Venley

Sentencia N.º RC.00570

Sentencia
N.º RC.00570
Fecha
22/10/2009
Sala
Casación Civil
Expediente
09-139
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2009-000139

 

Ponencia del Magistrado: CARLOS OBERTO VÉLEZ

            En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales, intentado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y  Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, por los abogados JESÚS ALBERTO VÁSQUEZ MANCERA, ROMÁN ALBERTO GONZÁLEZ y JOELLE VEGAS RIVAS, representados judicialmente por los abogados Juan Ramón Carvallo López y José Gregorio Vásquez López, contra la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., representada judicialmente por los abogados Luís Gonzalo Monteverde M., Jesús Escudero Estévez, Héctor Cardoze R., Andrés Chumaceiro Villasmil, Oslyn Salazar Aguilera, Tadeo Arrieche Franco, Rodolfo Plaz Abreu, Alejandro Ramírez Van Der Velde, Juan Domingo Alfonso Paradisi, Gustavo Marín García y Olimar Méndez Muñoz; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional e igual sede, dictó sentencia en fecha 3 de noviembre de 2008 declarando: sin lugar el recurso de apelación intentado por los abogados intimantes, confirmando la decisión de primera instancia que determinó la falta de cualidad de los demandantes para intentar el cobro de honorarios, aunque por motivos distintos.

            Contra la precitada sentencia, los abogados intimantes anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas a las siguientes consideraciones:

PUNTO PREVIOS

I

En su escrito de impugnación, la representación judicial de la sociedad intimada al pago de honorarios profesionales, Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., solicitó a esta Sala de Casación Civil la acumulación de los expedientes N° 09-133, 09-134, 09-135, 09-136, 09-137, 09-138 y 09-139, de conformidad con los artículos 80 y 81 del Código de Procedimiento Civil “…toda vez que existe plena conexidad entre las partes involucradas, el objeto de la pretensión y del procedimiento aplicable.

Argumenta el impugnante que “…la situación controvertida es idéntica en todos esos expedientes, a saber: se trata de pretensiones de cobro de honorarios profesionales de abogados, que fueron decididas en forma similar unas y otras por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas y contra las cuales se presentaron formalizaciones de un mismo tenor.

Seguidamente, el impugnante expresó que “…como quiera que estos siete (7) expedientes han sido asignados a diferentes ponentes, a los fines de evitar que puedan producirse decisiones contradictorias, pedimos que dichos expedientes sean remitidos y conocidos por el Magistrado (a) que haya prevenido o por quien decida la Presidencia de esta Sala de Casación Civil.

Al respecto debe señalarse lo siguiente:

Disponen los artículos 80 y 81 del Código de Procedimiento Civil:

“Art. 80.- Si un mismo tribunal conociere de ambas causas, la acumulación podrá acordarse a solicitud de parte, con examen de ambos autos, en el plazo de cinco días a contar de la solicitud. La decisión que se dicte será impugnable mediante la solicitud de la regulación de la competencia.

Artículo 81.- No procede la acumulación de autos o procesos:

1º Cuando no estuvieren en una misma instancia los procesos.

2º Cuando se trate de procesos que cursen en tribunales civiles o mercantiles ordinarios a otros procesos que cursen en tribunales especiales.

3º Cuando se trate de asuntos que tengan procedimientos incompatibles.

4º Cuando en uno de los procesos que deban acumularse estuviere vencido el lapso de promoción de pruebas.

5º Cuando no estuvieren citadas las partes para la contestación de la demanda en ambos procesos.” (Resaltado de la Sala).

 

De acuerdo al límite procesal establecido en el numeral 4° del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, resulta improcedente la acumulación de procesos en fase del recurso extraordinario de casación, pues evidentemente ha precluido el lapso de promoción de pruebas en todos estos procedimientos que se encuentran actualmente ante la Sala de Casación Civil. Por ello, el pedimento de acumulación de procesos del impugnante debe desestimarse. Así se decide.

