Venley

Sentencia N.º RC.00285

Sentencia
N.º RC.00285
Fecha
18/04/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
04-510
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

2004-000510

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

PONENCIA DEL MAGISTRADO: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales, seguido ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por el abogado Jorge PABÓN, representado judicialmente por los abogados José Luis Pabón, Nelson Chávez Padrón y Rosa Arelis Hurtado de Pol, contra la sociedad mercantil ALMACENADORA CARACAS C.A., representada judicialmente por el abogado Alberto Viloria Rendón; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con igual competencia y sede, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 3 de noviembre de 2003, en la cual declaró con lugar el derecho al cobro de honorarios profesionales y condenó a la intimada a pagar la cantidad de cuarenta y cuatro millones de bolívares (Bs. 44.000.000,00), dejando a salvo su derecho de acogerse a la retasa. De esta manera, confirmó el fallo del a quo de fecha 9 de junio de 2000.

 

Contra este fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la demandada, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades legales, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

PUNTO PREVIO

 

 

En fecha 27 de julio de 2004, fue presentada ante la Secretaría de esta Sala, por el abogado Alberto Viloria Rendón, apoderado judicial de la sociedad mercantil Almacenadora Caracas C.A., diligencia en la que entre otras cosas expuso: “...como consecuencia del convenio celebrado por las partes, carece de objeto el Recurso de Casación interpuesto por mi representada, del cual conoce esta Sala...” y, consignó la transacción celebrada por las partes para poner término al presente juicio.

La referida  transacción que consta en documento protocolizado ante la Notaría Pública Cuadragésimo Primero del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 12 de julio de 2004, bajo el N° 20, Tomo 32, que corre a los folios 207, 208 Vto. y 209 del expediente, es del siguiente tenor:

 

“...ALMACENADORA CARACAS C.A. (...), representada en este acto por su presidente, FRANCISCO J. ESPINOZA PRIETO, (...), suficientemente autorizado para este acto por los Estatutos Sociales de la Empresa, por una parte; y por la otra, el Abogado JORGE PABÓN, (...), han convenido celebrar el acuerdo siguiente: PRIMERO: El Abogado JORGE PABÓN tiene intentados tres (3) juicios por cobro de Honorarios Profesionales de abogado contra ALMACENADORA CARACAS C.A., de los cuales dos cursan ante el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas, distinguidos con los Nos. 7667 y 7668, en los cuales fueron dictadas sendas sentencias que reconocen el derecho al Abogado accionante a cobrar Honorarios Profesionales, actualmente recurridas en casación en expedientes distinguidos con los Nos. 2004-510 y 2004-457 respectivamente en la nomenclatura de dicha Sala; y el otro por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, distinguido con el No. 200-18, el cual se encuentra en etapa de sentencia definitiva. SEGUNDO: Con la finalidad de poner fin a todos y cada uno de los mencionados procesos judiciales, ambas partes se han procurado una transacción mediante la cual la empresa demandada, para cancelar la totalidad de los conceptos que a la fecha pueda adeudarle al Abogado demandante en razón de los conceptos demandados y sus derivados, cualesquiera que ellos sean, pagará a éste cantidad de SESENTA MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 60.000.000,00), de la siguiente manera: ...omissis...

TERCERO: En virtud del efecto novativo que se produce con el otorgamiento de la presente transacción, el abogado JORGE PABÓN declara de manera expresa, que desiste de las acciones y procedimientos interpuestos contra ALMACENADORA CARACAS C.A., identificados en el punto Primero de este acuerdo; y por su parte ALMACENADORA CARACAS C.A., declara que acepta tales desistimientos, e igualmente que desiste de los Recursos de Casación formalizados por ella. CUARTO: Ambas partes declarar que por virtud del presente acuerdo, nada tienen que reclamarse con motivo de los juicios intentados o con ellos relacionados, ni por ningún otro concepto distinto a lo expresamente convenido por las partes en este acuerdo, lo cual incluye, naturalmente, las costas procesales. ...omissis...

SEXTO: Ambas partes solicitan de cada uno de los Tribunales anteriormente mencionados, le impartan su homologación al presente contrato de transacción y den a la misma el carácter de cosa juzgada...”.   

