Sentencia N.º RC.00436
- Sentencia
- N.º RC.00436
- Fecha
- 29/06/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 05-684
- Ponente
- Yris Armenia Peña Espinoza
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. 2005-000684
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
En el juicio por cobro de bolívares (vía intimación), seguido por el ciudadano RENE RAMÓN GUTIÉRREZ CHÁVEZ, representado judicialmente por los profesionales del derecho Luís Alberto Castañeda Boadas, Carlos Torres Velásquez, Ana Luisa Fernández, Yelitzer Mendoza, Yajaira Rodríguez Ortega, Luís Teneud Figuera y Marianela Cruz Caster contra la ciudadana ROSA LUISA GARCÍA GARCÍA, patrocinada por los abogados en ejercicio de su profesión Nela Chávez Ortega, Humberto Mendoza De Paola, Tito Abel Ramírez y Rolman Caraballo; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en fecha 16 de septiembre de 2005, dictó sentencia declarando con lugar el recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial del demandante, declaró la nulidad de los actos consecutivos a la contestación de la reconvención y repuso la causa al estado de que se abra a pruebas la causa, revocando por vía de consecuencia la sentencia del a quo de fecha 8 de junio de 2004 que declaró con lugar la oposición interpuesta por la demandada reconviniente, sin lugar la demanda por cobro de bolívares (Intimación), finalmente condenó a la parte actora- reconvenida al pago de las costas procesales.
Contra la preindicada sentencia, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos que a continuación se expresan:
DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
El recurrente denuncia la infracción de los artículos 206, 208 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que el sentenciador de alzada incurrió en el vicio de reposición mal decretada, sin apoyar su delación en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Para fundamentar su denuncia, el formalizante expresó:
“…el ad quem le imputa al a quo el quebrantamiento de formas procesales con menoscabo del derecho de defensa de la parte reconvenida, ciudadano René Ramón Gutiérrez Chávez, originados a su entender tanto en la tramitación de la tacha de falsedad opuesta por mi representada al momento de contestar la demanda; como por la revocatoria del auto de fecha 23 de marzo de 2003, que admite la reconvención, lo cual a todas luces no es cierto. Primeramente que cuando el a quo en fecha 23 de abril de 2003, revoca por contrario imperio el auto de fecha 25 de marzo de 2003, y repone la causa al estado de dictar la cita de saneamiento realizada, quedaron comprendidos en la reposición, los autos dictados en fechas 25 de marzo de 2003, 23 de abril de 2003, y 23 de abril de 2003 respectivamente, el primero de los cuales se refiere al auto que admite la reconvención, el segundo se refiere al que admite la reconvención, el segundo se refiere al que (sic) ordena el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 02 de abril de 2003, hasta el día 10 de abril de 2003, y al cómputo realizado por la secretaría y el tercero el auto que niega la admisión de la tacha de falsedad formulada por mi patrocinada, por considerarla extemporánea. Sin embargo, al haberse declarado la nulidad de los autos anteriores, en esa misma fecha 23 de abril de 2003, el a quo en vista de la admisión del tercero llamado a proceso suspende la causa por un lapso de noventa (90) días con la advertencia que una vez fuera cumplida la formalidad relacionada con la citación del tercero y pasado el lapso para su contestación, aunque el término de suspensión no estuviere vencido, la causa principal se reanudaría y se procedería a proveer sobre la admisión de la reconvención.
