Venley

Sentencia N.º RC.00476

Sentencia
N.º RC.00476
Fecha
26/05/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
02-099
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VELEZ

En el juicio por cumplimiento de contrato de compra venta intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, por el ciudadano AVILIO JOSÉ TRUJILLO, representado judicialmente por el abogado en el ejercicio de su profesión Leonardo Gutiérrez Rodríguez, contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil INVERSIONES EL ROLITO, C.A., patrocinada por los profesionales del derecho María Magdalena Gómez Moreno, Jesús Alberto Vásquez Mancera y Román Alberto González; el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, conociendo en función jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 12 de noviembre de 2001, mediante la cual declaró sin lugar el recurso  procesal de apelación interpuesto por la demandada; con lugar la demanda, ordenando al Tribunal de la causa que una vez otorgado el documento definitivo de venta, librar cheque a nombre de la demandada por el monto de cinco millones ochocientos mil bolívares (Bs. 5.800.000,oo) por concepto de saldo deudor, y; declaró sin lugar la reconvención por daños y perjuicios propuesta, y finalmente condenó a la demandada al pago de las costas procesales.

Contra el precitado fallo, la demandada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y lo hace previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Del estudio detenido de las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala considera necesario, en fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes irrecuperables en la función jurisdiccional jerárquica vertical que le toca ejercer con relación al recurso anunciado y admitido, invertir el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la indicada como “segunda”.

DENUNCIA SEGUNDA

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 243, ordinal 4° y 12, eiusdem, por cuanto la recurrida incurre en el vicio de inmotivación.

Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:

“...La recurrida adolece del descrito vicio de inmotivación, por cuanto no contiene argumentación alguna respecto a las pretensiones correspondientes a las acciones reconvencionales:

(i) de resolución de contrato y resarcimiento, por vía de intereses, de daños contractuales, y

(ii) de cobro de bolívares de ciertas acreencias privilegiadas en cuya titularidad se subrogó INVERSIONES EL ROLITO, C.A.

(...Omissis...)

Confrontando la aparente motivación de la sentencia impugnada y su dispositivo con los fundamentos de las acciones de resolución de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios contractuales y de cobro de bolívares de acreencias privilegiadas, propuestas por nuestra conferente INVERSIONES EL ROLITO, C.A., por vía reconvencional; se puede advertirse (Sic) fácilmente la falta de motivos de la recurrida.

(...Omissis..)

Como puede observarse, mediante la vía procesal de la reconvención fue propuesta una acción de resolución de contrato con resarcimiento de daños y perjuicios contractuales, y conjuntamente, pero con independencia de la primera y también entre ellas, INVERSIONES EL ROLITO, C.A. intentó dos (2) acciones de cobro de bolívares de acreencias cuya titularidad se subrogó pagando, en su condición de acreedor del actor AVILIO JOSE TRUJILLO, a los acreedores de éste, obligaciones privilegiadas por concepto de contribuciones de condominio del Conjunto Residencial Bahía Jardín e impuestos municipales sobre inmuebles inherentes al town house N° 06 causados originalmente a favor del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui.

En la parte motiva de la sentencia que hemos transcrito íntegramente al comienzo de esta delación, el sentenciador no expresa ninguna razón para desechar las defensas de inexigibilidad de la obligación, falta de interpelación para producir la mora del deudor demandado, inexistencia de mora, ni tampoco con relación a la excepción de contrato no cumplido opuesta subsidiariamente, limitándose a exponer razones que no guardan relación alguna con las excepciones o defensas opuestas, siendo motivos que deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes, y que además son vagos, generales, inocuos, ilógicos y absurdos, ya que son una manifestación de hueca palabrería del adquem (Sic) destinada a justificar lo injustificable, y permitirle desaplicar arbitrariamente una norma legal que estaba obligado a utilizar para resolver la controversia, situación ésta que impide al juez de casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez Superior para dictar su decisión....” (Mayúsculas, subrayado y cursivas del formalizante).

