Venley

Sentencia N.º RC.00773

Sentencia
N.º RC.00773
Fecha
15/11/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
05-386
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

 

 

 

 

Exp. 2005-000386

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

En el juicio por desalojo incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por los ciudadanos MANUEL BARREIRO, JOSE BARREIRO,  JOAO TEIXEIRA COELHO, MARÍA JOSÉ BARREIRO TEXEIRA COELHO y CONCEICAO BARREIRO TEXEIRA DE DO REGO, representados judicialmente por los profesionales del derecho Ruth Yhajaira, Rubén Darío, Juan Carlos Morante Hernández, Antonio Anato y José M. Ciarrochi M., contra la Sociedad Mercantil BAR RESTAURANT, QUINCALLA, ESTACIÓN DE SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA LOS CERRITOS C.A., representada por el ciudadano José Domingo Silva de Abreu Campanarios, patrocinado por los abogados en ejercicio de su profesión José Brito Pérez Viana y Mario Eduardo Trivella L., quienes reconvinieron a los actores por reintegro de alquileres, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 12 de julio de 2004, dictó sentencia mediante la cual declaró: “…Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR, y solo en lo que respecta al vicio de EXTRAPETITA denunciado, el recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Carlos Morante Hernández, en su condición de apoderado judicial de la parte actora integrada por los ciudadanos y ciudadanas MANUEL BARREIRO TEIXEIRA COELHO, JOSÉ BARREIRO TEIXEIRA COELHO, MARIA JOSÉ BARREIRO TEXEIRA COELHO, CONCEICAO BARREIRO TEXEIRA de DO REGO y JOAO TEIXEIRA COELHO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-3.589.979, V-6.265.151, V-4.842.603, V-6.108.466 y V-6.458.486, respectivamente, contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito de esta Circunscripción Judicial. En consecuencia se declara la nulidad de dicho fallo, por encontrarse incursa en el vicio de incongruencia en su aspecto de EXTRAPETITA, tal y como lo prevén los artículos 244 y 209 del Código de Procedimiento Civil. Segundo: SIN LUGAR la pretensión que por desalojo fundamentada en los artículos artículo (sic) 33 y 34 literal a) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, concatenado con los artículos 1579, 1592, 1159, 1160, 1264 y 1266 del Código Civil, intentaran los ciudadanos y ciudadanas MANUEL BARREIRO TEIXEIRA COELHO, JOSÉ BARREIRO TEIXEIRA COELHO, MARIA JOSÉ BARREIRO TEXEIRA COELHO, CONCEICAO BARREIRO TEXEIRA de DO REGO y JOAO TEIXEIRA COELHO, supra identificados contra la sociedad mercantil “BAR RESTAURANT QUINCALLA, ESTACIÓN DE SERVICIOS Y BOMBA DE GASOLINA LOS CERRITOS C.A., inscrita inicialmente por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, en fecha 02 de abril de 1971, quedando anotada bajo el No. 84, Tomo 23-A, siendo su última reforma efectuada mediante acta de fecha 23 de febrero de 1994 y registrada el 13 de junio de 1994, quedando anotada bajo el No. 13, Tomo 97-A Segundo; en la persona de su representante legal ciudadano JOSÉ DOMINGO SILVA de ABREU CAMPANARIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 6.239.861. Relación arrendaticia contenida en el contrato indeterminado celebrado en fecha 27 de diciembre de 1996, autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Los Teques, quedando anotado bajo el número 74, tomo 80, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría.
