Sentencia N.º RC.00587
- Sentencia
- N.º RC.00587
- Fecha
- 31/07/2007
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 07-125
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. 2007-000125
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En la acción mero declarativa seguida por CHIVERA VENEZUELA S.R.L., representada por los abogados Arturo Bravo Roa, Leyda María Gil Hurtado y José Ramón Varela Varela, contra INVERSIONES MONTELLO C.A. y DE FALCO S.A., representadas por los abogados Luís Alberto Romero Sequera, Luís Ramón Salazar Flores y Jaime Alberto Coronado; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia el día 26 de junio de 2002, mediante la cual declaró “...la nulidad total y absoluta de la sentencia de fecha 8 de abril de 1996...” dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, y en consecuencia repuso “...la causa al estado de que el Tribunal de la instancia inferior se pronuncie: PRIMERO: Sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada...; SEGUNDO: Sobre la reposición ordenada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial..., y TERCERO: Sobre tercería interpuesta en fecha 28 de mayo de 1990 por la compañía INVERSIONES LUGER C.A...”.
Contra la referida decisión de la alzada, el abogado Jaime Alberto Coronado en representación de las sociedades mercantiles INVERSIONES MONTELLO C.A. e INVERSIONES DE FALCO S.A., anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 19 de diciembre de 2006 y posteriormente fue formalizado en tiempo oportuno. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 15, 209 y 243 ordinal 5° del mismo Código “...por no resolver el fondo del litigio y en su lugar anular el fallo apelado decretando la reposición de la causa...”, con base en lo siguiente:
“...Correspondía al juzgado ad-quem, resolver el recurso de apelación ejercido por la accionante contra sentencia definitiva de primera instancia dictada por el a-quo que declaró sin lugar su pretensión, revocando o confirmando la sentencia apelada mediante un pronunciamiento de fondo que resolviera la controversia.
La recurrida en vez de resolver también sobre el fondo del litigio, anuló la sentencia de la primera instancia y repuso la causa al estado que emitiera pronunciamiento sobre puntos determinados que enumeró en el dispositivo.
En ese sentido, establece el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil:
...Omissis...
La Sala en sentencia del 30 de marzo de 2005, número 00051, expediente número 04-238, caso: Office Trade de Venezuela, contra Tienda El Sobre C.A., ratificó doctrina reiterada respecto a (sic) la obligación del juez impuesta en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
...Omissis...
Asimismo, la Sala en sentencia del 13 de abril de 2005, caso: Transporte Centaura Express C.A., contra Corimon Pintura C.A., expresó:
...Omissis...
El objeto de la reposición fue determinado por la recurrida al siguiente estado:
Primero: Repuso la causa al estado que el tribunal de la instancia inferior se pronuncie sobre las cuestiones previas opuestas por nuestras representadas.
Deja constancia la recurrida que ellas opusieron la cuestión previa contenida en el cardinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referido al defecto de forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340 ejusdem.
Asimismo, deja constancia la recurrida, que cursa a los folios 334 al 374, escrito de subsanación de cuestiones previas presentado por el apoderado judicial de la accionante.
Por último deja constancia la recurrida, que nuestras representadas opusieron a la parte actora la excepción de fondo de falta de cualidad para sostener el juicio conforme el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, y para ser resuelta en la sentencia de fondo promovieron la cuestión previa contenida en el ordinal 9° del artículo 346 ejusdem.
Sobre el particular, la recurrida expresó:
...Omissis...
Evidencia la recurrida que la cuestión previa promovida por nuestras representadas contenida en el artículo 346.6 (sic) del Código de Procedimiento Civil, es por defecto de forma de la demanda y que las mismas fueron subsanadas por la representación judicial de la parte actora, luego le correspondía obligatoriamente como lo establece el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, resolver ese asunto emitiendo su pronunciamiento de fondo sin decretar reposición alguna.
Igual tratamiento ha debido brindar respecto a la resolución sobre la oposición de la cuestión previa prevista en el articulo 346.9 (sic) ejusdem, referida a la cosa juzgada, puesto que la misma fue promovida con la contestación al fondo de la demanda y para ser resuelta como punto previo a la resolución de la controversia. En ese sentido también se debe considerar, que el juzgado a-quo declaró sin lugar la demanda intentada por la parte actora, y el efecto de la declaratoria con lugar de la cuestión previa de cosa juzgada, conforme al artículo 356 del Código Adjetivo, es que la demanda queda desechada y extinguido el proceso, situación que solo afecta los derechos de la accionante y beneficia a nuestras representadas, cuestión previa que de resultar imprejuzgada (sic) ha debido ser resuelta por la recurrida en la sentencia de fondo.
