Venley

Sentencia N.º RC.00867

Sentencia
N.º RC.00867
Fecha
14/11/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
04-528
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

Exp. 2004-000528

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de obra e indemnización por daños y perjuicios, seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL CASTRO, representado judicialmente en la instancia por el abogado Alberto Castillo Hernández y, ante este Tribunal Supremo, por los abogados Antonio Anato, Juan Anato Santos y Carlos Alfonso Escala, contra la ciudadana BLANCA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, representada judicialmente por los abogados Elida Ruiz y Nerio Rivero; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 15 de abril de 2004, en la cual declaró sin lugar la demanda, parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la demandada contra el fallo dictado por el a quo en fecha 4 de diciembre de 2003 y sin lugar su solicitud de reposición de la causa.

 

Contra el referido fallo, anunció recurso de casación la representación judicial de la actora, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y siendo la oportunidad para decidir, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos que siguen:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

I

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, al incurrir en el vicio de inmotivación.

Por vía de fundamentación, se expone:

 

“...La recurrida expresa en un primer momento que en el caso de marras se encuentran cumplidos los extremos de procedencia de la confesión ficta, ...omissis...

 

Pero es el caso que la propia recurrida indica posteriormente que en el presente caso no se verificaron los extremos que ella misma enumera como cumplidos, a los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ...omissis...

 

Como queda expuesto, existe una flagrante contradicción entre una y otra afirmación de la motiva de la decisión, que de paso se excluyen mutuamente, pues no puede afirmarse de una parte que se encuentran cumplidos los extremos previstos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, y de seguidas indicar que esos mismos extremos no fueron cumplidos.

 

La motivación contradictoria es uno de los supuestos en los cuales la doctrina de este Alto Tribunal ha indicado existe inmotivación, si existen motivos a tal punto contradictorios que se excluyan mutuamente. En el presente caso hacen afirmaciones contradictorias que evidentemente se excluyen y dejan el fallo sin ninguna motivación...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega la formalizante que la sentencia recurrida incurre en vicio de inmotivación por contener su decisión motivos contradictorios, en razón de que el juzgador superior declara inicialmente que en el caso de autos se verificaron los extremos previstos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para luego establecer que no fueron cumplidos, lo que hace imposible conocer el fundamento jurídico del razonamiento y realizar el control de la legalidad por ausencia de motivos coherentes.

 

Esta Sala ha establecido en numerosos fallos que el requisito de la motivación, contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se concilia en la obligación del sentenciador de expresar en su decisión las razones de hecho y de derecho que lo han llevado a la convicción materializada en un determinado dispositivo. La sentencia, debe contener en sí misma la prueba de su legalidad, a fin de posibilitar el examen acerca de la relación entre los hechos y el derecho establecido por el juez, fundamentación necesaria para así controlar la exacta aplicación de la Ley y el establecimiento histórico de los hechos.

 

En tal sentido, la Sala en cuanto al vicio de motivación contradictoria, ha reiterado entre otras en sentencia de fecha 19 de julio de 2000, caso Agencia Aduanera Centro Occidental C.A. (A.C.O.C.A.) contra Envases Venezolanos S.A., lo siguiente:

 

“...El vicio de contradicción, capaz de anular el fallo impugnado, debe encontrarse en su dispositivo, de suerte que lo haga inejecutable.

 También existe el llamado vicio de motivación contradictoria, el cual constituye una de las modalidades o hipótesis de inmotivación de la sentencia, que se produciría cuando la contradicción está entre los motivos del fallo, de tal modo que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igual intensidad y fuerza, lo que hace a la decisión carente de fundamentos y por ende nula.

