Venley

Sentencia N.º RC.00913

Sentencia
N.º RC.00913
Fecha
10/12/2007
Sala
Casación Civil
Expediente
07-281
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2007-000281

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En la acción reivindicatoria donde se planteó mutua petición por nulidad de contrato, incoada ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano GAETANO LUÍS MUGNO CERRITO, representado judicialmente por los profesionales del derecho Fernando Facchin Barreto y Fernando Facchin Arias, contra los ciudadanos ADELAIDA DE WARN, ANA H. ALISO, BERTA DE GARCÍA, CONSUELO DE RODRIGUEZ, DELIA ALISO, DORINA CISNEROS, ELIDA MANTEIGA, ELISEA TROJANO N., INGRID VIRGINIA MEDINA T., IRMA BARRIOS, JUDITH ORTIZ DE LACHICA, MARIA JAIMES, RAQUEL PÉREZ, ROSA DE ORDOÑEZ, SOL MARÍA RODRÍGUEZ DE IGLESIAS, AGAPITO SALGADO, ALBERTO E. CAÑAS ACOSTA, ALEJANDRO SANCHEZ, ANGEL MARÍA ALISO S., CARLOS NELSON LAINZ, ENRIQUE ECHEVERRIA, JESUS ORTIZ, LUIS LAN FUNG, MANUEL BALIÑO, MIGUEL POMES, NELSON ALISO SANCHEZ, OSWALDO SOTOMAYOR, PASQUALE D’AGOSTINO, RAFAEL LOPEZ, RAFAEL RENWICK y TOMAS NUÑEZ, representados por los abogados Jacqueline Ardizzone Montilla, Nohelia Alexandra Apitz B., Juan Carlos Apitz Barbera., Alfredo Enrique Vásquez Loureda, y Teodoro Itriago Gimenez; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 9 de marzo de 2007, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación, interpuesto por la parte demandada-reconviniente, confirmó la sentencia apelada, que declaró con lugar la demanda y sin lugar la reconvención, declaró al demandante como legitimo propietario del bien objeto de litigio, ordenó a los demandados a la entrega material inmediata del bien inmueble totalmente desocupado, condenando al pago de las costas procesales de la apelación a la parte apelante.

 

Contra la preindicada sentencia, la demandada reconvincente anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación y réplica, no hubo contrarréplica.

 

Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º eiusdem, por incongruencia positiva.

 

            El formalizante alega lo siguiente:

“...Incongruencia Positiva

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 243 y 244 ejusdem, denunciamos la infracción, por parte de la recurrida del ordinal 5º del artículo 243 y el artículo 12 ambos del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la mismo no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, decidiendo sólo sobre lo alegado en autos.

 

La recurrida en su parte motiva al valorar nuestro alegato de confesión ficta y no obstante haber valorado de manera correcta las documentales aportadas para fundamentar la reconvención ejercida, y haber establecido que la parte actora reconvenida efectivamente no había dado contestación a la reconvención y no había aportado pruebas tendientes a enervar la pretensión reconvencional, declara, supliendo defensas que sólo le eran dadas oponer a la parte actora que, “contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, si existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento -cuya nulidad se solicitó- “ (Copia textual de fragmento de la parte motiva del fallo recurrido).

 

De la sentencia recurrida se desprende que la parte actora reconvenida no dio contestación a la reconvención opuesta en su contra, razón por la cual se entendía que los hechos alegados en la reconvención habían sido aceptados por la parte actora reconvenida quedándole la oportunidad de contradecir los mismos en el lapso probatorio mediante la prueba contraria a las afirmaciones de hecho esbozadas en la reconvención, actuación ésta que la parte actora reconvenida tampoco realizó, y teniendo que nuestra pretensión reconvencional no era contraria a derecho tal y como igualmente fue declarado por el Juez de la recurrida, debía forzosamente declararse la confesión ficta de la parte actora -reconvenida, pero no obstante ello la recurrida, en lugar de declararla, estableció supliendo defensas propias de la parte actora reconvenida, en franca violación de lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Por tanto, contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, sí existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento -cuya nulidad se solicito - ...En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la reconvención planteada por la parte demandada -reconviniente de autos. Y así se declara”

