Sentencia N.º RC.00855
- Sentencia
- N.º RC.00855
- Fecha
- 10/12/2008
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 07-463
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2007-000463
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales iniciado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado JACINTO A. TORRES TORRES, representado judicialmente por el abogado Carlos José Zavarce Pabón, contra la empresa PRIDE INTERNATIONAL C.A., representada por el abogado Joaquín Jesús Silveira Calderón, Elías Hidalgo y Carlos Alcántara; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 8 de mayo de 2007, declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación propuesto por la representación de la parte demandada, con lugar el derecho del actor a cobrar honorarios profesionales sobre la base de Bs. 881.532,479,64, y reformada parcialmente la condena del Tribunal a-quo, que ordenaba la indexación de la suma demandada.
Contra el referido fallo de la alzada las representaciones judiciales, tanto de la parte actora como demandada anunciaron recurso extraordinario de casación, admitidos ambos por auto del Tribunal de alzada de fecha 23 de mayo de 2007, y formalizados oportunamente ambos, en fechas 29 de junio y 2 de julio de 2007, respectivamente. Hubo impugnación contra cada una de las formalizaciones.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta en Sala el 12 de junio de 2007. Posteriormente el 27 de noviembre de 2007, la Presidenta de la Sala, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de Reuniones, reasignó la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:
PUNTO PREVIO
La Sala debe aclarar el orden en que conocerá los escritos de formalización presentados por ambas partes, contra la sentencia de fecha 31 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en este sentido, expresa que el análisis de los mismos se hará de acuerdo con el orden de consignación, es decir, en primer término, conocerá de las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado en fecha 29 de junio de 2007, por la representación de la parte actora, ciudadano JACINTO TORRES TORRES; en caso de no existir o no prosperar ninguna de ellas, procederá al análisis de las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado el 2 de julio de 2007, por la representación de la parte demandada, la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A., de no existir o no prosperar ninguna de las denuncias de actividad de éste, conocerá el recurso por infracción de ley de cada uno de los escritos, siempre en el orden de presentación.
RECURSO DE CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD INTENTADO POR LA REPRESENTACIÓN DE LA PARTE ACTORA, CIUDADANO JACINTO TORRES TORRES
-I-
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, por considerar el formalizante que la sentencia de alzada se encuentra inficionada de extrapetita.
Por vía de fundamentación, alega el formalizante:
...La recurrida al examinar el documento acompañado a la demanda como anexo B, contentivo del reconocimiento ante Notario Público, efectuado por el representante legal de la demandada respecto de los honorarios que debía percibir mi representado con ocasión a las labores extrajudiciales realizadas a favor de ésta, se pronunció señalando que tal instrumento no se trataba de un contrato por cuanto faltaba uno de los elementos esenciales para su validez, como lo era el consentimiento válidamente manifestado, sustentando tal declaración en la teoría de las nulidades tratadas en la obra Doctrina General del Contrato del Dr. José Melich...
Ahora bien, ciudadanos Magistrados, la supuesta falta de consentimiento expreso o la supuesta y negada nulidad del instrumento autenticado contentivo del reconocimiento suscrito por el representante legal de la demandada, respecto del quantum o porcentaje a percibir por las actuaciones extrajudiciales ejecutadas por ni patrocinado, no fue objeto de controversia o rechazo en el juicio, por el contrario, ese instrumento ni fue tachado o impugnado por la demandada, limitándose ésta, en el acto de la contestación, tan solo a impugnar el derecho al cobro de honorarios, y de manera subsidiaria acogiéndose al derecho a la retasa. Por ello yerra el Juzgado Superior cuando en su motivación se pronunció sobre la supuesta ausencia de consentimiento en un documento autenticado, para así desecharlo como un contrato de honorarios, y luego en su dispositivo incluir un particular ordenando el trámite de la retasa para todas y cada una de las partidas de honorarios reclamadas, peor aún cuando se pronuncia sobre unos hechos que no formaban parte de los que fueron controvertidos y sujetos a apelación, lo que hizo en infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a todo lo alegado, incurriendo en el vicio de extrapetita, cuando otorgó a la parte demandada el derecho a la retasa, bajo motivaciones o consideraciones que no fueron controvertidas o invocadas en el decurso del proceso. Por tanto, la recurrida no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las defensas de autos, lo que la hace anulable por infracción de los artículos 243 ordinal 5° y 244, ambos del Código de Procedimiento Civil....
