Venley

Sentencia N.º RC.00339

Sentencia
N.º RC.00339
Fecha
10/06/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
07-751
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2007-000751

 

Ponencia del Magistrado: CARLOS OBERTO VÉLEZ

En el juicio por cumplimiento de contrato de compra venta intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por la ciudadana MARIBEL PINZÓN BOLÍVAR, representada judicialmente por el profesional del derecho Omar Antonio Monsalve Contreras, contra la ciudadana, EUSEBIA LUCÍA MORA PÉREZ, patrocinada judicialmente por la abogada en ejercicio de su profesión, René Sorlay González Acevedo; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de esa misma Circunscripción Judicial, con competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 14 de agosto de 2007, mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo del a quo de fecha 12 de febrero de 2007; con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de compra-venta; y sin lugar la reconvención propuesta. En consecuencia, revocó el fallo apelado y condenó a la accionada-reconviniente al pago de las costas procesales.

Contra la precitada sentencia, la demandada-reconviniente anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Al amparo del ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243, ordinales 4°) y 5°) eiusdem, por omisión de pronunciamiento.

Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“...La referida denuncia se realiza en orden al contenido de la recurrida; en consecuencia, se evidencia de la misma una omisión de pronunciamiento con una evidente violación de los requisitos de forma establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la violación de los ordinales 4° y 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil (Sic).

Si bien es cierto que la sentencia referida por la recurrida declaró la perención de la instancia del juicio por vía de tercería contenido al expediente numero (Sic) 31203, acumulado a la causa principal del expediente numero 30554 (Sic), no es menos cierto que la recurrida silenció su pronunciamiento sobre los derechos que como tercera interesada posee la ciudadana LEIDA ALARCON (Sic) LOPEZ (Sic), en su carácter de propietaria del inmueble objeto de esta controversia. Como tercera interesada, formalizó la OPOSICIÓN A LA MEDIDA INNOMINADA decretada, en su debida oportunidad, que corre inserta al Cuaderno de Medidas del Juicio (Sic) principal, en sus folios seis (06) al folio 26 (Sic), y promovió pruebas idóneas y suficientes que demuestran la titularidad de su derecho, tal como consta a los folios treinta (30) al treinta y cuatro (34). Además, consignó los instrumentos públicos que demuestran tales derechos y corren agregados a los folios ciento veintitrés (123) al ciento treinta y uno (131) del Cuaderno de Medidas del juicio principal.

Tal omisión de la recurrida generó una sentencia de imposible ejecución, por cuanto ordena a la demandada que cumpla con su obligación de efectuar el traspaso a la demandante de las mejoras, hecho que resulta imposible, dado que dicho bien no forma parte del patrimonio de la demandada, puesto que tales mejoras pertenecen por instrumentos públicos a la tercera interesada, ciudadana LEIDA ALARCON (Sic) LOPEZ (Sic), derechos estos que fueron suficientemente probados y demostrados a lo largo del presente juicio como consecuencia de la intervención de esta última como tercera interesada, quien haciendo uso del principio de la comunidad de la prueba trajo a juicio documentales que así lo demuestran y más aún, probó plenamente que adquirió además la propiedad del terreno sobre el cual se encuentran edificadas dichas mejoras, por compra que hiciera a la Alcaldía del Municipio Jáuregui del Estado (Sic) Táchira. Tan de imposible ejecución resulta el dispositivo ordenado por la recurrida, que de dar cumplimiento a ello, incurriría en el delito de estafa agravada por instrumento público, pues se configuraría en la venta de un bien inmueble que no le pertenece, además de que podría considerarse la doble venta de un mismo bien, los cuales en derecho constituyen delitos.

La omisión de pronunciamiento por parte de la recurrida genera indefensión por parte del tercero interesado para hacer valer sus derechos. Así ha sido sostenido en forma reiterada por este Máximo Tribunal cuando en sentencia de esta Sala de Casación Civil del 05 de abril de 1.979 (Sic), estableció con ponencia del magistrado Dr. Carlos Trejo Padilla, lo siguiente:

(...Omissis...)