Tercero: SIN LUGAR, el recurso de apelación parcial interpuesto por el ciudadano abogado José Brito Pérez Viana, en su carácter de apoderado especial de la sociedad mercantil “BAR RESTAURANT QUINCALLA, ESTACIÓN DE SERVICIOS Y BOMBA DE GASOLINA LOS CERRITOS C.A, contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Cuarto: CON LUGAR, la reconvención o mutua petición incoada por la sociedad mercantil “BAR RESTAURANT QUINCALLA, ESTACIÓN DE SERVICIOS Y BOMBA DE GASOLINA LOS CERRITOS C.A, relativa al reintegro del pago de sobre alquileres derivados de la relación contractual arrendaticia existente con los ciudadanos y ciudadanas MANUEL BARREIRO TEIXEIRA COELHO, JOSÉ BARREIRO TEIXEIRA COELHO, MARIA JOSÉ BARREIRO TEXEIRA COELHO, CONCEICAO BARREIRO TEXEIRA de DO REGO y JOAO TEIXEIRA COELHO, todos supra identificados,(sic) En consecuencia se condena a los citados ciudadanos a lo siguiente: 4.1) A repetir a la Sociedad Mercantil “BAR RESTAURANT QUINCALLA, ESTACIÓN DE SERVICIOS Y BOMBA DE GASOLINA LOS CERRITOS C.A, la totalidad de las sumas recibidas en exceso al canon máximo fijado por los órganos reguladores, desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa (1990), hasta el mes de mayo de 1999, ambos inclusive, cantidades estas que se encuentran relacionadas y descritas en la Sección Primera del Capítulo Primero del Título Segundo del escrito de contestación a la demanda y mutua petición que corre inserto desde los folios 2 al 45 de la segunda pieza del expediente. Montos estos que ascienden a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs.74.837.606,50).  4.2) A pagar la diferencia numeraria, expresada en Bolívares, que resulte de la diferencia de indexar la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 74.837.606,50), a la propia suma expresada por dicha cantidad, desde la fecha de cada uno de los pagos, hasta la fecha de la presente decisión. Indexación esta que se acuerda para compensar el desmejoramiento de la moneda de las sumas pagadas en exceso. 4.3) A cancelar los intereses compensatorios del dinero pagado en exceso, calculados a la rata del tres por ciento (3%) anual, desde la fecha de cada uno de los pagos, hasta la fecha de la presente decisión.
4.4) A los efectos de determinar las cantidades exactas a que se refieren los numerales 2 y 3 se ordena, la práctica de una experticia complementaria del fallo a tenor de lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Quinto: SE CONDENA EN COSTAS DE LA RECONVENCIÓN, a tenor de lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, a los ciudadanos y ciudadanas MANUEL BARREIRO TEIXEIRA COELHO, JOSÉ BARREIRO TEIXEIRA COELHO, MARIA JOSÉ BARREIRO TEXEIRA COELHO, CONCEICAO BARREIRO TEXEIRA de DO REGO y JOAO TEIXEIRA COELHO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-3.589.979, V-6.265.151, V-4.842.603, V-6.108.466 y V-6.458.486, respectivamente…”.

