Venley

Sentencia N.º RC.00314

Sentencia
N.º RC.00314
Fecha
23/05/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
07-632
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

                                                     

 

Exp. N° 2007-000632

 

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En la incidencia de medida preventiva surgida en el juicio por nulidad de contrato de compra-venta, iniciado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la empresa VALORES 9.200, C.A., representada judicialmente por los abogados Luís Andrés Guerrero Rosales y Eduardo Rodríguez Selas, contra la Sociedad Mercantil DESARROLLOS MBK II, C.A. e INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS C.A., representadas por los abogados Raúl Ramírez Senia, Sorvey González y Teodoro Itriago Giménez; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 4 de junio de 2007, declarando parcialmente con lugar la apelación propuesta por la representación de la parte demandada; “...revocado parcialmente el auto dictado por el a-quo en fecha 6 de marzo de 2007, en cuanto a la oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar...”, en virtud de que en la misma fue resuelta la incompetencia territorial planteada en la oposición; inadmisible la incidencia de incompetencia territorial planteada en el escrito de oposición y, confirmada la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por el a-quo.

 

 Contra el referido fallo de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, formalizado oportunamente a través de dos escritos, presentados ambos ante la Secretaría de esta Sala, el mismo día, cabe decir, 24 de septiembre de 2007, uno, en representación de la firma co-demandada inversiones TURÍSTICAS VENEZOLANAS, C.A. (INTURVENCA) a las 12:20 p.m. y el otro, en representación de la empresa co-demandada DESARROLLOS MBK II, C.A. a las 12:23 p.m. Hubo dos impugnaciones, dos réplicas y dos contrarréplicas, una por cada caso.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta en Sala el 7 de agosto de 2007, correspondiendo la ponencia al magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

PUNTO PREVIO

 

La Sala debe aclarar el orden en que conocerá los escritos de formalización presentados por las co-demandadas, contra la sentencia de fecha 4 de junio de 2007, dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y, en este sentido, expresa que el análisis de los mismos se hará de acuerdo con el orden de consignación, es decir, en primer término, conocerá de las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado por el recurrente en fecha 24 de septiembre de 2007, a la 12:20 p.m.; en caso de no existir o no prosperar ninguna de ellas, procederá al análisis de las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado por el mismo recurrente el 24 de septiembre de 2007, a las 12:23 p.m.; de no prosperar ninguna de las denuncias de actividad, conocerá el recurso por infracción de ley de cada uno de los escritos, siempre en el orden de presentación.

RECURSO DE CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD PRESENTADO POR INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS C.A.,  EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007, A LAS 12: 20 P.M.

 

Por razones metodológicas, la Sala altera el orden seguido por el recurrente en su escrito de formalización, y pasa de seguida a resolver la segunda denuncia por defecto de actividad.

 

-II-

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción  del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12 y 244 del mismo Código.

 

Por vía de fundamentación, alega el formalizante:

“...En el respectivo escrito de informes presentado por esta representación judicial ante la alzada, se esbozaron una serie de defensas encaminadas a demostrar la inexistencia de los requisitos, que para el decreto de medidas cautelares establece el Código de Procedimiento Civil, lo cual hacía improcedente el decreto de la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar dictado por el Tribunal de la causa. En este sentido destacamos que en dicha oportunidad fueron presentados los siguientes alegatos:

 

‘Como ya hemos dejado establecido el Código de Procedimiento Civil, establece la obligatoriedad de la existencia de dos requisitos para otorgar la cautela solicitada, a saber:

En cuanto a la pretensión esbozada en el libelo por la parte actora, es conveniente hacer las siguientes precisiones:

 a.  La parte actora no demuestra la cualidad con la que actúa...

b. La parte actora no tiene interés jurídico actual para la proposición de la demanda...

c.  El documento cuya nulidad se solicita no contiene el negocio jurídico reseñado en la demanda...

d. El punto neural de la demanda carece de fundamentación legal...

 

2.   PERICULUM IN MORA o peligro en la demora... Adicionalmente y para el caso específico del presente requisito es conveniente destacar lo siguiente:

a. De la imposibilidad de anulación de una operación de compra-venta por medio del presente juicio...

