Sentencia N.º RC.00297
- Sentencia
- N.º RC.00297
- Fecha
- 08/05/2007
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 06-944
- Ponente
- Yris Armenia Peña Espinoza
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de
En el juicio por daño moral, intentado ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Contra la referida decisión de alzada, el demandado anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación y réplica.
Concluida la sustanciación,
CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del derecho que tienen las partes a la tutela judicial efectiva y al libre acceso a los órganos de administración de justicia a fin de materializar el derecho de defensa y el de petición, contenidos en los artículos 49, 26 y 51 de
Por tanto, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia,
Uno de los requisitos formales de la sentencia contenido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, referido al deber que tienen todos los jueces de motivar el fallo, lo que se traduce en la obligación de expresar las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, y que al mismo tiempo exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias fácticas probadas durante la consecución del proceso, es sin duda la base para el control de legalidad de toda decisión.
Con ello se controla la arbitrariedad del jurisdicente, pues éste tiene el deber, como antes se expresó, de justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo, lo que indudablemente hace realizable el derecho de defensa que asiste a las partes, al permitirle conocer la justicia de lo decidido, y, en caso de desacuerdo con la argumentación dada por el juez, hacer uso de la doble instancia, interponiendo los recursos que la ley les otorga a fin de obtener la revisión de la legalidad del fallo.
En este sentido,
En virtud de lo antes expuesto, se estima oportuno ejercer en el presente caso la facultad de casar de oficio el fallo recurrido, puesto que ha comprobado una infracción de orden público no denunciada por el formalizante.
En efecto, el juzgador de alzada, expresó:
Resuelto lo anterior, esta superioridad procede de inmediato a solucionar judicialmente todos los asuntos de fondo que han quedado controvertidos, los cuales se refieren a la pretensión actora de que se les indemnice por concepto del daño moral que arguyeron haber sufrido espiritualmente en su honor, por ser cada uno de ellos miembros del mismo grupo familiar, en virtud de que vieron a su causante sufrir por haber sido penalmente demandado por el accionado quien lo acusó por la comisión del delito de lesiones personales y cuyo procedimiento penal concluyó de manera definitivamente firme y ejecutoriada con una declaratoria de sobreseimiento- y, de la misma manera sufrieron, en virtud de las reiteradas publicaciones hechas por el demandado de dos remitidos denominados No tengo intenciones de suicidarme y Gatopardismo y Droga, así como de un artículo de prensa denominado Humo blanco para la droga en El Hatillo en diarios que aparecen señalados en el escrito libelar, los días 14 y 15 de septiembre de 1997, así como en la primera quincena del mes de febrero de 1998 y el día 17 de febrero de 1998.
Esta pretensión quedó contradicha por el demandado, con base a su argumento de que al haber sido declarada (sic) desistida tácitamente la demanda de difamación agravada y simulación de hecho punible, así como por haber sido declarada sin lugar la acción civil indemnizatoria conjunta que el causante de los actores incoara en su contra, existe de los hechos narrados en el libelo total ausencia de daño, ya que ejerció la acción penal por la comisión del delito de lesiones personales en el ejercicio de su legítimo derecho. En cuanto a la culpa, afirmó que este elemento también se encuentra ausente dada la inmunidad judicial que lo arropa en virtud del desistimiento tácito lo que explica, indicar que por ello tampoco se encuentra presente relación de causalidad alguna que vincule culpa, daño y víctima, por lo que no podría prosperar tal indemnización moral.