Percatado el juez de la recurrida que la sentencia dictada por el a-quo adolecía de defectos de actividad, ha debido activar el mecanismo de protección del derecho a la defensa de parte previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, restableciendo la situación jurídica infringida mediante el pronunciamiento de la sentencia de fondo que así lo hiciere.
Por ello, la recurrida violó el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, pues, ha debido corregir el vicio de forma presente en la sentencia de primera instancia y resolver el fondo de la controversia sin decretar reposición
Segundo: Repuso la causa al estado que el juzgado de la primera instancia se pronuncie sobre la reposición ordenada por el juzgado superior segundo en lo civil, mercantil y de tránsito de esta circunscripción judicial, en incidente surgido en el cuaderno de medidas.
Al respecto la recurrida expresó:
...Omissis...
El cuaderno principal y de medida que conforma el expediente son independientes uno de otro. Los incidentes que surgen en cada uno de ellos deben ser resueltos por el juez en el cuaderno respectivo.
En el caso concreto, la recurrida consideró que el juez de la primera instancia ha debido pronunciarse en la sentencia de fondo sobre la consecuencia de reposición dictada por el juzgado superior en incidente surgido con ocasión de una medida de prohibición de enajenar y gravar.
La Sala en ese sentido, en sentencia de fecha 8 de junio de 1999, expediente número 98-055, caso: Elizabeth Rizco contra la Vivienda Entidad de Ahorro y Préstamo, sentó la siguiente doctrina que ha sido ratificada en sentencia de fecha 25 de septiembre de 2006, numero 00694, expediente número 06-211, caso: Cebra C.A. contra Matcofer C.A.:
...Omissis...
‘Considera la Sala que la recurrida incurre en subversión del procedimiento, pues el juez no podía sin vulnerar la ley, decidir en un mismo fallo, la incidencia de oposición a la medida precautelativa y dictar sentencia sobre lo principal del juicio dirimiendo la controversia’.
La decisión de reposición de la recurrida constituye una invitación a la subversión del procedimiento, pues como se ha dicho, existe independencia entre los procesos que tramitan las medidas preventivas y el juicio principal, trayendo como consecuencia el decreto de reposición, la infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, por menoscabar el derecho a la defensa de las partes.
Tercero: Repone la causa al estado que el tribunal de la primera instancia se pronuncie sobre la tercería interpuesta en fecha 28 de mayo de 1990, por la compañía Inversiones Luger C.A.
Expresó la recurrida:
...Omissis...
Reconoce la recurrida que la intervención adhesiva del tercero, Inversiones Luger C.A., no fue tramitada.
La demanda principal se admitió el 23 de enero de 1990 y el escrito contentivo de la tercería fue consignado el 28 de mayo del mismo año, es decir, durante la primera instancia del juicio principal y antes de hallarse en estado de sentencia.
Correspondía al interesado, Inversiones Luger C.A., darle curso a la tercería y la misma sentencia recurrida reconoce que la misma no fue tramitada y menos que halla sido admitida por el juzgado de primera instancia.
En ese sentido, el segundo aparte del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, establece:
...Omissis...
Es evidente que el tercero no dio curso a su tercería, pues ni siquiera esta se admitió y consintió que se tramitara íntegramente el procedimiento ordinario que ventilaba la acción interpuesta por la accionante, Chiveras Venezuela C.A., por lo que la sentencia de reposición infringe el artículo 243.5 (sic) del Código de Procedimiento Civil, al no emitir decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, y en su lugar decretar la reposición de la causa anulando la sentencia definitiva de la primera instancia a un estado anterior a ella...”.
La Sala para decidir observa:
Las formalizantes delatan la infracción del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, con base en que la recurrida no decidió el mérito de la causa, sino que por el contrario, ordenó al juez de primera instancia se pronunciara sobre la subsanación de las cuestiones previas opuestas por la demandada; el destino de la reposición ordenada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el cuaderno de medidas y; la admisión de la tercería voluntaria interpuesta por la sociedad mercantil Inversiones Luger C.A. en el juicio.
