Sentencia N.º RC.00991
- Sentencia
- N.º RC.00991
- Fecha
- 12/12/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 06-303
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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Exp Nro. 2006-000303
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por intimación de honorarios profesionales de abogado, intentado por el abogado JESÚS MARÍA VÁSQUEZ OCANTO, actuando en representación de sus propios derechos e intereses, contra los ciudadanos MARÍA FLERIDA GALAVÍZ DE MÉNDEZ y JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ, representados judicialmente por el abogado José Nicolás Méndez Galavíz; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto, conociendo en alzada, en virtud de la apelación formulada por la parte demandada, contra el auto de fecha 27 de agosto de 2003, proferido por el tribunal de la causa, dictó sentencia en fecha 16 de febrero de 2005, mediante la cual declaró: 1°- Con lugar el recurso ordinario de apelación interpuesto por el ciudadano José Nicolás Méndez, en su carácter de codemandado; 2°- El levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada sobre la posesión de Los Resguardos del Cercado y; 3°- Revocó el auto apelado. No hubo condenatoria en costas.
Contra la referida sentencia de la alzada, el intimante anunció recurso de casación, el cual fue admitido por el juez de la recurrida y posteriormente fue formalizado en tiempo oportuno. Hubo impugnación, sin replica.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
I
El formalizante bajo el título “...DENUNCIA DEL RECURRENTE...” alega la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la de los artículos 197 y 202 eiusdem, sin invocar el artículo 313 ibídem, y sin especificar en cuál de los ordinales contenidos en dicha norma fundamenta su denuncia. En efecto, el formalizante expresó:
“...En la presente Sentencia recurrida, incurre el Sentenciador en las violaciones siguientes:
1°) Al decidir que la causa está total y definitivamente terminada el Juez Sentenciador incurre en violación flagrante del Principio de la Verdad Procesal, consagrado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, Ley Adjetiva que regula dicho principio, en el cual se establece:
“Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio…etc…Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados…etc”.
En el presente caso de la sentencia recurrida los apelantes María Flérida Galavíz de Méndez y José Nicolás Méndez, de la Sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Lara, en la cual le es negada la suspensión de la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, que copiado textualmente decidió en la forma siguiente:
(omissis)…Vistas las diligencias insertas a los folios 584 y 585, este tribunal declara no tener materia sobre la cual decidir pues esas peticiones ya fueron resueltas por este Tribunal en auto que corre inserto al folio 533, auto éste que no fue apelado”.
Quedando definitivamente firme la medida acordada. Al apelar nuevamente las partes demandadas incurren éstos (los apelantes) en violación de la norma procesal establecida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, al hacerlo en forma extemporánea y eligiendo una vía procesal diferente a lo que dispone dicho procedimiento, ya que “no se apela” sino que se efectúa oposición a la medida en el lapso que en el mismo se establece:
“Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quién obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar.
ARTICULACIÓN OPE LEGE
Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos”.
Diferente sería si los apelantes hubiesen elegido la vía que establece el Parágrafo Tercero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se establece:
SUSPENSIÓN DE LA MEDIDA
MEDIANTE CAUCIÓN
“Parágrafo Tercero.-El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quién obre diere caución de las establecidas en el artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 589”.
No le estaba permitido al Juez Superior la aplicación de una vía distinta a la que establece la Ley, ya que el juicio de mis honorarios profesionales aún se mantiene en actividad y vigente, según se comprueba con la solicitud de reiteradas peticiones de homologación que ya fueron acompañadas y si bien es cierto que el juicio principal terminó y está definitivamente firme, se comprueba por los recaudos acompañados y las reiteradas peticiones de homologación, que aún no ha terminado, y en consecuencia no le estaba permitido al Juez Superior abrir un nuevo lapso de conformidad con el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil en el cual se establece:
IMPRORROGABILIDAD
DE LOS LAPSOS O TÉRMINOS
Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario…etc”.
En este mismo orden de ideas también le está prohibido al Juez Superior fijar nuevos lapsos en virtud del Principio de la Legalidad de los lapsos establecidos en el artículo 196 ejusdem, lo siguiente:
“Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley; el Juez solamente podrá fijarlos cuando la ley lo autorice para ello”.