Para resolver el mérito de estos asuntos, por mandato legal debe este sentenciador primero efectuar el análisis probatorio de rigor respecto a todas las pruebas que han quedado válidamente aportadas al proceso judicial; esto es, de aquellas que tempestiva y legalmente quedaron promovidas y evacuadas
(
Omissis
)
De acuerdo con el análisis efectuado a las pruebas aportadas por los accionantes, se ha evidenciado el daño moral por ellos sufrido en cuanto a las sendas publicaciones del remitido No tengo intenciones de suicidarme que el demandado efectuó en fecha 14 y 15 de septiembre de 1997 en los señalados diarios de circulación nacional El Universal y El Nacional y no, respecto a las publicaciones que fueron denunciadas hechas en los diarios El Mundo y El Metropolitano. Al respecto publicaciones de El Universal y El Nacional- el demandado no constituyó medio probatorio suficiente alguno que lo libere de la obligación de resarcir el daño moral evidentemente causado a los accionantes, mucho más cuando las sentencias penales por él aportadas a los autos respecto al juicio que por la comisión del delito de difamación agravada y simulación de hechos punibles incoara el causante de los accionantes en su contra, conjuntamente con una acción civil indemnizatoria, y que trajeron como consecuencia la declaratoria de desistimiento tácito, sin lugar la acción civil y el sobreseimiento de la causa pilar fundamental de su defensa- en modo alguno están referidas a las publicaciones del señalado remitido No tengo intenciones de suicidarme que el demandado volvió a publicar en fechas 14 y 15 de septiembre de 1997. Queda, claro, pues, que las señaladas publicaciones son prueba suficiente del daño moral que los accionantes acusaron haber sufrido con ocasión de las mismas, por lo que respecto a este asunto se debe declarar procedente la reclamación indemnizatoria por daño moral y cuya estimación valoratoria hará este sentenciador más adelante en este fallo judicial. Así se establece.
Ahora bien, en cuanto al supuesto daño moral que los demandantes alegaron haber sufrido con ocasión del juicio penal seguido en contra de su causante, dado que éste fue demandado penalmente por el hoy accionado, por la comisión del delito de lesiones personales, ya ha quedado establecido en el presente fallo que el artículo 1.396 del Código Civil dispone que cuando un juez penal declara que la conducta del imputado no constituye delito, tal sentencia penal no debe influir sobre la civil, porque a pesar de haberse declarado la absolución del encausado en este caso del causante de los hoy accionantes- o de no haber culpa desde el punto de vista penal, en materia civil su conducta la del hoy accionado- puede ser considerada culposa en sentido lato, ya que en materia civil el concepto de culpa es más amplio que en materia penal, constituyendo en muchos casos en materia de responsabilidad civil extracontractual devenida por hechos ilícitos, cuyo grado de culpa es muchas veces irrelevante a los fines de que proceda la obligación de resarcimiento.
Este juicio penal, llevado por la comisión de lesiones personales, terminó con sentencia definitivamente firme y ejecutoriada, que declaró terminada la averiguación
por no revestir carácter penal los hechos investigados
y respecto del cual el hoy accionado interpuso recurso de casación que fue declarado sin lugar. Esto significa, que los hechos imputados por el hoy demandado al causante de los demandantes, al quedar declarados no penales o criminosos por la jurisdicción penal pertinente, exoneró de culpa al causante que fue imputado por el demandado y, más aún, declaró la existencia del cuerpo del delito. Entonces, si bien el hoy accionado procedió entonces según afirmó en su contestación, en el ejercicio de sus derechos, quedó claro de las sentencias penales las cuales ya han sido apreciadas y valoradas por este juzgador- que los hechos por él imputados al causante de los accionantes no fueron demostrados y, por lo tanto se presentaron inexistentes.
En materia civil, evidentemente tales imputaciones graves en su naturaleza- resultan suficientes para demostrar el daño moral que, ciertamente, tanto el causado de los demandados así como éstos, debieron haber sufrido. Así las cosas, estos hechos quedan perfectamente subsumidos en los supuestos contemplados en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil
(
Omissis
)
Ciertamente el demandado actuó al interponer su demanda penal de lesiones personales, en el ejercicio de su derecho. Pero, las resultas finales de tal ejercicio resultaron suficientes para evidenciar que tal ejercicio se hizo de manera excedida a los límites de la buena fe, lo que constituye el acto ilícito y ello resulta suficiente para que en el fallo judicial se establezca que el proceder del demandado rayó en evidente mala fe. Y, como también ha quedado establecido en esta decisión judicial, el procedimiento penal así incoado ciertamente produjo dolor moral daño- tanto al causante de los accionados como a éstos últimos, dado que ellos fueron testigos directos del referido sufrimiento y, por ser parientes directos y cónyuge una de las accionantes, evidentemente afectados en su integridad moral, honor y reputación.