 

El principio de congruencia de la sentencia civil debe ser entendido como la obligación que tienen los jueces de pronunciarse sobre todo lo alegado y probado por las partes y sólo sobre ello, este requisito obviamente está sólo circunscrito a los hechos y a las pruebas aportadas para la demostración de las afirmaciones que sobre dichos hechos realicen las partes en la oportunidad procesal prevista para ello, tal y como sucedió en el caso de marras cuando la recurrida, supliendo defensas propias de la parte actora - reconvenida, decidió sacando elementos de convicción que no se encontraban en autos supliendo excepciones y/o argumentos de hecho que sólo podían ser opuestos por la parte actora - reconvenida, quien no ejerció sus cargas procesales pertinentes y en consecuencia al Juez no podía utilizar argumentos no opuestos por la parte por la falta de ejercicio de su carga procesal de dar contestación a la reconvención propuesta...”.

 

            La Sala para decidir observa:

            En la presente denuncia el recurrente delata la infracción en la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia positiva, al considerar que el juez de alzada se pronunció sobre un aspecto que no constituye parte de la pretensión.

 

Lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala de Casación Civil atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, en lo que respecta al vicio de incongruencia positiva, destacándose que esta Sala en sentencia proferida el 15 de marzo de 2007, en el juicio seguido por la sociedad Mercantil Corporación Del Sur, S.A., contra los ciudadanos Abraham Contreras Maldonado y Silvia Sánchez De Contreras, indicó:

“...El requisito de congruencia del fallo está previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

    Esta norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, entre otras cuestiones, que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

    Las disposiciones citadas sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva). 

 

    En base a lo anteriormente expuesto, estima esta Sala que en el caso concreto, se configura el vicio de incongruencia positiva denunciado por ultrapetita, pues se evidencia que el ad-quem además de acordar lo peticionado por la parte demandada reconviniente, declara la nulidad de las ventas efectuadas por la sociedad mercantil Corporación Del Sur S.A, a Grisolía Hermanos SNC., y la que ésta última realizó a favor de la ciudadana Carmen Virginia Grisolia Cardona, alegato éste que no fue solicitado en la reconvención.

 

    En consecuencia esta Sala declara procedente la infracción del artículo 12 y del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia positiva “ultrapetita”. Y así se decide...”.

 

            Al efecto cabe destacar lo expuesto por el Juez Superior en su sentencia:

“...Estas pruebas, vale decir las reseñadas por la actora-reconviniente bajo las letras “B” y “C”, parcialmente transcritas, no fueron impugnadas en forma alguna por la parte demandada-reconviniente en la oportunidad legal establecida para ello, razón por la cual son apreciadas en todo su valor probatorio como documento públicos a tenor de los establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil.

 

Pues bien, de los textos antes transcritos, se evidencia la potestad que tenía el propietario del edificio Mayoral, de vender los inmuebles que conforman el referido edificio bajo el sistema de propiedad horizontal. En tal sentido, los derechos de cada uno de los esos -nuevos- propietarios se encuentran limitados a lo que se establece en el documento de condominio, y a las leyes que lo rigen, vale decir, la Ley de Propiedad Horizontal, así como a las normas contenidas en el Código Civil de acuerdo a la ley especial que regula la materia.

 

Así las cosas, se observa que la acción reconvencional persigue la nulidad del documento de venta mediante el cual se le da en venta al actor Gaetano Luis Mugno Cerrito, el local comercial y/o local de oficina objeto de litis, por constituir el mismo -a decir de la demandada- una cosa común a todos los copropietarios del edificio Mayoral, no sujeto a enajenación o gravamen de ninguna especie, de conformidad con las pruebas que promovió y que cursan a los folios 282, 283 y 284 al Vto., del 286, antes citadas. Pero es el caso, que de esos medios probatorios si bien se desprende que el área que le fue vendida al actor estaba destinada a puestos de estacionamiento para la fecha en que se solicitaron los permisos de construcción del edificio Mayoral, también es cierto que posterior a ello la misma área fue señalada y/o declarada como “Sala de Administración”, sin que exista en autos prueba fehaciente que conlleve a establecer que ésta última (Sala de Administración) constituya un área común en el referido edificio. Tanto es así, que en el mismo documento de documento se le fijó el valor a cada una de las unidades vendibles y la correspondiente alícuota en la comunidad que integraría a todos los copropietarios del edificio.

