Sentencia N.º RC.00318
- Sentencia
- N.º RC.00318
- Fecha
- 23/05/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 03-1083
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. Nro. 2003-001083
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por reivindicación del inmueble seguido por inmobiliaria el socorro c.a., representado por los abogados Rafael Hidalgo Sola y Beatriz Román Burgos, contra oscar rafael gonzález, representado por los abogados José Neptalí Arias Díaz, Argenis José González Salas y Edgar Darío Núñez Alcántara, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, estado Carabobo, dictó sentencia en fecha 11 de agosto de 2003, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por el demandado, confirmando así la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda.
Contra la referida decisión de la alzada, el apoderado judicial del demandado anunció recurso de casación, el cual fue admitido por el juez de alzada y posteriormente fue formalizado en tiempo oportuno. No hubo impugnación
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:
CASACIÓN DE OFICIO
La Sala ejerce la facultad prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil que le permite casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que ella encontrare, aunque no se las hubiere denunciado.
A tal efecto, esta Sala ha establecido que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento está íntimamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. Es por ello, que no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, ya que las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público, pues el Estado es garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Ver, entre otras, Sent. 10/5/05, caso: Doris Josefina Araujo c/ Michele Marcaccio Bagaglia).
Al respecto, expresa el autor José Rodríguez U., lo siguiente:
...Los actos que originan el proceso son actos de dinámica, de vida misma de la ley. Son los que actualizan o exteriorizan la trascendencia de la consecuencia jurídica de la norma, ya que al oponerse a ésta o desconocerla, originan la intervención del Estado para restaurarle su eficacia. Originan la acción del demandante, la petición procesal dirigida a lograr la presencia del Estado en medio del litigio, del debate, y lo que es más, su decisión poderosa, investida con la majestad de la verdad legal. La identidad de esa verdad legal con la verdad material en el máximo de casos, es la aspiración constante y suprema de todo sistema de derecho que aspire a perpetuarse y a servir eficazmente los intereses colectivos.... (Rodríguez U., José. El Proceso Civil. Caracas, Editorial J. Alva, 1984, p.29). (Negritas de la Sala).
En igual sentido, sostienen los autores Alirio Abreu Burelli y Luis Aquiles Mejía Arnal, que Los actos procesales se deben realizar en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil y en las leyes especiales, y solo ante la ausencia de regulación legal puede el juez establecer la forma que considere idónea para la realización del acto. (Abreu Burelli, Alirio y Mejía Arnal, Luis Aquiles, La Casación Civil. Editorial Jurídica Alva, S.R.L., p. 222).
Asimismo, este Supremo Tribunal ha indicado que la competencia atribuida por la ley a los tribunales de la República en razón de la materia, es de eminente orden público, por este motivo, puede ser declarada aún de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declararan de oficio, en cualquier estado y grado del proceso....
En ese sentido, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal ha indicado que entre los requisitos que debe cumplir el juez natural de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , es el de ser un juez idóneo y especialista en las áreas de su competencia, al considerar que la idoneidad, la competencia en razón de la materia y la especialidad son exigencias fundamentales para dar por cumplido el principio del juez natural, en este orden de ideas, estableció que
de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar, en otras palabras sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya obrar
, y recalcó, que este requisito
no se disminuye por el hecho de que el conocimiento de varias materias puedan atribuirse a un solo juez , lo que atiende a razones de política judicial ligada a la importancia de las circunscripciones judiciales
. (Sentencia de 19 de julio de 2002, caso: Compactadota de Tierra C.A.).
Es claro, pues, que el juez que ejerce la jurisdicción especial debe ser preferido para conocer las causas que le fueron atribuidas por la competencia, pues sólo de esta manera se da cumplimiento al principio del juez natural, desarrollado en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna.
Ahora bien, los artículos 1°, 2, 12 literal B y 13 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, establecen la competencia agraria, a saber:
Artículo 1º: ...Los asuntos contenciosos que se susciten con motivo de las disposiciones legales que regulan la propiedad de los predios rústicos o rurales, las actividades de producción, transformación, agroindustria, enajenación de productos agrícolas, realizadas por los propios productores, sus asociaciones y empresas, así como los recursos naturales renovables y las estipulaciones de los contratos agrarios, serán sustanciados y decididos por los tribunales a que se refiere la presente Ley....
