Sentencia N.º RC.00528
- Sentencia
- N.º RC.00528
- Fecha
- 18/07/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 04-760
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. Nro. 2004-000760
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de
En el juicio por reivindicación seguido por SAMAAN BOUTROS HALAA, representado judicialmente por el abogado Efraín Castro Beja contra LILIANA DEL CARMEN ROMERO FIGUEROA, representada por los abogados Francisco Boutto, Marlen Forero Forero y Eddy Méndez Naranjo; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Menores de
Contra el precitado fallo, la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a decidirlo bajo la ponencia de
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción de los artículos 12, 15, 243 ordinal 5º del mismo Código, pues a su juicio el juez de alzada incurrió en el vicio de incongruencia, al tergiversar la excepción de falta de cualidad opuesta por la parte demandada.
El formalizante expresa, que el juez de alzada no determinó en forma correcta y precisa la falta de cualidad opuesta por la parte demandada.
En este orden de ideas, señala que el ad quem en el punto primero del fallo indicó que fue invocada la falta de cualidad del actor para intentar la demanda, en el sentido de que el bien que reclama no le pertenece; cuando lo expuesto por la parte demandada en la excepción de falta de cualidad fue que la parte actora pretende hacer valer en el juicio, en nombre propio el derecho ajeno de la demandada, LILIANA DEL CARMEN ROMERO, que es de su propiedad por haberlo adquirido del ciudadano JOSÉ GONZÁLEZ LARES.
Sostiene, que esa imprecisión del juez de alzada menoscabó el derecho de defensa de su representado, al no establecer expresamente a cuál de las partes le corresponde el derecho de propiedad.
Para decidir,
En ese mismo sentido, este Alto Tribunal ha indicado que el formalizante debe tener interés para efectuar las denuncias en el recurso de casación, por tanto, es obligatorio que del contenido de las mismas se evidencie el agravio producido al recurrente. De allí que, no le esté permitido al formalizante hacer la respectiva denuncia que sólo sería contraproducente a su contraria. (Ver, entre otras, Sentencia de 1 de diciembre de 2003, caso: Stefan Alfonso Castillo Fernández, contra Alfonso Antonio Bujanda Yépez y otro).
En aplicación del criterio precedentemente expuesto, esta Sala observa que la parte actora carece de legitimación para denunciar la tergiversación de alegatos esgrimidos por la parte demandada en sus escrito de contestación, ya que de existir tales vicios sólo podrían favorecerlo, en otras palabras, si el Juez de la recurrida tergiversó la excepción de la falta de cualidad de la actora, este error lejos de causarle un gravamen a la parte accionante, la beneficia.
En consecuencia,
Asimismo, expresa que al no haber corregido el juez de alzada el error cometido por el sentenciador de la causa, infringió el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, ya que a su entender, estaba obligado a declarar la reposición al estado de que se dictara nueva decisión, disponiendo que el tribunal del primer grado, antes de fallar, haga renovar el acto en el cual se produjo la indefensión anotada.
Para decidir,
Este Alto Tribunal considera oportuno hacer un recuento de los actos procesales relacionados con la promoción y evacuación de la prueba de inspección, a los fines de determinar si en el caso que nos ocupa, se menoscabó a la parte actora su derecho de defensa, al impedírsele hacer las observaciones conducentes en el acto de evacuación de la inspección judicial; y a tal efecto esta Sala observa:
1.- En fecha 31 de octubre de 2000, los apoderados judiciales de la ciudadana Liliana Del Carmen Romero Figueroa, presentaron escrito de promoción de pruebas. En los capítulos primero y tercero del mencionado escrito, se expresó lo siguiente:
...CAPÍTULO I
Promovemos, oponemos y ratificamos en toda forma de derecho y en todas y cada una de sus partes las pruebas documentales que se enumeran a continuación:
Omissis
8. ANEXO NÚMERO 8: EN EL CUAL JOSÉ GONZÁLEZ LARES LE VENDE A LILIANA DEL CARMEN ROMERO UNA PARCELA DE TERRENO UBICADA EN
Omissis
CAPÍTULO III
Promovemos la prueba de inspección judicial en la parcela de terreno que ocupa la casa de habitación de nuestra representada, ubicada en
PRIMERO: Que se deje constancia que la parcela y el inmueble en ella construido están ubicados en los siguientes linderos:
NORTE: Su fondo en diecinueve metros (19 mts) con la pisataria Euglidys Sebastián en terrenos del vendedor; SUR: Su frente, en diecinueve metros (19 mts.), con la calle 6, prolongación Oeste; ESTE: En treinta y nueve metros con cincuenta centímetros (39,50 mts.), con el pisatario Jesús Camauta, en terrenos del vendedor; y, OESTE: En treinta y nueve metros con cincuenta centímetros (39,50 mts.), con terrenos del vendedor. Tomando como referencia los linderos mencionados y contenidos en el documento mencionado en el CAPÍTULO I, No. 8 de este escrito de pruebas.
SEGUNDO: Que se deje constancia que la extensión de dicha parcela es de SETECIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (
TERCERO: Que se deje constancia de la existencia de una vivienda familiar, su distribución, superficie, materiales con que está construida, quiénes son sus habitantes.
CUARTA: Que se deje constancia que la parcela de terreno y la casa sobre ella construida se encuentra en la urbanización
QUINTO: Que se deje constancia fotográfica tanto de la parcela como de la casa de habitación sobre ella construida, al momento de la realización de esta inspección judicial.
