Venley

Sentencia N.º RC.00577

Sentencia
N.º RC.00577
Fecha
01/08/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
06-188
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. Nro. 2006-000188

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

                   En el juicio iniciado mediante demanda de tercería, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por AGUAS DE PORTUGUESA C.A., representada por los abogados Juan Ernesto Rondón y María Fátima Cremi Baldini, contra LUIS ANTONIO GALLARDO y HUMBERTO ENRIQUE ROBLES ÁLVAREZ, representados por los abogados Heber Pérez Ariza y Johan Eli Quiñónez Betancourt; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y con competencia transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, dictó sentencia el día 27 de junio de 2005 mediante la cual declaró con lugar la demanda y confirmó la sentencia apelada.

 

                   Contra la precedente decisión la parte demandada ejerció el recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 15 de julio de 2005 y contra el cual la parte demandada ocurrió de hecho ante esta Sala de Casación Civil.

 

                   Al respecto, esta Sala en fecha 17 de febrero de 2006, dictó sentencia en la que declaró con lugar el recurso de hecho y admitió el recurso de casación. El mencionado recurso fue oportunamente formalizado.

 

                   Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

 

I

 

 

                   La Sala considera pertinente acumular las dos denuncias de fondo expuestas en este capítulo, puesto que el formalizante no demuestra en qué consiste la infracción.

 

                   El recurrente expresa su denuncia de la siguiente manera:

 

“... SEGUNDO

De conformidad con el artículo 313 numeral segundo del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del artículo 244 ejusdem lo cual contraría el fin social encomendado a la Magistratura Judicial que no es otra cosa que decidir positiva y precisamente los litigios los cuales son factores integrantes de tranquilidad y equilibrio público, violando también correlativamente el artículo 376 en concordancia con el 255 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, dando como resultado la infracción de ley concerniente a la errónea interpretación y falta de aplicación a una norma vigente de los artículos anteriormente señalados.

Bien es cierto ciudadano Magistrado que la jurisprudencia de la sala a (sic) establecido a rigor de la norma establecida al señalar “Se estableció así mismo que la tercería debe proponerse ante que la sentencia quede firme, ya que el ejecutarse el fallo se da fin con la causa principal, y no sería dable que el tercerista pueda afectar una controversia judicial ya resuelta”, pero en el caso de marras el exceso de la concurrida impone la debida corrección para ser efectivo el principio consagrado con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, de defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia los cuales son violentados en ambos casos.

TERCERO

Infracción de la norma jurídica expresa que regula el establecimiento y valoración de los hechos vinculados a la relación procesal en el caso de marras se admitió la acción de tercerías interpuesta por Aguas de Portuguesa en contra de Luis Antonio Gallardo y Humberto Roble, posterior a seis (6) meses de haber homologado la causa principal. De conformidad con el artículo 213 numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el último ordinal del artículo 320 ejusdem, denuncio la infracción directa de los artículos 376, 255 y siguiente del Código de Procedimiento Civil referente a las reglas legales de tercería ante de la ejecución y de la homologación de la transacción judicial respectivamente interpretando erróneamente la norma denunciada como también la doctrina y la jurisprudencia en esa materia. En efecto de la recurrida considero viable declarar CON LUGAR la tercería ratificando la sentencia de Primera Instancia no observando la homologación impartida a la transacción judicial realizada en la causa principal.

De conformidad con el artículo 213 (sic) numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con el ordinal último del artículo 320 ejusdem denuncio la infracción de los artículos 1713 al 1723 del Código Civil Venezolano, así como el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil correspondiente a las normas de transacción y cosas juzgadas, de igual forma denuncio la falsa aplicación del artículo 1166 del Código Civil Venezolano...” (Mayúsculas y negritas del formalizante)

 

 

La Sala para decidir  observa:

 

 

                   El recurso de casación persigue la nulidad del fallo de alzada o de única instancia dictado en contravención de la ley. Sus efectos radicales y anulatorios en el proceso, ponen de manifiesto la importancia de este medio de impugnación, que sólo procede por los motivos previstos en los ordinales 1° y 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   La formalización constituye el acto procesal en el cual el recurrente expone los motivos por los cuales pretende obtener la nulidad del fallo recurrido. Por su complejidad e importancia, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, exige una determinada preparación al abogado formalizante, y el artículo 317 eiusdem, impone una serie de requisitos, con el objeto de que la formalización contenga las especificaciones y razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias.