Demostrado como ha quedado en los autos el daño moral sufrido con ocasión de la conducta procesal penal excedida de los límites de la buena fe que no logró demostrar incluso el cuerpo del delito y la culpabilidad por él imputada- así como tampoco quedó demostrado en autos alguna eximente de responsabilidad o alguna causa no imputable por parte del demandado, resulta entonces suficiente para que esta superioridad también declare la procedencia de la pretensión indemnizatoria moral derivada del juicio penal que el demandado instauró en contra del causante de los accionantes por la comisión del delito de lesiones personales.
Facultado como se encuentra este sentenciador por lo dispuesto en el artículo 1.196 del Código Civil, y habiendo sido pretendida la indemnización resarcitoria moral a la parte actora por la cantidad de Bs. 3.000.000.000,00. Siendo que en este fallo han quedado lógicamente establecidos y calificados los hechos alegados por la parte actora, cuyo daño moral reviste enorme importancia, siendo directamente causante y culpable del mismo la parte demandada, que lesionaron directamente el honor, reputación y buen nombre de los accionantes, que producen un notorio desgaste y afectación de índole moral y psíquico en cualquier persona que se vea sometido a tales actos ilícitos, es por lo que esta superioridad de manera legal, justa, equitativa establece que el resarcimiento de tales daños morales causados a los accionantes, debe ser por la misma cantidad que al respecto fijó el sentenciador de primera instancia; esto es, la suma de Bs. 600.000.000,00. Y así se declara.
De la transcripción parcial de la recurrida, se observa que el ad quem, conoció respecto a la pretensión indemnizatoria por daño moral, ejercida por los demandantes con ocasión a las publicaciones de prensa del artículo No tengo intenciones de suicidarme que el demandado efectuó en fecha 14 y 15 de septiembre de 1.997, en los diarios El Universal y El Nacional, y la acción penal interpuesta por el accionado en contra del causante de los hoy accionantes, por la comisión del delito de lesiones personales.
En cuanto a la pretensión de indemnización por concepto de daño moral, derivada de las publicaciones de prensa, el juzgador de alzada en base al análisis de las pruebas que fueron aportadas al proceso, señaló que el demandado no consignó medio probatorio que lo liberara de la obligación de resarcir el daño ocasionado a los demandantes, en razón, que las defensas por él esgrimidas, no se corresponden con las referidas publicaciones de fecha 14 y 15 de septiembre de 1.997, con lo cual, evidenció que las mismas, son prueba fehaciente del daño moral sufrido por los demandantes, declarando procedente la reclamación indemnizatoria.
Luego de este pronunciamiento, la recurrida precisó, en cuanto, al alegato de daño moral derivado del juicio penal por lesiones personales interpuesto por el demandado contra el causante de los hoy demandantes, que el accionado si bien interpuso dicho juicio, en el ejercicio de sus derechos, tal acción, la efectuó excediendo los límites de la buena fe, lo cual, constituye el acto ilícito, resultando suficiente para evidenciar que el demandado actuó de mala fe, en razón, que a través de dicho juicio no se logró demostrar la culpabilidad imputada al causante, lo cual, a criterio del juzgador resulta suficiente para declarar procedente la petición indemnizatoria por daño moral derivada del juicio penal.
Ahora bien, esta Sala, en decisión N° 495 de fecha 20 de diciembre de 2002, en el juicio seguido por Rafael Felice Castillo, contra
...
