Venley

Sentencia N.º RC.00922

Sentencia
N.º RC.00922
Fecha
20/11/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
03-915
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. Nro. 2003-000915

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

                   En el juicio por cobro de honorarios profesionales causados judicialmente, iniciado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los abogados OSCAR E. OCHOA G., JUDITH OCHOA SEGUÍAS y ERNA YOLANDA SELLHORN NETT, actuando en su propio nombre y representación, contra RODOLFO MATTOS ALMEIDA, representado por los abogados Marco A. Lozano Z., José Ignacio Bustamante Ettedgui y Williams Enrique Pérez Fernández; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la citada Circunscripción Judicial, dictó decisión el día 17 de julio de 2003, mediante la cual declaró sin lugar la demanda y anuló la decisión apelada.

                  

                   Contra ese fallo de la alzada anunció recurso de casación la parte demandante, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación y réplica.

                 

                  Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones:

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

                   En ejercicio de la facultad que confiere a esta Sala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público que ella encontrare, aunque no se las haya denunciado, procede a efectuar las siguientes consideraciones:

 

La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia. En este sentido ha establecido, entre otras, que “...el estricto cumplimiento por parte de los jueces de instancia de los requisitos legalmente establecidos para la formación de las sentencias es materia que interesa al orden público, por lo que al detectarse una infracción en este sentido, le es dable a la Sala ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido...” (Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000, caso: Marcel Reyes Villoria contra Nilda Briceño De Reyes y otros).

 

 

                   En ese sentido, el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, señala como requisito de toda decisión que el juez debe expresar en ella los motivos de hecho y de derecho en los que se fundamente la decisión. En otras palabras, el juez tiene el deber de explicar su decisión, hacerla comprensible mediante la descripción de las causas que lo llevaron a tomarla así como de justificarla, esto es exponer los fundamentos jurídicos en los que se apoya esa decisión.

 

                   Lo anterior pone de manifiesto, que existe en cabeza del juez el deber de motivar el fallo, lo cual consiste en la explicación del razonamiento lógico que sirve de  justificación a la sentencia. Por esa razón, este Supremo Tribunal ha indicado en forma reiterada, que los sentenciadores cumplen con el requisito de motivación sólo cuando la sentencia expresa los fundamentos de hecho y de derecho en forma clara y comprensible, permitiendo así a las partes el control de la legalidad de la decisión, en caso de error.

 

                   Sobre el particular, Laura Miraut Martín afirma lo siguiente:

 

“...Cuanto más contundente sea el estilo en el que se exponga la sentencia, más comprensible será también su contenido para las partes y más satisfechas quedarán éstas por lo que en el fondo no es sino la declaración de un derecho preexistente a la decisión judicial. El juez actúa como mero portavoz del derecho, y en este sentido debe ser absolutamente claro y contundente. El derecho tiene la suficiente autoridad para que sus portavoces lo declaren imperativamente sin dudas en la expresión, sin vacilaciones que puedan cuestionar el acierto de la solución que dispone el ordenamiento jurídico para la controversia que se presenta ante el juez”. (Miraut Martín, Laura. La teoría de la decisión jurídica de Benjamín Nathan Cardozo. España, Dykinson, 1999, pp. 97 y 98)

 

 

                   Ese razonamiento jurídico, que expone el juez en el fallo para sustentar su determinación, permite que las partes del juicio y a la comunidad a la que pertenecen,  que queden convencidas que lo decidido es objetivo, justo, y no arbitrario, por ser coherente el pronunciamiento con el ordenamiento jurídico de la cual procede. Al respecto, Alejandro Nieto dice que:

 

“...la motivación de las sentencias responde igualmente al objetivo procesal de facilitar los recursos... Tal como ha escrito Igartúa... <<respecto de las partes se pretende conseguir su convencimiento de la justicia de la decisión, facilitarles los recursos y enseñarles adecuadamente el alcance de la sentencia; en lo que se refiere a los tribunales de apelación, facilitar su tarea, ya que la motivación revela los hipotéticos vicios de la decisión recurrida; y en lo que concierne al Tribunal Supremo, permite el control en casación>>” (Nieto, Alejandro. El arbitrio judicial. España, Editorial Ariel, S.A., 2000, p. 164).