Y como se dijo anteriormente el auto que mantuvo la prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble propiedad de los demandados en el juicio de intimación de honorarios profesionales, quedó definitivamente firme y esta firmeza le confiere el carácter de la autoridad de la cosa juzgada, formal y material en lo que respecta a esta incidencia del mencionado juicio, y es por lo que se alega estas violaciones a los mencionados artículos 202 y 197, ambos del Código de Procedimiento Civil, por parte del Juez Superior, sentenciador…”. (Negrillas de la cita).
Para decidir, la Sala observa:
Como puede apreciarse de la anterior transcripción, la presente denuncia no fue debidamente encuadrada por el formalizante, en uno de los supuestos de casación establecidos en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco contiene expresión de un razonamiento adecuado que permita comprender el motivo de recurso de casación por el cual pretende la nulidad de la sentencia recurrida.
En este sentido, la Sala ha venido estableciendo de manera reiterada, cual es la técnica que debe cumplir el formalizante en su escrito de formalización.
En efecto, esta Sala de Casación Civil, entre otras en sentencia de fecha 18 de julio de 2006 (caso: Juan Jorge Isaac López c/ Juan Celestino Malavé y Otros), dejó sentado:
“...Ahora bien, el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencias, está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pues únicamente con el cumplimiento de estos requerimientos, pueden corregirse las ilegalidades del fallo, al permitir, entre otras cosas, el cotejo de la decisión con el resto de las actas procesales, tomando en consideración las argumentaciones contenidas en la formalización; por tanto, su fundamentación es requisito indispensable para resolver el recurso de casación. Así, esta Sala de Casación Civil ha dejado establecido en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999 (caso: Félix Romero y otros c/ Fundación para del Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de Caracas), lo siguiente: “...Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada. De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretende atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia...”. Ello, dicho en otras palabras significa, que el escrito de formalización del recurso de casación sin fundamentación, esto es, sin el razonamiento mínimo de las denuncias, hace imposible comprender cuál es el motivo concreto por el cual se solicita la nulidad del fallo, lo que conlleva a la inexistencia de la fundamentación requerida para entrar a conocer la denuncia planteada en el recurso de casación; mucho más cuando además de haberse dejado de señalar correctamente y de forma separada la infracción de los artículos supuestamente infringidos, tampoco se haya indicado su influencia en la suerte de la controversia. Al respecto, el tratadista Duque(…)en su obra “Manual de Casación Civil”, sostiene que: “...es tarea poco agradable tener que decirle al recurrente que “el escrito de formalización contiene una extensa exposición narrativa de los hechos y circunstancias y una prolija argumentación de carácter doctrinal, apareciendo las denuncias diseminadas en ese largo escrito, en forma tal, que para realizar su labor, se ha visto obligada a ir aislando, tanto las denuncias mismas, como los fundamentos en que se apoyan: manera ésta de formalizar, dispersa y poco coherente, que es, indudablemente deficiente”. Y menos grato es todavía es tener que decirles que “el párrafo transcrito es modelo de vaguedad, de imprecisión, de alambicamiento. Acaso un verdadero galimatías. Frases generales y nada más. Lo que equivale a no formalizar”. Y para no citar más, recordemos el caso en el cual, en un recurso ante de Casación Penal, ésta hubo de decir que “el escrito de formalización es tan confuso e ininteligible, que se siente inclinada a desecharlo pero que por estar de medio la libertad del reo, va hacer un esfuerzo para tratar de entender qué fue lo que quiso denunciar y fundamentar el recurrente”. Queda claro, pues, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, los recurrentes para tener por cumplidas las formalidades mínimas que debe contener el escrito de formalización del recurso de casación, tienen la carga procesal de observar los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno, o algunos, de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. observa que en el caso concreto el formalizante fundamentó su escrito de formalización del recurso de casación en la infracción de las siguientes normas: De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° de los artículos 313, 312 y 317 denunció el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa y el debido proceso; y delató la infracción por falta de aplicación del artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Juzgado Superior no aplicó dicha norma en cuanto al procedimiento a seguir. Hechas estas consideraciones, esta Sala de Casación Civil declara que las presentes denuncias no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues además de mezclar indebidamente el menoscabo del derecho a la defensa conjuntamente con la falta aplicación, tampoco el denunciante indicó de forma clara y precisa cómo, cuando y en qué sentido fueron infringidas las normas procesales; lo que evidencia la omisión a las reglas de una correcta formalización y la falta de técnica que se debe observar al recurrir en casación que además constituye una carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por Sala...”.
