Sentencia N.º RC.00323
- Sentencia
- N.º RC.00323
- Fecha
- 23/05/2008
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 05-501
- Ponente
- Ponencia Conjunta
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2005-000501
Ponencia Conjunta
En el juicio por cobro de bolívares, vía intimación, intentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por la entidad financiera BANCO DE FOMENTO REGIONAL LOS ANDES, COMPAÑÍA ANÓNIMA, BANFOANDES, C.A., patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Luís Alberto Hernández Contreras y José Gregorio Medina Colombani, contra los ciudadanos SALVATORE y ANTONIO MANTIONE BUTTACI y la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil MANUFACTURAS CORDILLERA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, todos representados judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Patricia Ballesteros Omaña, María Alejandra Quintero Contreras, Wilmer Jesús Maldonado Gamboa, Marisol Díaz Avellaneda, Pascuale Colangelo, Wassim Azan Sayed y Anthony Frank Peñaloza López; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío dictó sentencia en fecha 15 de junio de 2005 mediante la cual decidió: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la demandada, SEGUNDO: DECLARA CON LUGAR la demanda por cobro de bolívares interpuesta por la sociedad Mercantil Banco de Fomento Regional Los Andes, Compañía Anónima contra el ciudadano Antonio Mantione Buttaci como deudor; y contra la Sociedad mercantil (sic) Manufacturas Cordillera y Salvatore Mantione Buttaci, en su carácter de fiadores solidarios y principales pagadores. (Omissis); TERCERO: queda CONFIRMADA la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, de fecha 28 de febrero 2.003. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada apelante. (Destacados del texto transcrito.)
Contra el precitado fallo, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de nulidad y subsidiariamente recurso de casación, siendo admitido este último, según consta en el auto de fecha 7 de julio de 2005, y formalizado oportunamente. En relación al mencionado recurso de casación, hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, quien de conformidad con las disposiciones legales respectivas, pasa a decidir, en primer término, el recurso de nulidad propuesto, para luego analizar el recurso de casación y finalmente, proceder a emitir la decisión correspondiente, previa expresión de las consideraciones pertinentes:
RECURSO DE NULIDAD.
Interpuesto como fue el recurso de nulidad, la Sala debe precisar que al examinar los autos que conforman el expediente sometido a estudio, se ha constatado que en el auto de fecha 7 de julio de 2005, en el cual se admitió el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en el sub iudice; se omitió el pronunciamiento correspondiente al recurso de nulidad que en la misma oportunidad también fue ejercido.
No obstante tal verificación, este máximo tribunal, en garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, pasa a revisar el contenido de la sentencia de reenvío, para realizar un examen comparativo de ésta con las consideraciones ordenadas en la decisión dictada en sede casacional, a los efectos de emitir el juzgamiento correspondiente, cumpliendo con lo establecido en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, que contiene la norma rectora en esta materia, cuyo texto reza:
Si el juez de reenvío faltara contra lo decidido por la Corte Suprema de Justicia, las partes interesadas podrán proponer recurso de nulidad contra la nueva sentencia dentro de los diez días siguientes a su publicación.
Propuesto este recurso, el tribunal de reenvío remitirá en primera oportunidad el expediente a la Corte suprema de Justicia, certificándolo de oficio la cual, tan luego como lo reciba leerá la sentencia que dictó y la del juez de reenvío, y las demás actas del expediente que fuere necesario para formarse criterio sobre el particular. Las partes podrán presentar, dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente por la Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), un escrito, que no excederá de tres folios, consignando sus puntos de vista sobre el asunto. Pasados dichos cinco días la Corte Suprema de Justicia entrará a decidir el recurso, y si encontrare que el tribunal de reenvío contrarió lo decidido por ella le ordenará que dicte nueva sentencia obedeciendo su decisión. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo con la disposición contenida en el artículo al cual se ha hecho referencia precedentemente, el recurso de nulidad procede contra aquellas sentencias dictadas en reenvío cuando estas contrarían lo decidido al resolver el recurso de casación que las haya ordenado.
Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, la Sala ha sostenido consolidada doctrina que marca el alcance del recurso de nulidad, explicando que éste solo procederá cuando el tribunal de reenvío no haya acatado en su fallo los criterios casacionales que, por errores de juzgamiento, le antecedieron; destacándose que sólo procederá cuando el Tribunal Supremo haya casado un fallo por error de juicio y no por defectos de actividad.
Al respecto, en reciente sentencia, de fecha 25 de mayo del 2.000, en el caso Tarcisia Mota contra José Luvinel Parra Vargas, expediente 99-1044, Nº Sentencia 177, se dejó sentado, lo siguiente:
...Esto es, más de treinta años después, el turbulento avance de la materia dejó claro que, inclusive, sólo procede el recurso de nulidad que plantea el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, en este único supuesto:
Cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando y el Juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y se sustancia de nuevo el juicio por el juez de reenvío que no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho, en dicha sustanciación, y en la elaboración de la nueva sentencia (Sentencia de 24 de abril de 1998, en el juicio de Inversora Findam, S. A. contra La Porfia, C. A.).
Como se podrá notar, el desarrollo del tema ha dado fructíferas enseñanzas, siendo una de ellas, la más notable, que el recurso de nulidad está dirigido a delatar la consonancia de la sentencia del Tribunal de reenvío con la doctrina de casación que la antecedió, siempre y cuando se refieran a errores de juzgamiento. Luego, no es posible realizar el recurso de nulidad para denunciar vicios de procedimiento anteriores ni posteriores a la sentencia de reenvío, o de construcción de esa misma decisión, lo cual quedará en el dominio de las denuncias del recurso de actividad que deberá interponerse en forma subsidiaria al de nulidad, o en forma principal si no hubiese razones para presentar el primero.
Como el recurso de nulidad de la demandante se refiere a problemas típicos de actividad previa a la sentencia de reenvío, y no aparece el señalamiento sobre la disconformidad de la sentencia recurrida con la tesis de casación, esta Sala debe declarar sin lugar dicho recurso en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
En atención al criterio casacional supra transcrito y previo análisis de las actas que conforman el presente expediente, la Sala observa que la sentencia de casación, previa a la recurrida, dictada en fecha 15 de julio de 2004, que dio lugar al reenvío, declaró procedente un vicio cuyo origen se encuentra en la incursión del referido fallo en un defecto de actividad, de aquellos que se fundamentan en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, como lo es el denominado vicio de reposición mal decretada. Por tanto, en el presente asunto la recurrida en nulidad no pudo contrariar ninguna doctrina casacional basada en algún error de juzgamiento, único supuesto de procedencia del recurso de nulidad, previsto en el supuesto del artículo del artículo 323 eiusdem, ya que como antes se indicó, la Sala de Casación Civil, en su oportunidad, declaró procedente una denuncia por quebrantamiento de forma que dio lugar a la reposición de la causa y devolvió al juez su autonomía para sustanciar de nuevo el juicio.