Asimismo, delatan que lo concerniente a la medida cautelar debió ser decidida en el cuaderno incidental y que correspondía a Inversiones Lugar C.A el derecho al curso de la tercería por él propuesta.
A fin de verificar la denuncia planteada, la Sala observa que el fallo recurrido establece que:
“...MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
Conoce esta Alzada de la apelación interpuesta por la representación de la parte actora en fecha 20 de enero de 1997 contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta circunscripción Judicial de fecha 8 de abril de 1996.
Es necesario para quien aquí decide, analizar ciertas incidencias surgidas dentro del proceso y al efecto observa:
PRIMERO: En fecha 30 de abril de 1990 el abogado LUÍS RAMÓN SALAZAR FLORES, en representación de la parte demandada, opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida al defecto de forma del libelo de la demanda discriminándolo en 10 puntos (folios 323 al 327).
SEGUNDO: En fecha 10 de mayo de 1990, el abogado DOMINGO CASTELLANOS, apoderado judicial de la parte actora, alegó la extemporaneidad del escrito de cuestiones previas, solicitando al a-quo declarara confesa a la parte demandada, procediendo a subsanar los defectos de forma denunciados por la contraparte (folios 344 al 350).
TERCERO: En fecha 21 de mayo de 1990, los apoderados judiciales de la parte demandada solicitaron al Tribunal de la causa se pronunciara si fueron subsanadas o no, oportunamente las cuestiones previas opuestas por sus representadas, a los fines de determinar su extemporaneidad. Asimismo, a todo evento procedieron a contestar la demanda, rechazándola y desconociendo los documentos acompañados al libelo (folios 377 al 382).
Igualmente cursan escritos en los cuales tanto la parte actora como la demanda solicitan al a-quo dictara pronunciamiento sobre las cuestiones previas puestas (sic).
Ahora bien, con relación al pronunciamiento del Juez sobre las cuestiones previas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 19 de septiembre de 2001, con Ponencia del Magistrado OMAR MORA DÍAZ, en el juicio de ENRIQUE PERAZA DÍAZ contra MOLIENDA PAPELÓN, C.A. (MOLIPASA), en el Expediente N° 01314, estableció lo siguiente:
...Omissis...
Observa este Sentenciador que la parte demandada opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, desprendiéndose de las actas que conforman el presente expediente, que tanto la parte actora como la demandada hicieron planteamientos al a-quo referidos el primero a la confesión ficta y el segundo solicitando la extemporaneidad de la subsanación respectivamente, no existiendo en autos pronunciamiento expreso por parte del Tribunal que resolviera tal incidencia, generando entre las partes incertidumbre de si realmente las cuestiones previas opuestas se realizaron en su oportunidad, solicitando así por una parte la actora, la confesión ficta de la demandada, y por la otra parte, la demandada, la solicitud de extemporaneidad de la subsanación de las mismas realizada por la parte actora.
Ahora bien, conforme a la doctrina transcrita anteriormente, es evidente que en el caso de autos debió el a-quo producir una decisión a los fines de orientar el debido proceso y el derecho a la defensa. Partiendo de ese criterio, en toda incidencia de cuestiones previas pueden haber dos pronunciamientos, tal y como lo señala la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, la cual reza:
...Omissis...