En aplicación del criterio jurisprudencial antes transcrito al caso sub iudice, esta Sala estima que la presente denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues no es carga de la Sala completar en qué sentido, o bajo cuál de los supuestos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, apoya el formalizante su denuncia, ni tampoco es carga de la Sala suponer cual es el objetivo que persigue el formalizante con la denuncia. Lo que evidencia en este caso, la omisión de las reglas que debe cumplir una correcta formalización y, la debida técnica que debe observarse al recurrir en casación, carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por esta Sala.
Por consiguiente, la Sala desecha la presente denuncia por carecer de la técnica y fundamentación requerida. Así se establece.
INFRACCIÓN DE LEY
ÚNICO
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y, asimismo, del artículo 602 eiusdem, por falta de aplicación.
Por vía de fundamentación, el formalizante expone:
“…LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA NORMA VIGENTE.
Es un hecho notorio, porque así se deduce de las actas procesales que tales apelantes incurrieron por ignorancia de la Ley en un error de procedimiento, al no elegir la vía procesal adecuada (art. 602 C.P.C), haciendo incurrir con esta conducta en error inexcusable al Juez Sentenciador (sic) tanto de Hecho (sic), como de Derecho (sic), efectuando un examen de las actas del expediente al iter procedimental y constatar que el Juez (Superior) (sic) omitió las formas procesales en la tramitación del juicio con menoscabo al Procedimiento (sic) correcto, lo cual es un defecto de actividad que denuncio en este escrito de Formalización por no aplicar la Ley (artículo 602 C.P.C) en el dispositivo del Fallo (sic) cambiando el thema decidendum, (sic) tratándose en el presente caso de la incidencia de honorarios profesionales y no del juicio principal.
Por otra parte, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, es una norma de contenido general que gobierna y disciplina la conducta de los Jueces cuando van a emitir sus fallos, que evidentemente resultó quebrantada aquí por el sentenciador por no atenerse a lo alegado y probado en autos, y sacar elementos de convicción fuera de ellos, y por suplir excepciones y argumentos de hecho no alegados ni probados por las partes.
Es Jurisprudencia sostenida y reiterada por este Máximo Tribunal en Sentencia de fecha 8 de agosto de 1995, en el juicio Manuel Da Freitas contra Cesco D' Agostino Mascia y otro, la Sala estableció:
(Omissis)…"que los tres casos de suposición falsa no constituyen infracción de regIa de valoración de prueba, sino un motivo autónomo y distinto, comprendido igualmente en los artículos 313 ordinal 2°, y 320 del C6digo de Procedimiento Civil. Por ello, la técnica para denunciar la suposición falsa no comprende la denuncia de infracción de una regIa de valoración de prueba, sino: a) indicación del hecho positivo y concreto que el legislador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b) indicación específica de cual de los tres casos de suposición falsa se refiere la denuncia; c) señalamiento del acto o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida es determinante en el dispositivo de la sentencia.
Posteriormente, en sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995, caso: Lucia Gómez de Delgado contra Afra María Vivas, la Sala complementó el cambio de técnica, y dejó sentado que
"... Los vicios de juzgamiento de que puede adolecer el fallo judicial, son desglosables en dos categorías: errores iuris iudicando -contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil-, y errores facti in iudicando -previstos en el artículo 320 eiusdem ... ", y esta última categoría comprende a su vez el error facti in iudicando de derecho y el error facti in iudicando de hecho, ambos referidos al juzgamiento de los hechos, y el último de ellos sólo referido a los casos de suposición falsa.
Por estas razones, la Sala ratificó que se trata de un motivo autónomo y diferente cuya denuncia no exige el alegato de infracción de una regIa de establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, sino de los preceptos jurídicos que se utilizaron o dejaron de utilizar, como resultado del hecho particular, positivo y concreto falsamente supuesto; preceptos estos que pueden ser de derecho sustantivo o adjetivo".
