Venley

Sentencia N.º RC.00299

Sentencia
N.º RC.00299
Fecha
31/05/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
04-883
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. 2004-000883

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortiz Hernández

 

En la solicitud de quiebra, intentada por los ciudadanos Armando Ladislao Martínez Machado, Celestino Martínez Pérez, Corina Margarita Stone de Martínez, la SOCIEDAD MERCANTIL CONSTRUCTORA ANACO C.A, patrocinadas por el abogado en el ejercicio de su Profesión Pablo Paredes Bravo, y la SOCIEDAD MERCANTIL RECUPERADORA 333 C.A., en su carácter de tercero adhesivo, patrocinada judicialmente por el abogado en el ejercicio de su profesión Boris Noguera Griego contra la SOCIEDAD MERCANTIL CANAL POINT RESORT C.A., representadas judicialmente por las abogadas en ejercicio de sus funciones Sunlight Díaz Barrios y Rosa Federico del Negro, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 9 de septiembre de 2004, profirió decisión mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Pablo Paredes Bravo, apoderado judicial de la parte solicitante, contra la decisión dictada por el Juzgado a quo, en fecha 24 de febrero de 2003, la cual declaró A) La nulidad del auto de fecha 30 de enero de 2003, en la que se extienden los efectos de la ocupación judicial decretada; B) La nulidad del auto de fecha 06 de febrero de 2003, que se refiere al exhorto que hizo el Juzgado Primero de Primera Instancia de esta misma Circunscripción judicial, de prohibir que las empresas demandadas, dilapidaran sus bienes en perjuicio de sus acreedores; C) La nulidad del auto de admisión de fecha 20 de febrero de 2002, referida a la admisión de los terceros en la presente causa; y D) Repone la causa al estado de que “citada la demandada proceda a la contestación a la demanda incoada en su contra…”.

Contra esa decisión de alzada, la parte actora solicitante y el tercero adhesivo anunciaron recurso de casación, los cuales fueron oportunamente formalizados. Hubo impugnación, replica y contrarréplica en cuanto a la formalización de la parte actora.

Concluida la sustanciación en fecha 16 de marzo del presente año, pasa la Sala a dictar la correspondiente decisión, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que a continuación se expresan:

Del estudio detenido, sobre las denuncias presentadas en los sendos escritos de formalización, esta Sala considera necesario, con fundamento al principio de economía procesal y por razones metodológicas, invertir el orden de presentación de los escritos, pasando a decidir directamente el presentado por el tercero adhesivo.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 y 317 numeral 2° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 15, 17, 170, 140, 206, 209, 212, 213, 370 numeral 3°, 379, 380, 341, 252, 585, 588 parágrafo 1°, 602, 603, 604, 607, 370 numeral 1° infine, 93, 103, 147 ejusdem, conjuntamente con los artículos 931, 932, 933, 936 y 938 del Código de Comercio por cuanto la recurrida incurrió en quebrantamientos de formas procesales.

 

 El formalizante en su denuncia, entre otros argumentos, plantea:

“El juez de la recurrida violentó el equilibrio procesal de las partes y colocó en estado de indefensión a mi representada cuando confirmó el fallo apelado y ratificó la nulidad del auto de fecha 20 de febrero de 2002, a través del cual en su oportunidad la ex jueza de la causa admitió la intervención adhesiva de mi representada a favor de la pretensión de los actores principales”

(omissis)

“La armonización de los principios constitucionales establecidos en los artículos 26 y 257 de nuestra carta magna conlleva a reiterar que la declaratoria de nulidad de los actos del proceso tienen carácter excepcional y restringido. En este sentido dispone el articulo 206 del Código de Procedimiento Civil que los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, y que solo declararan la nulidad de los actos en aquellos casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en ellos alguna formalidad esencial a su validez, no debiendo declarar dicha nulidad cuando el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado

(omissis)