II

En fecha 9 de agosto de 2009, el abogado intimante Jesús Alberto Vásquez Mancera, presentó un escrito solicitando la nulidad de la sentencia recurrida, por ser incompetente el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario en Régimen de Transición con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, alegando lo siguiente:

“…la sentencia recurrida ante esa honorable Sala fue pronunciada por un Tribunal incompetente.

En efecto, el referido fallo fue emitido por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario  en Régimen de Transición con Competencia Nacional y sede en Caracas, siendo el caso que según el artículo 2° de la Resolución 00015/2003 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.771 del 09/09/2003, a los Juzgados Superior Octavo, Séptimo y Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, únicamente se les atribuyó, bajo régimen de transición, competencia ‘para que sustancien y decidan solo causas pendientes que en materia bancaria han sido instauradas antes de la vigencia de la presente Resolución, sin que puedan conocer nuevos casos.’…”.

Sobre la alegada incompetencia expresada por el abogado intimante, la Sala debe señalar que la sustanciación del presente recurso de casación culminó el 4 de mayo de 2009, de acuerdo al auto de esa fecha emitido por el Juzgado de Sustanciación. El referido alegato de incompetencia ha debido ser planteado ante la Sala en la oportunidad correspondiente del escrito de formalización, dando oportunidad a la demandada de contradecirlo en la impugnación y eventual escrito sucesivo de contrarréplica. Ello en obsequio al derecho a la defensa y al principio de preclusividad de los lapsos procesales.

Por otra parte, la característica principal del recurso de casación es su carácter extraordinario, donde los alegatos impugnativos deben ser presentados en la oportunidad del escrito de formalización bajo coordenadas legales específicas, cumpliendo la técnica exigida por la doctrina de la Sala.

En razón de lo expuesto, al ser presentado el referido escrito donde se alega la incompetencia del Juez Superior que dictó la recurrida, una vez concluida la sustanciación del recurso de casación, el mismo debe tenerse como no presentado. Así se decide.

Agotados los puntos previos, procede la Sala a conocer el escrito de formalización en los siguientes términos:

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Al amparo del ordinal 1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante el quebrantamiento de los artículos 12 y 243 ordinal 5°) eiusdem, al haber incurrido la sentencia impugnada en el denominado vicio de incongruencia positiva.

Sostiene el formalizante que la recurrida declaró la falta de cualidad de los demandantes para intentar la acción, por no haber demostrado en autos el instrumento que los acreditara como titulares del derecho reclamado. Que este alegato de falta de legitimación ad causam, no fue esgrimido por el demandado en su escrito de oposición a la intimación, y por ello, el Juez de Alzada suplió un alegato no esgrimido por la accionada.

En efecto, señala el formalizante lo siguiente:

“…Primera denuncia: Con fundamento en el artículo 313.1 del Código de Procedimiento Civil alegamos la infracción de los artículos 12 y 243.5 del mismo Código.

En la recurrida, el sentenciador declaró con lugar la falta de legitimación ad causam imputando a los demandantes ‘no haber demostrado acreditado instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido’ (Vid Pág. 21 de la recurrida).

Ahora bien, ese alegato no lo formuló el intimado, quien se limitó a sostener que los abogados intimantes no tenían ese derecho porque la acción para reclamar los honorarios correspondían a la parte y no al abogado (Vid F. 52 + pág. 5 de la oposición formulada por el intimado).

Si la falta de cualidad no se alega, desde luego que el Juez no podrá a iniciativa propia ponerla (Sic) en lo dispositivo para desembarazarse de conocer el fondo del pleito, como secularmente tiene sostenido la honorable Sala (Vid. 23/10/70 asunto Castrillo /Puzzato y 2/11/01.

Y es tan de bulto esa infracción que la alzada declaró sin lugar esa defensa perentoria afirmada por el intimado; de tal forma que cuando la considera procedente sobre la base de otros hechos, distintos a los articulados por el intimado, radicalmente incurre en infracción al art. 243.5 del Código de Procedimiento Civil porque el fallo no resulta expreso, positivo y preciso con arreglo a las defensas opuestas por el intimado con lo que cometió incongruencia positiva y al mismo tiempo fue quebrantado el artículo 12 ídem porque el Juez recurrido no se atuvo estrictamente a lo alegado…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

La recurrida determinó que los abogados intimantes, no consignaron en autos la sentencia que habría condenado en costas a la demandada en el juicio primigenio, ni las actuaciones procesales de ese juicio que habrían generado el derecho al cobro de honorarios profesionales.