 

En la actuación que se analiza, se evidencia que para tal transacción las partes concurrieron personalmente, el demandante abogado Jorge Pabón y, Francisco Espinoza Prieto como Presidente y representante legal de la sociedad mercantil ALMACENADORA CARACAS C.A., designado según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 5 de junio de 2003, inscrita en el registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo el N° 29, tomo 71-A Sdo., consignada en el expediente a los folios 225 al 230 del presente expediente, en los términos siguientes: “...de acuerdo a la Resolución de la Junta Directiva N°s 1038 y 1051, celebradas en fechas 9-01-03 y 10-04-03 se tuvo a bien designar como presidente al Dr. FRANCISCO ESPINOZA PRIETO,...”.

 

Al respecto, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, señala:

“...Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil...”.

 

En ese orden de ideas el 1.714 del Código Civil, expresa:

 

“...Para transigir se necesita tener capacidad para  disponer de las cosas comprendidas en la transacción...”. (Negrillas de la Sala).

 

 

Igualmente, es necesario determinar si quienes actúan en nombre y representación de los que tienen legitimación ad causam, por ser titulares del derecho o interés jurídico controvertido, tienen a su vez facultades de disposición para poner fin a la controversia conforme a lo exigido por el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil que textualmente expresa:

 

“...El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa...”. (subrayado de la Sala).

Ahora bien, del análisis del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa recurrente, cuya copia riela a los folios 27 al 31 de los que conforman el presente expediente, debidamente protocolizada ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 2 de mayo de 1975, bajo el Nº 32, Tomo 16-A-SGDO., se constata que, si bien las potestades del presidente de la compañía son amplias y representativas, hasta para suscribir cualquier clase de contratos, entre sus facultades no se encuentra la especifica para transigir como lo exige la norma anteriormente transcrita, es decir, no se encuentra facultado para suscribir tal acto de composición procesal.

 

En consecuencia, esta Sala, al no constatar en las actas del expediente la facultad y legitimidad del representante legal de la empresa demandada para suscribir el acto de auto composición procesal de transacción referido, en el dispositivo de la presente decisión se declarará improcedente la misma, en razón de lo cual pasará a conocer del recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado. Así se establece.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

I

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 15 y 22 eiusdem, 25 de la Ley de Abogados, por menoscabo del derecho a la defensa.

 

Por vía de fundamentación, expone:

“...En la sentencia recurrida el Tribunal, luego de pronunciarse en el sentido que el Abogado Jorge Pabón sí tenía derecho a cobrar sus honorarios, derecho que la intimada había cuestionado, debió ordenar en el mismo fallo la constitución del Tribunal colegiado para que conociera de la solicitud de retasa que mi representada había propuesto oportunamente como defensa subsidiaria. No se procedió así y el tribunal pasó acto seguido a condenar a Almacenadora Caracas C.A. para que pague al Abogado Jorge Pabón la cantidad de cuarenta y cuatro millones de bolívares (Bs. 44.000.000,00), y agrega “...dejando a salvo el derecho de la intimada de acogerse a la retasa de los mismos que le acuerda la ley”. Al actuar de tal manera, el tribunal subvirtió el debido proceso legal, que es de orden público. En efecto dictó un pronunciamiento que resulta extemporáneo, con evidente abuso de poder pues para emitirlo no tenía ninguna competencia legal; impidió a mi representada ser juzgada por su juez natural, que era el tribunal colegiado de retasa; dejó a mi patrocinada en estado de indefensión porque, aunque erradamente le reconoce el derecho de acogerse a la retasa, -derecho este que mi representada ya había ejercido en su oportunidad y que se había extinguido por el efecto preclusivo de los actos procesales-, no señaló el lapso útil para su ejercicio, lo cual ameritaba la indicación expresa del momento a partir del cual comenzaría a correr y su término preciso de duración, incumpliendo así su deber de mantener a la parte intimada en sus derechos privativos según se los acuerda la ley. Tales errores in procedendo implican quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso que menoscaban el derecho de defensa de mi poderdante, los cuales esta Sala no puede dejar de sancionar como corresponde...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que la sentencia recurrida incurrió quebrantamiento de formas sustanciales en el proceso que menoscaban el derecho de defensa de su representada, porque el juzgador superior, si bien, le reconoce el derecho de acogerse a la retasa, no ordenó la constitución del tribunal colegiado para que conociera de la solicitud de retasa.

 

El artículo 25 de la Ley de Abogados, prevé lo siguiente:

“...La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago, de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime, asociado con dos abogados, y a falta de éstos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en jurisdicción del Tribunal, nombrados uno por cada parte.