A la luz de las señaladas consideraciones debe afirmarse que la intervención adhesiva de mi representada a favor de los intereses de la parte actora principal mediante diligencia de fecha 1-2-02 inserta al folio 186 de la pieza 6-6 de este expediente, acompañada de un escrito complementario en el que se identificó a todas las personas y empresas codemandadas con sus cédulas de identidad, números de expediente en el Registro de Comercio, Registro de Información Fiscal (RIF), y Números de Identificación Tributaria (NIT), a través numerosos (sic) medios probatorios incluida la prueba de informes, promovida ex articulo 433 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar así la coincidencia de administradores y accionistas, dirigidos al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) inexplicablemente omitidos (vid. Folios 192, 193, 198, 199, 208, 222, 235, y 239 de la pieza 6-6), contrariamente a lo alegado por la parte accionada y establecido por la decisión apelada y confirmado por el juez de la recurrida, dio cabal cumplimiento a las formalidades previstas en los artículos 370 numeral 3°, 379 y 380 del Código de Procedimiento Civil para su admisión y tramitación, al haber quedado demostrada su cualidad e interés como acreedora de sumas de dinero de una de las empresas de la sociedad irregular Organización Beckhoff, a saber, Beckhoff Técnica, Proyectos y Construcciones, C.A, en apoyo a la petición de declaratoria de quiebra de dicho grupo societario, de sus empresas vinculadas, accionistas y administradores, ex artículos 139 del Código de Procedimiento Civil y 219 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 931 ejusdem, por lo que tal adhesión facultativa cumplió el fin de la cual estaba dirigida, al margen del error material –no imputable al tercero adhesivo- (sic) cometido en el auto indebidamente anulado de fecha 20 de febrero de 2.002, mediante el cual se admitió la adhesión formulada por mi representada por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, conforme a las citadas disposiciones legales, pero que sin embargo ordenó abrir un cuaderno separado –que por lo demás nunca se abrió- (sic) para tramitar lo que erróneamente se llamo “tercería”.

(omissis)

En consecuencia no le era dable ni al juez de la instancia ni al juez de la recurrida declarar la nulidad del auto de admisión de la intervención facultativa de mi representada, una vez constatados los señalados extremos por el juez que conoció de dicho asunto, a pesar del error en comento, tratándose de un acto decisorio, no sujeto a apelación, reforma, ni revocatoria, conforme a lo establecido en los artículos 380, 341 y 252 del Código de Procedimiento Civil, ni siquiera por causa de la declaratoria con lugar de la recusación ejercida contra la ex jueza de la causa, tal como disponen los artículos 93 y 103 eiusdem, ya que dicho acto cumplió con el fin al que estaba dirigido, que no era otro que permitirle el acceso a la justicia a toda persona que tenga interés jurídico actual en sostener las razones de la parte actora principal, y ayudarla a vencer, sin menoscabo del control de los alegatos y medios de prueba aportados por ella en contra de la parte accionada, quien ha tenido oportunidad de refutarlos ampliamente y no lo ha hecho valida ni eficazmente

(omissis)

Todo lo anteriormente señalado ha traído como consecuencia que mi representada permanezca ilegalmente excluida del proceso y así impedida de ejercer todos los medios de defensa y ataque que le corresponderían como litisconsorte activo y litigante distinta del actor principal, para exigir el pago de las cantidades que se le adeudan, y evitar el ocultamiento de los libros y correspondencias de la parte accionada en quiebra, así como la distracción, enajenación y/o gravamen de los bienes de quienes están llamados por la ley a responder solidariamente de las obligaciones de aquella, conforme lo dispuesto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Civil….”

 

           

            Para decidir, la Sala observa:

 

En la presente denuncia, el recurrente sostuvo que la sentencia impugnada adolece de un quebrantamiento de forma en menoscabo del derecho de defensa, al excluir a su representado como tercero adhesivo coadyuvante del actor, en la solicitud de quiebra, ya que, a su decir, en la misma, el juez de la recurrida violentó el equilibrio procesal de las partes y colocó en estado de indefensión a su representada cuando confirmó el fallo apelado y ratificó la nulidad del auto de fecha 20 de febrero de 2002, a través del cual en su oportunidad, la ex jueza de la causa admitió la intervención adhesiva de su representada a favor de la pretensión de los actores principales.

