Venley

Sentencia N.º RC.00680

Sentencia
N.º RC.00680
Fecha
11/08/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
06-083
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. 2006-000083

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

 

En el juicio de nulidad de asamblea, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano ZADUR ELÍAS BALI ASAPCHI representado judicialmente por los abogados Magali Cova Orsetti, Miguel Cova Orsetti y Wilfredo Valbuena, contra la empresa ELIT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C.A., y el ciudadano ÍTALO GONZÁLEZ RUSSO, asistidos por los abogados Miriam Rosa Gómez Barón, Franco Savini y Virgilio Acosta; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial,  dictó sentencia en fecha 10 de octubre de 2005, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmó el fallo apelado, el cual declaró con lugar la demanda y condenó en costas al apelante.

 

Contra esa decisión de alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a decidir bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que a continuación se expresan:

 

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

En garantía del legitimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia numero 22 de fecha 24 de febrero de 2000, expediente numero 99-625, caso Fundación para el Desarrollo del estado Guarico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el articulo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia..."., tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

 

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base a la infracción de orden público evidenciada en el caso bajo estudio.

           

            Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que impone al sentenciador la obligación de expresar en su decisión los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la misma, al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

 

La finalidad procesal de la motivación en la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso extraordinario de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir en dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada.

 

En cuanto al vicio de inmotivación de la sentencia, cabe señalar que se puede producir de la siguiente manera: a) cuando no presenta materialmente ningún razonamiento que la apoye. b) las razones dadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión o la excepción. c) los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables; y d) todos los motivos son falsos.

 

En el presente caso, la decisión recurrida expresa lo siguiente:

“En el caso bajo estudio, el demandado en su contestación aduce que la empresa tenia un patrimonio que superaba los quinientos millones de bolívares (Bs. 500.000.000,00) por lo cual tratándose el presente juicio de la nulidad de una asamblea que le confirió el control al demandado de la empresa, pudiera pensarse que la impugnación con base a cinco millones un bolívar (Bs. 5.000.001,00), que propuso el demandado no se encuentra ajustado a derecho. En este orden de ideas, observa este sentenciador que el demandante nada aportó ningún elemento probatorio a los fines de desvirtuar la pretensión del demandado. En consecuencia este Sentenciador en aplicación a lo previsto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, procede a ratificar lo decidido por el A-quo, quedando establecida la cuantía en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000,00).- Y ASI SE DECIDE.” (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Por su parte, la decisión proferida por el a quo estableció:

“…En este caso, el propio demandado en su contestación llegó claramente a referirse que la empresa tenía un patrimonio que superaba los quinientos millones de bolívares, por lo cual tratándose el presente juicio de la nulidad de una asamblea que le confirió el control al demandado de la empresa, pudiera pensarse que la impugnación con base a cinco millones un bolívar que propuso el demandado no está ajustado a derecho.

En este orden de ideas, observa este juzgador que la parte actora tampoco aportó ningún elemento probatorio en ese sentido, por lo cual este Juzgado para fijar prudencialmente el valor de este juicio y toma en cuenta tanto el capital nominal como el valor de los activos de la empresa cuya nulidad de asamblea se demandada y en tal sentido resuelve fijar la estimación de la demanda en la suma de doscientos cincuenta millones de Bolívares (Bs. 250.000.000,00) y así expresamente se decide. (Negrillas del texto).

 

Como se evidencia de la trascripción del fallo recurrido, el sentenciador de Alzada no expresa en su sentencia materialmente ningún razonamiento que le permita resolver el punto referente a la impugnación de la estimación de la demanda, pues sólo se limitó a expresar que ratificaba lo decidido por el juzgado a quo, haciendo caso omiso y de manera absoluta al deber que tenía de explanar los motivos de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar tal decisión, impidiendo de esta manera, ejercer el control sobre la legalidad del fallo, constituyendo de esta manera uno de los casos en los cuales la Sala considera que se configura la aplicación irrestricta de lo que la doctrina denomina motivación acogida.