La intimación puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado en el juicio.

Si no fuere localizado el obligado ni existiere apoderado, la intimación podrá hacerse por medio de carteles, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil...”.

 

 

 

La Sala en cuanto al trámite a seguir en la segunda fase del juicio de estimación de honorarios profesionales, en sentencia N° RC-00959, de fecha 27 de agosto de 2004, en el juicio Hella Martínez Franco y otro contra Banco Industrial de Venezuela, C.A., en el expediente N° 01-329, estableció lo siguiente:

 

“...En todo caso, el trámite en segunda instancia y en lo sucesivo se corresponde con el del procedimiento ordinario ante la falta de regulación expresa en la Ley al respecto y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del mismo Código.

 

De  acuerdo  al  artículo  22  del  Reglamento  de  la  Ley de Abogados, una vez que concluye la primera fase del procedimiento, la declarativa, se dará inicio a la segunda fase del procedimiento, esto es, la estimativa. En esta fase es que el abogado estimará sus honorarios profesionales, siempre y cuando, obviamente, hubiere obtenido el reconocimiento judicial del derecho a percibir honorarios profesionales por cada una de las actuaciones que ha de estimar, pues en definitiva cada una constituye título suficiente e independiente generador de derecho.

 

En lo sucesivo el trámite seguirá, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 al 29 de la Ley de Abogados y, conforme al artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, por las normas de este Código en todo lo que no constituya especialidad así como respecto a la ejecución. Esto es, hecha la estimación de las actuaciones por el abogado, el Tribunal intimará en la forma ordinaria al deudor para que dentro de los diez días siguientes se acoja al derecho de retasa. De no hacer uso de ese derecho el intimado, los honorarios estimados quedarán firmes y de hacerlo se procederá en la forma prevista en la Ley para la designación de los jueces retasadores y posterior pronunciamiento de la correspondiente decisión...”. (Negrillas de la Sala).

 

 

 

 

Ahora bien, el juzgador de la recurrida al declarar el derecho al cobro de los honorarios condenó a la intimada a cancelar la suma de dinero estimados por el intimante, y salvaguardó el derecho de la intimada a la retasa de la suma estimada, pronunciamientos que no pueden considerarse errados, ni debía el sentenciador establecer lapso alguno para que la intimada se acogiera a tal derecho como pretende el recurrente, pues la especialidad de la materia contempla los lapsos subsiguientes a la fase declarativa, así como el artículo 25 de la Ley de Abogados denunciado por el recurrente.

 

En consecuencia, esta Sala concluye que no existe  quebrantamiento de forma procesal alguna contemplada en el artículo 25 de la Ley de Abogados, mucho menos violación o menoscabo del derecho a la defensa y al debido proceso de la intimada, por lo tanto, se declara improcedente la presente denuncia de infracción de los artículos 25 de la Ley de Abogados, 22 y 15 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, al incurrir en el vicio de incongruencia.

 

Por vía de fundamentación, expone:

“...En su reclamación el abogado Pabón solicita se intime a mi representada al pago de la cantidad estimada como monto de sus honorarios profesionales por los trabajos judiciales realizados. En la oportunidad de la contestación de la reclamación formulada en su contra por el abogado Pabón, Almacenadora Caracas C.A. hizo valer, como defensa principal y por las razones que expuso, la negación del derecho del accionante a cobrarle honorarios, y luego, como defensa subsidiaria, se acoge al derecho de retasa que le confiere la ley.

Establece el artículo 453 (sic) del Código de Procedimiento Civil, ordinal 5°, que toda sentencia debe contener “decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”.

En la sentencia recurrida se declaró sin lugar la defensa principal propuesta por la empresa intimada, declarando procedente el derecho del abogado reclamante a cobrar honorarios por los trabajos judiciales que había realizado como apoderado de la intimada; seguidamente, declara con lugar la acción propuesta y, en consecuencia, condena a Almacenadora Caracas C.A. a pagar al abogado intimante la cantidad de cuarenta y cuatro millones de bolívares (Bs. 44.000.000,oo), esto es, la suma estimada por el accionante en su libelo de demanda. En la sentencia recurrida se declara procedente la reclamación formulada por la parte accionante, pero en ella no hay pronunciamiento alguno sobre la existencia, procedencia o improcedencia de la defensa subsidiaria formulada por aquella...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante, que el juzgador de la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al declarar procedente el derecho al cobro de los honorarios intimados y a pagar la suma estimada en el libelo, omitiendo decidir de manera expresa, positiva y precisa sobre el derecho de retasa ejercido oportunamente por la intimada en la oportunidad de la contestación.