 

Contra la parcialmente transcrita decisión, los demandantes reconvenidos anunciaron recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado, hubo impugnación, no hubo réplica.

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a decidir, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que a continuación se expresan:

PUNTO PREVIO

 

-I-

 

 

En su escrito de impugnación, la representación judicial de la demandada, solicitó la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso, en base a las siguientes consideraciones:

 

“…El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios expresa clara y lapidariamente que las decisiones de segunda instancia dictadas en los procesos de desalojo no tendrán recurso alguno; entre estos recursos negados, se incluye, natural y principalmente el de Casación, pues éste es e que generalmente se utiliza para combatir las decisiones del segundo grado de jurisdicción.

(…Omissis…)

Queremos desde ahora aclarar que el hecho que exista una reconvención por reintegro de sobre alquileres no cambia las cosas en nada, porque la mutua petición va ajena al propio proceso de desalojo, al punto que el problema de la supuesta insolvencia arrendaticia en que se apoyó el desalojo está enteramente fundido con el problema del reintegro, pues inclusive podría realizarse una compensación judicial con los arrendamientos futuros –compensación ésta que además fue pedida en la reconvención-, formando el desalojo y el reintegro una compacta díada que no puede desunirse para ser tratada separadamente…”

 

 

 

Observa la Sala:

 

 

            La reconvención, conforme al criterio del Dr. Arminío Borjas en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, “…se trata, no de una excepción de fondo, no de una defensa, sino de una acción, de una nueva demanda… En efecto, la reconvención, según la definición de Voet, es la petición por medio de la cual el reo reclama, a su vez, alguna cosa al actor, fundándose en la misma o en distinta causa que él… la reconvención, independientemente de la defensa o reforzándola por medio de un ataque que sirva para hacerla más eficaz, es una demanda nueva, el ejercicio de una nueva acción y constituye una segunda causa, que aunque deducida en el mismo juicio que la primera, tiene vida y autonomía propias, y pudo haber sido intentada en juicio separado”, o como sostiene el Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su obra “Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Civil”: “La reconvención, antes que un medio de defensa, es una contraofensiva explícita del demandado”; es decir, la reconvención viene a ser una nueva demanda interpuesta, en el curso de un juicio, por el demandado contra el demandante, con el objeto de obtener el reconocimiento de un derecho, o el resarcimiento de unos daños o perjuicios deducidos, que atenuará o excluirá la acción Principal.

            Para el autor Arístides Rengel Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano “La reconvención, mutua petición o contrademanda puede definirse como la pretensión que el demandado hace valer contra el demandante junto con la contestación en el proceso pendiente, fundada en el mismo o diferente título que la del actor, para que sea resuelta en el mismo proceso y mediante la misma sentencia.”

Definiendo la reconvención, esta Sala de Casación Civil, mediante decisión proferida el 26 de marzo de 1987, en el juicio seguido por la sociedad mercantil Inversiones Xoma, C.R.L. contra Lya Márquez Corao de Valery, expresó:

“…Ahora, bien, la reconvención o mutua petición es un recurso que la ley confiere al demandado por razones de celeridad procesal, en virtud del cual se le permite plantear a su vez, en el acto de la litis contestación, cualquier pretensión que pueda tener contra el actor primitivo, incluso referida a situaciones diferentes de las que se plantean en el juicio principal…”.

 

            Posteriormente en sentencia publicada el 12 de junio de 1991, en el juicio de Inversiones Siciliano Maggiolo C.A., contra Dr. José J. Amaro López, indicó:

“…Para la doctrina, la reconvención o mutua petición es la acción que intenta el demandado contra el actor, dentro del mismo proceso al que ha sido llamado, para con ello obtener la declaración de existencia de su propio derecho o de liberación de su propia obligación independientemente de la decisión sobre la pretensión del actor.

Para Armiño Borjas, citado por Abdón Sánchez Noguera: “Cuando alguien es llamado a juicio, es natural y justo que, junto con el derecho de defensa, se le reconozca además, caso de tener contra su adversario alguna acción que hacer valer, el de ventilarla en la misma lid a que éste le ha traído, evitándose así que se multipliquen los pleitos, y facilitándose a los litigantes la manera de dejar solucionados simultáneamente sus mutuas reclamaciones judiciales”.

La reconvención no puede confundirse con la excepción, por tratarse ésta de una respuesta defensiva contra el ataque del actor, formando junto con la pretensión una sola causa en tanto que aquella es un ataque propiamente contra el actor, una nueva demanda, una nueva causa que se constituye con vida autónoma, surtirá respecto del demandado reconveniente y del demandante reconvenido los mismos efectos de la demanda original, salvo los efectos de iniciar el procedimiento y determinar la competencia.

