito de la controversia y declare con lugar o sin lugar la pretensión, pues la decisión condicional somete a un acontecimiento futuro o incierto la perfección del derecho declarado en el fallo, de tal modo que las partes no alcanzan con el pronunciamiento judicial la certeza o definición de los derechos controvertidos....
De acuerdo con el criterio jurisprudencial supra citado y con lo denunciado por el formalizante,
Esto último dicho, mal podría considerarse como un factor condicional de la recurrida, toda vez que ello constituye la segunda fase propia- de ese tipo de procedimiento.
En consecuencia,
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de
Se condena al recurrente, al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al tribunal de la causa, Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en
Presidente de
__________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta,
_______________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
___________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
_________________________________
LUIS ANTONIO ORTíZ HERNÁNDEZ
Secretario,
______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2004-000467
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