Venley

Sentencia N.º RC.00993

Sentencia
N.º RC.00993
Fecha
12/12/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
06-042
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. Nro. 2006-000042

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁZQUEZ.

 

En el juicio por daños materiales y morales, seguido por la ciudadana ZENAIDA DEL CARMEN MORÁN HERNÁNDEZ, representada judicialmente por los abogados Edilio José Placencio y Marily Bustamante de Placencio, contra el ciudadano EDUARDO JOSÉ BARRIOS MOGOLLÓN, representado judicialmente por el abogado Alejandro Angulo B; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y con competencia transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, dictó sentencia en fecha 29 de noviembre de 2005, mediante la cual declaró sin lugar la demanda y sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando así la decisión apelada de fecha 31 de mayo del mismo año dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la  misma Circunscripción Judicial.

   

                   Contra la citada decisión, anunció recurso de casación la parte actora, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Cumplidas las formalidades legales, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

 

Ú N I C O

 

 

Esta Sala de Casación Civil, en uso de la facultad que le confiere el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar en forma previa, si el escrito de formalización cumple con las exigencias consagradas en el artículo 317 eiusdem, y en caso de inobservancia de las mismas, declarará perecido el recurso de casación, sin entrar a decidirlo; y a tal efecto, observa lo siguiente:

 

El formalizante fundamentó las denuncias en los términos siguientes: 

 

“…Ciudadanos:                                               

PRESIDENTE   Y   DEMÁS   MAGISTRADOS   DE   LA   SALA  DE CASACIÓN   CIVIL   DEL   TRIBUNAL  SUPREMO   DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Su Despacho.­

Distinguidos Señores:

El suscrito; Edilio José Placencio; venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, domiciliado en Caracas Distrito Capital, casado, cédula de identidad número V- 9.459.558; Abogado en ejercicio…Actuando en este acto en mi carácter de apoderado judicial de la Parte Recurrente, Ciudadana Zenaida Del Carmen Morán Hernández…, quién fuera parte actora  en la causa que motivó la SENTENCIA recurrida que se tramita en el expediente número: AA20-C-000042. Ante su autoridad ocurro muy respetuosamente, a los fines legales de presentar el presente escrito el cual contiene LA FORMALIZACIÓN del Recurso de Casación anunciado oportunamente contra el fallo dictado en fecha 29-11-2005 en el expediente número: 4902, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y con competencia transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. A tal efecto procedo a formalizar dicho recurso, lo cual hago en los términos siguientes:

De conformidad con el artículo: 313 ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil, se denuncia defecto de actividad o de infracción de formas sustanciales del fallo recurrido, en lo que respecta al vicio de INCONGRUENCIA del mismo, previsto en el ordinal 5° del artículo 243 ejusdem; en atención a las siguientes razones:

En todo proceso judicial se integra lo que pudiéramos llamar una trilogía de elementos que son: persona, cosas y acciones. Entre la situación planteada en la demanda y su contestación por una parte, y la sentencia por la otra parte, debe existir obligatoriamente una clara relación de causa a efecto considerada como una necesidad de congruencia.

En atención a este análisis debo decir que la recurrida presenta una desacertada relación entre dos términos: Litis y sentencia, es decir, que presenta error de concordancia lógica y jurídica entre la pretensión y la sentencia, lo que vulnera el principio de justicia cuando éste exige que la sentencia sea dictada  “con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”

BREVE NARRATIVA DE LA DEMANDA QUE DIO MOTIVO AL FALLO RECURRIDO.

Se acciona contra el ciudadano: Eduardo José Barios Mogollón, cédula de identidad…, por indemnización de daños materiales y morales, por haber ordenado en su condición de ex Alcalde del Municipio Monseñor José Vicente de Unda, del estado Portuguesa; la demolición de una vivienda propiedad de la actora recurrente, situada en la jurisdicción del Municipio, sin el consentimiento de ésta. Pues bien, dicha acción se fundamentó principalmente en los artículos 139 de nuestra Carta Magna vigente, que expresa “…”.

