Venley

Sentencia N.º RC.00697

Sentencia
N.º RC.00697
Fecha
27/11/2009
Sala
Casación Civil
Expediente
08-407
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. 2008-000407

 

 

Ponencia de la Magistrada  ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

En el juicio por cobro de bolívares, seguido por la sociedad mercantil UTC TIRES & RUBBER COMPANY, representada judicialmente por los abogados José Antonio Anzola Crespo, Miguel Adolfo Anzola Crespo, Judith Villarroel, Mardelia Rivero León, Lenin José Colmenares Leal y Diego Alejandro Chirinos Ramírez, contra la sociedad mercantil CARPI-TAP, S.R.L., representado judicialmente por los abogados Rosina Anka Ibrahim, Jesús Alberto Jiménez Peraza y Jesús Humberto Molinares Herrera; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, en fecha 15 de mayo de 2008, declaró sin lugar la apelación ejercida por la sociedad mercantil UTC TIRES & RUBBER COMPANY e inadmisible la pretensión de cobro de bolívares interpuesta por la parte actora, asimismo condenó a esta última al pago de costas, en consecuencia quedó confirmada la sentencia de fecha 9 de julio de 2007, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

 

Contra la decisión del mencionado Tribunal Superior, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual, fue admitido por el juez de la recurrida, y oportunamente formalizado. Hubo Impugnación.

 

Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones.

 

PUNTO PREVIO

 

Esta Sala, antes de pronunciarse respecto a las denuncias formuladas por la parte actora en el escrito de formalización, debe hacer un llamado al juez de primera instancia por cuanto se evidencia en las actas que forman el expediente en el cual se tramitó el presente juicio de cobro de bolívares incoado por UTC TIRES & RUBBER COMPANY contra la sociedad mercantil CARPI-TAP S.R.L., que la solicitud y consiguiente tramitación de medida preventiva de embargo sobre bienes de la demandada fue sustanciada en el cuaderno principal.

 

Efectivamente, se observa de la sentencia de fecha 26 de abril de 2007 que el Juez Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, al resolver la apelación planteada en la incidencia de medida (folio 277 de la primera pieza), advirtió que “ el a quo cometió una ilegalidad en la tramitación de la presente incidencia, ya que oyó la apelación en un solo efecto, pero en vez de enviar el Cuaderno de Medidas… envió fue copia fotostática certificada de algunas actuaciones…”.

 

Ahora bien, esta Sala en fecha 21 de noviembre de 2008 (folio 430 de la segunda pieza), solicitó al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, la remisión del correspondiente cuaderno de medidas. Al respecto, el mencionado Juzgado Superior en fecha 8 de diciembre de 2008, informó que el expediente de la causa le fue remitido sin cuaderno de medidas (folio 434 de la segunda pieza).

 

Posteriormente, la Presidenta de la Sala de Casación Civil, en fecha 6 de febrero de 2009 solicita al Juez Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial “…remita a la brevedad posible el cuaderno de medidas correspondiente a la causa signada con el N° KP02-V-2006-000230 (nomenclatura de ese Tribunal)…”. (Folio 436 de la segunda pieza).

 

Al respecto de la solicitud anterior, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito antes identificado, informó a esta Sala que “…no ha sido posible ser enviado… por cuanto se encuentra terminado y fue remitido al Archivo Judicial Regional de esta ciudad; dependencia ésta que ha estado en fase de reubicación de los expedientes que mantienen en guardia y custodia…”. (Folio 448 de la segunda pieza del expediente).

 

En fecha 18 de mayo de 2009, esta Sala ratificó al mencionado Juzgado Tercero de Primera Instancia, la solicitud de remisión del cuaderno de medidas antes referido (folio 447 de la segunda pieza del expediente).

 

Seguidamente, en fecha 2 de junio de 2009, el referido Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, informó de manera confusa a esta Sala que “… en el asunto N° KH03-X-2006-000048, relativo a CUADERNO SEPARADO DE MEDIDAS… se interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, y Menores del estado Lara… por tratarse de resultas de una apelación oída en un solo efecto (en el cual se remitió el cuaderno separado) se procedió a agregar por error involuntario las referidas actuaciones en fecha 4-6-2007, incluyendo el cuaderno solicitado…”. (Folio 450 de la segunda pieza del expediente).

 

En virtud de lo anterior, esta Sala considera fundamental insistir en la independencia que caracteriza el procedimiento cautelar del juicio principal. En efecto, dicha independencia debe verificarse en relación con los respectivos procesos cautelar-principal, de modo que los actos que ocurran en uno, no influyan para nada en el otro, salvo determinadas fórmulas de extinción anormales del proceso, como el desistimiento, la conciliación, la perención, entre otros, en cuyos casos sus efectos trascienden el fin asegurativo de la medida elegida.

 

En este sentido, cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, contentivo del principio de “continuación independiente de la medida de la causa principal”, que establece: “Ni la articulación sobre estas medidas, ni las que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno separado de aquéllas cuando se haya terminado”.

 

Al respecto de lo anterior, debe esta Sala hacer énfasis en las razones de dicha tramitación, cual es, el interés en que se lleve en forma ordenada el desarrollo y sustanciación de ambos juicios, de tal manera que las actas del juicio preventivo no se encuentren, en ningún modo, insertadas y diseminadas en el expediente principal. Además, de considerar que esa mutua independencia obedece al hecho de que la naturaleza, esencia, procedimientos, efectos y finalidades de ambos trámites son totalmente distintos, en efecto, el carácter subsidiario de las medidas cautelares y el propósito que cumplen en el proceso hace necesario su trámite en forma independiente.

 

Efectivamente, debe recordarse que la pretensión del solicitante en la medida, no es otra que, el aseguramiento del resultado práctico de ejecución que supone la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal, en ningún modo, las decisiones que se tomen en el juicio cautelar comportarán un pronunciamiento de fondo, pues de verificarse este último supuesto el mismo será nulo.

 

En relación con este tema, esta Sala se ha pronunciado en forma reiterada respecto a las diferencias en cuanto a la naturaleza, efectos y procedimientos, tanto del juicio principal como del cautelar, delimitando claramente su alcance. Así en sentencias, de fecha 12 de diciembre de 2006, caso: Juan Orlando Díaz Albornoz c/ Antonio Sánchez Roda, reiterada el 29 de abril de 2008, caso: Inversiones La Económica C.A., contra Del Sur Banco Universal C.A., y otros, se dejó sentado entre “…las notas distintivas y características, tanto del juicio principal como de la incidencia cautelar… destaca el ámbito del thema decidendum en el caso del proceso cautelar; así pues, en este último se advierte que es distinto al principal, toda vez que su esencia y naturaleza se limita a asegurar precisamente la materialización efectiva de la decisión definitiva”.

