Venley

Sentencia N.º RC.00565

Sentencia
N.º RC.00565
Fecha
24/09/2003
Sala
Casación Civil
Expediente
02-244
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PONENCIA DEL MAGISTRADO: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En el procedimiento por cobro de bolívares en vía de intimación, iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, por la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S y P, C.A., representada judicialmente por los abogados Carlos R. Ortiz Vellorín, Carlos Rafael Bello Urdaneta, María Elena Álamo Baudet y Gustavo Ríos González, contra la empresa RASACAVEN, S.A., representada judicialmente por los abogados Carlos Vellorín Quijada, Carlos Zurita De Rada, Joaquín Díaz Cañabate B. y Porfirio Guzmán Rodríguez; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 7 de febrero del 2002, declarando extemporánea e ineficaz la oposición formulada por la parte demandada en fecha 24 de enero del 2001 y ordenó la ejecución del decreto intimatorio contenido en el auto de admisión de la demanda, de fecha 2 de noviembre del 2000, condenando a la empresa RASACAVEN, S.A. a pagar a la actora las cantidades de dinero especificadas en el referido decreto intimatorio. Quedando así confirmada la sentencia apelada.

 

Contra el referido fallo de la alzada la representación judicial de la parte demandada anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

 Concluida la sustanciación del recurso pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, y lo hace en los términos siguientes:

 

PUNTO PREVIO

 

En el presente caso, el recurrente en su escrito de réplica, solicita a la Sala de Casación Civil altere el orden de conocimiento de las denuncias, y comience a analizar, en primer lugar, las de infracción de ley, “...dada la relevancia de las referidas dos denuncias y su importancia en el proceso de ser acogidas...”

A este respecto, debe señalarse que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, textualmente dispone sobre el punto, lo siguiente:

“...En su sentencia del recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni apreciación de los hechos que hayan efectuado los Tribunales de instancia, salvo que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos, o de las pruebas, o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo.

Podrá también la Corte Suprema de Justicia extender su examen al establecimiento o valoración de los hechos, cuando tratándose de pruebas no contempladas expresamente en la ley, el Juez las haya admitido o evacuado sin atenerse a la analogía a que se refiere el artículo 395 de este Código, o que no las haya apreciado según las regla de la sana crítica a que se refiere el artículo 507 ejusdem.

Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1º del Artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva.

Si no hubiere las infracciones aludidas en el párrafo anterior, la Corte Suprema de Justicia entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al ordinal 2º del Artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente mediante análisis razonado y estable-ciendo además cuáles son las normas jurídicas apli-cables para resolver la controversia, ya sean éstas las indicadas por las partes en los escritos de formalización o de contestación, o las que la propia Corte Suprema de Justicia considere que son las aplicables al caso.

 

Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado.(Negrillas de la Sala)...”.

 

Con ello queda evidenciado, de forma clara y contundente, la metodología prevista por el legislador patrio para el análisis y decisión de las denuncias de actividad y de infracción de ley, contenidas en todo recurso extraordinario de casación, y el cual será acatado por la Sala para la  decisión del presente recurso, sin que sea procedente alterar el orden legal de conocimiento de éstas. Así se decide.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida, de los artículos 15, 212 y 206 eiusdem, al haber incurrido en el quebrantamiento de formas esenciales que generaron indefensión.

 

Argumenta el formalizante que en segunda instancia se subvirtió el debido proceso, pues el Juez Superior fue recusado, y en vez de remitir las actuaciones de la recusación a otro Juez para que las decidiera, se pronunció directamente sobre su propia recusación, declarándola sin lugar. Que correspondía decidir estas actuaciones a otro Juez Superior. Que la sentencia impugnada debió declarar la nulidad del referido acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

De una lectura de la recurrida, se observa que ésta declaró la extemporaneidad de la oposición en el procedimiento por intimación. En consecuencia, la sentencia impugnada determinó que el decreto intimatorio adquirió el carácter de cosa juzgada y ordenó su ejecución.

