Venley

Sentencia N.º RC.00793

Sentencia
N.º RC.00793
Fecha
29/11/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
05-513
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Exp. 2005-000513

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

         En el juicio por reivindicación intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, por la asociación civil AGROPECUARIA GUANAPA, representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión María Alejandra Santaella, Juan Pedro Manrique López y Arturo Camejo López, contra el ciudadano DARÍO COROMOTO BARAZARTE, patrocinado judicialmente por los profesionales del derecho Gabriel Ernesto España Guillén y José Ramón España Márquez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 18 de abril de 2005 mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación ejercido por la accionante contra la decisión proferida por el a quo el 2 de noviembre de 2001 que, a su vez, estableció sin lugar la demanda; anuló el fallo apelado y declaró igualmente sin lugar la demanda, condenando al accionante al pago de las costas procesales.

         Contra el precitado fallo, el accionante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

         Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual se hace previas las consideraciones siguientes:

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

          Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, según alega, el ad quem en el dispositivo del fallo dejó de pronunciarse sobre un alegato expuesto por su contraparte en el escrito de contestación a la demanda, referido específicamente a la procedencia o no de una invocada prescripción adquisitiva.

 

          Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:

“...Con apoyo en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, en concordancia con el artículo 12 ejusdem, ya que, la sentencia recurrida al omitir pronunciarse en su parte dispositiva sobre la procedencia o no de la prescripción alegada como defensa de fondo por la parte demandada, violenta el principio de que la misma de ser expresa, positiva y precisa y con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, influyendo este hecho de manera determinante en el dispositivo del fallo y de allí que se hace aplicable la sanción contenida en el artículo 244 del precitado texto legal, es decir, la nulidad de la misma.

En efecto, el demandado en su escrito de contestación a la demanda interpuesta por mi representada, alegó la prescripción adquisitiva ordinaria de veinte (20) años, establecida en los artículos 1952 y 1977 del Código Civil vigente; hecho este que durante el curso del presente proceso no logró probar al no aportar ninguna prueba.  Siendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que cada parte tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, resultando por tanto evidente que era precisamente a élla (la parte demandada) a quien correspondía demostrar tal alegato.

En el caso bajo análisis, se observa que la parte demandada alegó en su escrito de contestación a la demanda  a fin de sustentar su defensa, la prescripción adquisitiva del bien inmueble objeto de la reivindicación por haberlo poseído por más de 20 años; este hecho no fue demostrado de manera efectiva durante el transcurso del proceso y sin embargo, el Juez de la recurrida no se pronunció en relación a declarar sin lugar o no tal defensa. Sólo en la parte motiva de su fallo, señaló como criterio, que la prescripción en general no podía ser utilizada como medio de defensa sino por vía de acción y de acuerdo al procedimiento contenido en el Código de Procedimiento Civil con lo cual en forma alguna puede entenderse que corrigió la omisión alegada que afecta su decisión de nulidad.

Lo expuesto anteriormente, hace evidente que la sentencia cuestionada no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas y de allí que solicite de este Máximo Tribunal de la República declare procedente el presente recurso con base a los dispositivos legales denunciados.

 

         La Sala para decidir, observa:

         De la delación supra transcrita se evidencia que el formalizante endilga a la recurrida el vicio de incongruencia negativa, toda vez que aduce una supuesta omisión de pronunciamiento “...en el dispositivo del fallo...”, respecto a la procedencia o no de la “...defensa de fondo...” alegada por el accionado -su contraparte- en el escrito de contestación a la demanda, atinente a la prescripción adquisitiva del inmueble que se pretende reivindicar, aun cuando, de otro lado, el recurrente, expresamente reconoce que en la motiva si hubo señalamiento al respecto.