 

En consecuencia, debe advertirse, aún cuando no fue denunciado, que una trasgresión de las normas relacionadas con la sustanciación de ambos procedimientos, de manera separada, pudiera dar lugar, inclusive a una subversión del trámite, capaz de menoscabar derechos fundamentales de las partes en el proceso, indiscutiblemente recurrible en sede casacional. Más aun si consideramos que el procedimiento cautelar es una expresión de la tutela judicial efectiva de los derechos, previstos en el artículo 26 de la Constitución.

 

Por otra parte, esta Sala observa que en la oportunidad de anunciar el recurso de casación, el formalizante señaló que el mismo versaría contra la sentencia de mérito, así como la decisión interlocutoria dictada en la incidencia de medida, de fecha 26 de abril de 2007, de conformidad con lo previsto en el penúltimo aparte del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

 

Efectivamente, el recurrente en el escrito de formalización identificó el capítulo primero como “Formalización en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 26 de abril de 2007” incluyendo en éste una denuncia de forma y tres denuncias fondo.

 

Al respecto de tal planteamiento, esta Sala advierte  la independencia del procedimiento cautelar respecto de la causa principal, independencia ésta que aplica inclusive a la decisión definitiva que se dicte respecto de la medida cautelar solicitada.

 

De modo que advierte la Sala que, en la oportunidad del anuncio del recurso de casación contra la sentencia de mérito de fecha 15 de mayo de 2008 dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara-, también se incluyó en el mismo la sentencia interlocutoria dictada en sede cautelar de fecha 26 de abril de 2007 dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la misma Circunscripción Judicial. Al respecto, resulta fundamental señalar que el principio de concentración procesal -que propugna que las impugnaciones contra las sentencias interlocutorias surgidas en el juicio principal que causen un gravamen no reparado en el fallo de última instancia, deben hacerse sólo en la oportunidad procesal en que se ejerce el recurso de casación contra la sentencia de última instancia que no subsanó el agravio-, no le es aplicable a las decisiones dictadas en el procedimiento cautelar precisamente por esa independencia y sustanciación separada que lo caracteriza. De allí que deba declararse la inadmisibilidad del recurso.

 

No obstante lo anterior, esta Sala debe advertir además, respecto de la naturaleza de la decisión que se pretende recurrir en casación -de fecha 26 de abril 2007 dictada en la incidencia cautelar-, precisamente, la referida decisión declara “…sin lugar la apelación interpuesta por… la parte actora… en contra del auto de fecha 18 de enero de 2007, RATIFICANDOSE (sic) en consecuencia, la ilegalidad de la transacción…”. Al respecto, resulta pertinente hacer referencia al criterio jurisprudencial sentado, respecto de las decisiones recurribles en casación dictadas en incidencia cautelar. Efectivamente, esta Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha 6 de diciembre de 2007, Exp.: Nro AA20-C-2007-000726, caso: Centro Clínico la Sagrada Familia C.A, contra Prevención de Emergencias C.A (Preme C.A), estableció lo siguiente:

 

“…En lo referente a la admisibilidad del recurso de casación anunciado contra las decisiones dictadas en las incidencias cautelares, la Sala en sentencia Nº 407 de fecha 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colona C.A., contra José Lino de Andrade, expediente Nº 2004-000805, expresó el siguiente criterio:

“...Es evidente, pues, que no puede quedar a la discrecionalidad del juez la posibilidad de negar las medidas preventivas a pesar de estar llenos los extremos para su decreto, pues con ello pierde la finalidad la tutela cautelar, la cual persigue que la majestad de la justicia en su aspecto práctico no sea ineficaz, al existir la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo del fallo pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes.

Aunado a ello, debe ser advertido que los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida, obedecen a la protección de dos  derechos constitucionales en conflicto: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad, previstos en los artículo 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen respectivamente.

(…Omissis…)

El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten.

Este extremo persigue justificar la posibilidad de limitar el derecho constitucional de propiedad del demandado, por causa de la obligación contraída por éste en cabeza del actor, quien debe crear en el juez la convicción de que es titular del derecho reclamado.

Ahora bien, respecto del periculum in mora es oportuno indicar que este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo.

Estos dos extremos constituyen el soporte para que el juez dirima el conflicto entre el derecho constitucional de propiedad del demandado y el derecho constitucional de acceso a la justicia del actor.

(…Omissis…)

el juez debe decretar la medida si están llenos los extremos de ley, sin que pueda escudarse en su discrecionalidad para negarla. En consecuencia, en lo sucesivo deberá admitirse el recurso de casación contra las decisiones que nieguen las medidas preventivas, al igual que aquellas que las acuerden, modifiquen, suspendan o revoquen, pues todas ellas son interlocutorias con fuerza de definitiva, asimilables a una sentencia de fondo en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia...”.

Aplicando la jurisprudencia transcrita al caso de especie, se concluye que cuando sea acordada, suspendida, modificada, negada o revocada la medida cautelar, debe admitirse el recurso de casación de manera inmediata; en virtud de que esa decisión del juzgado superior, constituye una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia cautelar, como ocurrió en el caso de marras…”. (Negritas de la sentencia).

 

 

 

De la sentencia parcialmente transcrita, se evidencia que las decisiones que nieguen, acuerden, modifiquen, suspendan o revoquen, las medidas preventivas o precautelares, son decisiones susceptibles de ejercer contra ellas recurso de casación -pues las mismas constituyen interlocutorias con fuerza de definitiva, asimilables a una sentencia de fondo, en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia-.

 

Como puede observarse la decisión dictada en la incidencia cautelar de fecha 26 de abril de 2007 -que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte actora, contra el auto dictado por el juez a quo, ratificando así “…la ilegalidad de la transacción hecha por las partes el día 23/05/2006…”-, no se corresponde con ninguna de las decisiones antes mencionadas. En consecuencia, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso propuesto contra la referida sentencia de fecha 26 de abril de 2007, tal como se hará en la dispositiva del presente fallo. Así se establece.   

Una vez precisado lo anterior, esta Sala circunscribirá su pronunciamiento a conocer sólo las denuncias formuladas contra la sentencia de mérito dictada en fecha 15 de mayo de 2008, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil. Así se establece.

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante delata la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, por cuanto considera que el Juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, al dictar la sentencia de fondo, en fecha 15 de mayo de 2008, tergiversó “…el contenido en la demanda….”.