Mas adelante, la Sala explicó que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores que é1 sentenciador puede cometer en el juzgamiento de los hechos, bien sea de derecho, porque el juez se equivoca en la interpretación o aplicación de reglas de establecimiento o de valoración de los hechos o de las pruebas, o bien sea de hecho, porque el juez se equivoca al percibir los hechos que la prueba demuestra, bien porque atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o porque estableció hechos con pruebas que no existen, o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente, y reitera que las normas jurídicas que resultan infringidas en estos últimos casos son aquellas en que fue subsumido el hecho que no tiene soporte probatorio, pues como consecuencia de que el mismo resulta falso o inexacto no existe correspondencia lógica con los hechos en abstractos previstos en la norma aplicada" (Seg. Sentencia de esta Sala con ponencia del Magistrado Dr. Franklin Arrieche G. Caso GARBIS DERMESROPIAN, contra la empresa WHITE BANANA CREAM C.A. y el ciudadano SOUHIL SAAB en su carácter de fiador y pagador solidario de la obligación).
En el presente caso se incurrió en el error facti in iudicando de hecho al traer las partes al Juez Superior Sentenciador un suposición falsa como es de ponerle un tema decidendum (sic) equivocado porque le presentaron el juicio principal y no el incidental de mis honorarios profesionales, no examinando ni analizando el Juez Superior el procedimiento contenido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo así en un error facti in iudicando de derecho al no aplicar una norma jurídica como es el citado artículo 602 eiusdem, siendo también una infracción por falta de actividad.
Como se relató el Juez Superior dejó de aplicar una norma vigente o sea el citado artículo 602 ibidem lo cual encuadra perfectamente en el Ordinal 2° del artículo 313 del mismo Código, infracción esta que hace procedente la presente Formalización.
Por las razones, alegatos y con fundamento en las disposiciones legales citadas y aducidas, solicito muy respetuosamente de esta honorable Sala de Casación Civil sea declarado con lugar el presente Recurso…”. (Subrayado de la Sala).
Para decidir, la Sala observa:
Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante fundamenta su denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, pero realiza una mezcla indebida de argumentos que impiden la comprensión y determinación de la infracción que pretende denunciar.
En efecto, el formalizante alega que el juzgador quebrantó formas procesales y no se atuvo a lo alegado y probado en autos. De igual forma, plantea que el juzgador infringió, por falta de aplicación, el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo así, a su juicio, en una suposición falsa.
De acuerdo a los planteamientos contenidos en la denuncia, esta Sala estima que el formalizante mezcló indebidamente la denuncia de vicios in procedendo, con supuestos errores in iudicando, que ameritan ser denunciados por separado, y bajo distintos recursos, incumpliendo de esta manera con la técnica y fundamentación requerida en la formalización, particularmente cuando se pretenda denunciar la infracción de una norma jurídica, o uno de los casos de suposición falsa.
En relación con la adecuada fundamentación que debe ser cumplida en la redacción del escrito de formalización, esta Sala, entre otras, en decisión N° 577, de fecha 1 de agosto de 2006, (caso: Aguas de Portuguesa C.A., contra Luís Antonio Gallardo y otro), dejó sentado:
“…La formalización constituye el acto procesal en el cual el recurrente expone los motivos por los cuales pretende obtener la nulidad del fallo recurrido. Por su complejidad e importancia, el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, exige una determinada preparación al abogado formalizante, y el artículo 317 eiusdem, impone una serie de requisitos, con el objeto de que la formalización contenga las especificaciones y razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias.
El ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé las diversas modalidades en que puede verificarse los defectos de actividad o errores in procedendo que determinan la nulidad del fallo recurrido, el cual comprende los quebrantamientos de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, y el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 243 eiusdem. Y el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley consisten en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y, c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.
En ambos recursos, el formalizante debe razonar de forma clara y precisa en qué consiste la infracción, esto es, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo. Asimismo, debe plantear separadamente las denuncias, pues el efecto de la declaratoria de procedencia del recurso es distinta en uno u otro caso. Pero, en la denuncia por infracción de ley, además de cumplir con lo precedentemente señalado, debe también indicar si la norma fue infringida por errónea, falsa o falta de aplicación, así como demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo.