La oportunidad para intentar la reconvención o mutua petición está consagrada en el último aparte del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, o sea, en la oportunidad de dar contestación a la demanda. En este sentido se ha pronunciado la Sala al catalogar a la demanda y a la reconvención como acciones autónomas, tomando en consideración para determinar la cuantía de la causa el de la representada cuantitativamente en una cantidad mayor, no siendo procedente la sumatoria de ambas cantidades para determinar el interés principal del proceso, “porque desde un punto de vista asimétrico y lógico no es posible la adición de cantidades heterogéneas, como son necesariamente las que integran el petitorio del libelo y de la reconvención…”.

 

            Luego, el 12 de noviembre de 1997, en el juicio de Polita Zamora G. contra Seguros Avila C.A., se definió una vez más la reconvención como:

“…La reconvención es definida como una pretensión independiente que el demandado hace valer contra el demandante en el juicio, fundamentándola en igual o en diferente título que el alegado por el actor, para que sea resuelta en el mismo proceso y mediante una única sentencia.

La reconvención es una pretensión independiente que no se dirige a rechazar o inhibir la pretensión del actor, sino que se constituye un ataque, que, como tal, podría plantearse en una demanda autónoma.

La naturaleza de la reconvención es ajena a la noción de defensa o excepción con el juicio principal, por lo tanto, las defensas argumentadas por la parte demandada en el acto de contestación de la demanda no constituye lo que conoce como una reconvención o contrademanda…”.

 

 

De esta misma forma se pronunció la Corte en Pleno en decisión del  16 de febrero de 1994, expediente Nº 301, al expresar:

“…En lo atinente ya no a las características que presenta la norma dada su naturaleza procedimiental, sino a la naturaleza de la institución de la reconvención, debe señalarse que la reconvención en su contenido es una acumulación de pretensiones, que da origen a un proceso con pluralidad de objetos, cuya situación procedimental es la necesidad de que ambas sean tratadas ante un solo Juez (idem iudex) y mediante un solo proceso (simultaneus processus), en virtud del principio de la economía procesal…”.

                       

En base a las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la reconvención representa una demanda nueva y constituye una segunda causa, que como ya se dijo, aunque deducida en el mismo juicio que la primera tiene vida, autonomía y cuantía propia, además, el legislador estimó conveniente que la reconvención precisara claramente el objeto y sus fundamentos, por constituir una acción autónoma, con cuantía propia y que debe cumplir los requisitos contemplados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Aún cuando la figura que representa la reconvención la constituye un juicio con vida, autonomía y cuantía propia, al ser propuesta dentro de un procedimiento en particular, indefectiblemente es en ese y no en otro juicio donde deben ejercerse los recursos y demás medios de impugnación que afecten la pretensión del reconviniente. Por tal razón, recurrible en casación como lo es la acción de reintegro intentada, debe necesariamente la Sala entrar a conocer del recurso interpuesto y, por lo tanto, declarar improcedente la solicitud del impugnante de declarar inadmisible el mismo. Así se establece.

 

-II-

 

 

 

Mediante diligencia presentada ante la Secretaría de esta Sala en fecha 29 de julio de 2005, el abogado Mario Eduardo Trivella, solicitó se declarara perecido el recurso visto el cómputo emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, remitido a esta Sala en fecha 27 de julio de 2005.

 

A los fines de una mejor comprensión sobre el punto a considerar, la Sala estima conveniente y necesario reseñar los pormenores suscitados en esta causa en la jurisdicción de Alzada, a partir de la publicación de la decisión que dio origen al recurso de casación.

 

Así, tenemos que:

 

a)    La sentencia es publicada el día 12 de julio de 2004.

b)    En fecha 13 de julio de 2004, ambas partes solicitan aclaratoria del fallo.

c)      El 14 de julio de 2004, la representación judicial de los actores anuncia recurso de casación “…contra de la sentencia dictada por este Juzgado, en fecha doce (12) de julio de hogaño, esto, en el entendido, de que en el presente recurso, no se encuentran comprendidos los pronunciamientos relativos a la acción de Desalojo incoada, toda vez, que contra la misma, no cabe la interposición del recurso de Casación, todo, conforme  a lo previsto en el artículo 36 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, motivo por el cual, el presente recurso, solo se encuentra dirigido a impugnar, la referida sentencia, en lo que respecta a la declaratoria con lugar, de la acción de reintegro incoada por la parte demandada-reconviniente y sus accesorios…”.

