Sentencia N.º RC.00669
- Sentencia
- N.º RC.00669
- Fecha
- 20/07/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 03-1069
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por resolución de contrato de arrendamiento y pago de cánones vencidos, intentado ante el entonces Juzgado Noveno de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual declinó su competencia por la cuantía de la reconvención, continuando la causa ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, por la ciudadana GIUSEPPINA CALANDRO DE MORELLY, patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Clara Álvarez de Sánchez y Dolores Sacristán, contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil DESARROLLOS CALEUCHE, C.A., representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Hugo José Niño Escalona, Azael Socorro Morales y Javier García Aponte; el Juzgado Superior Cuarto Civil, Mercantil y del Tránsito de la prenombrada Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 29 de agosto de 2003 mediante la cual declaró, sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandada reconviniente contra el fallo proferido en fecha 18 de marzo de 2002 por el tribunal de cognición, que estableció parcialmente con lugar la demanda y sin lugar la reconvención; por vía de consecuencia, confirmó la prenombrada decisión y condenó al demandado al pago de las costas procesales del recurso.
Contra el precitado fallo, el accionado anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación y réplica.
Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe y lo hace previa las consideraciones siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 15 y 208 eiusdem por incurrir en el vicio de reposición preterida.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Con fundamento en lo dispuesto en el Ordinal (sic) Primero (sic) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, en la sentencia recurrida, de los artículos 208 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 ejúsdem (sic), todo ello en razón de que en el fallo de la Segunda (sic) Instancia (sic) el a-quem (sic) nada dijo al respecto de la solicitud que le hizo la parte demandada en el escrito de informes, sobre reponer la causa al estado de presentar informes en la Primera Instancia, ya que el a-quo había dictado su decisión sin oír los informes previsto (sic) en la Ley.
La argumentación ante la alzada fue la siguiente:
(...Omissis...)
Por las razones expuestas, la presente denuncia debe prosperar, como formalmente solicitamos a esta Sala se sirva declararlo....
Para decidir, la Sala observa:
Denuncia el formalizante que el juzgador de segundo grado incurrió en el vicio de reposición no decretada, pues dejó de pronunciarse en la decisión recurrida sobre la solicitud que se le planteara en la oportunidad de rendirle informes, referida a la reposición de la causa al estado de presentación de informes ante el a quo, toda vez que el tribunal de la causa profirió la decisión definitiva sin que éstos fueran presentados.
Ahora bien, se observa que el formalizante en el planteamiento de su denuncia se abstuvo de indicar con cuál actitud o de qué manera el juez de la causa conculcó u obstaculizó su derecho a presentar los indicados informes.
No obstante lo anterior, en razón de estar resolviendo una denuncia por defecto de actividad, lo cual permite escudriñar las actas procesales, esta Máxima Jurisdicción ha realizado un detenido y cuidadoso análisis de las mismas y al efecto aprecia lo siguiente:
En fecha 4 de agosto de 1999, el tribunal de cognición dictó auto mediante el cual admitió las pruebas promovidas por las partes y resolvió la oposición realizada por la accionante a las que promovió la accionada, declarándola improcedente. En tal sentido, dispuso:
Vistos los escritos de promoción de pruebas presentados por los apoderados de las partes, así como la oposición interpuesta por la representación de la parte actora, de fecha 27-07 (Sic)-99, el Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, procede a providenciarlas. En consecuencia, vista la oposición interpuesta por la apoderado de la parte actora, el Tribunal observa que la opositora alega como fundamento de su pretensión la inexistencia del sello de recibo del Tribual en el escrito de pruebas de la parte demandada, pero señala que se encuentra estampado un sello húmedo que no fue escrito por el Secretario del Tribunal, produciendo a su representada una violación de su derecho, ya que desconocen si dichas pruebas fueron oportunamente presentadas; asimismo, la parte actora se opone a la Inspección Judicial promovida por la parte demandada, por no ser el medio idóneo para determinar daños y perjuicios. A tal efecto, este Juzgado considera que existiendo constancia en autos en fecha 22-07 (Sic) 99, folio 70 del Cuaderno (Sic) Principal (Sic), debidamente asentada en el Libro Diario llevado por este Despacho (Sic), que las pruebas de la parte demandada se presentaron y recibieron por Secretaría (Sic) y de acuerdo a lo previsto en el artículo 397 ibidem, el alegato de la presente oposición, no se encuentra pautado en dicha norma, ya que la omisión antes mencionada, es un error material de forma y no fondo incurrido por este Tribunal. Y así se declara.