En sentido semejante se pronunció la Sala con el ponente magistrado Rafael Alfonso Guzmán en fecha 04 de agosto de 1.993 (Sic), expediente numero (Sic) 91-0567; y posteriormente con ponencia del magistrado Aníbal Rueda en fecha 16 de febrero de 1.995 (Sic), expediente numero (Sic) 95-0001.

Como resultado de lo antes expuesto, la sentencia recurrida se encuentra inficionada de nulidad por imperativo mandato del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto La (Sic) recurrida incurrió en una omisión de pronunciamiento con relación a los derechos del tercero interesado, violentándose de tal modo, además, el denunciado artículo 12 procesal, y así debe declararlo esta Sala.

Por las razones expuestas, solicito que la presente denuncia sea declarada CON LUGAR...” (Mayúsculas y negritas de la recurrente).

 

Para decidir, la Sala observa:

En la presente denuncia la recurrente plantea la supuesta infracción por parte de la recurrida del artículo 243, ordinales 4°) y 5°) del Código de Procedimiento Civil, al omitir pronunciamiento respecto a alegatos realizados por la tercera interesada.

En este orden de ideas, señala la formalizante de manera por demás irregular la presunta infracción de los ordinales 4°) y 5°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen la supuesta existencia de los vicios de inmotivación e incongruencia, los cuales son de conceptos y características distintas que ameritan su denuncia por separado.

Aunado a lo anterior, la denuncia expuesta por la recurrente se circunscribe a una supuesta omisión de pronunciamiento respecto de unos alegatos o derechos expuestos por una tercera interesada, aun cuando quien recurre es la demandada; mas, del texto de la recurrida se observa que “...En cuanto a la tercería planteada en la presente causa, observa esta juzgadora que en dicho juicio el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Táchira profirió sentencia en fecha 07 de julio de 2006, mediante la cual declaró perimida la instancia (fls. 78 al 84 del cuaderno de apelación), sentencia que no fue recurrida. En tal virtud, considera quien juzga improcedente hacer alguna consideración al respecto...”.

En este sentido, la Sala, en sentencia N° 793 del 29 de noviembre de 2005, caso Agropecuaria Guanapa, C.A. contra Darío Coromoto Barazarte, expediente N° 2005-000513, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:

“…De la delación supra transcrita se evidencia que el formalizante endilga a la recurrida el vicio de incongruencia negativa, toda vez que aduce una supuesta omisión de pronunciamiento “...en el dispositivo del fallo...”, respecto a la procedencia o no de la “...defensa de fondo...” alegada por el accionado -su contraparte- en el escrito de contestación a la demanda, atinente a la prescripción adquisitiva del inmueble que se pretende reivindicar, aun cuando, de otro lado, el recurrente, expresamente reconoce que en la motiva si hubo señalamiento al respecto.

(…Omissis…)

Ahora bien, no obstante el predicho reconocimiento del formalizante, la Sala considera oportuno precisar que para plantear este tipo de denuncia se requiere la existencia de un interés legítimo, por tanto, es menester que la decisión dictada por el juez ocasione un perjuicio o agravio a una de las partes (o de ambas), lo cual, impulse el planteamiento de la denuncia para impugnar el pronunciamiento del juez.

Sobre el particular, la Sala en sentencia N°. 1120, de fecha 22 de septiembre de 2004, Exp. N° 2003-000502, en el caso de Rafael José Marcano Gómez contra Rosaura del Valle Hernández Torres, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:

“...En relación a la legitimidad o interés del recurrente sobre la delación planteada, ha sido pacífica y reiterada la doctrina de esta Sala, en sentencia Nº 117 del 13 de abril de 2000, caso Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la sociedad mercantil Agropecuaria El Jobal C.A., y otro, expediente Nº 99-1030, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:

“...El formalizante alega que la sentencia recurrida infringió el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento en torno a la oposición que a la medida de embargo ejecutivo realizó la sociedad mercantil Desarrollo Buriita C.A.

