Venley

Sentencia N.º RC.00576

Sentencia
N.º RC.00576
Fecha
08/08/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
06-1036
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, por el ciudadano JOSÉ SEVERIANO QUIJADA BELLORÍN, representado judicialmente por los profesionales del derecho Víctor Álvarez Medina, Gabriel Montiel Mogollón, Álvaro Ledo Nass, Gilberto Hernández Kondryn, Joshua Flores Mogollón, Héctor Esqueda Torres y Eduardo José Rodríguez Lissir contra el ciudadano JESÚS PALACIOS representado por los abogados Efraín Castro Beja, Ramón Orlando Pino, Maribel Salazar y Karina Natera Leyton; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 25 de septiembre de 2006, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte actora, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal a quo que declaró sin lugar la demanda, y condenó a la parte demandante al pago de las costas procesales.

Contra la preindicada sentencia la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

En garantía del legitimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia numero 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente numero 99-625, caso Fundación para el Desarrollo del estado Guarico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el articulo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia..."., tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional, encontradas en el caso bajo estudio.

            Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público.

            Al respecto se ha pronunciado esta Sala, entre otros fallos en el de fecha 13 de julio de 2.001, expediente Nº 97-225, sentencia Nº 224, que estableció lo siguiente:

“...Establece el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil la facultad de casar de oficio el fallo recurrido, cuando la Sala observe en la sentencia infracciones de orden público, aunque no hayan sido denunciadas.

Ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Civil, considerar los requisitos de la sentencia a que alude el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil como de orden público, por tanto, la inobservancia de los mismos por parte de los jueces de instancia debe ser sancionada por este Tribunal Supremo...”

 

            Ahora bien, uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, esto es, el referido a la motivación del fallo, que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión y, al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

 

            Pues bien, la finalidad procesal de la motivación en la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso extraordinario de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir en dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada.

            En otro ámbito de lo planteado, se presenta la inmotivación de la sentencia, la cual se puede producir de la siguiente manera: a) cuando no presenta materialmente ningún razonamiento que la apoye. b) las razones dadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión o la excepción. c) los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables; y d) todos los motivos son falsos.

Dentro de la categoría “a” encontramos la inmotivación absoluta cuando la decisión no presenta materialmente ningún razonamiento que la apoye. Dicha motivación se encuentra constituida por el conjunto de razonamientos lógicos expresados por el juez al analizar los hechos alegados y probados por las partes y subsumirlos en las normas y principios jurídicos que considera aplicables al caso. El cumplimiento de este requisito es necesario para que las partes puedan comprender las razones del fallo y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ejercicio de los recursos pertinentes.

En este sentido, la Sala ha sostenido en relación al vicio de inmotivación, en sentencia N° 00164, de fecha 02 de mayo de 2005, expediente N° 04-749, lo que a continuación se transcribe:

 

“…En relación al vicio de inmotivación, la Sala en decisión N° 231 de 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, ratificada en fallo Nº 476 de 26 de mayo de 2004, juicio Avilio José Trujillo contra Inversiones El Rolito, C.A., expediente Nº 2002-000099, …se dijo lo siguiente:

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

 

       Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

 

“…La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”. (Negrillas de la Sala).

 

Efectuadas las consideraciones antes plasmadas, este Alto Tribunal considera oportuno ejercer en el presente caso la facultad de casar de oficio el fallo recurrido, puesto que ha evidenciado en éste, una infracción de orden público no denunciado por el formalizante que constituye el vicio de inmotivación absoluta por no evidenciarse del fallo materialmente ningún razonamiento que la apoye.

            Al respecto, la Sala observa en el caso concreto que la sentencia recurrida, textualmente establece:

