Venley

Sentencia N.º RC.00466

Sentencia
N.º RC.00466
Fecha
21/07/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
07-905
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

                                                     

Exp. N° 2007-000905

 

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En la querella interdictal restitutoria, intentada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario  de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, por la sociedad mercantil COMERCIALIZADORA DICEMENTO, C.A., representada judicialmente por los abogados Ramón Muchacho U., María Gabriela Muchacho, Juan C. Arjona Ch. y Juan Vicente Ardila P.,   contra los ciudadanos BENITO A. VALERA, BARTOLO J. PINEDA, FRANCISCO MONTILLA, GUILLERMO PERNÍA, RAMÓN SAAVEDRA, MORELA BRAVO, FREDDY ANDRADE, NICEFORO LEAL, ALEXANDER SANTOS, CRISTÓBAL PERDOMO y LUIS OLMOS,  sin representación judicial acreditada en los autos; el Juzgado Superior  Accidental en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y de “Menores” de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia el 14 de agosto de 2007, mediante la cual declaró la perención de la instancia y la extinción del proceso, confirmando en todas sus partes el fallo apelado.

 

El abogado José L. Pimentel P., actuando con el carácter de co-apoderado judicial de la empresa demandante, anunció recurso de casación contra la decisión de alzada, el cual fue admitido por auto de fecha 28 de Noviembre de 2007, siendo oportunamente formalizado. No hubo contestación a la formalización.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos que siguen:

 

Por razones metodológicas, la Sala altera el orden en que fueron planteadas las denuncias en el escrito de formalización, y pasa a analizar la segunda por defecto de actividad, en los términos siguientes:

 

 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 15, 267 ordinal 1° eiusdem y 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al haberse violado el derecho a la defensa de la parte actora, con apoyo en los siguientes argumentos:

 

 

“…Esto compuso el argumento Aquiles de la recurrida para declarar pasada la perención de la instancia, en el sentido de que entre “las actuaciones de impulso procesal de las partes en el juicio principal distan una de la otra – supera con creces los treinta días” (sic), lo que es un equívoco porque para detener el curso de la perención basta que el actor cumpla tan siquiera con una sola actuación enrumbada a conseguir la citación del demandado, ya que por sí sola es suficiente para conjurar el paso del tiempo útil para que opere; esto es, no redunda necesario el que el actor tenga que cumplir cada treinta (30) días con los actos subsiguientes que integran la correcta tramitación de la citación.

 

…omissis…

 

Véase que el Tribunal cuenta los días desde el 20-03-2006  (sic) hasta el 08-06-2006 sin que el tribunal de causa (sic) y los comisionados pusieron la causa en estado de poder citar a los demandados; el Alguacil por obra de esos contratiempos procesales, jamás estuvo en condiciones de llevar a cabo las diligencias inherentes a la práctica de esa citación y “DICEMENTO” liquidarle los emolumentos porque todavía no estaba autorizado para realizar su delicado oficio.

 

Y por lo pronto, el Juez cuenta los días desde el 20-03-2006 (sic) hasta el 08-06-2006 cuando a lo sumo debió hacerlo, desde el 08-05-2006 cuando el Subcomisionado (sic) regresó la comisión, quiere decir que “DICEMENTO” acató con (sic) la carga de pedir al Tribunal que fuese la ONIDEX la encargada de dar una información que también “DICEMENTO” desconocía.

 

Esos sucesos procesales ponen a la vista que “DICEMENTO” hizo todo lo posible para lograr la citación de los querellados, al punto que el Tribunal de causa (sic) libró las boletas de citación, a cuyo fin despachó comisión a Tribunal inferior, el que igualmente sub-comisionó a otro, pero éste, la devolvió para que se le indicara la dirección o domicilio para practicar la citación en persona, circunstancia por la que, el Tribunal de causa (sic) pidió la información de rigor a ONIDEX.