Y, artículo: 1.185 del Código  Civil, que expresa: “…”.

Debe igualmente reparación quién haya causado un  daño a otro excediéndose  en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

Ahora bien, la acción se plantea en virtud de la responsabilidad que directamente tiene el referido ex Alcalde en la demolición de la mencionada vivienda, en su condición de Primera Autoridad de dicho Municipio, y siendo el caso, de que habiendo quedado demostrado, como lo reseña el mismo sentenciador de la recurrida, que la demolición de dicha vivienda la hizo la Alcaldía del mencionado Municipio, entonces es al mencionado ex Alcalde a quién se le debe imputar la responsabilidad de la demolición de la vivienda, en razón de que un funcionario público no se puede amparar en la majestad de la institución que representa para cometer actos al margen de la ley, como ocurrió en el caso aludido.

VICIOS QUE PRESENTA LA RECURRIDA

El sentenciador al analizar las pruebas de la actora recurrente, expresa lo siguiente: Al final del folio 8 y comienzo del folio 9 de la recurrida: “Considera el tribunal que los señalados documentos no aportan mérito probatorio a la controversia; pero demuestran incuestionablemente, que el Municipio Monseñor José Vicente de Unda en Chabasquen de este estado, en conjunción con el Instituto de la Vivienda del estado Portuguesa, coadyuvaron en la obtención de un crédito  a favor del ciudadano Gabino Terán, para ser destinado a la construcción de una vivienda familiar en la parcela de terreno ya deslindada y señalada por la Actora, y en la misma fue edificada la mencionada casa de bahareque que adquirió la Actora, según el referido documento Autenticado en fecha: 4-5-1999, ante la oficina de Registro Subalterno del Municipio Sucre, con sede en Biscucuy, del estado Portuguesa. Así se decide.

Sobre este planteamiento del Juez de Alzada se observa que la casa que señala la Actora recurrente, existía, y que ésta fue demolida para construir una nueva vivienda de tipo rural con el apoyo de la Alcaldía del Municipio Monseñor: José Vicente de Unda con sede en Chabasquen estado Portuguesa, lo cual se presume el interés que tenía el Alcalde de dicho Municipio: Eduardo José Barrios Mogollón.

Por otra parte señala el Sentenciador de la Recurrida en el folio 14 de la misma, al referirse a la apreciación de una testigo de la Actora, lo siguiente: “Se aprecia que la testigo a pesar de haber sido repreguntada por la contraparte, no incurrió en contradicciones que hagan desmerecer su testimonio, quedando firme y conteste, en que conoce a las partes (Demandante y Demandado); que a finales del mes de Agosto de 2001 presenció que unas maquinarias con el logotipo de la Alcaldía del Municipio Monseñor: José Vicente de Unda del estado Portuguesa, estaba derrumbando el Inmueble señalado por la Actora, ubicado en jurisdicción del referido Municipio, en la calle principal del Barrio Las Colinas, constituida por una casa de bahareque, techo de zinc, piso, y como quiera que no le consta que el ciudadano Eduardo José Barrios Mogollón, Alcalde para esa fecha en dicha Municipalidad, dio la respectiva orden de demolición, es por lo que se aprecia esta testimonial en forma parcial; y en cuanto a los hechos señalados como presenciales por la testigo. Y así se decide”.

Ahora bien, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual debió ser aplicado por el Sentenciador de la Alzada para resolver la controversia, expresa: “Los Jueces tendrán por norte de sus Actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en Autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máxima de experiencia”.

Asimismo, también debió el Sentenciador aplicar a la controversia  la norma del Artículo 510 del mismo Código, que expresa: “Los Jueces apreciaran los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos”.

Así pues, habiéndose incurrido en el mencionado fallo, en el vicio aquí denunciado, es motivo para sea anulado el mismo de conformidad con el Artículo 244 del referido Código, y así solicito sea declarado por esta Sala de Casación Civil.