 

Respecto de lo delatado por el formalizante, la recurrida en casación, hizo el siguiente pronunciamiento:

“... Consta en autos instrumento poder otorgado por los ciudadanos Juan Ferrerez Navarro y Omar Azpúrua Sánchez, en representación de Inversiones El Rolito, C.A., a los abogados Jesús Alberto Vásquez Marzera, Román Alberto González y María Magdalena Gómez Moreno, quienes en el desarrollo del procedimiento asumieron las (Sic) representación judicial de la demandada; y en ese sentido, en fecha 11 de agosto de 1999, dieron formal contestación a la demanda con base a los siguientes y mas (Sic) importantes elementos de juicio, soporte de sus defensas.

a) Rechazaron y contradijeron la demanda, parcialmente.

b) Desconocieron por no emanar de la demandada los siguientes instrumentos producidos por el actor con el libelo: el acompañado distinguido “B” (impreso, sin firma); enmarcados con la letra “C”, supuesta entrega de Bs. 500.000,oo, por concepto de representación; la copia del cheque N° 23988014; el acompañado con la letra “I” de fecha 26 de junio de 1996.

En cuanto a los hechos que configuran el problema planteado admiten que ocurrieron bajo las siguientes circunstancias de hecho:

Que el 11 de mayo de 1995 ambas partes suscribieron un documento mediante el cual se convino en la compra venta del inmueble en referencia, por el precio de Bs. 26.000.000,oo, pagaderos por el comprador así: la suma de Bs. 10.000.000,oo (que fueron cancelados en el acto); y un saldo de Bs. 16.000.000,oo, a los sesenta días a partir del 11-5-95. ESTE DOCUMENTO ES RECONOCIDO PLENAMENTE POR LA DEMANDADA como el contentivo del contrato de compra venta celebrado entre las partes.

c) El comprador abonó el día 14 de junio de 1995 Bs. 6.000.000,oo.

Que el comprador canceló a tercero Bs. 200.000,oo, por cuenta de Inversiones El Rolito, C.A.

Que el 17 de agosto de 1995, el comprador abonó a Inversiones El Rolito, C.A., la suma de Bs. 4.000.000,oo.

Admite el vendedor, demandado, con las anteriores afirmaciones que el comprador había cancelado la suma de Bs. 20.200.000,oo, quedando a deber un saldo de Bs. 5.800.000,oo, consecuencialmente.

Contra esa forma de pago se excepciona el demandado bajo el argumento de que el pago –fue- (Sic) hecho de manera imperfecta y que bien hubiese podido ser rechazado por el vendedor, de acuerdo con la Ley Civil.

El Tribunal observa:

En primer lugar debemos destacar el hecho de que, con posterioridad al día 11 de julio de 1995, fecha de cumplimiento para el pago total por parte del comprador, el vendedor aceptó como abono del saldo deudor Bs. 4.000.000,oo (el día 17 de agosto de 1999, quedando así como saldo insóluto (Sic), como dijimos con anterioridad la suma de Bs. 5.800.000,oo; hecho que interpreta este Tribunal como una aceptación tácita de distendimiento, en cuanto a los términos de cumplimiento de la obligación de pagar asumida por el comprador, del precepto contenido en el artículo 1264 del Código Civil; valga decir, el acreedor aceptó la mora del deudor, quien del precio total de la venta, había pagado una inmensa proporción a su favor en relación con el saldo insóluto (Sic). El mandato jurídico de que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas (Sic) involucra tanto al deudor como al acreedor, pero además, de conformidad con lo previsto en el artículo 1160 (Sic) del Código Civil, estos no solamente están obligados a cumplir lo expresado en el contrato, sino que este debe ejecutarse de buena fe, según la equidad, el uso o la Ley y ejecutarse, sobre todo de buena fe. En el caso de especie, la imparcialidad, insuficiencia e imperfección del pago fue palmariamente aceptado por la acreedora “Inversiones El Rolito, C.A.”; y así se decide.

Sabia y oportunamente la Constitución de la República ha recogido en su disposición 257, el axioma de la finalidad del proceso: “La realización de la justicia”. En nuestro caso lo justo es determinar en esta sentencia que Avilio José Trujillo le pague a la vendedora “Inversiones El Rolito, C.A.”, el escaso remanente que le debe por concepto de precio mas sus accesorios y que esta le otorgue su documento de compra venta por ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, y en ese sentido lo vamos a disponer, en la inteligencia de tener por norte la justicia, por encima de cualquier formal actuación defectuosa en que hubiese incurrido la parte actora, por supuesto, sin quitarle lo que le corresponde a la otra parte.