 

En efecto, señaló la recurrida lo siguiente:

“...Es menester aclarar que durante el lapso que estuvo pendiente la decisión de la regulación de la competencia por el Juzgado Superior (Ordinario) en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de esta Circunscripción Judicial, que recibió el expediente en fecha 06 de diciembre de 2.000 (folio 180), hasta el día 16 de enero de 2.001, fecha en que lo remitió al Tribunal de la Causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circuns-cripción Judicial, que le dio entrada y curso legal al día siguiente, o sea, el día 17 de enero de 2.001, la causa permaneció suspendida dentro de las indicadas fechas (06 de diciembre de 2.000 al 17 de enero de 2.001), por lo que en el cómputo a realizar deben incluirse los días de Despacho correspondientes a las fechas del 18, 19, 22 y 23 de enero de 2.001, los cuales mediante suma realizada con los anteriormente indicados arrojan un total de once (11) días de Despacho y como quiera que la oposición al decreto intimatorio fue formulada por la empresa Rasacaven, S.A., demandada de autos, en fecha 24 de enero de 2.000, resulta a todas luces extemporánea dicha oposición, en el entendido de que el término perentorio de diez (10) días de Despacho para consignar dicha oposición, precluyó el día 22 de enero de 2.001, siendo en consecuencia ineficaz la oposición formulada –extempori- por la intimada en virtud de la inercia procesal por ella asumida; por lo que consecuencialmente debe procederse en el presente caso como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así se declara.” (Negritas de la Sala).

 

 

Este pronunciamiento de la recurrida, es con carácter decisivo, pues en un procedimiento por intimación se está estableciendo la extemporaneidad de la oposición y el carácter de cosa juzgada del decreto intimatorio, adquiriendo la consistencia de una cuestión jurídica previa, de obligatoria impugnación por parte del formalizante, pues de no hacerlo, la Sala de Casación Civil deba asumir o dar por sentado que la oposición fue extemporánea y siempre el decreto intimatorio adquiriría el carácter de cosa juzgada.

 

El formalizante se limitó a afirmar una subversión procesal, que de haber ocurrido, sería en segunda instancia, cuando fue recusado el Juez Superior provisorio. Esta supuesta subversión procesal, sería inocua e intrascendente a los efectos de la cuestión jurídica previa declarada por la recurrida. No obstante ello, la Sala exhaustivamente examina las actas del expediente y determina lo siguiente:

 

La recurrida no fue dictada por el Juez recusado. Ello descarta cualquier posibilidad de gravamen generado por la supuesta subversión procesal en el trámite de la recusación. Por otra parte, se activaron contra el señalado Juez Superior dos recusaciones provenientes de la demandada. La primera, de fecha 3 de mayo de 2000, fue declarada improcedente el 4 de mayo de 2000, por el propio Juez, señalando que la misma no estaba fundada en causal alguna del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y fue presentada fuera de horas de despacho, en los pasillos de tribunales. Luego, la misma parte demandada cumplió con los referidos requisitos formales y en fecha 7 de mayo de 2.001, volvió a recusar al mismo Juez. En ese caso, el Juez recusado presentó su informe el 8 de mayo de 2.001 y remitió el expediente a otro Juez Superior quien decidió la recusación en fecha 10 de julio de 2.001, declarándola sin lugar.

Esto quiere decir que de haber ocurrido cualquier subversión procesal en el trámite de la primera recusación, se corrigió en la segunda, intentada por la misma parte y contra el mismo Juez, pues fue decidida de acuerdo al procedimiento debido, por otro Juez Superior. Las nulidades procesales, no pueden declararse cuando el acto procesal, que se afirma írrito, fue corregido, de acuerdo al principio de utilidad de la reposición, contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

 

De acuerdo a lo expresado, al no haberse atacado la cuestión jurídica previa establecida por la recurrida, siendo además que la sentencia impugnada fue dictada por otro Juez Superior distinto al recusado, y tomando en cuenta que la segunda recusación se llevó a cabo conforme al trámite debido, corrigiendo cualquier posible subversión de la primera, la presente denuncia por quebrantamiento de los artículos 15, 206 y 212 del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

 

 

 

 

II

 

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida, de los artículos 243 ordinal 3° y 244 eiusdem, al haber incurrido en el vicio de falta de síntesis de los términos en que quedó planteada la controversia.