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante delata infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, por considerar la representación de la parte actora, que el Tribunal de alzada incurrió en su fallo en el vicio de extrapetita, al pronunciarse sobre situaciones y aspectos que no formaban parte de la controversia a resolver, ni tampoco fueron materia de apelación.
Sobre el particular tenemos que los alegatos objeto de la supuesta extrapetita, se encuentran referidos a la validez de un documento autenticado ante Notario Público, en el cual la parte que lo suscribe señala la contraprestación que brindará por los servicios profesionales de abogado que recibe de la parte hoy intimante; documento que, según alega el formalizante, en modo alguno, fue cuestionado en su contenido o validez por la parte intimada, ni en la oportunidad de la contestación a la demanda, ni al proponerse recurso de apelación contra la decisión del primer grado de la jurisdicción.
Sobre el punto, extractos pertinentes de la sentencia recurrida, textualmente señalan, lo siguiente:
...En lo que respecta a la valoración y apreciación del documento denominado por (sic) contrato, acompañado al libelo de la demanda, marcado B, este Sentenciador se pronunciará en las motivaciones del presente fallo...
A criterio de este Juzgador dicho documento no satisface los criterios legales, de eminente orden público, necesarios para ser considerados como un contrato, generándose en consecuencia un error de criterio fundamental en contra de la demandada, el cual ha hecho nugatorio el derecho a la reestimación judicial de las cantidades demandadas que concede la retasa y puesto que el orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exijan observancia incondicional y que no son derogadas por disposición privada..., se hace necesario un pronunciamiento que restablezca el orden infringido.
Efectivamente, un contrato, en términos generales, se define como un acuerdo privado, oral o escrito, entre las partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Este acuerdo de voluntades genera derechos y obligaciones a las partes. Debe ser un acto jurídico bilateral o multilateral, porque intervienen dos o más personas, y que tiene por finalidad crear derechos y obligaciones...
En el documento bajo estudio, resulta evidente que su contenido es una manifestación unilateral de voluntad por parte de la demandada, y que si bien es cierto es una prueba determinante para la declaratoria del derecho a cobrar honorarios del actor, en él no interviene para aceptarlo, ni de forma expresa ni de forma tácita, la manifestación de voluntad del actor, por lo que al no cumplir con la condición de validez señalada por el ordinal 1° del artículo 1.1.41 del Código Civil, no se le puede catalogar como contrato...
Ahora bien, no es menos cierto en este caso y así lo establece acertadamente el a-quo, que las pruebas aportadas por el actor permiten comprobar, mas allá de cualquier duda razonable, que éste efectivamente prestó sus servicios profesionales como abogado a PRIDE INTERNATIONAL C.A., y que en aplicación de la norma contenida en el artículo 22 de la Ley de Abogados, la cual dispone: El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios profesionales por los trabajos extrajudiciales que realice..., con la salvedad, como se señaló, de considerar como tal al documento señalado como un contrato de honorarios profesionales de abogado, por lo que debe proceder en derecho la retasa invocada oportunamente por la parte demandada al no estar preestablecidos entre las partes los montos a cancelar por la relación profesional que mantuvieron....
Adminiculado a los pronunciamientos de la alzada, se observa que la representación de la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A., en la oportunidad de brindar contestación a la demanda por estimación e intimación de honorarios de abogados incoada en su contra por el ya prenombrado abogado actor, ciudadano Jacinto A. Torres Torres, textualmente dejó sentado en dicho escrito, inserto entre los folios 228 y 231 de la primera pieza del expediente, lo siguiente:
...Al existir en el presente caso como fundamento de la acción ejercida por el demandante un supuesto contrato de servicios profesionales, mi representada a los fines de ejercer adecuadamente su derecho a la defensa en los términos que garantiza la Constitución y la Ley, el presente asunto deberá ser tramitado por medio del procedimiento previsto para el juicio ordinario, en conformidad con lo establecido en el artículo 338 del Código de procedimiento Civil, por tratarse de una acción de cumplimiento de contrato, no subsumible dentro del supuesto recogido en el segundo aparte del artículo 22 de la Ley de Abogados. Con fundamento en lo anterior, es por lo que solicito muy respetuosamente en nombre de mi representada, la reposición de la presente causa al estado de nueva admisión, para su trámite mediante el procedimiento del juicio breve...