El comprador ha pagado de Bs. 26.000.000,oo, Bs. 20.200.000,oo; y sólo adeuda Bs. 5.800.000,oo. Sería injusto –ciertamente- a la luz de lo que se desprenden de estas actas procesales, que el negocio jurídico pactado no llegase a feliz término, por la impericia procedimental y procesal de una parte; y que, por el contrario, se le condenare a pagar daños y perjuicios de la reconvención propuesta.

Habida cuenta de las características y circunstancias que rodearon la relación contractual que hemos venido analizando, y principalmente a las injustas consecuencias jurídicas que acarrearía al demandante la resolución del contrato, desde el punto de vista de sus derechos humanos, tales como el de la igualdad, integridad física y moral, hogar domestico, etc; estando constituida, como se encuentra por imperio de la Constitución, la República en un Estado Social de derecho y justicia, de preeminencia de los derechos humanos, este Tribunal desaplica en el presente asunto las formalidades que para la constitución en mora del deudor establece el artículo 1271 (Sic) del Código Civil y determina que dicha mora comenzará a correr para ambas partes, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones mutuas que aquí se precisaran, desde el día en que la sentencia quede definitivamente firme y ejecutoriada, todo al interpretarse –se repite- que el no fiel cumplimiento y la falta de interpelación provinieron de la culpa en que incurrieron ambas partes al relajar las condiciones y términos contenidos en el contrato que hasta hoy sigue vinculando.

Por las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada, mediante diligencia de fecha once (11) de enero del presente año, que riela al folio, 169 del expediente, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 13 de noviembre de 2000, y en consecuencia se declara: 1) Con lugar la demanda de cumplimiento de contrato de compraventa incoada por Avilio José Trujillo contra Inversiones El Rolito, C.A.; y por consiguiente se condena a la demandada a entregar al demandante el documento de compra venta definitivo del inmueble antes identificado y a suscribirlo en los folios, Protocolo y Tomo correspondientes en la respectiva Oficina de Registro Subalterno, en la cual el demandante deberá consignar dicho documento, sufragar los gastos de documentación y suscribirlo correlativamente. Dicho contrato deberá celebrarse con base en el documento de condominio registrado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Bolívar de este Estado, el 24 de abril de 1994, bajo el N° 04, folios 52 al 61, Protocolo Primero, Tomo Segundo.

2) Se Ordena (Sic) al Tribunal de la causa que, una vez rpobado (Sic) en autos, con posterioridad a la presente sentencia, el cumplimiento del anterior dispositivo, librar un cheque a nombre de la demandada, por el monto de Bs. 5.800.000,oo de conformidad con la consignación efectuada por el demandante y al auto de fecha 15 de enero de 2000, que riela al folio 127 del expediente por concepto de saldo que debe el demandante a la demandada.

3) Se declara sin lugar la reconvención propuesta por Inversiones El Rolito, C.A. contra Avilio José Trujillo, por daños y perjuicios....” (Mayúsculas y subrayado de la recurrida).

 

Para decidir la Sala, observa:

Con relación al vicio de inmotivación, la Sala, en decisión N° 231, de 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, dijo lo siguiente:

 

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

“La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos....”

 

En este punto, para verificar la ocurrencia del vicio delatado en el sub iudice, cabe destacar que al folio 48 y siguientes de las actas que conforman el expediente, corre escrito de contestación a la demanda, en el cual se observa que:

“...Los suscritos, JESÚS ALBERTO VÁSQUEZ MANCERA y/o MARÍA MAGDALENA GÓMEZ MORENO, antes identificados, procediendo con el carácter anteriormente invocado y acreditado, de apoderados de la demandada INVERSIONES EL ROLITO, C.A., y en caso de defecto de nuestro mandato, ejerciendo su representación sin poder, procedemos a reconvenir al ciudadano AVILIO JOSÉ TRUJILLO, quien es mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° 3.171.681, en los siguientes términos:

(...Omissis...)

Primero: En resolver, por incumplimiento de su parte, el contrato de compraventa suscrito con INVERSIONES EL ROLITO, C.A., el 11 de Mayo (Sic) de 1995, en relación  “Al (Sic) Town House N° 06” del Conjunto Residencial BAHIA JARDIN...”.

Segundo: En cancelar, a nuestra representada por daños y perjuicios que su incumplimiento le ha causado, consistentes en los intereses que (Sic) la mencionada suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES...”.