Al respecto, la Sala ha sostenido en diversas oportunidades que para denunciar el vicio de incongruencia negativa es necesario que el recurrente en casación ostente legitimidad, entendiéndose por ella que el denunciante resulte afectado por la pretendida omisión de pronunciamiento. En efecto, en sentencia de 13 de agosto de 1992, reiterada en decisión  de 9 de diciembre de 1998, y 21 de julio de 1999, (Belkis Astrid González Guerrero c/. Beltina María Zerpa de González), la Sala expresó:

‘De acuerdo a reiterada doctrina, la omisión de pronunciamiento en la sentencia sólo puede ser denunciada en casación por la parte que resulte afectada por tal defecto, pues la parte contraria carece de legitimidad para denunciar un vicio que sólo podría favorecerlo’.

Por tanto, en el presente caso la recurrente no tiene legitimidad para denunciar la omisión de pronunciamiento sobre la oposición formulada por la sociedad mercantil Desarrollo Buriita C.A., razón por la cual se desecha la denuncia.

Tal como claramente se observa, debe el recurrente tener una legitimidad o interés sobre las delaciones que plantea, de lo contrario se declarará su improcedencia...” (Negrillas del texto).

Como corolario de lo expuesto y en atención al precedente jurisprudencial supra transcrito, el cual se reitera, esta sede casacional concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento respecto a una pretensión planteada por su contraparte; lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece…” (Negritas y cursivas del texto).

 

Por todo lo antes expuesto, en aplicación de la transcrita jurisprudencia y determinado que los alegatos cuya omisión de pronunciamiento expuestos en la delación fueron de una tercera interesada y no de quien recurre, la Sala concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento, lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243, ordinales 4°) y 5°) del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

II

Al amparo del ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243, ordinales 3°) y 4°) eiusdem.

Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“...Del análisis probatorio se puede observar que la sentenciadora no tomó en cuenta los hechos alegados por ambas partes, siendo criterio de quien decide, que el artículo 1363 (Sic) del Código Civil, constituye prueba fehaciente del negocio jurídico celebrado entre las partes en el presente juicio. No obstante, el referido artículo 1363 (Sic) del Código Civil establece reglas que regulan la apreciación de los hechos o de las pruebas, en consecuencia sirve para demostrar que entre las ciudadanas MARIBEL PINZON (Sic) BOLIVAR (Sic) y EUSEBIA LUCIA (Sic) MORA PEREZ (Sic), fue celebrada una promesa de venta donde se estableció el compromiso de compra, y la forma de pago del precio, la cual no fue cumplida por la demandante en los términos convenidos. La recurrida valoró como prueba fehaciente el documento legalmente reconocido como indica la sentencia en el folio 386 de la pieza 2, y como es fácil evidenciarse, hizo caso omiso de los elementos aducidos por las partes. Tal manera de decidir es impropia y así ha sido sostenido por el Máximo Tribunal cuando en sentencia de esta Sala de Casación Civil del 07 de Marzo (Sic) de 2.002 (Sic), estableció, con ponencia del magistrado Dr. Franklin Arrieche G., expediente N° 01-0105, lo siguiente:

(...Omissis...)

La recurrida sostiene que silenció su apreciación sobre el valor probatorio de la sentencia que declaró improcedente y no válida la oferta de pago formulada por la accionante Maribel Pinzón Bolívar dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Táchira. Sólo se limita a indicar que (...) aun cuando dicha oferta fue revocada por el Juzgado Tercero... mediante decisión dictada el 30 de marzo de 2006, puede colegirse de ella que la compradora manifestó su voluntad de pagar el saldo restante de la deuda contraída en virtud de la deuda indicada y acudió a los órganos jurisdiccionales en su oportunidad en virtud de la negativa de la vendedora a recibir el saldo que le adeudaba por esta causa.