- Con respecto a la oposición a la Inspección (Sic) Judicial (Sic), el Tribunal considera que a tenor de lo previsto en el artículo 472 ejusdem, dicha promoción fue interpuesta en forma pertinente, por lo que se declara improcedente dicha oposición.- Por consiguiente, se admite cuanto ha lugar en derecho las pruebas promovidas por las partes promoventes, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes salvo su apreciación en la decisión definitiva que recaiga en la presente causa. Por consiguiente, el Tribunal fija el DECIMOQUINTO (15to.) Día (Sic) de despacho siguiente a la presente fecha, a las 3:00 p.m. a fin de que tenga lugar la Inspección (Sic) Judicial (Sic) solicitada, habilitándose para ello todo el tiempo que fuese necesario. Se comisiona amplia y suficientemente a un Juzgado de Municipio de esta Circunscripción Judicial, para que proceda a la evacuación de los testigos promovidos por la parte demandada, sin necesidad de citación.- Líbrese comisión y remítase....
El 9 de los prenombrados mes y año, la accionante ejerció recurso procesal de apelación contra el auto supra mencionado; dicho recurso fue oído en el solo efecto devolutivo y, en tal sentido, fueron remitidas las copias al juzgado superior mediante oficio de fecha 28 de septiembre de 1999
En la misma fecha el a quo difirió la oportunidad para la evacuación de la prueba de inspección judicial promovida por la accionada, para el décimo quinto día de despacho siguiente a la prenombrada fecha.
El 29 de noviembre de 1999 se avocó juez temporal al conocimiento de la causa y difirió la predicha inspección judicial para el quinto día de despacho siguiente a esa oportunidad.
El 6 de diciembre de 1999 la demandada desistió de la referida prueba de inspección.
El 13 de diciembre de 1999 el a quo libró comisión remitida al Juzgado Distribuidor de Municipio de la misma circunscripción judicial a fin que previa distribución, fueran evacuadas las testimoniales de los ciudadanos Joen Azuaje, Rubén Márquez y Rafael Espinoza, promovidas por la demandada, haciéndole saber al juzgado comisionado que habían transcurrido veintisiete días de despacho de los correspondientes al lapso de evacuación de pruebas. Dicha comisión fue recibida por el Juzgado Octavo de Municipio de la prenombrada Circunscripción Judicial el 18 de enero de 2000, el 21 de enero fue cumplida y devuelta al tribunal de la causa el 9 de febrero de 2000, constando según cómputo que en el prenombrado juzgado transcurrieron ocho días de despacho.
El referido cómputo, cursante al folio 289 de los que integran el expediente, suscrito por el secretario del referido tribunal, señala lo siguiente:
CARLOS EDUARDO GOMEZ (Sic) C., Secretario (Sic) Titular (Sic) del Juzgado Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area (Sic) Metropolitana de Caracas, HACE CONSTAR: Que teniendo a la vista el Libro Diario de Trabajo que se lleva en este Tribunal, encuentra: Que desde el día siguiente a la fecha dieciocho (18) de Enero (Sic) de Dos (Sic) Mil (Sic), hasta el día veintiocho (28) de Enero (Sic) de Dos (Sic) Mil (Sic), ambas fechas inclusive, han transcurrido en este Juzgado OCHO (8) DIAS (Sic) DE DESPACHO, los cuales corresponden a las fechas: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de Enero (Sic) de 2000, respectivamente.- Caracas, veintiocho de Enero (Sic) de Dos (Sic) Mil (Sic).-
El 8 de agosto de 2001 el tribunal de la causa dictó auto mediante el cual dejó constancia que la causa se encontraba en estado de dictar sentencia desde el 6 de julio de 2000 y ordenó notificar a las partes, en tal sentido señaló:
...De una revisión de las actas que integran el presente expediente, se evidencia que para el día 06 de julio de 2000, el presente cuaderno principal se encontraba en estado de dictar sentencia, y siendo que en esa misma fecha la Juez de este Despacho se avocó al conocimiento de la presente causa, en el cuaderno de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, este Tribunal, en vista que la presente causa se encuentra vencido el lapso para dictar sentencia, se ordena notificar a las partes del presente avocamiento, advirtiéndoles que una vez transcurrido el lapso de DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ULTIMA(Sic) NOTIFICACIÓN que conste en autos, comenzará a correr el lapso de los TRES (03) DIAS DE DESPACHO previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de salvaguardar el derecho de las partes....