Solicitamos que el tribunal se haga acompañar de uno o más prácticos o peritos al momento de realizar la inspección judicial solicitada.... (Resaltado del texto).
2.- Por su parte, la representación judicial de la parte actora presentó escrito en esa misma fecha, mediante el cual promovió entre otras pruebas, inspección judicial en los términos siguientes:
...CAPÍTULO III
Promuevo INSPECCIÓN JUDICIAL, a fin de que el tribunal se traslade y constituya en la parcela objeto del presente litigio, ubicada en la calle 6 con calle en proyecto de
PRIMERO: Que se deje constancia que la parcela de terreno objeto del presente juicio se encuentra ubicada en la dirección antes señalada.
SEGUNDO: Que se deje constancia de que la parcela de mi representada está alinderada de la siguiente manera: NORTE: Su fondo correspondiente, en cuarenta y nueve metros con cincuenta centímetros (49, 50 mts.); SUR: Final de
TERCERO: Me reservo el derecho de dejar constancia de otros hechos en el momento de practicar la mencionada inspección judicial.... (Resaltado del texto).
3.- Por auto de fecha 13 de noviembre de 2000, el tribunal de la causa se pronuncio sobre las pruebas promovidas por ambas partes, y fijó el quinto día de despacho siguiente a esa fecha, a la una de la tarde, para la evacuación de la prueba de inspección judicial promovida por la parte demandada. De la misma manera, fijó el cuarto día de despacho siguiente a esa fecha, a las dos de la tarde, para la evacuación de la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora. No obstante, en fecha 21 de noviembre de 2000, el a quo dejó constancia que no fue posible la constitución y traslado del tribunal para la evacuación de la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora, y difirió su realización para el 24 de ese mismo mes y año.
4.-Cursa a los folios 333 al 336, acta de evacuación de la prueba de inspección judicial promovida por la parte demandada, mediante la cual el tribunal de la causa dejó constancia de lo siguiente:
...En hora de despacho del día veintidós (22) de noviembre del año 2000, siendo las 2:05 p.m., este Juzgado se trasladó y constituyó en
PRIMERO: El tribunal deja constancia que la parcela de terreno y el inmueble en ella construido se encuentran dentro de los siguientes linderos por los datos suministrados por la experta aquí designada, su fondo es de dieciocho metros con cuarenta centímetros (18,40 mts.); y por información suministrada por vecinos que se hicieron presentes, colinda con la pisataria Euglidis Sebastiane; Sur, su frente, veinte metros con veinticinco centímetros (20,25 mts.), con la prolongación calle 6; Este: en treinta y nueve metros con cincuenta centímetros (39,50 mts.); con pisatario Jesús Camauta; y el Oeste en treinta y nueve metros con cincuenta centímetros con terrenos del vendedor.- El experto señala que el área de terreno es de setecientos sesenta y tres metros con treinta y cuatro centímetros (763,34 mts.).- Se anexa croquis elaborado por la experta en el momento de la inspección (Anexo A). Esta última medida se refiere al segundo particular. TERCERO: El tribunal deja constancia que la cerca que rodea la parcela es alambre de púas, con estantes de madera, que se observan de vieja data.- Existe una vivienda construida con bloques de concreto con brechado parcial, techo de zinc, ventana sin vidrio pero con reja, puertas de rejas en la entrada y en el fondo son (2) dos; la vivienda tiene un segundo ambiente constituido por dos que hacen las veces de habitación, un baño sin puertas y la cocina; el cual esta construido de bloques de concreto frisados y pintados; cuatro ventanas con rejas sin vidrio y una pequeña sin vidrios.- Se encuentra habitada por los ciudadanos Rómulo Alberto Domar Pasarella, titular de
5.- En fecha 23 de noviembre de 2000, el tribunal difiere nuevamente la práctica de la inspección judicial fijada para el día 24, y expresa que la misma se realizará el 29 de noviembre de ese mismo mes y año, a las tres de la tarde. Siendo la oportunidad para la evacuación de la referida prueba, el tribunal de primera instancia dejó constancia en el acta de lo siguiente:
...este Juzgado se trasladó y constituyó en la siguiente dirección: En una parcela de terreno ubicada en la calle 6 con calle en proyecto de
6.- En fecha 5 de diciembre de 2000, se trasladó y constituyó el tribunal para continuar con la práctica de la inspección judicial, y se dejó constancia de lo siguiente:
...este tribunal se trasladó y constituyó en la siguiente dirección: en una parcela de terreno ubicada en la calle 6 con calle 6 en proyecto de
Del estudio y análisis de los actos procesales relacionados con la evacuación de las inspecciones judiciales promovidas por las partes, este Alto Tribunal se permite hacer las siguientes consideraciones:
Esta Sala de Casación Civil, ha indicado en forma reiterada que la indefensión se produce únicamente cuando por un acto imputable al juez, se priva o limita indebidamente a una de las partes del libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos.
Ahora bien, la tramitación de los actos relacionados con la prueba de inspección judicial, está contenida en los artículos 472 al 476 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, los artículos 472 y 474 disponen:
Artículo 472.- El Juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido de documentos.
Artículo 474.- Las partes, sus representantes y apoderados podrán hacer al juez, de palabra, las observaciones que estimaren conducentes, las cuales se insertarán en el acta, si así lo pidieren.
