Venley

Sentencia N.º RC.00587

Sentencia
N.º RC.00587
Fecha
19/09/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
08-171
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Ponencia de la Magistrada  ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

     En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, seguido por los ciudadanos RAFAEL EMILIO MÁRQUEZ YANES, FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ YANES y JUAN BAUTISTA MÁRQUEZ YANES, representados judicialmente por los abogados Vicente Puppio, Antonio J. Puppio G., Carlos Humberto Cisneros y Rodrigo Krentzien y Antonio J. Puppio V., contra la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A., representada por el abogado Gilberto Caraballo Chacín; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia el día 21 de febrero de 2008, mediante la cual declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por las partes demandantes y demandada; parcialmente con lugar la demandada intentada; improcedente la indexación solicitada por la demandante en el libelo de la demanda; sin lugar la nulidad de la cláusula penal alegada por la demandada e improcedente la disminución de la suma condenada a pagar la parte demandada, como cláusula penal. De esta manera, confirmó la decisión apelada dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 30 de mayo de 2006.

 

Contra la referida decisión de la alzada, tanto los demandantes como la demandada anunciaron recurso de casación, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha 10 de marzo de 2008 y posteriormente formalizado en tiempo oportuno solo por la parte demandada. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

PUNTO PREVIO

 

 

La Sala observa que en el presente caso fueron anunciados dos recursos de casación, uno por los demandantes y otro por la demandada; no obstante, de la revisión de las actas del expediente se evidencia que la parte demandante presentó el escrito de formalización extemporáneamente, es decir, dos días después del vencimiento de los cuarenta días que concede el legislador para hacerlo.

 

En efecto, consta de las actas que el lapso para formalizar el recurso de casación comenzó a correr el día 7 de marzo de 2008, día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que concede la ley se dan para el anuncio, y culminó el día 15 de abril de 2008, tal y como puede observarse del cómputo realizado por el juez de alzada por auto de fecha 10 de marzo de 2008 (folios 314 al 317), en el cual dejó expresamente establecido que “…se deja expresa constancia que el último día para anunciar el recurso de casación según el libro diario de este tribunal, fue el día seis (6) de marzo de 2008…”.

 

 

 

 Ahora bien, el escrito de formalización de la parte demandante fue consignado en fecha 17 de abril de 2008, es decir, dos días después del vencimiento del lapso establecido en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

 

Por consiguiente, el recurso de casación anunciado por la parte demandante y admitido por la alzada debe ser declarado perecido en el dispositivo del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

La Sala, por razones de método, altera el orden de conocimiento de las denuncias, y pasa a analizar, en primer lugar, la segunda denuncia por defecto de actividad, en la cual, de conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la formalizante delata la infracción del ordinal 6° del artículo 243 eiusdem, fundado en lo siguiente:

 

“...Segunda Delación:

Conforme al artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, alego la infracción del artículo 243 ordinal 6° eiusdem.-

En el dispositivo del fallo, que es donde se encuentra la mayor autoridad del mismo, condenó a “BANESCO” a pagar:

“la cantidad que resulte de calcular el quince por ciento (15%) del canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado el 13 de junio de 1997…por cada día de retraso desde el 13 de junio de 2002, exclusive, hasta el 23 de enero, inclusive” (Cfr. Folio 310 del expediente).-

A fin de establecer la liquidez de ese quince por ciento (15%) ordena practicar una experticia complementaria al fallo, conforme a las reglas puestas por el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, más, sin embargo, no se cuida en establecer de antemano en ese dispositivo cuál fue ese “canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado el 13 de junio de 1997”.-

Eso produjo una laguna formal de la sentencia recurrida, que no puede ser colmado en infracción directa al artículo 243 ordinal 6° ibídem  porque se ignora la determinación completa de “la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión” al extremo que los expertos a designar carecerán de la mejor y más exacta información de cómo encarar su delicado oficio porque la sentencia al respecto es absolutamente indeterminada con vista a que en estricto quebranta el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil comoquiera (sic) que la sentencia dejó de precisar “los diversos puntos que deben servir de base a los expertos” y, en este caso, la decisión no contiene la prueba de su propia regularidad y no se basta a sí misma.