En consecuencia, aplicando al sub iudice la doctrina arriba transcrita, se declara inadmisible el recurso de nulidad intentado contra la recurrida, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
RECURSO DE CASACIÓN
Resuelto como ha quedado lo referente al recurso de nulidad interpuesto, la Sala conforme con la doctrina reiterada respecto al carácter subsidiario del recurso de casación anunciado conjuntamente, pasa a pronunciarse sobre el mismo, bajo las siguientes consideraciones:
PUNTO PREVIO
De acuerdo con su pacífica y reiterada doctrina, corresponde a esta Sala de Casación Civil examinar la admisión del recurso de casación en cada caso concreto, bien por la vía del recurso de hecho cuando hubiere sido negada su admisión; o bien como punto previo en la sentencia, cuando observare de oficio o a instancia de parte, que pudieran haber sido infringidas las normas legales que rigen su admisibilidad.
Con fundamento en el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961, que establecía la jurisdicción contencioso administrativa, correspondía a la Corte Suprema de Justicia y a los demás Tribunales que determinara la ley, fue previsto en los artículos 181, 182, 183, 184, 185 y el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia publicada en la Gaceta Oficial N° 1.893 Extraordinaria el 30 de julio de 1976, un régimen transitorio de competencias, para las acciones patrimoniales , que sean propuestas contra la República o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en los cuales la República tuviera participación decisiva, hasta tanto fuera dictada la ley que organizará la jurisdicción contencioso administrativa. El elemento determinante que escogió el legislador para asignar al tribunal respectivo la correspondiente competencia de conocer, fue la cuantía de la acción ejercida, de modo que la competencia quedó establecida de esta forma:
Para las acciones patrimoniales, cuyo valor no excediera de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), el conocimiento correspondía a los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos. En el caso de las acciones patrimoniales, cuya cuantía excediera de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), pero no superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), la competencia estaba atribuida a la Corte de lo Contencioso Administrativo. Por último, para las acciones patrimoniales cuya cuantía excediera de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), le correspondía el conocimiento a la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.
En los casos de las acciones propuestas contra la República, algún Instituto Autónomo, o ente público o empresa, en la cual la República tuviera participación decisiva los recursos respectivos, estaban regulados de la siguiente forma:
1- La apelación contra decisiones dictadas por los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos, en las causas patrimoniales que no excedieran de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00) el conocimiento del caso correspondía a la Corte de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 184 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia;
2- Los recursos de apelación contra las decisiones dictadas por la Corte Contenciosa Administrativa, en las causas patrimoniales cuya cuantía excediera de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00), pero que no fuera mayor de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), el conocimiento correspondía a la Sala Político-Administrativa, de conformidad con el numeral 18 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y,
3- Las causas patrimoniales cuya cuantía excediera de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), se consideraban procedimientos de una única instancia y el conocimiento correspondía a la Sala Político Administrativa. Contra sus decisiones no existía recurso alguno.
Las acciones patrimoniales que intenten la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva, contra los particulares, tenían un tratamiento diferente en la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el artículo 183 (numeral 2), de la mencionada ley. El conocimiento de esos asuntos lo tenían los tribunales competentes, de acuerdo con las previsiones del derecho común o especial y, expresamente el penúltimo aparte de la mencionada norma, disponía que las apelaciones y demás recursos, contra las decisiones de estos Tribunales, serían del conocimiento de los Tribunales a los cuales, de acuerdo a las previsiones del derecho común, les corresponda el conocimiento de los medios de impugnación. El contenido y alcance de la norma permitieron, de manera pacífica en la jurisprudencia, afirmar que bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación era admisible en los juicios en lo que se discutían acciones patrimoniales que habían sido propuestas por la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, entes públicos o empresas en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva.
Más recientemente, a tenor de lo previsto en el artículo 259 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precepto en el que se ratifica el principio de que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° 37492 el 20 de mayo de 2004, en su numeral 24 del artículo 5, mantuvo el criterio de la cuantía para determinar la competencia de la Sala Político Administrativa en las acciones patrimoniales propuestas contra la República o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República, tuviera participación; pero la noción de participación decisiva fue sustituida por la idea de que debe tratarse de empresas en las que el Estado ejerza un control decisivo y permanente en cuanto a su dirección y administración. Debe advertirse que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nada dice en relación con las competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo ni de los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo, respecto de las acciones patrimoniales en las que sean demandados la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva; tampoco hace mención a la manera en que debe ser atribuida la competencia en los casos de las demandas patrimoniales contra particulares propuestas por algunas de las entidades mencionadas. Esta circunstancia obligó a la Sala Político Administrativa a pronunciarse ofreciendo una interpretación de los mencionados numerales, según sentencia N° 1209, publicada el 2 de septiembre de 2004, dictada como ponencia conjunta en el caso de Importadora Cordi, C.A. De acuerdo a esta interpretación, que se limitó a explicar cómo estaría atribuida en los casos de las acciones patrimoniales contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva, la competencia quedó distribuida de la siguiente forma:
1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República, los Estados, o los Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
3. La Sala Político-Administrativa conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.
Sin embargo, la Sala Constitucional, en decisión N° 5087, de fecha 15 de diciembre de 2005, en el caso Mario Freitas Sosa y la sociedad mercantil Inversiones Recreativas Invereca C.A., con apoyo en la sentencia dictada por la Sala Política Administrativa N° 1315/2004 en el caso Alejandro Ortega Ortega, que citaba la dictada el 2 de septiembre de 2004, en el caso Importadora Cordi C.A., determinó como se distribuían las competencias, tanto para las acciones patrimoniales propuestas por la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva, así como para las acciones patrimoniales que estos entes pudiesen proponer contra particulares. Conforme al criterio contenido en la sentencia, la competencia quedo atribuida de la siguiente forma.
a) Demandas patrimoniales que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), correspondería la competencia a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales.
b) Demandas patrimoniales que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) hasta setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), correspondería la competencia a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 1900/2004).
c) Demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), correspondería la competencia a la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal [Artículo 5.24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia].
d) Demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo ente público o empresa en la cual la República, los Estados o los Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, contra los particulares o entre sí, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) correspondería la competencia a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales (Vid. Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 1900/2004).
e) Demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual alguna de las personas políticos territoriales ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, contra los particulares o entre sí, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.), hasta setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), correspondería la competencia a las Cortes de lo Contencioso Administrativa (Vid. Sentencias N° 1.315/2004 y 2271/2004).
f) Demandas que interpongan la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual alguna de las personas políticos territoriales ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, contra los particulares o entre sí, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), correspondería la competencia a la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal.
Ahora bien, las acciones patrimoniales contra particulares propuestas por la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva, tienen, en virtud de los cambios legislativos y jurisprudenciales referidos diferentes consideraciones atinentes a la admisibilidad del recurso de casación.
