Venley

Sentencia N.º RC.00566

Sentencia
N.º RC.00566
Fecha
22/10/2009
Sala
Casación Civil
Expediente
09-135
Ponente
Yris Armenia Peña Espinoza
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2009-000135

 

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

         En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales intentado por JESÚS ALBERTO VÁSQUEZ MANCERA, ROMÁN ALBERTO GONZÁLEZ Y JOELLE VEGAS RIVAS, quienes actúan en su propio nombre y representación, contra BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERAL, C.A., representado por los profesionales del derecho Jesús Enrique Escudero Estévez, Andrés Chumaceiro Villasmil y Olimar Méndez Muñoz; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de de Caracas, en fecha 3 de noviembre de 2008, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso de apelación intentado por los abogados intimantes e improcedente la demanda por falta de legitimidad activa ad causam de los intimantes, confirmando la decisión del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, dictada el 18 de abril de 2007, que declaró la improcedencia de la demanda y extinguida la instancia.

 

Contra la preindicada sentencia, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado oportunamente. Hubo impugnación.

 

En fecha 10 de marzo de 2009, se dio cuenta a la Sala del presente expediente y fue asignada la ponencia al Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández.

 

En fecha 13 de octubre de 2009, fue reasignada la ponencia  a la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza.

 

Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos que a continuación se expresan:

 

 

PUNTO PREVIO

I

El apoderado judicial de la parte demandada en su escrito de impugnación de fecha 20 de marzo de 2009, solicitó  a esta Sala, lo siguiente:

 

“…Solicitamos respetuosamente a esta Honorable Sala de Casación Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 80 y 81 del Código de Procedimiento Civil, se sirva acumular los expedientes identificados con los Nos. 09-133, 09-134, 09-135, 09-136, 09-137, 09-138 y 09-139, toda vez que existe plena conexidad entre las partes involucradas, el objeto de la pretensión y el procedimiento aplicable.

En efecto, la situación controvertida es idéntica en todos esos expedientes, a saber: se trata de pretensiones de cobro de honorarios profesionales de abogados, que fueron decididas en forma similar unas y otras por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas y contra las cuales se presentaron formalizaciones de un mismo tenor.

En consecuencia, como quiera que estos siete (7) expedientes ha (sic) asignados a diferentes ponentes,  a los fines de evitar que puedan decidirse decisiones contradictorias, pedimos que dichos expedientes sean remitidos y conocidos por el Magistrado (a) que haya prevenido o por quien decida la Presidencia de esta Sala de Casación Civil…” (Negritas y subrayado del texto)

 

Ahora bien, el impugnante solicita la acumulación de expedientes de conformidad con lo establecido en el artículo 80 y 81 del Código de Procedimiento Civil, que establecen:

“Artículo 80: Si un mismo tribunal conociere de ambas causas, la acumulación podrá acordarse a solicitud de parte, con examen de ambos autos, en el plazo de cinco días a contar de la solicitud. La decisión que se dicte será impugnable mediante la solicitud de la regulación de la competencia.

 

Artículo 81: No procede la acumulación de autos o procesos:

1º Cuando no estuvieren en una misma instancia los procesos.

2º Cuando se trate de procesos que cursen en tribunales (sic) civiles (sic) o mercantiles (sic) ordinarios a otros procesos que cursen en tribunales especiales.

3º Cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles.

4º  Cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviere vencido el lapso de promoción de pruebas.

5º Cuando no estuvieren citadas  las partes para la contestación de la demanda”

 

Respecto a la acumulación de expedientes solicitada ante esta Sala, en sentencia de fecha 8 de agosto de 2007, caso: Farid Djowrrayed Kahouati Contra  Banco Canarias de Venezuela, C.A y Otra., Exp. N° 2006-00792, se dejo sentado lo siguiente:

“…En la Sala se conoce del recurso extraordinario de casación, en los límites y términos que prescriben las normas procesales, tanto para las partes como para esta Suprema Jurisdicción. Precisamente, la única acumulación permitida dentro del trámite del recurso de casación, esta prevista en el último aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que ordena la acumulación de los recursos de casación anunciados contra la misma sentencia, que deben ser decididos en un solo fallo, dentro de lo cual no está comprendida la posibilidad de acumular recursos de casación, que se hubieren propuesto contra diferentes sentencias, como sería en el caso concreto la consecuencia si se acumularan los dos expedientes.