 Señaló la sentencia impugnada, que al no existir en autos tales pruebas, y por haber la demandada hecho oposición al derecho al cobro de honorarios, negando y contradiciendo totalmente el derecho reclamado, la carga de la prueba habría recaído sobre los demandantes. De esta forma, según la recurrida, se vio impedida de establecer el fundamento del derecho del demandante para accionar el cobro de honorarios en contra de la intimada.

Así, el Juez de Alzada estableció la falta de cualidad de los demandantes para intentar la demanda por cobro de honorarios profesionales, sobre la base de la afirmada ausencia de pruebas, sobre todo la condenatoria en costas de la intimada y las actuaciones procesales que habrían generado el derecho al cobro de honorarios. En efecto, señaló la recurrida lo siguiente:

“…Dicho todo lo anterior observa quien decide que la parte intimante en el caso de autos demanda el cobro de honorarios profesionales de abogados, generados a su decir por la condenatoria en costas, del Banco Occidental de descuento, en un juicio seguido por éste, contra DESARROLLOS REGINA 188-F, C.A., y ellos fungían como apoderados judiciales de dicha empresa, en este sentido es conveniente citar la sentencia N° 359, de fecha 30 de junio de 2.002, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, caso Carmen Elena Villarroel contra Banunion N.V., en donde se expresó lo siguiente: "En efecto, reiteradamente se ha señalado por la jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil que la reclamación que hace el abogado a su cliente por actuaciones judiciales, si bien se propone en el mismo expediente en que consten tales actuaciones y el trámite procesal tiene características de una incidencia, constituye un verdadero juicio, autónomo e independiente de la controversia existente en el procedimiento principal.

Ahora bien dada esa naturaleza del juicio autónomo e independiente que caracteriza la reclamación que hace el abogado a su cliente por actuaciones judiciales, y al no haber una norma de excepción según la cual ésta deba tramitarse en una única instancia debe aplicarse el principio procesal de la doble instancia que aparece vertido en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, que señala que de toda sentencia definitiva dictada en primera instancia se da apelación, salvo disposición especial en contrario, tal como ocurre, por ejemplo, en el supuesto del artículo 891 del mismo Código…’

Ahora bien, dicha autonomía e independencia, conforme lo ha señalado la doctrina, se caracteriza en el hecho que la causa principal no influye ni se ve influenciada por este proceso de estimación e intimación de honorarios de abogados por actuaciones estrictamente judiciales, toda vez que las pruebas producidas en el expediente principal donde constan las actuaciones que se exigen vía honorarios no surten efectos en el proceso de honorarios, a menos que sean contraídas a los autos del expediente principal, todo lo cual se traduce en que el operador de justicia, ante la impugnación de los honorarios por parte del demandado, esto es, al haber negado rechazado y contradicho el derecho que pretende el intimante a percibir honorarios, no puede dar por demostrado el derecho y la realización de las actuaciones reclamadas, tomando como base o considerando las actas que corren en el proceso principal, donde se realizaron las actuaciones que se intiman, pues el proceso de honorarios de abogados es de carácter autónomo e independiente del proceso principal.

El procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados por actuaciones de carácter judicial, sea contra el propio cliente o contra el condenado en costas, es un proceso autónomo e independiente del proceso donde se realizaron las actuaciones judiciales, no siendo una mera incidencia dentro de éste, por lo que en este proceso autónomo de honorarios, de haberse impugnado el derecho a percibir honorarios, la parte intimante se encuentra en la obligación en el interés o carga de demostrar en el  proceso, no sólo el derecho que tiene a percibir honorarios, que en caso de la condenatoria en costas debe ser a través de la decisión definitivamente firme que contenga tal declaración, pues precisamente es éste el título de donde dimana el derecho a percibir costas procesales, sino también, la relación de todas y cada una de las actuaciones que hayan señalado en el escrito de estimación e intimación de honorarios y que se exigen a través de éste proceso autónomo, pues la carga de demostrar estos hechos recae en la persona a quien beneficia la consecuencia jurídica contenida en el artículo 22 de la Ley de Abogados, es decir, a la propia intimante.

