Venley

Sentencia N.º RC.00306

Sentencia
N.º RC.00306
Fecha
23/05/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
07-904
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

                                                                         Exp. Nro. 2007-000904

 

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

En el juicio que por indemnización de daños y perjuicios sigue la sociedad mercantil REPRESENTACIONES VALERI FASHION F, C.A, representada judicialmente por los abogados Elba Damaris Márquez, Acacio Sabino, Espinoza Licurgo Esteban y Gerónimo Sabino Ríos, contra las sociedades mercantiles ADMINISTRADORA ALEGRÍA, C.A y CENTRO IMPORTADOR ABÁNICO, C.A, representadas judicialmente por las abogadas Sonia Castro Páez, Yajaira Galindo Pérez y Liliana Gutry Iriarte; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 16 de octubre de 2007, mediante la cual declaró: 1° Sin lugar el recurso ordinario de apelación formulado por la representación judicial de la accionante; 2° Con lugar la defensa de falta de cualidad propuesta por la codemandada Administradora Alegría C.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y, por vía de consecuencia, sin lugar la demanda interpuesta. Se condenó en costas a la parte demandante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

 

Contra la referida decisión de la alzada, la representación judicial de la accionante anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Cumplidos los trámites de sustanciación, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

DEFECTO DE ACTIVIDAD

Ú N I C A

 

 

Con fundamento en el numeral 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 numeral 5° eiusdem, bajo la siguiente fundamentación:

 

“…denuncio la infracción por parte de la recurrida de los artículos 243, ordinal 5°, y 12 ejusdem, por no contener la misma, decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida.

En efecto, habiéndose ejercido la acción respectiva contra dos sociedades mercantiles, vale decir, Administradora Alegría C.A., y Centro Importador Abánico C.A., habiéndose fundamentado la misma  en disposiciones del Código Civil atinentes al hecho ilícito, se observa que la recurrida se limita a resolver una falta de cualidad activa opuesta sólo por Administradora Alegría C.A., y atinente sólo a ésta última, bajo la consideración de que no existe contrato de arrendamiento sobre el inmueble identificado en autos, que haya sido suscrito entre mi representada y la compañía últimamente mencionada, pero NADA DICE ACERCA DE LA DEMANDA INTENTADA CONTRA Centro Importador Abánico C.A., que no opuso la falta de cualidad activa y respecto a la cual no se plantean en el libelo responsabilidades contractuales. Al actuar así, obviamente la recurrida ha violado el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no ha decidido la pretensión deducida contra una de las codemandadas, y, por ende, ha transgredido el artículo 12 ejusdem, al no atenerse a lo alegado y probado en autos.

Por tanto, pido que esta única denuncia por defecto de actividad sea declarada con lugar con todos los pronunciamientos de ley…”.

 

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante realiza una denuncia invocando como infringido el numeral 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la sentencia recurrida no decidió la pretensión deducida de manera expresa, positiva y precisa, en vista de que si bien el juzgador declaró procedente la falta de cualidad activa propuesta por la codemandada, Administradora Alegría C.A, por no existir contrato suscrito entre la accionante y la administradora antes mencionada, lo cierto es que no se pronunció con respecto a la demanda intentada contra la otra sociedad mercantil codemandada, a saber, Centro Importador Abánico C.A., la cual, alega, no opuso la falta de cualidad activa y, respecto a ella, no se plantearon en el libelo responsabilidades contractuales. Por ello, concluye señalando que el juzgador dejó de decidir la pretensión deducida contra una de las sociedades mercantiles codemandadas.  

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Visto que el formalizante denuncia en la sentencia recurrida el vicio de incongruencia por considerar que no resuelve la pretensión deducida de manera expresa, positiva y precisa, esta Sala considera necesario puntualizar lo que constituye, el requisito de congruencia del fallo.

 

El requisito de congruencia de la sentencia, está previsto en los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con los cuales el sentenciador debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por las partes, en el sentido, de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Este requisito, es acorde con el artículo 12 eiusdem, por cuanto dispone, entre otras cosas, que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

    

Estas normas permiten definir la congruencia de la sentencia, como la conformidad que debe existir entre ésta, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, que a su vez fijan los límites de la controversia.