 

Y por si fuese poco, el Juez de la Alzada considera operó la perención porque desde el 05-04-2006 cuando se solicitó por “DICEMENTO” la comisión para citar hasta el 08-06-2006 transcurrieron más de treinta (30) días, pero ocurrió que para el 05-04-2006, antes de cumplirse ese lapso fatal, la perención se había detenido ipso iure el curso de la perención porque se hizo un acto procesal relevante para practicarla como fue la de pedir comisión para realizarla, o en el mejor de los casos, cómo se habla con el Alguacil y fije éste los emolumentos cuando sin remedio la causa en estado de latencia; los Jueces comisionaron, luego subcomisionaron y a la postre devolvieron el expediente; esa situación o estado procesal bloquea la realización in faciem, en esos treinta (30) días; circunstancia que no pueden atribuirse a “DICEMENTO”, y hacerla negligente.

 

Entonces, cuando  el Juez la contabiliza desde esa fecha hasta el 08-06-2006 y considera corrió (sic) más de treinta (30) días, declara indebidamente la perención sin percatarse que ésta ya había sido frenada independientemente de las vicisitudes procesales en que se vio inmersa la causa como por efecto de la subcomisión y de la decisión del Juez devolverla (sic) para que se le precisaran las direcciones donde citar; “DICEMENTO” inocente de estas contingencias y mucho menos exigirle haga la citación personal de los demandados, cuyo domicilio desconoce al grado que hubo de pedir la información de rigor para luego, si proceder a la citación prima faciem.

 

…omissis…

 

Además, se repite cómo puede el Alguacil citar es (sic) una dirección desconocida por lo que, si el Tribunal de causa (sic) ordenó la citación de los querellantes (sic), libró boletas y dio comisión a otro Tribunal dentro de aquello a treinta (30) días desde el 10-03-2006 y todavía se subcomisiona del (sic) 11-04-2006 quiere decir que “DICEMENTO” lo hizo todo en procura de aquella citación; por supuesto, aparece como un despropósito que realizado esto, entonces, el Juez de la recurrida se salga de la suerte con el argumento de que “las actuaciones de impulso procesal de las partes en el juicio principal distan una de la otra, y en consecuencia, supera con creces los treinta (30) días exigidos por la Ley”, no obstante que, admite que para el 05-04-2006 se solicitó comisión para citar, pero como desde esta fecha al 08 de junio de 2006 corrieron los treinta (30) (sic),declara consumada la perención, cuando ya para el 05-04-2006 se había conjurado la misma; hizo nacer otro lapso de perención que no está en mente de legislador…”. (Resaltado del texto).

 

 

Prosigue el formalizante exponiendo lo siguiente:

 

“…Naturalmente, al extinguir indebidamente el proceso, le cercenó a “DICEMENTO” su derecho a que se le tramitara el juicio y se le dictara sentencia con apego al debido proceso” (Vid. S. N° 97 de 02-03-2005) (sic).

 

Lesionó el principio pro actione, en el sentido (sic) de todo ciudadano tiene el derecho acceder  (sic) a la justicia para que sea juzgado con las garantías del caso y con derecho a la obtención de una sentencia de fondo, lo que impidió el Juez de la Alzada, al declarar la perención de la instancia (Vid. N° 17 de 30-01-2007) (sic).

 

Consiguientemente se le colocó en estado de indefensión material porque dentro de esa situación de injusticia procesal hubo de menoscabársele su derecho a la defensa en infracción al artículo 15 del Código de Procedimiento Civil tanto que quebrantó el principio de la tutela judicial efectiva al cerrar intempestivamente el proceso al obstruir el derecho a conseguir una sentencia fundada en Derecho (sic), puesto queso bien la perención es una sanción al litigante negligente, sus postulados, como sucedió en la especie, no pueden ser aplicados rigurosamente o con criterio meramente procesal, ya que como lo hizo la recurrida se percibe no ha sido respetuosa  con el contenido esencial del derecho fundamental, al acordar una perención a través de una aplicada (sic) arbitraria e irrazonable del artículo 267.1 ídem, al inventar un nuevo lapso de perención.

 

Con evidencia, se viola el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela…

 

La norma violado (sic), no resulta otra que el artículo 267.1 en (sic) ídem,…

 

...omissis…

 

Y por otro lado, como la indefensión la causó la propia Alzada al equivocarse en la solución procesal que dio al tema de la perención, que siempre redunda en un asunto de orden procesal, no es de (sic) menester la delación de los artículos 206 ni del artículo 207 o en su defecto, el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, dado que no es un caso en que se combata la regularidad del procedimiento desarrollado en primer grado o en segunda instancia…”. (Resaltado del texto).