Es evidente ciudadana Juez, que en el caso de marras no se daban ninguno de los requisitos que para el otorgamiento de medidas cautelares establece el Código de Procedimiento Civil, así como es evidente que el decreto de la medida cautelar en el caso de marras fue realizado sin que existieran estos extremos y sin establecer una motivación adecuada para su realización, lo cual no fue debidamente valorado por la Juez de la causa, trayendo como consecuencia que la oposición presentada por esta representación judicial, no obstante ser procedente, fuera arbitrariamente desechada  a través de la sentencia objeto del presente recurso de apelación. En virtud de lo cual debe ser del dispositivo de la sentencia  a dictarse con ocasión del ejercicio del recurso de apelación, la revocatoria de la sentencia apelada y así expresamente solicito, en nombre de mi representada a este digno Tribunal se sirva declararlo, en la oportunidad respectiva...’.

 

La recurrida no expresa motivación o pronunciamiento alguno sobre la mayoría de los alegatos y pruebas presentadas al momento de la argumentación de la apelación (informes). De hecho la sentencia recurrida sólo explana opinión expresa sobre el punto referido a la cualidad de la parte actora, el cual incluso es mal entendido por el Tribunal de la recurrida, ya que su mención no buscaba el pronunciamiento de una falta de cualidad como pronunciamiento de fondo sino la advertencia de que no podía existir presunción de buen derecho cuando no estaba demostrada la cualidad con la que aducía actuar la parte actora. Se evidencia de la simple lectura de la sentencia objeto del presente recurso la omisión de pronunciamiento específico sobre los alegatos y defensas esgrimidos por esta representación judicial al momento de la presentación de conclusiones escritas, de hecho incluso obvia pronunciamiento sobre las observaciones realizadas al documento fundamental de la demanda en el que se basa para confirmar la medida preventiva ilegalmente decretada por el Tribunal de la causa. Adicionalmente es de destacar que no obstante, la recurrida menciona la mayoría de los alegatos esbozados por esta representación, no realiza valoración y/o pronunciamiento alguno sobre los mismos, a excepción de lo anteriormente reseñado.

 

El principio de congruencia de la sentencia civil debe ser entendido como la obligación que tienen los jueces de pronunciarse sobre todo lo alegado y probado por las partes y sólo sobre ello, este requisito obviamente está circunscrito a los hechos y a las pruebas aportadas para la demostración que sobre dicho hechos realicen las partes en la oportunidad procesal prevista para ello, tal y como sucedió en el caso de marras cuando la recurrida obvió pronunciarse sobre alegatos presentados por esta representación en los informes, que es la oportunidad correspondiente para argumentar la apelación sometida al conocimiento del Juez de alzada...”.

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante delata que la recurrida se encuentra inficionada de incongruencia negativa, toda vez que en su criterio, el Juzgador superior no se pronunció de manera expresa y exhaustiva respecto a todos los alegatos de improcedencia de la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar dictada por el a-quo, alegados en la oportunidad en que se opuso a la misma y que ratificó en los informes ante la alzada.

 

Al respecto, la representación de la parte demandada, al rendir informes ante el Superior, textualmente señaló entre otros particulares, los siguientes:

“...En primer lugar debemos destacar que el referido decreto de medida de prohibición de enajenar y gravar dictado en la presente causa adolecía del vicio de inmotivación, ya que fue dictado sin haberse realizado el debido análisis sobre el cumplimiento de los extremos que para el otorgamiento de cautela  establece nuestro Código de Procedimiento Civil, amén de no haberse expuesto ni el más mínimo motivo por el cual el Tribunal consideraba procedente el decreto de la medida preventiva solicitada. En cuanto al requisito de motivación de las decisiones en materia cautelar nuestro Máximo Tribunal ha dejado establecido...

La sentencia objeto del presente recurso de apelación en modo alguno realiza la valoración de los extremos necesarios para el decreto de la medida cautelar acordada, simplemente se limita a establecer  la pretensión de la parte actora y a realizar una cita jurisprudencial, pero ni siquiera realiza el esfuerzo de encuadrar el caso de marras en la jurisprudencia citada, sin que exista en ningún modo análisis específicos de los extremos de la presunción del buen derecho y peligro en la demora, en el caso de marras, extremos de necesario cumplimiento para el decreto de la cautela que de manera ilegal e inmotivada fue concedida a la parte actora en perjuicio de mi representada.