 

Siendo esto así, nada le impedía al propietario-vendedor enajenar en la forma como lo hizo el bien inmueble objeto de litis, al actor-reconvenido, ya que, se insiste, esa área aquí cuestionada, entiéndase: “Sala de Administración” o “Local Oficina”, era perfectamente vendible de acuerdo al texto del documento de condominio del edificio Mayoral, al no ser un área común a los demás copropietarios.

 

Por tanto, contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, sí existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento -cuya nulidad se solicitó- debidamente Protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 25 de junio de 1975, bajo el Nº. 28, folio 128 Vto., Tomo 20, Protocolo Primero. En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la reconvención planteada por la parte demandada-reconviniente de autos. Y Así se declara.

 

Bajo este contexto, debe señalarse que la representación judicial de la parte actora-reconvenida presentó escrito de promoción de pruebas (Folio Vto., del 292) en su oportunidad legal, las cuales, como ha quedado expuesto, se corresponden con documentos públicos que en su conjunto le restan valor probatorio a las promovidas por la parte demandada-reconviniente como sostén a su demanda reconvencional. En otras palabras, los documentos públicos consignados por el actor enervan los hechos señalados en la reconvención y, por tanto, mal puede decretarse una confesión ficta en este juicio cuando ha quedado desvirtuado el alegato fundamental de la reconvención. Así se declara.

 

En consideración a lo que antecede, se declara IMPROCEDENTE el alegato de confesión ficta planteado por la parte demandada-reconviniente, tal y como en su oportunidad así lo hiciera el juzgador de la primera instancia. Así se declara. (Destacados de la Sala)

 

         Ahora bien, el requisito de congruencia del fallo está previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

         Esta norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

         Las disposiciones citadas sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva).

 

            De la transcripción parcial de la sentencia del juez de alzada, antes reseñada, se desprende que claramente estableció, que contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, si existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento, cuya nulidad se solicita, y seguidamente también expresa que, la parte demandante reconvenida, promovió pruebas en su oportunidad legal, siendo documentos públicos, que en su conjunto le restaron valor a las pruebas promovidas por la demandada reconviniente, y enervaron los hechos señalados en la mutua petición, y por tanto no decretó la confesión ficta, al quedar desvirtuado el alegato fundamental de la reconvención.

 

         Lo antes expuesto constituye claramente una conclusión de orden intelectual, a la que arribó el Juez Superior luego de examinar las pruebas aportadas por las partes al proceso, lo cual es claro que no constituye la violación del principio de congruencia del fallo, conforme a la doctrina de la Sala citada en esta denuncia, al ceñirse el juez a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes.

 

           En base a lo anteriormente expuesto, estima esta Sala que en el caso concreto, no se configura el vicio de incongruencia positiva denunciado por “ultrapetita”, pues se evidencia que el ad-quem se pronunció con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

         En consecuencia esta Sala declara improcedente, la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia positiva “ultrapetita”. Y así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 362 y 367 eiusdem, por errónea interpretación.

 

            Por vía de fundamentación se expone:

“...La recurrida en su parte motiva al valorar nuestro alegato de confesión ficta y no obstante haber valorado de manera correcta las documentales aportadas para fundamentar la reconvención ejercida, y haber establecido que la parte actora reconvenida efectivamente no había dado contestación a la reconvención y no había aportado pruebas tendientes a enervar la pretensión reconvencional, declara, supliendo defensas que sólo le eran dadas oponer a la parte actora que, “contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, si existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento- cuya nulidad se solicito- (...)

 

Es evidente ciudadanos Magistrados que, la parte actora-reconvenida incurrió en confesión ficta, en los términos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la norma contenida en el artículo 367 ejusdem, en virtud de que, no contestó la reconvención propuesta por esta representación judicial, así como no probó nada que le favoreciera y la reconvención no era contraria a ninguna disposición expresa de la ley. En virtud de lo cual la misma debió haber sido declarada Con Lugar (sic), en virtud de la confesión ficta acaecida y en consecuencia la demanda principal debía ser declarada Sin Lugar (sic) al haberse establecido la nulidad del documento utilizado para fundamentar la Acción (sic) reivindicatoria pretendida por la parte actora-reconvenida.

