Venley

Sentencia N.º RC.00690

Sentencia
N.º RC.00690
Fecha
25/10/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
05-104
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. N° 2005-000104

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada  ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

 

En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados, seguido por MARÍA ELENA QUINTERO ROJAS, MARICELA MACHADO DE HERNÁNDEZ y GRACIELA URDANETA DE PINEDA, representadas por el abogado José Luís Pérez Urdaneta, contra el BANCO POPULAR Y DE LOS ANDES, C.A. hoy fusionado con el BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, y el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), representados por los abogados, Jaime Heli Pirela Ruíz, Alexandra Josefina Álvarez Medina y Hermilio Páez Ávila; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha  27 de julio de 2004, mediante la cual declaró: 1) sin lugar las apelaciones interpuestas tanto por los demandados como por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial; 2) confirmó el fallo apelado; 3) sin lugar la cita de terceros propuesta por los demandados; 4) abierta la fase de retasa; e, 5) improcedente la indexación solicitada por la actora.

 

 

Contra la indicada decisión de la alzada anunció recurso de casación la parte actora, el cual fue admitido por el juez de la recurrida, y posteriormente fue formalizado en tiempo oportuno. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

 

En uso de la facultad que asiste a esta Sala para casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público, que ella encontrare, aunque no se las hubiere denunciado, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se observa:

Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público.

El requisito de la motivación está previsto en el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, y tal normativa impone al juez el deber de expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

La motivación de la sentencia se encuentra constituida por el conjunto de razonamientos lógicos expresados por el juez al analizar los hechos alegados y probados por las partes y subsumirlos en las normas y principios jurídicos que considera aplicables al caso. El cumplimiento de este requisito es necesario para que las partes puedan comprender las razones del fallo y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ejercicio de los recursos pertinentes.

 

 

Sobre el particular, la Sala en sentencia de fecha 22 de septiembre de 2004 (caso Gridys del Carmen Bonyorni de Belisario c/ Luís Francisco Flores y otro), estableció:

 

“…En atención al vicio de inmotivación, mediante pacífica y consolidada doctrina, esta Sala ha sostenido que la expresión de los motivos de derecho no involucra necesariamente la cita de las disposiciones legales aplicables al caso concreto; la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta, predeterminada en la ley. De lo que se (sic)resulta necesario ratificar, que la falta de señalamiento de las normas aplicables, no configura el vicio de inmotivación de  derecho denunciado.

 

En relación al vicio de inmotivación, la Sala en decisión N° 231 de 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, ratificada en fallo Nº 476 de 26 de mayo de 2004, juicio Avilio José Trujillo contra Inversiones El Rolito, C.A., expediente Nº 2002-000099, ambas con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, se dijo lo siguiente:

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error. Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

‘La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”.

 

 

Asimismo, en sentencia de 17 de septiembre de 2003, (caso: Inversiones La Colmena 500, C.A. c/ la Sociedad Civil 500 Años del Descubrimiento de América), la Sala estableció:

 

 

“...En una sentencia similar al caso bajo análisis, proferida por el mismo sentenciador de alzada y, en la cual para acoger los motivos de la primera instancia se utilizaron los mismos argumentos, la Sala se pronunció en decisión N° 404, de fecha 1 de noviembre de 2002, expediente N° 00-0829, en el caso de Danira Riserda España Oropeza contra Lidia Susana González García, señalando:

 

‘Al respecto, se observa que, efectivamente, como bien señala la recurrida, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha: 29 de julio de 1998, con ponencia del Dr. Alirio Abreu Burelli, caso Carlos Antonio González Chirinos contra María Grazia Organtini Bartolomei, expediente 97-109, estableció respecto a la suficiencia de los motivos de los fallos de alzada, el siguiente criterio doctrinario:

‘...La finalidad procesal de la motivación de la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada. Por tanto, al transcribir la recurrida las razones de primera instancia, las cuales son suficientes para conocer y controlar el criterio sobre el cual se basó el Juez para establecer los hechos y aplicar el derecho, fundamentó suficientemente su decisión...

Criterio el cual ha sido mantenido a través del tiempo, haciendo viable la motivación acogida como fórmula del juez de alzada para dar a conocer el proceso lógico seguido para establecer los hechos y aplicar el derecho y, que en todo caso sería el mismo que utilizó el tribunal de la causa.

Sin embargo, la Sala considerando que una de sus misiones fundamentales consiste en brindar la correcta interpretación de la ley, en este caso en particular, del ordinal 4º del artículo 243 del Código Procesal Civil, que dispone: “Toda sentencia debe contener...4º) Los motivos de hecho y de derecho de la decisión...”, y observando que la aplicación irrestricta del referido criterio ha degenerado en una práctica común, donde simples transcripciones o reproducciones totales de las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia se tienen o bastan como decisiones de alzada, considera necesario en esta oportunidad, establecer que tal pronunciamiento desde ningún punto de vista satisface el cumplimiento del precepto legal citado y, a tal fin, si bien, los fallos de alzada pueden realizar citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia donde acojan, además, la motivación de éstos, no por ello, quedan eximidos de expresar sus propias razones de hecho y de derecho para soportar la decisión, con especial mención o referencia a los motivos de apelación brindados por la parte proponente del recurso, los cuales en todo caso, deben ser claramente estimados o desestimados por el juzgador de alzada.