 

El recurrente, para argumentar su delación señala lo siguiente:

 

“…La recurrida adolece del vicio de ‘incongruencia por distorsión o tergiversación del contenido de la demanda, con la sentencia dictada’.

…Omissis…

Ciudadanos Magistrados, si observamos lo contenido en el escrito de la demanda respecto a: a) la persona indicada como demandada: Claramente se observa que el sujeto pasivo de dicha relación jurídica es: La Empresa CARPITAP, S.R.L. b) La persona jurídica indicada como representante legal de dicha firma a los efectos de la citación: es el Ciudadano SAMI YOUSSEF ANKA

Tratándose de una PERSONA JURÍDICA, quién (sic) funge como parte demandada en el proceso de cobro de bolívares promovido por mí (sic) mandante, ‘UTC TIRESS & RUBBER COMPANY’, resultaba realmente intrascendente respecto al fondo del proceso, determinar la persona natural que la representa jurídicamente, pues ello es solo a los efectos de practicar válidamente la citación de la persona que funge como su representante legal.

…Omissis…

Ciudadanos Magistrados, resulta evidente la TERGIVERSACIÓN Y DISTORSIÓN DE LOS HECHOS NARRADOS EN EL ESCRITO DE LA DEMANDA, CON LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA SENTENCIA, PUES EXPRESAMENTE INDICAMOS QUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA ES SAMI ANKA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 7.407.025, en su carácter de administrador general, nunca se indicó que el representante legal de la firma demandada era JOSÉ ANKA, COMO FALSAMENTE INDICA LA SENTENCIA RECURRIDA.

Por otra parte, indica que el INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE NUESTRA ACCIÓN RESULTA SER UNA ‘copia fotostática de un fax dirigido a la emisora’, cuando naturalmente los instrumentos fundamentales lo constituían las FACTURAS ACEPTADAS, tal como se indicó en el escrito de demanda…”. (Mayúsculas, negritas y subrayado del formalizante).

 

 

 

De la denuncia parcialmente transcrita, se observa que el formalizante delata el vicio de incongruencia, por cuanto considera que el juez superior tergiversó los hechos plasmados en la demanda, toda vez que éste afirma que señaló indudablemente quién era la demandada, es decir “La Empresa CARPITAP, S.R.L.”, de modo que en su criterio resultaba “…intrascendente respecto al fondo del proceso, determinar la persona natural que la representa jurídicamente, pues ello es sólo a los efectos de practicar válidamente la citación…”. Asimismo, sostiene que se indicó en la demanda que el representante legal de la demandada es Sami Anka “…en su carácter de administrador general, nunca se indicó que el representante legal de la firma demandada era JOSÉ ANKA…”, por tanto consideró que el sentenciador tergiversó los hechos alegados en la demanda.       

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En esta oportunidad resulta fundamental, referirse esencialmente al vicio de incongruencia cuando se presenta en forma compleja, es decir, cuando el juez tergiversa los alegatos planteados por las partes en la oportunidad de la demanda, la contestación e informes, produciéndose una especie de incongruencia mixta -incongruencia positiva y negativa simultáneamente-.

Sobre el particular, es preciso destacar ab initio el criterio mantenido por esta Sala, respecto a este tema. Así se observa que, mediante sentencia de fecha 27 de octubre de 2008, en el caso: Tania Alexandra Molina Quiñónez, contra la sociedad mercantil Promotora Perven 2235, C.A., se estableció lo siguiente:

 

“…Ahora bien, cabe advertir que la configuración del vicio no siempre es tan simple, es decir incongruencia positiva o negativa, sino que puede presentarse en forma compleja, como ocurre cuando el juez tergiversa los alegatos planteados por las partes en la demanda, contestación e informes.

…Omissis…

‘ ‘“…El formalizante imputa a la recurrida el vicio de incongruencia positiva, ultrapetita, por cuanto –a su decir- el juez ad quem no decidió conforme a lo alegado y probado en autos, tergiversando ‘los hechos narrados en el libelo de demanda ...omissis... al pronunciarse sobre asuntos que no son los planteados en la demanda, ni en este juicio, constituyendo agentes exógenos que no tiene (sic) relación con el juicio’; siendo que tal distorsión configura ‘un menoscabo directo al derecho de defensa”.

…Omissis…

‘“(...) Podemos encontrar que en ambas figuras (ultrapetita e incongruencia positiva), el vicio se consolida en la conducta del sentenciador de acordar más de lo reclamado; sin embargo, la incongruencia positiva surge cuando se exhorbite el thema decidendum, cuando la sentencia va más allá de ‘solo lo alegado por las partes’ cuando no se ajusta a la exigencia de exhaustividad. ‘Quiere la ley que la decisión no solo sea manifiesta, definitiva e indubitable sino que guarde relación o consonancia con los términos en que fue planteada la pretensión del actor y con los términos en que fue propuesta la defensa del demandado’. En cambio hay ultrapetita –como antes se expresó- cuando se da al demandante más de lo pedido, en otras palabras, cuando se condena al demandado a pagar o hacer una cosa mayor a la reclamada por el demandante’. Se considera también que hay ultrapetita en los pronunciamientos sobre cosas no demandadas, extrañas al problema judicial debatido entre las partes; estos son los casos de extrapetita que reiterada doctrina de esta Sala ha comprendido dentro del marco de la ultrapetita (...).” (Cursiva y subrayado y negritas de la sentencia).’

En igual sentido se pronunció la Sala, en sentencia de fecha 10 de noviembre de 2005, caso: Máximo Alejandro de Pablos Martínez contra Humberto de Pablos Martínez y otros, en los siguientes términos:

‘…Si el juez se aparta de los hechos alegados, en conducta no exactamente encuadrable en estas reglas, también incurre en incongruencia. Por ejemplo, si el juez tergiversa un argumento de hecho, incluido en la demanda o en la contestación, no resuelve la cuestión, tal como fue planteada y, simultáneamente, resuelve algo no pedido –el argumento desnaturalizado-. Este último supuesto puede ser considerado como un caso de incongruencia mixta, porque deja de resolver lo pedido y resuelve algo diferente...”. (Negritas, cursivas y mayúsculas del texto).

 

 

De la sentencia parcialmente transcrita, y cuyo criterio en esta oportunidad se reitera, se observa que una forma de incongruencia distinta a sus manifestaciones corrientes –positiva o negativa- es la tergiversación que pudiera realizar el juez de los hechos o alegatos planteados por las partes en la oportunidad correspondiente, ocasionando así un doble resultado, es decir, el juez deja de resolver el problema debatido dentro de los límites fijados por las partes y, al mismo tiempo, resuelve algo distinto a lo pedido, produciéndose por consiguiente una especie de incongruencia mixta.