 

Es evidente ciudadanos Magistrados que el Juez de la recurrida erró en la interpretación del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ya que no obstante haber admitido su aplicación al caso de marras erró en su contenido y alcance ya que de haber sido aplicada correctamente era forzosa la declaratoria de la Confesión Ficta (sic) y en consecuencia la declaratoria Sin Lugar (sic) de la demanda y Con Lugar (sic) de la Reconvención, en virtud de que la actividad probatoria de la parte actora-reconvenida en nada estuvo dirigida a enervar o contradecir los hechos afirmados en la reconvención, los cuales en atención a la falta de contestación se tenían como hechos aceptados que implican la inversión de la carga de la prueba en cabeza del reconvenido contumaz.

 

No obstante la inversión de la carga de la prueba propia de la aceptación de las afirmaciones de hechos vertidas en la reconvención propuesta por esta representación judicial, en la oportunidad de la promoción de pruebas esta representación, aportó pruebas documentales que soportaban la veracidad de las afirmaciones de hecho realizadas como fundamento de la pretensión contenida en la reconvención propuesta. Adicionalmente debemos ratificar que la parte actora-reconvenida nada probó que le fuera favorable a los efectos de enervar la pretensión esbozada en nuestra reconvención, y ratificamos este punto, en virtud que tanto jurisprudencial como doctrinalmente se ha establecido que el segundo requisito establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, está referido exactamente a dicho extremo (probar en contra de la pretensión esbozada), es decir no basta simplemente con acudir al acto de promoción de pruebas sino que las pruebas aportadas en dicho acto deben ir encaminadas a enervar la pretensión que ya ha sido aceptada por la incomparecencia al acto de contestación. En el caso de marras la parte actora simplemente se limitó a ratificar la promoción de sus documentos fundamentales sin aportar pruebas nuevas para enervar nuestra pretensión ya que sus pruebas iban encaminadas única y exclusivamente a tratar de probar (lo cual no logró) su pretensión reivindicatoria o lo que es lo mismo, su actividad probatoria se limitó a tratar de demostrar sus afirmaciones de hecho referidas al juicio principal de reivindicación, sin aportar prueba alguna referida a la reconvención propuesta por esta representación judicial, lo que se traduce como que nada probó que le favoreciera en cuanto a la reconvención propuesta cumpliéndose de esta manera el segundo requisito para la declaratoria de la confesión ficta en el presente caso, y lo anterior aunado al hecho cierto e indiscutible del acaecimiento de los otros dos requisitos contenidos en el artículo 362 de nuestra Ley Adjetiva Civil (sic), acarreaba la existencia de una confesión ficta en el caso de marras y por ende su obligatoria declaración. Y en virtud de los efectos propios de la declaratoria Con Lugar (sic) de nuestra pretensión opuesta por vía de reconvención acarreaba la impretermitible declaratoria Sin Lugar (sic) de la acción principal de reivindicación incoada por la parte actora reconvenida. Y así expresamente solicito a este (sic) digna Sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia se sirva declararlo en la sentencia definitiva.

 

Retomando los argumentos del juicio principal, la parte actora-reconvenida demandó la reivindicación de un bien inmueble, supuestamente de su propiedad, ante dicha pretensión, esta representación judicial rechazó, negó y contradijo la demanda en todas sus partes tanto en los hechos como en el derecho, adicionalmente reconvino al actor por nulidad de documento, toda vez que, la cosa que pretendía reivindicar era común y por lo tanto pertenecía a la comunidad, en consecuencia no era vendible, tal y como se demostró de las pruebas aportadas a los autos en la oportunidad procesal correspondiente y las cuales fueron valoradas en toda su extensión por el Juez (sic) de la recurrida.