Asimismo el autor patrio ARÍSTIDES RENGEL ROMBERG, en su Obra “CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, Tomo III, con relación al artículo 358 señala:
‘…Cuando son declaradas con lugar… Si se trata de cuestiones subsanables, los cinco días habrán de contarse a partir del momento en que quede subsanada la cuestión, sea subsanación voluntaria (Art. 350) o forzosa (Art. 354). El ordinal 2° de este artículo 358 no es del todo correcto en su indicación cuando señala que <<… en caso contrario, dentro de los cinco días siguientes a la resolución del Tribunal…>>, pues según el artículo 354, a la resolución del tribunal sigue un lapso perentorio de subsanación; luego la norma debiera decir: <<caso contrario, dentro de los cinco días siguientes a la subsanación ordenada por el juez, o al vencimiento del lapso de subsanación que indica el artículo 354>>. Si sugiere –-como hemos referido antes— sobre la correcta subsanación, el lapso correrá cuando el juez la declare válida. No es menester aguardar vencimiento de lapso de apelación alguna contra la providencia que ordena o niega la subsanación, porque si la cuestión previa no tiene apelación, tampoco la tiene el auto que declare, a requerimiento, el acierto de la subsanación… Cuando son declaradas con lugar. Si las cuestiones previas son declaradas sin lugar, el lapso de cinco días para la contestación a la demanda, correrá en todos los casos (excepto las cuestiones de inadmisibilidad 9° y 11°), a partir de la publicación de la sentencia desestimatoria dictada por el juez de la causa, sin que sea necesario, como hemos dicho esperar preclusión de apelación alguna…’
Ahora bien, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2001, señaló que las reposiciones deben perseguir una finalidad útil para corregir los vicios cometidos en el trámite del proceso en los siguientes términos:
...Omissis...
De la jurisprudencia antes transcrita, este Sentenciador observa, que si bien es criterio reiterado del más alto Tribunal que no se puede (sic) acordar reposiciones inútiles, siguiendo disposiciones constitucionales (arts. 26 y 257) y legales (art. 206 CPC), que no se declarará la nulidad de la sentencia cuestionada si la misma no contiene alguna deficiencia que sea determinante para la resolución de la controversia, que produzca o implique alguna violación del derecho a la defensa y al debido proceso de alguna de las partes, o que tal deficiencia se traduzca en una omisión de pronunciamiento o en falta de fundamentos de tal entidad que impidan el control de la legalidad de la sentencia, no menos cierto es que en el caso sub judice, la falta de pronunciamiento por parte del a-quo con respecto a la cuestión previa, produjo incertidumbre entre las partes de si la misma fue opuesta en tiempo oportuno, y de que si la subsanación también lo fue, tal y como se desprende de autos, cuando ambas partes solicitan en varias oportunidades decisión con respecto a sus solicitudes, no pudiendo este Sentenciador dilucidar con precisión ninguna de las defensas opuestas por las partes, por cuanto a ciencia cierta no puede verificarse de las actas que conforman el presente expediente, cuándo comenzó a correr el lapso de contestación a la demanda, por lo que mal podría este Sentenciador emitir pronunciamiento al respecto, y así se decide.-
Aunado a lo anterior, es necesario observar que en el cuaderno de medidas corre inserta a los folios 141 al 144, sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quien conoció de la apelación interpuesta en fecha 16 de abril de 1990 por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia que suspendió la medida de prohibición de enajenar y gravar.
La mencionada sentencia del Superior Segundo declaró la nulidad de todo lo actuado desde la articulación probatoria y los demás trámites de la oposición incluida la sentencia, reponiendo la causa al estado de que fuese oído el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 19 de febrero de 1990 contra el auto del 25 de enero de 1990, mediante el cual se decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar.
Igualmente observa esta alzada, que las actas que encabezan la pieza denominada “Tercería” fue una acción interpuesta en fecha 28 de mayo de 1990 por la abogada CIRA BEATRIZ BRAVO ROA, actuando como apoderada judicial de la compañía INVERSIONES LUGER, C.A., quien interviene para coadyuvar a la parte actora sociedad mercantil CHIVERA VENEZUELA, S.R.L., de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, la cual ni siquiera fue tramitada por el a-quo, por lo que siendo esta intervención voluntaria del tercero, quien tiene un interés jurídico en sostener las razones de la parte actora con el fin de ayudarla a vencer en el proceso, era necesaria la decisión del a-quo de admitirla o no.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1329 de fecha 3 de agosto de 2001, con ponencia del Magistrado ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA, acogió la opinión del Dr. OSWALDO PARILLI ARAUJO, con respecto a la intervención del Tercero adhesivo la cual es del tenor siguiente:
...Omissis...