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

El formalizante plantea ante esta sede que se le violó el derecho a la defensa de su representada y denuncia la infracción de los artículos 15 y ordinal 1° del 267 del Código de Procedimiento Civil,   y 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Antes de entrar al análisis de la denuncia propiamente dicha, es preciso establecer cuál era el criterio vigente para la fecha en que se introdujo la presente querella interdictal (30 de noviembre de 2005) respecto a las gestiones que debía efectuar la demandante para dar cumplimiento a la exigencia contemplada en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

 

 Lo primero que debe destacar la Sala es que en sentencia N°  RC-00537 de fecha 6 de julio de 2004, vale decir, con anterioridad  al 30 de noviembre de 2005, fecha en que se introdujo la presente demanda, proferida en el juicio de José R. Barco V. contra Seguros Caracas Liberty Mutual, exp. N° 01436, respecto a las obligaciones que el demandante debe cumplir dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, se estableció el siguiente criterio jurisprudencial:

                                                                                                         

“…Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la practica de la citación, para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronunció la sentencia Nº. 172, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº.00-373, en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Puglia Morgguese y otros, cuyo texto reza:

 

 

“...Para decidir, la Sala observa:

 

 

La recurrida yerra ostensiblemente al aplicar falsamente el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como el recurrente asevera. En efecto, consta de la precedente trascripción, que la demanda fue admitida por el tribunal de la causa el 23 de julio de 1997. Asimismo, que los derechos de arancel judicial se pagaron el 30 de julio de 1997, es decir, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo. No obstante, el sentenciador consideró que los demandantes tenían que cumplir con otras obligaciones a su cargo y al no hacerlo, se produjo la perención de la instancia.

 

Ahora bien, la Sala en sentencia del 06 de agosto de 1998 (Banco Hipotecario Unido, C.A. contra Freddy Ramón Bruces González), señaló:

 

‘...El criterio antes expuesto, de que las únicas obligaciones legales a cargo del actor están constituidas por el pago de los derechos de compulsa y citación fue reiterado en fallos del 31 de marzo de 1993 (Antonio Labora Soanne contra C.A. Inmuebles La Primicia); del 19 y 27 de octubre de 1994 y 08 de febrero de 1995, como el recurrente alega.

 

Por tanto, las normas atinentes a la perención de interpretación restrictiva, por su naturaleza sancionatoria, a juicio de la Sala y con vista al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, basta con que el recurrente cumpla con alguna de las obligaciones que la ley le impone a los fines de practicar la citación del demandado, antes referidas, para que no se produzca la perención, ya que las actuaciones subsiguientes, como se expuso en el fallo del 22 de abril de 1992 antes citado, corresponden íntegramente realizarlas al tribunal de la causa de conformidad con lo indicado en el artículo 218 eiusdem; y sin que la parte tenga ingerencia alguna en esas actuaciones subsiguientes, sino que las mismas están a cargo del tribunal.

 

(...Omissis...)

 

El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como antes se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones...’

 

(...Omissis...)

 

Ratificando la doctrina antes expuesta, la Sala observa que la recurrida asentó que la demanda se admitió el 23 de julio de 1997, y el 30 de julio de 1997, siete (7) días después, la actora canceló la planilla de arancel judicial para practicar la citación de los co-demandados. Por tanto, a criterio de la Sala, la actora cumplió con las obligaciones que la ley le impuso para citar a los co-demandados dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo; actuación suficiente para evitar la sanción de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo supuesto de hecho, ciertamente, la alzada infringió, por falsa aplicación, al decretar la perención de la instancia, pues al haber la actora cumplido con las obligaciones a su cargo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión de la demanda, era improcedente decretar la perención de la instancia en el proceso....” (Lo subrayado es de lo transcrito)

 

…omissis…

 

A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.

 

Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley  al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.

 

…omissis…

 

 Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece…”. (Resaltado del texto).