Artículo 2º: ...La Jurisdicción especial agraria regida por la presente Ley, será ejercida por los Tribunales Agrarios de Primera Instancia y por los Tribunales Superiores Agrarios que conocen en segunda instancia... .
Artículo 12: ...Los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocerán entre otros, de las pretensiones que se promuevan con ocasión de los siguientes asuntos:
A) Todo lo relativo a las expropiaciones contempladas para fines agrarios, forestales o de colonización.
B) Acciones petitorias, reivindicatorias, y posesorias en materia agraria.
C) Deslinde Judicial de predios rústicos o rurales.... (Negrillas de la Sala).
Artículo 13: ...Se consideran predios rústicos o rurales para efectos de esta ley, todas las tierras susceptibles de explotación agropecuaria y que no sean declaradas de uso urbano en los planes Nacionales, Regionales y Municipales de ordenamiento Territorial. (Negritas de la Sala).
De conformidad con las normas antes señaladas, cuando se trate asuntos contenciosos donde se dirima conflictos relacionados con la propiedad de predios rústicos o rurales, conocerán los tribunales agrarios. Asimismo, determinan que la jurisdicción especial agraria esta tutelada por la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, es decir, que toda controversia de naturaleza agraria se tramita y desarrolla conforme a esa ley; y, de acuerdo a que instancia corresponda conocerán en primer grado, los Tribunales Agrarios de Primera Instancia y, en segunda instancia, los Tribunales Superiores Agrarios.
Por último, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios en su literal B, establece de manera expresa, que serán competentes para el conocimiento de la acción de reivindicación en esta materia, los tribunales agrarios.
En ese sentido, la Sala de Casación Social de este Alto tribunal en sentencia de fecha 6 de febrero de 2001, caso: José Noel Marvez Rodríguez contra Avícola Zárate, C.A., Exp. Nº 00-037, estableció:
...A este respecto, los artículos 1º , 2º, 12 (literal j, en el caso bajo examen) y 13 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, establecen la competencia agraria, a saber:
Artículo 1º: Los asuntos contenciosos que se susciten con motivo de las disposiciones legales que regulan la propiedad de los predios rústicos o rurales, las actividades de producción, transformación, agroindustria, enajenación de productos agrícolas, realizadas por los propios productores, sus asociaciones y empresas, así como los recursos naturales renovables y las estipulaciones de los contratos agrarios, serán sustanciados y decididos por los tribunales a que se refiere la presente Ley
Artículo 2º: La Jurisdicción especial agraria regida por la presente Ley, será ejercida por los Tribunales Agrarios de Primera Instancia y por los Tribunales Superiores Agrarios que conocen en segunda instancia... (Cursivas de esta Sala)
Artículo 12: Los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocerán entre otros, de las pretensiones que se promuevan con ocasión de los siguientes asuntos:
j) Acciones derivadas de contratos agrarios.´
Artículo 13: Se consideran predios rústicos o rurales para los efectos de esta Ley, todas las tierras susceptibles de explotación agropecuaria y que no sean declaradas de uso urbano en los planes nacionales, regionales o municipales del ordenamiento territorial.
En virtud de las normas precedentemente citadas y del contenido del libelo de demanda esta Sala de Casación Social observa, que el caso aquí examinado corresponde a la jurisdicción agraria, pues el bien inmueble arrendado y sus instalaciones son de uso eminentemente avícola, según constancia de Registro de Productores, Empresas Agropecuarias, Asociaciones de Productores y Empresas de Servicio, expedido por el Ministerio de Agricultura y Cría, la cual cursa en autos.
En consecuencia de lo antes expuesto, se declara competente al Juzgado de Primera Instancia Agraria y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, para conocer de la resolución de contrato de arrendamiento verbal, por estar el inmueble objeto del presente juicio destinado al uso agrícola y, así se declara.
