Venley

Sentencia N.º RC.00506

Sentencia
N.º RC.00506
Fecha
12/09/2003
Sala
Casación Civil
Expediente
03-335
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

            En el juicio por nulidad de transacción, intentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, por los ciudadanos JOSÉ DE LA LUZ MOLINA PORRAS y MARÍA LOURDES PEDRAZA DE MOLINA, representados judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Darzi Solvey Rosales Calderón, Enny Rosales de Méndez, Manuel Augusto Trujillo Archila, Alexandra Molina Pedraza y Luz Mayela Hernández Pedraza, contra el ciudadano LERRY PAÚL RUBIO ROSALES, sin representación judicial acreditada en los autos; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 28 de febrero de 2003, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandante, y con lugar la cuestión previa del ordinal 9º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, confirmó el fallo apelado. No hubo condenatoria al pago de las costas procesales.

 

            Contra la preindicada sentencia, los demanantes anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

 

            Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas a las siguientes consideraciones:

 

Ú N I C O

 

En uso de la facultad que confiere a la Sala el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, de examinar en forma previa si el escrito de formalización cumple con las exigencias consagradas en el artículo 317 eiusdem, pasa a efectuar las siguientes consideraciones:

 

En el escrito de formalización del recurso de casación se aduce, in extenso, lo siguiente:

“...Conforme a lo previsto en el artículo 317 ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil en Concordancia con el Ordinal 1º del Artículo 313 eiusdem, opongo el quebrantamiento de formas sustanciales de actos que menoscaban el derecho a la defensa de mis representados. En virtud de que el tribunal superior dictó la presente sentencia recurrida, confirmando el fallo apelado y declarando sin lugar la apelación, siguió el procedimiento de una sentencia interlocutoria, aun cuando ésta es una sentencia definitiva que colocó fin al proceso, en consecuencia los plazos para la presentación de informes son mas breves, lo cual no permitió fundamentar las razones de hecho y de derecho por las cuales se interpuso dicho recurso, originando que el fallo fuese confirmado.

 

Ahora bien, por la imposibilidad de presentar informes, y por las razones antes expuestas el tribunal superior no logró conocer la razón fundamental por la cual apelamos del fallo de fecha 20 de junio del 2002 que declaró con lugar la cuestión previa del ordinal 9º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, siendo éste el contenido del fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en fecha 29 de noviembre del 2002, justamente en ocasión a la primera solicitud de amparo constitucional para ejecución forzosa del convenimiento homologado en la entrega material, incoada por el aquí demandado en contra de mis representados, la cual anexo “A” en copia certificada, expedida por el Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Laboral y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en quince (15) folios útiles, mediante la cual en consulta, declaró la NULIDAD ABSOLUTA del dicho proceso de ejecución por haberse homologado dicho “Convenimiento” en un (sic) acción contenciosa; en consecuencia, no podía ejecutarse lo convenido, según lo afirma el Tribunal Supremo, pues faltaba un requisito indispensable, que no podía ser sustituido por las partes y es que dicho “Convenimiento” no constituye una sentencia, pues éstas solo son dictadas por un Juez y no pueden las partes hacerse justicia por si mismas, entre otras razones explícitamente e implícitamente contenidas en dicho fallo que asienta que NO EXISTE COSA JUZGADA DERIVADA DEL ACUERDO ENTRE LAS PARTES EN UNA ACCIÓN DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

 

Por lo antes expuesto, al anularse el procedimiento de ejecución del convenimiento homologado en fecha 05 de octubre de 1999, por el cual, según el demandado existía cosa juzgada, obviamente, queda sin efecto tal homologación y pierde el carácter de cosa juzgada y como bien lo señala el mismo Tribunal Supremo, si las partes que celebraron dicho “Convenimiento” no cumplen lo acordado, éstas deberán recurrir a la jurisdicción competente para dirimir sus derechos, en consecuencia, al haberse anulado la supuesta cosa juzgada por la cual era inadmisible la presente acción y que sirvió de fundamento para declarar con lugar la cuestión previa del ordinal 9º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por mandato Constitucional, la sentencia de fecha 20 de junio del 2002, dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, confirmada en fecha 28 de febrero del 2003 por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Laboral y de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial deben ser revocadas

 

PETITORIO

 

Por todos los alegatos con fundamento antes expuestos, solicito respetuosamente que el presente recurso sea sustanciado conforme a la Ley, y en la definitiva declarado con lugar a los fines de dejar sin efecto el fallo de fecha 28 de febrero del 2003 emitido por el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Laboral y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y consecuencialmente se revoque el fallo declarativo con lugar de la cuestión previa del ordinal 9º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, emitido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a los fines de continuar el proceso...”.

 

En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por no llenar los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

 

En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el citado artículo 317 establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 2) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 3) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

 

Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada –cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada.

 

La Sala observa que en la formalización del recurso de casación que se revisa, la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del precitado código adjetivo, por cuanto en ella no se mencionan los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º, o los supuestos de casación de fondo previstos en el ordinal 2º, ambos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, el recurrente no cumplió con la obligación de indicar el quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa, si tal era el caso, ni expresó si la sentencia recurrida cumplió o no los requisitos establecidos en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil que, en todo caso, debía apoyar en el ordinal 1º del artículo 313 del mismo Código, lo cual tampoco hizo; o si el fallo adolecía de errores de juzgamiento, debía encuadrar su denuncia en el ordinal 2° del citado artículo 313 eiusdem.

 

El análisis efectuado al escrito de formalización en su totalidad, conduce a la Sala a considerar que el formalizante no cumplió con la carga procesal prevista en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, la cual no puede ser, de ninguna manera, suplida por este Alto Tribunal.

 

Bajo estas consideraciones, dado que la formalización del recurso de casación no llena las exigencias del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil y, de conformidad con el artículo 325 eiusdem, el recurso de casación debe ser declarado perecido, como en efecto se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

 

 

DECISIÓN

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2003, proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal.

 

 

Se condena en costas del recurso de casación a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal. Particípese esta remisión al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  doce (12) días del mes de  septiembre de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de Federación.

 

El Vicepresidente en ejercicio de la

Presidencia y Ponente,

 

 

 

_____________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

El Magistrado,

 

 

 

_____________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado Suplente,

 

 

 

________________________

TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

 

La Secretaria,

 

 

 

_____________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. N° C-2003-000335

 

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