 

 

No obstante ello, resulta conveniente aclarar que en aquélla ocasión, cuando resolvió lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, sólo se refirió a los casos en que la citación de la parte demandada debía practicarse en un sitio o lugar que distara más de 500 metros de la sede del Tribunal de la causa, situación ésta muy distinta a la de autos en la que la citación de todos los co-demandados o querellados debía practicarse en una jurisdicción distinta a la del Tribunal de la causa, mediante la actuación de un tribunal comisionado para ello.

 

Esta última situación fáctica fue resuelta por la Sala mediante sentencia N° RC-00930 el 13 de diciembre de 2007, caso: Enrique Rivas Gómez contra Carmen Sol Mejía Borjas, exp. N° 07-033, en la que estableció lo que debe hacer el demandante cuando se trate de que todos los co-demandados tengan que ser citados por comisión, como sucedió en la presente causa, la cual fue dictada con posterioridad a la introducción de la presente querella interdictal, razón por la cual no es posible aplicarla al caso de autos.

 

Siendo así, queda claro que para no incurrir en el supuesto abstracto contemplado en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la demandante sólo tenía que cumplir con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo por imposición de la ley, para alcanzar con el fin de la citación del demandado. Así se declara.

 

Resuelto lo anterior, la Sala prosigue con el análisis de la denuncia, en los términos que siguen:

 

A  efectos  de  un  mejor  entendimiento  de  lo acontecido en el caso de marras, esta  Sala  estima pertinente  realizar  un recuento de los sucesos procesales acaecidos en esta querella interdictal, a saber:

 

·         31-01-06: Se admite la demanda y se fija el monto de la garantía que debe constituirse para el decreto de restitución del inmueble (f.136, pieza 1/2).

·         07-02-06: Se decreta medida de secuestro (ff. 139 al 141, pieza 1/2).

·         23-02-06: Se libró Oficio N° 18-05-19-22 con el que se devolvió el Despacho de la medida de secuestro ejecutada el día antes por el Tribunal Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo (f. 124, pieza 1/2).

·         10-03-06: El juez a     quo emplaza a los co-demandados para que en el lapso legal expongan los alegatos que consideren pertinentes para la defensa de sus derechos y comisionó para la citación al Juzgado de los Municipios Trujillo, Pampán y Pampanito de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo (ff184 al 186, pieza 1/2).

·         05-04-06: Diligencia la parte actora solicitando se comisione al Juzgado de los Municipios Carache, Candelaria y José Felipe Márquez Cañizales para que practique las citaciones de los querellados quienes se encuentran domiciliados “…en las Llanadas de Monay y zonas aledañas las cuales pertenecen a la jurisdicción de los Municipios Carache, Candelaria y José Felipe Márquez Cañizales…”. (f. 192, pieza 1/2).

·         10-04-06: Mediante diligencia la parte actora solicita al a quo que deje sin efecto la diligencia de fecha 5 de abril de 2006, visto que el Juzgado Comisionado por el juez de la causa ordenó sub-comisionar al Juzgado señalado por ella para la práctica de las citaciones (f.195, pieza 1/2).

·         08-05-06: Auto del tribunal sub-comisionado, mediante el cual acordó devolver la sub-comisión al juzgado comitente por no haberse señalado la “…dirección o sitio específico de ubicación de los ciudadanos a citar…”. En la misma fecha remitió la sub- comisión al Juzgado comitente en el mismo estado en que la recibió, por las razones antes señaladas  (f.204, pieza 2/2).

·         18-05-06: El Tribunal comisionado envía al juez de la causa, junto con el Oficio N° 3250-1789, el despacho de citación de los querellados (f.405, pieza 2/2).

·         08-06-06:  La parte actora solicita al a quo que oficie a la Onidex para que informe al tribunal del mérito el último domicilio de los querellados (f.406, pieza 2/2).

 

De las actuaciones antes discriminadas se deduce, que la presente querella se admitió mediante auto el 31 de enero de 2006 y el emplazamiento de la parte querellada fue ordenada por auto de fecha 10 de marzo del mismo año, el cual debe ser tomado como complemento del primero a los efectos del cálculo de los 30 días previstos en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

 

Siendo así, los 30 días a que se refiere el ordinal 1° del precitado artículo 267 comienzan a correr a partir del día 11 de marzo de 2006.