En este sentido, tenemos que el denominado vicio por quebrantamiento de formas procesales en menoscabo al derecho a la defensa implica la violación de la regla legal que la establece; pero en un recurso por defecto de actividad lo mas importante no es la causa del error -la violación de una regla procesal-, sino su efecto: el menoscabo del derecho de defensa. (Abreu Burelli, Alirio y Mejía Arnal, Luís Aquiles; La Casación Civil, pág. 222).

El artículo 380 de la Ley Adjetiva Civil denunciado como infringido, entre otros, expresa:

“El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal.”

 

            De una revisión que hiciera la Sala a las actas, las cuales corren en copias certificadas, que conforman el presente expediente, específicamente del folio 248 al 249, se desprende el auto mediante el cual fue admitida la tercería en comento, el cual es del tenor siguiente:

“Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas. Caracas 20 de febrero del 2002. 191° y 143° Vista la intervención voluntaria del representante legal de la sociedad mercantil RECUPERADORA 333 C.A. (sic) ciudadano BORIS NOGUERA, en su carácter de auto (sic), tal como se desprende de la diligencia respectiva, de su libelo de demanda así como demás recaudos acompañados a los autos de los cuales se desprende el carácter de tercero, al no ser su petición contraria al orden público, a las buenas costumbres, a alguna disposición expresa de la ley, ni a la pretensión de la parte principal en este proceso, se admite su intervención de conformidad con lo previsto en los artículos 370, 379 numeral 3°, 380, 341, 342 y 510 del Código de Procedimiento Civil en concordancia (sic) con los artículos 932 y 933 del Código de Comercio venezolano, en consecuencia éste tribunal ordena la apertura de un cuaderno separado a los fines de tramitar la presente tercería, así como el de cualquier otro tercero interviniente en este proceso. En consecuencia, y como quiera que el tercero interviniente alega: “…la existencia de una sociedad irregular conocida como “ORGANIZACIÓN BECKHOFF” a través de la cual un grupo de personas naturales y jurídicas supuestamente han obrado o tomado parte en sus negocios, abusando del derecho conferido por la individualidad de su personalidad jurídica en perjuicio del tercero interviniente y el resto de la colectividad con la cual dicha agrupación ha celebrado negocios…” (sic), a quienes solicita le sea declarado estado de quiebra en forma conjunta y solidaria conforme lo dispuesto en los articulos 219 y 932 del Código de Comercio venezolano en concordancia con el articulo 139 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela se ordena compulsar por secretaria tantas copias certificadas del libelo de demanda principal y del escrito libelar complementario presentado por el tercero interviniente, como personas jurídicas y naturales se identifican en ambos escritos, apercibidas de que deberán comparecer a dar contestación a la solicitud de quiebra que en su contra han presentado dichos actores, EN EL QUINTO (5°) DIA DE DESPACHO SIGUIENTE A LA CONSTANCIA EN AUTOS DE LA ULTIMAS CITACION QUE SE HAGA (SIC), dentro de las horas destinadas para Despachar comprendidas entre las 8:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. Líbrense las correspondientes boletas de citación y anéxese a las mismas copias certificadas del libelo de demanda principal y su complemento, del presente auto de admisión y entréguense al Alguacil de este Despacho persona debidamente autorizada de gestionar las citaciones ordenadas. Dichos fotostatos los certificara la Secretaría de este Juzgado en todas y cada una de sus páginas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense las boletas de citación una vez conste en autos los fotostatos requeridos…” (Negrillas del Tribunal).