(...) No obstante, no resulta menos cierto que la oferta de pago y subsiguiente Depósito (Sic) fue formulada por la parte demandante con posterioridad a la fecha pautada, lo cual trajo como consecuencia que resultara EXTEMPORANEA (Sic), dado que no se llenaron los extremos de ley. Sin embargo, la recurrida llega al convencimiento en juicio, que efectivamente la demandante tuvo la intención de pagar en su debida oportunidad sosteniendo en su narrativa “(...) que la demandante reconvenida cumplió con su obligación, la cual si bien es cierto no fue total, esto se debió a una causa imputable a la vendedora (..) (pieza 2 fl 397). Este criterio de la recurrida demuestra que no apreció en su justo valor probatorio la sentencia que declaró improcedente y no válida la oferta de pago formulada por la accionante Maribel Pinzón Bolívar dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (Sic) Táchira, y a su criterio solo le permitió concluir la intención de la demandante de cumplir su obligación. Sin embargo ha de concluirse que la omisión en la valoración de esta instrumental por la recurrida vicia de nula la sentencia. Ese modo de decidir, carente absolutamente de los fundamentos y motivos de hecho y de derecho para destruir el valor de una sentencia que declaro (Sic) la extemporaneidad de la oferta de pago, constituye una configuración (Sic) plena de la valoración del denunciado ordinal 4° del Artículo (Sic) 243 del Código de Procedimiento Civil.

Tiene establecida esta Sala de Casación Civil lo siguiente:

(...Omissis...)

En el caso analizado, la recurrida, luego de admitir que la ciudadana MARIBELPINZON (Sic) BOLIVAR (Sic), tuvo la intención de pagar en su debida oportunidad, que cumplió con los términos de la negociación, sin embargo, se contradice cuando en el dispositivo SEGUNDO de la sentencia (folio 398 pieza 2) ordena pagar a la demandada reconviniente la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Sic) (Bs. 3.000.000,oo) por concepto de saldo del precio de venta. Tal apreciación es contradictoria y dejar (Sic) entrever l falta de claridad de los motivos que, fundados en los hechos, deben ser subsumidos en el derecho, incurriendo en la violación de la norma, y en consecuencia, vicia de nula la sentencia por carecer de los requisitos esenciales de la misma.

Tal manera de decidir, Ciudadanos Magistrados se encuentra absolutamente divorciada de los lineamientos desarrollados y exigidos por esta Honorable Sala, de obligatorio acatamiento por los jueces de instancia, pues resulta inconcebible que con argumentos tan inconsistentes como los señalados, se incumple de manera flagrante la obligación establecida en el denunciado (Sic) del (Sic) artículo 243, ordinal 4°, que obliga al Juzgador expresar con claridad los motivos que, fundados en los hechos, deben ser subsumidos en el derecho. Igualmente incumple la recurrida al mandato expreso contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que impone al Juez la obligación de atenerse a lo alegado y probado en autos, “...sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados”, violación que quedó plasmada al sacar un “elemento de convicción” distinto al establecido y argumentado por el propio demandado, que no pagó el precio de venta en el término convenido, por lo que no se explica de dónde pudo deducir que, la simple intención de pagar de la demandante mediante una oferta de pago que resultó improcedente y no válida es suficiente para considerar que la compradora manifestó su voluntad de pagar el precio en su oportunidad.

Como resultado de lo expuesto, la sentencia recurrida se encuentra inficionada de nulidad por imperativo del artículo 244 de (Sic) Código de Procedimiento Civil. Toda vez que además de los denunciados vicios, incurrió en el de ultrapetita al ordenar el pago de una cantidad de dinero a la demandada no solicitado por la parte demandante y así pido que sea establecido por la Sala.

Por las razones expuestas, solicito que la presente denuncia sea declarada CON LUGAR...” (Mayúsculas y negritas de la recurrente).

Para decidir, la Sala observa:

En la presente denuncia la recurrente señala que la Sentenciadora de Alzada erró al momento de analizar y valorar el material probatorio que consta de autos, infringiendo los ordinales 3°) y 4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Al igual que en la anterior denuncia, la recurrente yerra la fundamentación de la denuncia al delatar de manera conjunta una presunta falta de síntesis clara, precisa y lacónica con una inmotivación, los cuales deben ser denunciados de manera aislada; mas, del texto mismo de lo expuesto por la formalizante, entiende esta Sala de Casación Civil que la misma está referida al establecimiento o valoración de la prueba, vicio éste que debe ser delatado por infracción de ley y no como un defecto de actividad, como erradamente lo hizo la formalizante.

