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Sentencia N.º RC.00303

Sentencia
N.º RC.00303
Fecha
04/05/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
05-502
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. N° 2005-000502

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio por ejecución de hipoteca seguido ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por la sociedad mercantil BANCO PLAZA, C.A., representada judicialmente por los abogados René Buroz Henríquez, Rita Tamiche Santoyo y Carlos Poleo Cabrera, contra los ciudadanos JOSÉ ANTONIO YOUSSIF JERAIS y ZULAY YABBOUR DE YOUSSIF, representados judicialmente por el abogado Carlos Rene Pereda; el Juzgado Superior Octavo Cuarto en lo Civil y Mercantil Bancario de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 10 de diciembre de 2004, en la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por los demandados. De esta manera, confirmó el fallo del a quo de fecha 13 de marzo de 2002, que declaró sin lugar la oposición ejercida por la parte demandada y “…sin lugar las cuestiones previas números 3°, 6, 7 y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil…”.

 

Contra este fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de los demandados, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades legales, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

    

De conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ejerce la facultad de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que ella encontrare, aunque no se las hubiere denunciado. A tal efecto observa:

 

Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público.

 

En el caso bajo examen la Sala observa que la recurrida adolece del vicio de incongruencia negativa, pues el juzgador superior en su fallo no se pronunció con respecto a la oposición formulada por los demandados en el presente juicio de ejecución de hipoteca, en razón de lo cual no decidió de manera expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

Según lo dispuesto en los artículos 662, 663 y 664 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 657 eiusdem, en los procedimientos de ejecución de hipoteca el juez tiene la obligación de suspender el proceso al haberse ejercido la oposición a la intimación, y por otro lado, resolver la cuestión previa en un lapso de diez días, contados desde el vencimiento de la articulación probatoria, así como de verificar si la oposición satisface los requisitos exigidos, de lo cual dependerá que el trámite continúe de acuerdo con las normas del procedimiento ordinario.

 

Ahora bien, el juzgador superior en la sentencia recurrida decidió lo siguiente:

 

“…En fecha 13 de marzo de 2002, el juzgado a quo dicta sentencia mediante la cual declara: “…SIN LUGAR la oposición ejercida por la parte demandada JOSÉ ANTONIO YOUSSIF JERAIS y ZULAY YABBOUR DE YOUSSIF, en el juicio que por ejecución de hipoteca les sigue el Banco Plaza, C.A., todos antes identificados. Igualmente declara sin lugar las cuestiones previas números; 3°, 6, 7 y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovidas por la parte demandada…”.

 

…omissis…

 

Ahora bien, se evidencia de autos, que en el escrito de oposición de la parte demandada opuso la siguiente cuestión previa: “la contemplada en el ordinal 3° del artículo 346, el reza en su parte infine de la … o por no tener la representación que se atribuya, o porque el poder no este otorgado en forma legal o sea insuficiente (sic), propongo así mismo, la cuestión previa observada en el ordinal 6° del citado articulo 346 ejusdem, la cual reza: “…El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340 de norma adjetiva ya citada o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78 mismo Código de Procedimiento Civil, propongo la defensa procesal contemplada en el ordinal 7mo del artículo 346 ejusdem: “…La existencia de una condición o plazo pendiente, se demanda anticipadamente una ganancia para el banco, que no existe y finalmente propongo la cuestión previa contemplada en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil vigente” (sic).-

 