 

La parte actora-reconvenida, en virtud de la contestación presentada por esta representación judicial y la falta de contestación a la reconvención, debía desplegar una amplia y decidida actividad probatoria destinada a probar sus afirmaciones de hecho esbozadas en la demanda, por una parte y por la otra negar y/o enervar la pretensión esbozada en la reconvención. Tal y como ya antes dejáramos establecido la parte actora reconvenida se limitó, en la etapa probatoria única y exclusivamente a ratificar los documentos que había acompañado a su libelo. En el mismo orden de ideas esta representación judicial demostró de manera fehaciente la veracidad de sus respectivas afirmaciones de hecho, al haber aportado prueba documental suficiente de la calificación como de área común del inmueble cuya reivindicación pretendía la parte actora, y la cual era imposible, ya que como quedó demostrado, y no pudo ser en forma alguna enervado por la parte actora-reconvenida, el inmueble objeto de la reivindicación era considerado y declarado por las autoridades competentes área común del edificio y por lo tanto no susceptible de enajenación.

 

En este sentido consideramos que el Juez (sic) de la recurrida erró en la interpretación realizada para la resolución de la presente controversia lo cual acarrea de manera forzosa la nulidad del fallo objeto del presente recurso extraordinario.

 

Así mismo es de resaltar de conformidad con lo establecido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que el error de juzgamiento denunciado fue totalmente determinante en el dispositivo del fallo toda vez que, de haberse interpretado correctamente las normas denunciadas como violadas, el dispositivo del fallo debió haber declarado Con Lugar (sic) la reconvención propuesta en virtud de haber operado la confesión ficta y en consecuencia Sin Lugar la demanda de reivindicación incoada en contra de mis representados.”

 

            Para decidir la Sala observa:

            En la presente denuncia el recurrente delata la infracción en la recurrida de los artículos 362 y 367 Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, al considerar que el juez de alzada se equivoco en la interpretación de dichas normas, pues a su juicio están dados todos los supuestos de ley, para declarar la confesión ficta del demandante reconvenido en torno a la mutua petición propuesta, con la consecuente declaratoria sin lugar de la demanda principal.

 

            Las normas del Código de Procedimiento Civil delatadas como infringidas disponen:

Artículo 362

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.

 

Artículo 367

Admitida la reconvención, el demandante la contestará en el quinto día siguiente, en cualquier hora de las fijadas en las tablillas a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del reconviniente, suspendiéndose entre tanto el procedimiento respecto de la demanda.

Si el demandante no diere contestación a la reconvención en el plazo indicado, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del reconviniente, si nada probare que le favorezca.

 

         En torno a la confesión ficta, cabe observar sentencia de esta Sala de Casación Civil Nº RC-00867 de fecha 14 de noviembre de 2006, expediente Nº 2004-528, en el juicio de Miguel Ángel Castro contra Blanca Hernández De Hernández, que dispuso lo siguiente:

 

“...Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 362 eiusdem, por errónea interpretación acerca de su contenido y alcance.

 

Por vía de fundamentación, se expone:

“...En el presente caso puede apreciarse de las afirmaciones sostenidas por la recurrida que en esa se establece un requisito “adicional” no previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, como lo es la aportación de pruebas a la parte demandante.

 

Al interpretar la recurrida en la forma descrita el citado artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, incurre en una flagrante violación de dicha norma, dándole un contenido y alcance que la misma no tiene, al agregar un extremo de procedencia de la confesión ficta que no está previsto en la ley.

 

Así, la norma en cuestión no exige a la parte demandante prueba alguna, en tanto que expresamente indica que “En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin mas dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado”.

 

Como se ve, el juez tiene que (sic) debe soportar su decisión ateniéndose a la ficción de confesión prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, sin que se requiera prueba de la procedencia de la pretensión aducida, ya que precisamente el efecto procesal que produce la confesión, en que las afirmaciones del libelo se deben entender confesadas (admitidas) por la parte demandada, y por tanto establecidos los hechos tal y como fueron expuestos en la demanda...”. (Resaltado del formalizante).

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que en la recurrida se infringió el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, con base en que el juzgador ad quem agregó un requisito de procedencia de la confesión ficta no previsto en la ley, como es la aportación de pruebas por el demandante.