 

            Con respecto a este particular la sentencia del A quo expresó:

“...Con respecto a la solicitud de nulidad del auto de fecha 20 de febrero de 2002, que admitió la tercería de la causa, este Tribunal, haciendo abstracción de la adecuación a la fundamentación legal de la misma, estima que en dicha admisión se obvió la orden de comparecencia expresa e individualizada, con la correspectiva indicación de la identidad de los sujetos llamados al juicio, lo que vicia dicha actuación, haciéndola acreedora de la nulidad virtual dispuesta en el in fine del primer párrafo del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.-…” (Resaltado de la Sala)

 

            En ese sentido la recurrida estableció:

“…Que la sentencia objeto de apelación declara: A) La nulidad del auto de fecha 30 de enero de 2003, en la que se extienden los efectos de la ocupación judicial decretada; b) declara la nulidad del auto de fecha 06 de febrero de 2003, que se refiere al exhorto que hizo el Juzgado Primero de Primera Instancia de esta misma Circunscripción Judicial, de prohibir que las empresas demandadas, dilapidaran sus bienes en perjuicio de sus acreedores; C) declara la nulidad del auto de admisión de fecha 20 de febrero de 2002, referida a la admisión de los terceros en la presente causa; y D) Repone la causa al estado de que “citada la demandada proceda a la contestación a la demandada incoada en su contra

(omissis)

Por todo lo anteriormente expuesto, estima este Tribunal de alzada que la conducta asumida en esta causa por la juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la sentencia apelada de fecha 24 de febrero de 2003, se encuentra totalmente ajustada a derecho, ya que, como rectora del proceso y una vez que evidenció las graves violaciones del derecho a la defensa y al debido proceso aquí señaladas, estaba obligada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, como lo hizo, a corregir las faltas o vicios que atentaban contra la estabilidad del presente proceso de solicitud de quiebra. En consecuencia, se impone la confirmatoria en todos y cada uno de sus términos del referido auto dictado en fecha 24 de febrero de 2003, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia, antes mencionado; todo lo cual será lo declarado de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se declara…” (Negrillas de la sala)

 

Ahora bien, la causa por la cual el a quo anuló el auto que admitió el tercero adhesivo, estaba cumplida en el mismo, pues expresó que “…haciendo abstracción de la adecuación a la fundamentación legal de la misma, estima que en dicha admisión se obvió la orden de comparecencia expresa e individualizada, con la correspectiva indicación de la identidad de los sujetos llamados al juicio, lo que vicia dicha actuación, haciéndola acreedora de la nulidad virtual dispuesta en el in fine del primer párrafo del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil…”. Y en el auto de fecha 20 de febrero de 2002, se ordenó compulsar por secretaria tantas copias certificadas del libelo de demanda principal y del escrito libelar complementario presentado por el tercero interviniente, como personas jurídicas y naturales se identifican en ambos escritos, y librar las correspondientes boletas de citación anexándole a las mismas copias certificadas del libelo de demanda principal y su complemento, del auto de admisión y ordenó entregárselas al alguacil de ese despacho, persona debidamente autorizada de gestionar las citaciones ordenadas.

Por ello hay el quebrantamiento de la forma procesal, pues de acuerdo al artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, no se requiere sino que el tercero adhesivo tenga que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, en razón de ello y de acuerdo al auto de fecha 20 de febrero de 2002, el tercero cumplió con ese supuesto, además, de que está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal, tal y como también se encuentra establecido en el referido artículo.

         Así tenemos que con respecto al tercero adhesivo, la Sala en sentencia N°319 de fecha 27 de Abril de 2004, en el juicio por daños y perjuicios seguido por la Junta de Propietarios de las Residencias Ávila Park, contra el Grupo Oito Cinco C.A., sostuvo:

“…En relación a la posición jurídica del tercero adhesivo simple o ad adhiuvandum-contraponiéndolo al litisconsorcial-, el tratadista patrio Arístides Rengel Romberg señala que “...no es la de parte en el proceso, ni la de representante de la parte a la cual coadyuva, ni sustituto procesal de ésta, sino la de un auxiliar de la parte que actúa en nombre propio y por su propio derecho...” (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo III, pág. 181).