         Esto dicho en otras palabras significa, que la accionante para atacar el fallo denuncia una supuesta falta de pronunciamiento sobre una pretensión no expuesta por ella, sino –se repite- por su contraparte en el escrito de contestación de la demanda, siendo que de existir tal omisión, en todo caso, lejos de causarle un gravamen, ello le favorecería, sobre la cual además, como ya se señaló, expresamente reconoce el recurrente que en el propio texto de la sentencia (parte motiva) el sentenciador de alzada señaló que la prescripción adquisitiva en modo alguno constituye un medio de defensa, sino que por el contrario debe ejercitarse por vía de acción.

         Con relación a esto último expresado por el formalizante, cabe señalar que, en atención al principio de unidad del fallo al encontrarse contenido dentro de la estructura de la propia sentencia algún pronunciamiento del juez sobre el asunto de prescripción adquisitiva que le fue sometido a su consideración, mal podría estimarse que la decisión adolece de incongruencia negativa, por no haber expresado su pronunciamiento en el dispositivo de la misma.

               Ahora bien, no obstante el predicho reconocimiento del formalizante, la Sala considera oportuno precisar que para plantear este tipo de denuncia se requiere la existencia de un interés legítimo, por tanto, es menester que la decisión dictada por el juez ocasione un perjuicio o agravio a una de las partes (o de ambas), lo cual, impulse el planteamiento de la denuncia para impugnar el pronunciamiento del juez.

         Sobre el particular, la Sala en sentencia N°. 1120, de fecha 22 de septiembre de 2004, Exp. N° 2003-000502, en el caso de Rafael José Marcano Gómez contra Rosaura del Valle Hernández Torres, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:

“...En relación a la legitimidad o interés del recurrente sobre la delación planteada, ha sido pacífica y reiterada la doctrina de esta Sala, en sentencia Nº 117 del 13 de abril de 2000, caso Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la sociedad mercantil Agropecuaria El Jobal C.A., y otro, expediente Nº 99-1030, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:

“...El formalizante alega que la sentencia recurrida infringió el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento en torno a la oposición que a la medida de embargo ejecutivo realizó la sociedad mercantil Desarrollo Buriita C.A.

Al respecto, la Sala ha sostenido en diversas oportunidades que para denunciar el vicio de incongruencia negativa es necesario que el recurrente en casación ostente legitimidad, entendiéndose por ella que el denunciante resulte afectado por la pretendida omisión de pronunciamiento. En efecto, en sentencia de 13 de agosto de 1992, reiterada en decisión  de 9 de diciembre de 1998, y 21 de julio de 1999, (Belkis Astrid González Guerrero c/. Beltina María Zerpa de González), la Sala expresó:

‘De acuerdo a reiterada doctrina, la omisión de pronunciamiento en la sentencia sólo puede ser denunciada en casación por la parte que resulte afectada por tal defecto, pues la parte contraria carece de legitimidad para denunciar un vicio que sólo podría favorecerlo’.

Por tanto, en el presente caso la recurrente no tiene legitimidad para denunciar la omisión de pronunciamiento sobre la oposición formulada por la sociedad mercantil Desarrollo Buriita C.A., razón por la cual se desecha la denuncia.

Tal como claramente se observa, debe el recurrente tener una legitimidad o interés sobre las delaciones que plantea, de lo contrario se declarará su improcedencia...” (Negrillas del texto).

 

 

Como corolario de lo expuesto y en atención al precedente jurisprudencial supra transcrito, el cual se reitera, esta sede casacional concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento respecto a una pretensión planteada por su contraparte; lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece.

 

DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante endilga a la recurrida el tercer caso de suposición falsa y la infracción de los artículos 508 y 12 ibídem.

Alega que:

“...Con apoyo en lo dispuesto en el ordinal segundo del artículo 320 ejusdem, denuncio la infracción del artículo 508, en concordancia con el artículo 12, ambos del mismo texto legal adjetivo; por cuanto la sentencia recurrida incurrió en el tercer caso previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, como vicio de falso supuesto, ya que, el Juzgador dio por cierto un hecho el cual está rebatido o contradicho expresamente por la prueba de experticia cursante a los autos; la cual al no apreciarla atendiendo a lo dispuesto por el artículo 508 del citado Código de Procedimiento Civil, lo hizo llegar a una conclusión inexacta; influyendo esto de manera determinante en el dispositivo del fallo.