Tal actuación del a quo estuvo ajustada a derecho, pues una vez se dio cuenta del error cometido con la admisión de la reconvención, sin antes haber agotado la cita del tercero llamado a juicio, procedió a revocar tal actuación, más sin embargo, si la parte actora reconvencida (sic) consideraba que tal actuación le vulneraba su derecho a la defensa ha debido plantear el correspondiente recurso contra la precitada decisión que en decir del ad quem le causaba un agravio, en virtud de que se encontraba a derecho, cuestión que no hizo, sino que por el contrario guardó absoluto silencio ante la actuación del Tribunal de fecha 23 de abril de 2003…
(…Omissis…)
De manera pues, que se produjo una reposición indebida producto de una lectura no inteligente de los artículos 212 y 361 del Código de Procedimiento Civil, así como lo que resulta de las actas procesales tanto en relación con los actos de sustanciación de la tacha de falsedad propuesta por mi patrocinada, como por la revocatoria por contrario imperio del auto de fecha 25 de marzo de 2003, como del valor que debe atribuirse a las actuaciones de las partes en el proceso. En el presente caso, cuando el ad quem ordenó la reposición de la causa incurrió en un exceso a favor del demandante reconvenido, quien no había cumplido con la carga procesal de recurrir en contra de las actuaciones del a quo, si consideraba que las mismas le causaban un agravio, creando con ello un derecho privilegiado procesal de mantener vigente el auto de fecha 25 de marzo de 2003, cuando tuvo la oportunidad de recurrir del auto de fecha 23 de abril de 2003, que revocó por contrario imperio el del 25 de marzo de 2003, todo en perjuicio del derecho a la defensa y al debido proceso que le asiste a mi patrocinada, quien siempre estuvo atenta y fue diligente durante la secuela de los trámites del juicio en instancia. No esta demás agregar, que la reposición indebidamente decretada por el ad quem es violatoria de los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el fin útil de la revocatoria por contrario imperio del auto de fecha 25 de marzo de 2003, fue sanear el proceso de errores de procedimiento para no vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes…Se violentó igualmente lo previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República, pues declaró la reposición de la causa con excesivo formalismo.
Por último, violentó el ad quem el artículo 26 de la Constitución de la República, ya que con la reposición indebidamente decretada privó a mi representada del debido proceso legal en lo que se refiere a que a (sic) debido sentenciar el fondo del asunto sometido a su conocimiento, en virtud de la apelación formulada por la parte actora reconvenida, con lo cuál creó a favor de ésta un privilegio procesal de reaperturarle nuevamente los lapsos procesales para que ejerza sus derechos, el cual no es solamente del actor reconvenido, sino también de mi patrocinada, quien pretendió activamente la tutela el estado para el logro y defensa de sus derechos e intereses…”
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante denuncia la infracción de los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber incurrido el ad quem en el vicio de reposición mal decretada al reponer la causa al estado de que se apertura a pruebas en primera instancia; observándose que la presente denuncia no se fundamenta en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, lo que hace que la formalización de la misma carezca de la técnica exigida por la legislación procesal, sin embargo, e
n virtud de la garantía de no sacrificar la justicia por formalismos inútiles, de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala determina que la delación hecha por el formalizante se centra en el vicio de reposición mal decretada y así lo pasa a conocer.
En tal sentido, a efectos de verificar lo denunciado, se estima pertinente transcribir de manera parcial lo resuelto por la alzada:
“…V.I- Motivaciones para decidir
(…Omissis…)
La revocatoria por contrario imperio del auto que admite la reconvención
(…Omissis…)
El tribunal de la causa el día 25.03.2003 (f.85) admite la reconvención propuesta por la demandada, suspende entre tanto la causa principal y emplaza al actor RENE RAMON (SIC) GUTIERREZ (SIC) CHAVEZ a dar contestación a la reconvención sin necesidad de citación, todo lo cual está ajustado a derecho; sin embargo al percatarse del llamado del tercero a la causa revoca por contrario imperio en fecha 23.04.03 (f.103) el auto de admisión de la reconvención; suspende la causa por 90 días mientras se cumple con la citación del tercero y la contestación de la cita y señala que precluido lo cual procederá a admitir en “su oportunidad la reconvención”.
El A quo admite la reconvención en fecha 25 de marzo de 2003 y una vez contestada por el actor reconvenido, recova (sic) por contrario imperio aquella admisión el día 23 de abril de 2003; actividad procesal ilegítima ya que la admisión de la reconvención no es un auto de mero trámite o de mera sustanciación que pueda ser revocado por contrario imperio, en virtud que a partir de esa decisión (fecha en que admitió la reconvención) creó derechos a los litigantes, al extremo que la parte actora reconvenida da su contestación; luego tal revocatoria evidentemente dejó indefenso al actor, toda vez, que se suspendió la causa, la parte que propuso el llamado del tercero desistió de tal defensa y se dictó sentencia firme por la cual se declara confeso al actor reconvenido por falta de contestación a la reconvención, confesión que la provocó sin duda, la errónea tramitación del A quo en cuanto a las defensas que opuso la parte demandada en su contestación.