 “…En relación a las otras pruebas aportadas por el actor al Tribunal de la causa como es la de informe, las testimoniales y la inspección promovidas este sentenciador ratifica las desestimación de las mismas por cuanto no fueron evacuadas y no aportaron elemento de convicción alguno al proceso, con respecto a las otras pruebas promovidas y evacuadas en el lapso correspondiente por la parte demandada como lo son (…), este Juzgador ratifica su pleno valor probatorio, en virtud de que quedaron firmes por no ser impugnadas de ninguna manera en la fase oportuna por el actor, el cual no probó los hechos explanados en el libelo de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la mayoría de las pruebas aportadas fueron promovidas pero no evacuadas, razón por la cual el Juez A quo la desestimó en la definitiva y en virtud de ello consideró que la acción no debía prosperar, criterio que sostiene este Juzgador por cuanto el contenido de esa disposición es claro al señalar: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”, y no pueden atribuírsele a esas pruebas la carga procesal correspondiente lo que lleva a que la acción no prospere, tanto en la Primeras  Instancia como en esta Alzada y en virtud de ello no debe prosperar la apelación, y así se decide…” (Resaltado del Texto y de la Sala).-   

                    

            De la decisión recurrida antes transcrita, la Sala observa que el Juez Superior estableció que en cuanto a las pruebas las testimoniales y la inspección promovida “...ratifica las desestimación de las mismas por cuanto no fueron evacuadas y no aportaron elemento de convicción alguno al proceso...”, limitándose a ratificar la desestimación de estas de manera por demás inmotivada, y sin ningún tipo de argumentación que permita conocer a esta suprema jurisdicción, las razones que lo llevaron a establecer esa conclusión, haciendo de esta manera caso omiso y de forma absoluta al deber de explanar con sus propias palabras los motivos de hecho y de derecho que lo llevaran a determinar los motivos por los cuales dichas pruebas no fueron evacuadas, sin analizar la tempestividad de las mismas, su pertinencia o impertinencia, o si el juez de primera instancia las desechó del proceso de forma arbitraria o justificadamente.

            Según Eduardo Couture, la motivación del fallo constituye un deber administrativo del Magistrado. La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poder comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria.

            Hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo por ser impertinentes o contradictorios o integralmente vagos o inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia que es la finalidad esencial de la motivación, que impidan a la Casación conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión.

            Debió el sentenciador examinar nuevamente la cuestión discutida y ofrecer una actividad de racionalización de motivos de hecho y de derecho para establecer la procedencia o no de dicho alegato, a fin de que su decisión resultara aceptable o plausible en lo que se refiere al requisito de motivación; en otras palabras, debió realizar una actividad de justificación de su decisión judicial.

            Al no hacerlo y sencillamente evadir su responsabilidad, no justificó su decisión con argumentos de hecho y de derecho.

Esta omisión por parte de la recurrida impide ejercer el control sobre la legalidad del fallo, por lo cual esta Sala considera que el mismo se encuentra inficionado del vicio de inmotivación previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En consideración de lo antes expuesto y ante la falta de motivación que presenta el fallo analizado por esta Sala, se procedera a casar de oficio el mismo en el dispositivo de la presente decisión. Asi se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expresadas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO el fallo recurrido, dictado por el el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 25 de septiembre de 2006. Como consecuencia de lo anterior, se ANULA dicha decisión y se ordena al juez superior que resulte competente dictar nueva decisión atendiendo lo acordado por esta Sala.

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (8) días del mes de agosto de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrado,

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2006-0001036.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

Secretario,

 

 

 

La Magistrada Yris Peña Espinoza, de conformidad a lo establecido en los artículos 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto, y disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, en el cual se casa de oficio en virtud de la existencia de un vicio por defecto de actividad, acusando a la recurrida de inmotivación por las razones que en lo sucesivo se señalan:

 

En la sentencia disentida se ordena de oficio casar el fallo recurrido, en razón de que existió inmotivación respecto a la valoración de una prueba, para lo cual se afirma la existencia de una infracción de orden público.

 

La recurrida respecto a la prueba explanó:

“…En relación a las otras pruebas aportadas por el actor al tribunal de la causa, como lo es la de informe, las testimoniales  y la inspección promovidas (sic) éste sentenciador ratifica la desestimación de las mismas por cuanto no fueron evacuadas y no aportaron elementos de convicción alguno al proceso…”

 

 

 

De lo anterior se colige, que el juez en la sentencia de alzada en la oportunidad de valorar la pruebas, respecto a las de informe y las testimoniales determinó que no las valoraba, con fundamento a que no fueron evacuadas.

 

De manera que la disentida equivoca en acusar de oficio el vicio de inmotivación, ya que contrario a ello, quien disiente considera que el juez superior si explano la razón por la cual no valoraba tales pruebas.