Tercero: En pagar a nuestra defendida, debidamente indexadas desde las fechas del pago que antes se ha indicado hasta la de su cancelación a nuestra representada, las sumas pagadas por ella al Condominio del Conjunto Residencial BAHIA JARDIN, por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias de condominio del town house N° 6...”.

Cuarto: En pagar a nuestra defendida, debidamente indexadas desde las fechas de los pagos respectivos hasta la fecha en que se realice el pago a nuestra defendida, las sumas pagadas por ella a la Alcaldía del Municipio Autónomo Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, por concepto de impuestos municipales del town house N° 6 del Conjunto Residencial Bahía Jardín...”.

Quinto: En pagar las costas de este proceso.

Sexto: Pedimos que en la sentencia definitiva se acuerde realizar experticia complementaria del fallo a los fines de establecer en valor monetario corregido que el demandante reconvenido debe cancelar a nuestra representada por los distintos conceptos monetarios que se le reclaman en esta reconvención...”. (Mayúsculas, subrayado y negritas del transcrito).

 

Tal como claramente se desprende del anterior traslado parcial del escrito de contestación a la demanda, ciertamente fue opuesta una reconvención o mutua petición contenida en diferentes planteamientos realizados por la demandada.

Ahora bien, de la transcripción íntegra del texto de la recurrida ut supra reseñado, no existe ningún razonamiento o motivación expuesta por el ad quem con la finalidad de desestimar ni resolver la reconvención planteada, ya que a lo largo de su exposición en la recurrida nada señala que pueda tenerse como fundamento jurídico que conlleve a la declaratoria de sin lugar de la mutua petición formulada.

De los anteriores considerandos y en aplicación de la doctrina casacionista ut supra transcrita, la Sala concluye que el ad quem al no exponer sus razonamientos, fundamentos o motivos por los cuales desechó la reconvención planteada, infringió el ordinal 4º del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, y por vía de consecuencia, deberá declararse procedente la denuncia analizada, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Asi se decide.

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

 

D E C I S I Ó N

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la demandada, contra la sentencia dictada en fecha 12 de noviembre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente dicte nueva sentencia, corrigiendo el vicio indicado.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No ha lugar la condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días  del  mes de mayo de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

_____________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente Ponente,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VELEZ

 

Magistrado

 

 

_________________________

ANTONIO RAMIREZ JIMÉNEZ

 

La Secretaria,

 

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. AA20-C-2002-000099.

 

El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez disiente del criterio sostenido en el presente fallo por la mayoría sentenciadora, por las siguientes consideraciones:

 

El proyecto está fundamentado en que se desechó la demanda de reconvención sin que hubiere dado algún fundamento o motivación para hacerlo.

 

Ahora bien, sobre el particular, en la recurrida se expresa lo siguiente como consta al folio 7 del proyecto:

                  

“...habida cuenta de las características que rodean la relación contractual que hemos venido analizando, y principalmente las injustas consecuencias jurídicas que acarrearía al demandante la resolución del contrato, desde el punto de vista de sus derechos humanos, tales como el de la igualdad, integridad física, psíquica y moral, hogar doméstico, etc; estando constituida, como se encuentra por imperio de la Constitución, la República en un Estado Social de derecho y de justicia, de preeminencia de los derechos humanos, este Tribunal desaplica en el presente asunto las formalidades que para la constitución en mora del deudor establece el artículo 1.271 del Código Civil y determina que dicha mora comenzará a correr para ambas partes, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones mutuas que aquí se precisaran, desde el día en que la sentencia quede definitivamente firme y ejecutoriada, todo al interpretarse -se repite- que el no fiel cumplimiento y la falta de interpelación provinieron de la culpa en que incurrieron ambas partes al relajar las condiciones y términos contenidos en el contrato que hasta hoy sigue vinculando...”.

 

De la transcripción que antecede se infiere que la resolución del contrato de compra-venta, objeto de la reconvención, sí está decidida en la sentencia impugnada, base sobre la cual en el dispositivo se declaró sin lugar la reconvención propuesta por la empresa demandada, por lo que estimo que el vicio de inmotivación no debe prosperar.

Queda así expresado el voto salvado.

En Caracas, fecha ut-supra.

El Presidente de la Sala,

 

 

_____________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VELEZ

 

Magistrado

 

 

_________________________

ANTONIO RAMIREZ JIMÉNEZ

 

La Secretaria,

 

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. AA20-C-2002-000099

 

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