Lo primero que debe advertirse es que la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, derogó la Ley de la Corte Suprema de Orgánica de Justicia y consecuencialmente el artículo 183 de la mencionada ley que regulaba la competencia en estos casos y el procedimiento aplicable.
Por otra parte, de acuerdo con el principio de irretroactividad establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a lo previsto en los artículos 3 y 9 del Código de Procedimiento Civil, en los cuales se dice, en primer lugar, que la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho para el momento de la presentación de la demanda; y, en segundo lugar, que la aplicación de las leyes procesales debe respetar la validez de los hechos anteriores y los efectos ya producidos de tales hechos, así como que la ley procesal anterior se mantiene en vigencia para los actos, cuyos efectos procesales no se hayan verificado todavía, la interpretación que de ellas haga la Sala Constitucional, debe correr la misma suerte. Que es, precisamente, lo que debe deducirse del contenido de la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 19 de marzo de 2004, en el caso de Servicios La Puerta C.A., (cuyo criterio ha sido ratificado, entre otras, por la sentencia de fecha 14 de diciembre de 2004, en el caso Seguros Altamira C.A.), en la cual se expresó lo siguiente:
"... La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no son contrarios a derecho".
Con la anterior afirmación, la Sala le dio valor al principio de expectativa plausible, el cual sienta sus bases sobre la confianza que tienen los particulares en que los órganos jurisdiccionales actúen de la misma manera como lo ha venido haciendo, frente a circunstancias similares.
Así, es claro que en nuestro ordenamiento jurídico, con excepción de la doctrina de interpretación constitucional establecida por esta Sala, la jurisprudencia no es fuente directa del Derecho. Sin embargo, la motivación de los fallos proferidos por las Salas de Casación que trascienden los límites particulares del caso sub iudice, para ser generalizada mediante su aplicación uniforme y constante a casos similares, tiene una importancia relevante para las partes en litigio dada la función de corrección de la actividad jurisdiccional de los tribunales de instancia que ejercen las Salas de Casación de este Alto Tribunal, cuando desacaten o difieran de su doctrina, la cual, de acuerdo con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y con el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo, deben procurar acoger para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.
Por ello, la doctrina de casación, sin ser fuente formal del Derecho, en virtud de que sienta principios susceptibles de generalización, cuya desaplicación puede acarrear que la decisión proferida en contrario sea casada, se constituye en factor fundamental para resolver la litis y, en los casos en que dicha doctrina establezca algún tipo de regulación del proceso judicial, sus efectos se asimilan a los producidos por verdaderas normas generales.
De tal forma, que en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos. (resaltado y subrayado de la Sala)
Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta, es que la nueva ley nada dispone con relación a cuáles tribunales les corresponde la competencia ni cuál es el procedimiento intentado contra los particulares, en las causas de contenido patrimonial intentadas por la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios tuvieran participación decisiva, omisión que produjo un vacío legal que va desde la promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de mayo de 2004 y hasta la sentencia proferida por la Sala Constitucional, el día 15 de diciembre de 2005, de la cual se ha hecho referencia y que delimitó las competencias en este tipo de causas.
Por último, debe tenerse presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de las demandas patrimoniales contra los particulares, era aplicable el procedimiento ordinario. No otra cosa puede deducirse de la mencionada norma cuando afirma que "...las apelaciones y demás recursos que se interpongan contra las decisiones de estos tribunales, conocerán los tribunales a quienes corresponda hacerlo, en conformidad con el derecho común, si la parte demandada es un particular....
Tomando en cuenta lo anterior y la aplicabilidad en el tiempo de las interpretaciones judiciales de las normas procesales, la admisibilidad del recurso de casación, en los casos de demandas patrimoniales propuestas contra los particulares, tiene que ser considerada de acuerdo a lo siguiente:
1) Para aquellas causas propuestas contra los particulares bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por tramitarse de conformidad con el procedimiento ordinario, de acuerdo al principio del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 9 del mismo Código, será admisible el recurso de casación, en todas aquellas causas que hayan sido propuestas antes del 20 de mayo de 2004.
2) Las causas que hayan sido propuestas en el período comprendido entre el 20 de mayo de 2004, fecha en la cual fue promulgada la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el 15 de diciembre de 2005, fecha en la cual fue dictada la sentencia de la Sala Constitucional que estableció la competencias en los casos de demandas patrimoniales contra los particulares, a la cual se ha hecho referencia, teniendo presente que no existe en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ninguna norma que haya declarado inadmisible el recurso de casación en estos juicios, por lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, será admisible el recurso de casación en aquellas causas que hayan sido propuestas, antes del 15 de diciembre de 2005.
3) En todas las causas que hayan sido propuestas después del 15 de diciembre de 2005 no será admisible el recurso de casación, de acuerdo a lo expresado en la sentencia de la Sala Constitucional.
Constata la Sala que el sub iudice versa sobre una demanda por cobro de bolívares, vía intimación, intentada en fecha 18 de junio de 2002 por el Banco de fomento Regional Los Andes C.A. (BANFOANDES), entidad financiera en la cual tiene participación el Estado Venezolano, contra los ciudadanos Salvatore y Antonio Mantiene Buttaci y la sociedad de comercio denominada Manufacturas Cordillera, C.A.
Pues bien, aplicando lo establecido en el punto previo transcrito respecto a las causas propuestas contra los particulares bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el caso examinado será admisible el recurso de casación , pues la causa se inició antes del 19 de mayo de 2004, estando vigente la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
De allí que, siendo admisible el recurso de casación ejercido oportunamente, la Sala pasa a conocerlo tal como sigue.
RECURSO POR DEFECTOS DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en el ordinal 1º de artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 49 numeral 1° y 335 constitucionales, y el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 352 del mismo código.
Denuncia el formalizante que en el sub iudice hubo una subversión del procedimiento razón por la cual se actuó en contra de las garantías constitucionales. Con esa convicción fundamentó su delación, y para ello se expresó en el correspondiente escrito de formalización de la siguiente manera:
...Establece el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil:
( Omissis )
El juez de alzada y el juez A Quo (sic) no abrieron la articulación probatoria a que se contrae el citado artículo, previo análisis del escrito del demandante. Con ello infringen el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil.
( Omissis )
Con tal proceder denunciamos que hubo una subversión del procedimiento, cuestión que es contraria a las garantías constitucionales del Derecho (sic) a la Defensa (sic) establecido en el ordinal 1° del 49 constitucional. Además hay una infracción clara del artículo 335 Constitucional (sic) en cuanto a que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y garantías constitucionales son vinculantes para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, dado que la Sala Constitucional en decisión del 19 del mes de julio de dos mil (sic) en expediente Nº 00-0678 había establecido:
( Omissis )
En tal decisión la Sala Constitucional establece una interpretación extensiva de la garantía constitucional del Debido Proceso (por tanto, tiene fuerza vinculante para las otras Salas, y con mayor énfasis para los tribunales ordinarios). Sorprender a las partes con un nuevo cambio jurisprudencial, sin justificar para que se hace, y a su vez, violentar una decisión con carácter vinculante se convierte en una lesión a las garantías constitucionales. (Negrillas y cursivas del formalizante)
Para decidir, la Sala observa:
Vista la denuncia precedentemente transcrita, la Sala considera oportuno destacar en relación al derecho a la defensa, este es un privilegio que corresponde a todas las partes que intervengan en el proceso, por lo que su campo de vigencia abarca no sólo al juicio principal, la relación procesal de fondo, sino a todas las incidencias que puedan surgir en el juicio, cuya sustanciación y decisión exigen la aplicación de los principios de igualdad y equilibrio, que aseguren el derecho referido.