 

 

                   En resumen, cuando el juez cumple con su deber de motivar la sentencia legitima su posición institucional, porque demuestra objetivamente que la decisión tomada es la correcta y deja constancia que acogió el derecho de los justiciables al mostrarles el razonamiento jurídico que fundamentó su decisión. Al respecto, explica José Rodríguez U., lo siguiente:

 

“...La motivación de la sentencia es hoy principio fundamental de la actividad del Juez... Es un principio universalmente aceptado con el que se trata de poner un límite a la arbitrariedad del Juez y a través del cual se pretende que la colectividad pueda revisar la actuación del órgano judicial en cada caso concreto”. (Rodríguez U., José. El Proceso Civil. Caracas, Editorial J. Alva, 1984, p. 45)

 

 

                   En ese sentido, en sentencia N° 231 de 30 de abril de 2002, caso Nory Raquel Quiñonez y otros c/ Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy y otro, esta Sala señaló lo siguiente:

 

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

‘La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes...”. (Negritas de la sentencia)

 

 

                   Asimismo, en sentencia N° 01346 de fecha 15 de noviembre de 2004, caso: Junta de Condominio de las Torres “A” y “B” del Conjunto Residencial “Centro Parque Caracas” c/ Administradora Yai,  S.R.L., esta Sala señaló:

 

 

“...la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil se configura cuando un fallo carece en absoluto de fundamentos, bien de hecho o de derecho. Conforme a la doctrina de esta Sala, el referido vicio se produce en los siguientes casos: a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando hay una contradicción en los motivos; y d) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo. (Sent. 30/5/02, caso: Carlos A. Martínez M. c/ Alberto Sosa Contreras)”.

 

 

Hechas estas consideraciones, este Alto Tribunal pasa a transcribir lo expresado por la recurrida en su motiva, en la cual señaló lo siguiente:

 

“...hay dos juicios por las mismas actuaciones habidas, dos estimaciones, dos reclamos –bajo títulos distintos y a sujetos distintos- de unas mismas actuaciones habidas en un mismo proceso, lo que puede entenderse como la pretensión de un cobro doble por unas mismas actuaciones.

Y sobre esta situación jurídica debe señalar esta Alzada que respecto de los honorarios profesionales estimados, cabe distinguir dos hipótesis diferentes: (1) Cuando el abogado, antes de existir condenatoria en costas, cobra a su propio cliente los trabajos realizados en el juicio, a lo que tiene derecho de acuerdo a la Ley de Abogados; y (2) Cuando el proceso ha concluido por sentencia definitiva y firme que impone el pago de las costas a la parte vencida, en cuyo caso, si el abogado apoderado de la parte gananciosa asume su cualidad de legitimado activo reclamando honorarios a la parte vencida, está renunciando a reclamar a su cliente honorarios por las actuaciones que desarrollara para lograr el triunfo en el proceso donde se produjo la condenatoria en costas. Hay una dejadez del derecho que tiene a reclamarle honorarios a su cliente por actuaciones derivadas del juicio en que salieron ganancioso...”.

 

 

De los extractos de la recurrida precedentemente transcritos se desprende que el juez de alzada estableció que “…hay dos juicios por las mismas actuaciones habidas, dos estimaciones, dos reclamos –bajo títulos distintos y a sujetos distintos- de unas mismas actuaciones habidas en un mismo proceso, lo que puede entenderse como la pretensión de un cobro doble por unas mismas actuaciones…”, sin que en parte alguna la sentencia recurrida contenga la expresión de las actuaciones estimadas en intimadas en el otro juicio, a pesar de que ello constituye presupuesto indispensable, por tratarse de los motivos de hecho que permitieron al juez concluir que son estimadas e intimadas las mismas actuaciones en ambos juicios.

En efecto, la Sala observa que el juez de alzada previo a ese pronunciamiento estaba obligado a justificar en el fallo las actuaciones que efectivamente fueron estimadas e intimadas en cada uno de los juicios, para concluir que se trata de las mismas actuaciones. Por el contrario, el juez superior se limitó a expresar las razones por las cuales consideró que no pueden cobrarse a la parte vencida en costas y al cliente las mismas actuaciones judiciales, pero no cumplió con el deber de expresar los motivos de hecho que permitan conocer el proceso intelectivo que le permitió establecer que fueron intimados los mismos conceptos en ambos juicios.

 

                   Es evidente, pues, que en la sentencia recurrida está presente el vicio de inmotivación, porque el juez de alzada no mostró un razonamiento jurídico que justificara su determinación de que fueron intimadas las mismas actuaciones  en los dos juicios de intimación de honorarios profesionales de abogado, lo que constituye el presupuesto necesario para permitir el posterior control de la legalidad de lo decidido, que es precisamente el fin perseguido con el requisito de motivación, previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

                   Por esas razones esta Sala declara de oficio la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.                 

 

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia  de la República  Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia de fecha 17 de julio de 2003, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.  En consecuencia se decreta la NULIDAD  del fallo recurrido y ORDENA al juez superior que resulte competente dicte nueva decisión sin incurrir en el defecto de forma indicado en este fallo.

 

                  No hay condenatoria en costas, dada la índole de la presente decisión.

 

                 

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal Superior antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de noviembre de dos mil seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

_________________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

 

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YRIS PEÑA ESPINOZA

                                           Magistrado,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

                                                                                                                     

Magistrada-ponente,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

                                                    

Magistrado,

 

 

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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2003-000915

 

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