 

 

En esta oportunidad, la Sala estima necesario transcribir parcialmente, el libelo de demanda de fecha 25 de abril de 2006 (folios 1 al 5 de la primera pieza), y la contestación a la demanda de fecha 12 de enero de 2007 (folios 71 al 73 de la primera pieza), en la cual la parte demandada opuso la falta de cualidad pasiva en el referido juicio. En tal sentido, la actora en su libelo alegó lo siguiente:

 

 

“…Mi representada, la empresa UTC TIRES & RUBBER COMPANY, anteriormente identificada, es acreedora de dos (02) facturas emitidas por ella misma en la ciudad de Miami-Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, en fecha 20 de agosto y 25 de septiembre del año 2001, por un monto de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y CON SESENTA CENTAVOS… Y VEINTIOCHO MIL UN DÓLAR CON OCHENTA CENTAVOS…, las cuales han debido ser pagadas en la fecha de la entrega de la respectiva mercancía, por la firma mercantil CARPITAP, S.R.L., pago este (sic) que no se efectúo (sic) en la fecha prevista, debido a que el ciudadano JOSE ANKA, quien es uno de los representantes de la firma mercantil antes mencionada, procedió a solicitar mediante misiva una prórroga (sic) para realizar el pago del monto adeudado, mediante (sic) vía fax en fecha 31 de Marzo del año 2002, la cual se anexa marcada con letra ‘B’, misiva esta que demuestra por una parte la vinculación de la obligación existente entre la deudora CARPITAP, S.R.L., con mi representada, y por otra la aceptación al pago de la mercancía recibida…”. (Negritas y mayúsculas de la Sala). 

 

 

En cuanto al escrito de contestación, la demandada opuso defensa de falta de cualidad, por las siguientes razones:

 

“…De conformidad con lo dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, junto con las defensas invocadas, hacemos valer la falta de cualidad y de interés en el actor y la demandada, para intentar o sostener el juicio…

Son partes en este proceso, UTC TIRES & RUBER COMPANY, con el carácter de demandante y la sociedad mercantil CARPITAP, S.R.L. como demandada. Ahora bien, no es cierto que el ciudadano José Anka sea directivo o representante de la empresa ‘Carpitap, S.R.L.’, por cuanto tal como se evidencia de los estatutos sociales de esta empresa,….la suprema dirección de la demandada, reside en la Asamblea General legalmente constituida y su administración es ejercida exclusivamente por el ciudadano Sammy Joussef Anka…, esto es una persona totalmente distinta a José Anka, quien, de ninguna manera se encuentra facultado para obligar a mi mandante frente a terceros. Este solo argumento debería bastar para declarar con lugar la presente cuestión previa, pues es obvio que por mandato expreso de su acta constitutiva, CARPITAP, S.R.L., solo (sic) puede comprometerse y obligarse a través de sus órganos sociales o de representación y JOSÉ ANKA, no lo es.

En el mismo orden de ideas, es importante resaltar expresamente, que el propio accionante admite haber convenido, a petición del señor José Anka, una prórroga para el pago de las facturas que dice haber emitido. Esto en sano juicio y muy claramente significa que la relación mercantil que da origen a la presente reclamación judicial, nunca se instauró entre ‘UTC Tires & Rubber Company y Carpitap S.R.L.’, pues como ha quedado suficientemente demostrado de las pruebas que con el carácter de documentos públicos y toda su fuerza probatoria, demuestran que el ciudadano José Anka, en ninguna forma es apoderado, factor mercantil, administrador o directivo de ‘Carpitap S.R.L.’, por lo que, nada resultaría más injusto y alejado de la legalidad que obligaría a soportar como demandada, un juicio devenido de un negocio jurídico en el cual nunca ha sido parte y del cual nunca se benefició, por lo que en justicia, sus derechos e intereses de ninguna forma deberían verse afectados…”.  (Mayúsculas del demandado).       

 

Por su parte, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante sentencia de fecha 15 de mayo de 2008, al resolver la controversia, estableció lo siguiente:

 

“…Punto Previo

La parte demandada interpone conforme al artículo 361 del Código de Procedimiento Civil la defensa perentoria de falta de cualidad activa y pasiva, bajo la siguiente argumentación: que no es cierto que el ciudadano José Anka sea directivo o representante de la empresa “Carpitap, S.R.L.”, en virtud de que según los estatutos sociales de la citada empresa, su administración es ejercida exclusivamente por el ciudadano Sammy Joussef Anka, titular de la C.I. No. 7.407.025, siendo este una persona distinta a José Anka, quien no se encuentra facultado para obligar a la demandada frente a terceros; que este solo argumento debería bastar para declarar Con Lugar la presente cuestión previa, pues por mandado expreso de su acta constitutiva, CARPITAP, S.R.L., solo puede comprometerse y obligarse a través de sus órganos sociales o de representación, y José Anka no lo es; que de igual manera, resaltaron que el accionante admitió haber convenido, a petición del ciudadano José Anka, una prórroga para el pago de las facturas que dice haber emitido; por lo que el demandado considera como esta (sic) claro, que la relación mercantil que dio origen a la presente reclamación judicial nunca se instauró entre “UTC Tires & Rubber Company” y” “Carpitap S.R.L.”, evidenciándose de las pruebas que con carácter de documentos públicos y fuerza probatoria, demuestran que el ciudadano José Anka, no es apoderado, administrador, o director de “Carpitap, S.R.L.”, y no sería legal obligarla a soportar como demandada, en un negocio jurídico del cual no fue parte y tampoco se benefició, por lo que sus intereses tampoco deberían estar afectados; que la actora promueve como prueba un fax el cual supuestamente le fue remitido por el ciudadano José Anka a “UTC Tires & Rubber Company; es decir que no era Carpitap, S.R.L., pues el caso es que, una persona distinta admite su responsabilidad y compromiso de pago de la deuda pendiente con “U.T.C.” y pide sobre manera no actuar judicialmente contra el demandado e involucrar a terceras personas; de lo que el actor deduce, que el texto del referido documento, le excluye de toda responsabilidad y obligación, resaltando al respecto; que la cualidad está en las personas en cuyo favor se alega y contra quien se reclama el derecho adjetivo, y en el caso de autos, de acuerdo a los expuesto mal podría invocar el demandante frente a la demandada un supuesto derecho surgido, con el cual nunca tuvo participación, de manera que tal proceso nunca debió ser instaurado, contra quien no tiene interés alguno en la relación jurídica controvertida, y así solicitó fuera decidido; que para concluir, el demandado señaló, que la forma como fue instaurado el procedimiento, es inadmisible, pues por no llenar las condiciones de las cuales depende que se le examine su fondo o contenido e infundado, porque su fondo se sustenta en una falsa; es decir, el cumplimiento de una obligación nunca adquirida por la demandada.