d)    En esa misma fecha el juzgado niega la aclaratoria solicitada por la representación de los actores y aclara un error material cometido.

e)    El día 15 de julio de 2004, la representación judicial de los actores anuncia nuevamente recurso de casación contra de la sentencia dictada por este Juzgado, en fecha doce (12) de julio de hogaño, esto, en el entendido, de que en el presente recurso, no se encuentran comprendidos los pronunciamientos relativos a la acción de Desalojo incoada, toda vez, que contra la misma, no cabe la interposición del recurso de Casación, todo, conforme  a lo previsto en el artículo 36 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, motivo por el cual, el presente recurso, solo se encuentra dirigido a impugnar, la referida sentencia, en lo que respecta a la declaratoria con lugar, de la acción de reintegro incoada por la parte demandada-reconviniente y sus accesorios.

f)      En fecha 20 de julio de 2004, el tribunal produce un auto donde expresó: “…en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, procedió a ejercer Recurso de Casación contra la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 12 de julio de 2004, dirigido en su decir, en lo que respecta a la declaratoria con lugar de la acción de Reintegro incoada por la parte demandada-reconviniente,  este Tribunal en resguardo al derecho a la defensa, procederá a emitir pronunciamiento al respecto, en estricta sujeción al artículo 315 de la Ley adjetiva Civil, es decir el primer día inmediato siguiente al vencimiento de los 10 que se dan para el anuncio. Y así se establece…”. (Negrillas del auto, Subrayado de la Sala)

g)    El 10 de agosto comparece el juez Víctor González Jaimes y procede a inhibirse invocando la causal contenida en el numeral 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Remitiendo en esa misma fecha comunicación a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia a fin que se designara un suplente especial en virtud de su inhibición.

h)    El día 28 de octubre de 2004, la juez suplente especial, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 90 del Código de Procedimiento Civil, se aboca al conocimiento de la causa ordenando la notificación de las partes, dejando constancia que una vez constara en autos la última de las notificaciones ordenadas, comenzaría a correr un término de diez (10) días de despacho para la reanudación de la causa, una vez transcurrido dicho término fijó tres (3) días de despacho para que las partes ejercieran el derecho de recusarla y vencido este procedería a dictar sentencia.

i)      El 9 de mayo de 2005, se admite el recurso de casación indicando: “…A los fines de clarificar cuando inicia el lapso de cuarenta (40) días para la consignación tempestiva de la formalización del Recurso Extraordinario de casación, se hace constar que esta decisión se está produciendo el primer día inmediato siguiente al vencimiento del lapso para su anuncio…”.

j)      En fecha 13 de mayo de 2005, se ordenó la remisión del expediente a esta Sala de Casación Civil.

 

De un detenido estudio sobre las actas acreditadas a este expediente, no evidencia la Sala en primer lugar, que haya sido resuelta la inhibición del juez, propuesta según el cómputo emanado del juzgado A-quo, el último día para el anuncio del recurso de casación, en segundo lugar, que mediante auto de fecha 20 de julio de 2004, el juzgado A-quo indicó: “este Tribunal en resguardo al derecho a la defensa, procederá a emitir pronunciamiento al respecto, en estricta sujeción al artículo 315 de la Ley adjetiva Civil, es decir el primer día inmediato siguiente al vencimiento de los 10 que se dan para el anuncio”. Y posteriormente el 9 de mayo de 2005, al admitir el recurso de casación anunciado expresó: “…A los fines de clarificar cuando inicia el lapso de cuarenta (40) días para la consignación tempestiva de la formalización del Recurso Extraordinario de casación, se hace constar que esta decisión se está produciendo el primer día inmediato siguiente al vencimiento del lapso para su anuncio…”.