Del análisis de las normas precedentemente transcritas, esta Sala aprecia que el legislador pone a disposición de las partes la posibilidad de valerse de este medio de prueba para dejar constancia de determinados hechos o situaciones, en virtud de las cuales se demuestre la veracidad de sus pretensiones; principalmente en aquellos casos en los que tales hechos guarden relación directa con la materia de fondo.
Una de las limitaciones que tienen las partes en la evacuación de dicha prueba, es que ésta sólo puede referirse a los particulares señalados en el escrito de promoción; por tanto las intervenciones que hagan las partes deben circunscribirse a los puntos previamente indicados, pues de lo contrario se estaría permitiendo a las partes la evacuación de una prueba distinta a la promovida.
Por tanto, queda claro, que si bien se permite a las partes hacer aquellas observaciones que estimaren conducentes durante la práctica de la prueba de inspección judicial, tales observaciones deben estar relacionadas con los hechos que deba fijar el juez de acuerdo a los puntos previamente indicados.
Sobre el particular, el autor Jesús Eduardo Cabrera sostiene lo siguiente:
...OBSERVACIONES AL ACTO.
Las observaciones al acta son distintas a las observaciones al acto. Observar, es dejar constancia de lo que se ve, pero creemos que el concepto de observación es aquí más amplio, la parte tiene el derecho de hacer constar lo que perciba dentro del acto que le interese asentar. Estas observaciones se refieren a la práctica del acto procesal, en este caso, al probatorio, y forman parte del poder de fiscalización que otorga el principio de control de la prueba, a fin de que las partes (y hasta los intervinientes no partes) puedan pedir que se hagan constar lo que crean conveniente a sus intereses que acaece durante el acto. Por lo general, las partes tendrán interés en hacer constar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos procesales del acto, a medida que se cumplan o incumplan. Las nulidades que pueden ser convalidadas si no se reclaman a tiempo, pueden sufrir de tal convalidación si no se observan sus causas y de seguidas, se reclaman dejando constancia en el acto de dicho reclamo.
En Venezuela, por la vía de observaciones se ha pretendido promover extemporáneamente medios de prueba; y así se ha tratado durante la práctica de la inspección de hacer constar hechos que no obedecían a la promoción de la prueba, haciendo la petición como una observación; y a veces yendo más lejos, al indicar en la promoción del reconocimiento, que el promovente se reservaba señalar otros hechos durante la práctica del mismo. Este uso, que ha sido rechazado por la sala de casación Civil, constituye una promoción extemporánea e ilegal, no sólo por estar fuera de oportunidad para ello, sino que al no indicarse lo que se quiere hacer constar, ella es necesariamente impertinente. Por tanto, éste no es el fin de las observaciones.
Las observaciones buscan que se deje constancia de la falta de algún requisito de forma o de su práctica irregular, así como de otros elementos necesarios para la validez del acto. Las observaciones no ameritan una decisión inmediata del Tribunal, sino sólo hacer constar un hecho inherente al acto y esto los separa de los reclamos, los cuales suscitan una providencia.
En muchos de los actos procesales, en especial probatorios, se exige a los intervinientes una determinada actitud. En estos actos es tema de las observaciones, el hacer constar la actitud de los intervinientes reñida con la prohibición legal...
OBSERVACIONES AL MEDIO.
¿Las observaciones del acto procesal en general, los cuales engloban los actos de evacuación de pruebas, son de igual naturaleza que las observaciones de los artículos 463 y 474 CPC?. Creemos que no, que éstas son muy específicas y van más allá de lo que se observa en la práctica de un acto procesal. Las observaciones como una institución general, siempre pueden ser hechas por las partes, según el Art. 188 CPC, por lo que no requieren de una mención especial, pero éstas sí reciben un trato aparte, cuando en particular, se refieren a ellas los Arts. 463 y 474, por lo que deben ser parte de los elementos de estos medios, de allí que el legislador les haya dedicado disposiciones concretas (Arts. 463 y 474) aparte de la disposición general. Por ello, pensamos que estas observaciones son de la naturaleza del medio y distintas a las que se pueden solicitar con motivo de la realización de un acto procesal...
Estas observaciones no están previstas para un acto ante el Tribunal, donde se cumplen los requisitos de los actos procesales,... Las observaciones están dirigidas al acto de reconocimiento pericial; no a promover un dictamen sobre nuevos hechos no afirmados cuando se anunció el medio...
El Art. 474 CPC trae otro supuesto donde para un medio en particular se establecen las observaciones. Esto ocurre en la inspección judicial cuyas normas son aplicables por analogía a todos los reconocimientos judiciales simples o complejos, lo que incluye a los experimentos judiciales.
El Art. 474 CPC reza: ... No se trata de las observaciones normales atinentes a la fiscalización de un acto procesal a fin de que cumpla sus requisitos o se haga constar su incumplimiento (lo que incluye las exigencias incumplidas total o parcialmente durante la recepción de los medios de prueba), sino que se trata de observaciones ligadas a la naturaleza de la inspección judicial, las cuales pueden ser orales o escritas, si es que la parte que las hace solicita que se inserten en el acta.
Estas observaciones conducentes, lo que quieren decir es que conducen a algo relacionado con el reconocimiento como un todo, abarcan el que se deje constancia de las circunstancias percibidas en el objeto de la prueba...; en fin todo aquello atinente a la naturaleza del medio, que no constituya una nueva promoción de la prueba para hacer constar nuevos hechos, pero que sirva para que la propuesta logre su finalidad de incorporar los hechos a los autos con la mayor veracidad.... (Cabrera Romero, Jesús Eduardo. El Control de
Como bien señala el referido autor, a través de las observaciones no es posible hacer alegatos que no estén ligados directamente a la naturaleza de la inspección; de allí que, tales observaciones, únicamente pueden estar dirigidas a lograr que los hechos sean incorporados o fijados con la mayor veracidad.