Debemos destacar que de la simple lectura de la solicitud de medida cautelar contenida en el libelo que encabeza las actuaciones contenidas en el presente expediente, se evidencia el incumplimiento de la parte actora, en la fundamentación y demostración de la existencia de los extremos que para el decreto de medidas cautelares  establece el Código de Procedimiento Civil. De hecho la parte actora se limita únicamente a solicitar la medida cautelar pero sin fundamentar ni demostrar que se den en el caso de marras los requisitos de la apariencia de buen derecho y peligro en la demora...

Como ya antes hemos dejado establecido el Código de Procedimiento Civil, establece la obligatoriedad de la existencia de dos requisitos para otorgar la cautela solicitada, a saber:

 

1. FOMUS BONI IURIS o presunción de buen derecho...

La pretensión esbozada en el caso de marras está referida, tal y como lo dejará asentado, mediante cita de un extracto del libelo, la sentencia recurrida a: ‘...La nulidad de la operación de compra venta celebrada entre DESARROLLOS MBK II, C.A. e INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS C.A. (INTURVENCA) contenido en el documento que ha sido acompañado en copia marcada ‘C’...con motivo de la nulidad de dicha operación se retrotraiga la situación jurídica al momento anterior a que dicha operación se hubiese realizado, y en consecuencia se mantenga el inmueble en cuestión como propiedad de DESARROLLOS MBK II, C.A.’. En cuanto a la pretensión esbozada en el libelo por la parte actora es conveniente hacer las siguientes precisiones:

a.  La parte actora no demuestra  la cualidad  con la que actúa: La parte actora inicia su demanda estableciendo que actúa en nombre y representación de nuestra representación aduciendo ser la propietaria de la totalidad de las acciones que representan al capital social de ésta última, pero no acompaña como documental fundamental de su demanda el o los documentos de los cuales se desprende su pretendida cualidad, la parte actora pretende fundamentarse en simples dichos para establecer su cualidad y/o legitimidad..., lo cual acarrea como consecuencia la falta de cualidad jurídica y/o legitimidad de la parte actora en el presente juicio y desvirtúa totalmente la existencia de la presunción de buen derecho, extremo de obligatoria ocurrencia para el otorgamiento de la cautela ilegalmente decretada...

b. La parte actora no tiene interés jurídico actual para la proposición de la demanda... Es evidente ciudadana Juez la falta de interés jurídico actual de la parte actora para sostener el presente juicio, toda vez que no existe o por lo menos no se evidencia vinculación alguna entre ésta y el documento cuya nulidad pretende...

c. El documento cuya nulidad se solicita no contiene el negocio jurídico reseñado en la demanda... Del presente instrumento se desprende, únicamente y entre otras cuestiones, la ilegitimidad y/o falta de cualidad de la parte actora para sostener la presente demanda, así como la legalidad del documento que pretende atacarse por medio de la presente acción de nulidad. Asimismo se evidencia que la parte actora erró complemente en el planteamiento de su pretensión y siendo que el documento cuya nulidad se solicita no contienen el negocio jurídico cuya nulidad es el objeto de la pretensión de la parte actora, en consecuencia es evidente la inexistencia de la presunción de buen derecho extremo de obligatoria ocurrencia para el otorgamiento de la cautela ilegalmente decretada...

d. De la especial condición de mi representada. Mi representada es una sociedad mercantil sometida a medida de intervención, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, conforme consta de Resolución emanada  de Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, signada con el N° 154/00 de fecha 18 de abril de 2000, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.941, de fecha 2 de mayo de 2000, lo cual evidencia el régimen especial al cual se encuentra sometida mi representada, teniendo en consideración la presunción de publicidad que detentan los actos y/o resoluciones publicados en la Gaceta Oficial. En virtud de la medida a que está sometida mi representada no podía ser objeto de medida alguna, tal y como lo establece la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras...