 

                   El ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé las diversas modalidades en que puede verificarse los defectos de actividad o errores in procedendo que determinan la nulidad del fallo recurrido, el cual comprende los quebrantamientos de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, y el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 243 eiusdem. Y el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley consisten en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y, c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.

 

                   En ambos recursos, el formalizante debe razonar de forma clara y precisa en qué consiste la infracción, esto es, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo. Asimismo, debe plantear separadamente las denuncias, pues el efecto de la declaratoria de procedencia del recurso es distinta en uno u otro caso. Pero, en la denuncia por infracción de ley, además de cumplir con lo precedentemente señalado, debe también indicar si la norma fue infringida por errónea, falsa o falta de aplicación, así como demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo.

 

                   En el conocimiento de las denuncias por defectos de actividad la Sala puede examinar otras actas del expediente, y la declaratoria de procedencia del recurso produce la reposición de la causa al estado de que sea subsanada la forma procesal quebrantada u omitida en el iter procedimental, o que se corrija el defecto de forma de la sentencia. En la decisión de las denuncias de casación por infracción de ley, la Sala no puede examinar otras actas del expediente, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y el efecto que produce la declaratoria con lugar de este recurso es la casación o nulidad de la sentencia recurrida y su reenvío a otro Juez Superior, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autorizan prescindir de éste último.

 

                   En el caso que nos ocupa, de la transcripción de las denuncias expuestas por el formalizante se observa que denunció la infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil conjuntamente con los artículos 376, 255 y 321 del mismo Código, realizando una indebida mezcla de denuncias de forma y fondo sin explicar en que consiste la infracción y sin dar un razonamiento jurídico y lógico que fundamente la denuncia.

 

                   Asimismo, delató al amparo de los artículos “213” (sic) ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, la infracción de los artículos 376 y 255 del mismo Código sin demostrar la contradicción existente entre la decisión del Juez y las normas que se alegan infringidas. Dicho de otra manera, el recurrente no expresa el motivo de casación en que se sustenta cada denuncia, no cita el artículo o los artículos que se pretenden infringidos; tampoco especifica ni razona los fundamentos de la denuncia, explicando cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y no menciona los argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición denunciada.

 

                   En ese sentido, en sentencia N° 374 de fecha 31 de julio de 2003, caso Sudamtex de Venezuela, S.A. c/ Retazos Pilis, S.R.L. y otros, esta Sala expresó lo siguiente:

 

“...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.

En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada –cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada...”.

 

                   Resulta imperativo citar, en cuanto a las denuncias por quebrantamiento de fondo, la sentencia N° 00202 de 3 de mayo de 2005, caso: José Tadeo Párraga y otros c/ Alejandro Camacho Berríos y otra, esta Sala indicó:

 

 

“...La sentencia constituye un silogismo judicial, cuya premisa mayor está comprendida por las normas, preceptos o principios jurídicos que en abstracto prevén los hechos ocurridos en el asunto a resolver, y la premisa menor, está constituida por la determinación de la controversia, el examen de las pruebas, la posterior fijación de los hechos demostrados y su calificación jurídica.

Este silogismo final está precedido, a su vez, por una serie de silogismos instrumentales, entre los cuales se encuentran las conclusiones jurídicas del juez respecto del mérito de las pruebas producidas en el expediente, que en su conjunto conforman la premisa menor del silogismo judicial.

Los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, prevén que el recurso de casación por infracción de ley, el cual se divide en error de derecho en la resolución de la controversia y en el juzgamiento de los hechos, y este último se subdivide a su vez en error de derecho en establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas, y los tres casos de suposición falsa.

En este orden de ideas, la Sala ha indicado que: “...1°) las normas que regulan el establecimiento de los hechos, son aquellas que exigen un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto para establecer la existencia de determinados hechos o actos; 2°) las normas de valoración o apreciación de los hechos, son aquellas que a un conjunto de hechos les confieren una denominación o determinada calificación; 3°) las normas que regulan el establecimiento de las pruebas, son aquellas que consagran formalidades procesales para la promoción y evacuación de las pruebas; y, 4°) las normas que regulan la valoración de las pruebas, son aquellas que fijan una tarifa legal al valor probatorio de éstas, o las que autorizan la aplicación de la sana crítica...”.  (Sent. 11/3/04, caso: José María Valls Figuera y otra, contra Calogero Ferrante Bravo).