Al respecto, en virtud de los preceptos generales contenidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el legislador impone al Juez el deber de mantener incólume el derecho de defensa observando la mas absoluta igualdad y un apropiado equilibrio en el desarrollo del proceso, procurando que su resultado no aparezca desviado ni ensombrecido por arbitrariedades, preferencias ni desigualdades que pongan en duda la verdad y la justicia que debe tener todo pronunciamiento judicial.
De lo dicho anteriormente, se resalta que el vicio de indefensión debe ser imputable al Juez y así ha dicho la Sala, que la indefensión ocurre en el juicio, cuando el Juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley le pone a su alcance para hacer valer sus derechos . (S. de 5-5-79. Pierre Tapia. mayo de 1979. Pág. 65. Tomado del libro de Leopoldo Márquez Añez Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana. Pág. 104).
En este mismo sentido, respecto a lo manifestado por quien formaliza cuando delata la infracción de los artículos 49 numeral 1° y 335 del texto constitucional, debe la Sala señalar que cuando se pretende hacer del conocimiento de esta máxima sede jurisdiccional la infracción de disposiciones de esta naturaleza (constitucionales), no basta sólo con la denuncia, sino que es necesario cumplir con otras exigencias que la doctrina de la Sala ha elaborado. Así quedó establecido en sentencia de vieja data, que el recurso de forma por indefensión o menoscabo del derecho de defensa a que alude el ordinal 3º del artículo 421 del Código de Procedimiento Civil derogado, no puede ser considerado sino cuando el formalizante cumple con el requisito técnico de denunciar el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 15, que de manera general se refiere a esos vicios, junto con el texto particular y concreto, cuya violación demuestre que se creó en contra del recurrente una situación de indefensión o de menoscabo del derecho de defensa. (G.F. Nº 82 Sent. De 15-11-73).
Ahora bien, modernamente la Sala ha ampliado el concepto y ha establecido que la denuncia de menoscabo del derecho de defensa, bajo un recurso por defecto de actividad, debe cumplir con ciertos requisitos técnicos, tales son:
a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada u omitida, y si lo ha sido por el Juez de la causa o el de la alzada.-
b) Indicar cómo con tal requerimiento u omisión de las formas se lesionó el derecho de defensa o se lesionó el orden público, según el caso, o ambos.-
c) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Juez de la causa, denunciar la infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, el cual trata de la reposición no decretada; el articulo 15 eiusdem, el cual contiene la norma expresa relativa a los particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o las que establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por la recurrida, al no decretar la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las formas que menoscaban el derecho de defensa o el orden público, lo lesionó el Tribunal de la causa.-
d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Tribunal de la alzada, además de la infracción de la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil vigente, debe denunciarse como infringidas las particulares referente al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez de la recurrida.-
c) La explicación a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos. (Sentencia del 8-11-90, Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 12-8-98).
En el caso examinado, se denuncia el vicio de indefensión sin cumplir con la técnica que la Sala ha elaborado, pero mas grave aun es que el formalizante pretende encontrar el vicio que denuncia porque a su juicio ni el juez a quo, ni el de alzada, abrieron la articulación probatoria indicada en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual, ambos juzgadores contrariaron dicha disposición, ocasionando a su vez, según su dicho, la infracción al contenido del artículo 7 del referido código adjetivo, y en consecuencia, le fue violentado su derecho a la defensa.
En este sentido, no obstante la mala fundamentación advertida por esta Sala, se ha verificado en los autos la decisión de fecha 15 de julio de 2.004, emanada de esta misma Sala, en la cual, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandante fue casado el fallo recurrido por considerar procedente la denuncia sobre la reposición mal decretada por parte del juez de alzada quien al conocer sobre la apelación, anuló el fallo apelado, reponiendo la causa al estado en que el a quo se pronunciara sobre la pertinencia de la subsanación presentada por los demandantes, y de ser correcta la misma, se estableciera un lapso de tres días para contestar la demanda.
Al conocer sobre el referido recurso de casación, la Sala se pronuncio de la manera que sigue:
En el sub iudice se constata que una vez opuestas las cuestiones previas referidas, la accionante en fecha 20 de septiembre de 2002 procedió voluntariamente a subsanarlas, por lo que el lapso de cinco días previstos para la contestar la demanda, de acuerdo al citado ordinal 2° del artículo 358, el cual también corre a los fines de la impugnación a la subsanación voluntaria de las cuestiones previas, comenzó a correr conforme al cómputo ut supra transcrito, el 23 de septiembre de 2002 y venció el 27 de igual mes y año. Sin embargo, constata la Sala que los demandados presentaron dicha impugnación, el 24 de octubre de 2002, una vez precluída la oportunidad para ello.
En atención a la jurisprudencia supra transcrita, de fecha 16 de noviembre de 2001, aplicable al caso bajo estudio, toda vez que la incidencia de cuestiones previas planteada se inicio en fecha 9 de agosto de 2002, con la interposición del escrito respectivo, lo que evidencia que lo fue con posterioridad a la publicación del fallo proferido por esta Suprema Jurisdicción, la obligación del juez de determinar si la parte subsanó correctamente, solamente nace cuando la demandada objete oportunamente el modo como la demandante haya realizado dicha subsanación.
Contrario a este criterio, el ad quem hoy recurrido, consideró que aún siendo extemporánea la impugnación de la subsanación de las cuestiones previas, era obligación del a quo resolver respecto a dicha actividad subsanadora, lo cual conlleva a la infracción del ordinal 2º del artículo 358 de la Ley Adjetiva Civil. Además, este Jurisdicente de Alzada, desconoció el lapso previsto en esa norma para dar contestación a la demanda, señalando que como el legislador no previó ninguno en casos como el de autos, debía otorgar tres días para dicha contestación, de conformidad con el artículo 10 eiusdem.
Debe advertírsele al Superior, que el contenido del ordinal 2º del artículo 358 tantas veces citados, respecto a la oportunidad de contestación de la demanda cuando se hubieren alegado cuestiones previas, es claro al establecer: ...dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la parte subsane voluntariamente el defecto (...) en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes a la resolución del Tribunal..., por lo que, contrario a lo establecido por él el legislador si previó el lapso de contestación de la demanda para estos casos, no siendo procedente la aplicación del lapso previsto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.