 

Argumenta el formalizante que la recurrida no hizo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, pues no se especificó el contenido de la demanda, limitándose la sentencia impugnada a declarar la extemporaneidad de la oposición y el carácter de cosa juzgada del decreto intimatorio, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Nuevamente el formalizante omitió impugnar, a través de su denuncia de actividad, la cuestión jurídica previa establecida por la recurrida, relativa a la extemporaneidad de la oposición al decreto intimatorio y el carácter de cosa juzgada que este último adquirió. Sobre la carga del formalizante de atacar la cuestión jurídica previa establecida, la Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente:

 

“...Como previamente fue establecido, en el caso bajo estudio, el Juez de la recurrida se basó en una cuestión jurídica previa para declarar sin lugar la demanda: la existencia de la prescripción de la acción propuesta, hecho éste que de conformidad con la doctrina de esta Sala ha debido ser atacado en forma previa por el formalizante ya sea bajo el amparo de denuncias por defectos de forma o por defectos de fondo.

La referida doctrina fue establecida por esta Sala de Casación Civil, en Sentencia de fecha 30-7-98 (Caso José Vasconcelos contra Manuel Méndez De Sousa. Exp. Nº 96-516),  y en la misma se dejó sentado lo siguiente:

‘En forma reiterada la Sala ha sostenido que cuando el Juez resuelve una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso, debe el recurrente, en primer término, atacarla en sus fundamentos esenciales, pues si los hechos invocados y la norma  jurídica que le sirve de sustento legal no existen o ésta fue mal aplicada, o por el contrario, tienen otros efectos procesales distintos a los establecidos en la Alzada, o en el caso, por el Tribunal de reenvío, el recurrente está obligado a combatirlos previamente; y si tiene éxito en esta parte del recurso, podrá, en consecuencia, combatir el mérito mismo de la cuestión principal debatida en el proceso.

En el pasado se sostuvo que la resolución de la controversia por una cuestión de derecho que impide la procedencia de la demanda, excedía los límites del recurso de forma, criterio abandonado, pues en la resolución de tal cuestión puede incurrirse en defectos de forma del fallo, o puede no estar precedida la decisión por un debido proceso legal.

Ahora bien, las denuncias, tanto las referidas a la forma de la sentencia, como las imputaciones de fondo deben estar dirigidas a combatir esa cuestión de derecho con influencia decisiva en el mérito de la controversia’.

 

Aplicando la anterior doctrina al caso bajo examen, observa esta Sala que el formalizante en esta segunda denuncia de su escrito de formalización...(Omissis)..., no combatió la cuestión de derecho en la cual el Juez de alzada basó su decisión de declarar prescrita la acción propuesta, en consecuencia, se declara sin lugar esta denuncia.” (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 25 de mayo de 2000, en el juicio seguido por Rose Marie Convit de Bastardo y otros contra la sociedad mercantil Inversiones Valle Grato, expediente N° 99-824).”

 

 

    

De acuerdo al criterio antes expuesto, al haberse planteado una denuncia de actividad, que no impugnó el criterio de la recurrida por medio del cual, se determinó la extemporaneidad de la oposición al decreto intimatorio y el carácter de cosa juzgada de este último, la Sala de Casación Civil debe desestimarla. Así se decide.

 

III

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 6º del artículo 243 eiusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 244 del mismo Código.

Al respecto, alega el formalizante:

“...De la lectura del dispositivo señalado se desprende la indeterminación que alegamos. Efectivamente, para saber a qué se condena a nuestra representada, tiene que irse, ni siquiera a la sentencia del a quo, sino al decreto intimatorio, puesto que en definitiva a RASACAVEN, S.A. se le condena a pagar a la actora en dicho juicio ‘las cantidades de dinero que se especifican en dicho decreto intimatorio’, todo lo cual conlleva la procedencia del defecto de actividad señalado y así pedimos sea acogido por la Sala...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En el presente caso, el formalizante alega que la recurrida incurrió en el vicio de indeterminación objetiva, con infracción del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 244 del mismo Código, por considerar que el fallo de alzada no se basta a sí mismo, pues se limitó a declarar la extemporaneidad de la oposición al decreto intimatorio, pero sin especificar en su dispositivo las cantidades de dinero que el demandado debería pagar, remitiéndose al decreto intimatorio al cual le da el carácter de cosa juzgada y que debería ejecutarse.

 

Al respecto, la Sala debe reiterar su doctrina sobre la cuestión jurídica previa, la cual se da por reproducida en todas y cada una de sus partes. Como el formalizante no impugnó el criterio de la extemporaneidad del escrito de oposición, la presente denuncia por quebrantamiento de los artículos 244 y 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, debe desestimarse. Así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida, del artículo 93 eiusdem, por errónea interpretación.