 

Sobre el vicio detectado por la Sala, se ha establecido entre otras, en sentencia Nº 1131 de fecha 29 de septiembre de 2004, lo siguiente:

“Criterio el cual ha sido mantenido a través del tiempo, haciendo viable la motivación acogida como fórmula del juez de alzada para dar a conocer el proceso lógico seguido para establecer los hechos y aplicar el derecho y, que en todo caso sería el mismo que utilizó el tribunal de la causa.

Sin embargo, la Sala considerando que una de sus misiones fundamentales consiste en brindar la correcta interpretación de la ley, en este caso en particular, del ordinal 4º del artículo 243 del Código Procesal Civil, que dispone: “Toda sentencia debe contener...4º) Los motivos de hecho y de derecho de la decisión...”, y observando que la aplicación irrestricta del referido criterio ha degenerado en una práctica común, donde simples transcripciones o reproducciones totales de las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia se tienen o bastan como decisiones de alzada, considera necesario en esta oportunidad, establecer que tal pronunciamiento desde ningún punto de vista satisface el cumplimiento del precepto legal citado y, a tal fin, si bien, los fallos de alzada pueden realizar citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia donde acojan, además, la motivación de éstos, no por ello, quedan eximidos de expresar sus propias razones de hecho y de derecho para soportar la decisión, con especial mención o referencia a los motivos de apelación brindados por la parte proponente del recurso, los cuales en todo caso, deben ser claramente estimados o desestimados por el juzgador de alzada.

En consecuencia, se abandonan expresamente las jurisprudencias que hasta ahora habían prevalecido sobre la suficiencia de la motivación acogida; en lo sucesivo, con inclusión del caso bajo análisis, se reitera, la Sala tendrá como debidamente motivado, el fallo de alzada que contenga sus propias razones de hecho y de derecho respecto a lo decidido.

Ahora bien, en la delación bajo análisis, como bien pudo apreciarse de los extractos de la decisión recurrida, anteriormente transcritos, todo lo expuesto en las partes motiva y dispositiva del fallo constituyen una mera transcripción de la sentencia del tribunal a-quo, donde se hizo caso omiso de manera absoluta, entre otras cosas, de todos los motivos de apelación expuestos por la representación de la parte demandada en la oportunidad de rendir informes ante la instancia superior, por lo cual esta Sala considera que el tribunal de alzada con tal proceder, incurrió además del vicio de inmotivación delatado por el formalizante en defecto por incongruencia.

Por cuanto, con la citada omisión se concreta en la recurrida el vicio alegado por la formalización, con infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, relativo a la esencial exigencia de contener el fallo los motivos de hecho y de derecho de la decisión, se declara con lugar la presente denuncia...”.

“El sub iudice constituye precisamente uno de los casos en los cuales la Sala considera que se configura la aplicación irrestricta de lo que la doctrina denomina motivación acogida, pues el ad quem incurrió en la práctica señalada, toda vez que su decisión constituye una mera transcripción parcial de la parte motiva del fallo dictado por el juez de primera instancia, sin expresar sus propias razones de hecho y de derecho.”

 

                  

Atendiendo al anterior criterio jurisprudencial, este Alto Tribunal considera oportuno ejercer en el presente caso la facultad de casar de oficio el fallo recurrido, puesto que ha evidenciado en el mismo, una infracción de orden público no denunciada por el formalizante que constituye un vicio de inmotivación.    

 

                    En consideración de lo precedentemente expresado y siendo finalidad esencial de la motivación, brindar soporte al dispositivo de la sentencia y permitir el control de lo decidido, esta Sala concluye, que el juez de Alzada cometió el vicio de inmotivación. En consecuencia  se declara de oficio la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: CASA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 10 de octubre de 2005, por el  Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y  del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, SE REPONE LA CAUSA al estado de que el juez superior que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el defecto de forma indicado en este fallo.

 

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

Dada la naturaleza del presente fallo, no ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. 

           

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en  Caracas,  a los once (11) del mes de agosto de dos mil seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

     

Presidente de la Sala,

 

 

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

Vicepresidenta  

 

 

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

Magistrado Ponente,

 

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

 

_________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2006-000083

 

 

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