Ahora bien, acogiendo este Sentenciador las jurisprudencias antes transcritas, y encontrando que en el presente caso se violentaron normas procesales necesarias para el cabal cumplimiento del sentenciador de Alzada como ente encargado de administrar justicia, quien debe realizar su labor en forma imparcial, eficaz y expedita teniendo como norte el imperativo legal de la estabilidad de los juicios y la igualdad de las partes en el proceso, y siendo deber de los jueces anular cualquier acto procesal cuando haya dejado de cumplirse en él algún requisito esencial para su validez, y ante la presencia de normas de orden público, como lo son las normas de procedimiento, que no pueden convalidarse ni aún con el consentimiento de las partes, son razones suficientes para que esta superioridad actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, declare la nulidad absoluta tanto de la sentencia de fecha 8 de abril de 1996 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, así como todas las actuaciones habidas en el presente proceso, y repone la causa al estado de que el Tribunal de la instancia inferior se pronuncie sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada en escrito de fecha 30 de abril de 1990 cursante a los folios 323 al 327 de la primera pieza; sobre la reposición ordenada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial cursante a los folios 141 al 144 del Cuaderno de Medidas, y sobre la Tercería interpuesta en fecha 28 de mayo de 1990 por la compañía INVERSIONES LUGER, C.A., al considerar que la reposición que se decreta en este fallo no es una reposición inútil, por el contrario, la misma tiene como finalidad salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso a las partes, porque como se reitera, los actos procesales que cursan en el presente juicio adolecen de formalidades esenciales que impiden que el acto alcance el fin al cual esta destinado, y así se decide…”. (Negritas y subrayado de la recurrida).
Como se evidencia de la transcripción precedente, el Juez Superior no declaró la infracción de alguno de los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, necesario para considerar el quebrantamiento del artículo 209 del Código de Procedimiento Civil; por el contrario, basó su pronunciamiento en la infracción de una actividad procesal de orden público no ejecutada por el sentenciador.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, el Juez Superior está obligado a reponer la causa para lograr la renovación de la actividad procesal no ejecutada por el sentenciador de primera instancia. En efecto, la referida norma dispone:
“Si la nulidad del acto la observare y declarare un Tribunal Superior que conozca en grado de la causa, repondrá ésta al estado de que se dicte nueva sentencia por el Tribunal de la instancia en que haya ocurrido el acto nulo, disponiendo que este Tribunal antes de fallar, haga renovar dicho acto conforme a lo dispuesto en el artículo anterior”.
La Sala se ha pronunciado sobre el particular. Así, en decisión del 12 de abril de 2005, Caso: ANDRÉS HUMBERTO ÁLVAREZ ACOSTA c/ ACOFESA, estableció que el Juez Superior está obligado a declarar de oficio la infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, cuando de la revisión de las actas procesales el juez de alzada constata un error en la actividad procesal de la instancia inferior.
De la misma manera, en decisión dictada el 30 de marzo de 2000, Caso: BERTHA CELINA RAMÍREZ Y OTROS c/ FABIO GERMÁN DUQUE, la Sala dejó sentado que el juez al momento de dictar la sentencia en segunda instancia, debe revisar la controversia sometida a su consideración por el efecto devolutivo del recurso; a menos que el recurso no se interponga contra una sentencia que resuelva el fondo de la apelación, sino contra una decisión de reposición al estado de que se vuelva a practicar alguna actividad procesal.
La Sala reitera los criterios jurisprudenciales anteriores, y deja sentado que si el Juez Superior observa la infracción de una actividad procesal en la tramitación del juicio, está obligado a reponer la causa al estado que se restituya el trámite procesal denegado u obstaculizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Civil.
Es importante aclarar que el alcance del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, queda restringido a aquellos casos en los que el juez de primera instancia haya denegado o impedido indebidamente la renovación o ejecución de la actividad procesal, siempre que la infracción de la actividad procesal menoscabe o lesione el derecho de defensa de las partes, esto es, que el acto no haya alcanzado su finalidad; el juez sea imputable de dicho quebrantamiento; el error no haya sido convalidado por las partes y; haya resultado lesionado el derecho de defensa de alguna de las partes.
En consecuencia, en el presente caso, la decisión del Juez Superior que repuso la causa al estado que se ejecutaran los actos de procedimiento no cumplidos en el tribunal de primera instancia, es ajustada a derecho.
Respecto de la denuncia de quebrantamiento de la forma procesal del juicio en menoscabo del derecho de defensa, con base en que el Juez Superior decidió en el cuaderno principal lo relacionado a la incidencia de medida cautelar, la Sala observa que el fallo recurrido estableció lo siguiente:
“...Aunado a lo anterior, es necesario observar que en el cuaderno de medidas corre inserta a los folios 141 al 144, sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quien conoció de la apelación interpuesta en fecha 16 de abril de 1990 por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia que suspendió la medida de prohibición de enajenar y gravar.
