Venley

Sentencia N.º RC.00696

Sentencia
N.º RC.00696
Fecha
25/09/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
06-398
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. Nro. 2006-000398

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

     En la incidencia de medida cautelar surgida en el juicio por cumplimiento de contrato de compra venta seguido por UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ARÍSTIDES BASTIDAS, representada por el abogado Randy Figueroa Mucett, contra NIRIA MARGARITA GONZÁLEZ MAYA y LUÍS AUGUSTO GARRIDO SOSA, representada por los abogados Yadira Lalinde Miani, Víctor y Carlos Ghersi Alzaibar; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe, dictó sentencia en fecha 7 de marzo de 2006, mediante la cual suspendió la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, y declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, revocando así la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar.

    

Contra la referida decisión de la alzada la parte accionante anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 20 de marzo de 2006, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación  y cumplidas las demás formalidades, la Sala procede               a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada                   que con tal carácter la suscribe, en los términos      siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

 

 

 

       Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 5° eiusdem, por considerar que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia, y para fundamentar tal alegato, expresó lo siguiente:

“...En el presente caso, la sentencia recurrida viola el contenido del artículo 243 ejusdem, en su ordinal 5°, que le impone a la misma contener “Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas…

Como podremos evidenciar de las actas procesales y de lo expuesto en el presente escrito, la sentenciadora de la recurrida no se atuvo a lo alegado y probado en autos, o lo que es lo mismo no sentenció con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, ya que no tomó en cuenta las pruebas  promovidas y evacuadas en el lapso probatorio de la incidencia  de oposición a la medida cautelar decretada y que constan en actas, con las cuales se evidencia sin lugar a dudas no solo “la presunción grave del derecho que se reclama” (fomus boni iuris), si no también “el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo” (periculum in mora)…”.(Subrayado del texto).  

 

 

 

                   Como puede observarse de la precedente transcripción, el formalizante delata el vicio de incongruencia negativa en la recurrida, por cuanto considera que la misma no es expresa, positiva y precisa. Sostiene igualmente, que el vicio se produjo por cuanto el juzgador no decidió conforme a lo alegado y probado en autos.

           

                   Para decidir, la Sala observa:

 

El requisito de congruencia del fallo está previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. 

 

 

      Esta norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, entre otras cuestiones, que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

 

 

                   Las disposiciones citadas sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva). (Ver, entre otras, Sent. 11/4/96, caso: Rolando José Piñango c/ Banco Unión, S.A.C.A., reiterada, entre otras, en fallo del 25 de octubre de 2005, caso: Milagros Pastora Valera de Vassilakov, contra Micros Centro C.A., y otros).

Ahora bien, en el caso que se examina el formalizante alega que la sentencia recurrida adolece del vicio de incongruencia negativa, porque no analizó las pruebas promovidas en la incidencia de oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar, las cuáles a su modo de ver, demuestran que la negociación pactada entre la actora y los codemandados fue “…una verdadera negociación de compra venta del inmueble objeto de la misma, sujeta a las condiciones fijadas en dicho contrato, copias de las cuales, pidió igualmente su exhibición, conforme a las normas de nuestro código adjetivo, de donde, la existencia de dichos documentos y las estipulaciones en ellos contenidas, están total y absolutamente demostradas en las actas…”.

 

A juicio de la Sala, lo que objeta el formalizante no constituye el vicio de incongruencia, sino la falta de valoración y examen de las pruebas por parte del juez de alzada, que sólo puede ser analizado a través de la respectiva denuncia de infracción de ley por error en el establecimiento de los hechos, por infracción de la regla contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Así, la Sala estableció en sentencia de fecha 21 de junio de 2000 (caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A.), que la falta de valoración y examen de las pruebas por parte del sentenciador, constituye una infracción de la regla de establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil; violación que debe denunciarse con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, lo cual no ocurrió en el presente caso.

 

                    En todo caso, si el formalizante consideraba que la apreciación dada a las pruebas promovidas por las partes en la incidencia de oposición a la medida de prohibición de enajenar y gravar no fue acertada, debió formular sus planteamientos a través de una denuncia por infracción de ley, al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y no, mediante una denuncia por defecto de actividad.

 

                   Sobre el particular, esta Sala de Casación Civil en decisión del en 5 de abril de 2001 (caso: Eudocia Rojas c/ Pacca Cumanacoa), estableció lo siguiente:

 

 

“…En cumplimiento de estos mandatos constitucionales y con el ánimo de remediar las reposiciones inútiles, evitar mayores retardos procesales y garantizar un debido proceso en el que las partes no frustren su derecho a obtener una pronta y expedita justicia, la Sala de Casación Civil modificó su doctrina respecto del vicio de silencio de pruebas y estableció que su denuncia corresponde al motivo del recurso de casación por infracción de ley, previsto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil...

Las precedentes consideraciones permiten concluir que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, constituye una obligación para el jurisdicente necesaria para establecer su criterio valorativo de las pruebas incorporadas en el expediente con relación a los hechos. Esta es una de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de procedimiento Civil, que permite a la Sala examinar las actas procesales y extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas. En consecuencia, la falta de valoración de algún medio probatorio comporta la infracción por la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene la obligación reseñada anteriormente, constituyendo su conducta uno de los motivos de excepción previstos en el artículo 320 eiusdem, estableciéndose una de las modalidades del error de juzgamiento contempladas en el ordinal 2º del artículo 313 del mismo Código.

Con este pronunciamiento la Sala no pretende una técnica rigurosa cuyo incumplimiento determine la desestimación de la denuncia. Por el contrario, el propósito es ampliar las razones que soportan el cambio de doctrina respecto del vicio de silencio de prueba, y las que han permitido, al Ponente de este fallo compartir la responsabilidad de la publicación del fallo que la contiene, y explicar de esta manera con mayor detenimiento cómo el referido vicio constituye una infracción de ley.

Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil…”.

 

 

                   Por consiguiente, la Sala declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

 

DECISIÓN

 

 

            En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara sin lugar el recurso de casación formalizado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, con sede en San Felipe, en fecha 7 de marzo de 2006.

 

            Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas.

            Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya indicado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

_______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Magistrado,

 

                                  

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

 

_____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2006-000398

 

            El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado”  al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

 

            Quien suscribe, no comparte la solución dada para el trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba.

 

            En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser realizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.

 

            Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión,  así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

            Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

            Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

 

            En Caracas, fecha ut-supra.

 

Presidente de la Sala,

 

 

_______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 Vicepresidenta,

 

 

______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Magistrado,

 

                                  

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

_____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Secretario,

 

____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. Nro. AA20-C-2006-000398

 

 

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