 

            Por su parte, el autor Hernando Devis Echandía considera que el tercero adhesivo “...no formula ninguna pretensión propia para que en el proceso le sea definida...”, y en base a ese razonamiento sostiene que “...no puede actuar en el proceso en contradicción con la parte coadyuvada, lo que es consecuencia de su condición de parte accesoria o secundaria y de las circunstancias de no introducir una litis propia en el proceso. Significa esto que si coadyuva al demandante no puede desistir de la demanda, ni transigir con el demandado, ni aceptar las excepciones de éste cuando aquél las rechace o guarde silencio acerca de ellas...” (El Tercerista en el Derecho Procesal Civil, Ediciones Fabretón, págs. 518 y 519).

 

            La Sala ha sostenido en torno a la tercería adhesiva, que “...ésta tiene lugar cuando el tercero concurre sosteniendo las razones de una de las partes en litigio; por esa razón, el tercero adhesivo es aquél que interviene por tener un interés personal y actual en la defensa de la pretensión de una de las partes, es decir, su interés procesal lo constituye la existencia de una relación de hecho o de derecho tutelada por el ordenamiento jurídico; sin embargo, dicha intervención es accesoria, y por ello debe adecuarse a la posición asumida por la parte principal, sin que puede actuar en contradicción con la coadyuvada...” (Sentencia N° 357 de 10 de diciembre de 1997, caso: Corporación Degil, C.A., expediente N° 97-240). (resaltado de la Sala)

             Tenemos también que el recurso de casación tiene por objeto el control de la legalidad formal y material del fallo de alzada, el cual, para ser válido debe estar precedido por un proceso regularmente llevado.

           

            En el supuesto de un error que conduce al quebrantamiento de la forma procesal, contenido en primera instancia, corresponde al juez de alzada el control de la legalidad del procedimiento. Si éste observa una irregularidad suficiente para impedir que el acto procesal alcance el fin al cual estaba destinado, por haberse alterado el equilibrio procesal o de alguna manera menoscabado el derecho a la defensa, deberá reponer la causa al estado de que se subsane el error cometido. (Abreu Burelli, Alirio y Mejía Arnal, Luís Aquiles; La Casación Civil, pág. 249).

            De acuerdo a lo antes expuesto, la Sala concluye que el ad quem incurrió en el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual incurrió en menoscabo del de derecho de la defensa infringiendo los artículos 206 y 208 ejusdem, razón suficiente para determinar la procedencia de la presente denuncia. Así se decide.

 

Por haber prosperado el quebrantamiento de una forma procesal prevista en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en menoscabo del derecho de la defensa del tercero adhesivo, la Sala se abstiene de conocer las infracciones planteadas por el formalizante en la presente denuncia de los artículos 15, 17, 170, 140, 206, 209, 212, 213, 370 numeral 3°, 379, 341, 252, 585, 588 parágrafo 1°, 602, 603, 604, 607, 370 numeral 1° infine, 93, 103, 147 ejusdem, conjuntamente con los artículos 931, 932, 933, 936 y 938 del Código de Comercio, ya que los mismos no guardan relación alguna con lo decidido.

D E C I S I Ó N

En consideración a los razonamientos antes expresados, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación propuesto contra la sentencia de fecha 9 de septiembre del año 2004, dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, CASA la sentencia recurrida, y REPONE la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que resulte competente, dicte nueva decisión sin incurrir en la infracción detectada.

            No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

            Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de la causa y particípese al juzgado superior de origen, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo  de  Justicia,  en  Caracas  a  los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146° de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

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YRIS ARMENIA PEÑA DE ANDUEZA.

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

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LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrada,

 

 

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ISBELIA JOSEFINA PÉREZ DE CABALLERO

 

Magistrado,

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Secretario,

 

_________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2004-000883

 

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