 

La errónea interpretación de la ley existe cuando el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, equivoca su interpretación y alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido a la norma haciendo derivar de ella consecuencias jurídicas que no concuerdan con su contenido.

 

Ahora bien, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece que: (...)

 

Del artículo trascrito se desprende que la confesión ficta opera siempre y cuando concurrentemente se cumplan los siguientes requisitos: a) que el demandado no diere contestación a la demanda; b) que nada probare que le favoreciera y, c) que la petición del demandante no fuere contraria a derecho.

 

Esta Sala, en sentencia N° 1001 de fecha 17 de diciembre de 1998, dictada en el juicio Haydee Josefina Garrido Rivera contra Alfonso José Angulo González, expediente N° 97-424, sobre el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, expresó lo que de seguida se transcribe:

 

“...Partiendo de estas consideraciones, se puede inferir que al demandado compete exclusivamente tratar de enervar las pretensiones del actor.

 

Así las cosas, la falta de contestación de la demanda acarrea para el demandado una presunción iuris tantum de confesión ficta, y siempre que la demanda no sea contraria a derecho, a las buenas costumbres o atente contra el orden público, únicamente desvirtuable mediante la aportación de pruebas que contradigan las pretensiones del demandante, pero sin que le sea permitido consignar otros medios probatorios que él estime conducentes o la alegación de hechos nuevos.

 

Conforme con lo preceptuado en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se requieren dos condiciones para que la confesión ficta sea declarada: que la petición del demandante no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que le favorezca.

 

Para la doctrina de casación, es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer la contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho, pero no es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda.

 

Nuestro proceso civil está dividido en fases determinadas, en orden consecutivo legal y preclusivas, una de las cuales se cierra, precisamente, con la contestación de la demanda, después de la cual ya no pueden alegarse hechos nuevos, ni proponerse reconvención o cita en garantía, ni llamamiento de terceros a la causa...”.

 

La sentencia recurrida, en relación con la norma denunciada estableció lo siguiente:

 

“...Así las cosas, cabe señalar que para que opere la confesión ficta deben cumplirse concurrentemente tres requisito (sic), a saber: 1) que el demandante (sic), legítimamente citado, no concurra a dar contestación a la demanda, tal como ocurrió en el presente caso; 2) que el demandante no produzca en el expediente la contraprueba del derecho alegado por la contraparte; y aquí cabe hacer la siguiente explicación: si el demandado no da contestación a la demanda, precluido el lapso que le otorga la ley (y por ello es importantísimo que los jueces hagan un cómputo procesal de los días correspondientes a esta fase procesal, e inclusive, sobre la fase probatoria, de manera de tener certeza sobre estos dos requisitos), no le esta permitido alegar hechos y como esto no le está permitido, tampoco le está permitido promover pruebas sobre hechos no alegados, sino única y exclusivamente, que el se encuentra solvente en el pago de las obligaciones, que el actor le imputa como moroso en ellas, para lo cual deberá promover la prueba que acredite la extinción de esas obligaciones. De manera que, no habiendo promovido el demandado ninguna prueba, este segundo requisito es procedente. Y 3) Que las pretensiones deducidas por el demandante no sean contrarias a derecho.

 

Así las cosas, quien suscribe para decidir observa: 1) que la pretensión de pago deducida por el accionante no es contraria a derecho, por mas que este fundamentada en la existencia de un contrato verbal, pues las obligaciones y responsabilidades derivadas de su incumplimiento son materia de prueba. 2) las actas del expediente demuestran que la ciudadana demandada no contestó la demanda ni produjo en la etapa probatoria, la contraprueba del derecho invocado por el demandante; y 3) se requiere que el demandante haya probado. 

 

...omissis...

 

este Tribunal debe concluir que el demandante no promovió adecuadamente las pruebas, muestra de ello, siendo en su mayoría documentos privados emanados de terceras personas ajenas al proceso, no las promovió, por lo menos como testigos, de manera de dar la posibilidad potencial a la contraparte de controlar esas pruebas; adquiridas entonces, las pruebas para el proceso debe concluirse que los tres supuestos de la confesión ficta no concurrieron y que por tanto, no existiendo plenas pruebas del derecho invocado por el actor, debe la demanda ser declarada sin lugar y por vía de consecuencia, con lugar la apelación ejercida por la parte demandada; y así se establece...”. (Negrillas de la Sala).