 

Aunado a lo anterior, considero que no se dan las condiciones fácticas ni jurídicas para que se pueda declarar el vicio acusado, ya que a través de una denuncia por defecto de actividad, relativa al vicio inmotivación, se resuelve un problema atinente a la incorporación de la prueba al juicio.

 

De modo que, lo acusado por la mayoría sentenciadora es un problema que, lejos de constituir el vicio de inmotivación está referido a la incorporación de la prueba al juicio, lo cual evidentemente se encuentra fuera del ámbito de las denuncias por defectos de actividad, y por ello, la consideración realizada o no por el juzgador de instancia con respecto a la prueba de informe y las testimoniales, si era contrario a lo acontecido en el proceso debió ser acusado a través de una denuncia de infracción de ley.

        

Por ende, si el juez de instancia incurrió en un error atinente a la evacuación de unas pruebas, ello no puede subsumirse como un vicio conexo al ámbito de las  denuncias por defecto de actividad, si no a través de uno por infracción de ley, de acuerdo a la técnica exigida en casación, explicando a la Sala cómo, cuándo y en qué sentido infringió la recurrida la respectiva regla de derecho que regula el establecimiento o la valoración, en este caso, de la prueba  de informe y testimoniales.

 

De manera que, siendo la formalización el acto procesal en el cual el recurrente expone los motivos por los cuales pretende obtener la nulidad del fallo recurrido, la cual debe contener las especificaciones y razonamientos lógicos necesarios para el conocimiento de las denuncias, la Sala de oficio no puede suplir dichas exigencias.

Así pues, el ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, contempla las modalidades relativas a los defectos de actividad, el cual comprende los quebrantamientos u omisiones de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, y el ordinal 2º, contempla los errores relativos a los defectos por infracción de fondo, atinentes a errores de derecho propiamente dichos (falta de aplicación, falsa aplicación o errónea interpretación  de una norma jurídica).

 

Igualmente, respecto al recurso de casación fundado en los supuestos de excepción del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha considerado que está no constituye  una tercera categoría de recurso, sino que está inmerso en el de errores de juicio, por lo que las denuncias de infracción deben fundamentarse en alguno de los supuestos del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, explicando a la Sala cómo, cuándo y en qué sentido infringió la recurrida la respectiva regla de derecho que regula el establecimiento o la valoración de la prueba .

 

Tal diferenciación, es de vital importancia ya el recurso de casación al declararse con lugar genera la nulidad del fallo dictado en contravención de la ley, y la actuación del juez de instancia que conoce en reenvío varía de acuerdo al tipo de denuncia que se declaré procedente.

 

Así, en relación con el recurso por defecto de actividad, el artículo 320 establece que si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido, y de acuerdo al artículo 322, esta Corte remitirá el expediente directamente al Tribunal que deba sustanciar de nuevo el juicio. Y respecto a la casación por error de juicio, la disposición citada en último término establece, que si el recurso fuere declarado con lugar por las infracciones descritas en el ordinal 2° del artículo 313, el juez de reenvío se limitará a dictar nueva sentencia sometiéndose completamente a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia.

 

Hechas estas consideraciones, quien disiente considera que la mayoría sentenciadora no debió casar de oficio la sentencia a través de su declaratoria  de inmotivación, cuando se trata de un problema concerniente a la incorporación de la prueba al juicio, lo cual según se explicó debe ser expuesto ante esta Sala cumpliendo con la técnica exigida que le permite excepcionalmente descender a las actas, de conformidad con el 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Ahora bien, si el problema se circunscribe a la incorporación de la prueba al juicio otra debió ser la denuncia, ya que mediante una denuncia relativa a la infracción de ley, podría la Sala detectar lo determinante de esa prueba no evacuada, en el dispositivo del fallo.

 

Razón por la cual, me permito disentir del fallo por considerar que la presente casación de oficio es improcedente, lo cual genera una inútil reposición que atenta con lo estipulado en el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Queda así expreso mi voto salvado.