En todas las hipótesis previstas en el precitado artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador infringe normas jurídicas, sea de forma directa o indirecta, y por esa razón todas esas constituyen motivos del recurso de casación por infracción de ley, y están comprendidas en el ordinal 2° del artículo 313 del mismo Código.

Ahora bien, respecto de la adecuada fundamentación del recurso de casación, la Sala ha establecido que constituye una carga del formalizante indicar expresamente cuál es la norma infringida, y el razonamiento que permita comprender cómo, cuándo y en qué sentido se produjo, esto es, si fue por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación, violación de máximas de experiencia, negativa de aplicación de una norma vigente, con indicación de los motivos expresados por el juez que estima erróneo, y las razones que demuestran su pretendida ilegalidad, así como las normas que el juez ha debido aplicar para resolver la controversia en los casos que ello proceda. En todo caso, el recurso de casación sólo procederá si el error de juicio resulta determinante en el dispositivo del fallo. (Sent. 8/8/2003, Antonio Chacín c/ Abba C.A.).

Por otra parte, la Sala ha expresado que el alegato de suposición falsa si bien debe estar fundamentado en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, se distingue de los errores de derecho en el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, pues ésta consiste en la afirmación de un hecho positivo y concreto, que resulta falso o inexacto, porque  el juez atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.

En relación con ello, la Sala ha reiterado que la técnica para denunciar la suposición falsa es la siguiente: a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b) indicación específica de cuál de los tres casos de suposición falsa se refiere la denuncia; c) señalamiento del acto o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; d) indicación y denuncia del texto o de los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida es determinante en el dispositivo de la sentencia…”. (Sent. 8/11/95, caso: Manuel Da Freitas c/ Cesco D’ Agostino Mascia y otro.

 

 

                   De los anteriores criterios jurisprudenciales que hoy se reiteran, se desprende que no puede ser suplida por la Sala la omisión a las reglas de una correcta formalización y la falta de técnica que se debe observar al recurrir en casación, pues ello constituye una infracción al artículo 317 del Código de Procedimiento Civil que le impone al formalizante el deber procesal de fundamentar el escrito de formalización del recurso.

 

 

 

                   En efecto, el precitado artículo dispone que el escrito de formalización debe ser razonado y contener en el mismo orden señalado, los siguientes requisitos: 1) La decisión o decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4º) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

 

 

                   Queda claro, pues, que es carga del formalizante razonar cada una de las infracciones denunciadas en forma clara, precisa y de forma separada, señalando el respectivo motivo de casación, y relacionando los hechos con el contenido de las normas supuestamente quebrantadas en cada delación.

 

 

                        Asimismo, los criterios transcritos, explican que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil permite a la Sala extenderse al establecimiento o valoración de los hechos que hayan efectuado los jueces de instancia, cuando se denuncie la infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas o 4) la valoración de las pruebas; o cuando se denuncie alguna de las tres hipótesis de suposición falsa: 1) el juez de alzada atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o 2) dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, o 3) cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.

 

                   Finalmente, los mencionados criterios, afirman que en todos los casos (quebrantamiento de forma o de fondo), el formalizante tiene el deber procesal de razonar en forma clara y precisa en qué consiste la infracción, debe demostrarla, y para ello, no basta con señalar que el juez en la sentencia violó tal o cual precepto legal, es necesario que el recurrente demuestre cómo, cuándo y en qué sentido, se incurrió en infracción.

 

                   Por tanto, no es función de la Sala completar la deficiencia de fundamentos del recurso ni suponer el caso específico de quebrantamiento de forma y de infracción de ley que el formalizante no determinó.

 

                   Por estas razones esta Sala, dado el incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, debe declarar perecido el presente recurso de casación.

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 27 de junio de 2005, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y con competencia transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa.

 

                   Se condena al recurrente al pago de las costas de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  primer (1°) días del mes de  agosto de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta,

 

_______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

                                                                                     Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada-ponente,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

                                                                                              

Magistrado,

 

 

___________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

                                 

 

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2006-000188

 

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