 

Ahora bien, la Sala observa y así consta en las actas del expediente, que mediante diligencia consignada el 5 de abril de 2006, es decir, dentro del lapso procesal de 30 días previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil para que se configure la perención breve de la causa, la parte actora solicitó se librara comisión al Juzgado de los Municipios Carache, Candelaria y José Felipe Márquez Cañizales de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo para que practicara las citaciones de los querellados, indicando que éstos estaban domiciliados en las Llanadas de Monay y zonas aledañas las cuales pertenecen a la jurisdicción de dichos Municipios.

 

No obstante ello, sobre el particular, en la sentencia hoy impugnada se expresa lo que de seguida se transcribe:

 

“…

II

 

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a este Juzgado Superior Accidental determinar si la perención decretada por el A-quo, mediante sentencia dictada en fecha cuatro (4) de Julio (sic) de dos mil seis (2006), se encuentra o no ajustada conforme a derecho.

 

Determinado como ha (sic) quedado los límites de la presente controversia, esta superioridad procedió a examinar y analizar las presentes actas procesales y de ellas se evidencia, que efectivamente en fecha 31 de Enero (sic) de 2006, el Tribunal de la causa admite la demanda, que obra al folio 136, y complementariamente en fecha 10 de Marzo (sic) de 2006, dicta auto por medio del cual ordena la comparecencia y la citación de la parte querellada, en razón de haberse acatado las sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fechas 22 de Mayo (sic) de 2001 y 02 de Mayo (sic) de 2005.

Se evidencia de los autos igualmente, que el 04 de Abril (sic) de 2006, se libraron boletas y despacho  de citación, que obra al folio 189, habiéndose comisionado al Juzgado de los Municipios Trujillo, Pampán y Pampanito de esta Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, quien a su vez subcomisionara al Juzgado de los Municipios Carache, Candelaria y José Felipe Márquez Cañizales, en fecha 05 de Abril (sic) de 2007 (sic).

 

La referida subcomisión fue recibida el 11 de Abril (sic) de 2006, tal y como consta al folio 203 y mediante auto dictado por el subcomisionado de fecha 08 de Mayo (sic) de 2006 se remitió la comisión en razón de que no se señaló domicilio para practicar tales citaciones.

 

En este orden de ideas, la Juez Accidental del A quo, se avoca (sic) al conocimiento de la causa y acuerda solicitar información sobre las direcciones o domicilios de los querellados a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), conforme a lo solicitado por los  apoderados actores mediante diligencia estampada el día 8 de Junio (sic) de 2006.

 

Así las cosas, esta superioridad observa que desde el día en que el A quo ordenó el emplazamiento de la parte querellada, esto es, el 10 de Marzo (sic) de 2007 (sic) hasta la fecha en que el juzgado subcomisionado devolviera la comisión sin haberse cumplido por no haberse indicado los domicilios procesales de los citados, esto es, el día 8 de Mayo (sic) de 2006, había (sic) transcurrido más de treinta (30) días sin que la parte actora o sus apoderados hubieren llevado a cabo actuación procesal alguna que evidenciara el cumplimiento por parte de ella, de las obligaciones que le son impuestas por la Ley, específicamente la contemplada en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para lograr la citación de los querellados.

 

Ahora bien, si bien es cierto que el apoderado actor en fecha 5 de abril de 2006, mediante diligencia que cursa al folio 192, solicitó comisión para practicar las citaciones ordenadas en el Juzgado de los Municipios Carache, Candelaria y José Felipe Márquez Cañizales, también es cierto que su última actuación que se considera como de impulso procesal fue realizada el día 8 de Junio (sic) de 2006.

 

Con lo anteriormente indicado, se quiere dejar establecido que las actuaciones de impulso procesal de las partes en el juicio principal distan una de la otra, y en consecuencia, supera con creces los treinta (30) días exigidos por la Ley para el decreto de perención de la causa por falta de citación.

 

Igualmente cabe acotar que de las actas procesales se evidencia que la parte actora tenía conocimiento de cuál era el Juzgado comisionado para llevar a cabo las citaciones; y, se evidencia  igualmente de las comisiones que cursan en las actas, que la parte querellante no dio impulso procesal alguno en el Juzgado Comisionado (sic).