Naturalmente al ordenar la experticia de esa manera, los datos en que se basa son indeterminados, insuficientes al no expresar el canon de arrendamiento vigente para el último semestre de vigencia de contrato de arrendamiento, en este caso no se sabe a qué se refiere el sentenciador ni por donde anda porque en definitiva “existe una falta de indicación de las bases precisas de la experticia, haría dificultosa, sino imposible, la revisión de la misma” (Vid Sala de Casación Civil.  Sentencia de la Sala, No. 38 de (sic)  31-1-2008) en atención a que se manda hacer una experticia “sobre un parámetro incierto” (Vid Sala de Casación Civil.  Sentencia No. 913 de (sic) 20-11-2006).

Y en otro punto de lo dispositivo, condena al mismo quince por ciento (15%) sobre el mismo canon vigente a razón de US $ 1.000,oo, pero no indica a qué tipo de cambio habrá de hacerse la conversión de dólares a bolívares; esto debió ser precisado en dicho dispositivo, con lo que la indeterminación objetiva toma mayor valor.

Fueron quebrantados los artículos 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil porque no contiene “la cosa objeto sobre que recaiga decisión” y su correlativo el artículo 248 ídem porque la sentencia no le indica las bases sobre las que deberán hacer la experticia los peritos...”

 

La formalizante delata la infracción del ordinal 6° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, con base en que la sentencia recurrida adolece del vicio de indeterminación objetiva, por cuanto no estableció cuál es el canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado  el 13 de junio de 1997. Asimismo, indica que al condenar el quince por ciento (15%) sobre el mismo canon vigente a razón de un mil dólares americanos (USA $ 1.000,00), también dejó de señalar, qué tipo de cambio habría de hacerse la conversión de dólares a bolívares. Considera, además, que los datos en los cuales debe basarse la sentencia son indeterminados e insuficientes para la realización de la experticia complementaria del fallo.

 

La Sala, para decidir observa:

 

El vicio de indeterminación objetiva, es aquel que guarda relación con la determinación de la cosa u objeto sobre el cual recae la decisión.

 

En relación con el mencionado requisito de la sentencia, la Sala en decisión del 3 de mayo de 2006, en el juicio de Clauco Antonio Arreaza y Heysi Josefina Perdomo Sosa contra Luís María Mingo Ibáñez, estableció que el requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión, previsto en el artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil “...resulta indispensable y necesario para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. Asimismo, este requisito persigue garantizar que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva. (Sent. 24-3-2003. Caso: René Romero García c / Carolina Lugo Díaz)...”.

 

La Sala, reitera el precedente jurisprudencial y deja sentado que el requisito de determinación objetiva del fallo debe tenerse por cumplido, cuando la decisión de instancia constituya un título autónomo y suficiente que lleve en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de quedar definitivamente firme, sea posible su ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no alegados ni probados en la fase de cognición del juicio.

 

Es decir, la doctrina constante y pacífica de este Alto Tribunal considera que la sentencia se basta a sí misma, cuando no es necesario escudriñar en otras actas del expediente para conocer los elementos objetivos que delimitan cada situación concreta y las consecuencias de la cosa juzgada.

 

Asimismo, esta Sala ha establecido en cuanto a la experticia complementaria del fallo, entre otras, en sentencia de fecha 13 de julio de 2000, en el juicio de Ceric Centre D’etudes et de Realisations Industrielles et Commerciales c/ Alfarería Mecánica Charallave C.A., reiterada el 25 de enero de 2008, en el juicio de Marcelo y Rivero C.A. contra Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A., que los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, no pueden constituirse en jueces a la hora de realizar su tarea pericial para el cual han sido convocados, limitándose a cumplir estrictamente lo ordenado en la sentencia, razón por la cual, sólo en el supuesto que los datos necesarios para llevar a cabo la experticia no fueren suficientes es posible declarar la indeterminación alegada.

 

En efecto, la decisión de la Sala señalada precedentemente, establece que:

 

‘“...La recurrida ha sometido a los expertos que han de practicar la experticia complementaria del fallo, una actividad que de los propios elementos aportados, no podrán desarrollar, concretamente, ordena a los expertos que establezcan el monto de los intereses causados hasta la fecha de pago, lo que constituye un acontecimiento que pudiera producirse con posterioridad a dicha experticia complementaria del fallo y, por ello, es incierta su previa determinación.