Cumplidas las anteriores notificaciones, el 18 de marzo de 2002 el a quo profirió la correspondiente sentencia definitiva.
De la anterior descripción de los hechos acontecidos en la causa, se evidencia que las partes optaron por dejar de consignar los respectivos escritos contentivos de los informes.
Sucedido en autos lo anterior y en lo concerniente a la oportunidad para la presentación de estos escritos, el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil, en su parte pertinente prevé:
...Si no se hubiere pedido la constitución del Tribunal con asociados en el término indicado en el artículo 118, los informes de las partes se presentarán en el decimoquinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192.... (Subrayado y negrillas de la Sala).
De la norma supra transcrita se colige que mal puede presentarse confusión respecto al momento en que deben presentarse los informes y menos aún que sea necesaria la fijación por parte del juez para dicho acto, pues el artículo es muy claro en señalar que se trata de un término de quince días, que se abre ope legis una vez vencido el lapso de evacuación de pruebas.
Ahora bien, por cuanto la presentación de informes constituye una carga facultativa que pueden cumplir o no tanto el accionante o como el accionado para su beneficio, pues no se trata de una exigencia insoslayable del proceso, ordenar la reposición de la causa al estado en que las partes presenten sus respectivos informes ante el juzgado de primer grado carecería de sentido y finalidad útil contraviniendo el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que en la oportunidad para hacerlo las partes se abstuvieron de ello, sin que mediara una conducta obstaculizadora por parte del sentenciador, caso en el cual si se habría causado indefensión.
En cuanto a la finalidad útil que debe perseguir cualquier reposición de una causa, la Sala en sentencia Nº 225, de fecha 20 de mayo de 2003, expediente Nº 2001-000244, en el caso de Gladys Josefina Rodríguez Silva contra Francisco José Kupricka Vetter, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:
...Sobre el punto de cuando debe y cuando no, ordenarse la reposición de la causa, la Ley Adjetiva Civil, contempla tal posibilidad, en sus artículos 206 y siguientes. Ahora bien, la reposición trae aparejada la nulidad, por lo que los jurisdicentes deben revisar muy cuidadosamente y a la luz de sus consecuencias, la conveniencia en declararla sólo cuando se hayan menoscabado derechos como el de defensa y debido proceso, o se haya violentado el orden público y siempre que dichas fallas no puedan subsanarse de otra manera, lo que deviene en que tal reposición debe decretarse cuando realmente se persiga con ella una finalidad útil, pues de no ser este el supuesto se estarían violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda.... (Subrayado y negrillas de la Sala).
Siendo que en el caso bajo estudio no ha lugar a duda respecto a la oportunidad para la presentación de informes, pues el proceso civil venezolano está regido por el principio de orden consecutivo legal con fases de preclusión, por el contrario, ordenar la reposición de la causa, también quebrantaría el artículo 202 del Código Adjetivo Civil, pues los términos o lapsos procesales no pueden prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario.
De acuerdo con lo anterior y establecido como ha quedado que el juez no tiene la obligación de fijar la oportunidad para que las partes presenten los informes; que en el sub iudice optaron por no consignarlos y que no hubo una actitud obstaculizadora por parte del juzgador para que estas lo hicieran.