 

Sostiene el formalizante que la recurrida hizo un cálculo erróneo del lapso de oposición al decreto intimatorio. Que durante el transcurso de ese lapso, se produjo una inhibición del Juez de la causa, y que pasaron cuatro días de despacho mientras el expediente le era remitido a otro Juez de igual jerarquía para que continuara el proceso. Que la recurrida habría determinado que esos cuatro días de despacho, mientras se le asignaba la causa a otro juez, debían computarse dentro del lapso de oposición al decreto intimatorio, sin percatarse de que, de una recta interpretación del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se entiende que durante esos cuatro días de despacho la causa estaba suspendida. Que en virtud de este error, se consideró extemporánea la oposición del demandado.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En virtud de que la presente denuncia impugna la cuestión jurídica previa establecida por la recurrida, la Sala procederá a su análisis en los siguientes términos:

 

Señaló la recurrida sobre el particular lo siguiente:

“...Pues bien, en lo que atañe a la oposición al decreto intimatorio contenido en el auto de admisión de la presente demanda dictado en fecha 02 de noviembre de 2.000, por el entonces Juzgado de la causa, cabe observar que debe tenerse la certeza en autos de si la pretendida oposición fue realizada dentro del término de los diez (10) días de despacho siguientes a su intimación y en tal sentido es impretermitible analizar los cómputos de los días de despacho transcurridos desde el día 07 de noviembre de 2.000 exclusive hasta el día 24 de enero de 2.001 exclusive, conforme a los cómputos existentes en el expediente. Cabe observar que mediante auto de fecha 07 de noviembre de 2.000 el Juez Temporal a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, declinó la competencia para conocer del juicio en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón; pero mediante auto de fecha 08 de noviembre de 2.000 revocó por contrario imperio dicho auto y se inhibió de seguir conociendo la causa, y mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2.000 remite al Juzgado Distribuidor el expediente, correspondiéndole por sorteo su asignación al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, el cual le da entrada mediante auto de fecha 16 de noviembre de 2.000, y cuyas actuaciones fueron dejadas sin efecto, por decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso- Administrativo de la Región Nor- Oriental dictada en fecha 28 de noviembre de 2.000; acordando además dicho Juzgado mantener en vigencia y darle el curso procedimental correspondiente al auto de fecha 07 de noviembre de 2.000, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, a quien ordena se le remita el expediente contentivo de este juicio, que le da entrada en fecha 30 de noviembre de 2.000; luego entonces el primer cómputo a ser realizado sin duda alguna, es el de los días de Despacho transcurridos en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial desde el día 07 de noviembre de 2.000 exclusive, hasta el 13 de noviembre inclusive, en donde transcurrieron cuatro (4) días de Despacho. En este sentido bueno es señalar cuando interpreta el contenido del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, pues tal criterio se compadece con el criterio sustentado por los proyectistas de nuestra Ley adjetiva cuando motivan el contenido del artículo 93, in comento...(Omissis)....Concluye así mismo este Juzgado Superior Accidental que en cuanto a los cuatro (4) días de Despacho transcurridos en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, deben incluirse y valorarse en el cómputo del lapso de oposición que se refiere el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil y así se declara.“ (Negritas de la Sala).

 

El asunto planteado en la presente denuncia, estriba en determinar si una vez inhibido el Juez de primera instancia, se suspendió el lapso de oposición en el procedimiento monitorio, hasta tanto el expediente fuese recibido por otro tribunal de igual jerarquía, o si por el contrario, la causa continuó, incluso dentro del mismo tribunal del Juez inhibido, transcurriendo cuatro días de despacho del lapso de oposición, antes de que fuese remitido el expediente al otro tribunal de primera instancia.

 

De asumir la Sala la primera postura, la oposición sería tempestiva, pues la recurrida determinó la extemporaneidad de la oposición por dos días de despacho, pero resulta, que el recurrente afirma que no debieron computarse los señalados cuatro días de despacho en que permaneció el expediente dentro del Tribunal del Juez que se inhibió. De entenderse que el lapso de oposición continuó, incluso dentro del tribunal de primera instancia del Juez que se inhibió, entonces la Sala debe asumir el cómputo realizado por la recurrida, y determinar la extemporaneidad de la oposición al procedimiento por intimación.

 

Señala el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

Art. 93: “Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o recusado.” (Negritas de la Sala).