Para el supuesto negado de que este Tribunal declarase la improcedencia de la solicitud de reposición de la causa formulada en el punto anterior, impugno el derecho a cobrar las cantidades demandadas por concepto de honorarios profesionales de abogado por exageradas y no ajustadas a la realidad.
A todo evento y de manera subsidiaria en nombre de mi representada me acojo al derecho de retasa....
En adición, tenemos que en la oportunidad de rendir informes ante la alzada, la representación de la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A., fundamentó su recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, alegando la perención de la instancia, la prescripción de las acciones del abogado Jacinto Torres contra la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A. y, por último, la improcedencia moral y violación del principio económico de los contratos; que fundamentó bajo los siguientes razonamientos:
...No queremos dejar de expresarle también a esta Superioridad la improcedencia moral de la presente demanda, cuyos desproporcionales montos reclamados subrayan en el aprovechamiento económico y abusa de la buena fe de nuestra representada, quien hubiera contratado y cancelado a tiempo por muchos años, los honorarios profesionales del demandante, para lo cual invocamos el artículo 4° del Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos que establece un parámetro de comparación justo para el supuesto diez por ciento (10%) que recibiría Jacinto Torres por sus servicios, en contraste con el uno por ciento (1%) que fija el reglamento para los bienes que sobrepasen los cinco millones de Bolívares...
Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas..., solicitamos muy respetuosamente a esta Superioridad declare con lugar la apelación interpuesta por PRIDE INTERNATIONAL C.A...., y declare perimida la demanda intentada por el ciudadano JACINTO TORRES, en contra de PRIDE, con su respectiva condenatoria expresa en costas....
Así las cosas, resulta imperativo para la Sala descender a las actas del expediente, logrando corroborar que, efectivamente, entre los folios 80 y 82 de la primera pieza del expediente, corre inserto el referido anexo B del libelo de demanda, contentivo de documento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Baruta del Éstado Miranda, bajo el N° 34, tomo 73, fechado 6 de octubre de 2004, a través del cual el ciudadano JOE DON SUMMERS, en su carácter de vice-presidente de la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A., expresamente declaró, entre otros particulares, que:
...El ciudadano JACINTO A. TORRES TORRES..., cédula de identidad N° 6.932.441, de profesión abogado, se desempeña desde el año 1997, como representante legal de la misma, dentro del área civil, mercantil, migración y legalización internacional, sosteniendo nuestro derechos e intereses ante cualquiera de los órganos de la administración pública descentralizada nacional, estadal o municipal, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente... LA EMPRESA declara que desde la fecha señalada en la Cláusula Primera de este documento, se convino que la contraprestación por los servicios profesionales de abogado recibidos, se pagaría de la siguiente manera: 1.-) En todos aquellos actos, contratos, o negocios jurídicos en los que se expresase un valor determinado tales como contratos de compraventa, transacciones, etc., los honorarios han sido el equivalente al diez por ciento (10%) de la cantidad expresada en el documento que contenga el negocio jurídico de que se trate. 2) Los informes, consultas, cartas y demás actuaciones que no expresasen cantidad alguna, los honorarios se han (sic) fijado de mutuo y común acuerdo. Quedó expresamente convenido que el abogado tendría derecho a cobrar las cantidades a que hubiere lugar a partir de la fecha en que se presentase la factura con el soporte correspondiente, sin que esto fuese obstáculo para que LA EMPRESA pudiese efectuar algún abono de manera anticipada. QUINTA: Con fundamento a la cláusula primera y cuarta de este documento, LA EMPRESA deja constancia expresa que en la actualidad no se han cancelado y están pendientes de pago al abogado algunas de las actuaciones efectuadas en beneficio o por cuenta de ella, entre las cuales cabe mencionar los casos de los trabajadores, empleados y mano de obra calificada contratados, la compra de activos a Pride Drilling C.A... LA EMPRESA para todos los efectos de este documento, sus derivados o consecuencias, elige como domicilio especial, único y excluyente de cualquier otro a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales declara someterse....