e. El fundamento neural de la demanda carece de fundamentación legal: La parte actora fundamenta su pretensión en que el negocio jurídico cuya nulidad se pretende fue realizado en violación del ordinal 4° del artículo 280 del Código de Comercio, por cuanto: ‘...No se observa que la operación mencionada anteriormente haya sido aprobada por la Asamblea de DESARROLLOS MBK II, C.A., lo cual es un requisito formal de validez para la transferencia de propiedad del activo social, dado que el único activo de DESARROLLOS MBK II, C.A. está constituido por dicho inmueble’. La medida de intervención sufrida por nuestra representada, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, significa que las funciones de la Junta Directiva o Consejo de Administración del Instituto y su respectiva asamblea de accionistas pasan a manos de un interventor o una junta interventora y como consecuencia de ello las funciones que la ley atribuye a la junta administradora, el presidente y demás órganos del ente intervenido quedan suspendidas en derecho en virtud del acto administrativo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 392 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras... En virtud de la aplicación de la medida de intervención, el órgano natural de administración de la entidad financiera o cualquier sociedad mercantil relacionada, cesa de manera absoluta en sus funciones  y todas sus atribuciones y facultades son ejercidas de manera amplia y absoluta por la Junta Interventora designada.... En virtud de la aplicación de la medida de intervención, la sociedad de que se trate pasa a regirse por lo establecido en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, cuyas normas son de evidente orden público, perdiendo su vigencia y aplicación las normas del derecho común... Siendo en consecuencia que el argumento de principal fundamentación de la pretensión esbozada por la parte actora es falso y/o carece de base legal es evidente la inexistencia de la presunción de buen derecho, extremo de obligatoria ocurrencia para el otorgamiento de la cautela...

 

2. PERICULUM IN MORA o peligro en la demora....

De la simple lectura del libelo presentado por la parte actora, se desprende la ausencia absoluta de argumentos valederos  sobre la existencia de los requisitos necesarios  para el decreto de cautela y peor aún, no hay elemento de prueba alguna que demuestre la existencia de éstos. Adicionalmente y para el caso específico del presente requisito es conveniente destacar lo siguiente:

a. De la especial condición de mi representada. Mi representada es una sociedad mercantil sometida a medida de intervención..., no podía ser objeto de medida alguna, tal y como establece la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

b. De la imposibilidad de anulación de una operación de compra-venta por medio del presente juicio. La parte actora establece que demanda la nulidad de una operación compra-venta realizada entre mi representada y la sociedad mercantil, INTURVENCA, contenida en un documento suscrito entre la sociedad mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS C.A. (INTURVENCA) y la Sociedad mercantil MBK II, C.A..., pero es el caso que dicho documento no contienen una operación compra venta como falsamente lo establece la parte actora, el referido documento es un acuerdo entre las referidas partes, mediante el cual se modifican las fechas previstas para la devolución de una cantidad de dinero debida por INTURVENCA a nuestra representada, en virtud del contrato de anulación (suscrito con anterioridad al presente) de la compra-venta...

Es evidente, ciudadano Juez, que en el caso de marras no se daban ninguno de los requisitos que para el otorgamiento de medidas cautelares establece el Código de Procedimiento Civil...

CONSIDERACIONES FINALES

En fecha 13 de octubre de 2004, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, decretó sin ningún tipo de motivación y sin la existencia de los extremos necesarios, medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble constituido por un lote de terreno y las construcciones sobre él existentes, ubicado en la Urbanización Playas del Ángel, Distrito Maneiro del Estado Nueva Esparta... En la oportunidad respectiva esta representación judicial se opuso a la referida medida, y no obstante la inexistencia de extremos para la medida, así como la inmotivación en su decreto, el tribunal de la causa de manera arbitraria declaró sin lugar la referida oposición, ejerciéndose en consecuencia el recurso ordinario de apelación...

En este punto es necesario hacer mención al contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, Norma macro para el otorgamiento de medidas cautelares  en el proceso civil ordinario, el cual establece...

De la norma anteriormente transcrita se desprende que para que se pueda otorgar la cautela solicitada, deben alegarse la existencia de dos extremos  de ley, a saber a) La presunción de buen derecho y b) El peligro en la demora. Que, además de alegarse su existencia, ésta debe ser debidamente probada, es decir, debe acompañarse a la solicitud de medidas preventivas, la prueba fehaciente de la existencia del derecho que se reclama y del peligro que la demora podría ocasionar para el caso de una sentencia favorable. Estos extremos establecidos por la norma bajo análisis deben ser cumplidos de manera íntegra para que el Juez de la causa proceda a decretar la medida preventiva solicitada.

Se evidencia de los argumentos anteriormente esbozados, como de las actas que conforman el presente expediente que, en el caso de marras no existen y en consecuencia no están demostrados los requisitos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar decretada de manera ilegal en el presente juicio y cuya oposición fuera arbitrariamente desechada...

En resumen debemos establecer que, entre otras cosas, la parte actora no demuestra la cualidad con la que pretende actuar, además el documento cuya nulidad se solicita no contiene el negocio jurídico cuya nulidad se pretende, lo cual adicionado a las demás circunstancias evaluadas en el capítulo anterior, evidencia lo aberrante del decreto...