 

Con respecto a este requisito de la sentencia, esta Sala de manera pacífica y reiterada, ha dejado establecido entre otras decisiones, mediante la sentencia N° 732, de fecha 10 de noviembre de 2005, (caso: Máximo Alejandro De Pablos Martínez, contra Humberto De Pablos Martínez y Azael De Pablos), expediente N° 2004-826, el siguiente criterio:

 

‘“...De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil, los jueces de instancia se encuentran en el deber de resolver las controversias a que por ley se encuentran llamados de acuerdo con todo lo que se haya alegado, emitiendo la correspondiente decisión expresa, positiva y precisa con respecto a las pretensiones y excepciones que hubieren sido invocadas por las partes. Cuando el juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia, bien por haber omitido la resolución de algún alegato o por haberse excedido desbordando los términos en que las partes delimitaron la controversia, denominándose incongruencia negativa a la primera y positiva a la segunda...”.

 

 

 

Ahora bien, luego de tener presente lo que constituye el vicio de incongruencia denunciado por el formalizante a través de la presente denuncia, es menester ahora precisar lo que esta Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada, en relación a la carga que tiene el formalizante de atacar en forma previa o en primer término a cualquier otro particular del juicio, la cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito, en la cual se fundamente una sentencia, tal como ocurre en este caso con la sentencia recurrida, la cual, declaró infundada la pretensión y sin lugar la demanda ante la falta de cualidad de una de las partes que integran la causa o relación subjetiva procesal.

 

En relación con ello, esta Sala de Casación Civil ha establecido de manera reiterada, entre otras decisiones, mediante la  N° 249, de fecha 4 de abril de 2006, (caso: César Palenzona Boccardo c/ María Alejandra Palenzona Olavarría, en el expediente N° 05-429, lo siguiente:

 

“…Como se evidencia de la precedente transcripción, el juez superior declaró la falta de cualidad del accionante para intentar la acción, con base en que quien debió demandar la simulación de los contratos de compra venta era el litis consorcio necesario formado por los cónyuges César Palenzona Boccardo y Carmen Elena Olavarría de Palenzona, pues a ambos pertenecen los bienes que se pretenden simulados en la acción propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código Civil.

A juicio del sentenciador, César Palenzona, por sí solo, carece de legitimidad para intentar el juicio contra su hija María Alejandra Palenzona Olavarría, por la compra venta de los bienes muebles y del inmueble de la comunidad conyugal realizada el 28 de diciembre de 1993.

De lo anterior se deduce que el sentenciador basó su decisión en una cuestión jurídica previa que ha debido el formalizante combatir en la presente denuncia, cuestión que no hizo, pues de su escrito de formalización se evidencia que denunció la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, con base en que el juez de alzada no decidió con arreglo a la pretensión deducida, a sabiendas de que el juez superior al declarar la defensa perentoria de ilegitimidad, no estaba obligado a pronunciarse sobre el fondo del debate, como bien lo dejó sentado en la parte final del fallo en el cual expresó:

‘“...la declaratoria de procedencia de la defensa perentoria de falta de cualidad, hace inoficioso el análisis de la pretensión, otros alegatos y defensas sostenidos en este juicio, así como de las aportaciones probatorias. ASÍ SE DECLARA...”’.

Ahora bien, sobre la cuestión jurídica previa en la sentencia de mérito, la Sala ha establecido de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, Caso: Rose Marie Convit de Bastardo y otros c/ Inversiones Valle Grato C.A. que:

‘“...cuando el Juez resuelve una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso, debe el recurrente, en primer término, atacarla en sus fundamentos esenciales, pues si los hechos invocados y la norma jurídica  que le sirve de sustento legal no existen o ésta fue mal aplicada, o por el contrario, tienen otros efectos procesales distintos a los establecidos en la Alzada, o en el caso, por el Tribunal de reenvío, el recurrente está obligado a combatirlos previamente; y si tiene éxito en esta parte del recurso, podrá, en consecuencia, combatir el mérito mismo de la cuestión  principal debatida en el proceso..”’.