 

Fecha ut supra.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

 

Magistrado,

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2006-0001036.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

La Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ disiente del criterio expresado en la decisión, por esa razón, salva su voto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

 

La mayoría sentenciadora declara de oficio el vicio de inmotivación, al establecer que no le era dable al juez de alzada desestimar las pruebas por no haber sido evacuadas, pues el sentenciador estaba obligado a indicar los fundamentos por los cuales dejaron de evacuarse dichas pruebas.

 

Ahora bien, la doctrina reiterada de este Supremo Tribunal, ha dejado expresamente establecido que el vicio de immotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos; y que los motivos exigüos o escasos, e incluso la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación, sino un error de juzgamiento que debe ser denunciado al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. También ha sostenido la Sala que el vicio de inmotivación se verifica cuando en la sentencia suceda alguna de las siguiente hipótesis: “…1º) Si no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo;  2º)  Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas;   3º)  Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos;  4º)  Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión;  y, 5º) Cuando el sentenciador incurre en el denominado vicio de silencio de prueba.”  (Sentencia del 16 de febrero de 1994, con ponencia del Dr. Carlos Trejo Padilla, reiterada, entre otras mediante decisión de fecha 6 de abril de 2000, caso: Sociedad Financiera De Maracaibo (Sofimara), contra José Maldonado Almeida y otros).

 

            En este orden de ideas, estimo que en el presente caso, contrario a lo expresado por la mayoría sentenciadora, el juez de alzada sí cumplió con el requisito de motivación al establecer que  “…las otras pruebas aportadas por el actor al Tribunal de la causa como es la de informe, las testimoniales y la inspección promovidas este sentenciador ratifica la desestimación de las mismas por cuanto no fueron evacuadas y no aportaron elemento de convicción al proceso…”.

 

            En todo caso, si lo pretendido por la Sala era poner de manifiesto el error de juzgamiento cometido por el sentenciador al desestimar las precitadas pruebas por no haber sido evacuadas, ello únicamente podía ser examinado sí el formalizante hubiere formulado la respectiva denuncia de fondo, al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   En efecto, esta Sala de Casación Civil ha dejado sentado reiteradamente, en casos como el que se examina, en los que el formalizante ha delatado equivocadamente infracciones de fondo por supuestos errores cometidos por el sentenciador en la incorporación y examen de las pruebas,  a través de un recurso por defecto de actividad,  que para denunciarse este tipo de errores de juzgamiento debe forzosamente el recurrente plantear su denuncia a través de un recurso por infracción de ley, pues se trata de un error cometido en la labor preliminar de juzgamiento de los hechos, siendo éste uno de los supuestos previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que comprende la infracción de reglas de establecimiento o de valoración de los hechos o de las pruebas, y los casos de suposición falsa, señalados en esta norma. Así, esta Sala ha indicado  que  las reglas de establecimiento de  la prueba, prevén las formalidades procesales para la promoción y evacuación de las pruebas, cuyo cumplimiento resulta necesario para la validez del medio probatorio. (Sentencia de fecha 21 de abril de 1993, caso: Asociación Cooperativa de Servicios Agrícolas La Andina contra Corporación de Mercadeo Agrícola).

 

                   Con fundamento en la jurisprudencia de la Sala, precedentemente citada, considero  que los fundamentos aportados  en el fallo suscrito por la mayoría sentenciadora, son ajenos al vicio de inmotivación, pues los mismos están relacionados con las conclusiones a las que arribó el juez de alzada, respecto de los medios probatorios aportados al presente juicio, lo que en todo caso, insisto, únicamente  podría ser examinado por esta Sala de Casación Civil bajo el contexto de una denuncia  de fondo; resultando entonces suficiente la conclusión a la que arribó el juez para considerar cumplido el requisito contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del  Código de Procedimiento Civil.

 

                   Asimismo, es oportuno indicar, que en el caso que nos ocupa no existe reclamo respecto de las razones por las cuáles no fueron evacuadas algunas de las pruebas promovidas por el actor;  así las cosas, y dadas estas circunstancias, no le esta permitido a esta Sala ningún pronunciamiento de oficio, pues con tal modo de proceder estaría supliendo defensas que corresponden exclusivamente a la carga procesal de los formalizantes de conformidad con lo establecido en los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil.

 

En estos términos queda expresado mi voto salvado. Fecha ut supra.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2006-0001036.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

Secretario,

 

 

 

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