Ahora bien, los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, no se constituyen en jueces ni le es dable hacer consideraciones o apreciaciones personales, sino tan sólo, deben limitarse a cumplir estrictamente lo ordenado en la sentencia. Por tanto, es deber inexcusable de los jueces, cuando ordenen la práctica de una experticia complementaria del fallo, establecer con toda precisión  el alcance y los elementos de base que han de emplearse para el cálculo que se les exige, so pena  de incumplir el ordinal 6° del artículo 243 del mismo Código, y en consecuencia, incurrir en el vicio de indeterminación objetiva...”. (Negritas de la Sala)…”. (Negritas de la sentencia).

 

 

La Sala reitera el criterio anterior, y establece que es deber inexcusable de los jueces, al ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, establecer con toda precisión el alcance y los elementos de base que han de emplearse para que los expertos realicen el cálculo que se les exige, so pena  de incumplir el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, incurrir en el vicio de indeterminación objetiva.

 

Ahora bien, la formalizante plantea que en el caso concreto, el juez superior la condenó a pagar el quince por ciento (15%) de canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento, por cada día de retraso en la entrega del inmueble, a razón de un mil dólares americanos (USA $ 1.000,00), cuya suma sería determinada mediante experticia complementaria del fallo, sin expresar, en el caso del contrato de arrendamiento autenticado el 13 de junio de 1997, y en el caso del contrato de arrendamiento autenticado el 11 de agosto de 1998, con qué tipo de cambio habría de hacerse la conversión de dólares a bolívares para el cálculo de la experticia complementaria del fallo.

 

El Juez Superior estableció en el dispositivo del fallo, lo siguiente:

 

“...V. DISPOSITIVA.

En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Sin lugar los recursos interpuestos por los abogados Gilberto Caraballo Chacín, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y Rodrigo Krentzien, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 30 de mayo de 2006, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

SEGUNDO: Parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato, incoada por Rafael Emilio, Francisco Javier y Juan Bautista Márquez Yanes, contra Banesco, Banco Comercial, S.A.C.A. En consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar la cantidad que resulte de calcular el quince por ciento (15%) del canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado el 13 de junio de 1997, ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao del estado Miranda, anotado bajo el Nº 11, Tomo 66, por cada día de retraso en la entrega del inmueble, calculados desde el 13 de junio de 2002, exclusive, hasta el 23 de enero de 2004, inclusive; asimismo, se condena a la demandada a pagar la cantidad que resulte de calcular el quince por ciento (15%) del canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado el 11 de agosto de 1998, ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del estado Miranda, anotado bajo el Nº 60, Tomo 83, por cada día de retraso en la entrega del inmueble, calculados desde el 11 de agosto de 2003, exclusive, hasta el 24 de enero de 2004, a razón de mil dólares de los Estado Unidos de Norteamérica (US. $. 1.000,oo); ambas sumas será determinadas por experto contable designado por el tribunal de la causa, en ejecución de sentencia, mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil...”. (Negritas de la Sala).

 

 

De la transcripción del fallo de la recurrida, se evidencia que el juez superior declaró parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato incoada por Rafael Emilio, Francisco Javier y Juan Bautista Márquez Yanes, contra Banesco Banco Universal, S.A.C.A. y, de esta manera, condenó a la demandada a pagar la cantidad que resulte de calcular el quince por ciento (15%) del canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado el 13 de junio de 1997, ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao del estado Miranda, anotado bajo el Nº 11, Tomo 66, por cada día de retraso en la entrega del inmueble, calculados desde el 13 de junio de 2002, exclusive, hasta el 23 de enero de 2004, inclusive; asimismo, condenó a la demandada a pagar la cantidad que resulte de calcular el quince por ciento (15%) del canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento autenticado el 11 de agosto de 1998, ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del estado Miranda, anotado bajo el Nº 60, Tomo 83, por cada día de retraso en la entrega del inmueble, calculados desde el 11 de agosto de 2003, exclusive, hasta el 24 de enero de 2004, a razón de un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US. $. 1.000,00); determinando que ambas sumas serían determinadas por experto contable designado por el tribunal de la causa, en ejecución de sentencia, mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

 

Se desprende del fallo recurrido, que el juez superior sí especificó y determinó cuál fue el último canon de arrendamiento, al establecer que “...se condena a la demandada a pagar la cantidad que resulte de calcular el quince por ciento (15%) del canon de arrendamiento aplicable al último semestre de vigencia del contrato de arrendamiento... a razón de mil dólares de los Estado (sic) Unidos de Norteamérica (US. $. 1.000,00)...”luego del examen que hiciera del contrato de arrendamiento, que en su cláusula tercera indica que el canon de arrendamiento mensual sería de un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US. $. 1.000,00); sin embargo, lo que sí es cierto es que no expresó en la decisión qué tipo de cambio habría de hacerse la conversión de dólares a bolívares para el pago de la condena y la realización de la experticia complementaria del fallo.