Es evidente, pues, que la jurisdicción especial agraria contempla, entre otras cuestiones, lo relativo a la protección y fomento de las actividades agrícolas y pecuarias, dado el importante interés que significa como producción económica básica.
Ahora bien, en el presente caso la parte actora demanda la reivindicación de una finca ubicada al margen de la vía de servicio de la Autopista Valencia Campo de Carabobo, sector Barrio el Socorro, anteriormente Municipio Tocuyito, ahora Miguel Peña, Distrito Valencia, estado Carabobo, la cual ha sido utilizada para faenas agrícolas. Por su parte, el demandado sostiene que en la referida finca él mantiene, rebaños de ganado vacuno, caballos, crías de cochino, aves, etc y cultivos de árboles frutales de mangos, naranjas, aguacates, caña, cultivos (sic) de maíz, caraotas; destacándose como criador y productor agrícola...
De acuerdo a los hechos alegados, tanto la parte actora como la demandada, admiten que el inmueble objeto del presente juicio estaba destinado a actividades agrícolas y pecuarias, lo cual pone de manifiesto, que al estar en presencia de una materia que es competencia exclusiva de la jurisdicción especial agraria, correspondía conocer en ambas instancias a los jueces agrarios, de conformidad con los artículos 1°, 2, 12 y 13 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios; por tanto, es nula la sentencia dictada por el juez de alzada al conocer de la apelación de la sentencia que resolvió en primera instancia, un juicio de reivindicación de un bien inmueble utilizado para las faenas agrícolas, por no tener atribuida la competencia especial agraria.
En efecto, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, con sede en Valencia, estado Carabobo, dictó el fallo en la sentencia de fecha 11 de agosto de 2003, sin embargo, ese tribunal solo tiene competencia para resolver los conflictos que sean llevados a su jurisdicción en materia civil y contencioso administrativo, pero no para conocer los asuntos de naturaleza agraria.
Por otra parte, esta Sala de Casación Civil constata que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción del estado Carabobo, con sede en Valencia, dictó sentencia en fecha 15 de abril de 1996, que era competente para conocer de los conflictos en materia civil, mercantil y además agraria a diferencia del tribunal superior antes identificado.
Pero resulta, que el referido tribunal de la causa al resolver si el demandado se encontraba amparado por la Ley de Reforma Agraria y demás leyes conexas, estableció que: ...es criterio de este sentenciador que la principal actividad económica de la parte demandada en el uso, goce y disfrute del terreno que ocupa, es el ejercicio del comercio con la explotación de los galpones para uso comerciales e industriales distintos a la materia agraria....
Seguidamente, ese Juzgado de Primera Instancia concluyó que: ...la demanda intentada en este juicio es por Acción Reivindicatoria de naturaleza Civil prevista por el invocado artículo 548 del Código Civil...; lo que indudablemente evidencia, que al sentenciar lo hizo como juez civil, y ello trae como consecuencia que se anule también esa decisión, por haber sido dictada por un juez que a pesar de tener atribuida esa competencia especial, dictaminó como si se tratara de una materia eminentemente civil, y por ende, no tomó en consideración la legislación especial agraria aplicable para resolver el caso concreto.
Con base a los anteriores razonamientos, esta Sala de Casación Civil declara la nulidad de la sentencias dictadas por los jueces de instancia y, en consecuencia, repone la causa al estado de que el juez de primera instancia agrario dicte nueva decisión.
En consecuencia se declara de oficio la infracción de los 1°, 2, 12 y 13 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, y 208 y 15 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada en alzada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte. En consecuencia, se anula la sentencia recurrida. Asimismo, se anula la decisión de fecha 15 de abril de 1996 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia y se REPONE la causa al estado de que el Juez de Primera Instancia Agrario dicte nueva decisión.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal Distribuidor de Primera Instancia Agrario de la mencionada circunscripción Judicial, competente en materia agraria.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de mayo dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_______________________________
CARLOS OBERTO VELEZ
Vicepresidenta,
______________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada-Ponente,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
___________________________________
LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
_______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp Nro. AA20-C-2003-001083
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