 

De la anterior transcripción de la recurrida se evidencia que el juzgador ad quem, analiza los requisitos de procedencia de la confesión ficta establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la pretensión de pago del accionante no es contraria a derecho, que la accionada no contestó la demanda ni produjo prueba en la etapa probatoria, para luego establecer tal como lo aduce el formalizante, un requisito adicional (que el demandante haya probado), analizando las pruebas aportadas por el actor con la demanda y en la etapa probatoria, para concluir que no existe plena prueba del derecho invocado en la pretensión y que no concurrieron los supuestos de la confesión ficta, incurriendo así el juzgador superior en una errónea interpretación al incluir un supuesto no previsto en la Ley.

 

Ahora bien, respecto al supuesto del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que prevé “...que la petición del demandante no fuere contraria a derecho...”, la Sala en sentencia N° 1005, de fecha 31 de agosto de 2004, en el caso Francisco Opitz Busits contra Asociación Civil 24 de Mayo, Expediente N° 03-614, estableció lo que sigue: 

 

“...En cuanto a que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho la Sala observa que, este requisito debe interpretarse en el sentido del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es decir: “si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley” Al extender su examen a aspectos no alegados por las partes, que además solo podía ser opuesta como cuestión previa conforme al ordinal 11 del artículo 346 eiusdem, la recurrida interpretó erróneamente el artículo 362 por cuanto, tal interpretación debió ser realizada a la luz del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

Por tanto, conforme el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y el criterio jurisprudencial transcrito, cuando el demandado no asiste a dar contestación a la demanda o comparece de manera extemporánea, la consecuencia es que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum, que implica una aceptación de los hechos expuestos en el libelo de la demanda, siempre que ésta no sea contraria a derecho y que el demandado nada probare que le favorezca, sobre los que debió expresamente pronunciarse el fallo recurrido, estableciendo sus consecuencias pertinentes.

 

En consecuencia, la Sala declara procedente la denuncia de  infracción por errónea interpretación del contenido y alcance del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de casación. Así se decide.” (Resaltado de la Sala)

 

            El fallo recurrido expresa:

“...Estas pruebas, vale decir las reseñadas por la actora-reconviniente bajo las letras “B” y “C”, parcialmente transcritas, no fueron impugnadas en forma alguna por la parte demandada-reconviniente en la oportunidad legal establecida para ello, razón por la cual son apreciadas en todo su valor probatorio como documento públicos a tenor de los establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil.

 

Pues bien, de los textos antes transcritos, se evidencia la potestad que tenía el propietario del edificio Mayoral, de vender los inmuebles que conforman el referido edificio bajo el sistema de propiedad horizontal. En tal sentido, los derechos de cada uno de los esos -nuevos- propietarios se encuentran limitados a lo que se establece en el documento de condominio, y a las leyes que lo rigen, vale decir, la Ley de Propiedad Horizontal, así como a las normas contenidas en el Código Civil de acuerdo a la ley especial que regula la materia.

 

Así las cosas, se observa que la acción reconvencional persigue la nulidad del documento de venta mediante el cual se le da en venta al actor Gaetano Luis Mugno Cerrito, el local comercial y/o local de oficina objeto de litis, por constituir el mismo -a decir de la demandada- una cosa común a todos los copropietarios del edificio Mayoral, no sujeto a enajenación o gravamen de ninguna especie, de conformidad con las pruebas que promovió y que cursan a los folios 282, 283 y 284 al Vto., del 286, antes citadas. Pero es el caso, que de esos medios probatorios si bien se desprende que el área que le fue vendida al actor estaba destinada a puestos de estacionamiento para la fecha en que se solicitaron los permisos de construcción del edificio Mayoral, también es cierto que posterior a ello la misma área fue señalada y/o declarada como “Sala de Administración”, sin que exista en autos prueba fehaciente que conlleve a establecer que ésta última (Sala de Administración) constituya un área común en el referido edificio. Tanto es así, que en el mismo documento de documento se le fijó el valor a cada una de las unidades vendibles y la correspondiente alícuota en la comunidad que integraría a todos los copropietarios del edificio.

