Venley

Sentencia N.º RC.00944

Sentencia
N.º RC.00944
Fecha
18/12/2007
Sala
Casación Civil
Expediente
07-388
Ponente
Yris Armenia Peña Espinoza
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2007-000388

 

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

En la querella interdictal restitutoria seguida por la ciudadana DORIS JOSEFINA ARAUJO VIUDA DE DE MICHELE, representada judicialmente por el abogado Francisco Antonio Méndez, contra la sociedad mercantil INDUSTRIAS PLÁSTICAS C.A. representada por los abogados Carlos Hernández Casares, Luís Guillermo Fernández Vera, José Antonio Cabrita Rosales y Gerar Ozonian Puzantian, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, en fecha 30 de enero de 2007, dictó sentencia mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con lugar la querella, restituyó a la demandante la posesión del inmueble objeto de litigio y, en consecuencia, revocó el fallo apelado proferido por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, Bancario y Constitucional (sic) de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo.

 

         Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

         Cumplidas las formalidades legales, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

I

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

De conformidad con lo preceptuado en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos “(...) 7, 15, 208, 783 del Código Civil y 669 del Código de Procedimiento Civil y ordinal 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(...)” por “(...) omisiones de formas sustanciales de los actos de tal naturaleza, en menoscabo del derecho a la defensa(...)”.

 

         El recurrente planteó su delación de la manera siguiente:

“...El artículo siete (7) (sic) del Código de Procedimiento Civil, que se denuncia como violentado por la Sentencia (sic) de Alzada (sic), apunta que

(...Omissis...)

Observen los honorables Magistrados, con el debido respeto que se merecen, que la norma in comento, autoriza al Juez (sic), para realizar actos en el proceso, que sean idóneos para alcanzar los fines del mismo, solo (sic) cuando no exista una norma o ley, en el Código de Procedimiento Civil, o ley especial que lo regule. Es decir, que ni el Juez (sic) ni las partes del proceso, pueden alterar ni modificar la inteligencia Legislativa (sic), subvirtiendo las formas y líneas del proceso que éste ha establecido, y menos en perjuicio del orden público y de la seguridad jurídica, en el sentido que, además de violentar el principio de Legalidad (sic), contenido en el artículo 137 de la Constitución Bolivariana, según el cual, la Constitución (SIC) y las Leyes definen las atribuciones del Poder Publico (sic) y, de no ser así, se infringen aquellas normas delatadas en el caso que nos ocupa.

(...Omissis...)

El artículo 783 del Código Civil, señala textualmente, lo siguiente:

 

(...Omissis...)

Observen los Honorables (sic) Magistrados, que sustancian, que la norma in comento, exige a la parte querellante que debe demostrar al juez la ocurrencia del despojo, es decir, correspondiéndole en definitiva la carga de demostrar los extremos de procedencia del interdicto de despojo previstos en los artículos 699 del Código de Procedimiento Civil y 783 del Código Civil, evidenciándose claramente que en el presente caso, la parte actora no demostró ser poseedora del inmueble objeto de la presente querella para el momento en que supuestamente se produjo el despojo, ni tampoco demostró la ocurrencia del mismo en virtud de que la pruebas testimoniales evacuadas, la de inspección judicial ni ninguna de las documentales promovidas por la misma no evidenciaron la ocurrencia de tales supuestos, sin embargo el tribunal recurrido apoyó su declaratoria de con lugar (sic) la apelación ejercida  por el querellante y con lugar la presente querella interdictal restitutoria por despojo en que, de las pruebas aportadas por la parte querellante se demostró el despojo sufrido por la misma a manos de la querellada del inmueble en cuestión y por lo tanto la presente acción debía prosperar y que, del examen que había efectuado de las pruebas aportadas por la parte demandada, se evidenciaba que la querellada no demostró en forma alguna su alegato de ser falsa la afirmación de la querellante en cuanto a que se introdujo en la parcela objeto de la presente querella y no le permitió a la demandante el acceso al inmueble, así como tampoco demostró su alegato de que estaba dentro del inmueble realizando la construcción de una obra civil para la propietaria del terreno y que por consiguiente debía arribarse a la conclusión de que la parte demandada no demostró en forma alguna los alegatos sobre los cuales basó su excepción y así lo decidió, cuando la carga probatoria era de la querellante y no de mi mandante. Es decir, dejó indefensa a la representación que ejerzo, al no valorar en su definitiva conforme a la Ley (sic), en abrigo de los derechos que represento, en completa violación del artículo 49, ordinal primero de la Constitución Bolivariana, conjuntamente con el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al otorgársele a la parte contraria, un beneficio que le otorga la Ley (sic) a mi mandante.