 

En efecto, el juez superior al dictar una decisión de esta naturaleza estaba obligado, por un lado, a ordenar la conversión de la moneda de dólares a bolívares fuertes que es la moneda oficial, y por el otro, a especificar el tipo de cambio de la moneda que debía acoger el perito para la realización de la experticia complementaria del fallo, pues, como ha sido doctrina reiterada de la Sala, los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, no se constituyen en jueces ni le es dable hacer consideraciones o apreciaciones personales, sino tan sólo, deben limitarse a cumplir estrictamente lo ordenado en la sentencia.

 

En este caso, existe evidentemente una laguna en la decisión, pues el perito está impedido de determinar si debe tomar en cuenta la conversión legal del dólar americano al bolívar, para el momento de la suscripción del contrato, o si por el contrario, debe considerar que la fecha apropiada es el día que fue dictada la sentencia en el juzgado superior o si debe acoger otro momento a su prudente arbitrio, siendo que ésta tarea le corresponde al juez de alzada, de conformidad con el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

En sentencia del 11 de abril de 2008, Caso: Cargill de Venezuela, C.A. contra Garaje Zooluaga, C.A., expediente N° 2007-000585, la Sala analizó el aspecto cuestionado por la formalizante en la presente denuncia, creando un precedente jurisprudencial, y en tal sentido dejó sentado, lo siguiente:

 

 

“...Vista la trascripción parcial de la recurrida, constata que evidentemente el juez de la recurrida incurrió en el vicio delatado por el formalizante, pues condenó a pagar una cantidad de dinero en dólares o su equivalente en bolívares al tipo de cambio  oficial conforme al control de cambio imperante en el país, sin establecer, si es al cambio oficial conforme al control de cambio imperante para el momento en que fue dictada la sentencia,  al momento en que se haga efectivo el pago, o a que momento se refiere, de acuerdo la pretensión del demandante, con lo cual dejó de determinar con precisión y exactitud la cosa sobre la cual versa su dispositivo, haciéndolo inejecutable, pues tal fallo esta viciado y en consecuencia nulo...”. (Negritas de la Sala).

 

 

La Sala reitera el precedente jurisprudencial, y deja sentado que el juez de alzada incurre en el vicio de indeterminación del fallo, al no precisar qué tipo de cambio habría de tomar en cuenta el perito para la realización de la mencionada conversión de dólares a bolívares de la suma condenada, ni establecer el momento concreto para la realización de la conversión de dólares a bolívares.

 

En el presente caso, la Sala reitera que el juez superior no expresó, para la conversión de dólares a bolívares mediante la experticia complementaria del fallo, si el perito debía tomar en cuenta la conversión vigente para el momento que fueron suscritos los contratos de arrendamientos (1997 y 1998), o si por el contrario debe tomar en cuenta la fecha que fue publicada la sentencia condenatoria (2008), o simplemente otra fecha distinta a éstas como punto de partida para la realización de la comentada experticia, con lo cual incurrió en el vicio de indeterminación objetiva delatado por la formalizante.

 

 

Por los fundamentos expuestos, esta Sala declara procedente la denuncia de infracción del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

D E C I S I Ó N

 

                   En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado por la parte demandante, y CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 21 de febrero de 2008. En consecuencia se ANULA la sentencia recurrida, y se ORDENA  al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

 

Se condena en costas procesales a los demandantes, por haberse declarado perecido el recurso de casación. Por haberse declarado procedente el recurso de casación de la parte demandada, no hay condenatoria en costas.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil ocho. Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

 

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YRIS PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ                   

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ    

  Magistrado,

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                                  Magistrado,

 

 

___________________________________

LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

                                                  Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

Exp. Nro. AA20-C-2008-000171

NOTA: Publicada en su fecha a las

Secretario,

 

 

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