(…Omissis…)
Lo explicado generó en la causa, la revocatoria por contrario imperio por demás impropia del auto de admisión de la reconvención y aún más provocó que el actor reconvenido a pesar de haber dado contestación en tiempo oportuno, quedara confeso por falta de contestación a la reconvención propuesta…
(…Omissis…)
Siendo así, es evidente que el A quo alteró el procedimiento, menoscabó el derecho a la defensa de la parte actora colocándola en estado de indefensión al observarse de la causa el trámite inexacto en la admisión de la tercería y de la reconvención, que provocó –como se ha dicho- la confesión ficta del actor; situación evidentemente utilizada por la parte demandada para desistir, cuando lo consideró atinado de la tacha y de la intervención forzada del tercero…
(…Omissis…)
VII. Decisión
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, (sic) Tránsito y (sic) “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Nueva Esparta, Administrando Justicia, en nombre de la República (sic) de Venezuela y por Autoridad de La Ley declara:
(…Omissis…)
Segundo: Se declara la nulidad de los actos consecutivos a la contestación de la reconvención y por vía de consecuencia la reposición de la causa al estado que se abra a pruebas la causa y cumplido el acto de informes se dicte nueva sentencia...” (Negritas y subrayado del texto)
Así pues, corresponde a esta Sala verificar sí efectivamente la reposición ordenada por el sentenciador de la segunda instancia, estuvo mal decretada o si por el contrario la misma era necesaria a los efectos de salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso, tal y como lo expresa en su decisión, por lo cual es menester hacer una minuciosa revisión de las actas procesales:
En fecha 20 de marzo de 2003 la parte demandada presenta escrito de contestación de la demanda en el cual tacha el instrumento (pagaré), contesta al fondo de la demanda, reconviene al actor y llama a un tercero a la causa.
El 25 de marzo de 2003 el a quo dictó auto de admisión de la reconvención, suspende la causa principal y emplaza a la parte actora reconvenida, para que sin necesidad de citación conteste al 5to día siguiente al presente día.
En fecha 2 de abril de 2003 el demandante reconvenido presenta escrito de contestación a la reconvención.
El día 23 de abril de 2003 el a quo revoca el auto de fecha 25 de marzo de 2003, que admitió la reconvención de la demanda, indicando al respecto lo siguiente:
“…Vista la solicitud hecha en el capítulo IV del escrito de contestación, en lo referente a la citación de un tercero llamado a proceso, el Tribunal para proveer observa:
Disponen los artículos 383 y 386 del Código de Procedimiento Civil que en los casos en que se llame un tercero a la causa, éste deberá lógicamente ser citado para que comparezca a contestar la cita así como exponer las defensas que considere pertinentes respecto a la demanda principal, para lo cual deberá suspenderse la causa principal por el término de Noventa días a objeto que dentro de ese término se practiquen todas las diligencias necesarias para que se cumpla con la citación y contestación de la cita.
En tal sentido, de acuerdo a lo antes señalado no debió este Tribunal admitir la Reconvención sino proceder a cumplir con el trámite de la cita planteada y luego contestada ésta o de precluida la oportunidad, admitir la reconvención para que el actor contestara la demanda de mutua petición dentro de los cinco días a que hace referencia el Artículo 367 del Código de Procedimiento Civil.
De manera que, se impone revocar por contrario imperio el auto de fecha 25 de Marzo de 2003, se (sic) reponerla al estado de admitir la cita de saneamiento realizada…”
De lo anteriormente trascrito se evidencia que el a quo al percatarse de la existencia de la cita de tercero solicitada por el demandado, revocó el auto que admitió la reconvención y repuso la causa al estado de admitir la cita realizada, al constatar el quebrantamiento de formas procesales (omisión de la citación del tercero), pues había admitido la reconvención sin previamente haber citado al tercero llamado a la causa, en tal sentido, tal actitud del a quo fue acertada pues subsanó y ordenó el proceso, como director del mismo, en uso de su facultad de conducirlo hasta el estado de sentencia.
Sin embargo, la Sala observa que el a quo para realizar tal subsanación y evitar el quebrantamiento de formas procesales utilizó términos errados al indicar: “se impone revocar por contrario imperio el auto de admisión de fecha 25 de marzo de 2003”, ya que lo correcto era señalar que se anulaba el precitado auto írrito y las actuaciones posteriores al mismo, producidas por efectos de éste, y es lo que en consecuencia generaba la reposición de la causa al estado de admitir la cita del tercero la cual se encontraba pendiente, y fue solicitada por el demandado, renovando con esto dicho acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, el a quo con tal actitud no menoscabó el derecho a la defensa, señalado por el juzgador de alzada, al contrario al subsanar el vicio procesal de omisión de la citación de tercero, garantizó a las partes el debido proceso y el derecho a la defensa, pues tal omisión era imputable al juez y afectaba al orden público y a los intereses de éstas, por tanto dicha omisión debía ser corregida.
