Venley

Sentencia N.º RC.00857

Sentencia
N.º RC.00857
Fecha
14/11/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
05-741
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. 2005-000741

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

         En el juicio por reivindicación intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en la ciudad de San Cristóbal, por la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO AGRÍCOLA Y PECUARIO (CAYPEICAP), representada judicialmente por el profesional del derecho Valmore Rodríguez Pacheco, contra los ciudadanos GERARDO ANTONIO y MANUEL ERNESTO BARTOLOMEU ZUÑIGA, patrocinados por el abogado en ejercicio de su profesión Julio Azara Hernández; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, en fecha 28 de julio de 2005, profirió decisión mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandante y confirmó la decisión apelada, proferida en fecha 31 de enero de 2005 por el a quo, que declaró improcedente la demanda, condenando a la accionante al pago de las costas procesales.

Contra la preindicada sentencia, la demandante  anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Del estudio detenido sobre las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala considera necesario, en fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes irrecuperables en la función jurisdiccional jerárquica vertical que le toca ejercer con relación al recurso anunciado y admitido, invertir el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la indicada como “segunda”.

II

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de  los artículos 12 y 243 ordinal 4°) eiusdem, por inmotivación.

Para apoyar su delación el formalizante alega:

“…En efecto, si asumimos que la motivación del fallo es aquella que se corresponde cuando el órgano jurisdiccional da a conocer el desarrollo del juicio mental realizado y que es la parte de la sentencia que comprende la invocación tanto de los motivos de hecho como de derecho, pues, lamentablemente, debemos concluir que en el caso que nos ocupa no existe ese desarrollo intelectual configurativo de una serie organizada de razonamiento que debió haber realizado la sentenciadora, que al decir del insgne (Sic) procesalista, Humberto Cuenca, no realizó esa función esta que debe desarrollar el juez en la parte motiva la sentencia.

En este orden de ideas, tenemos que la recurrida omite absolutamente el pronunciamiento o juzgamiento ordenado y razonado de los elementos probatorios de la actora, vertidos en el proceso durante la fase alegatoria como en la fase probatoria, llevados al proceso con la finalidad de probar los hechos invocados y alegados en la demanda.

(…Omissis…)

Se puede inferir fácilmente que de los párrafos transcritos de la relación fáctica del libelo de demanda, se alegan los hechos fundamentales que apuntan a la ilegitimidad del título documental que ostenta los demandados, a saber: que los títulos de ambas partes tienen una fuente común: SIMÓN ALFONSO UZCATÉGUI; que por tal razón, la legitimidad del título documental de mi representada es absoluta, ya que el título documental de los demandados no es legítimo porque SIMÓN ALFONSO UZCATEGUI había vendido a su causante el mismo lote de terreno que anteriormente le había vendido a JOSÉ ERNESTO IBARRA HUERFANO, terreno hoy objeto de esta acción reivindicatoria; que el común causante expresa en los documentos públicas señalados que por el lindero ESTE del terreno objeto de dicha acción ha estado siempre y está MARÍA FLOR ISCALA REYES y que esta adquirió un solo lote de terreno, hecho este por sí solo determina, sin más pruebas, que el causante común vendió el lote de terreno, que por el OESTE colinda con ISCALA REYES, dos veces (Sic), es decir, al causante de la actora en el año de 1.983 (Sic) y al causante de los demandados en el año de 1.993 (Sic); que la última venta que realizó al causante de los demandados es simplemente una venta de cosa ajena; y que con el sólo examen registral de los títulos que se relacionaron (27 en total) los compradores hubiesen advertido objetivamente que el terreno que estaban comprando era el mismo terreno que el vendedor ya le había vendido al causante de mi representada CAYPEICAP.

(…Omissis…)

Se infiere fehacientemente de la forma de transcribir las pruebas, que la recurrida no las examinó, sino que se limitó a decir que se valoraban de conformidad con la ley (nada más), de modo que no dejó establecido ningún hecho de los referidos anteriormente como fundamentales de la pretensión, ni positiva ni negativamente, eludió el objeto de cada una de las pruebas invocadas, que se reseñan con lujo de detalles en el escrito de promoción de pruebas de mi representada (folios 162-176); de manera que hay una ausencia total de análisis de las pruebas, porque debió la recurrida haber determinado el alcance de cada una de ellas y por consiguiente establecer los hechos, pues, la doctrina de este alto Tribunal nos enseña que la motivación no sólo debe ser adecuada al dispositivo del fallo, sino también a los razonamientos fundamentales de los alegatos de las partes, y no se concibe fundamentado un fallo en el cual ninguna de estas razones se expresen.

