Sentencia N.º RC.00878
- Sentencia
- N.º RC.00878
- Fecha
- 14/11/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 05-807
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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Exp. Nro. 2005-000807
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por cumplimiento de contrato e indemnización por daños y perjuicios, intentado por la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES WILCARE, C.A., representada judicialmente por los abogados Mario Eduardo Trivella, Pedro Urdaneta Benítez, Marcel Ignacio Imery, Juan Carlos Álvarez, Mariluz Santana García, Alicia Molero Morán y Rubén Maestre Wills, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN MACIZO DEL ESTE, C.A, representada judicialmente por los abogados Raúl Hernández Hurtado, Luís Acuña Cabrera, Manuel Salvador Ramos Villoria y Thea Elizabeth Sichini Santini; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en alzada en virtud de la apelación formulada por ambas partes del juicio contra la sentencia definitiva del a-quo de fecha 29 de noviembre de 2004, dictó sentencia en fecha 9 de agosto de 2005, y aclaratoria de dicha sentencia en fecha 19 de octubre de ese mismo año, mediante la cual declaró: 1°- Con lugar el recurso ordinario de apelación formulado por la actora y sin lugar el formulado por la accionada; 2°- Con lugar la demanda intentada; 3°- Confirmado el fallo apelado solo en lo que respecta a los puntos primero, tercero y cuarto del dispositivo del fallo apelado; 4°- Acordada la corrección monetaria; 5°- Sin lugar la reconvención y, por último, condenó en costas a la parte apelante.
Contra la referida sentencia de la alzada y su aclaratoria, la demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido por el juez de la recurrida, y posteriormente fue formalizado en tiempo oportuno ante esta Sala. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
I
El impugnante alega que el recurso de casación debe ser declarado perecido por esta Sala, por cuantoa su juicio la formalización fue presentada de manera extemporánea por tardía, lo cual sustentó en las siguientes razones:
“…En el presente caso la formalización se presentó el día 2 de diciembre de 2005, siendo que el lapso para formalizar venció el día 29 de noviembre de 2005, tal como lo voy a demostrar a continuación:
El día 11 de mayo de 2005 el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fijó el lapso de veinte (20) días de despacho para presentar los informes de Alzada, el cual expiró el día 20 de junio de 2005 y trascurrió así:
Mayo: 12, 13, 23, 24, 26, 27, 30 y 31.
Junio: 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 y 20.
El día 21 de Junio de 2005, inclusive, comenzó el lapso de ocho (8) días de despacho para presentar observaciones, que finalizó el día 04 de Julio de 2005 y quedó comprendido en los días siguientes:
Junio: 21, 22, 27, 28, 29 y 30.
Julio: 01 y 04.
El día 5 de Julio de 2005, inclusive, comenzó el lapso de sesenta (60) días continuos para dictar el fallo, dentro del cual fue dictada la sentencia el día 9 de Agosto de 2005, que finalizó el día 04 de Octubre de 2005 y, excluyendo el lapso de vacaciones judiciales, está integrado por los siguientes días:
Julio: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
Agosto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Septiembre: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
Octubre: 1, 2, 3 y 4.
El día 5 de octubre de 2005, inclusive, comenzó el lapso de diez (10) días de despacho para el anuncio del recurso de casación y el mismo expiró el día 20 de octubre de 2005, quedando conformado dicho lapso por los días siguientes:
Octubre: 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19 y 20.
Naturalmente, el día calendario siguiente, esto es, el 21 de octubre de 2005, inclusive, comenzó el lapso de cuarenta (40) días continuos para formalizar el recurso de casación, y el mismo venció irremediablemente el día 29 de noviembre del 2005, según el siguiente cómputo:
Octubre: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
Noviembre: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
Todos los días de despacho trascurridos ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, constan en un cómputo que presento en este acto, marcado con la letra “A”.
Sobre la base de los anteriores cómputos, expresamente le pido a la Sala que, según lo previsto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, declare perecido el recurso de casación anunciado por CORPORACION MACIZO DEL ESTE, C.A., dada su manifiesta extemporaneidad.
Desde ahora alego que como la sentencia de la alzada fue dictada dentro del lapso previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, los lapsos sucesivos están prefijados en la ley y no pueden ser alterados, aún cuando el Juez Superior haya indicado erróneamente en su auto de admisión del recurso que el lapso de 10 días para el anuncio del recurso venció el día 24 de Octubre de 2005, cuando es manifiesto que expiró dicho lapso el 20 de octubre de 2005.
Por lo expuesto, pido que se declare perecido el recurso...”.
Este pedimento fue contradicho por el recurrente en el escrito de réplica, en el cual alegó:
“…Tal como afirma el apoderado judicial de la parte actora y como se evidencia del propio expediente, el recurso de casación interpuesto fue debidamente formalizado el día viernes dos (2) de diciembre del pasado año, es decir, el día treinta y ocho (38) de los cuarenta (40) días, continuos para tal fin establece (sic) el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.
Del cómputo que en tal sentido realizó la secretaría del Tribunal cuya sentencia fue recurrida, se desprende que admitió en fecha veinticinco (25) de octubre de 2005, el recurso de casación anunciado (sic) de manera tempestiva en dos oportunidades, a saber, los días diez (10) y veinte (20) de octubre de 2005.
Al admitir el Tribunal Superior el recurso de casación en la fecha antes indicada, ante el anuncio tempestivo del recurso, era imperativo el pronunciamiento del órgano jurisdiccional para que las partes tuvieran certeza de cuándo debía comenzar dicho lapso, bien por haber sido admitido, o bien por haber sido negado en cuyo caso, tendría lugar el inicio del lapso para ejercer el recurso de hecho.
Situación distinta si el Tribunal hubiere omitido pronunciamiento alguno sobre la admisión o negativa del recurso, pues en ese caso, a tenor de lo previsto en el señalado artículo 315 de la norma adjetiva, la formalización hubiera tenido que presentarse dentro de los cuarenta (40) días continuos seguidos al vencimiento de los diez (10) días que la norma establece para su anuncio, pero ese no fue el caso, pues de manera expresa y tal como consta en el auto de admisión del recurso y en el cómputo realizado por la Secretaría del Tribunal Superior, la admisión tuvo lugar el día siguiente al vencimiento del lapso para anunciar el recurso de casación.
Ahora bien, de haber incurrido el ad quem en un error al computar los lapsos desde la oportunidad para la presentación de los informes, las consecuencias del mismo no pueden ser imputadas a las partes y menos aún cuando existe en el expediente providencia del órgano jurisdiccional, ya que de acordarse así, atentaría contra un correcto ejercicio del derecho a la defensa…”.
Pues bien, en relación con los alegatos expuestos por ambas partes, la Sala constata que el juzgado superior dejó expresa constancia de lo siguiente: “Quien suscribe (…) Secretaria del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito (…), deja constancia que, el lapso de diez (10) días de despacho, establecido en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, para ejercer el recurso de casación, comenzó el 07 de octubre y venció el 24 de octubre de 2005 ”.
Posteriormente, en el propio auto de admisión del recurso de casación que cursa al folio cuatrocientos setenta y siete (477) de esa misma pieza, la alzada dejo claramente establecido lo siguiente: “Vistas las diligencias suscritas en fecha 10 y 20 de octubre de 2005, por el Abogado ALBERTO ACUÑA CABRERA, con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, mediante las cuales anunció recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005); con inclusión de la aclaratoria de fecha 19/10/05, este Tribunal observa: Que, los diez (10) días de despacho que tienen las partes para anunciar recurso de casación, de conformidad con el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, comenzó a transcurrir el siete (7) de octubre de dos mil cinco (2005); y, vencieron el veinticuatro (24) de octubre de dos mil cinco (2005), ambas fechas inclusive; por lo que el recurso fue ejercido oportunamente”.
Como puede apreciarse de los fragmentos antes transcritos, la alzada consideró y estableció que los diez (10) días para anunciar recurso de casación, vencieron el día veinticuatro 24 de octubre de 2005, por lo que de conformidad con lo fijado por el juez de alzada en el auto de admisión, a partir del día siguiente, esto es, el 25 de octubre de 2005, comenzó a transcurrir el lapso de los cuarenta (40) días para formalizar el recurso de casación, previsto en el 317 del Código de Procedimiento Civil.
El impugnante sostiene que el juez de alzada fijó erróneamente la oportunidad en que venció el lapso para anunciar el recurso de casación, lo que al margen de ser cierto o no, en modo alguno podría ser imputable a la parte, pues esa conducta fue cumplida por el juez en acatamiento de los previsto en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, el cual en su parte pertinente establece:
“...El Tribunal competente para oír el anuncio del recurso de casación lo admitirá o negará el primer día inmediato siguiente al vencimiento de los 10 días que se dan para el anuncio. En caso de negativa razonará en dicho auto los motivos del rechazo, y en caso de admisión hará constar en el auto el día del calendario que correspondió al último de los diez (10) que se dan para el anuncio…”.
Esta forma procesal que la ley obliga al juez a cumplir no es caprichosa, pues su fin es lograr un efectivo ejercicio del derecho de defensa, asegurando a la parte interesada conocer con certeza cuál es la oportunidad para ejercer los recursos pertinentes, con lo cual el legislador reitera el principio de que el juez es el conductor del proceso, previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
La parte se atuvo a esa fijación hecha por el juez en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, la cual no fue combatida ni impugnada por parte alguna en la instancia.
En casos similares al sub exámine, esta Sala ha establecido, entre otras, en sentencia N° 45, de fecha 23 de febrero de 2001, (caso: Inmobiliaria Memojual S.A contra Mario José De Negris León Díaz y otro), expediente N° 99-786, haciendo referencia al punto in comento, esta Sala estableció lo siguiente:
“...la negligencia y el subsecuente error del órgano jurisdiccional para realizar los cómputos inherentes al proceso, en modo alguno, pueden actuar en detrimento del derecho a la defensa de las partes, quienes en todo caso atuvieron su actuación al señalamiento expreso que sobre el particular realizó el tribunal en el expediente de la causa…”.
Esta posición ha sido ratificada, entre otras, mediante sentencia N° 432, de fecha 20 de mayo de 2004, (caso: Inversiones Anuarve C.A., contra Modas La Garza, C.A.), expediente N° 02-206, oportunidad, en la cual esta Sala de Casación Civil puntualizó nuevamente lo siguiente:
“…La Sala reitera que de ser cometido algún error en el cómputo o en la fijación de los lapsos para que tenga lugar algún acto procesal, siempre que éste sea atribuible al juez y las partes se atengan a lo dispuesto por él, no deben sufrir los perjuicios derivados de tal error del juez…”.
De igual forma, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 12 agosto de 2005, caso: solicitud de revisión solicitada por C.A. CLÍNICA ATÍAS, en la cual dejó sentado:
“…Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de revisión de la sentencia que se analiza, y para ello observa:
El 6 de noviembre de 2000, el apoderado judicial de las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías, consignó escrito ante la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal en el que formalizó su recurso de casación contra la decisión del 12 de julio de 2000, emanada del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas.
El 14 de diciembre de 2000, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, suscribió oficio librado al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, en el que ordenó al referido Juzgado Superior, que remitiera a dicha Sala el cómputo de los diez (10) días que se conceden para el anuncio del recurso de casación ejercido contra la sentencia que dictó el 12 de julio del 2000.
El 17 de enero de 2001, según consta al folio quinientos veinticuatro (524) de las actas que conforman el presente expediente, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, informó a la Sala de Casación Civil que “el referido lapso para anunciar recurso de casación según consta en el libro diario de este Tribunal comenzó a correr el día 07 de agosto de 2000, fecha en la cual se dictó la aclaratoria de la sentencia de fecha 12 de julio de ese mismo año, solicitada en 3 de agosto de 2000 por el apoderado actor y venció el día 25 de septiembre de 2000, tal como consta del acto dictado por este Tribunal en fecha 26 de ese mismo mes y año, siendo así los días Despachados los siguientes: 08, 09, 10, 11 y 14 de agosto, 18, 19, 20, 21 y 25 de septiembre del año 2000”.
Posteriormente, el 30 de enero de 2004, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, ordenó un nuevo cómputo pero, en esta ocasión, a partir de la fecha de notificación de la sentencia, cómputo que fue realizado a partir del 3 de agosto de 2000, oportunidad en la cual el hoy solicitante en revisión fue notificado de la decisión que expidiera el Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas. En tal sentido, del cómputo practicado, se indicó que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000. Por consiguiente, estimó la referida Sala que, el lapso para la presentación del escrito de formalización del recurso, fenecía el 30 de octubre del 2000 y el escrito de fundamentación del recurso de casación fue presentado de manera extemporánea, el 6 de noviembre de 2000. En consecuencia, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró perecido el recurso de casación anunciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil y ordenó la remisión del expediente al Tribunal de origen - Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas - a los fines legales consiguientes.
Ahora bien, la parte solicitante denunció que la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo, para el análisis del recurso formulado en el que declaró perecido el recurso de casación que interpusieron, no tomó en cuenta el auto que admitió el recurso de casación emanado del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, del 26 de septiembre de 2000. Denunciaron que, el Juzgado Superior referido erradamente realizó el cómputo ya que “debió hacerlo el 20 de septiembre de 2000 (...) y el lapso de los cuarenta (40) días para consignar la formalización ante la Sala de Casación Civil comenzó a contarse a partir del último día de los diez (10) útiles para anunciar casación”.En tal sentido se denunció que el auto referido “sirvió de guía a (sus) representados para hacer el cómputo de cuándo comenzó a correr el lapso de cuarenta (40) días para formalizar; si esto es así resulta fácil establecer que el último día no fue el 30 de octubre de 2000, sino el 6-11-2000; de manera que el recurso de casación fue formalizado en día oportuno por lo que el perecimiento no tenía prudente cabida”.
En consecuencia, el solicitante en revisión denunció la infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, de conformidad con los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues la Sala de Casación Civil -a su decir- incurrió en un error inexcusable en derecho, con violación de principios constitucionales reconocidos por la jurisprudencia de esta Sala Constitucional.
Ahora bien, tal y como se indicó precedentemente en el caso en cuestión, se solicitó la revisión de la sentencia de la Sala de Casación Civil publicada bajo el rc-00362 del 27 de abril de 2004, que declaró perecido el recurso de casación anunciado por los hoy solicitantes, al señalar que, conforme al cómputo ordenado por dicha Sala al Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, los escritos de formalización resultaban extemporáneos, toda vez que el lapso de los cuarenta (40) días continuos previstos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil para tal fin, feneció el 30 de octubre de 2000 y el escrito de fundamentación del recurso de casación fue presentado de manera extemporánea el 6 de noviembre de 2000.
En tal sentido, la Sala observa que la decisión de la Sala de Casación Civil está estrechamente vinculada a un derecho constitucional, esto es, el derecho al libre acceso a la jurisdicción, el cual no debe ser entendido como un derecho absoluto, sino como un derecho objeto de restricciones legales, y, en este sentido, el legislador establece una serie de formas procesales -esenciales para el logro de los fines del acto- que determinan el tiempo, modo y lugar de realización de los actos procesales (en este caso el anuncio del recurso de casación) que deben cumplirse. (vid. sentencia número 1097 del 7 de junio de 2004 Caso: Seguros La Seguridad C.A.).
Tales restricciones, no sólo atienden a facilitar la labor del juez, sino también a proteger otros derechos e intereses tutelados constitucionalmente (cfr. Chamorro Bernal, Francisco, La tutela judicial efectiva. Derechos y Garantías Procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución, Editorial Bosch, Barcelona, 1994, p. 28), como por ejemplo el debido proceso y el derecho a la defensa.
En el presente caso, debe precisarse si la declaratoria de perención del recurso, con fundamento en el cómputo ordenado por la Sala de Casación Civil, el 30 de enero de 2004, y no con fundamento en la decisión del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, del 26 de septiembre de 2000 (en la cual se admitió el recurso de casación y se dejó constancia que el lapso de diez (10) días previsto para su anunció venció el 25 de septiembre de 2000), estuvo acorde con el respeto y garantía del derecho al debido proceso y a la defensa.
En este sentido, esta Sala, al analizar el derecho al acceso a la jurisdicción, en sentencia Nº 389, del 7 de marzo de 2002, indicó lo siguiente:
“...el juez puede constatar el incumplimiento de alguna formalidad y desestimar o inadmitir la pretensión de alguna de las partes, sin que ello se traduzca, en principio, en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que esas formalidades han sido establecidas como una protección de la integridad objetiva del procedimiento. Pero no todo incumplimiento de alguna formalidad puede conducir a la desestimación o inadmisión de la pretensión, ya que para ello el juez debe previamente analizar: a) la finalidad legítima que pretende lograse en el proceso con esa formalidad; b) constatar que esté legalmente establecida, c) que no exista posibilidad de convalidarla; d) que exista proporcionalidad entre la consecuencia jurídica de su incumplimiento y el rechazo de la pretensión. Solamente cuando el juez haya verificado que no se cumplan con los elementos antes descritos es que debe contraponer el incumplimiento de la formalidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, específicamente de acceso a la justicia, para desechar o inadmitir la pretensión del justiciable y en caso de dudas interpretarse a favor del accionante, ello en cumplimiento del principio del pro actione”.
Según el criterio expuesto, si la Sala de Casación Civil consideró que se había incumplido con alguna formalidad, debió analizar la finalidad que se perseguía con su cumplimiento, esto es, si la misma estaba establecida por el legislador, si no existía forma de subsanarla y si existía proporcionalidad en las consecuencias aplicables.
A juicio de la Sala, en la sentencia objeto de la solicitud de revisión este análisis no se hizo, y el mismo resultaba de vital importancia, pues, como ya se indicó, no toda falta de cumplimiento de una formalidad puede traer como consecuencia la inadmisión de la pretensión, o, como en el presente caso, perecido el recurso, menos aún cuando la decisión emanada del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, estableció una fecha cierta para el inicio del cómputo del lapso de los cuarenta (40) días a que alude el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil y la parte fue sancionada en acatamiento al cómputo emitido por el Juez Superior.
En efecto, la Sala de Casación Civil consideró pertinente ordenar un nuevo cómputo a la Secretaría del Juzgado, a los fines de establecer “de conformidad con dicho cómputo, (omissis) que el lapso de los diez (10) días para el anuncio del presente recurso de casación, expiró el 20 de septiembre del 2000”, obviando que corre inserto en el expediente, el auto del Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, del 26 de septiembre de 2000, en el cual se admitió el recurso de casación, y se dejó constancia del vencimiento del último de los diez (10) días para el anuncio del recurso de casación.
En este sentido, considera la Sala que la declaratoria de perecimiento del recurso por el supuesto incumplimiento de una formalidad que sería consecuencia directa del error inducido por el Tribunal Superior, constituye una vulneración del derecho a la defensa de la parte demandada en el juicio de cobro de bolívares que la Asociación Bancaria Export-Import Bank Of United States incoó contra las sociedades mercantiles C.A. Clínica Atías y C.A Clínicas Atías Hospitalización y Servicios, y los ciudadanos Farith Atías Ricovery e Iván Machado Atías., pues se le obstaculizó el derecho a ejercer los recursos legalmente establecidos.
…Aunado a lo anterior, ha sido doctrina reiterada tanto de la Sala de Casación Civil como de esta Sala Constitucional, que la indefensión existe solamente cuando por un acto imputable al juez, se priva o limita indebidamente a una de las partes en el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos. De la misma manera, es necesario además que no obedezca la indefensión a la impericia, abandono o negligencia de la propia parte; y que haya habido perjuicio cierto para la parte que arguye tal indefensión, pues de lo contrario sería intrascendente la ilegalidad de la actuación del juez y no habría vicio que subsanar, requisitos que se cumplen a cabalidad en el presente caso.
Como corolario de lo anterior, visto que la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil resulta contraria a la interpretación que esta Sala ha hecho del derecho de acceso a la jurisdicción (cfr. sentencia Nº 93/2001 del 6 de febrero, caso: Corpoturismo), lo cual trajo como consecuencia una vulneración al derecho a la defensa, esta Sala, ante la vulneración de principios constitucionales fundamentales, en ejercicio de la facultad que le confieren el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara ha lugar a la solicitud de revisión, anula la sentencia de la Sala de Casación Civil y repone la causa al estado en que se pronuncie sobre el recurso de casación, en atención a lo expuesto en el presente fallo, y así se declara…”.
Por consiguiente, en aplicación de las anteriores consideraciones y reiterando los criterios jurisprudenciales antes transcritos, esta Sala declara improcedente la solicitud de perecimiento formulada por el apoderado judicial de la sociedad mercantil accionante en este juicio, por cuanto no es posible considerar y declarar perecido el recurso de casación anunciado por la accionada, por efecto de un pretendido error cometido por el propio tribunal de alzada en los cómputos, al admitir el recurso de casación. Pretender lo contrario, atentaría contra uno de los pilares fundamentales del debido proceso, como es la garantía constitucional del derecho a la defensa, particularmente mediante el ejercicio de los recursos que la ley dispone, derecho de elevada importancia, que se encuentra previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49, y que abarca, como lo ha sostenido la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, “la exigencia constitucional de que las partes en juicio puedan hacer uso de los medios legales de defensa para el sostenimiento de sus pretensiones, así como la posibilidad de ejercicio de los recursos contra las resoluciones judiciales a que haya lugar”. (Sentencia N° 4242 del 9 de diciembre de 2005 (Caso: Carmen Beatriz Rodríguez Parada). Así se establece.
II
El apoderado judicial de la demandada en este juicio, ahora recurrente en casación, plantea como punto previo en el escrito de formalización, la necesidad de que esta Sala verifique de las actas procesales, la circunstancia, de que a su entender, en el presente juicio operó la perención breve.
En efecto, el formalizante plantea ante la Sala lo siguiente:
“…Tal como fue alegado en la correspondiente oportunidad, en la presente causa se verificó la circunstancia prevista en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al ocurrir la perención de la instancia por la inactividad del actor durante un período superior a treinta (30) días.
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“…También se extingue la instancia:
1°- Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.
A los fines de una mejor comprensión sobre el punto a considerar por parte de la Sala, estimo conveniente y necesario reseñar los pormenores suscitados en esta causa en la primera instancia a partir de la presentación al distribuidor de la demanda que da origen al presente procedimiento…
…Omissis…
…Como claramente se puede observar tanto de la anterior enumeración de los actos ocurridos en el proceso, como de las actas que componen el presente expediente, la demanda fue admitida por el tribunal de primera instancia el día 16 de noviembre de 2000, y desde esa fecha el actor no realizó ninguna actuación de impulso del proceso…
…Omissis…
…solicito a esta Sala de Casación Civil declare como punto previo a cualquier decisión referente al recurso de casación la declaratoria de perención de la instancia por haber transcurrido más de treinta días contados desde la admisión de la demanda sin que el actor cumpliera con las obligaciones tendientes a lograr la citación de la demandada”.
En relación con ello, la Sala observa:
El formalizante solicita ante esta Sala de Casación Civil, la declaratoria de una de las perenciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, particularmente la prevista en el ordinal 1° de dicho artículo, por considerar que transcurrieron más de treinta (30) días desde el momento en que fue admitida la demanda sin que el actor hubiere cumplido con las obligaciones que le corresponden tendientes a logar la citación del demandado.
Ahora bien, este pedimento formulado por el actor respecto de la perención de la instancia, no debe ser formulado en forma previa y en capítulo separado en el escrito de formalización, sino en el contexto de una denuncia de quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo del derecho de defensa, por tratarse de la pretendida infracción de normas procesales aplicadas sobre un aspecto de orden procesal, y no para resolver la controversia, tal como fue establecido por esta Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nº 31 de fecha 15 de marzo de 2005, (caso: Henry Cohen c/ Horacio Estévez Orihuela, en la cual se estableció:
“…Las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, así como la estructura formal que deben reunir éstos, con inclusión de la sentencia; y algunas de ellas también controlan el juzgamiento del sentenciador en la decisión de la controversia, como son aquellas que establecen el grado de eficacia de las pruebas.
Por esa razón, la infracción de la norma procesal podría configurar un supuesto del recurso de casación por quebrantamiento de formas, si se refiere al iter procedimental o un aspecto del mismo, o bien a la estructura formal de la sentencia, y sólo podría constituir el fundamento propio de una denuncia por infracción de ley, si la norma procesal fue infringida por el juez al resolver la controversia.
Sobre este particular, Chiovenda ha sostenido que “...hay error de juicio o defecto de juzgamiento cuando se hace a la cuestión controvertida una falsa aplicación de la voluntad de la ley...”. (Citado por Humberto Cuenca, Curso de Casación Civil, pág. 103).
En sintonía con ello, Francesco Carneluttti ha afirmado que la diferencia entre errores de actividad y quebrantamiento de ley “...no está sino en la profunda diferencia entre el orden y el fondo, esto es, entre la conducción del proceso y la decisión de la litis o la administración del negocio...”. (Instituciones del Proceso civil, págs. 249-250).
En la doctrina nacional, Alirio Abreu Burelli y Luís Aquiles Mejía han expresado que la infracción de la norma procesal constituyen un error de juzgamiento “...si influye directamente en el dispositivo del fallo, y no en el orden de los actos del proceso...”, lo que sólo ocurre “...cuando se trata de errores cometidos en la sentencia definitiva que determinan la resolución de la controversia...”, y han hecho referencia al caso específico de que el juez declare erróneamente la perención, con motivo de lo cual han explicado de forma clara que “...Se trata de un defecto de actividad, pues el Juez no decidió la controversia sino que se pronunció sobre el orden del proceso y el efecto la eventual casación será de reposición al estado que se encontraba el proceso cuando se declaró su extinción...”. (La Casación Civil, Editorial Jurídica Alva S.R.L., Caracas, 2000, págs. 217, 221 y 255).
Acorde con los criterios expuestos por los nombrados procesalistas, esta Sala ha establecido que el error de juicio está relacionado “...con cuestiones que constituyen el fondo de la controversia...”. (Sentencia de fecha 24 de febrero de 1994, caso: Efraín Silguera c/ C.A. Fichaza Sociedad de Capitalización).
Hechas estas consideraciones, la Sala observa que las normas sobre perención suponen el examen del iter procedimental para constatar el incumplimiento de actos impuestos a las partes por mandato de la ley, con el propósito de garantizar el desenvolvimiento del proceso hacia el final y evitar su paralización o suspensión indefinida. Por consiguiente, esas normas no son atinentes a la relación jurídico material discutida por las partes, sino a un aspecto meramente procesal, que consiste en la falta de interés para continuar el juicio.
Esa es la razón por la cual la perención declarada en primera instancia no impide proponer de nuevo la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, por no ser ese pronunciamiento atinente a la relación jurídico material discutida, sino a un aspecto meramente procesal, no puede causar cosa juzgada respecto de la pretensión.
Asimismo, si la parte opta por impulsar una nueva instancia al apelar de la sentencia de mérito y luego abandona este segundo grado del proceso, ello sólo causa la extinción del impulso obtenido por la apelación y por ende, la decisión definitiva de primera instancia adquiere fuerza de cosa juzgada, sin resultar sustituida por la sentencia que declaró la perención, de acuerdo con lo pautado en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el pronunciamiento sobre perención no guarda relación con el fondo de la controversia, sino con un aspecto referido al proceso de segunda instancia y el desinterés de las partes de obtener su conclusión.
Por otra parte, cabe advertir que en el examen de las denuncias de infracción, la Sala sólo puede examinar otras actas del expediente en los supuestos de excepción establecidos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, todos ellos relacionados con el juzgamiento de los hechos controvertidos por las partes, entre los cuales no pueden ser ubicadas las normas sobre perención, por cuanto no regulan el establecimiento ni apreciación de los hechos discutidos ni de las pruebas, ni se refieren a algún caso de suposición falsa, todos ellos relacionados con el error de percepción del juez en el examen de los hechos controvertidos que resultan demostrados en las pruebas.
En todo caso, si el juez atribuye una mención que no contiene a una acta del proceso que se refiere a la tramitación y desenvolvimiento del juicio, como sería la citación, o hace referencia a un acto procesal que no fue practicado, está alterando la forma real en que ocurrió el iter procedimental, y ese error es atinente al orden, conducción y desenvolvimiento del proceso, el cual debe ser atacado con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la regularidad y eficacia del acto sea examinada por el juez para resolver la controversia, como ocurre con las pruebas, que es precisamente uno de los supuestos de excepción que permite el control sobre el juzgamiento de los hechos, previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En particular, los hechos que configuran la perención, no son pertinentes a la litis, sino a un aspecto del proceso que resulta desistido de forma tácita.
Por consiguiente, esta Sala modifica el precedente jurisprudencial sentado en decisión de fecha 30 de noviembre de 2001, (caso: Perisponio, C.A., c/ Ismael Benito Silva), y deja sentado que las infracciones de las normas sobre perención sólo pueden ser alegadas en el contexto de una denuncia de quebrantamiento u omisión de formas procesales con menoscabo del derecho de defensa, prevista en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
El anterior criterio tiene efectos ex nunc; en consecuencia, deberá ser aplicado en aquellos recursos anunciados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo….”.
Ahora bien, teniendo presente que el planteamiento lo formula la representación de la parte demandada como punto previo a la formalización del recurso de casación, oportunidad idónea para hacer ver, o advertir a la Sala, la ocurrencia de cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar el “orden público”, y que dada su importancia, deba resolverse previamente a las denuncias que contiene la formalización y; teniendo igualmente presente, como se indicó supra, que la perención atañe al orden público y es declarable, incluso de oficio, esta Sala se permite hacer la siguiente consideración, en resguardo a la tutela judicial eficaz, y en interpretación de las instituciones procesales conforme a lo pautado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Esa garantía procesal constitucional de la tutela judicial efectiva, ha sido sintetizada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, entre otras, mediante decisión N° 4202, de fecha 9 de diciembre de 2005, (caso: Ignacio Ramón Linares), de la siguiente manera:
“…El derecho a la tutela judicial eficaz, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, luego del cumplimiento de los requisitos que establecen las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho que hubiere sido deducido, de allí que la Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, con el fin de que, si bien el proceso sea una garantía para que las partes den cabal ejercicio de su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida el logro de las garantías que el artículo 26 constitucional instaura”.
En consecuencia, esta Sala en resguardo al derecho de tutela judicial eficaz y al orden público que entraña la perención, procede a constatar si efectivamente se consumó o no la perención breve en este juicio, particularmente la dispuesta en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
Artículo 267.- (…) También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
En la presente causa, la demanda fue admitida en fecha 16 de noviembre de 2000, por tal motivo se hace necesario determinar cuales eran las “obligaciones” que debía cumplir el demandante en aquel entonces para logar e impulsar la citación del demandado y, si tales obligaciones fueron cumplida.
En este sentido, el criterio vigente de esta Sala de Casación Civil, en lo que respecta a esas obligaciones que el actor debe cumplir para lograr la citación del demandado, es el establecido mediante sentencia N° 537, de fecha 6 de julio de 2004, (caso: José Ramón Barco Vázquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual), en el cual se puntualizó lo siguiente:
“…A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos.
…Omissis…
Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado.
En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.
…Omissis…
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
…Omissis…
esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. (Negrillas y resaltado de la cita).
El anterior criterio establece expresamente en su contenido, su aplicación en el tiempo, estableciendo que será aplicable a aquellas causas que hayan sido admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produjera dicho fallo. En consecuencia, siendo que el anterior fallo, proferido por esta Sala de Casación Civil, se produjo, vale decir, fue publicado en fecha 6 de julio de 2004, el criterio le será aplicable a aquellas causas (demandas) que hayan sido admitidas a partir del día 7 de julio de 2004 inclusive.
En consecuencia, teniendo presente que la demanda en esta causa fue admitida en fecha 16 de noviembre de 2000, resulta claro que no es aplicable al caso sub exámine este criterio, sino el que imperaba anteriormente establecido mediante sentencia Nº 172, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº 00-373, (caso: Raúl Esparza y otra contra Marco Puglia Morgguese y otros), en el cual se estableció lo siguiente:
“…La recurrida yerra ostensiblemente al aplicar falsamente el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como el recurrente asevera. En efecto, consta de la precedente trascripción, que la demanda fue admitida por el tribunal de la causa el 23 de julio de 1997. Asimismo, que los derechos de arancel judicial se pagaron el 30 de julio de 1997, es decir, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo. No obstante, el sentenciador consideró que los demandantes tenían que cumplir con otras obligaciones a su cargo y al no hacerlo, se produjo la perención de la instancia.
…Omissis…
Ahora bien, la Sala en sentencia del 6 de agosto de 1998 (Banco Hipotecario Unido, C.A. contra Freddy Ramón Bruces González), señaló:
“...El criterio antes expuesto, de que las únicas obligaciones legales a cargo del actor están constituidas por el pago de los derechos de compulsa y citación fue reiterado en fallos del 31 de marzo de 1993 (Antonio Labora Soanne contra C.A. Inmuebles La Primicia); del 19 y 27 de octubre de 1994 y 08 de febrero de 1995, como el recurrente alega.
Por tanto, las normas atinentes a la perención de interpretación restrictiva, por su naturaleza sancionatoria, a juicio de la Sala y con vista al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, basta con que el recurrente cumpla con alguna de las obligaciones que la ley le impone a los fines de practicar la citación del demandado, antes referidas, para que no se produzca la perención, ya que las actuaciones subsiguientes, como se expuso en el fallo del 22 de abril de 1992 antes citado, corresponden íntegramente realizarlas al tribunal de la causa de conformidad con lo indicado en el artículo 218 eiusdem; y sin que la parte tenga ingerencia alguna en esas actuaciones subsiguientes, sino que las mismas están a cargo del tribunal.
El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como antes se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones...
…Omissis…
…la Sala encuentra que la única exigencia de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) para que no se produzca la perención, es que el actor no cumpla con todas las obligaciones que tiene a su cargo. Por ende, al cumplir al menos con alguna de ellas ya no opera el supuesto de hecho de la norma. Además de que luego del pago del arancel judicial respectivo para la citación del demandado, las actuaciones subsiguientes corresponde realizarlas íntegramente al tribunal, pues el Alguacil es el único que puede proceder a practicar la citación...
…Omissis…
En resumen, la doctrina de la Sala en la materia, es que para que se produzca la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el actor debe incumplir con todas las obligaciones que la ley le impone para practicar la citación del demandado. Asimismo, que una vez el actor cumpla con alguna de sus obligaciones no tiene ya aplicación la perención breve de que trata el citado ordinal 1º del artículo 267…”
Ratificando la doctrina antes expuesta, la Sala observa que la recurrida asentó que la demanda se admitió el 23 de julio de 1997, y el 30 de julio de 1997, siete (7) días después, la actora canceló la planilla de arancel judicial para practicar la citación de los co-demandados. Por tanto, a criterio de la Sala, la actora cumplió con las obligaciones que la ley le impuso para citar a los co-demandados dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo; actuación suficiente para evitar la sanción de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil”.
De conformidad con lo dispuesto en el criterio jurisprudencial antes transcrito -aplicable al caso bajo examen- las únicas obligaciones legales a cargo del actor para el momento en que fue admitida la demanda en el presente juicio, estaban constituidas por el pago de los derechos de compulsa y citación, en consecuencia, para determinar si en aquel momento el actor cumplió con tales obligaciones legales, resulta necesario precisar si para ese momento, vale decir, 16 de noviembre de 2000, la norma establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de la cual el Estado garantiza una justicia gratuita, tenía o no aplicación, pues de ello dependerá si era necesario en esa oportunidad realizar el pago de derechos de compulsa y citación, y por vía de consecuencia, consignar la planilla de cancelación de arancel judicial.
La Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en relación al derecho a la gratuidad de la justicia, mediante sentencia N° 52 de fecha 26 de enero de 2001, (caso: Marleny Josefina Pérez Sánchez), estableció de manera muy clara, lo siguiente:
“…El derecho a la gratuidad de la justicia es un derecho constitucionalmente consagrado, de naturaleza sustantiva, que es parte del derecho más amplio, de rango constitucional, que se ha denominado derecho a la tutela judicial efectiva, que pretende asegurar la posibilidad de acceso a los órganos de administración de justicia, a todos los administrados, incluso de aquellos carentes de recursos económicos.
No es, pues, este derecho, una norma de procedimiento, él corresponde a un derecho sustantivo que pertenece a todo justiciable desde el momento mismo de entrada en vigencia de la disposición que lo consagra, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde el 30 de diciembre de 1999. Desde esa fecha, por mandato de los artículos 26 y 24 eiusdem, todas las actuaciones estrictamente judiciales que se realicen y que de acuerdo con la Ley de Arancel Judicial causaban aranceles, han de ser gratuitas, por derecho adquirido a partir de dicha fecha a favor de todos los ciudadanos.
La ley nueva, en este caso la vigente Constitución, rige, conforme al mandato contenido por ella misma, desde la fecha de su promulgación, y tiene efectos inmediatos desde entonces, no así, en principio, sobre hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, ni puede ser aplicada, salvo excepciones expresas, a actuaciones procesales anteriores a la misma porque ello sería contrario al principio de irretroactividad de la ley”.
De acuerdo con el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, esta Sala concluye lo siguiente:
En vista de que la disposición contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra, entre otros derechos, el derecho a la justicia gratuita, entró en vigencia el 30 de diciembre de 1999, y desde tal fecha, por mandato de los artículos 26 y 24 eiusdem, todas las actuaciones estrictamente judiciales que se realicen, y que de acuerdo con la Ley de Arancel Judicial causaban aranceles, han de ser gratuitas, por derecho adquirido a partir de dicha fecha, a favor de todos los ciudadanos y, visto que la demanda fue admitida posteriormente a esta fecha, esta Sala concluye que para el momento en que debían verificarse las obligaciones de pago de la citación y compulsa, en cumplimiento del numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, las actuaciones como éstas que generaban aranceles, eran gratuitas.
Por tanto, teniendo que la doctrina de esta Sala aplicable para entonces, era la del 22 de junio de 2001 antes transcrita, que establecía entre otras cosas que las únicas obligaciones que tenía que cumplir el actor para lograr la citación del demandado era el pago de los derechos de compulsa y citación y; considerando que para la fecha en que debía cumplir el actor con tales obligaciones, estas no generaban derechos arancelarios y, por lo tanto, no existía otra obligación a cumplir por parte del actor.
Es forzoso concluir para esta Sala, que el actor en este juicio no incumplió ninguna obligación de las previstas en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Ello lo confirma, aún más, el hecho de que el tribunal de la causa, en el auto de admisión de la demanda, que cursa al folio ciento treinta y seis (136), de la pieza principal, señaló textualmente lo siguiente: “…Líbrese compulsa con su respectivo auto de comparecencia al pie, entréguese al alguacil persona encargada de su citación. Para la elaboración de la respectiva compulsa, se acuerda expedir por secretaría las copias certificadas, del libelo de la demanda y del presente auto, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil”.
En consecuencia, de acuerdo con las anteriores consideraciones, esta Sala determina que no se consumó en la presente cusa la perención breve prevista en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
CASACIÓN DE OFICIO
En ejercicio de la facultad que confiere a esta Sala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que ella encontrase, aunque no se las haya denunciado, procede a efectuar las siguientes consideraciones:
Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil son de estricto orden público. En este sentido se ha señalado que los errores in procedendo que adolezca una sentencia de última instancia constituyen una señal de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, pues tales errores se traducen en violación del orden público.
Los razonamientos antes expuestos, encuentran sustento en la doctrina de esta Sala de Casación Civil, la cual hoy nuevamente se reitera, establecida mediante sentencia Nº 72 de fecha 5 de abril de 2001, (Caso: Banco Hipotecario Venezolano C.A., contra Inversiones ILLCC, C.A.,) expediente Nº 00-437, que puntualizó lo siguiente:
“...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen – como atinadamente expresa Carnelutti – un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público…”. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente N° 91-169, Sentencia N° 334)...”.
Ahora bien, en el caso sub iudice se demanda el cumplimiento de un contrato de cuentas en participación celebrado entre las partes del presente juicio, por efecto de haber operado una cláusula de condición resolutoria prevista en dicho contrato, ello, por un hecho imputable a la sociedad mercantil hoy demandada, según afirma la recurrida.
En este sentido, la sentencia recurrida, al evidenciar que había operado la condición resolutoria, ordenó entre otras cosas a la parte demandada, la devolución del aporte efectuado por la actora al momento de celebrar el contrato de cuentas en participación objeto de este juicio, más los daños y perjuicios ocasionados.
No obstante, el jurisdicente de alzada, para decidir o determinar el momento en que incurrió en mora el deudor -hoy demandado-, y así, precisar desde que momento se hacía exigible la obligación demandada, estableció que era el momento en que se produjo la resolución del contrato, el que representaba y determinaba el momento en que se puso en mora al deudor y se hizo exigible la obligación de restituir la cantidad entregada al celebrarse el contrato de cuentas en participación objeto de este juicio.
Estas conclusiones, llevaron al tribunal de alzada, a tomar una serie de decisiones que resultaron determinantes en el juicio, incluso en la indexación acordada.
En consecuencia, es preciso que este Sala advierta lo siguiente:
El juzgador que profirió la recurrida, arribó a la conclusión jurídica de que cuando operó la condición resolutoria del contrato celebrado por las partes de este juicio, fue que se puso en mora el deudor, hoy demandado en este juicio, por tanto, era desde ese momento, ni antes, ni después, que se hacía exigible la obligación de la demandada en reintegrar a la actora los aportes efectuados por esta al celebrar el contrato.
No obstante, el juzgador no aportó al fallo las razones de derecho, vale decir, las disposiciones legales que le permitieron arribar a esa conclusión, ni tampoco indicó en su fallo, el mecanismo de integración del derecho, que en todo caso le hubiera permitido tomar esa determinación, ello, de haber considerado que no existían normas jurídicas precisas que regularan el supuesto de hecho planteado en este caso.
Es decir, el juzgador concluyó que el deudor se puso en mora a partir de la resolución del contrato sin fundamentación jurídica alguna.
En este sentido, es preciso transcribir textualmente lo que la sentencia recurrida en su parte motiva señaló al respecto:
“…Es pacífica la doctrina en el sentido de que a partir del momento en que un crédito dinerario se hace exigible y se produce la mora del deudor, la obligación meramente nominal se transforma en una obligación de valor, siendo que, de allí en adelante, corresponde al deudor soportar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el fenómeno de la inflación, para poder pagar al acreedor lo que verdaderamente éste tiene derecho a recibir.
…Omissis…
Para decidir el Tribunal observa:
Tal como quedó establecido en este fallo, la resolución del contrato de cuentas en participación celebrado entre Construcciones Willcare, C.A y Corporación Macizo del Este, C.A., se produjo el día 30 de noviembre de 1999, cuando la última de dichas compañías celebró con Desarrollos Clavital, C.A, el acuerdo de disolución y liquidación mediante el cual, entre otras cosas, ambas partes resolvieron por mutuo consentimiento sus respectivos contratos de cuentas en participación; y ello a su vez, conforme a la cláusula quinta del contrato celebrado entre las partes que aquí litigan, provocó la resolución de dicho contrato, generándose las consecuencias y penalidades previstas en el literal “c” de la cláusula comentada, es decir, la obligación por parte de Corporación Macizo del Este, C.A. de reintegrar a Construcciones Willcare, C.A los aportes realizados por ésta ( que montan a la cantidad de Bs. 20.000.000,00), más los daños y perjuicios ocasionados”.
De la anterior transcripción, así como de la revisión exhaustiva y concatenada de todo el contenido de la sentencia recurrida, la Sala aprecia que la misma no proporcionó las razones de derecho en la cual apoyó su decisión, particularmente, no expresó las normas jurídicas, criterios jurisprudenciales o doctrina, que le hubieran permitido arribar a la conclusión de que cuando operó la condición resolutoria del contrato celebrado por las partes de este juicio, se puso en mora el deudor, hoy demandado en este juicio y, no después, por lo cual, en ese momento era que se hacía exigible la obligación de la demandada de reintegrar a la actora los aportes efectuados por esta al celebrar el contrato.
En ese sentido, es necesario destacar que uno de los requisitos intrínsecos que toda sentencia debe contener, es el previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, “Los motivos de hecho y de derecho de la decisión”.
Con respecto a este requisito de la sentencia, esta Sala, mediante decisión N° 404, de fecha 1 de noviembre de 2002, (Caso: Danira Riserda España Oropeza c/ Lidia Susana González García, expediente N° 00-829, señaló lo siguiente:
“...El legislador en el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, exige que el Juez en la sentencia señale los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, con el fin de exponer el proceso lógico mediante el cual arribó a su decisión, y de este modo garantizar que no sean dictadas sentencias arbitrarias...”.
Asimismo, esta Sala mediante sentencia N° 879 del 20 de diciembre de 2005, (caso: Carmen Bartola Guerra contra Larely José Eljuri Castillo y Otros), expediente N° 2005-513, puntualizó lo siguiente:
“…La precedente transcripción pone de manifiesto que el juez de alzada consideró que el contradocumento capaz de demostrar la simulación de un negocio jurídico, “…requiere obligatoriamente de la intervención de más de dos voluntades, es decir de más de una persona en concierto…”, sin explicar las razones de derecho por las cuales estableció esa conclusión jurídica en que soportó el dispositivo de su fallo.
En efecto, la sentencia recurrida no proporcionó las razones de derecho en la cual apoyó su decisión, particularmente, no expresó las normas jurídicas, criterios jurisprudenciales o doctrina que hubiese acogido para llegar a la conclusión de que el contradocumento requiere necesariamente de la intervención de más de una persona.
En consecuencia, esta Sala declara de oficio la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece”.
En consecuencia, aplicando los criterios jurisprudenciales antes transcritos, los cuales nos indican, que el Juez al dictar la sentencia debe aportar a la decisión sus propios motivos de hecho y derecho que permitan conocer cuales fueron las razones que lo condujeron a tomar determinada decisión, esta Sala estima, que la sentencia recurrida resulta inmotivada, ya que no aporta las razones de derecho que resuelvan concretamente el punto decidido, particularmente, la conclusión de que cuando operó la condición resolutoria del contrato celebrado por las partes de este juicio, se puso en mora el deudor, pues no basta haber señalado que esa circunstancia o hecho determinó la mora del deudor para sustentar el fallo, tal conclusión como parte integrante del silogismo, debe estar precedida de razones y fundamentos de derecho que la respalden.
El incumplimiento del requisito de motivación del fallo, determina la procedencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma, y el efecto que produce es la nulidad y reposición de la causa al estado de que se dicte una nueva sentencia de alzada, en acatamiento a los requisitos formales exigidos en la ley.
En consecuencia, esta Sala casa de oficio el fallo impugnado. Tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.
D E C I S I Ó N
De conformidad con las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia de fecha 9 de agosto de 2005, proferida por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se declara la NULIDAD del fallo recurrido y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio de forma detectado.
Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas del recurso.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de noviembre del dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
Presidente de la Sala,
__________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ.
Vicepresidenta,
______________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
Magistrada-ponente,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
____________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nº AA20-C-2005-000807
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, se permite consignar el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base a las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada a la controversia planteada referida al hecho de que el ad quem incurrió en la infracción del ordinal 4° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que éste no aportó al fallo las razones de derecho, vale decir, las disposiciones legales que le permitieron arribar a la conclusión que la mora del deudor comenzó desde el momento en que operó la condición resolutoria del contrato celebrado por las partes del presente juicio.
En efecto, consta en el texto del presente fallo, transcripción parcial de la recurrida en la que el juzgado superior, expresa las razones de hecho y de derecho que sustentan el dispositivo de su decisión, y así se evidencia al expresar tanto la fecha en que se produjo la resolución del contrato (30 de noviembre de 1999) como las razones que provocaron la susodicha resolución y las consecuencias de ello, con relación a una cláusula contractual.
Aunado a lo anterior, en la presente decisión se expresa que el juzgador superior no proporcionó las razones de derecho en las cuales apoyó su decisión, “particularmente, no expresó las normas jurídicas, criterios jurisprudenciales o doctrina…”, lo que contraría el criterio reiterado que por años ha mantenido la Sala en cuanto a que la expresión de los motivos de derecho no consiste necesariamente en la cita de las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino más bien en la subsunción de los hechos alegados y probados en julio en las normas jurídicas que los prevén, a través del enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley.
Por ello considero, que la simple omisión de señalar las normas aplicables al caso no configura el vicio de inmotivación que se le imputa a la recurrida.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de la Sala,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ.
Vicepresidenta,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
Magistrada,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nº AA20-C-2005-000807
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