En igual sentido, este Alto Tribunal estableció en decisión de fecha 24 de septiembre de 2003, Caso: Construcciones y Mantenimiento S Y P  C.A., c/ Rasacaven S.A., que:

‘“...el formalizante omitió impugnar, a través de su denuncia de actividad, la cuestión jurídica previa  establecida por la recurrida... Sobre la carga del formalizante de atacar la cuestión jurídica previa establecida, la Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente: “...Como previamente fue establecido, en el caso bajo estudio, el Juez de la recurrida se basó en una cuestión jurídica previa  para declarar sin lugar la demanda:... que de conformidad con la doctrina de esta Sala ha debido ser atacado en forma previa  por el formalizante ya sea bajo el amparo de denuncias por defectos de forma o por defectos de fondo...”’.

Es claro, pues, que el recurrente ha debido combatir el pronunciamiento del juez superior…”. (Mayúsculas y cursivas del texto).

  

 

Ahora bien, como se señaló precedentemente, la presente denuncia tiene por objetivo delatar un problema de incongruencia del fallo, aduciendo que el juzgador de alzada, no se habría pronunciado con respecto a la demanda intentada contra la sociedad mercantil codemandada, “Centro Importador Abánico C.A.”, la cual, alega, no opuso la falta de cualidad activa y, respecto a ella, no se plantearon en el libelo responsabilidades contractuales. Por ello, concluye señalando que el juzgador dejó de decidir la pretensión deducida contra una de las codemandadas.

 

En ese sentido, cabe acotar, que para poder determinar la procedencia de la presente denuncia y su sujeción a los criterios jurisprudenciales antes citados, es preciso conocer el pronunciamiento emitido por la sentencia recurrida, la cual, en su parte motiva, estableció lo siguiente:

 

“…Se observa que a los folios (05) al once (11) de este expediente cursa contrato de arrendamiento que fue producido por la parte actora, y se aprecia a los efectos de la decisión por no haber sido impugnada por la parte accionada, el cual claramente se encuentra suscrito entre la sociedad mercantil ADMINISTRADORA ALEGRÍA, C.A., desprendiéndose del mismo que ésta empresa aparece como la arrendadora, y por otra parte el ciudadano FABIO BOGALLO, titular de la cédula de identidad N° 14.196.803, quién aparece como arrendatario. Igualmente, se evidencia, que el libelo de la demanda aparece interpuesto por el ciudadano FABIO BOGALLO en su condición de Presidente de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES VALERI FASHION F., C.A., y la reforma a la demanda, aparece presentada por el abogado ESTEBAN ESPINOZA LICURGO en su condición de apoderado judicial de la parte actora, REPRESENTACIONES VALERI FASHION F., C.A., El contrato de arrendamiento producido revela que quién tiene el carácter de arrendatario es el ciudadano FABIO BOGALLO, titular de la cédula de identidad N° 14.196.803, en su nombre propio y sin ningún otro carácter, lo que quiere decir que la persona natural que tiene legitimidad e interés para intentar el juicio es el ciudadano FABIO BOGALLO, más no él en su condición de Presidente de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES VALERI FASHION F, C.A., dado que el contrato no lo suscribió él como Presidente de la referida empresa… por lo que considera quién aquí decide que en el caso de autos, la actora la sociedad mercantil REPRESENTACIONES VALERI FASHION, C.A, no tiene la cualidad para intentar el presente juicio.  

…Omissis…

En atención a las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior debe declarar procedente la falta de cualidad activa opuesta por la co-accionada ADMINISTRADORA ALEGRIA C.A., dado que... quedó demostrado que la empresa REPRESENTACIONES VALERI FASHION, F, C.A., no tiene cualidad activa para intentar el presente juicio…”.     

 

                 

De la precedente trascripción se evidencia, que el juez de alzada fundó su decisión en un pronunciamiento previo al mérito del asunto, como fue la falta de cualidad activa de la sociedad mercantil Representaciones Valeri Fashion F., C.A., para sostener la pretensión de indemnización de daños y perjuicios interpuesta, en vista de que no tiene la cualidad de arrendatario, que invocó en el libelo de demanda.

 

En consecuencia, el juez ad-quem resolvió una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso; y esa cuestión de derecho tiene fuerza suficiente para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas vinculadas al fondo o mérito de de la controversia.