En el conocimiento de las denuncias por defectos de actividad la Sala puede examinar otras actas del expediente, y la declaratoria de procedencia del recurso produce la reposición de la causa al estado de que sea subsanada la forma procesal quebrantada u omitida en el iter procedimental, o que se corrija el defecto de forma de la sentencia. En la decisión de las denuncias de casación por infracción de ley, la Sala no puede examinar otras actas del expediente, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y el efecto que produce la declaratoria con lugar de este recurso es la casación o nulidad de la sentencia recurrida y su reenvío a otro Juez Superior, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autorizan prescindir de éste último.
En el caso que nos ocupa, de la transcripción de las denuncias expuestas por el formalizante se observa que denunció la infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil conjuntamente con los artículos 376, 255 y 321 del mismo Código, realizando una indebida mezcla de denuncias de forma y fondo sin explicar en que consiste la infracción y sin dar un razonamiento jurídico y lógico que fundamente la denuncia.
Asimismo, delató al amparo de los artículos “213” (sic) ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, la infracción de los artículos 376 y 255 del mismo Código sin demostrar la contradicción existente entre la decisión del Juez y las normas que se alegan infringidas. Dicho de otra manera, el recurrente no expresa el motivo de casación en que se sustenta cada denuncia, no cita el artículo o los artículos que se pretenden infringidos; tampoco especifica ni razona los fundamentos de la denuncia, explicando cuándo, dónde y cómo fueron violados dichos artículos, y no menciona los argumentos de la recurrida que se consideran violatorios de la disposición denunciada.
En ese sentido, en sentencia N° 374 de fecha 31 de julio de 2003, caso Sudamtex de Venezuela, S.A. c/ Retazos Pilis, S.R.L. y otros, esta Sala expresó lo siguiente:
“...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada –cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada...”.
Resulta imperativo citar, en cuanto a las denuncias por quebrantamiento de fondo, la sentencia N° 00202 de 3 de mayo de 2005, caso: José Tadeo Párraga y otros c/ Alejandro Camacho Berríos y otra, esta Sala indicó:
“...La sentencia constituye un silogismo judicial, cuya premisa mayor está comprendida por las normas, preceptos o principios jurídicos que en abstracto prevén los hechos ocurridos en el asunto a resolver, y la premisa menor, está constituida por la determinación de la controversia, el examen de las pruebas, la posterior fijación de los hechos demostrados y su calificación jurídica.
Este silogismo final está precedido, a su vez, por una serie de silogismos instrumentales, entre los cuales se encuentran las conclusiones jurídicas del juez respecto del mérito de las pruebas producidas en el expediente, que en su conjunto conforman la premisa menor del silogismo judicial.
Los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, prevén que el recurso de casación por infracción de ley, el cual se divide en error de derecho en la resolución de la controversia y en el juzgamiento de los hechos, y este último se subdivide a su vez en error de derecho en establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas, y los tres casos de suposición falsa.
En este orden de ideas, la Sala ha indicado que: “...1°) las normas que regulan el establecimiento de los hechos, son aquellas que exigen un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto para establecer la existencia de determinados hechos o actos; 2°) las normas de valoración o apreciación de los hechos, son aquellas que a un conjunto de hechos les confieren una denominación o determinada calificación; 3°) las normas que regulan el establecimiento de las pruebas, son aquellas que consagran formalidades procesales para la promoción y evacuación de las pruebas; y, 4°) las normas que regulan la valoración de las pruebas, son aquellas que fijan una tarifa legal al valor probatorio de éstas, o las que autorizan la aplicación de la sana crítica...”. (Sent. 11/3/04, caso: José María Valls Figuera y otra, contra Calogero Ferrante Bravo).
En todas las hipótesis previstas en el precitado artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador infringe normas jurídicas, sea de forma directa o indirecta, y por esa razón todas esas constituyen motivos del recurso de casación por infracción de ley, y están comprendidas en el ordinal 2° del artículo 313 del mismo Código.