 

A efectos de verificar lo denunciado, se estima pertinente transcribir lo alegado por la intimada en la contestación de la demanda, a saber:

 

“...Damos de esta forma por contestada la demanda intentada por el abogado JORGE PABÓN, en contra de la ALMACENADORA CARACAS C.A. y anunciamos e invocamos desde ya nuestro derecho a retasar los honorarios que sean procedentes, para el caso de que la sentencia que su oportunidad se obtenga del máximo tribunal de la República, considere que los argumentos contenidos en la presente contestación son improcedentes...”.

 

 

Al respecto, la sentencia recurrida, señaló:

“...La intimada no ha negado de ninguna manera la relación de carácter profesional que la ligó con su abogado intimante en su condición de apoderado judicial en el juicio que da lugar a la presente estimación e intimación de honorarios profesionales y por ello procede el derecho del intimante al cobro de los mismos. Así se declara.

        (...Omissis...)

Por las razones y consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado José Eduardo Baralt en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad mercantil Almacenadora Caracas C.A. y Con Lugar la acción de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, propuesta por el abogado Jorge Pabón, contra la sociedad mercantil Almacenadora Caracas C.A., y en consecuencia se condena a la intimada a pagar al abogado intimante antes identificado, la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 44.000.000), dejando a salvo el derecho de la intimada de acogerse a la retasa de los mismos que le acuerda la Ley...”. (Resaltado de la Sala).

 

 

De las transcripciones anteriores, se evidencia que el juez superior dicta decisión en la primera etapa (declarativa) del procedimiento de intimación de honorarios profesionales, acordando tal derecho a favor del intimante y, en la misma oportunidad, procede a condenar al intimado al pago del monto reclamado, posición del juzgador que si bien no es la acertada, en criterio de esta Sala, no incurre en el vicio denunciado, por cuanto se reconoció el derecho del abogado a percibir los honorarios y dejó a salvo el derecho de la intimada a acogerse a la retasa, pronunciamiento que le garantiza a la intimada su derecho, el cual ya había manifestado en la oportunidad de la contestación de la demanda.

 

Así la Sala en sentencia N° 465 de fecha 20 de mayo de 2004, juicio Pedro Torres Rodríguez contra Amanda Sánchez de Gómez y otros, expediente N° 03-227, en un caso similar al de autos, estableció lo siguiente:

 

“...En el caso de autos, como ha sido observado, el Tribunal de alzada concluyó su sentencia con un inusual dispositivo para este tipo de fallos, donde se decide la etapa declarativa del procedimiento in comento, pues como ha sido señalado, el Juzgador Superior incluyó en el dispositivo de su sentencia una condenatoria al pago de honorarios profesionales por la suma discriminada en partidas insertas al expediente, previamente analizadas en la parte motiva de esa misma decisión; sin embargo, en criterio de esta Sala, ello no obsta ni constituye motivo que avale la procedencia de la presente denuncia, pues a pesar de tal desacierto, la recurrida claramente estableció el derecho del intimante al cobro de los honorarios reclamados, y dejó a salvo el derecho de retasa de la suma estimada, al cual se acogieron los intimados en la oportunidad de brindar contestación a la demanda.

Con ello, queda claro que el monto condenado a pagar por la recurrida, constituyó simplemente una estimación de los honorarios profesionales intimados, y como tal deberá ser tratado en la segunda etapa del proceso por los jueces retasadores; por ende, mal puede configurarse en tales circunstancias el vicio de ultrapetita delatado en el presente caso, pues al dejarse a salvo el derecho de retasa, se garantizó a los intimados que el monto estimado debería someterse a retasa...”.

 

En aplicación de la jurisprudencia antes transcrita, encuentra la Sala que el ad quem no incurrió el vicio de incongruencia negativa, pues la decisión de alzada solo puede interpretarse como una confirmación del derecho del intimante al cobro de los honorarios profesionales hasta el monto estipulado, salvaguardando igualmente el derecho de retasa de la intimada al cual se acogió en su escrito de contestación a la demanda, motivo por el cual se declara improcedente la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

III

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, al incurrir en el vicio de inmotivación.

