Sentencia N.º RC.00655
- Sentencia
- N.º RC.00655
- Fecha
- 17/10/2008
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 08-167
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por cumplimiento de contrato intentado ante el Juzgado Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos CARMELO LUCIO DE STEFANO SACCO y FRANCESCO ONORATO MARCOCCIA, representados judicialmente por los profesionales del derecho Jaime Bencid W, Emérita del Carmen Avendaño Guerrero y Mariolga Quintero Tirado, contra lucio arnoldo breto flores, deyanira breto de harris, oricia breto de tucci, dario breto flores, hernán breto flores, dionosio breto flores, mario breto flOres y DAMARYS breto de tovar, patrocinados por los abogados en ejercicio de su profesión José Pérez Alemán, Mario Breto Flores, Dionisio Breto Flores e Indira Millán; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, en fecha 25 de octubre de 2007, emitió decisión mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por los demandados, sin lugar la reconvención y confirmó la sentencia apelada, proferida en fecha 15 de julio de 1996 por el Juzgado a quo, que declaró procedente la demanda, condenando a los demandados al pago de las costas procesales.
Contra el preindicado fallo, los demandados anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en el ordinal 1º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4°) del artículo 243 eiusdem, por inmotivación. Lo que argumenta el formalizante alegando que:
Queda claro entonces que no consta en autos que exista la prueba del cumplimiento por parte de la actora, pues ésta tiene que realizar el pago de su propia obligación, que hasta ahora, según lo refiere la propia recurrida no se ha efectuado, y pese a ello, es decir, a pesar de que el actor que demanda el cumplimiento no ha cumplido con la obligación de pagar el valor de las acciones, condena a mi representado y a mí como si hubiésemos incumplido, cuando tratándose de una obligación bilateral, no es posible exigir ni ordenar el cumplimiento de la obligación demandada si no está cumplida la obligación recíproca, de lo que no hay constancia en autos dicho sea de paso, y si existe tal constancia, no es referida por la sentencia recurrida, lo que abona la delación formulada en este caso.
Por ello, si la recurrida estimaba que esto era posible ha debido indicar la razón para ello, pues la Ley Civil exige que era poder reclamar el cumplimiento de la obligación, el acreedor tiene que haber cumplido previamente su obligación recíproca, sin lo cual no puede exigir el cumplimiento, como se desprende del artículo 1.168 del Código Civil.
Una comprensión contraria a dicha regla, debe ser acreditada con una motivación que permita entender la razón por la cual quien exige el cumplimiento no se le exige el cumplimiento recíproco, como por ejemplo el caso que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones, debe hacerse la indicación de la situación o circunstancia que hace que la regla general no sea la aplicada, cosa que no hizo en la recurrida, lo que la hace inmotivada.
Es el caso que, nunca se señala la razón por la cual la recurrida estima que da por cumplida la obligación bilateral asumida por el comprador de pagar la totalidad del precio de las acciones, cosa que a pesar de no haber ocurrido como, se denunciará más adelante, la recurrida la da por demostrada arbitrariamente y sin indicar los motivos sobre la base de los cuales soporta ese razonamiento.
En resumen, no existe en el pretenso razonamiento del fallo impugnado, ningún elemento que revele los motivos sobre los cuales se fundamenta la afirmación en comentarios.
La recurrida se limita a asumir que hubo pago, sin indicar de donde lo saca, pues no expresa que ese extremo este cubierto desde el punto de vista probatorio. Simplemente la recurrida lo afirma, sin ningún tipo de soporte ni fáctico, ni de derecho. Lo anteriormente pone en claro que, no resulta posible saber los lineamientos jurídicos que dan base a la afirmación absoluta sostenida por el fallo, pues no existen elementos en lo expuesto en el fallo que permitan conocer las razones de hecho que le hacen concluir en la arbitraria afirmación. Así se revela en este caso, que en el fallo impugnado se produce una inmotivación absoluta, disimulada por una apariencia de motivos ..
Acusa el formalizante que el jurisdicente del conocimiento jerárquico vertical, sin aportar fundamentos, ni de hecho ni de derecho, que apoyen lo decidido, declara con lugar la demanda al considerar que los demandados no habían cumplido su obligación de hacer la tradición de las acciones objeto del negocio; razón por la que estima infringido el ordinal 4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
El ad quem, una vez relacionadas las pruebas aportadas al juicio, (sobre las que no se aprecia valoración alguna) en la parte pertinente de la sentencia, expresa:
en el presente caso, derivada de un contrato que, conforme a lo pautado en el artículo 1.159 eiusdem, es Ley entre las partes que lo suscribieron, máxime si la convención cumplió con sus requisitos existenciales de consentimiento, objeto y causa, previstos en el artículo 1.141 ibídem.
De modo que, con base en que ha quedado demostrado el incumplimiento de la parte demandada, pues no probó haberse libertado de su obligación conforme al artículo 1.354 ídem, ya que no quedó evidenciado que cada uno de los codemandados hubiese realizado tradición legal de las 4.349 acciones vendidas con un valor nominal de dos mil bolívares sin céntimos (Bs.2.000) cada una de ellas, lo cual conlleva de conformidad con el artículo 1.167 de la ley Sustantiva Civil que la acción en referencia debe prosperar en derecho.