 

Sobre la forma de cómo debe entenderse el trámite contenido en el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, autorizada doctrina nacional ha señalado lo siguiente:

“...Según el artículo 93 no hay suspensión de la causa por motivo de inhibición o recusación del Juez, disponiendo la norma que el conocimiento pasará inmediatamente, mientras se decida la incidencia,  a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Sin embargo, la palabra ‘inmediatamente’, debe ser entendida laxamente, es decir, en conexión con los artículos 86, 92 y 94, relativos a los trámites de allanamiento en la inhibición e informe del recusado en el caso de la recusación, pues es menester que se cumplan estos trámites: exposición del funcionario impedido, expedición de copias certificadas de los originales, convocatoria del juez suplente o conjuez en caso de aplicación de la tercera regla de suplencia que prevé la Ley Orgánica. Como quiera que el Juez recusado o inhibido no pueda desprenderse ipso facto del expediente, debe entenderse que se produce una suspensión momentánea del proceso mientras transcurre el término breve de allanamiento o se rinde el informe del recusado y se hace la tramitación antes dicha hasta que es recibido el cuaderno respectivo por el juez suplente interino. Por eso es que este artículo 97 señala que el día siguiente a aquel en que se reciban los autos por el Tribunal que haya de seguir conociendo, continuará la causa su curso en el estado en que se encuentre, sin necesidad de providencia.

La suspensión interina se inicia con el acto de inhibición del juez, pues mal puede continuar conociendo quien expresamente se aparte o se inhibe de tal conocimiento. En el caso de la recusación, consideramos que no basta la misma para hacer producir la suspensión: es menester el informe que rinde el Juez ante la recusación de que ha sido objeto. La sola recusación no basta para suspender interinamente la causa, desde que es el juez y no la parte el ductor del proceso y él tiene potestad para calificar el repudio de que es objeto y dar curso o no al incidente. Además, la relación procesal de éste queda propiamente integrada con el informe del juez, el cual equivale a su contestación a la recusación.

Según el parágrafo primero del artículo 202, la causa se reanuda en el mismo estado en que se encontraba al  momento de la suspensión, es decir, al día cuando se inició la suspensión interina, que viene a coincidir con el día de la inhibición o recusación del juez.

La suspensión concluye el día en el que- según se desprenda de las mismas actas- el Juez interino queda enterado de la pendencia de la causa en su tribunal o bajo su ministerio (caso de suplentes o conjueces), y por tanto el acto pendiente o la reanudación del lapso en curso tendrá lugar al día siguiente al de fenecimiento o conclusión de la suspensión interina...” (Negritas de la Sala. Henríquez La Roche, Ricardo. Código de Procedimiento Civil, Tomo I, Caracas, págs. 318- 320).

 

Si bien el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil tiende a proteger la continuidad del proceso, el cual no se detendrá por efecto de la recusación o inhibición, esta secuencia se garantiza con la transferencia inmediata del expediente a otro tribunal de igual jerarquía. Es decir, que siempre habrá la posibilidad de que otro juez, continúe conociendo de esa causa. Pero dentro de este proceso de transferencia, por voluntad del Legislador, se producen una serie de eventos, como los regulados  en los artículos 84, 86 y 87 eiusdem, los  cuales disponen  lo siguiente:

Art. 84: “El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.”

 

Art. 86: “La parte o su apoderado deberán manifestar su allanamiento, firmándolo ante el Secretario del Tribunal, dentro de los dos días siguientes a aquél en que se manifieste el impedimento. Pasado este término no podrán allanar al impedido. “

 

Art. 87: “Si el funcionario allanado no manifestare en el mismo día, o en el siguiente, que no está dispuesto a seguir conociendo, quedará obligado a continuar desempeñando sus funciones, caso de no ser el impedimento de los que según el artículo 85 no dejan al impedido la facultad de seguir conociendo en virtud del allanamiento.”  (Negritas de la Sala).

 

 

En el caso de la inhibición, deben transcurrir dos días de despacho para que las partes puedan manifestar su allanamiento o contradicción frente a la declaración del funcionario que desea inhibirse. Pueden surgir eventos procedimentales, que retarden el envío del expediente al otro tribunal donde se encuentra el Juez que continuará conociendo el proceso. En el caso bajo estudio, en esta breve pausa, mientras se produjo la inhibición del Juez, y se recibió el expediente en el otro tribunal de primera instancia, transcurrieron cuatro días de despacho.