Hechas estas consideraciones, esta Sala establece que en el presente caso no se produjo la alegada indefensión, pues, tal y como puede observarse del acta de fecha 20 de noviembre de 2000, levantada con ocasión de la práctica de la inspección judicial solicitada por la parte demandada, el apoderado judicial de la parte actora, no aspiraba exponer en ese acto una verdadera observación relacionada con los hechos percibidos por el juez, tampoco pretendió esclarecer unos de los puntos señalados por la promovente, sino que a manera de conclusión expresó que ...En virtud de la facultad que me confiere el artículo 474 del Código de Procedimiento Civil y en mi carácter de apoderado judicial de Samán Boutros, ya identificado en autos, dejo constancia en forma auténtica que el inmueble por el cual acudo a esta vía jurisdiccional, para demandar la acción reivindicatoria es el mismo en su ubicación....
Queda evidenciado, pues, que lo pretendido por la parte actora era exponer su apreciación respecto de los hechos percibidos mediante esa prueba, cuestión que en modo alguno puede constituir el contenido de una observación, ya que la finalidad de este medio de control es lograr que el juez incorpore los hechos a los autos con la mayor veracidad, pero siempre respetando los puntos sobre los cuales debe versar la inspección judicial.
Por tanto, esta Sala debe indicar al formalizante que las apreciaciones que las partes quieran exponer de los actos ocurridos en el proceso, - incluso los probatorios- deben exponerse únicamente en los actos de alegaciones, como lo es, por ejemplo, el acto de informes.
Por otra parte,
En todo caso, si el formalizante consideraba que su representado debía exponer observaciones relacionadas con la inspección promovida por la parte demandada, ha podido expresarlas al momento de evacuar la inspección judicial promovida por él, ya que en su criterio el inmueble que la demandada alega es de su propiedad es el mismo objeto de su pretensión.
Por las razones expuestas, se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12, 15, 208 y 474 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
III
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 208 del mismo Código, pues según su criterio, el juez de la causa no practicó la inspección judicial en los términos en que fue solicitada.
El formalizante expresa, que el tribunal de primera instancia no practicó a cabalidad la inspección judicial promovida por su representado, pues a su juicio, el hecho de estar subdividido el inmueble no podía nunca impedir que se dejara constancia de la cabida, aún más cuando tal planteamiento constituye el punto central de la controversia.
En este orden de ideas, sostiene que el juez de alzada al encontrarse con esa irregularidad debió ordenar la reposición de la causa al estado de que se evacuase dicha prueba en los términos que fue acordada.
Para decidir,
Esta Sala considera que no existe la alegada indefensión, pues, como puede observarse de la relación de los hechos reseñados en la denuncia precedentemente analizada, referidos a las pruebas de inspección judicial promovidas por ambas partes, no se evidencia que el acta de la inspección judicial promovida por la accionante, haya sido atacada por ante el tribunal de instancia; tampoco se observa que la parte actora haya manifestado al juez de la causa a quo que la práctica de esta prueba fue irregular.
Es claro, pues, que si el promovente de dicha prueba consideraba que la misma se realizó en términos distintos a los solicitados por él, debió hacer las observaciones conducentes en el acto de evacuación, o en su defecto, ha debido impugnar ante el a quo el acta donde consta dicha prueba, y al no hacerlo, con su omisión se puso de manifiesto su desinterés en ejercer los medios que le proporciona la ley para llevar a cabo los actos de control y contradicción de esa prueba.
Sobre el particular, esta Sala ha dejado establecido que la indefensión se produce cuando por un acto imputable al juez, se le priva o limita indebidamente a una de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, siendo necesario, además, que el vicio no se ocasione por la impericia, abandono o negligencia de la propia parte, y que haya producido perjuicio cierto para quien alega la indefensión, pues de lo contrario sería intrascendente la ilegalidad de la actuación del juez y no habría vicio que subsanar, en aplicación del principio de utilidad de la reposición, contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. (Ver, entre otras, Sent. 20/5/04, caso: Carlos Eduardo Franceschi Hernández, contra Rosa Elena Plaza Rudas).
Por tanto, este Alto Tribunal declara que en el caso que nos ocupa la parte actora no ejerció los medios que le proporciona la ley para impugnar la prueba de inspección judicial por ella promovida, debido a su falta de diligencia y no a un acto imputable al juez, y así se establece.
En todo caso, si el formalizante consideraba que el Juez de alzada incurrió en un error al valorar una prueba irregularmente evacuada, ha debido hacer la respectiva denuncia relacionada con la infracción de una norma de establecimiento de la prueba; denuncia que debió formalizar dentro de un recurso de fondo y no a través del recurso por defecto de actividad.
En consecuencia, se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12, 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
IV
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4° y 509 del mismo Código, por cuanto el juez no analizó todas las pruebas aportadas al proceso.
Señala el formalizante, que el análisis de todas las pruebas resultaba fundamental, por cuanto ambas partes sustentan sus respectivas posiciones en la tradición legal de la propiedad que alegan, lo cual constituye el punto focal del juicio incoado.
Asimismo, sostiene que la recurrida obvió el examen de los puntos controvertidos deliberadamente, infringiendo el principio de exhaustividad contenido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en el vicio de silencio de prueba.