En este sentido quien juzga hace las siguientes consideraciones de la doctrina sobre lo que se entiende por falta de cualidad e interés:

‘El Ilustre tratadista Luis Loreto en sus ensayos sostiene: ‘La cualidad en sentido amplísimo, es sinónimo de legitimación. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado un problema de cualidad o legitimación…’

…Omissis…

Conforme a la casi unánime Doctrina Procesal Civil, por cualidad debe entenderse el derecho o potestad para ejecutar determinada acción o sostenerla entre tanto, el concepto de interés es el de la garantía, provecho o utilidad que puede proporcionar la acción intentada.

Al decir del eminente procesalista ARMINIO BORJAS, no se tiene acción sino cuando se tiene derecho a reclamar algo, y no hay acción si no hay interés. “Sería absurdo permitir que una persona llame a juicio a otro sin más fin que el de molestarla y embarazar inmotivamente los tribunales”.

…Omissis…

Hechas las anteriores consideraciones, en el caso que nos ocupa, se observa, que en autos consta como documento fundamental de la acción (folio 8) una copia fotostática de un fax dirigida a la emisora, donde el ciudadano José Anka, a título personal asume el monto de la deuda, sin comprometer absolutamente en nada la compañía demandada, aduciendo que no se debe involucrar a terceras personas. Ahora bien, revisada el acta Constitutiva de la compañía en cuestión, este sentenciador verifica que para el momento de la emisión de los documentos señalados fungían como Administrador General de la misma el ciudadano Sami Youssel Anka y como administrador General Suplente Assad Anka, los cuales no figuran como intervinientes de la obligación que la parte actora reclama; de suerte que puede colegirse que el mencionado ciudadano José Anka no actúa en nombre de la empresa demandada, muy al contrario de lo que sostiene la parte demandante en su libelo “que el ciudadano José Anka; quien es uno de los representantes de la firma mercantil antes mencionada, procedió a solicitar mediante misiva una prórroga para realizar el pago del monto adeudado, mediante vía fax en fecha 31 de marzo del 2002, lo cual se anexa marcado con la letra “B”, misiva ésta que demuestra por una parte la vinculación de la obligación existente entre la demandada CARPITAP S.R.L, con su representada y por la otra la aceptación del pago de la mercancía recibida”. Por lo que la falta de cualidad e interés planteado por la parte demandada, debe prosperar, porque en el presente caso no existe una identidad lógica entre la persona demandante; en este caso la Sociedad Mercantil UTC TIRES & RUBBER COMPANY y la demandada CARPITAP, S.R.L., que permita determinar que el demandante es titular concreto de un derecho concedido a su persona que lo hace valer o contra quien se ejercita, así se decide.

La declaratoria de procedencia de esta defensa como punto previo, hace innecesario el examen de la demás actas procesales y aspectos esgrimidos por las partes. Así se declara.

D E C I S I Ó N

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la Sociedad Mercantil UTC TIRES & RUBBER COMPANY parte actora e INADMISIBLE la pretensión de Cobro de Bolívares interpuesta por la actora. Se ratifica la condenatoria de Costas dictada por el a-quo y se condena en esta instancia al pago de las mismas según lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil…”. (Negritas y mayúsculas del texto).

Como puede observarse, el juez superior ante el planteamiento de la cuestión previa de falta de cualidad de la demandada, en la oportunidad de la contestación a la demanda, debía verificar preliminarmente tales defensas, antes de conocer  sobre el mérito de la causa.

 

Ahora bien, no queda duda que el juez se pronunció conforme a lo alegado por las partes y de ningún modo tergiversó los argumentos dados por éstas, precisamente, el Juez evaluó los instrumentos fundamentales de la demanda, y entre ellos, no sólo las facturas –consideradas individualmente- las cuales deben reunir una serie de características para hacerse valer en juicio, sino la copia de fax anexada, la cual según lo solicitado por la actora “…el ciudadano JOSÉ ANKA, quien es uno de los representantes de la firma mercantil antes mencionada, procedió a solicitar mediante misiva una prórroga (sic) para realizar el pago del monto adeudado, mediante vía fax en fecha 31 de Marzo del año 2002, la cual se anexa marcada con letra “B”, misiva esta que demuestra por una parte la vinculación de la obligación existente entre la deudora CARPITAP, S.R.L., con mi representada, y por otra la aceptación al pago de la mercancía recibida…”.

 

Sobre el particular, el juez superior atendió tal alegato, estableciendo “…que en autos consta como documento fundamental de la acción (folio 8) una copia fotostática de un fax dirigida a la emisora, donde el ciudadano José Anka, a título personal asume el monto de la deuda, sin comprometer absolutamente en nada la compañía demandada, aduciendo que no se debe involucrar a terceras personas. Ahora bien, revisada el acta Constitutiva de la compañía en cuestión, este sentenciador verifica que para el momento de la emisión de los documentos señalados fungían como Administrador General de la misma el ciudadano Sami Youssel Anka y como administrador General Suplente Assad Anka, los cuales no figuran como intervinientes de la obligación que la parte actora reclama; de suerte que puede colegirse que el mencionado ciudadano José Anka no actúa en nombre de la empresa demandada, muy al contrario de lo que sostiene la parte demandante en su libelo…”.

 

Ahora bien, el recurrente pretende sostener ante la Sala que las facturas presentadas con el libelo de la demanda, como prueba de la obligación que se reclama, constituían en principio, el único soporte posible de su pretensión, y el cual merecía consideración exclusiva por parte del juzgador, más no así, la copia del fax que el propio actor adjuntó a su demanda alegando que “…misiva esta que demuestra por una parte la vinculación de la obligación existente entre la deudora CARPITAP, S.R.L., con mi representada, y por otra la aceptación al pago de la mercancía recibida…”, de allí que aseguré que el juez superior tergiversó sus alegatos.

 

Al respecto, debe advertir esta Sala al recurrente que la regla contenida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, comporta una exigencia irrelajable para todo sentenciador y de interpretación unívoca, por cuanto el legislador fue expreso al establecer que “…el juez debe pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en autos…” y no sólo en lo que al parecer del formalizante conviene a sus pretensiones.