En consecuencia, se abandonan expresamente las jurisprudencias que hasta ahora habían prevalecido sobre la suficiencia de la motivación acogida; en lo sucesivo, con inclusión del caso bajo análisis, se reitera, la Sala tendrá como debidamente motivado, el fallo de alzada que contenga sus propias razones de hecho y de derecho respecto a lo decidido.

Ahora bien, en la delación bajo análisis, como bien pudo apreciarse de los extractos de la decisión recurrida, anteriormente transcritos, todo lo expuesto en las partes motiva y dispositiva del fallo constituyen una mera transcripción de la sentencia del tribunal a-quo, donde se hizo caso omiso de manera absoluta, entre otras cosas, de todos los motivos de apelación expuestos por la representación de la parte demandada en la oportunidad de rendir informes ante la instancia superior, por lo cual esta Sala considera que el tribunal de alzada con tal proceder, incurrió además del vicio de inmotivación delatado por el formalizante en defecto por incongruencia.

Por cuanto, con la citada omisión se concreta en la recurrida el vicio alegado por la formalización, con infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, relativo a la esencial exigencia de contener el fallo los motivos de hecho y de derecho de la decisión, se declara con lugar la presente denuncia.

El sub iudice constituye precisamente uno de los casos en los cuales la Sala considera que se configura la aplicación irrestricta de lo que la doctrina denomina motivación acogida, pues el ad quem incurrió en la práctica señalada, toda vez que su decisión constituye una mera transcripción parcial de la parte motiva del fallo dictado por el juez de primera instancia, sin expresar sus propias razones de hecho y de derecho.

 La forma errada en que la recurrida trató de motivar su fallo, la llevó a cometer otros vicios de orden público, pues se abstuvo de hacer pronunciamiento de los alegatos y fundamentos de la apelación, expuestos por la demandada en la oportunidad de presentar escrito de informes rendidos ante la instancia superior, e igualmente dejó de pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa, en cuanto al recurso procesal de apelación ejercido por la accionada, declarándolo con o sin lugar en el dispositivo del fallo; por lo cual, esta Sala considera, que el juez con competencia funcional jerárquica vertical con tal proceder, incurrió además del vicio de inmotivación delatado en esta sede casacional, en defecto de actividad por incongruencia...’. (Subrayado y negrillas de la Sala).

 

 

De las precedentes jurisprudencias ut supra transcritas se evidencia que si bien los jueces pueden hacer citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia, los cuales puede acoger en su decisión, no por ello quedan eximidos de expresar sus propias razones de hecho y de derecho para soportar su sentencia.

 

 

En el caso bajo estudio, el juez superior al momento de pronunciarse sobre la procedencia o no de la indexación solicitada por la actora en su libelo, se limitó a transcribir el criterio establecido por la Sala Político Administrativa de este Supremo Tribunal, al resolver un caso concreto, pero omitiendo por completo emitir un razonamiento propio para declarar improcedente la indexación.

 

 

En efecto, la sentencia recurrida dejó sentado:

 

“…CAPÍTULO QUINTO

DE LA INDEXACIÓN DEMANDADA

Observa este Juzgador que el presente fallo se produce en vigencia de la fase declarativa del juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales. En este sentido, corresponde emitir pronunciamiento sobre la petición de indexación formulada por la parte actora.

Para decidir, este Juzgador acoge el criterio expresado por la Sala Político Administrativa en sentencia de fecha 19 de febrero de 2004 que refiere la improcedencia de la solicitud de indexación de honorarios profesionales, por cuanto: (Sic): “(…) la suma solicitada por vía de intimación de honorarios, no es líquida cuando el intimado se ha acogido al derecho de retasa, dado que la suma específica que deberá cobrarse no ha sido determinada aún…

…Omissis…

…Como consecuencia de lo anterior, no puede considerase entonces al deudor como moroso; lo cual a su vez, trae como consecuencia la improcedencia de la solicitud de indexación, que requiere en las obligaciones dinerarias y a falta de acuerdo previo expreso entre las partes, de la existencia de mayores daños causados por la mora del deudor. Así se declara. (…).”

En este orden de ideas, resulta forzoso para este Juzgador declarar improcedente la solicitud de indexación formulada por la representación judicial de la actora, y así se declara…

…Omissis…

…Por último, en lo atinente a la indexación de las cantidades demandadas, solicitada por la parte demandante, la misma no procede de conformidad con lo sentado por la sentencia emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 19 de febrero de 2004, tal y como se explanó en el capítulo quinto del presente fallo, y así expresamente se declara…”

 

 

 

La precedente trascripción de la sentencia recurrida evidencia que el juez superior incumplió el requisito de motivación, por cuanto se limitó a transcribir la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal, para declarar la improcedencia de la indexación solicitada por la actora, sin señalar fundamentos de hecho y de derecho propios que soporten su decisión.

 

 

 Por consiguiente, la Sala declara de oficio la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 27 de julio de 2004, por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, ORDENA al Juez Superior que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio de inmotivación declarado por la Sala. 

 

 

                   No hay condenatoria en costas, dada la índole del  presente recurso.

 

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior antes referido, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

_________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta-Temporal y

Ponente

 

________________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO                                                                      

                                                            Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

                                                                                              

 

Magistrada,

 

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

 

 

Magistrado,

 

 

___________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp.: N° AA20-C-2005-000104

 

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