 

Siendo esto así, nada le impedía al propietario-vendedor enajenar en la forma como lo hizo el bien inmueble objeto de litis, al actor-reconvenido, ya que, se insiste, esa área aquí cuestionada, entiéndase: “Sala de Administración” o “Local Oficina”, era perfectamente vendible de acuerdo al texto del documento de condominio del edificio Mayoral, al no ser un área común a los demás copropietarios.

 

Por tanto, contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, sí existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento -cuya nulidad se solicitó- debidamente Protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 25 de junio de 1975, bajo el Nº. 28, folio 128 Vto., Tomo 20, Protocolo Primero. En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la reconvención planteada por la parte demandada-reconviniente de autos. Y Así se declara.

 

Bajo este contexto, debe señalarse que la representación judicial de la parte actora-reconvenida presentó escrito de promoción de pruebas (Folio Vto., del 292) en su oportunidad legal, las cuales, como ha quedado expuesto, se corresponden con documentos públicos que en su conjunto le restan valor probatorio a las promovidas por la parte demandada-reconviniente como sostén a su demanda reconvencional. En otras palabras, los documentos públicos consignados por el actor enervan los hechos señalados en la reconvención y, por tanto, mal puede decretarse una confesión ficta en este juicio cuando ha quedado desvirtuado el alegato fundamental de la reconvención. Así se declara.

 

En consideración a lo que antecede, se declara IMPROCEDENTE el alegato de confesión ficta planteado por la parte demandada-reconviniente, tal y como en su oportunidad así lo hiciera el juzgador de la primera instancia. Así se declara. (Destacados de la Sala)

 

La errónea interpretación de la ley existe cuando el juez, aún reconociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su contenido.

 

         En el presente caso el Juez de la recurrida estableció, que contrario a lo sostenido en el escrito reconvencional, si existió un objeto lícito en la venta contenida en el documento, cuya nulidad se solicita, y seguidamente también expresa que, la parte demandante reconvenida, promovió pruebas en su oportunidad legal, siendo documentos públicos, que en su conjunto le restaron valor a las pruebas promovidas por la demandada reconviniente, y enervaron los hechos señalados en la mutua petición, y por tanto no decretó la confesión ficta, al quedar desvirtuado el alegato fundamental de la reconvención.

 

            La confesión ficta opera siempre y cuando concurrentemente se cumplan los siguientes requisitos:

            a) que el demandado no diere contestación a la demanda;

            b) que nada probare que le favoreciera y,

            c) que la petición del demandante no fuere contraria a derecho.

 

         Y en el presente caso, como se reseñó en la sentencia de Alzada, el Juez Superior estableció que la parte demandante reconvenida, promovió pruebas en su oportunidad legal, siendo documentos públicos, que en su conjunto le restaron valor a las pruebas promovidas por la demandada reconviniente, y enervaron los hechos señalados en la mutua petición, y por tanto no decretó la confesión ficta, al quedar desvirtuado el alegato fundamental de la reconvención.

 

            No cumpliéndose el segundo requisito concurrente para que opere la confesión ficta, vale decir, “que nada probare que le favoreciera”.

 

         Por lo cual queda claro que el juez de alzada, determinó claramente los motivos por los cuales, no consideró procedente la confesión ficta alegada por el demandado reconviniente.

 

         De igual forma, si el formalizante no esta de acuerdo con la apreciación en el establecimiento y valoración de las pruebas, hecho por parte del juez de alzada, este debió en ese sentido dirigir sus denuncias, cumpliendo con la técnica requerida para la formulación de una denuncia de casación sobre los hechos.

 

         En consecuencia esta Sala declara improcedente, esta denuncia por supuesta infracción de los artículos 362 y 367 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, así como sin lugar este recurso extraordinario de casación. Y así se decide.

 

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada reconviniente, contra la sentencia de fecha 9 de marzo de 2007, proferida por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Se condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

              Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de dicha remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

ViCepresidenta,

 

 

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ISBELIA JOSEFINA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrado,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Secretario,

 

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2007-000281.

 

 

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