Ahora bien, tal como se señaló ab-initio, la parte formalizante en el presente caso, delata que el Tribunal de alzada en los aspectos anteriormente destacados de su decisión, incurrió en el vicio de extrapetita. Sobre el particular, esta Sala de Casación Civil por doctrina reiterada tiene establecido, que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos: Las modalidades son: Incongruencia positiva, cuando el Juez extiende su decisión mas allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el Juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. Los aspectos son: a) Cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita) y, c) cuando se deja de resolver algo pedido o excepcionado (citrapetita).
En el caso de autos, el formalizante enmarca su denuncia en el aspecto de la incongruencia denominado extrapetita, delatando para ello correctamente la supuesta infracción del ordinal 5° del artículos 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, por considerar el mismo que el Sentenciador Superior se apartó de la pretensión al dar algo diferente de lo pedido (pronunciándose sobre situaciones y aspectos que no formaban parte de la controversia a resolver, ni tampoco fueron materia de apelación), como lo era, la correcta o no calificación del documento notariado presentado como anexo B al libelo, que servía de sustento al monto de los honorarios profesionales intimados en el presente juicio.
Al respecto, cabe señalar que el objeto del recurso de apelación contra un fallo de primera instancia, es provocar, precisamente, un nuevo examen de la relación controvertida por parte del Juez del segundo grado de la jurisdicción, pero ello, en lo que al caso de autos se refiere, en modo alguno obsta o faculta al Sentenciador de alzada para declarar desechado del proceso el contenido de un documento notariado que no fue impugnado, mucho menos tachado por la parte a quien se le opuso en el proceso, y el cual, tampoco fue cuestionado en su validez por la parte intimada en sus alegatos de apelación contra el fallo del primer grado de la jurisdicción. Si el Juzgador Superior consideraba que la declaración vertida en el referido documento notariado por la representación de la parte intimada, identificado como anexo B al libelo de demanda, fue mal calificado como contrato, bien por la parte intimante, o por el Juzgador de la causa, ha debido subsanar tal error y otorgar la correcta calificación según su justo criterio, mas no desecharlo de plano del proceso, pues, como ya se ha señalado con anterioridad, el mismo se encuentra debidamente otorgado y no fué impugnado ni tachado por la parte a quien se le opuso.
En consecuencia, cuando el Sentenciador de la recurrida descarta del proceso el documento autenticado inserto al expediente como anexo B, por considerar al mismo como un contrato unilateral al que le falta el consentimiento de la parte favorecida, cabe decir, la hoy intimante recurrente en casación, quién por demás fué su promovente, indudablemente incurrió en extrapetita, pues como ya se señaló, tal documento notariado no fue impugnado ni tachado por la parte a quien se le opuso, la cual simplemente limitó su proceder a cuestionar en sus informes ante la alzada, la onerosidad de lo honorarios allí previstos a favor del abogado hoy intimante, pero olvidando que fue precisamente el Vicepresidente de la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A., quien suscribió y autenticó el mismo ante la autoridad notarial identificada ab-initio.
Por todo ello, la presente denuncia, sustentada en infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, resulta procedente. Y así se decide.
Al haberse encontrado procedente una de las denuncias descritas en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de considerar y resolver las restantes denuncias contenidas en ambos escritos de formalización.
D E C I S I Ó N
Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la representación judicial del abogado JACINTO TORRES TORRES, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 8 de mayo de 2007, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Superior que resulte competente, dictar nueva decisión corrigiendo el vicio destacado en este fallo.
No hay condenatoria en costas, dada la índole de la decisión.
Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS OBERTO VÉLEZ
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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Exp. AA20-C-2007-000463
NOTA: publicada en su fecha a las
Secretario,
La Magistrada Yris Peña Espinoza, disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, en el cual se declaró CON LUGAR el recurso de casación, por resultar procedente el vicio de incongruencia positiva acusado por el formalizante, en los términos que a continuación se expresa:
La formalización expresa:
La recurrida al examinar el documento acompañado a la demanda como anexo B, contentivo del reconocimiento ante Notario Público, efectuado por el representante legal de la demandada respecto de los honorarios que debía percibir mi representado con ocasión a las labores extrajudiciales realizadas a favor de ésta, se pronunció señalando que tal instrumento no se trataba de un contrato por cuanto faltaba uno de los elementos esenciales para su validez, como lo era el consentimiento válidamente manifestado, sustentando tal declaración en la teoría de las nulidades
( Omissis )
yerra el Juzgador Superior cuando en su motivación se pronunció sobre la supuesta ausencia de consentimiento en un documento autenticado, para así desecharlo como un contrato de honorarios, y luego en su dispositivo incluir un particular ordenando el trámite de la retasa para todas y cada una de las partidas de honorarios reclamadas, peor aún cuando se pronuncia sobre unos hechos que no formaban parte de los que fueron controvertidos y sujetos a apelación, lo que hizo en infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado, incurriendo en el vicio de extrapetita, cuando otorgó a la parte demandada el derecho a la retasa, bajo motivaciones o consideraciones que no fueron controvertidas o invocadas en el decurso del proceso .
Y al respecto la disentida expresó:
los alegatos objeto de la supuesta extrapetita, se encuentran referidos a la validez de un documento autenticado ante Notario Público, en el cual la parte que lo suscribe señala la contraprestación que brindará por los servicios profesionales de abogado que recibe de la parte hoy intimante; documento que, según alega el formalizante, en modo alguno, fue cuestionado en su contenido o validez por la parte intimada, ni en la oportunidad de la contestación a la demanda, ni al proponerse recurso de apelación contra la decisión de primer grado de la jurisdicción.
( Omissis )
cuando el Sentenciador de la recurrida descarta del proceso el documento autenticado inserto al expediente como anexo B, por considerar al mismo como un contrato unilateral al que le falta el consentimiento de la parte favorecida, cabe decir, la hoy intimante recurrente en casación, quién por demás fue su promoverte, indudablemente incurrió en extrapetita, pues como ya se señaló, tal documento notariado no fue impugnado ni tachado por la parte a quien se le opuso, la cual simplemente limitó su proceder a cuestionar en sus informes ante la alzada, la onerosidad de los honorarios allí previstos a favor del abogado hoy intimante, pero olvidando que fue precisamente el Vicepresidente de la empresa PRIDE INTERNATIONAL, C.A., quien suscribió y autenticó el mismo ante la autoridad notarial identificada ab-nitio.
Quien disiente considera que no se dan las condiciones fácticas ni jurídicas para que se pueda declarar el vicio acusado, ya que a través de una denuncia por defecto de actividad, relativa al vicio de incongruencia positiva (extrapetita), se resuelve un aspecto relativo a la incorporación de la prueba al juicio o su valoración, es decir, relativo al establecimiento o valoración de la prueba.
Lo acusado por el formalizante es un problema, que lejos de constituir el vicio de incongruencia positiva, está referido a la validez de un documento autenticado ante Notario Público, en el cual la parte que lo suscribe señala la contraprestación que brindará por los servicios profesionales de abogado que recibe de la parte hoy intimante, tal y como, fue señalado en el fallo disentido.
De allí que, la pretensión invocada por el formalizante en la delación objeto de divergencia, no puede subsumirse como un vicio atinente al ámbito de las denuncias por defecto de actividad, si no a través de una por infracción de ley, de acuerdo a la técnica exigida en casación, explicando a la Sala cómo, cuándo y en qué sentido infringió la recurrida la respectiva regla de derecho que regula el establecimiento o la valoración, en este caso, del documento autenticado ante Notario Público, acompañado al escrito libelar contentivo del reconocimiento efectuado por el representante legal de la empresa demandada respecto de los honorarios que debía percibir el demandante por las labores extrajudiciales realizadas a favor de la accionante.
La formalización constituye el acto procesal en el cual el recurrente expone los motivos por los cuales pretende obtener la nulidad del fallo recurrido, y ella debe contener las especificaciones y razonamientos lógicos necesarios para el conocimiento de las denuncias.