A mayor abundamiento, considera oportuno la Sala señalar, que de acuerdo con jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, el juez tiene en principio, la obligación de dejar constancia en el expediente de la falta de informes de las partes, de ser el caso, en la oportunidad en que éstos debieron ser presentados; así lo señaló en decisión de fecha 13 de abril de 1994, Exp. 93-211, en el caso de Hilados Flexilón, S.A., contra Arcángelo de Sario Gentiles y otro, en la cual se dijo:
Al estar claramente establecida en la ley la oportunidad para la presentación de los informes ante el Juez de la causa, no puede considerarse que la especificación por el Juez de dicha oportunidad, constituya unas formalidades esencial a la validez del acto, y por mandato del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad a su validez.
Pudieron las partes presentar informe en la ocasión que la ley estipulaba para esa actividad, y si no hicieron uso de ese derecho, ello no constituye indefensión, pues es doctrina pacífica que ésta ocurre en el juicio cuando el Juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, no cuando las partes omiten ejercerlos.
La decisión de esta Corte, citada por la alzada, se refiere a la obligación del Juez de dejar constancia en el expediente de la falta de informes de las partes, en la oportunidad en que éstos debieron ser presentados, tal determinación es necesaria por constituir punto de partida del cómputo del lapso para sentenciar, lo cual debe quedar claramente establecido, pues de ello dependerá el establecimiento de la oportunidad para interponer un eventual recurso contra la decisión....
De la revisión realizada de las actas del expediente, supra referida, se constata que el juzgador incumplió con tal imposición jurisprudencial, sin embargo, además de no constituir dicha obligación un requisito de orden público, en aquella oportunidad se justificó la necesidad de tal pronunciamiento jurisprudencial con base en que éste constituiría punto de partida ...del cómputo del lapso para sentenciar..., argumento que pierde vigencia ante el principio preclusivo de los actos y ante la precisión expresa del legislador actual, pues los artículos 515 y 521 del Código Adjetivo Civil, disponen el inicio del lapso para proferir la sentencia, según se encuentre la causa en primera o en segunda instancia respectivamente, artículos en cuyo tenor señalan:
...Artículo 515:Presentados los informes, o cumplido que sea el auto para mejor proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los sesenta días siguientes. Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación.
Los Jueces procurarán sentenciar las causas en el orden de su antigüedad.
Artículo 521: Presentados los informes o cumplido que sea el auto para mejor proveer o pasado el término señalado para su cumplimiento, el Tribunal dictará su fallo dentro de los treinta días siguientes si la sentencia fuere interlocutoria y sesenta si fuere definitiva.
Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos del anuncio del recurso de casación....
No obstante ello, tal incumplimiento en ningún caso tampoco puede acarrear la reposición de la causa, toda vez que igualmente carecería de sentido y finalidad útil y atentaría contra los postulados previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mas aún cuando, -se repite- los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil prevén el inicio del lapso para dictar el fallo.
Atendiendo los razonamientos expuestos, se concluye en que la recurrida no incurrió en el vicio denunciado de reposición preterida al proferir el a quo el fallo definitivo sin haber presentado informes las partes, toda vez que éstas decidieron procesalmente abstenerse de presentarlos, por tanto, no hubo violación de los preceptos contenidos en los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil y, por vía de consecuencia, se declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12, 15, 208 y 243 ordinal 4° eiusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda, por incurrir en el vicio de reposición preterida.
Para apoyar su denuncia el formalizante alega:
Con fundamento en lo dispuesto en el Ordinal (Sic) Primero del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, en la sentencia recurrida, de los artículos 208, 12, 15 y ordinal 4º del artículo 243 ejusdem, en concordancia con lo dispuesto en el artículo Primero del Decreto Legislativo sobre Desalojos de Viviendas, todo ello en razón de que en el fallo de Segunda (Sic) Instancia (Sic) el sentenciador sostuvo que la reposición solicitada es inútil, por cuanto el actor ha alcanzado el fin para el cual estaba destinado y que la parte demandada no solicitó la reposición a la causa por haberse sustanciado la misma por la procedimiento ordinario en su oportunidad.