Así pues, respecto al carácter de orden público de la citación, esta Sala en sentencia de fecha 11 de octubre de 2001, caso Consuelo Roa de Medina y Gersan Roa Escobar contra Alba Yelitza Roa Escobar, Zulay Marina Roa Escobar y otros, indicó lo siguiente:
“…Referente a este punto considera la Sala pertinente destacar, que por tratarse la citación para la contestación de la demanda, un asunto en el cual está interesado el orden público, en razón de que dicho acto de comunicación procesal garantiza la igualdad de los justiciables ante los órganos encargados de impartir justicia y con esto el derecho a la defensa de progenie constitucional, que lleva implícito el de un debido proceso, la ausencia del acto en cuestión lesiona la validez del juicio.
En este sentido la doctrina autoral patria, reflejada en la opinión del Dr. Carlos Moros Puentes, sobre el tema de la citación, ha señalado:
“...D) CARACTERÍSTICAS:
De la citación emanan dos aspectos diferentes, según el carácter que la informa, como son:
1) En cuanto a Institución Procesal:
Por ser la citación una institución de rango constitucional y necesaria para la validez de un juicio, su carácter interesa al orden público y su inexistencia vicia de nulidad lo actuado a espaldas del demandado. En consecuencia, el propio, Juez, aun de oficio, cuando constante que no se ha verificado, debe proceder a corregir el proceso, ordenando la citación y anulando lo que se hubiere hecho con desconocimiento de la persona demandada. Si falta la citación, dice el maestro Armiño Borjas, “se habrá levantado sobre arena toda la estructura procesal…” (Subrayado de la Sala)
Ahora bien, una vez analizadas las actas procesales, en las cuales se verificó lo realizado por el a quo respecto a la reposición al estado de admitir la cita de tercero propuesta, y si tal actitud era permitida al juzgador, es necesario establecer si la reposición decretada por el ad quem a través de la sentencia que se recurre tiene alguna utilidad.
En tal sentido, respecto a la reposición de la causa, es necesario indicar que el Código de Procedimiento Civil, contempla, en sus artículos 206 y siguientes tal posibilidad, así pues, la reposición trae consigo la nulidad, por lo que los jueces deben revisar muy cuidadosamente antes de declararla, pues sólo es posible cuando haya menoscabo al derecho a la defensa y al debido proceso, o se haya violentado el orden público y siempre que dichas fallas no puedan subsanarse de otra manera, lo que se traduce en que tal reposición debe decretarse exclusivamente cuando esta persiga una finalidad útil, pues de no ser esta manera se estarían violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda.
Ahora bien, en el sub iudice considera la Sala que la reposición ordenada por el ad quem resulta evidentemente mal decretada e inútil; ya que en el procedimiento llevado en Primera Instancia no hubo quebrantamientos que afectaran al orden público por parte del a quo, pues como se indicó anteriormente el juez de primera instancia al corregir el vicio procesal de omisión de citación del tercero garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes; así mismo si las partes consideraron incorrecta tal actitud, no lo alegaron, por lo cual resulta notorio que se conformaron con la situación y la convalidaron al continuar actuando en el proceso, ya que efectivamente ambas partes pudieron esgrimir sus alegatos cuando se produjo la reposición al estado de admitir la cita del tercero, vale decir que los actos alcanzaron la finalidad para la cual estaban destinados; ante lo expuesto es obligante concluir que el Juez Superior incurrió en una reposición mal decretada e inútil, y menoscabó el derecho a la defensa al reponer indebidamente la causa al estado de apertura a pruebas de la causa, infringiendo de esta manera los principios de celeridad y economía procesal, causando con su conducta un desgaste a la jurisdicción y a las partes con la consabida erogación dineraria innecesaria.
En relación a la infracción de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su denuncia por vía del recurso de casación no es la idónea, dado a que la misma es objeto y conocimiento de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia por ello no pasan a analizarse; no obstante el deber y obligación que tienen los jueces de restablecer en todo caso el orden constitucional, por las razones anteriormente indicadas; en virtud de lo cual se declara procedente la denuncia analizada y por vía de consecuencia con lugar el recurso de casación, y así será establecido de forma expresa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en fecha 16 de septiembre de 2005.
En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de junio de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
Presidente de la Sala,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta-Ponente,
___________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
_________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
______________________________
LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. N°. AA20-C-2005-000684
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