Es de la exclusiva carga del formalizante atender las exigencias contenidas en los artículos 313 y 317 del Código de Procedimiento Civil, cuyo correcto cumplimiento permite a la Sala el conocimiento de las denuncias, debiéndose, en consecuencias, adaptarse a la correcta técnica de casación. Aunado a ello, la jurisprudencia de la Sala ha venido definiendo y precisando, a partir de las indicadas normas, esa carga del formalizante, precisando que cuando exista una mezcla indebida de denuncias cuyas fundamentaciones no puedan individualizarse o se pretenda, como es el caso, fundamentar una denuncia relativa a la apreciación del material probatorio a través de una denuncia por defecto de actividad la Sala no tiene la carga de deducir los vicios en que puede haber incurrido el ad quem, supliendo la obligación del recurrente, por cuanto, este incumplió con el requisito referente a la técnica requerida para estructurar su delación y dada la falta de una fundamentación clara y precisa, se pone al descubierto la deficiencia del escrito de formalización.

En consecuencia, visto que esta denuncia fue planteada bajo la estructura de un defecto de actividad, cuando debió ser delatada como una infracción de ley, pues, como se expresó, ella se circunscribe a delatar un supuesto vicio en la valoración de la prueba, cuya correcta técnica pasa por delatar, con fundamento en el artículo 320 eiusdem, la infracción de norma jurídica expresa que regule la valoración de las pruebas, la misma se desestima por falta de técnica en la formalización. Así se decide.

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

Al amparo del ordinal 2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 431 ibídem, por falta de aplicación.

Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“...Con fundamento en el ordinal 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem (Sic), denuncio la violación por la recurrida, de los artículos 12, 15 y 231 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación.

Al efectuarse la valoración probatoria de la parte demandante reconvenida, señalo (Sic) la recurrida:

(...Omissis...)

La recurrida confiere valor probatorio de documentos administrativos referidos, cuando no debió apreciarlos con valor probatorio alguno, dado que la parte promovente no cumplió con la formalidad de ratificación por el tercero del cual emanan, a través de la prueba testimonial, como lo exige el denunciado (Sic) artículo 431 procesal por lo que a la luz del artículo denunciado, es por lo que la referida norma dejó de cumplirse en su integridad, careciendo los documentos en referencia de valor probatorio algunos de prosapia trayectoria de esta Sala que los documentos privados emanados de terceros no intervinientes en el proceso no pueden ser opuestos por una de las partes a la otra, siendo la forma idónea para hacerlos valer, que los terceros firmantes sean llamados a declarar como testigo para que por este medio los reconozca en su contenido y firma, reconocimiento este de imprescindible cumplimiento para poder validarlos. En el caso analizado, tal reconocimiento ocurrió solo por uno de los signatarios, por lo que ese reconocimiento es ineficaz, pues el legislador no deja lugar a dudas al señalar que los terceros (obsérvese la forma plural) deben ratificar su contenido mediante la prueba testimonial, no siéndole permisible al juzgador apreciarlos cuando su ratificación no lo hagan todas las personas de las cuales emanó el documento, como ocurrió en el presente caso, careciendo en consecuencia de valor probatorio alguno.

Con su conducta, la recurrida infringió además, el denunciado artículo 12 procesal, el cual le impone al juez el deber ineludible de atenerse a las normas del derecho en sus decisiones, y únicamente a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. Asimismo infringió la obligación de mantener a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y sin que pueda permitir ni permitirse extralimitaciones de ningún genero (Sic), lo cual le impone el denunciado articulo (Sic) 15 procesal. La conducta de la recurrida tuvo una influencia determinante en el dispositivo del fallo, pues de no haber dado a la prueba documental privada la relevancia atribuida, otra habría sido la decisión definitiva.