La demanda se fundamenta en una supuesta insolvencia en el pago de los cánones de arrendamiento. Para decidir sobre la procedencia del procedimiento seguido se debe determinar que tipo de contrato de arrendamiento es, si se trata de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado o indeterminado. Esta es la razón de la solicitud de la reposición, pero al respecto nada dijo la recurrida. Si el contrato es a tiempo indeterminado, como así lo sostenemos, indudablemente el a-quem debió reponer la causa para que se aplicara el procedimiento previsto en el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda.
En sentencia de esta misma Sala se dijo: aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador a los fines de cumplir con el principio de exhaustividad de la sentencia que contriñe al Juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 213 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, conviene insistir en que las normas del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas, para el momento en que estaba vigente, eran de estricto orden público y su aplicación podía ser solicitada en cualquier estado y grado de la causa.
La prueba fundamental para sostener la reposición es el Resuelto (Sic) Nº 3398 de la Dirección General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Inquilinato de la República de Venezuela, de fecha 08 de Noviembre (Sic) de 1995 que declaró con lugar el derecho de preferencia ejercido sobre el inmueble objeto de la presente controversia. Sobre esta prueba la recurrida afirmó: que nada aportan en materia de prueba en la presente causa, solo hacen probanzas en cuanto al hecho materializado en sus textos, de los que allí surja de lo declarado pero nada, aporta como prueba al asunto debatido en este proceso.... Precisamente de lo que se trata es de los hechos materializados en sus textos. Si se declaró un derecho de preferencia, el contrato de arrendamiento a tiempo determinado devino de un contrato a tiempo indeterminado, y el procedimiento seguido era improcedente, infringiéndose de esta manera el contenido del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil....
Para decidir, la Sala observa:
Aduce el formalizante que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de reposición preterida, toda vez que estimó que la reposición solicitada es inútil por cuanto el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado, pues la accionada consideró que para decidir sobre la procedencia de la acción intentada, previamente se debió determinar si el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes lo fue a tiempo determinado o indeterminado y que, de considerarse que se refiere a un contrato suscrito a tiempo indeterminado, tal como sostiene la demandada, la causa debió seguirse por el procedimiento breve previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda (vigente para la fecha de interposición de la demanda) y no bajo el procedimiento ordinario aplicado.
La recurrida en su parte pertinente, estableció:
...La alzada observa que el abogado AZAEL SOCORRO MORALES, en el escrito de informes presentado en esta instancia solicita la reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda, alegando que el presente proceso se ha debido sustanciar por el procedimiento señalado en el literal A del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas.
Ahora bien, el a-quo admitió la demanda por el procedimiento ordinario, observándose que la parte demandada en su oportunidad legal no solicitó la reposición de la causa por haberse sustanciado la misma por el procedimiento ordinario, llegando la causa a ser sentenciada y teniendo la parte demandada todas las oportunidades que le señala la ley para demostrar lo pertinente en beneficio de sus derechos, incluyendo el hecho de que en su oportunidad propusiera la reconvención o mutua petición; y aquí; en aplicación del contenido del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, referido a la corrección de las faltas que puedan anular el proceso y considerando que en el presente caso la reposición solicitada es inútil, por cuanto el acto ha alcanzado el fin para el cual estaba destinado, esta alzada desestima la solicitud de reposición pedida por la parte demandada....
Ahora bien, sin entrar a considerar lo referente a si la causa debió tramitarse por el procedimiento breve o el ordinario, se considera oportuno en primer lugar resaltar lo establecido por esta Sala en el sentido que no hay violación de normas adjetivas de orden público cuando una causa que deba sustanciarse por los trámites del juicio breve lo sea por el procedimiento ordinario. Así lo ha señalado la Sala pacífica y reiteradamente, entre otras decisiones, en sentencia N° 301, de fecha 10 de agosto de 2000, Exp. 99-340, en el caso de Inversiones y Construcciones U.S.A., C.A., contra Corporación 2150, C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, en la cual estableció:
...Aunado a lo precedente, esta Sala, en decisión del Magistrado ponente, de fecha 6 de abril de 2000, exp. 99-018, reiteró:
...la Sala extremando sus deberes y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, se permite reiterar doctrina aplicada en un caso similar, según sentencia de fecha 25 mayo de 1995, que dice:
El artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se fundamenta la sentencia de reposición según se evidencia del párrafo de la misma, arriba inserto, se expresa así:
No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado de procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto írrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público lo que no podrá subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de la (sic) partes; o cuando a la parte contra quien obre la falta no se la hubiere citado válidamente para el juicio o para su continuación, o no hubiere concurrido al proceso, después de haber sido citada de modo que ella pudiere pedir la nulidad (subrayados de la Sala). (...)