( Omissis )
En el presente caso, la demandada pudo ejercer su derecho a la defensa bien impugnando oportunamente la actividad subsanadora realizada por la accionante o dando contestación a la demanda, cuestiones que bajo esa forma se abstuvo de realizar, sin que se evidencie actividad alguna del a quo, tendiente a limitar u obstaculizar el ejercicio de dichos derechos, único supuesto en que podría estimarse el menoscabo de derechos como el de defensa y debido proceso; o que se haya violentado el orden público.
Por vía de consecuencia, se estima ilegal e inútil la reposición de la causa ordenada por la recurrida, pues aceptar una reposición como la planteada se traduce en el menoscabo de formas esenciales del procedimiento que sí causa indefensión a los actores, al crear una preferencia y desigualdad en perjuicio de éstos, mediante la reapertura del lapso de impugnación y de contestación de la demanda, en beneficio de los demandados, que, como antes se estableció, no ejercieron sus recursos dentro de dichos lapsos.
Es pertinente resaltar la obligación y el deber que tienen los jueces al sustanciar las cuestiones previas de no subvertir los trámites del procedimiento, puesto que, reposiciones como la que en este se ordenó, por su inutilidad, sin lugar a dudas causan dilación inexcusable para la resolución del fondo de la controversia y la aplicación de la justicia.
En consideración a todo lo anterior, la Sala concluye que en el sub iudice, tal como señaló el formalizante, la sentencia impugnada incurrió en el denominado vicio de reposición mal decretada, infringiendo los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, pues al no haber presentado los demandados impugnación oportuna a la subsanación de las cuestiones previas opuestas, es improcedente cualquier pronunciamiento del juez de la causa respecto a dicha subsanación, por lo que se declara procedente esta denuncia. Así se decide. (Negrillas del texto, cursivas de la Sala)
De conformidad con la transcripción previa, se constata que en la formalización del recurso de casación interpuesto en fecha 8 de septiembre de 2003, la parte demandante (formalizante para entonces), denunció la reposición mal decretada por el juez superior al resolver la apelación ejercida en su oportunidad. En razón de ello, esta Sala al resolver aquel recurso de casación, como ya se dijo, declaró procedente tal denuncia, por lo tanto, lo denunciado actualmente, atinente a una supuesta violación del derecho a la defensa de los demandados (formalizantes) por no haberse abierto la articulación probatoria, luego de la subsanación efectuada por la parte demandante, en virtud de la cuestión previa opuesta, resulta improcedente, ya que dicha situación fue resuelta anteriormente mediante decisión emitida por esta Sala, en la cual quedó establecido que:
siendo inexistente la impugnación por parte de los demandados a la subsanación de las cuestiones previas opuestas, mal puede nacer para el juez de la causa el deber de determinar si el accionante las subsanó correctamente. En estos casos, a partir de la subsanación, cuando no medie impugnación, comienza a transcurrir el lapso de cinco días para la contestación de la demanda, sin necesidad de que exista pronunciamiento del juez respecto a la pertinencia de dicha subsanación, tal como lo establece el artículo 358, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil (Negrillas de la Sala.)
Resulta oportuno para la Sala dejar establecido que, como ya se explicó, la indefensión se produce cuando el Juez limita o impide a alguna parte el ejercicio de un derecho, pero no cuando ejercido éste, es declarado improcedente.
Vista la denuncia del artículo 7 del Código Procesal Civil, la Sala igualmente la desestima, por cuanto dicha disposición no encuadra en el alegato de indefensión.
En cuanto a la denuncia del artículo 335 constitucional, debe señalarse que las supuestas infracciones a normas de esta naturaleza, deben ser conocidas por la Sala competente para ello, cual es la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal.
Habiéndose señalado todo lo anterior, corresponde a esta Sala forzosamente declarar la improcedencia de la denuncia del vicio de indefensión. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción de los artículos 23, 49 numerales 1°, 3° y 4° y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la de los artículos 7 y 15 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 354 eiusdem.
Para fundamentar su denuncia el formalizante ha señalado lo siguiente:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil denunciamos la infracción de los artículos 23, 49 numerales 1°, 3° y 4° y 253 constitucionales y los artículos 7 y 15 del citado Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 354 del mismo Código (sic) (sic) porque el Juzgador (sic) de Alzada (sic) ( y (sic) obviamente el A Quo(sic)) incumplió el deber de valorar el escrito de subsanación presentado por el demandante, ello en correspondencia con los artículos 341, 342, y 343 del mismo Código (sic).
Establece el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
( Omissis )
Por su parte los artículos que tratan sobre la admisión compulsa y reforma de la demanda establecen:
( Omissis )
De acuerdo con las disposiciones procesales transcritas, en primer lugar (art. 354 CPC) el Juez (sic) de Primera (sic) Instancia (sic) y de alzada (sic) debieron pronunciarse si existió subsanación de los vicios opuestos y el carácter de los mismos. Esto en correspondencia con lo señalado en los artículos 341, 342 y 343. Como se trata de la demanda, en todo caso el Juez (sic) tiene la obligación de preconocer los supuestos de orden público, buenas costumbres y conformidad con la ley, pues si contrarían a cualquiera de ellos, debe inadmitir. En este sentido el Juez (sic) de Alzada (sic) quebrantó las formas procesales establecidas en el artículo 7 que establecen:
( Omissis )
Si bien es cierto que el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, no establece con claridad el procedimiento, la expresión declaradas con lugar, implica actividad del juez y es él quien tiene que valorar y declarar si hubo subsanación o no, o si se produjo otra forma procesal que requiere otro tipo de procedimiento. En el supuesto que el juez se valga del silencio de la ley al respecto, sin hacer interpretación de las normas que hemos señalado, debió conforme al artículo 7 establecer el procedimiento y publicarlo en autos.
Con esta subversión del proceso el Juez (sic) de Alzada (sic) incurrió en una actuación nula, como consecuencia de esa inconstitucional actuación, pues se viola el 49 de la Constitución en los numerales 1° disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, lo que incluye el procedimiento adecuado establecido por las leyes; el 3° toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de procedimiento, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable y el 4° que ordena que toda persona tiene derecho a ser juzgada ( ), con las garantías establecidas en esta Constitución y e n la ley, nuestro representado fue colocado en indefensión.