 

De manera que, la Sala evidencia que, la denuncia de tergiversación de los hechos alegados por las partes atribuida al tribunal superior, carece de todo sustento, pues el juez se pronunció según los alegatos y defensas soportados en los instrumentos acompañados tanto a la demanda como a la contestación, y en tal sentido debía el juzgador establecer preliminarmente, sí resultaba admisible la demanda.

 

Por todo lo anterior, esta Sala desestima la presente denuncia de infracción de los artículos 12, 15 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia el vicio de falsa aplicación, particularmente del artículo 361 eiusdem, toda vez que considera que el Juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, al declarar con lugar “…LA FALTA DE CUALIDAD E INTERÉS OPUESTA POR LA DEMANDADA…”, erró por cuanto a su parecer no quedaba duda del libelo de la demanda  que “…la persona indicada como demandada… es… CARPITAP, S.R.L….” lo cual se observa de “…LOS INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA, ESTO ES, LA FACTUTRAS ACEPTADAS…”. 

Así, el formalizante para argumentar su denuncia expresó lo siguiente:

 

“…Ciudadanos Magistrados, si observamos el escrito de la DEMANDA presentado por mi mandante, donde se indicó: a) la persona indicada como demandada: Claramente se observa que el sujeto pasivo de dicha relación jurídica es: La Empresa CARPITAP, S.R.L. b) La persona jurídica indicada como representante legal de dicha firma a los efectos de la citación: SAMI YOUSSEF ANKA. 

Tratándose de una PERSONA JURÍDICA, quien funge como parte demandada en el proceso de cobro de bolívares promovido por mi mandante, “UTC TIRESS & RUBBER COMPANY”, resultada (sic) realmente intrascendente respecto al fondo del proceso, determinar la persona natural que la representa jurídica (sic), pues ello es sólo a los efectos de practicar válidamente la citación de la persona que funge como su representante legal u otro acto del proceso, PERO NO A LOS FINES DE APLICAR VÁLIDAMENTE UNA FALTA DE CUALIDAD DE LA DEMANDADA, CUANDO RESULTA SER LA MISMA PERSONA JURÍDICA INDICADA EN LOS INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA, ESTO ES, LAS FACTURAS ACEPTADAS, y en ningún caso, se indicó que la fuente obligacional de estos instrumentos cambiarios, se originaron del “fax”, sino de las facturas aceptadas.

Ero (sic) claro que si APLICABA CORRECTAMENTE EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, NO PODÍA SUBSUMIR DENTRO DEL SUPUESTO DE LA NORMA LA CONSECUENCIA JURÍDICA EN ELLA PREVISTO, pues declaró CON LUGAR LA FALTA DE  CUALIDAD E INTERÉS OPUESTA POR LA DEMANDADA, POR CUANTO ESTIMÓ que “no es cierto que el ciudadano José Anka sea directivo o representante de la empresa Carpitap, S.R.L.”, cuando tal argumentación resultaba INDIFIRENTE A LOS EFECTOS DE DICHA DEFENSA, pues la parte demandada es la CORRECTA, esto es, la empresa “Carpitap, S.R.L.”, siendo en todo caso, un problema jurídico totalmente distinto, relacionado SÓLO EN LO QUE RESPECTA A LA PERSONA NATURAL SEÑALADA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA DEMANDADA, PERO LA DEMANDADA ES LA MISMA.

Resulta por lo tanto, que este vicio se configuró en el caso bajo estudio cuando la recurrida aplica indebidamente el artículo 361 del CPC con la situación de hecho VERIFICADA EN ESTE PROCESO, pues no podía válidamente declarar la FALTA DE CUALIDAD DE LA EMPRESA CARPITAP, S.R.L. PARA SOSTENER LA PRESENTE DEMANDA, CUANDO ELLA ES LA PERSONA QUE FUNGE COMO OBLIGADA EN LOS INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN, y no el Ciudadano JOSE ANKA, quién no es parte demandada en el presente proceso, y no fue indicado como representante legal (como falsamente indicó la recurrida), sino el Ciudadano SAMI YOUSSEF ANKA, tal como se constata del escrito de la demanda”.  (Negrita, mayúsculas y subrayado del formalizante). 

 

 

 

De lo anteriormente transcrito, se observa que el formalizante denuncia la falsa aplicación del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, específicamente del aparte relacionado con la posibilidad “…de hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio…” toda vez que en su criterio no ha debido el juez superior declarar la falta de cualidad, pues no queda duda que del libelo de demanda “…la persona indicada como demandada… CARPITAP S.R.L”, así como de “…LOS INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA, ESTO ES, LAS FACTURAS ACEPTADAS…”. Asimismo, expresó que “…resultada (sic) realmente intrascendente respecto al fondo del proceso, determinar la persona natural que la representa jurídica (sic)…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Al respecto de lo anterior, esta Sala observa que el recurrente reedita los mismos argumentos invocados en su denuncia de tergiversación de los hechos planteados en el libelo de demanda, descrito en el capítulo segundo de su escrito de formalización, a los fines de soportar una denuncia de fondo, como es la falsa aplicación del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

 

En esta oportunidad, la Sala reitera las particularidades atinentes al vicio de tergiversación expuesto en el capítulo de esta sentencia identificado como “Recurso Por Defecto de Actividad”, especialmente por constituir éste una denuncia de forma de la decisión. En ese sentido, al conocer de la “denuncia de tergiversación” formulada por el recurrente, se pudo evidenciar que el juez en ningún modo tergiversó los alegatos de la parte, toda vez que éste consideró en forma íntegra los argumentos relacionados con los instrumentos fundamentales de la demanda, tanto las facturas acompañadas al libelo como la copia del fax dirigido a la parte actora que cursa al folio 8 de la primera pieza, en el cual según lo expuesto por la parte actora “…el ciudadano José Anka… procedió a solicitar mediante misiva una prórroga para realizar el pago del monto adeuda…”, estableciendo el sentenciador respecto de este último planteamiento “…que en autos consta como documento fundamental de la acción (folio 8) una copia fotostática de un fax dirigida a la emisora, donde el ciudadano José Anka, a título personal asume el monto de la deuda, sin comprometer absolutamente en nada la compañía demandada….”. En consecuencia, el sentenciador declaró inadmisible la demanda por cuanto constató “…la falta de cualidad e interés planteado por la parte demandada…”.