 

La Sala de Casación Civil, considera que estos cuatro días de despacho no pueden ser considerados dentro del lapso de oposición, pues la continuidad a que se refiere el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se refleja en la garantía de que otro Juez  inmediatamente seguirá conociendo la causa. Pero los cuatro días transcurridos, dentro del breve y efímero procedimiento de transferencia de un Juzgado a otro, incluyendo el lapso natural para el allanamiento de las partes, carece del elemento fundamental de la presencia de un Juez, director del proceso de acuerdo al artículo 14 eiusdem. El que estaba presente, manifestó su voluntad de separarse del conocimiento de la causa por una causal concreta del artículo 82 ibidem.

 

Ciertos actos procesales, como los probatorios, requieren de una constante presencia del Juez, a los efectos de que resuelva cualquier incidencia que pueda presentarse entre las partes. Cualquier inhibición inesperada durante el transcurso de ciertos lapsos, no puede generar el cumplimiento de actos procesales sin un Juez que los rija, como ocurriría en la pausa entre la inhibición, el lapso de allanamiento y el envío del expediente a otro tribunal de igual jerarquía para que continúe conociendo.

 

Así, la oposición al procedimiento por intimación, es un acto procesal más, que requiere la constitución del órgano jurisdiccional completo, incluyendo a un Juez habilitado que dirija el proceso.

 

Por ello, no puede entenderse que durante el breve lapso de transferencia del expediente, de un Juzgado a otro, continúen los lapsos procesales sin un Juez que dirija el proceso. A partir de la inhibición del Juez de primera instancia, ocurrió una breve suspensión de los lapsos procesales, que culminó el 16 de noviembre de 2000, fecha en que, de acuerdo a la recurrida, fue recibido el expediente en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

 

Habiendo señalado la recurrida, que la oposición al procedimiento por intimación fue extemporánea por dos días de despacho, y de acuerdo al análisis de la Sala, la sentencia impugnada no debió computar los cuatro días de despacho ocurridos desde la inhibición de Juez hasta el momento en que se recibió el expediente en el otro tribunal de primera instancia, y por ello, debe concluirse en que la oposición fue tempestiva, y la sentencia impugnada incurrió en errónea interpretación del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

Este criterio, va a tono con el establecido por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, la cual ha indicado que debe prevalecer el derecho a la defensa, cuando se trata de interpretaciones sobre la oportunidad en que se contesta la demanda. En efecto, ha señalado la referida Sala lo siguiente:

“...Siendo la defensa un derecho inviolable en todo estado del proceso, tal como lo reconoce el artículo 49 de la vigente Constitución, dentro de los elementos del debido proceso, derecho que además estaba consagrado en el artículo 68 de la derogada Constitución de la República de Venezuela de 1961, considera esta Sala que la manifestación inequívoca por parte del demandado de hacer uso de su derecho a contestar la demanda, debe siempre ser interpretado a su favor, ante cualquier ambigüedad y oscuridad de la ley.

Resulta un absurdo jurídico que la ficción impere sobre la realidad, y que en situaciones ambiguas u oscuras, se prefiera considerar que el demandado no contestó la demanda, dejándolo sin la defensa de la recepción de sus alegatos, antes que reconocerle la utilización efectiva de su derecho.


En fin, la Sala interpreta que en casos de duda, las normas deben interpretarse a favor de la parte que de manera expresa e inequívoca hace uso de sus medios de defensa. Es esta clase de interpretación la que garantiza la realización de la justicia, que como fin del proceso establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


De allí que, cuando surja alguna duda sobre la preclusión de la oportunidad para contestar la demanda, y aparezca en autos la voluntad de contestar, esta voluntad debe imperar sobre la duda, y el término preclusivo debe interpretarse en el sentido que permite la recepción de la contestación de la demanda que efectivamente conste en autos y que por motivos interpretativos se duda que se haya realizado dentro del término destinado por la ley para ello.

(Omissis).

No solo en aras de salvaguardar el derecho de defensa de las partes, en este caso del demandado, sino del mantenimiento de la transparencia y la responsabilidad en la administración de justicia (artículo 26 de la vigente Constitución),  la  interpretación  de las normas debe contener la regla in dubio pro defensa.
 