 

Esta Sala de Casación Civil, en sentencia número 45 del 23 de febrero de 2001 (Caso: Inmobiliaria Memojual), señaló:

 

“…esta Sala en forma reiterada y sostenida, ha considerado que la negligencia y el subsecuente error del órgano jurisdiccional para realizar los cómputos inherentes al proceso, en modo alguno, pueden actuar en detrimento del derecho a la defensa de las partes, quienes en todo caso atuvieron su actuación al señalamiento expreso que sobre el particular realizó el tribunal en el expediente de la causa” (Subrayado de este fallo)…”

 

Resulta evidente que los pronunciamientos de fechas 20 de julio de 2004 y 9 de mayo de 2005, causaron confusión e incertidumbre en las partes, confusión que podría conllevar al detrimento del derecho a la defensa de los actores por una posible declaratoria de perecimiento del recurso de Casación anunciado y formalizado, ya que esa representación actuó de acuerdo a las directrices erradas que impartió el juez como director del proceso. El error en el cual incurrieron ambas partes, se evidencia cuando el impugnante presenta su escrito sin hacer ninguna mención sobre la tempestividad de la formalización del recurso. Resultaría violatorio del principio de seguridad jurídica, comentado por la doctrina de la Sala Constitucional en sentencia número 3180 del 15 de diciembre de 2004 (caso: Tecnoagrícola Los Pinos, C.A.), según el cual:

“…Seguridad Jurídica se refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En ese sentido en Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser derogado sino por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de validez en su formación, y con los de publicidad. Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando en las personas confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán…”. (Subrayado de la sentencia)

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, en salvaguarda a los principios de seguridad jurídica, derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación Civil declara improcedente la solicitud de perecimiento del recurso y entra a conocer las denuncias contenidas en la formalización presentada en fecha 15 de junio de 2005. Así se establece.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Del estudio detenido sobre las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala considera necesario, en fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes innecesarios de la jurisdicción, invertir el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la Segunda denuncia por defecto de actividad.

 

Segunda Delación

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por la recurrida del ordinal 6º del artículo 243 eiusdem, por indeterminación objetiva, alegando lo que a continuación se transcribe:

 

“…En el presente caso, fue propuesta reconvención en contra de nuestros mandantes, a los fines de que se les condenara al pago -repetición o reintegro- de la supuesta diferencia a favor de la demandada-reconviniente, cobrada por encima de los cánones de arrendamiento de los inmuebles alquilados, así como la indexación y los intereses compensatorios aparentemente generados. Esta pretensión fue declarada procedente por la recurrida.

Por ello, a los fines de determinar los montos por esos conceptos, la recurrida indicó en su Dispositiva, que debía realizarse una experticia complementaria, en los siguientes términos:

“4.4) A los efectos de determinar las cantidades exactas a que se refieren los numerales 2 y 3 se ordena, la práctica de una experticia complementaria del fallo a tenor de lo establecido en el articulo 249 del Código de Procedimiento Civil.”

Pero es el caso que, tal y como puede apreciarse, siendo una declaración de condena en contra de nuestros representados, la recurrida no expresa el método o las cantidades que deben ser examinadas, ni el procedimiento a seguir, ni siquiera las normas de derecho que pudieran servir de base para que los expertos designados realicen la labor que se le encomienda en el dispositivo…”.

 

 

 

Sobre este particular, expresa la recurrida:

 

“…En consecuencia se condena a los citados ciudadanos a lo siguiente:

4.1) A repetir a la Sociedad Mercantil “BAR RESTAURANT, QUINCALLA, ESTACIÓN DE SERVICIO Y BOMBA DE GASOLINA LOS CERRITOS C.A., la totalidad de las sumas recibidas en exceso al canon máximo fijado por los órganos reguladores, desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa (1990), hasta el mes de mayo de 1999, ambos inclusive, cantidades estas que se encuentran relacionadas y descritas en la Sección Primera del Capitulo Primero del Título Segundo del escrito de contestación a la demanda y mutua petición que corre inserto desde los folios 2 al 45 de la segunda pieza del expediente. Montos estos que ascienden a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 74.837.606,50).