De esta manera ha quedado planteada la Formalización del mencionado Recurso de Casación, por lo cual solicito a la majestad de dicha Sala, se sirva admitir el presente escrito, y lo agregue a los Autos del referido Expediente, a los fines de que surta sus respectivos efectos legales...”. 

 

 

Para decidir,  la Sala observa:

       De la lectura del escrito de formalización, se evidencia que el recurrente no cumplió con su carga de denunciar cómo, cuándo y en qué sentido el juez de la recurrida incurrió en las delatadas infracciones, pues sólo se limitó a hacer un recuento de lo ocurrido en el proceso, señalando luego una serie de normas constitucionales y legales, pero sin razonar en forma adecuada tales quebrantamientos.

 

                   En efecto, la formalizante ni señaló, ni razonó los vicios que contiene la recurrida; tampoco determinó con precisión los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem; mucho menos la denuncia de haberse incurrido en algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, del mismo Código con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción de derecho.

 

       Ahora bien, el recurso de casación por su naturaleza,  objeto y consecuencias, está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pues únicamente con el cumplimiento de estos requerimientos, pueden corregirse las ilegalidades del fallo, al permitir, entre otras cosas, el cotejo de la decisión con el resto de las actas procesales, tomando en consideración las argumentaciones contenidas en la formalización; por tanto, su fundamentación es requisito indispensable para resolver el recurso de casación.

 

                   Esta Sala en sentencia N° 374 de fecha 31 de julio de 2003, expediente N° 2002-000205, caso: Sudamtex de Venezuela, S.A. contra Retazos Pilis, S.R.L. y otros, señaló lo siguiente:

 

“…En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.

En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada –cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada...”.

 

 

 

                   Ello, dicho en otras palabras significa, que el escrito de formalización del recurso de casación sin fundamentación, esto es, sin el razonamiento mínimo de las denuncias, hace imposible comprender cuál es el motivo concreto por el cual se solicita la nulidad del fallo, lo que conlleva a la inexistencia de la fundamentación requerida para entrar a conocer las denuncias planteadas en el recurso de casación. Más aún cuando además de haberse dejado de señalar correctamente y de forma separada la infracción de los artículos supuestamente infringidos, tampoco se haya indicado su influencia en la suerte de la controversia.

 

 

       Queda claro, pues, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil,  los recurrentes para tener por cumplidas las formalidades mínimas que debe contener el escrito de formalización del recurso de casación, tienen la carga procesal de observar  los siguientes requisitos:  1) La decisión o las decisiones contra las cuáles se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313 del mismo Código;  3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

 

                   La Sala observa que en el caso concreto el formalizante fundamentó su escrito de formalización del recurso de casación en la infracción de las siguientes normas:

                   De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313, denunció el quebrantamiento de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, pero sin señalar como, cuando y en qué sentido el juez de alzada incurrió en la mencionada infracción. Adicionalmente, delató el quebrantamiento del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, pues a su juicio el Juzgado Superior debió aplicar el referido artículo para resolver la controversia.

 

 

                   Hechas estas consideraciones, esta Sala de Casación Civil, declara que las presentes denuncias no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues además de mezclar indebidamente el vicio de incongruencia del fallo conjuntamente con la falta de aplicación, el denunciante tampoco indicó de forma clara y precisa cómo, cuando y en qué sentido fueron infringidas las normas procesales; lo que evidencia la omisión a las reglas de una correcta formalización y la falta de técnica que se debe observar al recurrir en casación que además constituye una carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por la  Sala.

                   Por las razones antes expuestas, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de  conformidad con lo previsto en los artículos 317 y 325 del Código de Procedimiento Civil, declarará perecido el presente recurso de casación. Así se establece. 

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República  Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y con competencia transitoria en Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 29 de noviembre de 2005.

 

De conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte recurrente.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado  Segundo de Primera Instancia en lo Civil  Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial antes indicado y particípese dicha decisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

_______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

 

_______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

                     

Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

                                           

                                                             Magistrado,

 

 

___________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

_______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2006-000042

 

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