Así pues, el ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, contempla las modalidades relativas a los defectos de actividad, el cual comprende los quebrantamientos u omisiones de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, y el ordinal 2º, contempla los errores relativos a los defectos por infracción de fondo, atinentes a errores de derecho propiamente dichos (falta de aplicación, falsa aplicación o errónea interpretación de una norma jurídica).
Igualmente, respecto al recurso de casación fundado en los supuestos de excepción del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha considerado que está no constituye una tercera categoría de recurso, sino que está inmerso en el de errores de juicio, por lo que las denuncias de infracción deben fundamentarse en alguno de los supuestos del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, explicando a la Sala cómo, cuándo y en qué sentido infringió la recurrida la respectiva regla de derecho que regula el establecimiento o la valoración de la prueba .
Tal diferenciación, es de vital importancia ya que al declararse con lugar el recurso de Casación, se genera la nulidad del fallo dictado en contravención de la ley, y la actuación del juez de instancia que conoce en reenvío varía de acuerdo al tipo de denuncia que se declaré procedente.
Así, en relación con el recurso por defecto de actividad, el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, establece que si al decidir el recurso el Tribunal Supremo de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313 eiusdem, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido, y de acuerdo al artículo 322 ibidem, esta Sala remitirá el expediente directamente al Tribunal que deba sustanciar de nuevo el juicio. Y respecto a la casación por error de juicio, la disposición citada en último término establece, que si el recurso fuere declarado con lugar por las infracciones descritas en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, el juez de reenvío se limitará a dictar nueva sentencia sometiéndose completamente a lo decidido por esta Máxima Jurisdicción.
Hechas estas consideraciones, quien disiente considera que la denuncia de incongruencia positiva en la modalidad de extrapetita, debió ser declarada improcedente, ya que la violación acusada no se relaciona con el mencionado vicio, si no con uno relativo a al establecimiento o valoración de la prueba, lo cual según se explicó debe ser expuesto ante esta Sala cumpliendo con la técnica exigida que le permite excepcionalmente descender a las actas, de conformidad con el 320 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, dejo expresado que disiento del fallo anteriormente consignado por la mayoría sentenciadora.
En estos términos queda expresado mi voto salvado.
Presidenta de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado Ponente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
____________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2007-000463
Quien suscribe, Magistrado CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por los demás Magistrados y Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara ...CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la representación judicial del abogado JACINTO TORRES TORRES, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 8 de mayo de 2007, por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas...; por lo que, procede a consignar por vía del presente escrito ...las razones fácticas y jurídicas de su negativa..., en atención al contenido y alcance del aparte cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto, en los siguientes términos:
En las páginas 13 y 14 de la sentencia suscrita por la mayoría sentenciadora, se declara la procedencia de la primera denuncia por defecto de actividad planteada por el accionante en el escrito de formalización. En dicha delación, el recurrente plantea la configuración del vicio de extrapetita en la recurrida, con base en lo siguiente:
La recurrida al examinar el documento acompañado a la demanda como anexo B, contentivo del reconocimiento ante Notario Público, efectuado por el representante legal de la demandada respecto de los honorarios que debía percibir mi representado con ocasión a las labores extrajudiciales realizadas a favor de ésta, se pronunció señalando que tal instrumento no se trataba de un contrato (sic) por cuanto faltaba uno de los elementos esenciales para su validez, como lo era el consentimiento válidamente manifestado
( omissis )
la supuesta falta de consentimiento expreso o la supuesta y negada nulidad del instrumento autenticado contentivo del reconocimiento suscrito por el representante legal de la demandada, respecto del quantum o porcentaje a percibir por las actuaciones extrajudiciales ejecutadas por ni (sic) patrocinado, no fue objeto de controversia o rechazo en el juicio, por el contrario, ese instrumento ni fue tachado o impugnado por la demandada, limitándose ésta, en el acto de la contestación tan solo a impugnar el derecho al cobro de honorarios, y de manera subsidiaria acogiéndose al derecho de la retasa. Por ello yerra el Juzgado Superior cuando en su motivación se pronunció sobre la supuesta ausencia de consentimiento en un documento autenticado, para así desecharlo como un contrato de honorarios, y luego en su dispositivo incluir un particular ordenando el trámite de la retasa para todas y cada una de las partidas de honorarios reclamadas . (Resaltado propio).