 

El primero de los vicios señalados se da en la parte dispositiva o resolutiva del fallo, y ocurre cuando por la destrucción recíproca de las partes de la sentencia, es imposible su ejecución. Esto configuraría la violación del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

 

El último de los vicios aludidos – motivación contradictoria - como ya se señaló, constituye una de las modalidades de inmotivación del fallo y se verifica si los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos y ello conllevaría a la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

 

                   Al respecto, se pasa a verificar lo denunciado con base a los siguientes pasajes de la sentencia recurrida, en los que el juzgador superior estableció:

 

“...Así las cosas, quien suscribe para decidir observa: 1) que la pretensión de pago deducida por el accionante no es contraria a derecho, por mas que esté fundamentada en la existencia de un contrato verbal, pues las obligaciones y responsabilidades derivadas de su incumplimiento son materia de prueba. 2) las actas del expediente demuestran que la ciudadana demandada no contestó la demanda ni produjo en la etapa probatoria, la contraprueba del derecho invocado por el demandante; y 3) se requiere que el demandante haya probado. 

 

...omissis...

 

este Tribunal debe concluir que el demandante no promovió adecuadamente las pruebas, muestra de ello, siendo en su mayoría documentos privados emanados de terceras personas ajenas al proceso, no las promovió, por lo menos como testigos, de manera de dar la posibilidad potencial a la contraparte de controlar esas pruebas; adquiridas entonces, las pruebas para el proceso debe concluirse que los tres supuestos de la confesión ficta no concurrieron y que por tanto, no existiendo plenas pruebas del derecho invocado por el actor, debe la demanda ser declarada sin lugar y por vía de consecuencia, con lugar la apelación ejercida por la parte demandada; y así se establece...”.

 

 

Del análisis de la sentencia recurrida, se evidencia que el juzgador de la recurrida no incurre en el denunciado vicio de inmotivación por contradicción en los motivos, por cuanto verificó en su fallo los requisitos de procedencia de la confesión ficta, estableciendo que la pretensión de pago del actor no es contraria a derecho, que se demostró que la demandada no contestó la demanda ni produjo pruebas, y que se requiere que el demandante haya probado, con base en ello concluyó que los tres supuestos no concurrieron al no existir pruebas del derecho invocado por el actor, razonamientos que no se contradicen ni destruyen recíprocamente, motivos que aunque pudieran ser erróneos, son el criterio que siguió el juez para dictar su decisión y su impugnación solo podía verificarse bajo un recurso por infracción de ley.

Por los razonamientos antes expuestos, al poder la Sala controlar la legalidad de la decisión proferida, se declara improcedente la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICO

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 362 eiusdem, por errónea interpretación acerca de su contenido y alcance.

 

Por vía de fundamentación, se expone:

 

“...En el presente caso puede apreciarse de las afirmaciones sostenidas por la recurrida que en esa se establece un requisito “adicional” no previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, como lo es la aportación de pruebas a la parte demandante.

 

Al interpretar la recurrida en la forma descrita el citado artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, incurre en una flagrante violación de dicha norma, dándole un contenido y alcance que la misma no tiene, al agregar un extremo de procedencia de la confesión ficta que no está previsto en la ley.

 

Así, la norma en cuestión no exige a la parte demandante prueba alguna, en tanto que expresamente indica que “En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin mas dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado”.

 

Como se ve, el juez tiene que (sic) debe soportar su decisión ateniéndose a la ficción de confesión prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, sin que se requiera prueba de la procedencia de la pretensión aducida, ya que precisamente el efecto procesal que produce la confesión, en que las afirmaciones del libelo se deben entender confesadas (admitidas) por la parte demandada, y por tanto establecidos los hechos tal y como fueron expuestos en la demanda...”. (Resaltado del formalizante).

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

Alega el formalizante que en la recurrida se infringió el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, con base en que el juzgador ad quem agregó un requisito de procedencia de la confesión ficta no previsto en la ley, como es la aportación de pruebas por el demandante.

 

La errónea interpretación de la ley existe cuando el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, equivoca su interpretación y alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido a la norma haciendo derivar de ella consecuencias jurídicas que no concuerdan con su contenido.

 

Ahora bien, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece que:

 

“...Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento...”.

 

 

Del artículo trascrito se desprende que la confesión ficta opera siempre y cuando concurrentemente se cumplan los siguientes requisitos: a) que el demandado no diere contestación a la demanda; b) que nada probare que le favoreciera y, c) que la petición del demandante no fuere contraria a derecho.

 

Esta Sala, en sentencia N° 1001 de fecha 17 de diciembre de 1998, dictada en el juicio Haydee Josefina Garrido Rivera contra Alfonso José Angulo González, expediente N° 97-424, sobre el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, expresó lo que de seguida se transcribe:

 

“...Partiendo de estas consideraciones, se puede inferir que al demandado compete exclusivamente tratar de enervar las pretensiones del actor.

 

Así las cosas, la falta de contestación de la demanda acarrea para el demandado una presunción iuris tantum de confesión ficta, y siempre que la demanda no sea contraria a derecho, a las buenas costumbres o atente contra el orden público, únicamente desvirtuable mediante la aportación de pruebas que contradigan las pretensiones del demandante, pero sin que le sea permitido consignar otros medios probatorios que él estime conducentes o la alegación de hechos nuevos.

 

Conforme con lo preceptuado en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se requieren dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada: que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca.

 

Para la doctrina de casación, es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer la contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho, pero no es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda.

 

Nuestro proceso civil está dividido en fases determinadas, en orden consecutivo legal y preclusivas, una de las cuales se cierra, precisamente, con la contestación de la demanda, después de la cual ya no pueden alegarse hechos nuevos, ni proponerse reconvención o cita en garantía, ni llamamiento de terceros a la causa...”.

 

La sentencia recurrida, en relación con la norma denunciada estableció lo siguiente:

 

“...Así las cosas, cabe señalar que para que opere la confesión ficta deben cumplirse concurrentemente tres requisito (sic), a saber: 1) que el demandante (sic), legítimamente citado, no concurra a dar contestación a la demanda, tal como ocurrió en el presente caso; 2) que el demandante no produzca en el expediente la contraprueba del derecho alegado por la contraparte; y aquí cabe hacer la siguiente explicación: si el demandado no da contestación a la demanda, precluido el lapso que le otorga la ley (y por ello es importantísimo que los jueces hagan un cómputo procesal de los días correspondientes a esta fase procesal, e inclusive, sobre la fase probatoria, de manera de tener certeza sobre estos dos requisitos), no le esta permitido alegar hechos y como esto no le está permitido, tampoco le está permitido promover pruebas sobre hechos no alegados, sino única y exclusivamente, que el se encuentra solvente en el pago de las obligaciones, que el actor le imputa como moroso en ellas, para lo cual deberá promover la prueba que acredite la extinción de esas obligaciones. De manera que, no habiendo promovido el demandado ninguna prueba, este segundo requisito es procedente. Y 3) Que las pretensiones deducidas por el demandante no sean contrarias a derecho.

 

Así las cosas, quien suscribe para decidir observa: 1) que la pretensión de pago deducida por el accionante no es contraria a derecho, por mas que este fundamentada en la existencia de un contrato verbal, pues las obligaciones y responsabilidades derivadas de su incumplimiento son materia de prueba. 2) las actas del expediente demuestran que la ciudadana demandada no contestó la demanda ni produjo en la etapa probatoria, la contraprueba del derecho invocado por el demandante; y 3) se requiere que el demandante haya probado. 

 

...omissis...

 

este Tribunal debe concluir que el demandante no promovió adecuadamente las pruebas, muestra de ello, siendo en su mayoría documentos privados emanados de terceras personas ajenas al proceso, no las promovió, por lo menos como testigos, de manera de dar la posibilidad potencial a la contraparte de controlar esas pruebas; adquiridas entonces, las pruebas para el proceso debe concluirse que los tres supuestos de la confesión ficta no concurrieron y que por tanto, no existiendo plenas pruebas del derecho invocado por el actor, debe la demanda ser declarada sin lugar y por vía de consecuencia, con lugar la apelación ejercida por la parte demandada; y así se establece...”. (Negrillas de la Sala).

 

 

De la anterior transcripción de la recurrida se evidencia que el juzgador ad quem, analiza los requisitos de procedencia de la confesión ficta establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la pretensión de pago del accionante no es contraria a derecho, que la accionada no contestó la demanda ni produjo prueba en la etapa probatoria, para luego establecer tal como lo aduce el formalizante, un requisito adicional (que el demandante haya probado), analizando las pruebas aportadas por el actor con la demanda y en la etapa probatoria, para concluir que no existe plena prueba del derecho invocado en la pretensión y que no concurrieron los supuestos de la confesión ficta, incurriendo así  el juzgador superior en una errónea interpretación al incluir un supuesto no previsto en la Ley.

Ahora bien, respecto al supuesto del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que prevé “...que la petición del demandante no fuere contraria a derecho...”, la Sala en sentencia N° 1005, de fecha 31 de agosto de 2004, en el caso Francisco Opitz Busits contra Asociación Civil 24 de Mayo, Expediente N° 03-614, estableció lo que sigue: 

 

“...En cuanto a que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho la Sala observa que, este requisito debe interpretarse en el sentido del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es decir: “si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley” Al extender su examen a aspectos no alegados por las partes, que además solo podía ser opuesta como cuestión previa conforme al ordinal 11 del artículo 346 eiusdem, la recurrida interpretó erróneamente el artículo 362 por cuanto, tal interpretación debió ser realizada a la luz del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

 

Por tanto, conforme el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y el criterio jurisprudencial transcrito, cuando el demandado no asiste a dar contestación a la demanda o comparece de manera extemporánea, la consecuencia es que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum, que implica una aceptación de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, siempre que ésta no sea contraria a derecho y que el demandado nada probare que le favorezca, sobre los que debió expresamente pronunciarse el fallo recurrido, estableciendo sus consecuencias pertinentes.

En consecuencia, la Sala declara procedente la denuncia de  infracción por errónea interpretación del contenido y alcance del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de casación. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes, expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por el demandante, contra la sentencia dictada en fecha 15 de abril de 2004 por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con Sede en Santa Ana de Coro y, en consecuencia, En consecuencia, SE CASA la sentencia recurrida y SE ORDENA al juez superior que resulte competente, dicte nueva decisión ajustándose a lo establecido en el presente fallo.

 

                   No hay condenatoria en costas, dada la índole del  presente recurso.

                   Publíquese y regístrese. Bájese el expediente al Juzgado Superior ya mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil  del Tribunal Supremo de  Justicia,  en  Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil seis.  Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                                                                     Vicepresidenta,

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

                                            

Magistrado Ponente,

 

___________________________

                                                              ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

                                                   

Magistrado,

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

RC N° AA20-C-2004-000528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracas, 11 de diciembre de 2006

Años 196º y 147º.

 

AA20-C-2004-000528

 

 

                   Por cuanto en la anterior sentencia de fecha 14 de noviembre del año en curso, correspondiente al juicio por cumplimiento de contrato y daños y perjuicio intentado por MIGUEL ÁNGEL CASTRO, contra BLANCA ANTONIA HERNÁNDEZ DE HERNÁNDEZ, se incurrió en un error material en la página 1 y 14, donde dice: "... Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de "Menores"...", debe leerse: "...Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de "Menores"...". Esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el contenido y alcance del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante el presente auto subsana el error en referencia, a los fines legales consiguientes.

El  Presidente de la Sala,

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                                              

La Vicepresidenta,

     

____________________

YRIS PEÑA ESPINOZA                                                                         

                                                                                                    Magistrado,

                                   

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

                                                                                                                                   

Magistrada,

 

__________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

 

­­__________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

El Secretario,

 

___________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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