Conforme a lo previsto en el ordinal 4 del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, señalo como normas que la recurrida debió aplicar y no aplicó, para resolver las (Sic) controversia, las mismas denunciadas.

Por las razones expuestas, debe la Sala declarar CON LUGAR la presente denuncia.

Queda así formalizado el RECURSO DE CASACION...”. (Mayúsculas y negritas de la recurrente).

 

Para decidir la Sala observa:

En la presente denuncia la recurrente plantea la supuesta infracción de los artículos 12, 15 y 431 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación; mas, de la transcripción de la delación, la Sala observa que la misma está dirigida únicamente a delatar la valoración que hizo la ad quem de unas instrumentales como documentos administrativos.

En este orden de ideas, en la delación desechada precedentemente, esta Sala de Casación Civil determinó que el error en la valoración o establecimiento de una prueba debe delatarse como una infracción de ley. Aun cuando en el encabezado de la denuncia, la formalizante delata infracción del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, dicho artículo no guarda ninguna relación con el presente asunto y visto que del texto de la denuncia se señala el artículo 431 eiusdem, como infringido, la Sala considera la mención del artículo 231 ibídem, como un error material de la recurrente.

Ahora bien, la recurrente ataca la valoración realizada por la Sentenciadora de Alzada de varias instrumentales como documentos administrativos, cuando –según su dicho- para tal valoración los mismos debían ser ratificados en juicio a través de las testimoniales porque emanaban de terceros, por aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, la formalizante lo que debió atacar –y no lo hizo- fue la valoración de las instrumentales como documentos administrativos y no la supuesta falta de ratificación de esas instrumentales emanadas de terceros, infringiendo a su decir el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, mas de la delación misma se observa que la recurrente concuerda con la Juez Superior en que dichas instrumentales son documentos administrativos, y no privados pero lo que delata –se repite- es que dichos documentos administrativos debieron ser ratificados a través de la testimonial, supuesto que el referido artículo 431 solo prevé para los “documentos privados” y no los administrativos.

En relación a los documentos administrativos, la Sala en sentencia N° 285 de fecha 6 de junio de 2002, caso Eduardo Saturnino Blanco contra Abilio Pestana Farías, expediente N° 2000-000957, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:

“...la Sala considera oportuno señalar el criterio que la doctrina ha sostenido sobre la tasación que debe dársele a los documentos administrativos, asi (Sic) en decisión Nº 416 de la Sala Político Administrativa de la extinta Cortes Suprema de Justicia, de fecha 8 de julio de 1998, en el juicio de Concetta Serino Olivero c/ Arpigra C.A., expediente Nº 7.995, en cuyo texto se señaló:

“...En referencia al anterior alegato de la recurrente la Corte considera oportuno señalar lo siguiente:

Esta Sala Político-Administrativa ha establecido mediante sentencia de fecha 2 de diciembre de 1993, lo que se entiende por documento público estableciendo que, “En particular define el artículo 1.357 del Código Civil el documento público, como aquél que ha sido autorizado con las formalidades legales por un Registrador, por un Juez o por otro funcionario o empleado público que tenga facultad de darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El artículo 1.384 atribuye a los traslados y las copias o testimonios de los documentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, la misma fe de los originales si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes”. (Resaltado de la Corte).

Por otro lado, para esta Corte son Documentos Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad....”. (Cursivas del transcrito).

 

Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, los documentos administrativos “...deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario...”, porque los mismos “...están dotados de una presunción favorable de veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones...”, aun tal presunción “...puede ser destruida por cualquier medio legal...”; mas, dichas instrumentales valoradas como documentos administrativos como lo expuso la Sentenciadora de Alzada y concordó la recurrente, no deben ser ratificados mediante testimonial, lo que deja sin fundamento la presente denuncia, debido a que no es aplicable el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, denunciado, lo cual conlleva a la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la demandada contra la sentencia dictada el 14 de agosto de 2007, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.

Se condena a la recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2007-000751

 

Nota: publicada en su fecha a las

 

 

El Secretario,

 

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