 

Por vía de fundamentación, se expone:

“...En la sentencia recurrida no existe ninguna exposición de los motivos de hecho, ni de los motivos de derecho, que llevaron al juez a dejar sin efecto jurídico-procesal el derecho de retasa que oportunamente hizo valer en el proceso la intimada al pago de los honorarios reclamados.

En particular, no se explanan las razones de derecho en las cuales se funda el sentenciador para imponer a mi representada la carga de la alegación de esa misma defensa nuevamente, dentro del mismo proceso; en las cuales se basa para desatender la instrucción legal de mantener a las partes sin preferencias ni desigualdades, para desconocerle a la demandada los derechos y facultades privativas que le acuerda la ley, para ignorar el derecho de la intimada a obtener la tutela judicial efectiva del tribunal para sus derechos e intereses; como tampoco la base legal de su decisión de no proceder a ordenar la constitución inmediata, como corresponde, del tribunal de retasa para lograr, con el debido respeto de las garantías procesales a ambas partes y de la garantía constitucional de una justicia idónea, transparente y expedita, para lograr la liquidez en el crédito previamente reconocido al abogado reclamante. La motivación del fallo tiene como finalidad procesal permitir el control de la legalidad del fallo, el cual se ve impedido si no expresa el sentenciador las razones en las cuales pudo haber fundado su pronunciamiento...”.

 

 

      Para decidir, la Sala observa:

 

      Alega el formalizante que el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación de hecho y de derecho, al no expresar las razones por las cuales deja sin efecto jurídico procesal el derecho de retasa que oportunamente hizo valer en el proceso.

 

      La sentencia recurrida, estableció:

“…Este Superior al igual que en la anterior sentencia casada señala, que debe este Tribunal resolver en primer término acerca de su propia competencia para conocer del presente juicio, y en este sentido se hacen los siguientes señalamientos:

El presente caso está conferido a una Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales formulada por el abogado Jorge Pabón en contra de la Sociedad Mercantil Almacenadota Caracas, C.A., por servicios profesionales prestados en juicio, tal y como se especifica en el presente escrito intimatorio que ha sido señalado anteriormente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, los honorarios pueden ser estimados en cualquier estado y grado de la causa y específicamente en el expediente en donde aparecen reflejadas las actuaciones del abogado, resultando entonces la competencia para conocer derivada de la competencia para dirimir la controversia principal.

En el presente caso no cabe duda a quien aquí juzga que son los Tribunales de la Jurisdicción Bancaria los que resultan competentes para conocer del presente procedimiento, y así se declara.

A mayor abundamiento cabe señalar que el Conflicto de Competencia o de Jurisdicción ha debido ser planteado en el Tribunal de la causa en donde curso el juicio de donde se derivan los honorarios profesionales de cuya Estimación e Intimación se trata, pues es de allí de donde se deriva la competencia para conocer de todos los asuntos derivados del mismo.

Ha sido planteado por el abogado intimante el pedimento de que se acuerde la indexación monetaria respeto de la suma que resulte en definitiva como monto de sus honorarios profesionales, a este respecto este Tribunal esta totalmente de acuerdo con el juez a quo, y en el cual hace suyo en el que considera; que la parte actora introdujo a los autos en fecha 10 de febrero del (sic) 2001, una diligencia en la cual solicita la indexación monetaria de las cantidades intimadas. Se hace necesario resaltar que dicho pedimento fue incorporado a los autos casi cinco meses después de haberse introducido el libelo inicial, siendo este un hecho que debe ser analizado prima facie ya que debe ser determinado por este Tribunal antes de la constitución del Tribunal antes de la constitución del Tribunal de retasa, lo cual pasa  a hacer en los términos que a continuación se expresan. Ha sido criterio reiterado y pacífico de Nuestro Máximo Tribunal, que cuando se trata  de derechos privados y disponibles de las partes y como es el cobro de Honorarios Profesionales, la corrección monetaria no puede ser acordada de oficio y debe ser solicitada con el libelo inicial de la demanda, so pena de incurrir el Juez Sentenciador en un fallo viciado de incongruencia, por acordar algo solicitado de manera extemporánea consecuencia, por no haber sido solicitado el ajuste monetario conjuntamente con el libelo inicial de la considerada como materia social, que es la única que ha calificado nuestro Máximo tribunal como de orden público y puede ser acordada de oficio, por lo que debe entenderse el mismo como no pretendido y ajeno a la acción inicial interpuesta. La corrección monetaria debió ser solicitada por el intimante en su escrito de intimación de honorarios, pues luego de contestada dicha intimación, no le está dado a la parte formular nuevas peticiones. Así de decide.