El artículo 49, ordinal primero de la Carta Bolivariana, señala, entre otros…

(...Omissis...)

Significa pues, que aquella carga probatoria, que debió cumplir la parte accionante, como lo era la de demostrar los extremos de procedencia del interdicto de despojo previstos en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil y 783 del Código Civil, no demostrando ser poseedora del inmueble objeto de la presente querella para el momento en que supuestamente se produjo el despojo narrado, ni mucho menos demostró la ocurrencia del supuesto despojo, ya que las pruebas aportadas por la misma no evidenciaron la ocurrencia de tales supuestos, el Juez (sic) Superior (sic) recurrido debió ante tal ausencia de Pruebas (sic), declarar que no fue demostrado por la parte querellante tales extremos y, como consecuencia de ello la presente querella interdictal restitutoria debió declararse sin lugar por el recurrido tribunal, en beneficio de los derechos que represento por mandato de aquella normativa que también infringió, además del debido proceso, cuando imputó una carga probatoria a nuestra defensa, propia del accionante, por aquel supuesto despojo que no demostró, en perjuicio y menoscabo de su derecho a la defensa, acordando una ventaja a la parte contraria, en completa violación del ordinal primero del articulo (sic) 49 de la Carta Constitucional y 15 del Código de Procedimiento Civil, además de la doctrina impuesta por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, obligatoria para todos los Tribunales (sic) de la Republica (sic) y demás Salas del Máximo Tribunal de la República, de conformidad con el artículo 335 del mismo Texto (sic) Bolivariano (sic). Significa pues, que cuando el Juez (sic) invierte la carga probatoria de aquella demostración del despojo, para beneficiar a la parte accionante, en perjuicio de la defensa que represento, evidenciándose que las mismas fueron valoradas con violación del debido proceso.

Asimismo, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, le imponía al Juez (sic) de la causa, garantizar el derecho a la defensa de mi mandante, sin diferencias ni desigualdades con la otra parte, manteniéndola en los benéficos (sic) que le otorga la Ley (sic), como lo era que la parte demandante no demostró el despojo ocurrido, que no respetó el Tribunal (sic) Superior (sic) recurrido, cuando acordó a la parte accionante, un beneficio probatorio, que era propio de mi mandante, provocando un desequilibrio procesal, en perjuicio de la defensa que ejerzo, en completa violación de aquella normativa y de la doctrina Constitucional (sic) imperante en la materia.

(...Omissis...)

Otra de las razones por las cuales el Tribunal (sic) Recurrido (sic) incurrió en el presente defecto de forma se refiere al decreto de la medida de secuestro acordada por el Tribunal (sic) de la causa en fecha 07 de Diciembre (sic) del año 2004, mediante la cual se menoscabo (sic) el derecho a la defensa de mi representada, situación que no fue corregida por el Tribunal (sic) Superior (sic) con la reposición de la causa. Veamos:

El Tribunal (sic) de la causa decretó medida de secuestro sobre el bien inmueble objeto del litigio, porque a su juicio de las pruebas aportadas por la parte accionante se estableció una presunción grave a favor de la querellante, además de que la misma en su libelo de la demanda (sic) manifestó que se encontraba desprovista de recursos para constituir una garantía para responder de los daños y perjuicios que pudiera causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, petición que no entiendo por cuanto tal como lo señaló en su libelo había invertido en bienhechurías sobre el terreno en cuestión aproximadamente la suma de Cien (sic) Millones (sic) de Bolívares (Bs. 100.000.000,00).