La sentencia objeto del presente recurso ordinario de apelación, no contiene valoración y decisión expresa sobre una serie de alegatos presentados al momento de la oposición, como lo fueron la perención de la circunstancia, la falta de cualidad de la parte actora, la falta de interés jurídico de la parte actora, la condición de intervención que detenta nuestra representada  y la falta de correspondencia entre el contenido del documento cuya nulidad se solicita con el negocio jurídico cuya nulidad se pretende, lo cual acarrea la nulidad por incongruencia negativa, entre otros vicios, de los que adolece la referida decisión...”.

 

Sobre estos particulares, extractos pertinentes de la sentencia recurrida, textualmente dejaron establecido, lo siguiente:

“...El alegato esgrimido por el recurrente, relativo a la falta de cualidad, está regulado en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, en dicha norma, se establece la forma, modo y oportunidad en que este tipo de defensa puede oponerse en juicio... por lo tanto se concluye  que esta defensa esgrimida por la recurrente carece de sustento jurídico por no ser ésta la oportunidad de su interposición...

Antes de resolver la presente incidencia, es menester para quien aquí decide dejar sentado, que en el fallo recurrido se resolvieron dos alegatos, invocados por la recurrente en la oposición, a saber, la incompetencia por el territorio  (declarada improcedente) y la oposición de la medida (declarada sin lugar)...

Por demás, de la revisión y estudio de los informes de la parte demandada y las observaciones presentadas por ambas partes, se constata que solo se ve cuestionada y defendida la inmotivación del decreto de medida, no aduciendo... lo que trae a colación que lo debatido en la presente incidencia es la inmotivación del decreto de medida...

En el caso de autos, la parte actora aduce que fueron satisfechos los extremos del artículo 585 de la ley adjetiva, y a los fines de verificar su alegato esta Alzada una vez agotado el principio de exhaustividad sobre las actas procesales que conforman esta incidencia, observa que efectivamente la parte actora en su escrito libelar, que corre inserto al folio 6 del presente expediente..., expone las razones de hecho que sirven para invocar el fomus boni iuris, operación mediante la cual la demandada revirtió para sí, la propiedad de un inmueble que constituía a decir del actor, el único activo propiedad de la sociedad mercantil DESARROLLOS MBK II, C.A., que es a su vez propiedad de la actora, razón por la cual solicita se dicte la medida cautelar aquí impugnada.

Ahora bien, el fomus boni iuris, no es mas que la presunción del buen derecho, cuando alguna de las partes solicita ante el Juez una medida cautelar, el artículo 585 del Código de tramite exige que se verifique la existencia de esta presunción, la misma tiene que ser producto de un juicio valorativo de probabilidades de éxito que el Juez llevará a cabo una vez analizado el aporte probatorio consignado por la solicitante, en él, el juez deberá determinar la existencia de un derecho que razonablemente apreciado, permita concluir que exista la posibilidad de éxito en el reclamo deducido, sin  que tal análisis conlleve al Juzgador a un pronunciamiento de fondo, pues éste está solo permitido en la sentencia que dirima el fondo de la controversia, por lo que se requiere que el Juez obtenga a priori, una convicción preliminar de que es posible que el actor tenga fundamentos para iniciar su acción y que por tanto es menester proteger la ejecución de un eventual fallo favorable. En el presente caso, se observa que los alegatos referidos a la reversión de la propiedad del inmueble objeto del contrato atacado, así como de las partes involucradas en el asunto, hacen presumir que existe fomus boni iuris en la presente solicitud, con lo cual se deduce que está lleno el primero de los extremos exigidos en la Ley. Así se decide.

Respecto al segundo requisito, esto es el periculum in  mora, el mismo consiste en la posibilidad de quedar ilusoria la ejecución del fallo como consecuencia de la demora en la obtención del pronunciamiento jurisdiccional respectivo, es decir, que la tardanza en la obtención de la sentencia, puede hacer ilusoria su ejecución al existir el peligro de que desaparezca el o los bienes donde debe ser ejecutado el fallo, requisito éste intimamente ligado al anterior, se verifica en el presente caso, al observar que la posibilidad de que el inmueble objeto del contrato impugnado sea a su vez enajenado a un tercero, produciría precisamente la ilusoriedad del fallo en caso de ser este favorable a los intereses de la demandante.