Con esa omisión legal y constitucional (pues el proceso es un instrumento para la búsqueda de la justicia) se menoscabo (sic) el Derecho (sic) a la Defensa (sic), pues, se le impidió el derecho al contradictorio y al procedimiento establecido en las leyes, previsto en el ordinal 1° del 49 constitucional ya citado. Además es claro que se obvió, lo dispuesto en los artículos 341 y 343 del Código de Procedimiento Civil, como es el derecho al pronunciamiento del juez sobre los actos de demanda, y dado a que hubo reforma a que se declarara así y por tanto se estableciese la perención aludida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil..(sic) Al no hacer este pronunciamiento coloca en indefensión a los demandados, y además hace pronunciamiento de confesión ficta, situación que agrava su situación, lo que significa que por un acto del juez se impide el derecho a la defensa y se quebranta el debido proceso. Si el demandante subsana en la forma prevista en el artículo 350, el juzgador debe analizar, apreciar y sentenciar sobre el nuevo elemento aportado al proceso, pues esa actividad de la parte demandante puede modificar la relación procesal existente hasta el momento, de manera que el juzgado tiene que decidir si los elementos aportados subsanan los defectos alegados, o que no son suficientes para corregir el error u omisiones, o si se produjo otra situación procesal. Cuestión que es inconcebible pues esa oportunidad no es para reformar la demanda. La decisión del juzgador si abre automáticamente una nueva incidencia, pues continúa el proceso o se da la perención del mismo.
El no haberse pronunciado el Juez (sic) a quo y el de alzada sobre el escrito del demandante en la supuesta subsanación se disminuyó el derecho de defensa de nuestro representado porque se le impuso un pronunciamiento y una forma del acto procesal distinto a lo establecido en la ley, quebrantando el debido proceso con lo cual se suprimió su derecho a la defensa. Debe recordarse que los actos procesales tienen como función, fuera de ser instrumento procesal, la de posibilitar el concreto y eficaz desarrollo del proceso. En este sentido el acto procesal debe ser garantía de los derechos procesales e instrumento de la realización de la justicia. Se viola el artículo 23 constitucional, pues los tratados internacionales, concretamente se lesiona el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de Diciembre (sic) de 1966, vigente para nuestro País (sic), en cuanto a que toda persona tiene derecho a ser juzgada conforme a los procedimientos regulares establecidos en la ley. De igual forma se violenta el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Fundamentales.
Examinado y transcrito como ha quedado el texto de la denuncia enumerada segunda en el escrito de formalización consignado ante esta máxima jurisdicción por parte de los demandados en el sub iudice, la Sala considera necesario manifestar que es evidente la confusión por parte del formalizante cuando pretende dar a conocer lo que considera como infracciones cometidas por el sentenciador de alzada, y que según su criterio traducen la violación al derecho a la defensa del cual es titular la parte a la cual representa judicialmente (parte demandada).
No obstante lo confuso de la denuncia, se observa que al explanar sus consideraciones, el recurrente insiste en denunciar el supuesto quebrantamiento de formas procesales, apoyando su dicho con fundamentos que se refieren, al igual que la primera denuncia; a lo que para él ha significado una subversión en el procedimiento utilizado tanto por el juzgador a quo, como por el superior, en la resolución de la incidencia surgida en virtud de la cuestión previa opuesta. Al respecto, la Sala constata que en virtud de lo similar de los alegatos planteados por el recurrente en ambas denuncias, y para evitar repeticiones inútiles, se dan por reproducidas las razones expuestas para declarar la improcedencia de aquella, para declarar la también la improcedencia en la presente denuncia. Así se decide.
III
Con fundamento en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se endilga a la recurrida la infracción de los artículos 49 numeral 1° y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el ad quem incurrió en el vicio denominado incongruencia.
Así denuncia el formalizante:
Dispone el artículo 243 lo siguiente:
( Omissis )
Por su parte el artículo 12 establece:
( Omissis )
El sentenciador de alzada debe decidir conforme a la pretensión y a las excepciones o defensas opuestas por las partes. En el presente caso la parte demandante (sic) opuso cuestiones previas y las respuestas a ella es: subsanar o extinguir el proceso. Al no subsanar si (sic) no (sic) reformar la demanda se está en la consecuencia de extinguir el proceso. En el momento en que el juez de alzada tiene que decidir debe analizar todas las cuestiones y es precisamente en ese momento que deberá estudiar que (sic) hizo la demandante en el momento de subsanar las cuestiones previas. Si hubo reforma de la demanda tiene necesariamente que operarse lo que dispone el artículo 343. Debe haber un pronunciamiento sobre este aspecto. Al haber decidido con base lo opuesto por el demandante, que realizó reforma de la demanda, hay indudablemente con lo solicitado en las cuestiones previas.
La recurrida al declarar con lugar la demanda sobre la base de la reforma, está fundamentando sobre unos hechos no alegados por el demandante en su demanda original, por tanto infringe el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 12 del mismo Código que obliga al juez a ceñirse a lo alegado y probado en autos. Pero a su vez, al decidir sobre la base de la reforma de la demanda está violando el de3bido (sic) proceso, concretamente el ordinal 1° del artículo 49 constitucional, pues ha impedido la defensa de la parte demandada. Si se opuso defecto de forma de la demanda debía actuarse conforme ese pedimento, en caso de producirse otra forma procesal implicaba otro procedimiento.
Esta decisión de alzada quebranta el orden público, en cuanto a la seguridad jurídica se refiere, puesto que al omitir formas sustanciales y no cumplir con los requisitos del 243, está provocando un tipo de precedente inestable (Subrayado de la Sala)
Conforme a la transcripción previa, considera esta Sala, que es evidente lo repetitivo de los fundamentos expresados por el recurrente sobre la incidencia surgida por las cuestiones previas opuestas. Es con estos fundamentos, con los cuales pretende hacer ver a esta Sala que en la sentencia recurrida se han configurado los vicios denunciados. Sin embargo, consta en los autos que dichos alegatos ya fueron objeto de estudio en la oportunidad de la resolución del recurso de casación previamente ejercido y resuelto en esta sede casacional.
Es por ello que, resulta inconcebible tal insistencia, ya que, en la decisión emanada de este Máximo Tribunal (en esta misma Sala), de fecha 15 de julio de 2.004, que corre inserta a los folios 187 al 208 del expediente contentivo de la causa, quedó suficientemente establecido que la demandada pudiendo ejercer su derecho a la defensa, bien fuera, impugnando oportunamente la actividad subsanadora de la demandada, o contestando la demanda en tiempo útil; no lo hizo, por tal razón, resultaba improcedente cualquier pronunciamiento por parte del juez de la causa respecto a dicha subsanación.
En este mismo sentido, se pronunció la recurrida, y explanó los fundamentos correspondientes para declarar la confesión ficta de los demandados, motivo por el cual era absolutamente improcedente cualquier otro pronunciamiento atinente a la incidencia de cuestiones previas.
Asimismo, constata la Sala que en el escrito de formalización de la denuncia bajo examen, el recurrente no precisa en cuanto al supuesto vicio que pretende delatar. Confunde sus alegatos de violación del derecho a la defensa con una supuesta incongruencia, lo que no resulta claro para la Sala, impidiendo que la misma, por la deficiencia de la fundamentación, entre a analizar lo que pretende el denunciante. Son estas razones las que motivan a esta Sala a desechar la presente denuncia. Así se decide.