En el caso que nos ocupa, tal como se ha venido sosteniendo en ésta (sic) formalización, el Juez (sic) Superior  (sic) recurrido, frente aquella falta de pruebas para demostrar los extremos de procedencia del interdicto de despojo previstos en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil y 783 del Código Civil, debió seguir el procedimiento contenido en el primero de los artículos señalados, de exigir a la querellante la constitución de una garantía cuyo monto fijaría el tribunal, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar su solicitud en caso de ser declarada sin lugar, y que en el caso de que la querellante manifestare no estar dispuesta a constituir la garantía el Juez (sic) solamente decretaría el secuestro de la cosa si a su juicio, de las pruebas presentadas se establecía una presunción grave a favor del querellante, para afincar el principio del debido proceso y, al no hacerlo así además de infringir dicha normativa y principio Constitucional, no cumplió con una formalidad esencial del proceso que se investiga, como era la de negar el decreto de dicha medida de secuestro, al no haber probado el despojo, por lo que violentó el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil...”. (Mayúsculas y negrillas de la transcripción).

El formalizante denuncia la violación o menoscabo del derecho a la defensa de su representada en razón de que la parte actora no cumplió con demostrar “(...) la ocurrencia del despojo(...)”, es decir, “(...) los extremos de procedencia del interdicto de despojo previstos en los artículos 699 del Código de Procedimiento Civil y 783 del Código Civil ... ni demostró ser poseedora del inmueble objeto de la presente querella para el momento en que supuestamente se produjo el despojo, ni tampoco demostró la ocurrencia del mismo en virtud de que las pruebas testimoniales evacuadas, la de inspección judicial ni ninguna de las documentales promovidas por la misma no evidenciaron la ocurrencia de tales supuestos (...)” y que no obstante a ello el ad quem “declaró con lugar la apelación ejercida por el querellante y con lugar la presente querella interdictal (...)”, afirmando que la ley atribuye al querellante “la carga probatoria”.

 

         Adujo igualmente que las circunstancias anteriores provocaron “(...) un desequilibrio procesal en perjuicio de la defensa(...)” de su mandante, violando el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil que ordena garantizar  tal derecho, “(...) sin diferencias ni desigualdades manteniéndola en los benéficos (sic) que otorga la ley (...)”.

 

         Alegó que también se produjo indefensión al decretarse la medida de secuestro “(...) acordada por el Tribunal de la causa en fecha 07 de Diciembre (sic) del año 2004(...)” al no seguir el procedimiento pautado en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, referido a la constitución de una garantía por parte de la querellante a los fines de responder de los daños y perjuicios que pudiere causar la solicitud en caso de ser improcedente.

 

En relación al vicio de indefensión, se ha señalado que la denuncia del menoscabo del derecho de defensa, debe dar cumplimiento a ciertos requisitos de orden técnico a los fines que la Sala pueda conocer del mismo. En efecto, en decisión N° 201 de fecha 14 de junio de 2000, expediente N° 99-419, caso: Talleres Vita Car C.A. contra Inmobiliaria Cruz O C.A. y otra, sobre tales exigencias se expresó lo siguiente:

“...modernamente la Sala ha ampliado el concepto y ha establecido que la denuncia de menoscabo del derecho de defensa, bajo un recurso por defecto de actividad, debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

“a) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada u omitida, y si lo ha sido por el Juez de la causa o el de la alzada”.-

“b) Indicar cómo con tal requerimiento u omisión de las formas se lesionó el derecho de defensa o se lesionó el orden público, según el caso, o ambos”.-

“c) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Juez de la causa, denunciar la infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, el cual trata de la reposición no decretada; el articulo 15 eiusdem, el cual contiene la norma expresa relativa a los particulares que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, o las que establecen el orden público, las cuales resultan las realmente infringidas por la recurrida, al no decretar la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las formas que menoscaban el derecho de defensa o el orden público, lo lesionó el Tribunal de la causa”.-

“d) Si el quebrantamiento u omisión de las formas que menoscabó el derecho de defensa o lesionó el orden público lo ha sido por el Tribunal de la alzada, además de la infracción de la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil vigente, debe denunciarse como infringidas las particulares referente al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa o las que establecen el orden público que ha sido lesionado por el propio Juez de la recurrida”.-“c) La explicación a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos. (Sent. Del 8-11-90)”. Sent.  De la Sala de Casación Civil de fecha 12-8-98).-...”.