En conclusión, observa este Tribunal Superior, que en el presente caso se encuentran llenos los extremos a que se contrae el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto, es procedente el decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, por lo que mediante el presente fallo se confirmará con distinta motivación la sentencia recurrida...”.

 

Así las cosas, debe la Sala en primer término, a los fines de facilitar la comprensión del presente caso, transcribir extracto del escrito libelar que da inicio al presente juicio (folios 2 y 3 del cuaderno principal del expediente), en los cuales la representación del actor, textualmente explica: “...Mediante operación suscrita el 10 de marzo de 2000, la cual fuera debidamente inscrita en el Libro de Accionistas de DESARROLLOS MBK II, C.A., nuestra representada VALORES 9.200, C.A., adquirió la totalidad de las acciones representativas del capital social de DESARROLLOS MBK II, C.A., asumiendo en consecuencia la condición de único accionista de dicha empresa.... Es el caso, que en fecha 17 de enero de 2003, la sociedad mercantil DESARROLLOS MBK II, C.A...., y la sociedad INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS, C.A. (INTURVENCA)..., suscribieron un documento mediante el cual las partes dejaron sin efecto la operación de compra-venta antes referida, ejecutando un traspaso de propiedad sobre dicho terreno y disponiendo así los Interventores de DESARROLLOS MBK II, C.A. del único activo de la sociedad... Solicitamos a este Tribunal decrete medida cautelar de enajenar y gravar sobre el inmueble identificado en el Capítulo I de este escrito..., riesgo manifiesto... en el caso que la empresa INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS, C.A. (INTURVENCA), dispusiere de dicho activo a favor de cualquier tercero...”.

 

En segundo término, y ya para el caso específico de la denuncia por incongruencia negativa bajo examen, el Sentenciador de la recurrida, Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a través de su decisión hoy recurrida ante esta Sede, consideró satisfechos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y por ende, confirmó el decreto de medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, con la siguiente argumentación: “...En el presente caso, se observa que los alegatos referidos a la reversión de la propiedad del inmueble objeto del contrato atacado, así como de las partes involucradas en el asunto, hacen presumir que existe fomus boni iuris en la presente solicitud, con lo cual se deduce que está lleno el primero de los extremos exigidos en la Ley. Respecto al segundo requisito... se verifica en el presente caso, al observar que la posibilidad de que el inmueble objeto del contrato impugnado sea a su vez enajenado a un tercero, produciría precisamente la ilusoriedad del fallo en caso de ser este favorable a los intereses de la demandante...”.

 

A este respecto, estima la Sala necesario precisar que el poder cautelar debe ser ejercido por el Juez, con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por lo cual la providencia cautelar sólo deberá concederse cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.

 

En cuanto al requisito de periculum in mora, pacifica doctrina y la jurisprudencia ha reiterado, que su verificación no se debe limitar a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho, si éste existiese. Con relación al fomus boni iuris, su confirmación deberá consistir en la existencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar, no puede adelantarse juicio sobre el fondo. Por consiguiente, debe entenderse como un  preventivo cálculo o juicio de probabilidad sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juzgador, la labor de analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho reclamado.

 

Por último y, en tercer término, se observa de todo lo antes expuesto, en especial de las transcripciones del escrito de informes rendidos ante la alzada por la representación de la parte demandada, hoy formalizante, y de los extractos pertinentes de la sentencia recurrida, que la representación de la parte demandada, luego de apelar contra el fallo de primera instancia que desechó su oposición y ratificó el decreto de medida cautelar dictado, procedió a rendir informes ante el respectivo Superior, ratificando en dicha oportunidad, todos y cada uno de los alegatos con los cuales pretendió oponerse a la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, los cuales, en modo alguno, ameritan ser discriminados nuevamente, pues de las transcripciones in extenso realizadas anteriormente del mencionado escrito de informes, se evidencian los mismos con toda claridad; pudiendo concluirse en consecuencia, con total certidumbre, que de todas las alegaciones explanadas en informes por la parte hoy recurrente, solo fue atendida con detenimiento por el Superior, la referida a la cualidad de la parte actora (desestimada por la Alzada que consideró inoportuna su proposición).