Dicho esto considera quien sentencia que llegada la oportunidad de dictar sentencia en el proceso de estimación e intimación de honorarios judiciales en esta Alzada, de una revisión exhaustiva de los autos, se evidencia de manera clara e inequívoca, que no cursan a las actas que conforman el presente expediente, ninguna de las sentencias referidas por los abogados intimantes en las cuales hubo condenatoria en costas de las que deriva su pretensión, así como tampoco acompañaron las actuaciones judiciales señaladas en dicho escrito de reclamo de honorarios, y como quiera que los abogados intimados rechazaron, desconocieron, contradijeron e impugnaron el derecho a percibir honorarios por parte de los abogados actores intimantes, la reclamación indefectiblemente debe ser declarada improcedente, ello en aplicación al principio de la carga de la prueba, establecida en los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1354 del Código Civil, ya que este Juzgador no puede dar por demostrados estos hechos, sin tener ningún tipo de documento que demuestre la pretensión de los intimantes, pues esto conllevaría a una suposición falsa, por haber dado por demostrado hechos sin prueba alguna que los sustenten, y ello por cuanto como se estableció precedentemente, el proceso de estimación e intimación de honorarios judiciales es autónomo e independiente. Así se decide.

Dicho lo anterior, debe entonces esta Superioridad considerar que -a todas luces- no ha sido constatada la legitimidad activa ad causam de los abogados pretensores para interponer el presente proceso, por no haber acreditado instrumento alguno que demostrara ser titular del derecho pretendido, por todo lo antes dicho forzoso es para este juzgador declarar sin lugar la apelación interpuesta por el abogado intimante ROMAN ALBERTO GONZALEZ, actuando en su doble carácter de co-intimado y apoderado judicial del abogado JESÚS ALBERTO VASQUEZ MANCERA, en fecha 25 de junio de 2008, contra la decisión dictada por el Juzgado A-quo en fecha 20 de abril de 2.007, en consecuencia y vista la improcedencia de la presente demanda por falta de legitimidad activa ad causam de los intimantes, no pasa este juzgador a hacer ningún otro pronunciamiento.- Así se decide.-…” (Resaltado de la Sala).

 

Por su parte, la demandada en su escrito de oposición argumentó lo siguiente:

“…PRIMERO: DE LA FALTA DE CUALIDAD DE LOS INTIMANTES.

La cualidad para comparecer en juicio o legitimación en la causa es un concepto vinculado con la identidad de las partes del litigio de los sujetos del proceso.

Así, tiene legitimación activa aquel sujeto que siendo parte de la relación sustantiva controvertida, ejerce su derecho de acción y plantea la litis, ello con la finalidad de dirimir la controversia frente a aquél o aquellos otros sujetos de derecho frente a los cuales se ha planteado la relación sustantiva

La legitimación pasiva por su parte, está referida a la cualidad para sostener un determinado proceso, y se refiere a la identidad que debe existir entre la persona frente a la cual se ha instaurado la relación procesal, y el sujeto que debe responder sustantivamente de la pretensión.

En el campo que nos ocupa, encontramos que respecto de las pretensiones deducidas por los abogados intimantes, éstos carecen de legitimación sustancial activa para sostener cualquier juicio en el que se pretenda el pago de honorarios profesionales de abogados derivados de las actuaciones desplegadas en la causa seguida por nuestro representado BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la sociedad DESARROLLO REGINA, C.A., ya que es ésa sociedad quien podría –dadas las exigencia legales pertinentes- pretender el pago de honorarios profesionales y no sus abogados.