 

De acuerdo a la doctrina antes expuesta, los requisitos sine qua non para la fundamentación de una denuncia por indefensión bajo una adecuada y correcta técnica se resumen en que el recurrente explique cuál ha sido la forma quebrantada u omitida y cómo, con tal situación, se lesionó el derecho de defensa o el orden público, según fuere el caso, o si comprendió ambas circunstancias, así como expresar si la lesión fue causada por el juez de primera o segunda instancia.

 

         En caso que el quebrantamiento u omisión de las formas que generaron la indefensión o la vulneración del orden público hubiese sido causado por el juzgador de primera instancia, debe denunciarse la infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, el cual está referido a la reposición no decretada, concatenado con el artículo 15 eiusdem norma expresa relativa a los particulares que acarrean el menoscabo del derecho a la defensa, o las que establecen el orden público, las cuales resulten realmente quebrantadas por la recurrida, al no haberse decretado la nulidad o reposición por el tribunal de la causa.

 

         Si por el contrario, el quebrantamiento u omisión fue causado por el juzgado de segunda instancia, además de denunciar la violación del artículo 15 antes mencionado, debe delatarse la infracción de las normas particulares relativas al quebrantamiento u omisión de las formas que vulneraron el derecho de defensa o el orden público que ha sido lesionado por el propio juez de alzada.

 

         Y finalmente, la técnica en comento exige, que se explique a la Sala que con relación a los quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se ejercieron y agotaron todos los recursos que la ley pone a disposición para ello.    

 

Ahora bien, en el caso bajo examen la Sala encuentra que el formalizante, como antes se expresó, delata el vicio de indefensión sin dar cumplimiento a la técnica antes anotada; y aunado a lo anterior, se observa que el recurrente solamente se limita a señalar que a su parecer la indefensión se verificó al declararse con lugar la demanda, siendo que a su juicio el ad quem sentenció conforme a hechos no demostrados en autos, situación que se enmarca en infracciones de índole probatorio que en modo alguno puede ser resueltas mediante este tipo de delaciones.

         Por otro lado, con referencia a la supuesta indefensión causada por el decreto de la medida de secuestro, anotada con anterioridad, observa la Sala que la misma está basada en fundamentos que corresponden a una denuncia por infracción de ley en cuanto a la apreciación y valoración de las pruebas, en la oportunidad de decretarla, de manera que el recurrente equivocó su delación al pretender se declarara la indefensión fundada en supuestos que conciernen a infracciones de fondo que deben ser denunciados a través del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Por lo antes dicho, siendo que la presente denuncia no fue planteada dando cumplimiento a la técnica diseñada por esta Sala para ello, y por haberse denunciado errores de juzgamiento a través de una denuncia por vicios de forma, como se dejó sentado en líneas anteriores, esta Sala se encuentra impedida de entrar en el conocimiento de la misma, lo que en consecuencia la hace improcedente. Así se decide. 

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del ordinal 4° del artículo 243 y 12 del referido Código, “por ausencia de las razones de hecho y de derecho para apoyar la dispositiva de la sentencia”.

“...Observe la Sala que sustancia,... que la sentencia recurrida no contiene materialmente ningún Razonamiento (sic) de hecho o de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo.