Esta Sala advierte que el formalizante nuevamente delata la infracción de artículos contenidos en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente los artículos 49 numeral 1° y 253, respecto a los cuales, evitando repeticiones inútiles, se consideran reproducidos aquí, los argumentos expuestos en la denuncia enumerada por el formalizante como primera y que ha sido resuelta precedentemente.
RECURSO POR INFRACCIONES DE LEY
I
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en correspondencia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se denuncia la infracción de los artículos 19, 352 y 354 del antes referido código, por falta de aplicación.
Se denuncia de la siguiente manera:
El juez tiene la obligación de decidir y no puede bajo ningún pretexto abstenerse en el presente caso, claramente el juez conforme a lo dispuesto en los (sic) artículos (sic) 354 el juez debía pronunciarse sobre el escrito declarando extinguido el proceso, pues no había subsanación y había una clara reforma de la demanda. El juez no omitió ningún pronunciamiento. El juez de alzada debió aplicarse (sic) esa norma y reponer al estado que debía pronunciarse sobre el escrito del demandante que había presentado como supuesta subsanación.
El juez de Alzada (sic) comete falta de aplicación en el contenido y alcance del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, pues debía seguir el procedimiento establecido en dicho artículo, y al décimo día siguiente a la articulación tomar decisión.
( Omissis )
El juez de alzada comete falta de aplicación del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil que establece:
( Omissis )
Debía haberse pronunciado acorde con lo dispuesto en el artículo 354 que expresa que si el demandante no subsana debidamente ( ), el proceso se extingue. Nótese en su decisión que no hace alusión de ninguna manera, a las cuestiones que habían sido alegadas por la demandada. El juez debe declarar extinguido el proceso, pues al no haber subsanado debidamente el demandante los defectos y omisiones en el plazo indicado, esta es la consecuencia. Quien declara que no hay subsanación debidamente hecha? El juez, es el único que tiene la potestad jurisdiccional. No se le puede exigir esto a las partes.
Una vez transcrito el texto de la delación expuesta por el recurrente, la Sala debe expresar lo siguiente:
En el presente caso, se denuncia la falta de aplicación de los artículos 19, 352 y 354 del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto a lo dispuesto en la norma contenida en el artículo 19 del referido código procesal, en la misma se contempla la denominada denegación de justicia, que supone el incumplimiento de la obligación que corresponde a aquellos a quienes le ha sido encomendada la labor de ejercer la judicatura en la República Bolivariana de Venezuela; de dar respuesta oportuna y adecuada a las peticiones que les son encomendadas o sometidas a su conocimiento, en virtud de la magistratura que desempeñan conforme a las facultades que les otorga tanto la ley como el texto constitucional vigente.
Así reza el mencionado artículo:
El juez que se abstuviere de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la ley, oscuridad o de ambigüedad en sus términos, y asimismo, el que retardare ilegalmente dictar alguna providencia, será penado como culpable de denegación de justicia. (Negrillas de la Sala)
Haciendo referencia a la citada norma, el formalizante señala en su denuncia que el juez superior dejando de aplicar lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, no se pronunció sobre el escrito de subsanación presentado por el demandante en virtud de las cuestiones previas opuestas por la parte accionada en la oportunidad correspondiente, y en consecuencia, según su criterio, dicho juzgador incurrió en denegación de justicia, pues el juez tiene la obligación de decidir y no puede bajo ningún pretexto abstenerse.
En este sentido, la Sala observa que el formalizante ha acusado al sentenciador de haber incurrido en denegación de justicia y sin embargo, al examinar los autos atendiendo a lo denunciado, se constata que existiendo una decisión precisamente la recurrida -, producto del análisis realizado por el ad quem, y expresados en ella los fundamentos que lo llevaron a manifestar su decisión; no encuadra entonces la conducta desempeñada por quien tuvo la misión de sentenciar en el sub iudice, (quien con su dispositiva dio respuesta oportuna a lo solicitado por ambas partes en el asunto controvertido); con el supuesto de hecho contenido en el artículo 19 del Código Procesal Civil, que como ya se señaló, contempla la denegación de justicia.
Al respecto ha de observarse que, en ningún momento el juzgador dejó de dar respuesta a las alegaciones expuestas por las partes en la contienda judicial sometida a su estudio, sino que de acuerdo con lo actuado, y haciendo uso de su facultad decisoria, aquel emitió el pronunciamiento correspondiente.
Ahora bien, el formalizante, al ejercer el recurso de casación aquí examinado, manifiesta su inconformidad con el fallo dictado por la alzada, respecto al cual, debe señalarse que, si existe desacuerdo de una u otra de las partes en litigio, con las interpretaciones y valoraciones hechas por aquel quien tuvo la obligación de decidir, ello no implica denegación de justicia, pues esta supone el retardo o la negativa de decidir por parte del magistrado a quien atañe dictar lo conducente, utilizando ciertos pretextos taxativamente indicados en la norma adjetiva en cuestión, caso éste que no se corresponde con el examinado en esta oportunidad.
De allí que, dicho lo anterior, previo examen del texto que conforma la recurrida, la Sala determina que las normas denunciadas como infringidas por falta de aplicación, como lo son las establecidas en los artículos 352 y 354 del Código de Procedimiento Civil, no eran aplicables al caso concreto, en consecuencia lo denunciado, debe ser declarado sin lugar. Así se decide.
II
Al amparo del artículo 313 en su ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 354, del mismo código, por falta de aplicación, y la de los artículos 343 y 362 eiusdem, por falsa aplicación.
A tales efectos el recurrente se expresó como sigue:
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en correspondencia con los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, denunciamos infracción de los artículos del Código de Procedimiento Civil siguientes: 354, obligación del sentenciador de declarar la perención, en el caso por falta de aplicación en correspondencia con el artículo 271; de los artículos 343 y 362 del Código de Procedimiento Civil, ambos por falsa aplicación.
Establece el artículo 354 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
( Omissis )
En el presente caso el demandante no subsanó, sino que hizo reforma de la demanda, eso significa que estaba en el supuesto de hecho de la norma citada y debía aplicarse la perención: extinguirse el proceso, con el efecto señalado en el artículo 271.
( Omissis )
Darle curso, como se hizo y así sentencia la recurrida, es no aplicar los artículos 354 y 271.