No es que el formalismo se encuentre desterrado del proceso, ya que las formalidades esenciales son garantías del derecho de defensa de las partes, sino que el acto superfluo, el procedimentalismo que choca con los principios quedó condenado a muerte. Interpretar -por ejemplo- el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, sin cumplir con las otras normas y con los principios, llegando a extremos como que un abogado que pidiera en el archivo un expediente, daba por emplazado a su mandante si éste después le otorgaba un poder, o que el apoderado que no produjera el poder, daba por citado a litisconsortes facultativos que no eran sus poderdantes, son exageraciones interpretativas que tienen que desaparecer con la vigente Constitución, aunque nunca han debido existir, durante la vigencia de la abrogada de 1961. (Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 21 de noviembre de 2000, en el amparo constitucional contra sentencia, intentado por la sociedad mercantil Aeropullmans Nacionales, S.A.Aeronasa, expediente N° 00-312).

 

 

Por las razones señaladas, la presente denuncia será declarada procedente, y se ordena al Juez de reenvío que resulte competente, dictar nueva decisión, tomando en cuenta que la oposición al procedimiento por intimación, fue tempestiva. Así se decide.

 

II

 

     Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida del artículo 147 del Código de Comercio por falsa aplicación, así como la infracción del artículo 644 del Código de Procedimiento Civil, como norma jurídica expresa para el establecimiento de las pruebas.

 

Argumenta el formalizante que la parte actora, acompañó conjuntamente a su libelo de demanda, una serie de facturas que denominó aceptadas, cuando en realidad, no puede aplicárseles a estas facturas la presunción establecida en el artículo 147 del Código de Comercio, pues esta norma se refiere a aquellas facturas que correspondan a mercancía vendida, es decir, “...a entrega de bienes de cualquier tipo que hubiesen sido objeto de venta por parte del vendedor al comprador...” Que las referidas facturas “..se refiere a conceptos según ella (la actora) exigibles de acuerdo a una presunta violación por parte de Rasacaven, S.A., de la cláusula tercera y la cláusula quinta de la mencionada acta convenio N° 004, la cual se anexara con el libelo...” Que el Juez Superior, ha debido calificar estas facturas como no aceptadas y considerar inadmisible el presente procedimiento por intimación.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El Juez Superior, considerando que la oposición fue extemporánea, le dio el carácter de cosa juzgada al decreto de intimación. Esta cuestión jurídica previa, es el centro de análisis del presente fallo, y no puede aspirar el formalizante a que la Sala de Casación Civil, resuelva en una suerte de única instancia, un problema de fondo atinente a la valoración de las pruebas, cuando la recurrida se limitó a obviar los alegatos de la contestación de la demanda, en virtud de que consideró extemporánea la referida oposición.

 

Aclarado en el análisis de la anterior denuncia de infracción de ley, que la oposición al procedimiento por intimación fue tempestiva, le corresponderá al Juez de reenvío competente analizar los aspectos de fondo, incluyendo todos los alegatos que formen parte del thema decidendum de la controversia, para que una vez formulados estos pronunciamientos, pueda eventualmente ejercerse el control de derecho por parte de la Sala de Casación Civil. Pero ante la cuestión jurídica previa declarada por el Juez Superior, sería violatorio del principio de la doble instancia analizar un aspecto de derecho distinto a la señalada cuestión jurídica previa, más aun cuando la supuesta causa de inadmisibilidad del procedimiento por intimación, requiere una valoración de las pruebas y la calificación de las facturas, en aceptadas o no. Esta labor, es primariamente de los jueces de instancia, ejerciendo la Sala un control excepcional.

 

Por las razones señaladas, la presente denuncia por infracción de los artículos 147 del Código de Comercio y 644 del Código de Procedimiento Civil, se declara improcedente. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la empresa RASACAVEN, S.A., contra la sentencia dictada en fecha 7 de febrero del 2002, por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en consecuencia, casa el fallo recurrido y se ordena al Juzgado Superior que resulte competente, dictar nueva decisión, con apego estricto a la doctrina emanada del presente fallo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Caracas, a  los  veinticuatro  (24) días del mes de  septiembre del dos mil tres. Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.        

 

 

         

  El Vicepresidente de la Sala,

  en ejercicio de la presidencia

 

 

                       ________________________

                          CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

       

Magistrado Suplente,

 

 

 _____________________

 TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

                                                                     El Magistrado Ponente,

 

 

               __________________________

                             ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

La Secretaria,

 

 

__________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

RC 02-244

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

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