La mencionada sentencia del Superior Segundo declaró la nulidad de todo lo actuado desde la articulación probatoria y los demás trámites de la oposición incluida la sentencia, reponiendo la causa al estado de que fuese oído el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en fecha 19 de febrero de 1990 contra el auto del 25 de enero de 1990, mediante el cual se decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar...”.
Como se evidencia de la precedente transcripción, el Juez Superior se pronunció sobre una actividad procesal no ejecutada en el cuaderno de medidas, quiere decir que no se pronunció sobre las medidas cautelares propiamente dichas ni sobre la infracción de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, al pronunciarse respecto del orden del proceso en la incidencia cautelar, no resulta procedente la presente denuncia.
Por los fundamentos expuestos, la Sala desestima la denuncia de infracción de los artículos 5, 209 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
II
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 15 y 206 del mismo Código “...por reposición indebida decretada, lesionando los principios procesales de economía y estabilidad del juicio...”.
Las formalizantes delatan concretamente que:
“...Es doctrina reiterada de la Sala, que la reposición decretada por el juez en su sentencia debe perseguir una finalidad útil, tal como lo ha reseñado en los siguientes fallos:
...Omissis...
El juez de la segunda instancia en la recurrida que dictó, estaba obligado a revisar la sentencia apelada y sentenciar el fondo, aún sí la de la primera instancia fuese nula por defecto de forma.
Es allí donde debe el ad-quem restablecer el orden procesal desequilibrado y el derecho a la defensa infringido en la sentencia de primera instancia, precisamente, emitiendo pronunciamiento sobre las defensas y alegatos que fueron silenciados u omitidos por el a-quo.
Al no haberlo hecho así, ordenando el ad-quem una reposición en forma indebida, vulneró el principio de igualdad de las partes estableciendo en los artículos 15 y 206 del Código de Procedimiento Civil, pues no garantizó el derecho a la defensa de ellas, ni procuró la estabilidad del juicio corrigiendo la falta que pueda anular cualquier acto procesal.
La infracción del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, se produce en la recurrida cuando el juez de la segunda instancia en contravención a lo previsto en el artículo 209 ejusdem, no procuró la estabilidad del juicio corrigiendo la falta que pudiera anular los actos procesales verificados en el juicio, mediante un pronunciamiento de fondo que resolviera la controversia.
La infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil se verifica en la recurrida al no garantizar el derecho a la defensa de las partes, negándose a restablecer la situación presuntamente infringida por defecto de actividad en la sentencia que dictó el juzgado a-quo y que fue objeto de apelación...”.
La Sala para decidir observa:
En esta oportunidad las formalizantes atacan la utilidad de la reposición decretada por el Juez Superior en la decisión recurrida.
La Sala en decisión del 12 de diciembre de 2006, Caso: PABLO PÉREZ PÉREZ c/ PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ORIENTE C.A., estableció que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.
En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”
Una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a que las formas del proceso aparecen como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de esas formas procesales.
Es claro, pues, que el Juez Superior al advertir la infracción de una actividad procesal no ejecutada por el sentenciador de primera instancia en la tramitación del juicio, está obligado a declararla, reponiendo la causa al estado que dicha forma procesal se cumpla; sin embargo, para que la reposición sea ajustada a derecho, es indispensable que dicha infracción menoscabe o lesione el derecho de defensa de las partes, es decir, es necesario verificar si el acto ha alcanzado o no su finalidad; si el error es imputable al juez; si ha sido consentido o convalidado por las partes y; si ha resultado lesionado el derecho de defensa de alguna de las partes.
En el presente caso, quedó establecido en el capítulo anterior, que el sentenciador no basó su decisión en la infracción de alguno de los requisitos del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual la reposición no es preterida.
Ahora bien, es cierto lo planteado por las formalizantes en el sentido que la reposición de la causa decretada en cualquier juicio debe obedecer a una utilidad y debe además tener por objeto la renovación de las formas procesales infringidas.
Sobre el particular, la Sala en sentencia del 12 de diciembre de 2006, Caso: PABLO PÉREZ PÉREZ c/ PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ORIENTE C.A., estableció que:
“...en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.