Ésta (sic) conducta judicial de la sentencia Recurrida (sic), materializa el vicio de INMOTIVACION (SIC) DEL FALLO, por ausencia de aquellas reglas judiciales que debe contener toda sentencia, en completa violación del ordinal cuarto del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y mas (sic) grave aun (sic), que descalifica las pruebas aportadas por mi representada las cuales abrigan a la representación que ejerzo, sin explicar la motivación que lo confirme. El artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, obliga a la parte querellante a demostrar los extremos de procedencia del interdicto de despojo, acordándole un beneficio legal a la representación que ejerzo al eximirlo de la carga probatoria, de conformidad con el artículo 1397 del mismo Código Civil, según el cual, la presunción legal dispensa de prueba a quien la tiene a su favor, lo que obligaba a la parte accionante a combatir dicha presunción, por lo que mi mandante, según la norma comentada, por tener a su favor tal beneficio, la dispensaba de prueba en es demostración de la ocurrencia del supuesto despojo del que dijo ser objeto la parte querellante.

Del Expediente (sic) del Instituto Nacional de Tierras con sede en la ciudad de Valera, consignado por la parte querellada junto con su contestación de la demanda, el cual cursa a los folios 233 al 235, que no impugnó la parte contraria ni desvirtuó su valor probatorio a través de otro tipo de prueba, que descalificó la recurrida por considerar que la misma era impertinente, inconducente e inocua, sin explicar las razones de hecho, los medios probatorios que utilizó y las normas jurídicas que aplicó, aduciendo que el mismo no aporta evidencia alguna que tienda a demostrar el alegato esgrimido por la parte demandada en el sentido de que la querellante no ha ejercido posesión sobre el inmueble y de que la querellada no la ha despojado, lo que conlleva a la violación de aquel ordinal y artículo comentado, por ausencia de motivación en la dispositiva del fallo, para concluir en la declaratoria con lugar de la apelación, con lugar la presente querella interdictal restitutoria por despojo y la condena en costas de mi representada. Llama poderosamente la atención, que la recurrida, no haya valorado, el expediente administrativo del Instituto Nacional de Tierras con sede en la ciudad de Valera, anteriormente referido, mediante el cual se evidencia que a través del Despacho de Consultoría (sic) Jurídica (sic) de dicho instituto se recibió una denuncia de un sin número de personas, integrado por el Bloque Agrario Regional y habitantes de Jalisco, quienes se dirigieron a dicho ente a manifestar que la parcela de terreno objeto de este juicio de (sic) encuentra abandonada, ociosa e inculta, según sus dichos, desde hace más de treinta y cinco años, razón por la cual tal despacho ordenó abrir el procedimiento Administrativo (sic) respectivo, ordenándose un informe técnico, el cual está dotado inclusive de fotografías, donde se hace ver la parcela completamente y se concluyó que la misma no se haya aprovechada agrícolamente. En fecha 29 de Marzo (sic) del año 2004, el ingeniero Everaldo Briceño, funcionario adscrito a esa oficina se traslado (sic) al inmueble objeto del litigio y constató la existencia de nueve (9) ranchos rústicos y de veinticinco personas quienes mantenían cuarenta (40) divisiones de parcelas para igual número de familias, que como ya se dijo anteriormente, el referido expediente no fue impugnado por la parte querellante.

Honorables Magistrados, con dicha inspección se evidencia que para el mes de Marzo (sic) del año 2004, la querellante de autos no ocupaba ni poseía el inmueble, ya que no se evidencia de dicho expediente administrativo la ocupación de dicho inmueble por la querellante, y que de ser cierto que la demandante era la poseedora legítima desde hace más de dieciocho años, como es que no narra la situación vivida en dicha parcela entre los meses de Marzo (sic) y Abril (sic) de 2004, y porque la querellante no se dirigió al Instituto Nacional de Tierras a tratar de solucionar el problema de la invasión que se produjo entre los días 16 y 17 de Marzo (sic) del año 2004.

Como consecuencia de esas infracciones, la sentencia recurrida, también violentó el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al no sentenciar conforme lo alegado y probado en autos, con el agravante que, reclama de nuestra defensa, carga probatoria, cuando la demostración de la supuesta posesión y del supuesto despojo según lo establecido por los artículos 783 del Código Civil y 699 del Código de Procedimiento Civil, le correspondía a la parte querellante, lo que dispensaba de pruebas a mi mandante. Por éstas (sic) razones, la presente denuncia de forma, debe ser declarada con lugar con todos los efectos de Ley (sic)...”. (Negrillas de la transcripción).