El formalizante denuncia el silencio de una prueba, mediante un recurso por defecto de actividad, en franca contravención de la jurisprudencia vigente en esta Sala que exige, para alegar un vicio de tal índole, que se formalice en el contexto de una denuncia por infracción de ley.
Así, en sentencia de fecha 21 de junio de 2000 (caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A.),
Por lo que, con fundamento a las anteriores consideraciones esta Sala, desestima la denuncia de infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4° y 509 del Código de Procedimiento Civil, por inadecuada fundamentación. Así se establece.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de alzada no analizó las pruebas referentes a la tradición legal.
En efecto, señala el formalizante lo siguiente:
...Fundamentos en los cuales se apoya la denuncia.
La recurrida, en su considerando SEGUNDO expresa textualmente lo siguiente:
...Agotado el material probatorio del accionante es evidente que no logró demostrar que el bien objeto de la reivindicación sea el mismo sobre el cual alega ser propietario, ello hace innecesario analizar el aporte probatorio referido a la tradición legal de las parcelas que las partes alegan ser propietarios....
El análisis de esas pruebas resultaba fundamental, por cuanto ambas partes sustentan sus respectivas posiciones en la tradición legal de la propiedad que alegan, y ello constituye el punto focal del juicio incoado. Ahora bien, la demandada alegó ser la propietaria de la parcela de terreno que se pretende reivindicar, con fundamento en la venta que le hizo el ciudadano JOSÉ GONZÁLEZ LARES. Es el caso que este vendedor, citó como título inmediato de adquisición un documento protocolizado en
Asimismo, en su considerando SEGUNDO asienta lo siguiente:
En el presente caso, ambas partes acreditaron prueba documental de carácter público con la que invocan su condición de propietarios del inmueble a que se contrae cada uno, en este tipo de acción ante situaciones como ésta, es necesario sopesar la legitimidad del título en cuanto a la tradición del dominio y la antigüedad, para determinar quién ostenta un mejor documento
Sin embargo, no cumple la recurrida con este principio que asentó, sino que más adelante considera innecesaria esa labor de sopesar, lo cual es concomitante con los puntos esenciales de la controversia. Es ese un auténtico silencio de prueba, pues este vicio ocurre, no solamente cuando la sentencia omite referirse a pruebas que constan en las actas, sino también se produce cuando, habiéndolas mencionado, se niega, como es el caso planteado, al realizar su examen.
En virtud de todas las razones y consideraciones anteriormente expuestas respetuosamente solicito a esta Sala de Casación Civil declare con lugar el recurso de casación planteado por infracción de ley
.
Para decidir, esta Sala observa:
Respecto al vicio de silencio de pruebas, esta Sala en sentencia N° 00188 de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Carlos Enrique Morales Caraballo c/ Seguros Orinoco, C.A., señaló lo siguiente:
...el alegado vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio, pues ni siquiera lo menciona, o cuando refiere su existencia, pero no expresa su mérito probatorio. Este vicio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, por cuanto una vez que la prueba es incorporada al expediente, escapa de la esfera dispositiva y pertenece al proceso, lo que autoriza al juez para valorarla con independencia de quien la promovió, con fundamento en el principio de adquisición procesal...
De acuerdo a la jurisprudencia precedentemente citada, el silencio de pruebas ocurre cuando el sentenciador omite analizar la prueba o cuando simplemente la menciona pero no la analiza. Asimismo, determina que una vez que la prueba es presentada al juicio pertenece al proceso y por tanto el juez debe valorarla.
En el presente caso, nuevamente el formalizante expresa, que el juez de la recurrida no analizó las pruebas en virtud de las cuales las partes sustentan sus respectivas posiciones en torno a la tradición legal de la propiedad que alegan, lo que a su juicio constituye el punto focal del juicio incoado.
Por otra parte, sostiene que la demandada alegó ser la propietaria de la parcela del terreno que se pretende reivindicar, con fundamento en que el bien objeto del presente juicio, le fue vendido por el ciudadano José González Lares; sin embargo, el ad quem no examinó el referido documento público en donde consta la referida venta; esto es, el instrumento protocolizado por la demandada en
En ese sentido, señala que si la recurrida hubiese analizado las pruebas referentes a la tradición legal promovidas por la demandada, habría concluido que la parcela de la cual dijo ser propietario el mencionado vendedor aparece señalada en forma indeterminada e imprecisa; lo cual a su juicio se traduce en una evidente y deliberada infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, pues de haber analizado dichas pruebas otro hubiese sido el resultado del juicio, pues habría concluido en que la tradición alegada por la demandada carece de toda consistencia legal.
Ahora bien, esta Sala observa que el formalizante expresa por una parte, que no fueron analizadas las pruebas en virtud de las cuales las partes sustentan sus respectivas posiciones en torno a la tradición legal de la propiedad; sin embargo, este Alto Tribunal considera que es requisito indispensable en una denuncia como la que aquí se analiza, que los recurrentes expresen en forma clara y precisa cuáles son los medios probatorios silenciados; cuestión que esta Sala no puede suplir, pues era carga del formalizante señalar cuáles son esas pruebas, que según su decir, evidenciaban la tradición legal de la propiedad alegada por ambas partes. Razones suficientes para desestimar esta parte de la denuncia.