Efectivamente, surge palmariamente de los expuesto que se trata de un fallo donde está ausente en forma total los fundamentos de los alegatos de mi representada. No precisa la sentencia ninguno de los hechos que precedentemente señalé como fundamentales de la pretensión y al limitarse a decir que las valoras de conformidad con la Ley, está incumpliendo absolutamente con el requisito de motivación denunciado. También pudo haber desechado las pruebas mediante un razonamiento judicial que tampoco existe.

 

Acusa el formalizante que el ad quem no expresó los motivos que fundamentan su decisión, ya que no realizó el análisis de las pruebas aportadas a los autos, limitándose, simplemente, a hacer mención de ellas sin exponer los motivos que de su estudio emergieran y que lo llevaran a declarar sin lugar la apelación.

En atención a lo denunciado, la Sala estima pertinente transcribir parcialmente el texto de la recurrida:

“…El caso sometido al conocimiento de esta alzada, trata de la apelación interpuesta por la representación de la demandante, contra la decisión dictada el 31 de enero de 2005, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que declara son lugar la demanda interpuesta por la Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados del Instituto Agrícola y pecuario, contra Gerardo Antonio Bartolomeu Zúñiga y Manuel Ernesto Bartolomeu Zúñiga, por acción reivindicatoria.

Respecto a la reivindicación, los artículos 545 y 548 del Código de Procedimiento Civil, señala:

(…Omissis…)

En tal sentido se hace necesario entrara (Sic) a analizar las probanzas tríadas a los autos, por las partes, para lo cual se observa:

(…Omissis…)

Las anteriores instrumentales, se valoran conforme a los establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fueron desconocidas por la parte a quien le fueron opuestas y demuestran en su conjunto la tradición legal del inmueble descrito en autos.

(…Omissis…)

A las anteriores instrumentales se les tiene como fidedignas, a pesar de haber sido producidas en copias fotostáticas simples, en razón de que no fueron impugnadas por la contraparte, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y sirve para demostrar las ventas que realizó el propietario de los terrenos Simón Alfonso Uzcategui, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

(…Omissis…)

Prueba de la parte demandada:

(…Omissis…)

Ahora bien, el hecho de la posesión por parte del demandado, que constituye uno de los supuestos fácticos de la pretensión reivindicatoria  y que por lo tanto forma parte del tema de prueba, quedó establecido con la afirmación del propio actor en el libelo de su demanda reivindicatoria, lo cual no fue negado por el demandado, además de las (Sic) otros medios de prueba, que en forma por demás innecesaria, así lo corroboraron.

Por otro lado, analizadas y adminiculadas en su conjunto las demás probanzas traídas a los autos por las partes, se evidencian que el inmueble pretendido por el actor, es el mismo inmueble poseído por el demandado, lo cual fue acreditado por la experticia, promovida por la parte actora y por la inspección judicial.

Igualmente, la parte actora acreditó con un medio de prueba idónea, como es el documento registrado, ser ella la exclusiva propietaria del inmueble objeto del juicio de reivindicación; pero también, la parte demandada, demostró por su lado, con documento público registrado, ser ella exclusiva propietaria del mismo bien inmueble.

Ante esta situación, la igualdad de circunstancias se resuelven a favor del que tenga la posesión Así lo consagra el legislador procesal civil en el artículo 254, a fin de que no se vaya a ver un ‘non liquen’ (no cedido) para que el juez pueda proferir su decisión. ‘Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor…’ (Resaltado del Tribunal).

En vista de ello, es evidente que habiendo quedado establecida incluso por la misma afirmación del actor en su demanda que los demandados Gerardo Antonio y Manuel Ernesto Bartolomeu Zuñiga son los poseedores del bien pretendido por el actor son éstos los que deben resultar favorecidos con la decisión, por lo cual este tribunal Superior, arriba a la conclusión de que debe conformarse la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que declara sin lugar la demanda de Acción Reivindicatoria intentada por la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Instituto Agrícola y Pecuario (CAYPEICAP), contra Gerardo Antonio y Manuel Ernesto Bartolomeu Zuñiga, tal como se hará de forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se resuelve.

En mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones legales expuestas, este Juzgado Superior primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la república Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

Primero: Declara sin lugar la apelación interpuesta mediante diligencia de fecha 07 de abril de 2005, por la representación de la demandante Caja de Ahorro y préstamo de los Empleados del Instituto Agrícola y Pecuario (CYPECAP), ya identificada.

Segundo: Confirma la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el 31 de enero de 2005, que declarara sin lugar la demanda de acción reivindicatoria, intentada por caja de Ahorro y préstamo de los Empleados del Instituto Agrícola y Pecuario (CAPEICAP), contra Gerardo Antonio y Manuel Ernesto Bartolomeu Zuñiga.

Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante…” (Resaltado de lo transcrito).

 

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

La inmotivación o falta de fundamento es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos fundamentales de la sentencia, consagrado en el ordinal 4º) del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que la sentencia deberá contener los motivos de hecho y de derecho que apoyen la decisión.

         En consecuencia, para que proceda la sanción de anulación contra la sentencia recurrida élla debe adolecer o de falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo por ser impertinentes o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, que no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que es la finalidad esencial de la motivación.

         Por lo que se debe concluir que la motivación de una decisión, según lo ha establecido este Supremo Tribunal, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan fundamento al dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos, con ajustamiento a las pruebas que los demuestren y las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos legales y de los principios doctrinales correspondientes.

Para una mayor inteligencia de lo que se decide debe tomarse en consideración que, toda sentencia constituye un silogismo judicial, en que la premisa mayor es la regla de carácter general, constituida por el Juez al seleccionar, integrar e interpretar las normas,  preceptos o principios jurídicos que en abstracto prevén los hechos ocurridos en el asunto a resolver y la premisa menor, constituida por la determinación de la controversia, el examen de las pruebas, la posterior fijación de los hechos demostrados y su calificación jurídica, es decir la aplicación del derecho al caso concreto.

         Igualmente, cabe señalar que este silogismo final está precedido por una serie de silogismos instrumentales, entre los cuales se encuentran las conclusiones jurídicas del juez respecto del mérito de las pruebas consignadas en el juicio.

         Este razonamiento permite determinar que la labor de examen de las pruebas y de establecimiento de los hechos, forma parte de la premisa menor del silogismo judicial en el cual se sustenta el dispositivo de la decisión.

         Ahora en relación con la necesidad del cumplimiento del requisito de la motivación del fallo, la Sala, en decisión de 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, sentencia N° 231, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló lo siguiente:

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

‘La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos”. (Negritas de Sala).

 

         La Sala al realizar el análisis de la sentencia recurrida, advierte que en ella el juez no expresa motivo alguno en el cual pudiera fundamentarse para desechar las argumentaciones del demandante o acoger las propuestas por los co-demandados, vale decir, de lo trascrito precedentemente del texto de la recurrida, no es posible deducir, ni desde el punto de vista fáctico ni desde el jurídico, qué basamento sustenta la decisión tomada; pues como se aprecia no existe un razonamiento que permita entender el por qué de lo decidido.

La recurrida, al no contener los motivos concretos y determinados en la valoración del cúmulo de pruebas aportadas a los autos, y sólo enumerarlas, sin realizar el análisis completo de las mismas, ciertamente está  viciada por inmotivación, pues si bien las consideró y determinó que las valoraba, al establecer los hechos indicó que éstos estaban debidamente probados por dichoas probanzas, pero sin indicar la respectiva motivación a dicha tarea.

         Tal conducta del sentenciador se subsume dentro de los supuestos de la infracción denunciada, pues, conforme a la doctrina constante y pacífica de la Sala, se infringe el mandato  previsto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al no expresar en la sentencia los fundamentos de hecho y de derecho de la misma, que le aporten apoyo, y de esta manera el juez no puede llegar a ninguna conclusión que se considere suficiente sustento de la decisión.

         Con base a las consideraciones que anteceden, concluye la Sala, que efectivamente, como lo delata el formalizante, el jurisdicente del conocimiento jerárquico vertical, incurrió en inmotivación del fallo razón por la cual infringió lo preceptuado en el ordinal 4º) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y por vía de consecuencia se declara procedente la denuncia analizada. Así se decide.

         Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

 

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la  Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en la ciudad de san Cristóbal en fecha 28 de julio de 2005.

En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.-

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

Presidente de la Sala-Ponente,

 

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Magistrado,

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada,

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2005-000741

 

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