4.2) A pagar la diferencia numeraria, expresada en Bolívares, que resulte de la diferencia de indexar la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS 8Bs. 74.837.606,50), a la propia suma expresada por dicha cantidad, desde la fecha de cada uno de los pagos, hasta la fecha de la presente decisión. Indexación esta que se acuerda para compensar el desmejoramiento de la moneda de las sumas pagadas en exceso.

4.3) A cancelar los intereses compensatorios del dinero pagado en exceso, calculados a la rata del tres por ciento (3%) anual, desde la fecha de cada uno de los pagos, hasta la fecha de la presente decisión.

4.4) A los efectos de determinar las cantidades exactas a que se refieren los numerales 2 y 3 se ordena, la practica de una experticia complementaria del fallo a tenor de lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil…”

 

 

Para decidir, esta Sala observa:

 

Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público.

 

En sintonía con ello, la Sala ha establecido de manera pacífica y constante respecto del requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, previsto en el artículo 243 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, cuya expresión resulta indispensable y necesaria para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en si mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. Asimismo, este requisito persigue garantizar que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva. (Sent. 24-3-2003. Caso: René Romero García c/ Carolina Lugo Díaz).

 

                   En el presente caso el sentenciador de alzada condenó a la parte demandada a pagar a la accionante la cantidad que resulte por concepto de indexación judicial e intereses, cuya monto sería calculado mediante una experticia complementaria del fallo, durante el lapso comprendido desde la fecha de cada uno de los pagos hasta la fecha de publicación de la sentencia.

 

                   Ahora bien, la facultad del juez de ordenar experticias complementarias del fallo está prevista en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que autoriza al juez impedido de estimar el monto de la condena según las pruebas, por carecer de conocimientos técnicos, en cuyo caso la ley permite ordenar hacer dicha estimación a través de peritos. No obstante, ello no puede ser entendido como una delegación de la función jurisdiccional a personas que no han sido investidos por el estado de esa delicada misión, que es propia del juez.

 

                   Los peritos no pueden actuar como jueces y decidir los fundamentos o bases del daño a pagar. La función de los expertos debe circunscribirse a una cuantificación monetaria de la condena, que deben estar enmarcados o limitados en la decisión misma, para que no se produzcan extralimitaciones en la experticia, ni se generen derechos nuevos no consagrados en la sentencia. Tampoco puede fomentarse la apertura de un nuevo contradictorio en fase de ejecución judicial, en cuanto a la discrepancia de tales daños, producto de una indeterminación  objetiva que deje al criterio de cada parte, una impresión incierta o demasiado subjetiva del monto real de esos daños.

                   En otras palabras, la función jurisdiccional la ejerce el juez y no los peritos, y por ello, los lineamientos o puntos sobre la base de los cuales se elaborará la experticia, deben provenir del fallo.

                   La sentencia, como expresión de la máxima potestad jurisdiccional, debe bastarse así misma, esto quiere decir que para comprender su dispositivo, y en consecuencia darle cumplimiento, debe resultar autosuficiente, sin necesitar el auxilio de ningún otro documento, ni acta del expediente.

 

                   Es preciso que sus términos estén expresados en forma clara y completa para que cumpla su fin último, cual es plasmar en forma indubitable la soberana decisión a que ha arribado el sentenciador,  luego de su analítico estudio del caso.

 

                   Respecto del requisito de determinación del objeto sobre el que recae la decisión, previsto en el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el criterio general que dicha determinación debe aparecer directamente del fallo, y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del fallo, porque la sentencia debe ser autosuficiente y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea preciso acudir a otros elementos extraños para complementarla o hacerla inteligible.