En cuanto a la falta de análisis del documento de propiedad que promovió la parte demandada, esta Sala observa del examen de la recurrida, que el juez de alzada sí analizó la prueba que se denuncia como omitida. En efecto, el ad quem examinó tanto los documentos de propiedad que consignó la parte actora como instrumentos fundamentales de la demanda, así como el que fue acompañado por la parte demandada con su contestación, sólo que consideró que del análisis de ambos instrumentos en concatenación con la inspecciones promovidas por las partes, se evidenciaba que ambos terrenos difieren en cuanto a su ubicación; por esa razón, estableció que bajo ningún concepto puede llegar a la convicción de que la parcela que dice la demandada es de su propiedad y en donde habita, sea la misma que pretende reivindicar el accionante. En efecto, el juez superior se pronunció en los términos siguientes:
Acompañó al libelo de demanda el accionante: A) Documento por el cual
Por su parte, la demandada, promovió como prueba para soportar la propiedad que invoca, documento por el cual JOSÉ GONZÁLEZ LAREZ le vendió un terreno ubicado en
En el presente caso, ambas partes acreditaron prueba documental de carácter público con la que invocan su condición de propietarios del inmueble a que se contrae cada uno, en este tipo de acción, ante situaciones como esta, es necesario sopesar la legitimidad del título, en cuanto a la tradición del dominio y la antigüedad, para determinar quién ostenta un mejor documento, pero antes es necesario determinar si el inmueble que se demanda en reivindicación es el mismo que detenta la demandada y del que se dice propietaria, carga ésta que evidentemente le corresponde al demandante.
La documental presentada por las partes, difiere en cuanto a la ubicación de la parcela, la del demandante se indica ubicada en JUANICO (ESTE) y la de la demandada en el Barrio BRISAS DEL MORICHAL DE
La anterior probanza bajo ningún concepto, puede llevar a la convicción de que la parcela de terreno que dice la demandada es de su propiedad y en donde habita, sea la misma que pretende reivindicar el accionante, lo que sucede de la misma forma en referencia a la inspección judicial promovida por la parte demandada, practicada el día 22 de noviembre de 2000 (folio
Agotado el material probatorio del accionante es evidente que no logró demostrar que el bien objeto de la reivindicación sea el mismo sobre el cual alega ser propietario, ello hace innecesario analizar el aporte probatorio referido a la tradición legal de las parcelas que las partes alegan ser propietarios
.
De la precedente transcripción, se evidencia que el juez de la recurrida sí examinó la prueba que se denuncia como omitida, sólo que consideró que los documentos producidos por ambas partes, no eran capaces de llevarlo a la convicción de que la parcela de terreno que dice la demandada que es de su propiedad, sea la misma que pretende reivindicar el accionante.
Por esa razón, concluyó que el demandante no logró demostrar que el bien objeto de la reivindicación sea el mismo sobre el cual alega ser propietario. Con base en ese razonamiento, estimó innecesario hacer un pronunciamiento respecto a la tradición legal de las parcelas que las partes alegan ser propietarios.
Cuestión que en modo alguno se traduce en una falta de análisis del referido documento, ya que el juez de alzada dio una razón de derecho que lo relevaba de hacer un pronunciamiento al respecto.
Así, en sentencia N° 00850 de fecha 12 de agosto de 2004, caso: Yanira Rojas Olarte c/ Fabián Ernesto Burbano Pullas, esta Sala declaró improcedente una denuncia de silencio de pruebas porque el juez no analizó las pruebas con fundamento en una razón de derecho, tal como se desprende de la siguiente cita del fallo:
El motivo de esta denuncia es similar a la anterior, sólo que bajo el rótulo de silencio de pruebas. En efecto, el formalizante sostiene que la recurrida debió valorar las copias fotostáticas simples porque no fueron impugnadas por la contraparte.
No tiene razón el formalizante, puesto que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, como ya lo estableció esta Sala en el precedente capítulo, no contempla los documentos privados simples ni sus copias fotostáticas, sino los documentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos. Por esta razón, cuando la norma señala que Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por las partes, se refiere a las copias de los documentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, no a las copias fotostáticas simples como lo alega el formalizante.
En todo caso, el juez de la alzada se apoyó en una razón de derecho que le impidió examinar las copias fotostáticas simples a que se refiere el formalizante, como fue que a tales documentos no se les podía atribuir valor probatorio, porque son instrumentos privados no contemplados en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, los cuales no pueden producirse en segunda instancia, de conformidad con el artículo 520 del mencionado Código.
Por esas razones, se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil
.
En el presente caso, es cierto que el juez de alzada dejó de pronunciarse respecto a la tradición legal de las parcelas que las partes alegan ser propietarios, pero como fue expresado precedentemente, dio una razón de derecho para dejar de examinar ese aspecto de la prueba; argumento jurídico que no fue combatido por el formalizante en las distintas denuncias que esta Sala analiza, por lo que este Supremo Tribunal está impedido de controlar la legalidad de tal pronunciamiento para determinar si esa razón expresada por el juez de alzada, es acorde con el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, si el formalizante no compartía ese criterio del sentenciador, debió atacar ese pronunciamiento a través de la apropiada denuncia por infracción de ley, con la finalidad de cuestionar jurídicamente el criterio expresado por el juez superior, fundamentar y justificar su delación explicando las razones por las cuales consideran que ello no es así con el debido apoyo jurídico.
En consecuencia se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil.
II
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 509 del mismo Código, 1.401 y 1.402 del Código Civil, por falta de aplicación.
El formalizante sostiene, que fue invocada la confesión de la demandada en el escrito de promoción de pruebas de su representado, sin embargo, la recurrida no la analizó.
