Sentencia N.º RC.00695
- Sentencia
- N.º RC.00695
- Fecha
- 27/11/2009
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 09-108
- Ponente
- Yris Armenia Peña Espinoza
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2009-000108
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
En el juicio por cumplimiento de contrato, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por la ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE MATADORES DE TOROS Y NOVILLOS, representada judicialmente por los abogados Oscar Eduardo Useche Mojica, Jeitter Urdaneta Carroz, Fernando Lobos Avello, Ronald Bermúdez Acosta, Yoisid Meléndez Sivira y Carlos Ramírez González, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA SEGUROS CATATUMBO, representada judicialmente por los profesionales del derecho Neuro Molero Oroño, Rosibel González Virla, Roney González Virla, Carlos Alberto Maestre Zacarías e Yris del Valle Quijada Alfonso; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 28 de noviembre de 2008, mediante la cual declaró: 1) Se anula la decisión proferida en fecha 03 de junio de 2005, por el juzgado de la cognición; 2) Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la aludida decisión de fecha 03 de junio de 2005, dictada por el a quo; 3) Sin lugar la demanda.
Contra ese fallo la accionante, anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos que a continuación se expresan:
CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos, conjuntamente con el derecho de petición, consagrados en los artículos 49, numerales 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; esta Sala conforme con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional contemplado en el artículo 257 constitucional, referido a que al proceso es un instrumento para la justicia; tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.
En este sentido, con el objeto de aplicar una recta y sana administración de justicia, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el recurso, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional, encontradas en el caso bajo estudio, para lo cual se observa:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, al detectarse una infracción le es dable a la Sala ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
Ahora bien, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, establece, los requisitos intrínsecos de la sentencia, uno de los cuales -contemplado en el ordinal 4° de dicha norma- es la necesaria motivación del fallo, cuyo cumplimiento, además de ser de estricto orden público, supone por parte del sentenciador, la expresión clara y precisa de los motivos tanto de hecho, como de derecho, que le permiten llegar a cierta determinación, como resolución de lo controvertido.
En este sentido esta Sala en numerosas decisiones, ha dejado establecida la obligatoriedad de cumplir con dicho requisito, al mismo tiempo que se ha pronunciado acerca de la forma en la cual se configura el vicio que deriva de la infracción del mismo, produciendo la inmotivación del fallo, tal como se constata en la decisión Nº 370, de fecha 15 de octubre de 2000, dictada en el juicio de Industrias Brill C.A. y otro contra Vladimir Kubac y otra, expediente Nº 99-565, cuyo texto contiene lo siguiente:
...La inmotivación o falta de fundamento es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos fundamentales de la sentencia, consagrado en el ordinal 4º del articulo (sic) 243 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que la sentencia deberá contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
Ha sido jurisprudencia consolidada y constante de este Alto Tribunal, que el vicio de inmotivación existe, cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, pues no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación, con la falta de motivos, que es lo que da lugar al recurso de casación.-
Hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo, por ser impertinente o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que es la finalidad esencial de la motivación....
En el mismo orden de ideas, sosteniendo el criterio precedente, la Sala, en sentencia Nº 102, de fecha 6 de abril de 2000, en el juicio de Delia del Valle Morey López contra Franklin Guevara Sillero expediente No. 99-356; señaló:
... Lo establecido anteriormente no implica que deben expresarse en la sentencia, todas y cada una de las incidencias y alegatos producidos en el transcurso del juicio; puede hacerse de ellas una relación sucinta, pero siempre que sea informativa, en consecuencia, aún cuando la motivación sea exigua, ella debe ser suficiente fundamento del dispositivo de la decisión, para así evitar que la sentencia adolezca de uno de sus requisitos fundamentales, cual es la motivación, corriendo el riesgo de permitirse una arbitrariedad judicial....
Pues bien, visto que la inmotivación vicia de nulidad la sentencia que la padezca, dicho vicio ha sido también materia sobre la cual se ha pronunciado la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de Justicia. Al respecto, en su sentencia de fecha 13 de mayo de 2004, expediente Nº 02-1390, caso Inmobiliaria Diamante S.A. (INDIASA); indicó lo siguiente:
Es criterio vinculante de esta Sala que, aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, requerimiento éste que atañe al orden público, puesto que, de lo contrario, no tendría aplicación el sistema de responsabilidad de los jueces que la propia norma preceptúa, además de que se desconocería cómo se obtuvo la cosa juzgada, al tiempo que principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social. (Cfr. s.S.C. n° 150/24.03.00, caso José Gustavo Di Mase Urbaneja y Carmen Elisa Sosa Pérez).
( Omissis )
La obligación de motivación de los fallos es uno de esos requisitos y constituye una garantía contra el atropello y el abuso, precisamente porque, a través de aquéllas, es posible la distinción entre lo que es una imposición arbitraria de una decisión y lo que es una sentencia imparcial...
Por tanto, si fuere el caso que el sentenciador al pronunciarse omite cumplir con el requisito de motivación, produce un fallo inmotivado por violentar lo exigido por el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y como consecuencia de ello, de conformidad con el artículo 244 eiusdem, dicha decisión debe ser anulada.
Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde a la Sala transcribir el texto que contiene la parte motiva de la sentencia dictada por la alzada, (hoy recurrida), a los efectos de destacar la forma en la cual se materializa en dicho fallo el vicio de la inmotivación:
Ahora bien, en cuanto al segundo supuesto de incongruencia como sería la omisión de pronunciamiento sobre algo peticionado por las partes, la sociedad accionante manifestó que no se había resuelto su solicitud de declaratoria de confesión ficta expuesta en su escrito de informes de primera instancia, con relación a lo cual, se verifica de la lectura de la sentencia apelada, que luego de haberse pronunciado negativamente sobre las defensas de fondo propuestas por la demandada en la presente causa, se analizó la existencia del siniestro y de los daños causados como se refirió con anterioridad, concluyéndose finalmente en la declaratoria sin lugar de la demanda con base a la falta de demostración de tales daños, lo que palmariamente determina que en efecto el Juez (sic) a-quo omitió total pronunciamiento sobre la petición de declaratoria de confesión ficta, la cual de ser procedente resultaría determinante en la decisión a ser proferida, ameritando su correspondiente análisis y resolución.
Lo anterior despeja de dudas a este Jurisdicente Superior para considerar que la sentencia dictada por el Juzgado a-quo adolece del vicio de inmotivación por incongruencia negativa, el cual se colige del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 5°, por lo que consecuencialmente, resulta acertado en derecho el deber de estimar el alegato in examine, y por ende, declarar la NULIDAD del fallo recurrido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, procediendo este Tribunal (sic) de Alzada (sic) en uso de sus facultades jurisdiccionales, a descender al conocimiento del fondo del asunto debatido, en atención a lo normado por el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.
Analizando lo anterior, debe este oficio jurisdiccional adentrarse al estudio del quid de la presente causa de tal manera que permita resolver definitivamente la controversia, y en tal sentido, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, y en atención al análisis cognoscitivo del caso sub iudice, se desprende que el objeto de conocimiento en esta instancia se contrae a una acción de cumplimiento de contrato de seguro por hospitalización y cirugía del ciudadano HUGO JOSÉ MOLINA.
Sin embargo, inicialmente debe resolver esta Superioridad la solicitud de declaratoria de confesión ficta planteada por la parte actora, bajo el fundamento (según se desprende de su escrito de informes, vuelto del folio N° 95) que el escrito de contestación de la demanda contiene dos verdades que se excluyen entre sí, situación esta que conllevaría necesariamente a considerar el escrito de contestación como inexistente, por ser el mismo ineficaz (cita). En consecuencia, dicha parte consideraba cumplido el primer supuesto (folio N° 97 del expediente) para que operara la confesión ficta, es decir la falta de contestación de la demanda, afirmando que la carga de la prueba se invertía entonces en el demandado, quien según su dicho- sólo se había limitado a invocar el mérito favorable de las actas.
Al respecto, cabe acotar este Tribunal (sic) de Alzada (sic) que la figura de la confesión ficta se encuentra regulada por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, al establecer:
Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contrario a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. ( Omissis )
(Negrillas de este Tribunal Superior)
( Omissis )
De la precedente fundamentación legal, doctrinal y jurisprudencial, expresamente se desprende que el supuesto de confesión ficta se constituye como una sanción al demandado por no haber comparecido dentro del plazo que le otorga la Ley (sic), a formular su contestación a la demanda y, que aunado a ello, tampoco hubiese presentado prueba alguna, por lo que, del caso específico que plantea la parte actora, se advierte que como muy bien ella lo expresa, la parte demandada en efecto sí compareció a presentar su escrito de contestación a la demanda en fecha 2 de julio de 2002, como se evidencia de los folios Nos. 69 al 75 de este expediente, así que en ese caso ya no se encontraría cubierto el primer supuesto para que opera la confesión ficta, ya que el efecto de inexistencia del mencionado escrito de contestación a que hace alusión la accionante, por expresarse dos verdades que a su criterio- se excluyen, no tiene ningún asidero jurídico, y mucho menos constituiría este tipo específico de confesión. En derivación, para este sentenciador resulta acertado en derecho declarar la IMPROCEDENCIA de la solicitud de declaratoria de confesión ficta expuesta por la parte actora. Y ASÍ SE ESTABLECE.
Ahora bien, esta Sala conforme al análisis de la transcripción parcial del fallo recurrido, evidencia que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, por cuanto, éste en amparo de una fundamentación, legal doctrinal y jurisprudencial, determinó que: la parte demandada en efecto sí compareció a presentar su escrito de contestación a la demanda en fecha 2 de julio de 2002, como se evidencia de los folios Nos. 69 al 75 de este expediente, así que en ese caso ya no se encontraría cubierto el primer supuesto para que opera la confesión ficta , y en consecuencia, procedió a otorgarle validez a dicha contestación, siendo que, pese a ello el juzgador nada aportó, en cuanto, así la referida contestación fue tempestiva o no, lo cual, dejan sin soporte la supuesta validez de la contestación de la demanda, como presupuesto fáctico para que no se configure la confesión ficta.
Por tanto, estaba obligado el ad quem a no dejar duda respecto a su pronunciamiento y a satisfacer a las partes en cuanto a las razones dadas en su decisión, para así cumplir con el requisito de motivación del fallo, y sin embargo, a criterio de esta Sala, el referido juzgador omitió señalar aquellos fundamentos, en virtud de los cuales decidió procedente en derecho la validez de la contestación de la demanda.
En consecuencia, esta Sala concluye que el juzgador de alzada al proferir la sentencia recurrida, quebrantó el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que constituye la inmotivación del fallo por él emitido, y por ende, la nulidad del mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 244 eiusdem. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, en fecha 28 de noviembre de 2008
En consecuencia, se declara la NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No se condena al pago de las costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen, Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
Presidenta de la Sala-Ponente,
______________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
_________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
____________________________
Exp: Nº. AA20-C-2009-000108
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretario,
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