                   Es claro pues, que el sentenciador debe determinar con exactitud los límites que sujetan la actividad del perito, quien se convierte en un mero ejecutor de la orden judicial impartida, con el solo propósito de aplicar sus conocimientos técnicos y calcular la respectiva estimación.

 

                   Ahora bien, entre las indicaciones necesarias encontramos precisamente los lineamientos que servirían de base a los expertos para realizar los cálculos inherentes a la experticia complementaria del fallo.

 

                   En ese supuesto, el sentenciador debe indicar en su decisión los lineamientos o puntos de apoyo que servirán de base para que los expertos determinen cuantitativamente el cálculo ordenado, tales como: monto de la condena, fechas límites en que fueron devengados los intereses cuyo pago no ha sido satisfecho y es objeto de condena, la tasa de interés aplicable, los parámetros a seguir para la realización de dicho cálculo, así cualesquiera otro dato que el juez considere indispensable para el desarrollo de las actividades técnicas de los peritos, ya que la experticia complementaria constituye en definitiva con la sentencia un solo acto de procedimiento, complementándola e integrándose como una parte más de ella.

 

                   No obstante, en el caso concreto, el juez de Alzada  condenó el pago del monto que resulte por concepto de indexación judicial e intereses que ordenó calcular mediante experticia complementaria del fallo, sin determinar los parámetros por los que debería seguir dicha experticia, además, a fin que los peritos conocieran tanto las sumas pagadas como las fechas de pago refiere a que estas se encuentran relacionadas en el escrito de contestación de la demanda.

 

                   El criterio de la Sala en relación a los parámetros que debe establecer el juez al ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, ha sido establecido reiteradamente, entre otras, en sentencia de fecha 21 de julio de 2005 (Caso:Yoleida Josefina Urquiola Venegas contra Defensas del Caribe, C.A. y otros), donde se expresó:

 

“…El criterio de la Sala en relación a los parámetros que debe establecer el juez al ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, ha sido establecido reiteradamente, entre otras, en sentencia de fecha 8 de noviembre de 2001 (Caso: Felipe Segundo Montilla Núñez contra Depositaria Miramar, C.A. (DEPOMIRCA) y Otro), y más recientemente en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, (Caso: Giovanni Ricupero contra Comercializadora Domingos, C.A. y Otro) en las cuales se dejó sentado lo siguiente:

“…al no determinar el juzgador ad quem los lineamientos que servirían de base a los expertos para realizar los cálculos inherentes a la experticia complementaria del fallo, lo cual no se desprendió de la motiva ni dispositiva de la sentencia recurrida, por lo que en este caso se evidencia la ausencia absoluta de parámetros para la actuación de los expertos y ello hace indeterminable el objeto de la pretensión…”

 

                   La Sala reitera el precedente jurisprudencial y declara procedente la presente delación de infracción del artículo 243 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de alzada condenó al pago de la cantidad que resulte por concepto de indexación judicial e intereses sin señalar el método que debían seguir los expertos y/o peritos contables para el cálculo de la indexación, dejando en manos de estos la determinación del método a seguir y debiendo estos a fin de conocer las sumas a indexar descender al escrito de contestación de la demanda donde se encuentran relacionadas. Así se decide.

 

Habiéndose encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de examinar y resolver las restantes denuncias que contiene el escrito de formalización, de conformidad con lo dispuesto en el aparte segundo del artículo 320 eiusdem.

 

D E C I S I Ó N

 

            Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 12 de julio de 2004. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.

 

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

 

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.-

            Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

Vicepresidenta-Temporal,

 

 

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

Magistrado Ponente,

 

 

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrado,

 

 

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Magistrada,

 

 

 

 

 ____________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. AA20-C-2005-000386

 

 

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