 

Siendo esto así, este Juzgado Superior Accidental infiere que la presente situación se encuentra claramente delimitada dentro de las previsiones del artículo 267, ordinal 1° anteriormente citado, y en consecuencia, es indefectible determinar que en la presente causa operó la perención de la instancia, por consiguiente, se confirma la sentencia interlocutoria dictada por el A quo el 04 de Julio (sic) de 2006 y así se decide…”.

  

 

 

De los argumentos expuestos en la recurrida, antes transcritos, hay que destacar dos aspectos fundamentales: el primero, que el juzgador superior expresa que desde el auto del 10 de marzo de 2007 (error material, porque lo correcto es 2006) hasta el 8 de mayo del mismo año (2006), habían transcurrido más de 30 días sin que la actora o sus apoderados dieran cumplimiento a las obligaciones contempladas en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando consta en la propia recurrida que la parte querellante había diligenciado el 5 de abril de ese mismo año para solicitar que se comisionara a otro tribunal para lograr la citación de los querellados de autos; y, el segundo, que el ad quem para declarar la perención de la instancia y la extinción del proceso computa nuevamente ese lapso de treinta días pero partiendo de la diligencia del 5 de abril de 2006 hasta el 8 de junio del mismo año, actuaciones procesales de la actora que el mismo juzgador califica como de impulso procesal, lo que sin duda alguna configura una violación del derecho de defensa de la parte querellante, puesto que sobre esa base fue declarada la perención de la causa y la extinción del proceso.

 

Respecto a la apertura de nuevos lapsos en la que incurrió el juzgador superior, es importante recordar lo establecido por esta Sala en su sentencia N° RC-01327 del 15 de noviembre de 2004, caso: Guillermo Suñe Hernández contra Carmen Amalia La Cruz Jerez, exp. N° 98-329, la cual hoy se reitera, a saber:

 

“…La Sala en sentencia del 6 de agosto de 1998 (Banco Hipotecario Unido, C.A. contra Freddy Ramón Bruces González), ratificada en sentencia N° 172, de fecha 22 de julio de 2001, caso: Raúl Esparza y Aura Josefina Gómez, Contra Marco Puglia Morggese, María Guiso De Puglia, Yolanda Hernández Moreno, Yolanda Ruggiero Hernández y Andrés Ruggiero Hernández, estableció:

“...El criterio antes expuesto, de que las únicas obligaciones legales a cargo del actor están constituidas por el pago de los derechos de compulsa y citación fue reiterado en fallos del 31 de marzo de 1993 (Antonio Labora Soanne contra C.A. Inmuebles La Primicia); del 19 y 27 de octubre de 1994 y 08 de febrero de 1995, como el recurrente alega.

Por tanto, las normas atinentes a la perención de interpretación restrictiva, por su naturaleza sancionatoria, a juicio de la Sala y con vista al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, basta con que el recurrente cumpla con alguna de las obligaciones que la ley le impone a los fines de practicar la citación del demandado, antes referidas, para que no se produzca la perención, ya que las actuaciones subsiguientes, como se expuso en el fallo del 22 de abril de 1992 antes citado, corresponden íntegramente realizarlas al tribunal de la causa de conformidad con lo indicado en el artículo 218 eiusdem; y sin que la parte tenga ingerencia alguna en esas actuaciones subsiguientes, sino que las mismas están a cargo del tribunal.

El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como antes se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones...

La Sala con base a lo antes expuesto, abandona su doctrina contenida en sentencia del 26 de abril de 1995 (Ernesto Estévez León contra Asesoría Integral de Sistemas Industriales y Tecnología de Alimentos C.A.)....

Igualmente, la Sala con base en los razonamientos expuestos en esta decisión, y a lo indicado en un fallo del 10 de marzo de 1998 (Alfredo Antonio Chacón Espinoza y otra contra Centro de Rehabilitación Odontológica Cendero S.R.L.), ratifica el abandono de su doctrina contenida en fallo del 29 de noviembre de 1995 (Juan Alberto Nelson Lauie y otra contra Jesús Hernández Jiménez y otra), en la cual sostuvo: (...).