Además, si consideramos las razones por las que una causa no puede ser acumulada a otra, previstas en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, que prohíben la acumulación de autos o de procesos, entre otras, cuando estos últimos no estuvieren en una misma instancia, que es precisamente lo que ocurre en el presente caso, pues ninguno de los procesos cuya acumulación se solicita están ante instancia alguna sino con ocasión del recurso de casación propuesto en ambas causas. Aun más, desde la perspectiva del artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, que declara competente para conocer las causas conexas al Juez (sic) que haya citado primero, no sería posible dentro de la Sala de Casación Civil identificar al Juez (sic) que haya prevenido primero pues, en primer lugar, cuando se reciben los asuntos en la Sala, se entienden recibidos por todos los Magistrados al mismo tiempo; y, en segundo lugar, dentro del trámite procesal del recurso de casación no están previstas citaciones de las partes, ya que para el momento en que se tramita el recurso de casación, las partes están a derecho dentro del proceso…”. (Negritas y subrayado de la Sala)

Conforme a la jurisprudencia anteriormente transcrita “no está comprendida la posibilidad de acumular recursos de casación, que se hubieren propuesto contra diferentes sentencias”, y conforme al artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, no procede la acumulación de autos o procesos cuando no estuvieren en una misma instancia los procesos, lo cual sucede en el sub iudice ya que los procesos cuya acumulación se solicita están ante instancia alguna, sino que se encuentran en esta Sala con ocasión del recurso de casación propuesto en tales causas, razón por la cual se declara improcedente lo solicitado por el impugnante. Así se establece.

II

Consta que en fecha 3 de agosto de 2009 fue consignado por el recurrente, un escrito complementario a la formalización del recurso extraordinario de casación, ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Ahora bien, se observa en el folio trescientos treinta y ocho (338) de la única pieza del presente expediente, auto realizado por la Secretaría de esta Sala de fecha 4 de mayo de 2009, el cual declara concluida la sustanciación del presente recurso por cuanto se encuentran vencidos los lapsos previstos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se evidencia que el complemento de la formalización fue consignado fuera del lapso para ello, motivo por el cual dicho escrito no será considerado ni analizado por esta Sala. Así se decide.

 

 

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD:

I

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata  la infracción de los artículos 12 y ordinal 5° del artículo 243 del mismo Código.

 

“…En la recurrida, el sentenciador declaró con lugar la falta de legitimación ad causam imputando a los demandantes “no haber demostrado acreditado instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido” (Vid. Pág. 21 de la recurrida).

Ahora bien, ese alegato no lo formuló el intimado, quien se limitó a sostener que los abogados intimantes no tenían ese derecho porque la acción para reclamar los honorarios correspondían a la parte y no al abogado (Vid F. 52 + pág. 5 de la oposición formulada por el intimado).

Si la falta de cualidad no se alega, desde luego que el Juez (sic) no podrá a iniciativa propia ponerla en lo dispositivo para desembarazarse de conocer el fondo del pleito, como secularmente tiene sostenido la honorable Sala (Vid. 23/10/70 asunto Castrillo/Puzzato y 2/11/01)

Y es tan de bulto esa infracción que la alzada declaró sin lugar esa defensa perentoria afirmada por el intimado; de tal forma que cuando la considera procedente sobre la base de otros hechos, distintos a los articulados por el intimado, radicalmente incurre en infracción al art. 243.5 del Código de Procedimiento Civil porque el fallo no resulta expreso, positivo y preciso con arreglo a las defensas opuestas por el intimado con lo que cometió incongruencia positiva y al mismo tiempo fue quebrantado el artículo 12 ídem porque el Juez (sic) recurrido no se atuvo estrictamente a lo alegado…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

El formalizante delata el vicio de incongruencia positiva ya que según sus dichos, el juez de la recurrida declaró con lugar la falta de legitimación ad causam imputando a los demandantes “no haber demostrado acreditado instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido”, siendo este un alegato no formulado por  el intimado, quien tan solo arguyó que los abogados intimantes no tenían ese derecho porque la acción para reclamar los honorarios correspondían a la parte y no al abogado.