En este supuesto, considera quien sentencia, que las cuestiones previas opuestas por la parte demandada, específicamente las contenidas en los ordinales 3ro, 6to, 7mo del artículo 346, no tienen apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil: (…), por lo tanto al ser declaradas sin lugar por el Juzgado A-quo, a este sentenciador no le queda otra que decidir que dichas defensa opuestas no pueden ser decididas por este Juzgador por no ser susceptibles de ser revisadas en alzada. En cuanto a la contemplada en el ordinal 11mo (sic) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando solo permite admitirlas por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda, en este punto, la parte demandada solo se limitó a nombrarlo sin hacer fundamentación alguna del mismo, pero le toca a este juzgador dejar establecido lo que ha dicho la jurisprudencia patria con respecto a cuándo procede este ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, resulta necesario destacar que dicho ordinal debe proceder cuando el legislador establezca expresamente la prohibición de tutelar la situación jurídica invocada por la persona que en abstracto coloca la norma como actor o cuando aparezca claramente de la norma, la voluntad del legislador de no permitir el ejercicio de la acción. En efecto, cabe diferenciar entre las demandas que están prohibidas expresamente por la ley o que bien aparezca clara la intención del legislador de prohibirlas, de aquellas demandas cuya admisibilidad esta sujeta al cumplimiento de cierta clase de requisitos, así tenemos que el requisito común para considerar prohibida la acción es precisamente la existencia de una disposición legal que imposibilite su ejercicio. Cuando esto sucede así, la acción, y consecuencialmente la demanda, no podrá ser admitida por el órgano jurisdiccional, en este orden de ideas tenemos que no debe confundirse la existencia de una disposición expresa de la ley que impide el ejercicio de la acción, con otras disposiciones del ordenamiento jurídico que exijan el cumplimiento de requisitos previos para poder admitirse las demandas. En el caso de autos se evidencia que el actor cumplió con todos los requisitos indispensables para la admisión de la demanda, lo que hace improcedente la cuestión previa alegada. Así se decide.

Por las razones y consideraciones que anteceden, este JUZGADO SUPERIOR OCTAVO CUARTO EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: Sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, en fecha 13 de marzo de 2002….”.

 

 

De lo anteriormente trascrito se desprende que el juez de alzada se pronunció respecto de las cuestiones previas alegadas por los demandados desestimándolas las de los ordinales 3ro, 6to y 7mo  por no tener apelación según lo dispuesto en el 357 del Código de Procedimiento Civil e improcedente la del ordinal 11, haciendo caso omiso a la oposición formulada conjuntamente con las cuestiones previas dejando de resolver elementos de hecho que materialmente forman el problema judicial debatido, ya que la apelación ejercida contra la decisión del a quo de fecha 13 de marzo de 2002, declaró sin lugar la oposición y las cuestiones previas.

 

El vicio de incongruencia se produce, cuando el juez no decide de acuerdo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, lo cual configura el thema decidendum de la controversia, circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual sólo pueden resolverse las cuestiones que hayan sido presentadas en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados.

 

 

En consecuencia, como el sentenciador no resolvió en forma expresa, positiva y precisa la oposición a la ejecución de hipoteca que plantearon los demandados, es incuestionable que incurrió en el vicio de incongruencia negativa con infracción de los artículos 243 ordinal 5º y 12 del Código de Procedimiento Civil; y por ello la Sala casará de oficio la recurrida, a fin de que el juez que resulte competente para resolver el mérito de la controversia, emita un pronunciamiento categórico sobre la oposición. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CASA DE OFICIO el recurso de casación, anunciado y formalizado por la representación judicial de los codemandados JOSÉ ANTONIO YOUSSIF JERAIS y ZULAY YABBOUR DE YOUSSIF, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, en fecha 10 de diciembre de 2004. En consecuencia, se casa la sentencia recurrida y se ordena al juez superior que resulte competente dictar nueva decisión, sin incurrir en el quebrantamiento señalado.

 

No hay condenatoria en costas, dada la índole de la presente decisión.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil  del Tribunal Supremo de  Justicia, en   Caracas, a los  cuatro (4) días del mes de  mayo de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

  CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                         

 

Vicepresidenta,

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Magistrado Ponente, 

  

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada,

 

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ISBELIA PÉREZ VÉLÁSQUEZ

                                                                                 

Magistrado,

 

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LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Secretario,

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

RC N° AA20-C-2005-000502

 

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