La recurrida para declarar sin lugar la demanda que por reivindicación intentada de mí representada contra el señor DARÍO COROMOTO BARAZARTE, señaló lo siguiente:

(...Omissis...)

Como podrá observarse, el Juez de la recurrida para llegar a la conclusión de que no existe identidad entre el bien del inmueble objeto de la reivindicación y el señalado como propiedad de mi representada, a pesar de haberle otorgado el valor de plena prueba a la experticia técnica, al momento de estudiar la misma hace a un lado la circunstancia de la perfecta concordancia que existe entre los expertos y las demás pruebas, así como la condición profesional de quienes realizaron la experticia y lo que es más grave, no tomo (sic) en consideración las conclusiones del informe que de manera clara y precisa señala que el bien inmueble objeto de la demanda de reivindicación y aquel al cual se refiere la experticia es uno solo, es decir, son idénticos; lo cual con las demás pruebas promovidas y evacuadas por mi reprensentada era suficiente para declarar la procedencia de la reivindicación demandada.

En consecuencia, por cuanto resulta evidente que el Juez de la recurrida no aplicó debidamente las normas que en su conjunto denuncian, solicito que el presente recurso sea declarado procedente.

Con la finalidad de esclarecer y contradecir la afirmación de la recurrida acerca de la exclusividad de la prueba de experticia  para demostrar la identidad del bien inmueble a reivindicarse, considero procedente traer a colación lo que hasta ahora ha sido criterio mantenido por nuestra jurisprudencia y ello lo encontramos en los siguientes fallos: a) Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el día 18 de Diciembre de 1962:

(...Omissis...)

Lo anterior nos lleva afirmar que el Juez de la Recurrida infringió una norma jurídica expresa (Artículo 508 C.P.C.) que regula la valoración de prueba de experticia; y la parte dispositiva del fallo y ello trajo como resultado que la decisión contra la cual se recurre no se pronunció atendiendo a la pretensión deducida y las excepciones y/o defensas opuestas, obviando concatenar la experticia técnica con las demás pruebas contenidas en las actas procesales; hechos que fueron determinantes en la declaratoria sin lugar de la acción incoada por mi representada contra el nombrado, Darío Coromoto Bararzarte y así pido  respetuosamente se declare.

 

La Sala para decidir, observa:

En la denuncia supra transcrita, el formalizante señala que la recurrida incurre en el tercer caso de suposición falsa, pues, según alega, el ad quem estableció una “...conclusión inexacta...” luego de apreciar una prueba de experticia cursante en autos en contravención a los artículos 12 y 508 del Código de Procedimiento Civil.

Agrega el recurrente, que el juzgador de segundo grado del conocimiento, no obstante haberle otorgado el valor de plena prueba a la referida experticia, arribó a la conclusión que existe falta de identidad entre el bien inmueble objeto de la demanda y el señalado como propiedad de su representada, sin tomar en consideración la concordancia existente entre los expertos y las demás pruebas, así como ser condición de profesionales y las conclusiones contenidas en el referido informe pericial, que según sus dichos, de manera clara y precisa señalan que el bien inmueble objeto de la demanda y al que se refiere la experticia, constituyen uno solo.

Finalmente aduce el formalizante, que el ad quem al violar el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, infringió la norma jurídica expresa que regula la valoración de la prueba de experticia.

La denuncia bajo estudio, carece de la técnica establecida por esta Máxima Jurisdicción que le permitiría a la Sala conocerla al fondo, para aquellos casos en los cuales pretenda acusarse la suposición falsa, pues el recurrente aduce, por una parte, el tercer caso de suposición falsa, que consiste en dar por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo, sin embargo, como se dijo, reconoce expresamente que se trata de una conclusión del juez, en su opinión, desacertada, y de otro lado, arguye la infracción de una norma jurídica expresa que regula la valoración de las pruebas, específicamente el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, la cual, según su dicho, “...regula la valoración de la prueba de experticia...”.