(...) Cuando en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil se habla de leyes de orden público se hace uso de la figura retórica denominada sinécdoque, pus (sic) se toma ese todo que se define con la idea abstracta de orden público para caracterizar una simple norma. Si se entiende la expresión orden público como conjunto orgánico de principios y valores ordenadores de íntegro sistemas de normas de derecho positivo, tal como debe entendérselo, no existiría en verdad ningún obstáculo en armonizar la concreta norma (o ley) del ordenamiento procesal destinada a aplicar en la específica situación del principio de la economía procesal, como lo es la que ordena sustancial por el procedimiento breve de los juicios derivados de una venta con reserva de dominio, con esa otra situación en que ese mismo principio de la economía procesal exige no repetir, con la consiguiente pérdida de tiempo y de dinero, actos procesales que resultan absolutamente inútiles para realizar en su plenitud el derecho constitucional al debido proceso que garantiza el artículo 68 de la Constitución. En materia de orden público procesal es ello lo que resume el principio rector en materia de reposición contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que dice:
Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las fallas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado (cursivas de la Sala).
Alcanzar un acto (o una serie de actos encadenados entre sí hasta configurar un proceso) su finalidad, no es satisfacer la utilidad que algunas de las partes esperaba obtener del mismo, sino obtener la certeza bajo una perspectiva objetiva de que de (sic) ha alcanzado y realizado la finalidad a que estaba destinado por el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando la recurrida repone este proceso en su integridad, por no habérselo seguido conforme al procedimiento del juicio breve, sino conforme al procedimiento ordinario, no obstante no haber instado ninguna de las partes tal reposición, y hacer valer así el orden publico procesal, la recurrida entiende actuar en cumplimiento del deber de garantizar el derecho de defensa que le impone el artículo 15 eiusdem. Ahora bien, esta Sala coincide con la recurrente en que no hay violación de normas adjetivas de orden público cuando un procedimiento que (...) ha debido, iniciarse, sustanciarse y decidirse por los trámites del juicio breve, haya sido en efecto iniciado, sustanciado y decidido por el procedimiento ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil consentido por la permanente presencia y actuación de ambas partes, ya que ningún perjuicio se causa a las partes por haberse tramitado con respecto de las formas legales sustanciales que garantizan el derecho de defensa en el procedimiento ordinario lo que hubiera debido tramitarse como procedimiento breve, pues la reducción de términos y oportunidades para hacer valer recursos procesales que establece este último procedimiento en aras de una mayor celeridad no agrega nada al debido proceso que en ambos procedimientos ha cuidado garantizar el ordenamiento legal, por lo que ninguna utilidad no sólo para las partes, sino tampoco para realizar tal finalidad de garantizar mediante formas sustanciales de procedimiento el derecho de defensa conforme al artículo 68 de la Constitución se cumple con la reposición ordenada. En sentencia de fecha 12 de diciembre de 1956 Gaceta Forense, Nº 14, segunda etapa, pág. 185 dijo esta misma Sala:
Las faltas cometidas en la sustanciación de los procesos no dan lugar a la reposición sino cuando son de tal naturaleza que causen nulidad de lo actuado, o vayan contra el orden o interés publico, o lesione derechos de los litigantes y siempre que no puedan subsanarse de otra manera. En varia ocasiones esta Corte ha declarado que la reposición debe perseguir una finalidad útil, que no proceden las reposiciones teóricas, innecesarias.