En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”
Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.
Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.
Queda claro, pues, que cuando se denuncie el quebrantamiento de una forma procesal, el recurrente deberá demostrar como tal infracción (sic) menoscabó o lesionó su derecho de defensa.
Ello es así, porque la reposición no decretada conforma un motivo propio de casación, denunciable de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que ‘Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa”.
En consecuencia, es posible que el juez de instancia hubiese incumplido o quebrantado alguna forma procesal sin que por ello proceda la reposición, pues es presupuesto indispensable que el acto no haya alcanzado su finalidad, que sea imputable al juez, que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas...”.
La Sala reitera el precedente jurisprudencial, y deja sentado que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición que haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas.
Asimismo, es necesario que la actividad procesal incumplida no haya alcanzado su finalidad; que la misma sea imputable al juez; que no haya sido consentido o convalidado por las partes, y resulte lesionado el derecho de defensa de alguna de ellas.
En el presente caso, evidentemente el error en la actividad procesal no ejecutada por el sentenciador, es imputable al Juez de Primera Instancia, pues permitió la continuación del juicio hasta el punto que dictó sentencia sobre el mérito de la causa sin observar la pretendida infracción. Asimismo, se observa que la infracción de la actividad procesal omitida no alcanzó su finalidad, pues precisamente dicha actividad no fue cumplida. Por último, el error en el procedimiento no pudo ser convalidado por las partes, por cuanto a juicio de esta Sala la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo.
En ese mismo sentido, el fallo recurrido estableció que:
“...encontrando que en el presente caso se violentaron normas procesales necesarias para el cabal cumplimiento del sentenciador de Alzada como ente encargado de administrar justicia, quien debe realizar su labor en forma imparcial, eficaz y expedita teniendo como norte el imperativo legal de la estabilidad de los juicios y la igualdad de las partes en el proceso, y siendo deber de los jueces anular cualquier acto procesal cuando haya dejado de cumplirse en él algún requisito esencial para su validez, y ante la presencia de normas de orden público, como lo son las normas de procedimiento, que no pueden convalidarse ni aún con el consentimiento de las partes, son razones suficientes para que esta Superioridad actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, declare la nulidad absoluta tanto de la sentencia de fecha 8 de abril de 1996 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, así como todas las actuaciones habidas en el presente proceso, y repone la causa al estado de que el Tribunal de la instancia inferior se pronuncie sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada en escrito de fecha 30 de abril de 1990 cursante a los folios 323 al 327 de la primera pieza; sobre la reposición ordenada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial cursante a los folios 141 al 144 del Cuaderno de Medidas, y sobre la Tercería interpuesta en fecha 28 de mayo de 1990 por la compañía INVERSIONES LUGER, C.A., al considerar que la reposición que se decreta en este fallo no es una reposición inútil, por el contrario, la misma tiene como finalidad salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso a las partes, porque como se reitera, los actos procesales que cursan en el presente juicio adolecen de formalidades esenciales que impiden que el acto alcance el fin al cual esta destinado, y así se decide…”.
Como se evidencia de la precedente transcripción, el Juez Superior estableció que en el caso concreto se violentaron normas de orden público necesarias para el cabal cumplimiento del proceso, no relajables por las partes ni aún con su consentimiento. De esta manera, declaró de conformidad con lo previsto en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad de la sentencia de fecha 8 de abril de 1996 dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, así como todas las actuaciones habidas en el presente proceso, y repuso la causa al estado de que el tribunal de la instancia inferior se pronunciara sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada en escrito de fecha 30 de abril de 1990; sobre la reposición ordenada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en el cuaderno de medidas y; sobre la tercería interpuesta en fecha 28 de mayo de 1990 por la compañía INVERSIONES LUGER, C.A., lo que a juicio de esta Sala es ajustado a derecho.
Por las razones expresadas precedentemente, la Sala considera que fue demostrada la utilidad de la reposición de la causa declarada por el Juez Superior, razón por la cual se desestima la denuncia de infracción de los artículos 15 y 206 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el día 26 de junio de 2002.
Por haber resultado infructuoso el recurso interpuesto, se condena al recurrente al pago de las costas derivadas de su interposición.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil siete. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta-ponente,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nro. AA20-C-2007-000125
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