Respecto al vicio delatado esta Sala ha indicado expresamente, entre otras,  en decisión de fecha 11 de abril de 1996, (caso: Rolando José Piñango contra Banco Unión, S.A.C.A.), y reiterada en fecha 13 de marzo de  2007, (caso: Ligia Álvarez de Carrillo y Pablo Humberto Carrillo Gómez, contra Tulia Elena Rangel Pérez y otros), lo siguiente:

 

“...El ordinal 5º del artículo 243 del Código de procedimiento Civil establece los presupuestos para que la sentencia llene el requisito de la congruencia, entendiéndose por tal, como lo afirma Hernando Devis Echandía, el principio normativo que delimita el contenido y alcance de tal instancia, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones (en sentido general) y excepciones de los litigantes, oportunamente aducidas, a menos que la Ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas y que tal principio es una consecuencia lógica de la relación de jurisdicción como derecho y deber del Estado. El derecho de acción y de contradicción no sólo impone al Estado el deber de proveer mediante un proceso en una instancia, sino que al complementarse con el ejercicio de la pretensión y la oposición de excepciones, delimita el alcance y contenido de este procedimiento. La relación de jurisdicción comprende tanto la acción y la contradicción, como la pretensión y la excepción que en ejercicio de estos derechos se formulan al Juez (sic) para determinar los fines mediatos y concretos del proceso (Nociones Generales de Derecho Procesal Civil...”.

El primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”.

Según Guasp, la congruencia es la causa jurídica del fallo y Prieto Castro agrega, como otra derivación de la congruencia, el principio de la exhaustividad, esto es, la prohibición de omitir decisión sobre ninguno de los pedimentos formulados por las partes.

La sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea. No se puede apreciar, más ni menos, de las cuestiones controvertidas, ni dejar de resolver algunas. Cuando se deja de examinar la prueba, todos o algunos de sus hechos fundamentales, la sentencia está viciada por omisión de análisis fáctico y cuando se considere innecesario el análisis de algunos elementos probatorios, el juez debe dejar constancia motivada de ello.

De allí que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos. Las modalidades son: incongruencia positiva, cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita), y c) cuando se deja de resolver sobre algo pedido u excepcionado (citrapetita)...”.

 

Conforme a lo anterior  toda sentencia para que sea congruente debe contener una decisión expresa, positiva y precisa y ajustada a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado.

Ahora bien, el formalizante al delatar el vicio de incongruencia positiva considera que el ad quem al declarar la falta de legitimidad de la actora, suplió alegatos que no habían sido formulados por la parte intimada, razón por la cual es menester para esta Sala revisar lo señalado por el intimado en el escrito de oposición a la intimación presentado el 15 de diciembre de 2006, el cual de seguidas se transcribe parcialmente:

 

 “…I

OPOSICIÓN

En nombre de nuestro representado, nos oponemos, rechazamos y contradecimos la estimación de honorarios profesionales que han formulado los abogados JESUS (SIC) VASQUEZ, (SIC) ROMAN (SIC) ALBERTO GONZALEZ (SIC) y JOELLE VEGAS RIVAS en contra de nuestro representado BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., oposición que se fundamenta en las siguientes razones de hecho y de derecho:

PRIMERO: DE LA FALTA DE CUALIDAD DE LOS INTIMANTES.

La cualidad para comparecer en juicio o legitimación en la causa es un concepto vinculado con la identidad de las partes del litigio respecto de los sujetos del proceso.

Así, tiene legitimación activa aquel sujeto que siendo parte de la relación sustantiva controvertida, ejerce su derecho de acción y plantea la litis, ello con la finalidad de dirimir la controversia frente a aquel o aquellos otros sujetos de derecho frente a los cuales se ha planteado la relación sustantiva.

La legitimación pasiva por su parte, está referida a la cualidad para sostener un determinado proceso, y se refiere a la identidad que debe existir entre la persona frente a la cual se ha instaurado la relación procesal, y el sujeto que debe responder sustantivamente de la pretensión.

En el caso que nos ocupa, encontramos que respecto de las pretensiones deducidas por los abogados intimantes, éstos carecen de legitimación sustancial activa para sostener cualquier juicio en el que se pretenda el pago de honorarios profesionales de abogados derivados de las actuaciones desplegadas en la causa seguida por nuestro representado BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la sociedad DESARROLLO REGINA C.A., ya que es ésa sociedad quien podría – dadas las exigencias legales pertinentes – pretender el pago de honorarios profesionales, y no sus abogados.

A tal efecto, la jurisprudencia y la doctrina concordantemente sostienen que la sentencia de mérito favorable al actor sólo puede ser dictada – si se aspira que la misma resuelva el problema judicial sometido a decisión – cuando éste, entre otros elementos, acredita en autos que es la persona que de conformidad con la Ley se encuentra en la posición de acreedor de lo reclamado y, a su vez, evidencia que la persona contra quien propuso la acción es, a un mismo tiempo, aquélla que de conformidad con dichas fuentes de las obligaciones es quien está sujeta a cumplir imperativamente la prestación de dar, de hacer o de no hacer que se reclama en juicio.