Así en el caso de marras, para el cumplimiento del presente fallo, una vez sea consignado el monto del precio que le corresponde a cada uno de los codemandados, es decir, el equivalente a 4.349 acciones con valor de dos mil bolívares sin céntimos (Bs.2.000) cada una de ellas por cada co-demandado, el a-quo deberá remitir copia certificada del presente fallo, así como el mandamiento de ejecución y respectivos oficios para que bajo apercibimiento,(Sic) 1°.- Se envíe copia certificada del presente fallo, al del Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado(Sic) Miranda, para que la referida copia certificada sea incorporada al expediente de comercio de la compañía, PROMOTORA PRIMERA CALLE, compañía ésta protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado (Sic) Miranda de fecha 17 de noviembre del año 1978, quedando esta anotada bajo el N° 29, Tomo 119-A-Pro., de los libros llevados por ese registro mercantil; 2°.- Se Notifique a los DIRECTORES PRINCIPALES de la empresa, y/o a los administradores y/o guardadores de los libros de comercio, los cuales deben reposar en el domicilio de la compañía, para que éstos incorporen copia certificada del presente fallo; al libro de accionistas, así como se hagan las respectivas notas de los referidos libros de comercio de la empresa sociedad mercantil C.A. PROMOTORA PRIMERA CALLE, y por ende se coloque la nota de propiedad de las CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE ACCIONES (4349) a cada uno, propiedad de los ciudadanos MARIO BRETO FLORES y DIONISIO BRETO FLORES, y que sean anotadas a nombre de los ciudadanos CARMELO DE STEFANO y FRANCESCO ONORATO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, portadores de las cédula de identidad Nros. 6.562.414 y 6.201.603 respectivamente .
Para decidir, la Sala observa:
La motivación de la sentencia, requisito exigido según lo preceptuado en el artículo 243 ordinal 4º) resulta de indispensable cumplimiento, pues deviene de la argumentación que realiza el juez para apoyar su fallo. Es por esto que aquel debe expresar en éste las razones (de hecho y de derecho) en que se fundamenta y que lo llevan a establecer su decisión. De esta manera se previene una actuación arbitraria de quien juzga y se patentiza el control de la legalidad de la sentencia. La jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha mantenido el criterio, de forma pacífica y de vieja data, en acatamiento a lo ordenado por el Código Adjetivo Civil, según el cual una sentencia que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 243 de ese cuerpo legal, entre los que se encuentra el contenido en el ordinal 4º) del mencionado dispositivo, esto es los motivos de hecho y de derecho de la decisión, tal fallo se encuentra viciado de nulidad por estar inmotivado y debe ser sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 244 ejusdem.
Sobre el punto de la necesaria motivación de la sentencia, la Sala, en múltiples decisiones, ha sostenido el criterio que se reitera en la N° 54 del 6/2/06, en el juicio de Digicel, C.A., contra Nokia De Venezuela, C.A., con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, donde se ratificó:
La motivación de la sentencia, requisito exigido según lo preceptuado en el artículo 243 ordinal 4º resulta de indispensable cumplimiento, pues deviene de la argumentación que realiza el juez para apoyar su fallo, elemento que, por lo demás, es un requisito de orden público, por lo que el Juez debe expresar en aquél las razones (de hecho y de derecho) en que se fundamenta y que lo llevan a establecer su decisión.
De esta manera se previene una actuación arbitraria de quien juzga y se patentiza el control de la legalidad de la sentencia. La jurisprudencia de este Máximo Tribunal ha mantenido el criterio, de forma pacífica y de vieja data, en acatamiento a lo ordenado por el Código Adjetivo Civil, según el cual una sentencia que no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 243 de ese cuerpo legal, se encuentra viciada de nulidad tal como sanciona el artículo 244 eiusdem; entre tales requisitos se cuenta la del ordinal 4º del mencionado dispositivo, esto es Los motivos de hecho y de derecho de la decisión .
En el sub iudice, habiéndose hecho el estudio de la denuncia planteada, así como de la sentencia recurrida, ut supra reproducida, observa la Sala que la alzada declara procedente la demanda, pero para hacerlo no expresa fundamentos que apuntalen lo decidido, ya que el juez debió, con base a un análisis concienzudo y convincente del caso planteado, demostrar el por qué de su decisión de declarar con lugar la demanda, y no como lo hizo y se reprodujo supra, únicamente señalar que ha quedado demostrado el incumplimiento de la parte demandada pero de ninguna manera explica que le llevó a esa conclusión, no aportó argumento alguno que apoyara esa declaración y que, conforme lo ordena el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, debió realizar en su sentencia el proceso lógico que justificara, sin dejar lugar a dudas, que la acción debía prosperar en derecho y con fundamento a esto, en su dispositivo, la recurrida declarar con lugar la demanda.
Ahora bien, observa la Sala que la recurrida más allá de la indicación de las normas que obligan al cumplimiento de los pactos contractuales, no precisa como determinó que los demandados no habían cumplido con la obligación asumida en razón del contrato de compra venta de las acciones celebrado por ellos, expresando únicamente que no había sido demostrado el cumplimiento, sin relacionar las valoraciones que arrojaron las pruebas para la fundamentación de su pronunciamiento, deber inexcusable ya que las sentencias judiciales no pueden, en ningún caso, ser decisiones ejecutivas, ellas deben llevar consigo la argumentación necesaria que permita a los litigantes comprender, aun no compartiéndola, la orden que del fallo emana.
En este orden de ideas, advierte la Sala, que el ad quem no expresó el debido apoyo y el análisis de los sucesos procesales ocurridos en el caso que resuelve, tampoco explica fundamentos capaces de darle apoyo a su declaratoria con lugar de la demanda.
Con base a las consideraciones que preceden, la Sala encuentra que la sentencia impugnada infringe el ordinal 4º) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y, por vía de consecuencia, deberá declararse procedente la denuncia que se estudia, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
DECISIÓN
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por los demandados, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de octubre de 2007.
En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.-
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de octubre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149° de la Federación.
Presidente de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2008-000167
Nota: publicada en su fecha a las
El Secretario,
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