A tal efecto, la jurisprudencia y la doctrina concordante sostienen que la sentencia de mérito favorable al actor sólo puede ser dictada –si se aspira que la misma resuelva el problema sometido a decisión- cuando éste, entre otros elementos, acredita en autos que es la persona que de conformidad con la Ley se encuentra en la posesión de acreedor de lo reclamado y, a su vez, evidencia que la persona contra quien propuso la acción es, a un mismo tiempo, aquélla que de conformidad con dicha fuentes de las obligaciones es quien está sujeta a cumplir imperativamente la prestación de dar, de hacer o de no hacer que se reclama en juicio.

Si esa demostración no se produce en el expediente, mal podría la sentencia tutelar favorablemente la relación jurídica controvertida invocada por el actor. En atención a los hechos de la causa y a los antecedentes que determinaron la actuación de los intimantes, ha quedado establecido que los abogados JESÚS ALBERTO VÁSQUEZ MANCERA, ROMAN ALBERTO GONZÁLEZ y JOELLE VEGAS RIVAS no tienen, no ostentan derecho alguno para reclamar unos honorarios profesionales a nuestro representado, por cuanto los mismos deberán –en caso de resultar procedente- ser reclamados por la misma sociedad demandada en el juicio principal.

De la propia lectura del escrito consignado por los abogados intimantes, claramente se evidencia que éstos actúan en forma personal, y no representado a la sociedad demandada en la causa principal; tal y como inicial y expresamente lo indican los intimantes al afirmar:

‘…JESÚS ALBERTO VÁSQUEZ MANCERA, ROMÁN ALBERTO GONZÁLEZ y JOELLE VEGAS RIVAS,…ejerciendo el derecho que nos otorgan los artículos 22, 23 y 24 de Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, ante Ud. Respetuosamente comparecemos, en el expediente 799…’

Como es de observar, conforme a lo plasmado por los propios abogados intimantes, éstos actúan en nombre propio y no representado a persona natural o jurídica distintas a éllo…”. (Resaltado de la Sala).

 

 

De acuerdo a lo expuesto, la Sala observa que el Juzgador de Alzada declaró la falta de legitimidad ad causam, fundamentado en el hecho de que los intimantes no presentaron instrumento alguno que demostrara la condenatoria en costas, lo cual en modo alguno constituye un alegato realizado por la parte intimada, quien claramente estableció en su escrito de oposición a la intimación antes transcrito, un argumento con un sentido y contenido totalmente diferente, relativo a que los intimantes carecían de legitimación sustancial activa por cuanto Inversiones Jaz 2, C.A., es quien podría pretender el pago de honorarios profesionales y no sus abogados a título personal.

El punto de la ausencia de condenatoria en costas no fue objeto de discusión a lo largo del debate judicial. El asunto se centró en si podían o no intimar los abogados directamente los honorarios en forma personal o en nombre de la empresa que representaban.

De haberse planteado legítimamente la discusión en el proceso, se habría abierto la debida articulación probatoria para evidenciar la condenatoria en costas, situación que no sucedió pues no fue objeto del debate judicial. Fue un hecho no discutido.

Cuando el Juez de Alzada determinó la falta de cualidad activa por ausencia del legítimo título que acreditara la condenatoria en costas, suplió defensas que en ningún momento habían sido alegadas por la demandada en su escrito de oposición, lo cual configura el vicio de incongruencia positiva al haberse pronunciado sobre aspectos no alegados ni discutidos, menos probados,  quebrantando así lo dispuesto en los artículos 243 ordinal 5° y 12 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En razón de lo anterior, la presente denuncia por incongruencia positiva será declarada procedente y en consecuencia, con lugar el recurso de casación en el dispositivo del fallo. Así se decide.

            Al haberse determinado la procedencia de una denuncia de actividad, la Sala se abstiene de conocer las restantes del escrito de formalización. Así se decide.

D E C I S I Ó N

            En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Román Alberto González, contra la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2008 dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas. En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio analizado.

            Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.

            No hay condenatoria en costas, dada la índole de la decisión.

            Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150° de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado-Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2009-000139

Nota: publicada en su fecha a las

 

El Secretario,

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