No existiendo, pues ninguna finalidad útil en la reposición de esta causa, considera esta Sala no existir en el caso de autos el quebrantamiento del orden público, necesario según el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil para que puede (sic) ordenarse la reposición de oficio y sin instancia alguna de parte de un íntegro proceso cumplido, en que se han respetado las formas sustanciales que garantizan el debido proceso. Por tal motivo considera también esta Sala que al apoyarse la recurrida para decretar la reposición ordenada infringió el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil al invocar una inexistente razón de orden público procesal y consiguientemente el artículo 15 eiusdem, por permitirse una extralimitación con menoscabo de las condiciones adquiridas por las partes en el proceso.... (Subrayado y negrillas de la Sala).
En aplicación de la jurisprudencia supra transcrita al sub iudice, la Sala concluye en que el sentenciador con competencia funcional jerárquica vertical al proferir el fallo recurrido no incurrió en el vicio de reposición preterida aducido por el formalizante, toda vez que aún en el caso que la causa ciertamente debiera tramitarse por el procedimiento breve, al haberse llevado a cabo por el procedimiento ordinario, mediante la presencia y consentimiento de las partes, en modo alguno violó la garantía del derecho a la defensa de ellas, por el contrario, lo garantizó con holgura. Por otra parte, ordenar la reposición de la causa para que sea tramitada nuevamente pero por el procedimiento breve, de ser el correspondiente, carecería de sentido y finalidad útil, violaría la celeridad procesal y atentaría contra los demás postulados previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En consecuencia, la Sala considera que la denuncia formulada es improcedente, por consiguiente no existe la infracción de los artículos 12, 15, 208 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil y del artículo 1° del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Vivienda. Así se decide.
III
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante plantea la denuncia bajo el título de inmotivación por silencio de prueba con base en la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12, 15, 243 ordinal 4° y 509 eiusdem.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Con fundamento en lo dispuesto en el Ordinal (Sic) Primero (Sic) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, en la sentencia recurrida, del ordinal 4º del artículo 243, y del 509, en concordancia con los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, todo ello en razón de que en la oportunidad en que se presentaron los informes en la recurrida se consignó la resolución Nº 3398 de la Dirección General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Fomento de la República de Venezuela, de fecha 08 de Noviembre (Sic) de 1995.
Al referirse al mencionado documento, la recurrida en su decisión expresa:
(...Omissis...)
...En fuerza a todas las consideraciones expuestas, solicito a este Supremo Tribunal de Justicia, se sirva casar la sentencia definitiva dictada en este proceso, por el Juzgado Superior Cuarto, Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de Agosto (Sic) de 2003....
Para decidir, la Sala observa:
En cuanto al alegato de silencio de prueba, la Sala considera oportuno y necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba fue abandonada, y la nueva doctrina, establecida al respecto, ha sido considerada pedagógicamente con la intención de darle amplitud a los argumentos del criterio implantado, encaminado a consolidar la verdadera maximización y conceptualización de la ciencia del derecho, como fin perfeccionista de la reestructuración del Sistema Judicial, por lo cual en decisión de fecha 21 de junio de 2000, en el juicio seguido por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY, C.A., expediente N° 99-597, sentencia N° 204, estableciéndose a partir de esa data, que para que la Sala conozca una denuncia de esta naturaleza, la misma deberá ser fundamentada como infracción de ley, en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas, es menester aclarar que la nueva doctrina, supra reseñada, debe ser aplicada al sub iudice, en virtud de que la admisión del recurso de casación bajo análisis lo fue el 23 de octubre de 2003, fecha evidentemente posterior a la sentencia que contiene el cambio de jurisprudencia acotado. Por lo que al haber sido planteada esta denuncia de silencio de prueba bajo una denuncia por defecto de actividad, la Sala la declara improcedente. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por el demandado, contra la sentencia dictada en fecha 29 de agosto de 2003, por el Juzgado Superior Cuarto Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Se condena al recurrente, al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la precitada Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de julio de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala
y Ponente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
El Vicepresidente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_________________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO
El Secretario,
___________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2003-00001069
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario,
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente voto salvado al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba enmarcada en la tercera denuncia por defecto de actividad.-
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.-
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem.-
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.-
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
El Presidente de la Sala,
_____________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
El Vicepresidente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_________________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO
El Secretario,
___________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2003-00001069
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