 

El recurrente ante tal circunstancia, lo que debe hacer es atacar la juridicidad de la razón de derecho que le permitió al sentenciador de alzada desechar por infundada la demanda y, por vía de consecuencia, declarar sin lugar la misma, a saber, la falta de cualidad activa, lo cual no sucedió en el caso bajo examen.

                  

Considera la Sala, que el defecto de actividad planteado por el formalizante, no resulta idóneo para atacar el fallo del tribunal de alzada, pues debió enfocar su denuncia,  objetando las razones expuestas por el juzgador para considerar que el actor no tenía cualidad para sostener el presente juicio, entendida esta, según el Dr. Luis Loreto Hernández, como “…una cuestión de identidad lógica entre la persona a quién la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quién se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quién se ejercita en tal manera…”, cualidad, que se puede determinar en cada caso concreto, según advierte el mismo autor, teniendo presente lo siguiente: “…tienen cualidad para intentar y sostener el juicio, esto es, cualidad activa y pasiva, los sujetos que figuran como titulares activos y pasivos de la relación jurídica material que es objeto del proceso. Ahora bien, por la naturaleza misma de las cosas, ese criterio no puede atenerse sino a la pura afirmación del actor, a los términos mismos de la demanda…”. (Loreto Luís. Ensayos Jurídicos. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 1987. Páginas 183 y 187).

 

Ahora bien, en el caso sub iudice, el juzgador al considerar procedente la defensa de falta de cualidad activa, en vista de que la accionante no tenía el carácter de arrendatario que afirmó tener en el libelo, no estaba obligado a resolver como sostiene el formalizante, su llamada “demanda intentada contra la codemandada Centro Importador Abánico C.A.”, por cuanto se trata en todo caso de una sola pretensión y de una sola sociedad mercantil actora, que invocó la cualidad de arrendataria sin tenerla, frente a las dos empresas demandadas, indistintamente que alegue que con respecto a una tiene una relación contractual y frente a otra una relación extra contractual.

 

Es posible considerar el problema  de la cualidad antes de analizar el mérito de la pretensión, pues, evidentemente, es un presupuesto para hacer valer el derecho invocado y, al haber sido declarada, la demanda se considera infundada, lo que determina, tal como lo señaló la propia sentencia recurrida en su motiva, que “…resulta inoficioso analizar el resto del material probatorio así como otras defensas de mérito opuestas, al haber resultado procedente la defensa analizada como punto previo…”. 

                  

Como se colige de lo anterior, el recurrente centró su denuncia de incongruencia,  en la afirmación, de que el juez de alzada, al no haberse pronunciado sobre la pretensión dirigida contra una de las codemandadas, dejó de resolver la controversia, lo cual no es correcto, por cuanto como se explicó precedentemente, luego de declarada la falta de cualidad del actor para sostener el presente juicio, el juzgador no podía pronunciarse sobre aspectos del mérito de la controversia, como pretende en este caso el formalizante.

 

Por tanto, más allá de que se puntualizó precedentemente que el formalizante no cumplió con la carga de atacar la cuestión jurídica previa, en la cual se fundó el juez para dejar de conocer el fondo del asunto, contrariando con ello la doctrina pacífica y reiterada de esta Sala citada supra, este Alto Tribunal deja  expresamente establecido, que el juzgador no incurrió en incongruencia alguna con respecto a la pretensión deducida, por el contrario, el jurisdicente se limitó a circunscribir su pronunciamiento, a la cuestión jurídica previa opuesta, atinente a la falta de cualidad activa de la sociedad mercantil accionante, lo cual determina la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

 

En consecuencia, la Sala declara improcedente la presente denuncia de infracción del numeral 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

 

                                     

En mérito de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la representación de la parte actora contra la sentencia de fecha 16 de octubre de 2007, proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

 

Por haber resultado infructuoso el recurso de casación formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas del recurso.  

                  

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas. Particípese de la presente remisión, al juzgado superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los veintitrés (23) días del mes de mayo de  dos mil ocho. Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

_________________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta - ponente,

 

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

 

____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. Nro. AA20-C-2007-000904

           

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