   

El recurrente denuncia la comisión del vicio de inmotivación, por cuanto –a su juicio- el juez de alzada no ofreció ninguna razón de hecho ni de derecho que sustentara el dispositivo del fallo, basándose para ello en argumentos similares a los alegados en la denuncia que antecede, y en el hecho que no fue valorado el expediente administrativo sustanciado por el Instituto Nacional de Tierras en el que –dice- constaba una inspección en la que supuestamente se demuestra, entre otras, que “la querellante de autos no ocupaba ni poseía el inmueble”.

 

         Para decidir, se observa:

 

         El recurrente al plantear su denuncia confunde o mezcla el vicio de inmotivación con la valoración de las pruebas, específicamente con la falta de valoración del expediente administrativo sustanciado por el Instituto Nacional de Tierras, lo cual no es posible, pues si lo que desea el formalizante es delatar un defecto o la falta de valoración de la mencionada prueba, otra debió ser la denuncia.

 

         No puede pretenderse que a través de una denuncia de inmotivación se revise la falta de valoración de un medio probatorio, pues ello corresponde a un error de juzgamiento que debe ser planteado bajo el amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil con denuncia del artículo 509 eiusdem, y no como un defecto de forma de la sentencia, criterio éste sostenido a partir del fallo N° 204 de fecha 21 de junio de 2000, caso: Farvenca Acarigua contra Farmacia Clealy C.A., en la cual se sostuvo:

“...La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció en sentencia de fecha 28 de abril de 1993 la doctrina según la cual el vicio de silencio de pruebas como una de las variantes de la falta motivación, debía ser intentada al amparo del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, es decir, como un vicio de procedimiento. En tal sentido, bastaba que se observare el silencio total o parcial con relación a determinada prueba  para que se produjera la demolición del fallo recurrido con la consecuente reposición al estado de dictar nueva sentencia, independientemente de la importancia o banalidad de la prueba silenciada en el dispositivo del fallo fulminado de nulidad.

Lógicamente, es fácil comprender que, en esas condiciones, se podía producir una nulidad innecesaria, desde luego que, era posible que la prueba silenciada en nada pudiera influir para sentenciar de otra manera, como sucedería si se dejaba de analizar el dicho de un testigo que declaraba en contra de lo contenido en un instrumento público.

Ahora, una vez vigente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos artículos 257 y 26 consagran el proceso como un instrumento fundamental  para la realización de la justicia, en el que debe privar la simplificación y eficacia de los trámites, donde no haya dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, la Sala considera conveniente fijar un nuevo criterio sobre la denuncia en casación del vicio por silencio de pruebas, de forma y manera que permita establecer si las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el juzgador, tienen  el sentido y alcance que en realidad le corresponden para la fijación del hecho controvertido. La importancia o trascendencia de las pruebas sólo puede ser determinada, si se tiene el conocimiento de los aspectos formales y de fondo que las acompañan al momento de producirlas.

En este orden de ideas, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones constitucionales indicadas, y conforme con la ley procesal civil, la Sala sólo podrá tener conocimiento de estos extremos si la denuncia se encuadra en un recurso por infracción de ley; recurso en el cual el formalizante satisfaga las exigencias del artículo 313, ordinal 2º, único aparte del Código de Procedimiento Civil, dentro de los términos y condiciones previstos en la ley, donde la denuncia de violación de las respectivas normas relativas a la apreciación y carga de la prueba, así como las referidas al establecimiento o valoración de las pruebas, adquiere suma importancia, ya que permitirá precisar el servicio, la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de allí dependerá la calificación jurídica de la utilidad o no de la casación. Consecuencia de lo anterior, es que desaparece el silencio de prueba como especie de la falta de motivación. Por tanto, la Sala abandona el  criterio sostenido en fecha 28 de abril de 1993, caso: Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao y, aclara que, para evitar perjuicios a aquéllos que adecuaron su conducta a la doctrina que hoy se abandona o aquéllos cuyos lapsos de formalización están por concluir, el criterio aquí establecido se aplicará a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, a la publicación de este fallo. Por consiguiente, en lo sucesivo se establecerá como exigencia para la elaboración de la denuncia del vicio por silencio de pruebas, que se fundamente en un recurso por infracción de ley, es decir, en el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil.  Así se decide...”. (Subrayado de la Sala).