Si esa demostración no se produce en el expediente, mal podría la sentencia tutelar favorablemente la relación jurídica controvertida invocada por el actor. En atención a los hechos de la causa y a los antecedentes que determinaron la actuación de los intimantes, ha quedado establecido que los abogados JESUS (SIC) ALBERTO VASQUEZ (SIC) MANCERA, ROMAN (SIC) ALBERTO GONZALEZ (SIC) y JOELLEVEGAS RIVAS no tienen ni ostentan derecho alguno para reclamar unos honorarios profesionales a nuestro representado, por cuanto los mismos deberán – en caso de resultar procedentes – ser reclamados por la misma sociedad demandada en el juicio principal.

De la propia lectura del escrito consignado por los abogados intimantes, claramente se evidencia que éstos actúan en forma personal, y no representado a la sociedad demandada en la causa principal; tal y como inicial y expresamente lo indican los intimantes al afirmar:

“…JESUS (SIC) ALBERTO CASQUEZ (SIC) MANCERA, ROMAN (SIC) ALBERTO GONZALEZ (SIC) y JOELLE VEGAS RIVAS,… ejerciendo el derecho que nos otorgan los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, ante Ud. Respetuosamente (sic) comparecemos, en el expediente 796…”.

Como es de observar, conforme a lo plasmado por los propios abogados intimantes, éstos actúan en nombre propio y no representado a persona natural o jurídica distinta a ellos.

A tal efecto, nos permitimos destacar la norma contenida en el artículo 23 de la Ley de Abogados, según la cual:

“Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin  embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.”

(…Omissis…)

Aplicando dicho criterio al caso que nos ocupa, los abogados nombrados se presentan en forma personal para reclamar unos supuestos honorarios profesionales que dicen les adeuda nuestro representado, cuando éstos no poseen derecho alguno en dicha reclamación.

En tal sentido, traemos a colación la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 31 de octubre de 2006, mediante la cual decidió otro juicio que por Intimación de Honorarios siguen los abogados JESUS (SIC) ALBERTO VASQUEZ (SIC) MANCERA, ROMAN (SIC) ALBERTO GONZALEZ (sic) y JOELLE VEGAS RIVAS contra el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A.; por la misma incidencia de ejecución de la transacción celebrada por las partes el 30 de noviembre de 1999.

Así, señaló el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que:

“Por los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la Republica (sic) Bolivariana  de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR, la falta de cualidad de los abogados JESUS (SIC) ALBERTO VASQUEZ (SIC) MANCERA, ROMAN (SIC) ALBERTO GONZALEZ (SIC) y JOELLE VEGAS RIVAS, todos identificados inicialmente, para incoar el presente juicio opuesto por la representación judicial de la parte accionada en esta incidencia, BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A.

SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se EXTINGUE la instancia”. Anexamos marcado “B” copia certificada de la referida sentencia

En consecuencia, el BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. nada adeuda a los ciudadanos ALBERTO VASQUEZ (SIC) MANCERA, ROMAN (SIC) ALBERTO GONZALEZ (SIC) y JOELLE VEGAS RIVAS, por concepto de honorarios profesionales de abogados ni por ningún otro, pues la retribución económica que pudiesen generar actuaciones judiciales, constituiría en todo caso una acreencia en cabeza de la sociedad demandada por nuestro mandante, ajena absolutamente a las pretensiones de los abogados intimantes; sin que se haya alegado ni probado alguna subrogación o título jurídico que a ello los autorice…” (Mayúsculas, negritas y subrayados del texto)

 

En el mismo orden de ideas, veamos lo señalado por la sentencia recurrida:

“…Sobre la base de los argumentos antes explanados, el a quo consideró en la sentencia recurrida que la demanda de estimación e intimación de honorarios de marras, debía declararse improcedente, por cuanto los actores no habían demostrado ser titulares activos de la pretensión invocada de la que decían ser acreedores, por no haber consignado reconocimiento judicial alguno que les otorgase el derecho a percibir honorarios profesionales.

Ahora bien, corresponde en primer lugar a este Juzgador, pronunciarse como punto previo respecto a la falta de cualidad alegada por los apoderados judiciales de la institución financiera intimada y en este sentido, resulta oportuno traer a colación, en primer término, el tenor de los artículo 23 de la Ley de Abogados y 24 de su Reglamento (sic)…

(…Omissis…)

De las normas transcritas se desprende que, si bien es cierto las costas son de las partes, el abogado podría estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta ley, y tal dispositivo sustantivo se complementa en forma diáfana con el tenor del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados que estatuye que debe entenderse por ese “obligado”, a la parte condenada en costas.