 

Dejando con ello, sin análisis mucho menos solución alguna, múltiples alegaciones de la parte co-demandada antes identificada, entre las cuales destacan: 1) Que la parte actora no acompañó a su demanda los documentos de los cuales pudiera desprender su cualidad (accionista mayoritario y absoluto de la empresa DESARROLLOS MBK II, C.A.); por lo cual carecía de legitimidad para solicitar la cautela ilegalmente decretada por el a-quo; 2) Que el documento objeto del presente juicio de nulidad de contrato no contenía el negocio jurídico reseñado en la demanda, por ende mal podía servir de presunción del derecho reclamado y de base para el otorgamiento de la cautela cuestionada; 3)  Que su representada, la empresa DESARROLLOS MBK II, C.A., se encontraba sometida a medida de intervención y no podía ser objeto de medida alguna, tal como consta de Resolución emanada de la Superintendencia de bancos y otras Instituciones Financieras  N° 154/00 de fecha 18 de abril de 2000, publicada en Gaceta Oficial N° 36.941, del 2 de mayo de 2000.       

 

Por consiguiente, conforme a doctrina inveterada de la Sala que establece respecto al vicio de incongruencia negativa, que el mismo constituye infracción de los artículo 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, y se da cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decido sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes, originando omisión de pronunciamiento en la decisión, por no otorgarse la debida tutela jurídica sobre alguna de las alegaciones de las partes, salvo que por alguna causa el Juez estuviere en el caso particular eximido de ese deber y, siendo que, como ya se señaló anteriormente, la providencia cautelar solo debe concederse cuando existan en autos medios de pruebas que constituyan presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo y el derecho reclamado, es que esta Sala arriba a la conclusión de que en el presente caso, habiendo la parte formalizante hecho valer en los informes ante la alzada todos y cada uno de sus alegatos de oposición a la tan referida medida cautelar, lo cuales si bien en parte fueron mencionados o identificados por la recurrida, en modo alguno, fueron resueltos ni siquiera de manera incidental, a pesar de revestir los mismos suficiente importancia y por consiguiente, bien pudieran incidir, de prosperar alguno de dicho alegatos, en la suerte de la tan comentada cautelar.

 

 Debe advertirse asimismo, que el pronunciamiento de la recurrida señalando que la falta de cualidad esgrimida por la apelante carecía de fundamento jurídico por no ser esa la oportunidad para su interposición, tampoco satisfizo el principio de congruencia en lo que a este aspecto del fallo se refiere, pues los alegatos de informes en lo que a este aspecto se refiere, consistían no en una defensa defensa previa al fondo de la controversia, sino en una valedera alegación respecto a una supuesta falta de legitimidad de la actora para solicitar la cautela ilegalmente decretada por el a-quo, por no haber acompañar al libelo de demanda, documentos que avalaran su condición de accionista de empresa DESARROLLOS MBK II, C.A.

 

Por todo ello, que se sintetiza en una absoluta omisión de pronunciamiento, aunado a los escuetos razonamientos del Juez de alzada (transcritos también con precedencia), para declarar cumplidos los requisitos necesarios para confirmar la medida cautelar en cuestión, requisitos por demás, cuestionados a través de alegatos pertinentes presentados por la parte hoy recurrente, propuestos no solo en la oportunidad de oposición a la medida, sino también en los informes ante la alzada, lo cuales como ya se indicó, fueron omitidos de toda consideración y análisis por la recurrida, imponen a esta Sala declarar la procedencia de la presente denuncia, sustentada en la incongruencia negativa del fallo, por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

 

Por cuanto ha prosperado una de las denuncias descritas en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de considerar las restantes, contenidas en los dos escritos de formalización, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 eiusdem.

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el 5° del Código de pia negatioa procedencia de la presente denuncia, sustentada en la incongruencia negatiova del fallo, por recurso de casación propuesto por las representación judicial de la co-demandada INVERSIONES TURÍSTICAS VENEZOLANAS, C.A. (INTURVENCA), contra la sentencia dictada en fecha 4 de junio de 2007, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido, y se ordena al Tribunal Superior que resulte competente, dictar nueva decisión corrigiendo el vicio aquí censurado.

 

 

No hay condenatoria en costas, dada la índole de la presente decisión.

 

 Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

 

 Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los veintitrés (23)  días del mes de mayo de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

 

  Presidenta de la Sala,

 

 

______________________________

  YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ        

 

 

                                                            

Magistrado Ponente, 

 

    

 __________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

                                                          

_______________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Secretario,

 

_____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

RC Nº 2007-000632

 

 

 

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