Ahora bien, respecto de la adecuada fundamentación del recurso de casación, la Sala ha establecido que constituye una carga del formalizante indicar expresamente cuál es la norma infringida, y el razonamiento que permita comprender cómo, cuándo y en qué sentido se produjo, esto es, si fue por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación, violación de máximas de experiencia, negativa de aplicación de una norma vigente, con indicación de los motivos expresados por el juez que estima erróneo, y las razones que demuestran su pretendida ilegalidad, así como las normas que el juez ha debido aplicar para resolver la controversia en los casos que ello proceda. En todo caso, el recurso de casación sólo procederá si el error de juicio resulta determinante en el dispositivo del fallo. (Sent. 8/8/2003, Antonio Chacín c/ Abba C.A.).
Por otra parte, la Sala ha expresado que el alegato de suposición falsa si bien debe estar fundamentado en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, se distingue de los errores de derecho en el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, pues ésta consiste en la afirmación de un hecho positivo y concreto, que resulta falso o inexacto, porque el juez atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
En relación con ello, la Sala ha reiterado que la técnica para denunciar la suposición falsa es la siguiente: a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b) indicación específica de cuál de los tres casos de suposición falsa se refiere la denuncia; c) señalamiento del acto o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; d) indicación y denuncia del texto o de los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida es determinante en el dispositivo de la sentencia…”. (Sent. 8/11/95, caso: Manuel Da Freitas c/ Cesco D’ Agostino Mascia y otro.
De los anteriores criterios jurisprudenciales que hoy se reiteran, se desprende que no puede ser suplida por la Sala la omisión a las reglas de una correcta formalización y la falta de técnica que se debe observar al recurrir en casación, pues ello constituye una infracción al artículo 317 del Código de Procedimiento Civil que le impone al formalizante el deber procesal de fundamentar el escrito de formalización del recurso.
En efecto, el precitado artículo dispone que el escrito de formalización debe ser razonado y contener en el mismo orden señalado, los siguientes requisitos: 1) La decisión o decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4º) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Queda claro, pues, que es carga del formalizante razonar cada una de las infracciones denunciadas en forma clara, precisa y de forma separada, señalando el respectivo motivo de casación, y relacionando los hechos con el contenido de las normas supuestamente quebrantadas en cada delación.
Asimismo, los criterios transcritos, explican que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil permite a la Sala extenderse al establecimiento o valoración de los hechos que hayan efectuado los jueces de instancia, cuando se denuncie la infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas o 4) la valoración de las pruebas; o cuando se denuncie alguna de las tres hipótesis de suposición falsa: 1) el juez de alzada atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o 2) dió por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, o 3) cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
Finalmente, los mencionados criterios, afirman que en todos los casos (quebrantamiento de forma o de fondo), el formalizante tiene el deber procesal de razonar en forma clara y precisa en qué consiste la infracción, debe demostrarla, y para ello, no basta con señalar que el juez en la sentencia violó tal o cual precepto legal, es necesario que el recurrente demuestre cómo, cuándo y en qué sentido, se incurrió en infracción.
Por tanto, no es función de la Sala completar la deficiencia de fundamentos del recurso ni suponer el caso específico de quebrantamiento de forma y de infracción de ley que el formalizante no determinó.
Por estas razones esta Sala, dado el incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, debe declarar perecido el presente recurso de casación…”.
De conformidad con el criterio jurisprudencial antes citado, el cual se reitera en esta oportunidad y se aplica al caso sub exámine, esta Sala estima que en la presente denuncia no contiene la fundamentación requerida.
En efecto, esta Sala de Casación Civil concluye que en la presente denuncia no fueron cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues la misma contiene una mezcla indebida de denuncias por quebrantamiento de formas procesales, conjuntamente con planteamientos que buscan delatar la falta de aplicación de una norma y, asimismo, la existencia de un suposición falsa, vicios que deben ser denunciados de manera separada y mediante distintos recursos, esto es, recurso por defecto de actividad y, posteriormente, recurso por infracción de ley, lo cual evidencia que no fue expresado un razonamiento lógico que permita comprender cuál es el error que se pretende denunciar.
En consecuencia, esta Sala desecha la presente denuncia por carecer de la debida fundamentación. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En mérito de los motivos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado y formalizado por el accionante, contra la sentencia dictada en fecha 16 de febrero de 2006, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso al recurrente.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto. Particípese dicha remisión con copia de esta decisión al juzgado superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mi seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
Presidente de la Sala,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada-ponente,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nro. AA20-C-2006-00303
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