Toca ahora a esta Alzada resolver el asunto relacionado La sentencia apelada expresa textualmente lo siguiente; “En este orden de ideas, de una revisión exhaustiva de las Actas que conforman el presente expediente, así como  del expediente principal, puede perfectamente evidenciarse que el abogado Jorge Pabón, efectivamente fue apoderado judicial de la intimada Almacenadota Caracas C.A., en el juicio que por Retardo Perjudicial intentara en contra de ella Sociedad Mercantil Sural C.A. Igualmente pudo constatar este Juzgador, que el precitado abogado efectivamente realizó las actividades sobre las que pretende el cobro de honorarios, las cuales corren en las Actas. En consecuencia, de lo anterior debe concluir el tribunal, que el abogado intimante, Jorge Pavón (sic) si tiene derecho a cobrar honorarios a la demandada, en la proporción establecida en la ley, y en relación a las actuaciones efectivamente realizadas en juicio”

La intimada no ha negado de ninguna manera la relación de carácter profesional que la ligó con su abogado intimante en su condición de apoderado judicial en el juicio que da lugar a la presente estimación e intimación de honorarios profesionales y por ello procede el derecho del intimante al cobro de los mismos. Así se declara.

 Y así mismo comparte el criterio de los jueces que han decidido en esta controversia, en el sentido de que el abogado intimante Jorge Pabón si tiene derecho a cobrar sus honorarios profesionales, porque efectivamente realizó las actividades encomendadas, sobre las que pretende el cobro de sus honorarios profesionales, como antes quedó dicho. Así se declara.

  Por todas las consideraciones anteriores, se declaran procedente la  Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales interpuesta por el abogado Jorge Pabón, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara...”.

  con el derecho a cobrar honorarios por parte del Dr. Jorge Pabón y a tales efectos se observa:

  La intimada ha argüido, que la Estimación de  Honorarios Profesionales no esta ajustada a derecho por cuanto nada demostró el intimante en relación al tiempo utilizado ni a los estudios que tuvo que realizar ni al abandono por falta de atención a otros casos o a la exclusividad que tuvo que dedicar.

No comparte en absoluto esta Alzada, por errónea la precedente interpretación, pues incluso el abogado puede, sin ningún tipo de explicación o razonamiento, estimar sus honorarios en el expediente, al margen de cada una de sus actuaciones y no procede entonces la impugnación formulada en los términos y por los conceptos antes señalados. Así se declara.

 

 

De la precedente transcripción se desprende que el juez de alzada declara que el intimante tiene derecho al cobro de de sus honorarios profesionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, dejando a salvo el derecho de retasa ejercido por el intimado en la contestación de la demanda.

 

De lo anterior se evidencia que es posible ejercer el control de legalidad de la sentencia recurrida, lo que hace que la misma no adolezca del vicio de inmotivación denunciado por el formalizante.

 

En consecuencia, y en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, se declara la improcedencia de la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

 

IV

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 244 eiusdem, al contener una decisión condicional.

 

                Por vía de fundamentación, se expone:

 

“...En su parte dispositiva, la sentencia de la Alzada determina, con efectos constitutivos, una cantidad líquida (Bs. 28.000.000,00) (sic) como la suma de dinero que la intimada deberá pagar, en virtud de la sentencia que a ello la condena, al abogado reclamante. Pero resulta que el fallo no se basta a sí mismo, pues la firmeza de la cosa juzgada que ella pronuncia, no obstante su naturaleza de sentencia definitiva, ha quedado sujeta a una condición suspensiva (un hecho futuro e incierto) de naturaleza negativa, pues va a depender de que la empresa intimada, ya condenada al pago de lo sentenciado, no se acoja (nuevamente) a la retasa.

La ley procesal le exige al juzgador una decisión expresa, positiva y precisa sobre el thema decidendum que le ha sido planteado por las partes (que al final, en el caso concreto, se redujo a la determinación del monto exacto de los honorarios que el actor podrá cobrar y que la condenada deberá pagar), y ello no se logra con una sentencia sometida en su efectividad a un hecho futuro e incierto, razón por la cual, siendo consecuente con la posición adoptada en esta materia, el legislador establece de manera expresa en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, que “será nula la sentencia ... condicional”. Es con fundamento en este dispositivo técnico y en el vicio denunciado, que solicitamos de la Sala se case la sentencia recurrida...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

           

Alega el formalizante la infracción por la recurrida del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por ser condicional en el dispositivo, al determinar una cantidad liquida (Bs. 28.000.000,00) como la suma de dinero que la intimada deberá pagar, pero sujeta a una condición suspensiva pues va a depender de que la empresa intimada ya condenada se acoja o no nuevamente a la retasa.