 

Ahora bien, en el presente caso, el recurrente valiéndose de la pretendida tergiversación de los hechos planteados en el libelo, considera que el juez superior incurrió en el vicio de infracción de ley, específicamente de falsa aplicación del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, atinente al contenido de la contestación de la demanda, pues en su criterio no existe duda de que “…La persona indicada como demandada… es… CARPITAP, S.R.L…” de allí que, “…resultada (sic) realmente intrascendente respecto al fondo del proceso, determinar la persona natural que la representa jurídica (sic)… pues ello es sólo a los efectos de practicar y válidamente la citación de la persona que funge como su representante legal u otro acto del proceso…”. Por tanto, “…NO PODÍA SUBSUMIR DENTRO DEL SUPUESTO DE LA NORMA LA CONSECUENCIA JURÍDICA EN ELLA PREVISTA…”.

 

A propósito de lo anterior, debe advertirse que de ninguna manera alegatos formulados en la oportunidad de plantear la demanda y la contestación -actos fundamentales para delimitar y fijar el Thema Decidendum-, y los cuales fueron correctamente analizados por el sentenciador de alzada, como lo determinó la Sala en su examen de la denuncia de forma por incongruencia, previamente conocida, puede constituir fundamento de una denuncia de infracción de ley, particularmente de falsa aplicación de una norma jurídica. Efectivamente, la Sala sólo puede descender a examinar el fondo del asunto, cuando se ha denunciado alguna de las hipótesis de excepción del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que le permiten a la Sala revisar la manera en la cual se han establecido o apreciado los hechos.

 

Por otra parte, en relación con la argumentación dada por el formalizante, resulta imprescindible invocar reglas de elemental derecho. Las personas morales o jurídicas, incluyendo las sociedades de comercio, ciertamente son entes abstractos susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones, incapaces de expresar su voluntad y defenderse por sí mismos.

 

Sin embargo, estos entes necesitan de los órganos operativos que lo conforman, para exteriorizar o expresar su voluntad fáctica. Así, se observa que en el caso de las sociedades, éstas adquieren y suscriben compromisos por medio de las personas naturales o físicas, que si bien, éstas últimas son distintas y separables jurídicamente de aquéllas, cumplen o materializan válidamente las facultades que le son concedidas en los instrumentos legales respectivos. Por tanto, estas personas físicas u órganos ejecutivos de las personas morales pueden ser socios, directores, gerentes, administradores, entre otros.

De modo que, señalar que resulta “…intrascendente indicar…” o referirse a “…la persona natural…”, capaz de representar o comprometer a la empresa, a los fines de determinar sí existe falta de cualidad o de interés para sostener en juicio cuando se trate de sociedades mercantiles, pues sólo es útil tal identificación “…a los fines de practicar válidamente la citación…” constituye un argumento insostenible jurídicamente.

 

Por otra parte, el formalizante plantea “…que la determinación de la persona natural que representa jurídicamente a la empresa, es sólo a los efectos de practicar válidamente la citación.. PERO NO A LOS FINES DE APLICAR VÁLIDAMENTE UNA FALTA DE CUALIDAD… CUANDO RESULTA SER LA MISMA PERSONA JURÍDICA INDICADA EN LOS INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA, ESTO ES, LAS FACTURAS ACEPTADAS…”. Al respecto de estás últimas, debe advertirse que “las facturas aceptadas” acompañadas como “instrumentos fundamentales de la demanda”, no constituyen prueba automática de la pretensión del actor, pues las mismas deben cumplir con una serie de requisitos y someterse a procesos que le permitan adquirir el valor esperado en juicio.

En virtud de las razones antes expuestas, esta Sala declara improcedente la denuncia de falsa aplicación del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación formalizado contra las sentencias que resolvió la incidencia de medida cautelar de fechas 26 de abril de 2007, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en Barquisimeto, y SIN LUGAR, el recurso de casación propuesto contra la sentencia definitiva del 15 de mayo de 2008, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la misma Circunscripción Judicial.

 

Por haber resultado infructuoso el recurso interpuesto, se condena al recurrente al pago de las costas derivadas de su interposición.

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.    

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de  la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia,  en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

 

_________________________

YRIS  PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

 

______________________________

 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VELEZ

Magistrado,

 

 

 

___________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. Nro. AA20-C-2008-000407

NOTA: Publicada en su fecha a las

 

Secretario,

 

 

El  Magistrado  CARLOS  OBERTO  VÉLEZ,  expresa  su  disentimiento  con  la  sentencia precedentemente   consignada  y  aprobada  por   la   mayoría  de los   Magistrados   y   Magistradas  integrantes de  esta  Sala  de  Casación  Civil   del  Tribunal  Supremo  de  Justicia,  la   cual  declara   “…INADMISIBLE   el   recurso   de   casación   formalizado   contra    las    sentencias  que   resolvió   la  incidencia de medida    cautelar   

de fechas 26 de abril de 2007, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y ‘Menores’ de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en Barquisimeto, y SIN LUGAR el recurso de casación propuesto contra la sentencia definitiva del 15 de mayo de 2008, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y ‘Menores’ de la misma Circunscripción Judicial…”, en atención al contenido y alcance del aparte cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salvamos nuestro voto, en los siguientes términos:

 

                   La recurrida declaró la falta de cualidad del demandado por un error en la determinación del representante legal de la empresa demandada. El formalizante planteó en su única denuncia de infracción de ley, la falsa aplicación del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, alegando que se demandó el cobro de unas facturas mercantiles y que la deudora de esas facturas era la empresa Carpitap, S.R.L., pues así aparece en los títulos mercantiles, sin importar, para los efectos de la cualidad subjetiva para ser demandado, las personas que la representen legalmente.

                   La mayoría sentenciadora desestimó la denuncia, argumentando, en primer lugar, que se trataba de una repetición de la denuncia de actividad por tergiversación de los alegatos del escrito introductorio de demanda, CRITERIO QUE NO COMPARTO, PUES, LA DENUNCIA TIENE TODO EL CARÁCTER DE UN PLANTEAMIENTO DE FONDO: se alega que quien aparece en las facturas es la misma empresa que se demandó, sin importar que uno de los representante de esa empresa haya enviado un fax asumiendo la responsabilidad de la deuda, pues, lo que demostraría la obligación serían las facturas.

 

                   Entonces, la mayoría sentenciadora resolvió como si el formalizante estuviese planteando una denuncia por incongruencia negativa, sin determinar y la desestimó, indicando:

 

 “…A propósito de lo anterior, debe advertirse que de ninguna manera alegatos formulados en la oportunidad de plantear la demanda y la contestación –actos fundamentales para delimitar y fijar el thema decidendum, y los cuales fueron correctamente analizados por el sentenciador de alzada, como lo determinó la Sala en su examen de la denuncia de forma por incongruencia, previamente conocida, puede constituir fundamento de una denuncia de infracción de ley, particularmente de falsa aplicación de una norma jurídica…”.

 

 

 

A lo cual me veo obligado a señalar que en una denuncia de actividad analizada por la Sala, no puede concluirse si los hechos fueron correctamente analizados por el sentenciador de alzada, pues, ello sí es materia de fondo. Y esos hechos, establecidos en la sentencia, son precisamente los que pueden soportar una denuncia por infracción de ley.

 

Por ejemplo, si la recurrida señaló y estableció que en las facturas aparece como demandada la empresa Carpitap S.R.l., la Sala podía determinar si un simple fax, sin aceptación del acreedor por cambio de deudor, podría constituir cesión del crédito, novación por cambio de deudor, delegación u otra figura que implique la falta de cualidad de la empresa para ser demandada. LA SALA DEBE Y PUEDE ANALIZAR EL FONDO DE ACUERDO A LOS HECHOS ESTABLECIDOS POR LA RECURRIDA, Y APLICA EL DERECHO, EN ESTE CASO MERCANTIL, POR LO CUAL ES INNECESARIA UNA DENUNCIA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, COMO SEÑALÓ LA MAYORÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

 “…Efectivamente, la Sala sólo puede descender a examinar el fondo del asunto, cuando se ha denunciado alguna de las hipótesis de excepción del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que le permiten a la Sala revisar la manera en la cual se han establecido o apreciado los hechos…”.

 

 

No comparto tal criterio esgrimido por la mayoría. La Sala, a través de la casación por infracción de ley, conoce rutinariamente de denuncias de fondo que en nada se relacionan con los hechos, LÉASE Y RELÉASE BIEN, EN NADA ESTOY DE ACUERDO CON EL CRITERIO SEÑALADO.

 

ES PURA APLICACIÓN DEL DERECHO. Esto es precisamente lo que el formalizante argumentaba: la falsa aplicación de la norma relativa a la falta de cualidad, pues, el deudor de las facturas es quien determina el sujeto pasivo de la obligación. No estaba alegando un problema fáctico sino de derecho mercantil.

 

Tampoco comparto el análisis de la mayoría sobre los representantes de las sociedades mercantiles, pues, lo considero irrelevante e insustancial a los fines de asumir el verdadero problema planteado: Si un fax enviado por el representante de la empresa asumiendo la deuda, era suficiente para generar una cesión del crédito o una novación por cambio de deudor que provocase una falta de cualidad de la empresa para sostener la demanda.

 

 

ERA ALLÍ DONDE LA SALA TENÍA QUE HACER ÉNFASIS, Y NO LO HIZO, COMO DEBE SER, analizando lo establecido por el Juez de Alzada para determinar cuál era el deudor de la obligación. Por tales razones, no comparto los argumentos para desestimar la única denuncia por infracción de ley y considero que ha debido profundizarse el punto de la falta de cualidad de la demandada.

 

 

Pero todavía hay más para disentir de la mayoría sentenciadora. La disentida en el análisis de esa misma única denuncia, expresó:

 

 

“…Por otra parte, en relación con la argumentación dada por el formalizante, resulta imprescindible invocar reglas de elemental derecho. Las personas morales o jurídicas, incluyendo las sociedades de comercio, ciertamente son entes abstractos susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones, incapaces de expresar su voluntad y defenderse por sí mismos.

Sin embargo, estos entes necesitan de los órganos operativos que lo conforman, para exteriorizar o expresar su voluntad fáctica. Así, se observa que en el caso de las sociedades, éstas adquieren y suscriben compromisos por medio de las personas naturales o físicas, que si bien, éstas últimas son distintas y separables jurídicamente de aquéllas, cumplen o materializan válidamente las facultades que le son concedidas en los instrumentos legales respectivos. Por tanto, estas personas físicas u órganos ejecutivos de las personas morales pueden ser socios, directores, gerentes, administradores, entre otros.

De modo que, señalar que resulta ‘…intrascendente indicar…’ o referirse a ‘…la persona natural…’, capaz de representar o comprometer a la empresa, a los fines de determinar si existe falta de cualidad o de interés para sostener en juicio cuando se trate de sociedades mercantiles, pues sólo es útil tal identificación ‘…a los fines de practicar válidamente la citación…’ constituye un argumento insostenible jurídicamente…”.

 

 

 

Se explica muy bien la naturaleza de la personalidad jurídica de las empresas y de las personas que las representan, así como su capacidad de obligarse y de ser titulares de derechos, para luego, sin explicación directa, concluir que lo pretendido por el formalizante es “…un argumento insostenible jurídicamente…”. En qué se basa la disentida para hacer esa conclusión, se desconoce.

 

 

Contrario a lo señalado por la mayoría sentenciadora, y tal como lo manifesté en la discusiones que se dieron en la Sala, específicamente a través de comunicación dirigida a la colega ponente, el formalizante vino atacando por distintos medios el pronunciamiento de la recurrida de la falta de cualidad, tratando de evidenciarle a la Sala el error del jurisdicidente al determinar que no debió demandarse a la empresa sino al representante. Vuelvo a afirmar, como lo hice en las discusiones, y como lo sostuvo y fundamentó el recurrente en casación,  si el deudor es una empresa, independientemente de la validez del título que contiene la obligación, pues, ello sería objeto de discusión en el juicio, ES A ESA EMPRESA, COMO PERSONA JURÍDICA CAPAZ DE SER TITULAR DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUIEN TENDRÁ LA CUALIDAD PARA SER SUJETO PASIVO EN LA RELACIÓN PROCESAL, sin importar cualquier intervención previa o posterior de sus personeros representantes. LA MAYORÍA SENTENCIADORA DEBIÓ GENERAR EN LA DECISIÓN DE LA SALA, UN PRONUNCIAMIENTO EN ESE SENTIDO, DECLARÁNDOSE CON LUGAR LA ÚNICA DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY DELATADA Y, POR VÍA DE CONSECUENCIA, CON LUGAR LA CASACIÓN.

Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en este procedimiento ha tomado la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

________________________

YRIS  PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

_________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

_______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

El Magistrado LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ, se adhiere al voto presentado por el Magistrado Carlos Oberto Vélez, en los términos y condiciones expresados en él.

Fecha ut supra.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

________________________

YRIS  PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

_________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

_______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2008-000407

                                       Secretario,

 

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