En ese orden de ideas, expresa que el juez de alzada se limitó a hacer una simple referencia sobre la invocada confesión de la demandada, cuando desestimó la certificación en referencia, con fundamento en que no cursan en autos los títulos supletorios.
Por último, señala que ello constituye el vicio de silencio de pruebas, pues la recurrida ha debido pronunciarse en torno a la confesión extrajudicial hecha por la demandada, de que la parcela de la cual se dice propietaria la demandada le pertenece al Municipio o forma parte del sitio Hervedero, lo cual fue señalado en términos generales por el ciudadano José González Lara, quién aparece como vendedor de la parcela de terreno sobre la cual alega tener el derecho de propiedad la demandada.
Para decidir, esta Sala observa:
En efecto, el recurrente se limitó a señalar que la recurrida no valoró una confesión extrajudicial de la demandada que fue debidamente promovida en el escrito de promoción de pruebas de su representado, pero sin expresar las razones por las cuales considera que esa falta de pronunciamiento en torno a ese medio de prueba es determinante en el dispositivo del fallo.
En todo caso, esta Sala observa que lo que pretende probar el actor con la mencionada prueba de confesión, es que el verdadero propietario del inmueble es el Municipio Maturín o pertenece al sitio el Hervedero, cuestión que en modo alguno forma parte del problema judicial sometido a consideración del juez, pues lo discutido en el presente juicio es si el inmueble que ocupa y habita la demandada es propiedad del actor.
Las razones precedentemente expuestas, son suficientes para declarar improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, y 1.401 y 1.402 del Código Civil. Así se establece.
III
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 del mismo Código, y 44 de
La conclusión determinante que influyó en el dispositivo del fallo, fue la apreciación de la recurrida, de que la parcela ocupada por la demandada y sobre la cual alega derechos de propiedad, es distinta a la que pretende reivindicar el demandante. En su contestación de la demanda, la ciudadana Liliana Del Carmen Romero Figueroa NO NEGÓ que la parcela de terreno objeto de la demanda era distinta a la ocupada por ella, sino que por el contrario, afirmó ser la misma, pero con el alegato de que era la propietaria, y por tal razón alegó la falta de cualidad del demandante, por hacer valer en juicio un derecho ajeno, sin embargo, en el considerando SEGUNDO la recurrida hizo la siguiente distinción:
La documental presentada por las partes, difiere en cuanto a la ubicación de la parcela, la del demandante se indica ubicada en JUANICO (ESTE) y la de la demandada en el Barrio BRISAS DEL MORICHAL DE
Esa diferencias de nombres conduce a la recurrida, a concluir con que la parcela que pretende reivindicar el demandante es distinta a la que dice la demandada es de su propiedad; y ello, a pesar, de que coinciden dos de los linderos expresados en ambos documentos de propiedad: Calle 6 y Jesús Camauta, con la sola diferencia en cuanto a que en el documento de adquisición del demandante, la cabida es mayor que la expresada en el documento en el cual se ampara la demandada.
Ahora bien, el título del cual deriva el derecho de propiedad del ciudadano Samán Boutros, fue la venta que le hizo la ciudadana Melitza Margarita Ramos Noriega de Chayeb, quién a su vez adquirió el inmueble del Municipio Maturín del estado Monagas, por órgano del Alcalde y del Síndico Procurador Municipal, por documento protocolizado en
Para decidir,
El formalizante sostiene que el juez de alzada infringió por falta de aplicación el artículo 44 de
En este orden de ideas, menciona que de conformidad con este organismo la parcela de terreno se encuentra ubicada en la Urbanización Juanico Este, y no en el Barrio Brisas del Morichal de
Asimismo señala, que el juez de alzada no tomó en consideración que la ciudadana Liliana Del Carmen Romero Figueroa en su contestación de la demanda, no negó que la parcela de terreno objeto de la demanda era distinta a la ocupada por ella, sino que por el contrario, afirmó que se trataba de la misma, pero con el alegato de que era la propietaria.
Por otra parte, expresa que esa consideración de la recurrida influyó en el dispositivo del fallo, pues fue precisamente esa apreciación, de que la parcela ocupada por el demandante y sobre la cual alega derechos de propiedad es distinta a la que pretende reivindicar el demandante, la que llevó a concluir al sentenciador que no era procedente la presente acción al no tratarse de los mismos inmuebles.
Ahora bien, el deber del juez de motivar su decisión se extiende a todas las cuestiones de derecho resueltas por él, y cuando ello no sucede el juez incurre en el vicio de falta de aplicación de una norma jurídica. No obstante, es necesario que la norma cuya falta de aplicación se denuncie se encuentre en vigor para el momento en que los hechos examinados por el juez ocurrieron.
En el presente caso, esta Sala observa que el formalizante fundamenta su denuncia en la infracción del artículo 44 de
En efecto, la mencionada Ley fue publicada en
Por estas razones,
IV
De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia del 320 del mismo Código, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 507 eiusdem, y 1.360 del Código Civil, en los términos siguientes:
...Se aprecia que la recurrida no expresa las razones por las cuales llegó a la conclusión de que se trata de dos parcelas diferentes, y se sustenta en unas inspecciones judiciales viciadas, en una clara demostración de la ley del menor esfuerzo. (sic) A su disposición en las actas se encontraba la prueba fundamental que anteriormente había referido, para sopesar quién tenía mejor documento, en cuanto a la tradición y la antigüedad, pero expresamente se negó a realizar el correspondiente examen, por considerarlo innecesario, cuando lo cierto es que con el análisis de esas pruebas que se negó a examinar, podría haber resuelto el asunto planteado, máxime si la demandada afirmó en su contestación de la demanda, que es la propietaria de la parcela de terreno reclamada por el demandante..., cuya copia fue promovida por la demandada, y en el cual aparece ubicada la parcela de la supuesta propiedad del vendedor, incluyéndola en un lugar indeterminado denominado el Hervedero, que según la documentación en la cual se funda, tiene como linderos al pueblo de Maturín. Se aprecia entonces, que la recurrida infringió el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no estuvo ajustada a los principios de la sana crítica, toda vez que no tuvo una real visión de conjunto en la apreciación de las pruebas, mostrándose reacia al examen de la prueba documental concerniente a la tradición alegada por ambas partes, con referencia al contenido del Artículo 1.360 del Código Civil....