Se incurre en el vicio de no negar la aplicación a una norma vigente. Esta falta de aplicación violenta las garantías constitucionales de tutela efectiva ( ) quebranta el debido proceso ( ) y violenta el artículo 257 al no concebir el proceso como instrumento de justicia, sino de meros formalismos. También hay falsa aplicación, pues al aceptar la reforma de la demanda se estaría dando una falsa interpretación al artículo 343. Como consecuencia lógica al equiparar reforma de la demanda con subsanación se incurre en error de interpretación, en este sentido hay quebrantamiento de ley, pues en las cuestiones previas no es momento para formular reforma de la demanda, en el supuesto negado, que fuese posible hacer reforma debería citarse al demandado, a los fines que se imponga de nuevo contenido y debería librarse compulsa de la misma reforma. Hay falsa aplicación del artículo 362, pues para que ocurra esto debe ser expresamente cuando se diere contestación a la demanda, cuestión que en el presente caso no estaba definido ya que no había decisión del sentenciador sobre los elementos aportados por el demandante a manera de subsanación, cuando en realidad hizo reforma y debía aplicarse el artículo 354 con los efectos del artículo 271. Luego no había contestación de la demanda, acto como tal, pues lo jurídico era la perención. Aún en el supuesto negado que se hubiese admitido la reforma había que citarse al demandado y correría la contestación conforme a la citación que se hubiese hecho. Con esa violación de ley se infringe el debido proceso.
La transcripción previa ha sido considerada necesaria por esta Sala, pues de esta manera, se constata el contenido de la denuncia efectuada por el formalizante, respecto a la cual se observa, que en el sub iudice, la parte demandante, una vez opuesta por la accionada la cuestión previa prevista en el ordinal 6° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil; procedió a subsanar la misma oportunamente, siendo así, una vez vencido el lapso hábil para dar contestación a la demanda, el demandado no lo hizo, quedando en consecuencia, confeso con respecto a lo alegado en su contra.
De lo anterior se desprende, que la pretendida falta de aplicación del artículo 354 de la ley procesal que regula la materia civil, no es procedente, ya que dicha disposición va referida al procedimiento aplicable en aquellos casos en los cuales el demandante, ante la oposición de las cuestiones previas previstas en los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 346 del referido código procesal; no subsanare los defectos u omisiones opuestos en el plazo legalmente señalado, situación ésta, que difiere absolutamente de la ocurrida en el sub iudice, donde por el contrario quedó establecida la confesión ficta de la parte accionada, por no contestar oportunamente la demanda.
En referencia a la denunciada falsa aplicación del 343 del código adjetivo civil, que establece la posibilidad que tiene el demandante, conforme a la ley, para reforma de la demanda por una sola vez, la Sala constata que la referida disposición en ningún momento fue aplicada por el juzgador en el caso bajo examen. Por tanto, si dicha norma no fue aplicada, resulta improcedente su falsa aplicación. Así se decide.
En cuanto a la también denunciada falsa aplicación del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha examinado el texto de la decisión recurrida, y a los efectos de atender lo denunciado, procede a transcribir el contenido del mismo de la siguiente manera:
La presente causa se inició cuando el Banco de Fomento Regional Los Andes, Compañía Anónima, demanda al ciudadano Antonio Mantionne Buttaci como deudor y a Manufacturas Cordillera compañía Anónima y Salvatore Mantione Buttaci, en su carácter de fiadores solidarios y principales pagadores, por el procedimiento de intimación, de conformidad con lo establecido en el artículo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 9 de agosto de 2002, la parte demandada, en la oportunidad de dar contestación a la demanda opuso la cuestión previa prevista en el ordinal 6º del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 5° del artículo 340 eiusdem, la cual fue subsanada por la parte actora mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2002, sin que dicha subsanación voluntaria hubiera sido impugnada por la parte demandada en la oportunidad legal correspondiente, tal como quedó establecido en la decisión dictada por la Sala de Casación Civil en fecha 15 de julio de 2004 transcrita supra.
Por diligencia de fecha 30 de septiembre de 2002, la representación judicial de la parte demandante solicita al a quo el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 20 de septiembre de 2002, hasta el 30 de septiembre de 2002, ambas fechas inclusive. Así mismo pide que se declare la confesión ficta de la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el 362 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que la misma no dio contestación a la demanda, dentro del lapso establecido en el artículo 359 eiusdem. Conforme a lo expuesto, entra esta alzada a analizar si en el caso de autos se han cumplido los requisitos para declarar la confesión ficta de la parte demandada, a tenor de lo establecido en el mencionado artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:
( Omissis )
La lectura del transcrito artículo puede inferirse que se requieren tres requisitos esenciales para que proceda la confesión ficta:
( Omissis )
En este sentido la Sala de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal (sic), en decisión Nº 139 de fecha 20 de abril de 2005, señaló:
( Omissis )
Así las cosas en el caso bajo estudio se aprecia lo siguiente: Con relación al primer requisito, es decir que el demandado no de contestación a la demanda, se tiene como satisfecho dado que en las actas procesales no consta escrito de contestación alguno. Respecto al requisito relativo a que el demandado no pruebe nada que le favorezca, se encuentra plenamente cumplido, por cuanto en la oportunidad probatoria la parte demandada no promovió pruebas. Y en cuanto al requisito de que la petición del demandante no sea contraria a derecho, conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia es necesario para su declaración verificar si el ordenamiento concede tutela jurídica a la pretensión esgrimida en el libelo de la demanda.
Al respecto se observa que la demanda que da inicio al presente proceso se contrae a una acción por cobro de bolívares instaurada por el procedimiento de intimación, previsto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, proveniente de una obligación contraída mediante instrumento pagaré firmado entre el Banco de Fomento Regional Los Andes, Compañía Anónima y los demandados en el presente juicio, la cual goza de la protección legal establecida en las normas sustantivas del Código Civil contenidas en los artículos 1159, 1160, 1167, 1284 y 1269; en las disposiciones relativas al pagaré establecidas en el Código de Comercio, así como en las normas adjetivas relativas al procedimiento de intimación previsto en los artículo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia la pretensión de la parte demandante, no solo no es contraria a derecho, sino que está expresamente tutelada en nuestro ordenamiento jurídico.
En consecuencia, establecido como ha quedado el cumplimiento de los tres supuestos a que se refiere el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, esta juzgadora considera procedente declarar configurada la confesión ficta de la parte demandada, quedando así confirmada la decisión apelada. (Subrayados de la Sala)
Ahora bien, visto lo anterior, se evidencia la aplicación de la norma contenida en el referido artículo 362 del código adjetivo, el cual con muy vagos y confusos argumentos, ha sido denunciado como infringido por quien recurrió en casación, por considerar que el mismo fue falsamente aplicado.
La falsa aplicación de una norma, supone por parte del juzgador que hace uso de ella; incurrir en relacionar erróneamente la ley y los hechos. Respecto a ello, una vez verificado en el transcrito texto de la sentencia impugnada, que el sentenciador, de acuerdo a los hechos aplicó el contenido del artículo 362 del Código Procedimiento Civil, analizando en su decisión en que forma se vieron llenos los extremos de la confesión ficta prevista en la referida norma; permite a esta Sala concluir que en su delación el recurrente no tiene razón, por cuanto justamente fue aplicada la norma adecuada al caso concreto, razón por la cual, necesariamente debe declararse improcedente la presente denuncia. Así queda decidido.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 15 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de fecha 15 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena a los recurrentes al pago de las costas.
Publíquese y regístrese. Remítase al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp: N°. AA20-C-2005-000501
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