 

         Con vista a las razones que anteceden se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.        

III

 

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem “por silencio de pruebas y como consecuencia de ello, ausencia de razones de hecho y de derecho, para apoyar la dispositiva de la sentencia  ”.

         La presente delación fue fundamentada como se presenta de seguidas:

“...La sentencia recurrida, no valoró ni juzgo (sic) las pruebas aportadas por la defensa que ejercemos, aun (sic) cuando las menciona en el texto de su sentencia, materializando SILENCIO DE PRUEBA, que obliga a la nulidad de la sentencia recurrida, de conformidad con las previsiones del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, norma ésta consagratoria del deber de analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas cursantes en los autos, aún aquellas que a juicio del sentenciador no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre su criterio respecto de ellas, además de la INMOTIVACIÓN del fallo, en completa infracción del ordinal cuarto del artículo 243 de aquel Código mencionado. En efecto, veamos:

La sentencia recurrida, a los fines de valorar las pruebas promovidas y evacuadas por la parte querellada señaló, entre otros

(...Omissis...)

Observen los Honorables (sic) Magistrados que investigan, que el Juez (sic) al valorar las pruebas promovidas por mi representada procedió a apreciarlas según las reglas de la sana critica (sic), es decir, formó libremente su convicción, para apreciarlas y valorarlas, no obstante que para la valoración de las mismas existía una regla legal expresa, violentando la regla general en la apreciación de las pruebas tal como lo establece el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, sin apoyar dicha apreciación y valoración en la norma jurídica correspondiente...”.  (Mayúsculas y negrillas de la transcripción).

 

Como puede observarse, la parte recurrente denuncia el vicio de silencio de pruebas fundado en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al igual que pretendió hacerlo en la denuncia que antecede y antes analizada, razón por la que se reproducen las razones allí explicadas para declarar improcedente la denuncia. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

         Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara, SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS PLÁSTICAS C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, de Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo en fecha 30 de enero de 2007.

 

         Se imponen las costas del recurso a la parte recurrente.

 

         Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera de Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y particípesele al Juzgado Superior antes referido lo conducente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

         Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala-Ponente,

 

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

 

________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado

 

 

 

______________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

 

Exp: Nº. AA20-C-2007-000388

 

 

 

 

         El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

 

         Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba.

 

 

         En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad  con  la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.

 

 

         Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

         Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

 

         En Caracas, fecha ut-supra.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ 

Magistrado,

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

_______________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

___________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. N° AA20-C-2007-000388

 

 

Caracas, 27 de marzo de 2008

Años 197º y 148º.

 

AA20-C-2007-000388

 

 

                   En atención a que en la anterior sentencia de fecha 18 de diciembre de 2007, correspondiente al juicio por querella interdictal restitutoria intentado por DORIS JOSEFINA ARAUJO viuda de DE MICHELE, contra INDUSTRIAS PLÁSTICAS C.A., (INDUPLAST, C.A.), se incurrió en un error material en las páginas 22 y 23, donde dice: "...Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas...", debe leerse: "...Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito, Bancario y Constitucional de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, con sede en Trujillo...". Esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con el contenido y alcance del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, mediante el presente auto subsana el error en referencia, a los fines legales consiguientes.

                                                          

La  Presidenta de la Sala y Ponente,

 

______________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

La Vicepresidenta,

     

__________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

                                                                                       Magistrado,                                 

 

___________________________

ANTONIO RAMIREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

­­_________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

El Secretario,

 

_____________________________

                                     ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

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