Para decidir,
En esta oportunidad, el formalizante mezcla indebidamente una denuncia que debe ser realizada a través del recurso por defecto de actividad, como lo es el vicio de inmotivación del fallo, con el vicio de silencio de prueba. Respecto al primer vicio, sostiene que el juez de alzada no expresó las razones por las cuales consideró que se trataba de parcelas diferentes. En relación al segundo vicio, insiste en expresar que en la decisión recurrida no fue plenamente analizado el documento de compraventa consignado por la parte demandada, en cuanto Al punto relacionado con la tradición legal del inmueble.
No obstante la inadecuada fundamentación de la denuncia,
En cuanto al supuesto vicio de inmotivación, que a juicio del formalizante incurrió la recurrida al no expresar ...las razones por las cuales llegó a la conclusión de que se trata de dos parcelas diferentes..., esta Sala no comparte el criterio del formalizante, pues contrariamente a lo expresado por él, el juez de alzada si expresó los motivos de hecho y derecho de ese pronunciamiento, como puede evidenciarse de la siguiente transcripción:
...En el presente caso, ambas partes acreditaron prueba documental de carácter público con la que invocan su condición de propietarios del inmueble a que se contrae cada uno, en este tipo de acción, ante situaciones como esta, es necesario sopesar la legitimidad del título, en cuanto a la tradición del dominio y la antigüedad, para determinar quién ostenta un mejor documento, pero antes es necesario determinar si el inmueble que se demanda en reivindicación es el mismo que detenta la demandada y del que se dice propietaria, carga esta que evidentemente le corresponde al demandante.
La documental presentada por las partes, difiere en cuanto a la ubicación de la parcela, la del demandante se indica ubicada en JUANICO (ESTE) y la de la demandada en el Barrio BRISAS DEL MORICHAL DE
La anterior probanza bajo ningún concepto, puede llevar a la convicción de que la parcela de terreno que dice la demandada es de su propiedad y en donde habita, sea la misma que pretende reivindicar el accionante, lo que sucede de la misma forma en referencia a la inspección judicial promovida por la parte demandada, practicada el día 22 de noviembre de 2000 (folio
Agotado el material probatorio del accionante es evidente que no logró demostrar que el bien objeto de la reivindicación sea el mismo sobre el cual alega ser propietario, ello hace innecesario analizar el aporte probatorio referido a la tradición legal de las parcelas que las partes alegan ser propietarios....
Como puede observarse, de la precedente transcripción se desprende, que el juez de alzada consideró que los documentos de compra venta producidos por ambas partes, concatenados con las inspecciones judiciales evacuadas, no fueron capaces de llevarlo a la convicción de que la parcela de terreno que dice la demandada que es de su propiedad, sea la misma que pretende reivindicar el accionante; lo que lo llevó a establecer que el demandante no logró demostrar que el bien objeto de la reivindicación fuere el mismo sobre el cual alega ser propietario. Por tanto, esta Sala declara improcedente esta parte de la denuncia.
En cuanto al silencio parcial de prueba documental consignada con el escrito de contestación a la demanda, esta Sala da por reproducido los razonamientos expuestos en el primer capítulo del recurso de infracción de ley, pues como fue expresado en esa oportunidad, el juez de alzada no se pronunció en torno a la tradición legal del inmueble porque dio una razón de derecho que lo relevaba de hacer ese examen, es decir, consideró el juez de alzada que al no haber demostrado la parte actora que el bien objeto de la reivindicación es el mismo sobre el cual alega ser propietario, era innecesario hacer un pronunciamiento respecto a la tradición legal de las parcelas que las partes alegan ser propietarios.
Si el formalizante no compartía ese criterio del sentenciador, debió atacar ese pronunciamiento a través de la apropiada denuncia por infracción de ley, con la finalidad de cuestionar jurídicamente el criterio expresado por el juez superior, fundamentar y justificar su delación explicando las razones por las cuales consideran que ello no es así con el debido apoyo jurídico.
En consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia de infracción de los artículos 12 y 507 del Código de Procedimiento Civil, y 1.360 del Código Civil. Así se establece.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de
Como consecuencia de haber resultado infructuoso el recurso de casación interpuesto, se condena al recurrente al pago de las costas de dicho recurso.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de
Dada, firmada y sellada en
Presidente de
_______________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta,
______________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
_____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada-ponente,
____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
___________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
_______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nro. AA20-C-2004-000760
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente voto salvado al contenido de la presente decisión, con base a las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba.
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eisdem, en razón de lo cual la delación semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con el artículo 26 y 257 de
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en todo ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de
_______________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta,
______________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
_____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
___________________________________
LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nro. AA20-C-2004-000760
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