(…Omissis…)

El procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados por actuaciones de carácter judicial, sea contra el propio cliente o contra el condenado en costas, es un proceso autónomo e independiente del proceso donde se realizaron las actuaciones judiciales, no siendo una mera incidencia dentro de éste por lo que en este proceso autónomo de honorarios, de haberse impugnado el derecho a percibir honorarios, la parte intimante se encuentra en la obligación, en el interés o carga de demostrar en el proceso, no sólo el derecho que tiene a percibir honorarios, que en caso de la condenatoria en costas debe ser a través de la decisión definitivamente firme que contenga tal declaración, pues precisamente es éste el título de donde dimana el derecho a percibir costas procesales, sino también, la relación de todas y cada una de las actuaciones que hayan señalado en el escrito de estimación e intimación de honorarios y que se exigen a través de este proceso autónomo, pues la carga de demostrar estos hechos recae en la persona a quien beneficia la consecuencia jurídica contenida en el artículo 22 de la Ley de Abogados, es decir,  a la propia intimante.

Dicho esto considera quien sentencia que llegada la oportunidad de dictar sentencia en el proceso de estimación e intimación de honorarios judiciales en esta Alzada (sic), de una revisión exhaustiva de los autos, se evidencia de manera clara e inequívoca, que no cursan a las actas que conforman el presente expediente, ninguna de las sentencias referidas por los abogados intimantes en las cuales hubo condenatoria en costas de las que deriva su pretensión, así como tampoco acompañaron las actuaciones judiciales señaladas en dicho escrito de reclamo de honorarios, y como quiera que los abogados intimados rechazaron, desconocieron, contradijeron e impugnaron el derecho a percibir honorarios por parte de los abogados actores-intimantes, la reclamación indefectiblemente debe ser declarada improcedente, ello en aplicación al principio de la carga de la prueba, establecida en los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1354 (sic) del Código Civil, ya que este juzgador no puede dar por demostrados estos hechos, sin tener ningún tipo de documento que demuestre la pretensión de los intimantes, pues esto conllevaría a una suposición falsa, por haber dado por demostrado hechos sin prueba alguna que lo sustenten, y ello por cuanto como se estableció precedentemente, el proceso de estimación e intimación de honorarios judiciales es autónomo e independiente.- Así se decide.-

Dicho lo anterior, debe entonces esta superioridad considerar que – a todas luces- no ha sido constatada la legitimidad activa ad causam de los abogados pretensores para interponer el presente proceso, por no haber acreditado instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido, por todo lo antes dicho es forzoso para este juzgador declarar sin lugar las apelaciones interpuestas por los abogados intimantes…”.

 

 

Visto lo anterior la Sala observa que el juzgador de alzada declaró la falta de legitimidad ad causam, fundamentado en el hecho de que los intimantes, no acreditaron instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido, lo cual en modo alguno constituye un alegato realizado por la parte intimada, quien claramente estableció en su escrito de oposición a la intimación antes transcrito, que los intimantes carecen de legitimación sustancial activa señalando que DESARROLLO REGINA, C.A., es quien podría – dadas las exigencias legales pertinentes – pretender el pago de honorarios profesionales, y no sus abogados.

 

Con tal proceder el juez de la recurrida suplió defensas que en ningún momento habían sido alegada por la parte demandada en su escrito de oposición, lo cual configura el vicio de incongruencia positiva al haberse pronunciado sobre aspectos no alegados.

De modo que, el juez de la recurrida al pronunciarse respecto a la falta de cualidad alegada por los intimados, se pronunció sobre un hecho no alegado y discutido por las partes, pues la falta de cualidad alegada no se fundamentaba en el hecho de que los intimantes no acreditaron instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido tal como lo dijo la recurrida, sino que el fundamento de tal falta de cualidad alegada fue que DESARROLLO REGINA, C.A., era la legitimada para pretender el pago de honorarios profesionales.

 

En tal sentido, es evidente que el juez de alzada incurrió en el vicio de incongruencia positiva al haberse pronunciado respecto a un hecho no planteado ni controvertido por las partes en los actos que determinan el litigio, razón por la cual se declara procedente la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de de Caracas, en fecha 3 de noviembre de 2008. En consecuencia, se ANULA la sentencia recurrida, y se ORDENA que se dicte un nuevo fallo, corrigiendo el vicio delatado acogiéndose a los términos planteados en la presente sentencia.

 

         No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

 

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al Juzgado Superior de ya mencionado, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala-Ponente,

 

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

 

 

______________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

 

Exp: Nº. Exp. 2009-000135

 

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

Secretario,

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias