Venley

Sentencia N.º RC.00766

Sentencia
N.º RC.00766
Fecha
15/11/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
05-280
Ponente
Yris Armenia Peña Espinoza
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. 2005-000280

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA DE ANDUEZA.

 

            En el juicio por resolución de contrato e indemnización, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA A.R.C., C.A. (DIARCA), representada judicialmente por los profesionales del derecho Luis Guillermo Govea U., Ramón Alvins Santi, Omaira Cabrera Monagas, Oliver Laprea G. y Raif El Arigie Harbie, contra la sociedad de comercio MAVESA S.A., representada judicialmente por los abogados Gustavo J. Reyna, José Rafael Bermúdez, María De Lourdes Meneses, Pedro Alberto Perera Riera, Alejandro Disilvestro C., Félix Hernández Richards, Inés Parra Wallis, Arnoldo J. Troconis H., Fulvio Italiani Firrito, Geraldine M. D’ Empaire, Héctor Eduardo Páez-Pumar, José Faustino Flamarique, Carlos Omaña Andueza, José Valentín González, Isabella Reyna, Alberto J. Ruiz Blanco, José Humberto Frías, Alberto Benshimol Bello, Ira Vergani Bertozzi, Patricia Argibay Durán, Gisela González Servat, Nelxandro Román Sánchez, Elizabeth Bilbao Basañez, Oswaldo Álvarez Espinoza, Pedro Miguel Dolányi, Inés Morales Parra, Manuel Alonso Brito, Wilfredo Zambrano, Dubraska Galárraga Ponce, Beatriz Quintero, María Leticia Perera Díaz, Gabriella Ducharne Asuaje y José T. Urdaneta Pérez; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 25 de enero de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar las apelaciones interpuestas por la demandada y por la demandante, contra el fallo dictado por el a quo en fecha 24 de mayo de 2004, y parcialmente con lugar la demanda, en consecuencia, condenó a la accionada a indemnizar a la accionante la cantidad de doscientos millones cien mil bolívares (Bs. 200.100.000,00), en virtud de su conducta ilícita de resolver unilateralmente el contrato de concesión celebrado entre ambas. Quedó modificado el fallo apelado.

         Los abogados Oliver Laprea G. y Pedro A. Perera Riera, co-apoderados judiciales de la demandante y la demandada, respectivamente, anunciaron recursos de casación contra la decisión de alzada en fechas 15 y 16 de marzo de 2005, respectivamente, los cuales fueron admitidos y oportunamente formalizados, en ambos hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

         Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe en los términos que a continuación se expresan:

 

PUNTO PREVIO

 

         Por razones metodológicas, la Sala altera el orden cronológico en que cada parte formalizó el recurso de casación interpuesto, y pasa a conocer la primera denuncia por defecto de actividad contenida en el escrito presentado por la demandante.

 

RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

            De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, con fundamento en lo siguiente:

 

“...Sostenemos que la sentencia recurrida adolece de una grave contradicción entre los fundamentos de hecho que ofrece para pronunciarse sobre a uno de los objetos fundamentales del thema decidendum como es la pretensión por lucro cesante, pudiendo apreciarse que dichos fundamentos se destruyen los unos a los otros en forma tal que se crea una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos.

En efecto; nuestra representada hizo en el libelo de la demanda una clara exposición sobre los elementos de hecho y de derecho que le llevaban a reclamar a la sociedad MAVESA, una indemnización por los daños que le produjo la inopinada, abrupta e ilegítima terminación del contrato de distribución exclusiva que se venía desarrollando con singular provecho económico para ambas partes.

 

Específicamente demandó mi mandante el lucro cesante con fundamento en el artículo 1.273 del Código Civil, por ser evidente que debía retribuírsele por toda la extensión y alcance de la utilidad de la cual resultaba privada...

 

(...Omissis...)

Como puede advertirse, las conclusiones de la recurrida son claras y terminantes, no sólo en cuanto admiten que en este juicio quedó demostrado que la interrupción de la relación privó a nuestra mandante de una utilidad a la cual tenía derecho, sino que, con base en precisos elementos probatorios de autos, afirma que quedó igualmente fijada en Bs. 8.700.000,00 mensuales la suma promedio de utilidad que habría utilizado para hacer su reclamación por ese concepto.

 

Sin embargo, es el caso que, de manera absolutamente contradictoria, la recurrida sostiene con respecto a dicha reclamación de nuestra mandante y en particular con respecto al lucro cesante, lo siguiente:

 

‘Ha reclamado la parte actora la cantidad de Bs. 43.375.897,00 por concepto de daño emergente y Bs. 312.306.420,66 por concepto de lucro cesante, sin que haya especificado esos daños y sus causa; y menos aun que durante la secuela del juicio se haya comprobado el quantum, y siendo que estos daños no sólo deben alegarse, sino comprobarse, se impone desestimar tal reclamación. ASÍ SE DECLARA’.

Como puede observarse, la anterior afirmación de la recurrida resulta totalmente contradictoria con aquella por la cual sostiene que existe probado en autos el daño, sus causa, su alcance sobre el patrimonio material y moral de mi mandante, y que con respecto al contrato el ‘proyectado beneficio se le trunca’ es decir, que tiene por probado que mi representada habría de extraer una utilidad de dicho contrato, y que la entidad de la misma también quedó fijada a los ojos del sentenciador mediante una fórmula o medio que él mismo señala en el fallo a partir de una utilidad real promedio mensual de Bs. 8.700.000,00.

 

Se trata, sin duda, de afirmaciones del propio juzgador de la recurrida sobre lo que ha quedado establecido en este juicio que mal puede resultar contradicho mediante una ulterior afirmación según la cual los daños correspondientes al lucro cesante no fueron ni siquiera especificados y mucho menos probados, desestimándose por ello la pretensión en tal respecto”.

 

            Para decidir, la Sala observa:

 

         En la presente denuncia se delata la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el formalizante que la recurrida incurre en el vicio por contradicción en los motivos.

         Respecto al vicio de inmotivación esta Sala en sentencia Nº 57, de fecha 5 de abril del 2001, expediente 00-390, dejó establecido lo siguiente:

 “...Ahora bien, el vicio de inmotivación puede darse cuando: a) Se omite todo razonamiento de hecho o de derecho; b) Las razones del juzgador no tienen relación con el asunto decidido; c) Los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e insubsanables, o son motivos tan vagos o absurdos, que impiden conocer el criterio seguido para decidir...”.

 

En lo atinente específicamente al vicio de inmotivación por contradicción en los motivos de la decisión, la Sala en decisión N° 241, de fecha 19 de julio de 2000, expediente N° 99-481, señaló:

 “El vicio de contradicción, capaz de anular el fallo impugnado, debe encontrarse en su dispositivo, de suerte que lo haga inejecutable.

 

También existe el llamado vicio de motivación contradictoria, el cual constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula.

 

(...Omissis...)

El último de los vicios aludidos – motivación contradictoria -  como ya se señaló, constituye una de las modalidades de inmotivación del fallo y se verifica si los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos y ello conllevaría a la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil”.

 

            Al respecto, el juzgador de alzada dejó establecido lo siguiente:

 “...este juzgador considerando que (1) la compensación por clientela obligaría a recurrir a las tesis modernas de la carga dinámica de la prueba, dado que el histórico de la clientela sólo puede ser comprobado en cabeza del condecendente, y/o (2) dada la insensibilidad del mecanismo de periodo de pago por inversión mediante la formula mencionada. Y entendiendo que hay una pluraridad de indicios concordantes y que hay que dar una reparación al perjuicio sufrido por quien, (i) habiendo sido empleado del fabricante, es llamado a constituir una compañía familiar para la distribución de productos en forma exclusiva con una cartera de clientela de una determinada región, y luego incausadamente esa (sic) proyectado beneficio se le trunca, al punto de la rescisión de la concesión generó el cierre de la empresa; (ii) considerando que ese perjuicio viene constituido en diversos planos: pérdida del valor de la cartera, perjuicio material, comercial, personal, moral y por ruptura abusiva, (iii) así como el hecho de que en el año 2000 –año de la ruptura unilateral- las compras que hacía DIARCA estaban en el orden de Bs. 530.774.345, 49 y las ventas en el orden de Bs. 650.995.324,08; y que (iv) que la concedente estimó como indemnización la cantidad de Bs. 8.700.000,00. Quien decide, apoyado en la concesión doctrinaria y judicial (cfr. MARTINEZ SANZ, Fernando: La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión, p. 72), que fija el montante de indemnización en dos anualidades, que es el tiempo que aproximadamente se tardaría en conseguir una cartera de clientes semejante a aquella de la que se disponía al momento de la extinción contractual, o apelando a la patrimonialidad del contrato, esto es, al valor de la cesión de la cartera, en uso de la facultad que le concede el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y en especial de la discrecionalidad que tiene el juez de comercio en el uso de la costumbre mercantil (art. 9 Ccom), fija como monto a indemnizar dos anualidades como reparación de la ilicitud incurrida por la demandada en su conducta abusiva al romper unilateralmente el contrato de concesión o venta exclusiva sin preavisar. ASI SE DECLARA.

 

La base para el calculo (sic) lo constituye lo afirmado por la empresa, de que el beneficio o indemnización que otorgó de Bs. 8.700.000,00 se corresponde a un mes, asimilando a una relación de analogía con el factor pagándole el preaviso (art. 104 Ccom). Lo que significa que una anualidad sería la cantidad de Bs. 104.400.000,00 y las dos anualidades sería la cantidad DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 208.800.000,00). A esta cantidad hay que deducirle la cantidad de Bs. 8.700.000,00. Por lo tanto el monto a indemnizar y en el que se condena a la  parte demandada es DOSCIENTOS MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 200.100.000,00). ASI SE DECLARA.

 

(...Omissis...)

***De los daños emergentes y del lucro cesante.

 

Ha reclamado la parte actora la cantidad de Bs. 43.375.897,00 por concepto de daño emergente y Bs. 312.306.420,66 por concepto de lucro cesante, sin que haya especificado esos daños y sus causa; y menos aun que durante la secuela del juicio se haya comprobado el quantum, y siendo que estos daños no sólo deben alegarse, sino comprobarse, se impone desestimar tal reclamación. ASÍ SE DECLARA”.

 

Ahora bien, tal como consta del criterio doctrinario anteriormente transcrito, la contradicción en los motivos del fallo equivale a inmotivación, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo punto, pues tal contradicción entre los considerandos de un fallo que versan sobre un mismo asunto, indefectiblemente conducen a la destrucción recíproca de los mismos y hace al fallo inmotivado.

 

         En el sub iudice, considera la Sala que existe contradicción entre los considerandos de la sentencia recurrida, pues como ha podido evidenciarse, en principio el juzgador de alzada señala que la rescisión unilateral del contrato de concesión o venta exclusiva, ocasionó un perjuicio a la demandante constituido el mismo por: pérdida del valor de la cartera, perjuicio material, comercial, personal, moral y ruptura abusiva, estimando el hecho de que en el año 2000, año de la ruptura, las compras que hacía Diarca estaban en el orden de Bs. 530.774.345,49 y las ventas en el orden de Bs. 650.995.324,08, y con base a los referidos montos, fijó la indemnización en la cantidad de Bs.200.100.000,00 como reparación de la ilicitud incurrida por la demandada, por concepto del daño causado, para luego concluir, que se desestimaba la reclamación por daño emergente y lucro cesante, con fundamento en que dichos daños no sólo deben alegarse, sino comprobarse.

 

Es evidente, pues, que los razonamientos de hecho y derecho expuestos por el ad quem, resultan totalmente contradictorios, en razón, que al sostener por una parte, que existe probado en autos el daño, sus causas, su alcance sobre el patrimonio material y moral de la demandante e inclusive señalar el monto a indemnizar, para de seguidas, desestimar la pretensión por daño emergente y lucro cesante, con fundamento en que dichos daños no fueron comprobados.

Por consiguiente, y en virtud de las anteriores consideraciones, se evidencia la ocurrencia de una grave contradicción en los motivos, en razón, a que dicha contradicción alegada por el formalizante versa sobre un mismo asunto, que indefectiblemente conduce a la destrucción recíproca de los mismos y hace el fallo inmotivado.

 

         En consecuencia, la Sala declara procedente la denuncia de infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

         Por resultar procedente esta denuncia por defecto de actividad, la Sala se abstiene de conocer las restantes delaciones contenidas en ambos escritos de formalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

         En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso casación anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de enero de 2005. En consecuencia, CASA el fallo recurrido y ordena al juez superior que resulte competente dictar nueva decisión sin cometer el vicio de actividad declarado por esta Sala.

 

         Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior anteriormente mencionado.

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta Temporal,

 

 

 

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ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

Magistrado,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrada-Ponente,

 

 

 

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YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

Magistrado,

 

 

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LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. Nº. AA20-C-2005-000280

 

 

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