Las deficiencias supra delatadas, constituyen razón suficiente para declarar la improcedencia de la denuncia bajo estudio.

Sin embargo, la Sala en su función de pedagogía jurídica, considera oportuno reiterar y precisar las exigencias que debe cumplir el recurrente para realizar este tipo de denuncia, a saber: a) Indicar el hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b) indicar el caso concreto de suposición falsa a que se refiere la denuncia, ello en razón a que el encabezamiento del artículo 320 de la Ley Adjetiva Civil, prevé a este respecto tres supuestos distintos; c) señalar específicamente el acta o instrumento cuya lectura evidencie la falsa suposición; d) indicar y denunciar el texto aplicado falsamente o no aplicado, ya que el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y e) la demostración de las razones por las cuales la infracción, es determinante en el dispositivo del fallo.

En el caso de especie, contrario a la técnica expresada, la denuncia de suposición falsa no aparece concretada en forma específica y fundadamente, dónde quede demostrado cómo y bajo cuáles circunstancia la recurrida habría podido incurrir en el caso de suposición falsa que se le atribuye. Toda su argumentación está dirigida a censurar la forma como la recurrida apreció determinada prueba y la conclusión a la que arribó el juez del alzada, lo cual no se corresponde con la denuncia planteada, siendo además que no le es dable a la Sala inferir la intención del recurrente, pues de hacerlo estará supliendo una obligación propia de éste y asumiendo funciones que si bien no le son ajenas, no se corresponden a la inherencia como tribunal de derecho que es; ya que la precisión y claridad son cargas inexcusables del formalizante, que van dirigidas a demostrarle a la Sala que de existir la infracción por la recurrida, el mismo fue determinante en el dispositivo del fallo, ya que en caso contrario, se estaría ante una casación inútil.

En consonancia con lo anterior, estima igualmente oportuno esta sede casacional señalar algunas consideraciones respecto al vicio de suposición falsa. Así la Sala en sentencia Nº 892 del 19 de agosto de 2004, caso Librería y Papelería Monoy, S.R.L., contra Alberto Velasco Godoy y Otros, expediente Nº 2004-000127, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció:

“...La suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, ya sea porque “atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene” o porque “dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo” (parte final del primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil).

Por tanto, el vicio debe tratarse exclusivamente del establecimiento de un hecho, quedando excluidas las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que, aunque sea errónea, no configura el vicio de suposición falsa.

En el sub iudice, el formalizante señala que el dispositivo del fallo es consecuencia de la suposición falsa en que incurrió el ad quem al establecer que del acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 8 de agosto de 1997, se constata su probable ilegalidad.

(...Omissis...)

De la transcripción realizada, se evidencia que cuando el sentenciador señala que “en criterio de quien decide, queda verificada, de un lado, la aparente existencia de un derecho o interés del solicitante que está corriendo un peligro de sufrir un daño irreversible y, de otro, la probabilidad de que la Asamblea impugnada sea ilegal”, está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión a la cual llegó, luego de examinar el libelo de demanda y la prueba constituida por el acta de Asamblea General Extraordinaria y, por tanto, no tratándose de un hecho, sino de una conclusión del Juez, ésta no es atacable como suposición falsa.

Los hechos extraídos por la recurrida de la documental mentada, son que la Asamblea se realizó en la sede de la empresa, que tuvo por objeto la modificación de una cláusula de su Estatuto Social y la sustitución de los miembros de la junta directiva; y no la determinación de la probabilidad de ilegalidad de la Asamblea, ya que esto constituye la consecuencia a que llega la recurrida luego del análisis de los alegatos y del material probatorio pertinente, con lo cual determinó o verificó el cumplimiento del fumus boni iuris.