De la transcripción supra realizada, se constata que el recurrente fundamenta la delación del vicio de ultrapetita, sobre la base de un supuesto error por parte del ad quem en la valoración de una determinada prueba promovida por la parte intimante y así lo aprecia la disentida, cuando expresa Sobre el particular tenemos que los alegatos objeto de la supuesta extrapetita, se encuentran referidos a la validez de un documento autenticado ante Notario Público . Cabe destacar también, que el formalizante se abstiene de expresar que fue lo otorgado por el sentenciador diferente de lo pedido.
Al respecto, la decisión de la Sala expresa que la sentencia recurrida se encuentra inficionada del preindicado vicio, el cual, según señala, se configuró cuando el ad quem descartó del proceso el documento autenticado inserto al expediente como anexo B , pues éste se encuentra debidamente otorgado y no fue impugnado ni tachado por la parte a quien se le opuso ni tampoco fue cuestionado en su validez por la parte intimada en sus alegatos de apelación contra el fallo de primer grado de jurisdicción .
Ahora bien, disiento de la solución jurídica ofrecida por la Sala, anteriormente referida, por lo siguiente:
El vicio de extrapetita ha sido definido por la Sala, entre otras, en decisión N° 141, de fecha 7 de marzo de 2002, Exp. N° 2000-000383, en el caso de The Timberland Company contra Corporación Remmore, C.A., y otra, con ponencia del Magistrado quien disiente, en la cual se estableció:
Como se podrá apreciar, la doctrina de la Sala ha sido pacífica y constante, y asi vemos que por sentencia de fecha 27-4-2000, Exp. Nº. 99-886, Sentencia Nº. 35, en el caso de José Ramón Rodríguez García contra Vittorio Piacentini Pupparo con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, la Sala al tratar el punto de la figura jurídica de la ultrapetita dice:
...El vicio de ultrapetita se configura en los casos en que se acuerda mas de lo pedido por el demandante, es decir, cuando se condena al demandado a pagar o hacer una cosa mayor que la reclamada por el actor, o cuando la condenación versa sobre un objeto diferente del señalado en el libelo, extraño al problema judicial debatido entre las partes [se constituye la figura jurídica de la] (extrapetita) . (Resaltado y propio).
De lo anterior podemos colegir, que el vicio de extrapetita solamente puede configurarse en el dispositivo de la sentencia; por tanto, para determinar que el sentenciador de segundo grado del conocimiento incurrió en el mismo, es suficiente comparar el petitum de la demanda con el dispositivo del fallo o con el pronunciamiento que contiene la condena.
Así las cosas, estimo que la denuncia debió ser declarada improcedente, toda vez que, ni del fundamento de la denuncia, así como tampoco de la solución jurídica ofrecida por la mayoría sentenciadora se desprende, que la condenatoria impuesta por la sentencia recurrida versare sobre un objeto diferente al señalado en la demanda, presupuesto necesario y único que habría permitido la declaratoria con lugar de la denuncia.
Por el contrario, dado que el recurrente muestra su inconformidad con respecto a la valoración dada por el sentenciador a una determinada prueba, lo cual en modo alguno constituye un aspecto formal que deba contener la sentencia, en todo caso debió plantear y así señalárselo a la Sala, la correspondiente denuncia por infracción de ley.
Asimismo, considero que en ningún caso la disentida debió estimar imperativo descender a las actas del expediente , para determinar el contenido del documento, la valoración de la prueba en cuestión y el establecimiento de determinados hechos para concluir en que el mismo se encuentra debidamente otorgado y no fue impugnado ni tachado por la parte a quien se le opuso ; pues ello es una actividad que corresponde al juez de instancia, siendo que solamente habría podido la Sala verificar la infracción como tal, por mandato expreso del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en el contexto de una denuncia por infracción de ley y no por defecto de actividad, como ocurre en el presente caso, pues, lo contrario, desnaturaliza el recurso. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.
Presidenta de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado Ponente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
AA20-C-2007-000463
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