 

El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, establece que una sentencia será nula cuando la misma sea condicional. En ese sentido la Sala, en sentencia Nº 169, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº. 000377, en el juicio de Jalutra Traiding Company, B.V contra Procesadora Agro Industrial Colón S.A., (PAICOSA) y otro, estableció:

“...Si el Juez de alzada hubiera pospuesto su decisión para el momento en que la obligación reclamada fuera exigible, hubiera producido una sentencia condicional y por lo tanto nula, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por contravenir lo establecido en el precitado ordinal 5º del articulo 243 eiusdem. Sobre este punto el Doctor Arístides Rengel Romberg, en su obra ‘Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano’, Tomo II ‘Teoría General del Proceso’, página 321, señala:

“Cuando la sentencia no contiene una decisión pura y simple sino que lo decidido queda sometido a la realización de un acontecimiento futuro e incierto, la sentencia es condicional y, por tanto, nula.

El vicio de la sentencia por ser condicional, se justifica, porque implica falta de una decisión positiva, esto es, que resuelva sobre el mérito de la controversia y declare con lugar o sin lugar la pretensión, pues la decisión condicional somete a un acontecimiento futuro o incierto la perfección del derecho declarado en el fallo, de tal modo que las partes no alcanzan con el pronunciamiento judicial la certeza o definición de los derechos controvertidos...”.

 

 

De la jurisprudencia precedentemente transcrita, se desprende que por decisión condicional debe entenderse aquella en la que para declarar con lugar o sin lugar la pretensión se somete a la realización de un acontecimiento futuro e incierto para la perfección del derecho que debe ser declarado en el fallo.

 

Ahora bien, respecto a lo denunciado, la sentencia recurrida en su dispositivo, estableció lo siguiente:

“...Por las razones y consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado José Eduardo Baralt en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad mercantil Almacenadora Caracas C.A. y Con Lugar la acción de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, propuesta por el abogado Jorge Pabón, contra la sociedad mercantil Almacenadora Caracas C.A., y en consecuencia se condena a la intimada a pagar al abogado intimante antes identificado, la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 44.000.000), dejando a salvo el derecho de la intimada de acogerse a la retasa de los mismos que le acuerda la Ley...”.(Resaltado de la Sala).

 

 

Del dispositivo de la sentencia recurrida ut supra trascrito, se evidencia que el juzgador superior no condenó a la intimada al pago de la cantidad de Veintiocho Millones de Bolívares (Bs. 28.000.000,00) como lo alega el recurrente en su denuncia, si no en la suma de Cuarenta y Cuatro Millones de Bolívares (Bs. 44.000.000,00) que fue lo estimado por el abogado intimante en su libelo.

 

Asimismo, el sentenciador no incurre en el vicio de condicionalidad, por cuanto dentro de la especialidad de la materia debatida como es la estimación de honorarios profesionales, una vez declarado el derecho al cobro de estos la fase subsiguiente es la retasa de las sumas intimadas, en caso de que el intimado se acoja al derecho de retasa lo cual ocurrió en el caso de autos, pues la parte intimada solicitó el derecho de retasa en la contestación de la demanda, por tanto tal pronunciamiento no debe tomarse como una condición del juez que subordina su ejecución al cumplimiento de una circunstancia o modalidad dependiente de un hecho que deba cumplirse para ejecutar la sentencia que declara el derecho al cobro de honorarios profesionales.

 

En consecuencia, y en virtud de los razonamientos expuestos, la Sala declara improcedente la denuncia por infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) IMPROCEDENTE en derecho la transacción consignada por el representante de la intimada sociedad mercantil ALMACENADORA CARACAS C.A.. 2) SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la intimada antes mencionada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, en fecha 3 de noviembre de 2003.

     

Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas originadas por su interposición.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho  (18) días del mes de abril de dos mil seis.

 

Años: 195º de la Independencia y 147º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta,

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Magistrado-Ponente,

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

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LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp.:  N° AA20-C-2004-000510

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