Este Supremo Tribunal ha establecido que los jueces cuando condenan al pago de un daño moral, más aún si es de magnitud, están en la ineludible obligación de expresar las razones que tuvieron para fijar el monto de la indemnización acordada. En sentencia del 12 de febrero de 1974,
Al decidirse una cuestión de daños morales, el sentenciador necesariamente ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, huma-namente aceptable.
En el caso en examen, el sentenciador de la recurrida dio por probado el daño moral con las demostraciones que hizo el actor de haber presentado al Banco de Fomento Regional Los Andes, C.A., donde mantenía un depósito en cuenta corriente, un cheque por la cantidad de Bs. 400,oo el cual no obstante tener en su haber fondos disponibles, le fue rechazado. Ello trajo como consecuencia, que el actor resultare perjudicado en su buen nombre y reputación con el agravante de que fue sometido a varios días en prisión, afectándose de ese modo, sus actividades profesionales y comerciales. Tales circunstancias a juicio del sentenciador infringieron (sic) un daño moral al actor que el sentenciador de la recurrida estimó en la cantidad de Bs. 800.000,oo.
La condena a reparar un daño de tal magnitud obligaba a exponer una relación sustanciada de los hechos para justificarla, como de los alcances y de los pormenores y circunstancias que determinaron en el ánimo del Juez establecer el montante de la indemnización en la cantidad de Bs. 800.000,oo. En sus comentarios sobre el daño moral Planiol y Ripert, Tomo XIII, pág. 281, señalan el fallo debe expresar cuáles son las razones de hecho en que se fundamenta para dejar establecido el daño y el alcance de la responsabilidad del dañante; debe dejar establecido con precisión los hechos en que se funda para poner en evidencia los extremos fundamentales de la condenación. La sentencia que no contenga estos extremos, será nula, por falta de motivación. En ese aspecto es de observar, que en los últimos cincuenta años nuestra casación ha ido ampliando su censura y el conocimiento de los hechos a través de las motivaciones de las sentencias y es constante su jurisprudencia al rechazar las calificaciones impropias aplicando el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. (G.F.N° 83, 2ª etapa, pág. 321).
...La sentencia que no contenga estos extremos es nula por falta de motivación, tal como ha acontecido en el caso de autos, en que la alzada condena al pago en Bs. 800.000,oo sin que exista la fundamentación específica que la doctrina y la jurisprudencia exigen en este tipo de condena. (Sentencia de
De conformidad con el criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, esta Sala, observa que lo expresado por el juzgador de alzada en su fallo no se corresponde con la motivación exigida por este Alto Tribunal, en razón, que el ad quem para declarar la procedencia de la pretensión indemnizatoria moral, emanada de las publicaciones de prensa de fecha 14 y 15 de septiembre de 1.997, se limito a señalar:
que las señaladas publicaciones son prueba suficiente del daño moral que los accionantes acusaron haber sufrido con ocasión de las mismas, por lo que respecto a este asunto se debe declarar procedente la reclamación indemnizatoria por daño moral y cuya estimación valoratoria hará este sentenciador
, asimismo, determinó con respecto a la acción penal por la comisión de delito de lesiones personales:
el demandado actuó al interponer su demanda penal de lesiones personales, en el ejercicio de su derecho. Pero, las resultas finales de tal ejercicio resultaron suficientes para evidenciar que tal ejercicio se hizo de manera excedida a los límites de la buena fe, suficiente para que en el fallo judicial se establezca que el proceder del demandado rayó en evidente mala fe
.
Por tanto, de las anteriores consideraciones, esta Sala, evidencia que el juzgador de alzada al declarar procedente la indemnización de daño moral, derivada de las publicaciones de prensa y de la acción penal por la comisión del delito de lesiones personales, no analizó el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño, y la llamada escala de los sufrimientos morales, es decir, no expresó los argumentos y razones, sobre la importancia del daño moral ocasionado, ni determinó la relación de causalidad y la gravedad de la culpa.
Por ello, estima
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Por la índole de la decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de
Presidenta de
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
Exp: Nº. AA20-C-2006-000944
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