La determinación de que existe una probabilidad de ilegalidad es producto de un proceso intelectual que debe llevar a cabo el juez y que implica la consideración de normas que prevean supuestos de hechos sancionables por su incumplimiento. La ilegalidad en general, no es el establecimiento de un hecho, sino la consecuencia del mismo que, al subsumirse en una hipotética norma, se determina o no su legalidad.

En consecuencia, al haber delatado el formalizante una consecuencia jurídica del hecho, como el “hecho” concreto falsamente supuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide...” (Resaltado del texto).

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial supra trasladado, se evidencia que el señalado vicio, debe referirse exclusivamente al establecimiento de un hecho, quedando fuera de tal especie las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que no configura el vicio de suposición falsa, aun en el caso que dicha apreciación fuera errónea.

En el sub iudice, tal como se dijo precedentemente, el recurrente pretende desvirtuar simplemente la conclusión a la que llega la recurrida luego de valorar un informe pericial, la cual, -se reitera- no puede ser objeto de una denuncia de suposición falsa, ya que ésta va dirigida concretamente a un hecho que el sentenciador haya establecido falsamente.

En tal sentido, no se percibe que el juez haya establecido de ninguna manera un hecho positivo y concreto, sino que, luego de realizar su labor de análisis sobre la experticia promovida por la accionante, concluyó en lo siguiente:

“...Para esta juzgadora a la experticia realizada conforme las disposiciones legales establecidas y por expertos profesionales en la materia, se le otorga pleno valor probatorio conforme el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil y 1422 del Código Civil y por cuanto en el referido informe técnico los mismos expertos señalaron expresamente que existen discrepancias respecto la cabida y en algunos de los linderos tal como se aprecia en las conclusiones del informe parcialmente transcrito supra; se desprende que ante tales discrepancias no se puede declarar que se trata de un mismo inmueble aquel del cual se dice propietario el demandante y el poseído por el demandado...”.

 

De acuerdo con el texto supra trasladado, cabe señalar que aún cuando es facultad del Juez seguir o no el dictamen de expertos, siendo necesario únicamente dar las razones que sustenten su decisión de apartarse de dicho dictamen, en el sub iudice, en modo alguno el ad quem dejó de tomar en consideración las conclusiones de los expertos contenidas en el referido informe pericial; por el contrario fue a partir de la discrepancia detectada por los peritos en cuanto la cabida y los linderos del inmueble, que el juez se abstuvo de declarar que el inmueble del cual se dice propietario el accionante y el poseído por el demandado se tratara del mismo.

De acuerdo con lo expresado, la Sala observa que lo que pretende delatar el formalizante como una suposición falsa en la que podría haber incurrido el ad quem, es en realidad una conclusión jurídica a la que arribó el sentenciador de alzada, por lo que obviamente y así, expresa reconocerlo el recurrente, estamos en presencia –como se dijo- de una conclusión jurídica del Juez Superior, lo cual, en aplicación de la jurisprudencia supra trascrita, hace improcedente la presente denuncia. Así se decide.

Es oportuno destacar, para fundamentar aun más la improcedencia antes determinada, que el formalizante, desacertadamente señala que el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil es la norma que regula la valoración de la prueba de experticia, cuando en realidad la misma dispone lo siguiente:

“...Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación...”.

 

Tal como puede apreciarse de la norma transcrita, es evidente que la misma contrario a lo señalado por el recurrente, se encuentra referida a la regla de valoración que deben seguir lo sentenciadores para apreciar la prueba de testigos, y en modo alguno contiene reglas de valoración de la prueba de experticia.

En aplicación de lo antes expuesto, esta Sala declara improcedente la presente denuncia, por no existir infracción de los artículos 12 y 508 del Código de Procedimiento Civil, ni la suposición falsa denunciada. Así se decide.

D E C I S I Ó N

         Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 18 de abril de 2005.

Se condena al recurrente, al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente directamente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial ya citada. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

Presidente de la Sala-Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta Temporal,

 

 

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ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

 

 

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

Magistrado,

 

 

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LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2005-000513

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