‘El punto de partida de las perenciones breves establecidas en los ordinales 1º y 2º del artículo en cuestión, está claramente establecido por la ley: la admisión de la demanda, en el primer caso, y la admisión de la reforma en el segundo. Cumplidas las obligaciones que la ley impone para lograr la citación, no nacen nuevos lapsos de perención de treinta días, pues constituiría una interpretación extensiva considerar, por ejemplo, que habiendo informado el Alguacil que no pudo localizar al demandado, a partir de esa fecha se inicie un lapso de treinta días para solicitar la citación por carteles. Si la parte no actúa y transcurre el lapso ordinario de perención de un año, perime la instancia, por aplicación de la regla general del primer párrafo del artículo 267, no resultando aplicable al caso la perención breve de los ordinales 1º y 2º de dicha disposición legal’. (...) (Subrayado y negrillas de la Sala).

En relación con la doctrina contenida en el fallo del 29 de noviembre de 1995 la cual aquí se abandona, la Sala encuentra que la única exigencia de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) para que no se produzca la perención, es que el actor no cumpla con todas las obligaciones que tiene a su cargo. Por ende, al cumplir al menos con alguna de ellas ya no opera el supuesto de hecho de la norma. Además de que luego del pago del arancel judicial respectivo para la citación del demandado, las actuaciones subsiguientes corresponde realizarlas íntegramente al tribunal, pues el Alguacil es el único que puede proceder a practicar la citación...

Por tanto, si las actuaciones subsiguientes a ser realizadas luego del pago de la planilla de arancel judicial para el libramiento de la compulsa y boleta, así como para el traslado del Alguacil, escapan del control de la parte actora, es imposible sostener que entre cada hecho para la citación, como erróneamente se estableció en la sentencia del 29 de noviembre de 1995, aquí abandonada, no debe mediar un lapso de treinta (30) días sin que pueda ser causal de perención de la instancia que el actor, luego de cumplir con algunas de las obligaciones que le impone la ley, abandone el iter procesal de no realizar el acto inmediato subsiguiente, pues justamente esos actos en gran medida, sino todos, dependen del comportamiento y actuación de los funcionarios del tribunal.

En resumen, la doctrina de la Sala en la materia, es que para que se produzca la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el actor debe incumplir con todas las obligaciones que la ley le impone para practicar la citación del demandado. Asimismo, que una vez el actor cumpla con alguna de sus obligaciones no tiene ya aplicación la perención breve de que trata el citado ordinal 1º del artículo 267, pues las actuaciones subsiguientes para la citación del demandado corresponden al tribunal de la causa y no tiene que mediar un lapso de treinta (30) días en el ínter procesal, sino que para que se produzca la perención de la instancia tendría que transcurrir un (1) año sin que medie la ejecución de ningún acto de procedimiento por las partes...”. (Resaltados del texto).

 

Por aplicación al caso de marras del criterio jurisprudencial, transcrito precedentemente, y sobre la base de las razones expuestas, la Sala considera que la actora al diligenciar el 5 de abril de 2006 solicitando se librara comisión a los fines de lograr la citación de todos los co-querellados, cumplió con las obligaciones que la ley le impuso para citar a la demandada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del auto complementario al de admisión de la demanda, de fecha 10 de marzo del mismo año, actuación suficiente para evitar la sanción de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues al haber la actora cumplido con las obligaciones a su cargo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión de la demanda, era improcedente decretar la perención de la instancia en el proceso, so pena de violar el derecho a la defensa de la parte demandante como efectivamente lo hizo el juez de alzada en la sentencia hoy impugnada. Así se declara.

 

En consecuencia, con base en los razonamientos anteriores, la Sala declara procedente la presente denuncia por violación de los artículos 15 y 267 ordinal 1°, ambos del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

Por cuanto se ha encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación y su escrito complementario, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

DE C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 14 de agosto de 2007, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Tribunal Superior que resulte competente, dictar nueva decisión sin incurrir en el vicio delatado.

 

No hay condenatoria en costas, debido a la índole de la decisión.

  Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la Sala de Casación  Civil  del Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los veintiún (21) días  del mes de julio de dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.  

 

Presidenta de la Sala,

 

_______________________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

__________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado ponente, 

 

 

___________________________

            ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

_____________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

___________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2007-000905

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

Secretario,

 

 

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias