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Sentencia N.º RC.00909

Sentencia
N.º RC.00909
Fecha
19/08/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
02-182
Ponente
Tulio Alvarez Ledo
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado ponente TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

En la acción mero-declarativa seguida por SALIM RABBATH YIHAMI, representado por los abogados Ramiro Sierraalta, Armando Núñez González, Rolando Domínguez, Leobardo Subero y Rosa Ana Lardieri Ferraioli, contra JULIO CÉSAR DÍAZ GUDIÑO, representado por los abogados Juan Pedro Manrique López y Arturo Camejo López y ante este Alto Tribunal, asistido por la abogada Mary Suárez Santander; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, conociendo en alzada, dictó sentencia el 12 de diciembre de 2001, mediante la cual declaró con lugar la apelación y la acción intentada; además, declaró “...extinguida la obligación contraída por el ciudadano Salim Rabat Gihami con el ciudadano Julio César Díaz Gudiño por la compra de un inmueble constituido por una parcela de terreno y las bienhechurías sobre él construidas, en la avenida Briceño Méndez, distinguido con el Nº 7-26 de la ciudad de Barinas, estado Barinas. En consecuencia, se ordena la liberación de la hipoteca convencional constituida sobre el inmueble antes identificado, a favor del ciudadano Julio César Díaz Gudiño...”. De esta manera, revocó el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y  Mercantil de esa misma Circunscripción Judicial, de fecha 23 de mayo de 2001.

 

Contra la referida decisión de la alzada el demandado anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 20 de febrero de 2002, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

 

Casación de oficio

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala casa de oficio el fallo recurrido por haber encontrado infracciones de orden público no denunciadas en el escrito de formalización.

 

En efecto, de las actas del expediente se observa que el día 15 de noviembre de 1999  los abogados Ramiro Sierraalta y Leobardo Subero, concurrieron al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial a interponer acción mero-declarativa contra Julio César Díaz Gudiño, fundamentado en que entre su representado y éste habían convenido la compra-venta de un inmueble ubicado en la avenida Briceño Méndez, Nº 7-26 de la ciudad de Barinas del estado Barinas, sin que hasta la fecha hubiera sido posible -por vía amistosa- lograr la liberación de la hipoteca que se constituyó sobre el inmueble, a pesar de que en el tiempo convenido el actor pagó al demandado el precio del inmueble, según afirma en el libelo de la demanda.

 

Plantea el actor, que en el contrato de compra-venta las partes acordaron que el precio sería la cantidad de seis millones de bolívares. La mitad sería pagada en el momento de la firma del contrato y el resto en diez cuotas de trescientos mil bolívares cada una librándose igual cantidad de letras de cambio. Para garantizar el cumplimiento del negocio jurídico, las partes acordaron constituir una hipoteca convencional sobre el referido inmueble.

 

Ahora bien, corresponde a la Sala analizar la naturaleza jurídica de la acción intentada y su admisibilidad. En tal sentido, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece que el tribunal admitirá la demanda “...si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley...”. También podrá el tribunal negar la admisión de la demanda expresando los motivos de su determinación.

 

Por su parte, el artículo 16 del mismo código establece que:

 

“Para proponer la demanda el actor debe tener interés actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”. (Subrayado de la Sala).

 

 

De acuerdo con la precedente disposición, la acción mero-declarativa tiene por objeto establecer la certeza de un derecho o una relación jurídica, o ventilar un proceso que sólo pretende pre-constituir una prueba para un juicio posterior.

 

Según la doctrina de la Sala, cuando una acción de esta naturaleza no satisface completamente el interés jurídico actual del accionante no puede ser admitida, por cuanto el tribunal no puede conocer la pretensión que no va a lograr su objetivo. Así quedó establecido en fallo dictado el 26 de julio de 2002 (caso: Arcángel Mora c/ Ana Ramona Mejías Ruiz), donde se expresó:

 

“...De conformidad con la parte final de la citada norma, las acciones mero-declarativas que no satisfagan completamente el interés del accionante no son admisibles, ello en virtud del principio de economía procesal, pues nada hace un tribunal al conocer de una acción que no logra su objetivo, como es declarar certeza sobre un derecho o una relación jurídica que se tiene como incierta, o ventilar un proceso que sólo pretende preconstituir una prueba para un juicio posterior. Por tanto, la satisfacción completa del interés del actor deviene en condición necesaria para la admisibilidad de dicha demanda, que de no cumplirse estaría prohibida por la ley, es decir, por el mismo artículo 16 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

 

Considera la Sala, que el ejercicio de la acción de certeza está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos a través de los cuales los jueces pueden determinar la admisibilidad o no de la acción intentada. El primero, consiste en la necesidad de que la pretensión del actor pueda satisfacer completamente su interés jurídico actual; de no ser así, debe considerarse que está prohibida por la ley; y el segundo, que no exista una acción judicial ordinaria distinta a la mero-declarativa que satisfaga completamente la pretensión deducida.

 

En tal sentido, en fallo del 15 de diciembre de 1988 (caso: Sergio Fernández Quirch c/ Alejandro Eugenio Trujillo Pérez) la Sala estableció:

 

“...el ejercicio de las acciones de certeza está sujeto a determinados requisitos, que permitan a los jueces determinar su admisibilidad. En efecto, según el texto citado no basta que el objeto de dichas acciones esté limitado a la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sino que además que el  demandante no pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante otra acción diferente, para que puedan dar origen válidamente a un proceso. En este sentido, la propia Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil, presentado a las Cámaras Legislativas el 17 de noviembre de 1975, aclara el alcance y significado de los límites impuestos a las acciones mero declarativas. Así se expresa en dicha Exposición de Motivos.

 

“...notable significación han atribuido los proyectistas a la consagración de una norma expresa sobre el interés que deben tener las partes para obrar en juicio y a la posibilidad de las demandas de mera declaración, que hoy es sólo un principio doctrinal y jurisprudencial deducido del artículo 14 vigente. Se establece así en el artículo 16 del Proyecto, que para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual, y que este interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica.

 

Sin embargo, a fin de no dejar a la interpretación jurisprudencial el alcance y límites de esta demanda de mera declaración, se acoge en el proyecto la limitación aconsejada por la mejor doctrina, según la cual no es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante una demanda diferente...”. (Negritas de la Sala).

 

 

De acuerdo con lo anterior, el juez ante quien se intenta la acción mero declarativa deberá en aplicación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, observar si la demanda cumple los requisitos citados y exigidos por el legislador, es decir, verificar si no existe una acción distinta que satisfaga completamente el interés jurídico actual del actor, para que luego de ello pueda declarar admisible o no la acción intentada.

 

En el caso que se estudia, la actora interpuso una acción mero-declarativa para obtener los siguientes pronunciamientos: a) Que quedó extinguida la obligación que tenía la actora de pagar tres millones de bolívares a la demandada por la compra-venta de un inmueble ubicado en la avenida Briceño Méndez, distinguido con el Nº 7-26 de la ciudad de Barinas del estado Barinas; b) Que como consecuencia de la referida compra-venta quedó liberado el inmueble antes identificado, de la hipoteca convencional constituida a favor del demandado por estar totalmente pagado el monto de dicha venta; y, c) Que la sentencia judicial sirva de justo título de liberación de la referida hipoteca ante la autoridad de registro respectiva.

 

En efecto, la actora pretende a través de la referida acción que el juez a quo reconozca judicialmente el pago de los tres millones de bolívares que hizo al demandado por la compra del inmueble, y ordene la liberación de la hipoteca convencional constituida sobre el bien, a sabiendas de que la referida acción mero-declarativa debe declararse inadmisible “...cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente...”, como sucede en el presente caso, que existe una acción distinta de ésta a través de la cual el actor puede satisfacer completamente el interés cuestionado, como sería la acción de cumplimiento de contrato de compra-venta.

 

Dicho con otras palabras, si el actor interpone la acción de cumplimiento de contrato y anexa las letras de cambio en original, demostraría que pagó la cantidad de dinero convenida en el contrato de compra-venta del inmueble; por consiguiente, podría solicitar la liberación de la hipoteca constituida para garantizar el pago que ya se efectuó, pues no cabría duda de que una cosa traería como consecuencia la otra.

 

Por lo expuesto, la Sala casa de oficio y sin reenvío el fallo recurrido, ya que se hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, declara inadmisible la demanda incoada por Salim Rabat Gihami, contra Julio César Díaz Gudiño por infracción directa de los artículos 341 y 16 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se anula el auto de admisión de fecha 30 de noviembre de 1999 dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, así como todas las actuaciones posteriores al mismo. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En virtud de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO y sin reenvío la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2001, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Barinas. En consecuencia, se declara inadmisible la demanda y se anula el auto de admisión de la demanda dictado en fecha 30 de noviembre de 1999, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa misma Circunscripción Judicial, así como todas las actuaciones posteriores a dicho auto.

 

No se condena en costas al recurrente, por la índole de la decisión.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que proceda a su archivo. Particípese esta decisión al tribunal superior de origen, ya mencionado.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a  los diecinueve (19) días del mes de agosto de dos mil cuatro. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

El Vicepresidente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

 

 

El Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 
 
Exp. N° AA20-C-2002-000182

 

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