Venley

Sentencia N.º RC.00999

Sentencia
N.º RC.00999
Fecha
31/08/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
04-316
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponencia: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

En el juicio por cobro de bolívares intentado mediante el procedimiento por intimación ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por el profesional del derecho JUAN MANUEL ZERPA CHAPARRO, en su carácter de endosatario en procuración de la ciudadana EMMA JOSEFINA MONTES PEÑALVER, contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil ITALIA MOTORS, C.A., representada judicialmente por los profesionales del derecho Isabel Díaz Díaz y Alberto Ramírez Riera, en el que intervino como tercero interesado el ciudadano MASSIMO COGHE, patrocinado judicialmente por la abogada en ejercicio de su profesión Marta Tanya Helena Becker; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de esa misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 10 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandante contra la decisión del a quo de fecha 5 de mayo de 2003, que había declarado la inadmisibilidad de la causa; por vía de consecuencia, revocó el fallo apelado y declaró con fuerza de cosa juzgada el decreto intimatorio, que ordenó a la demandada a pagar la cantidad de doscientos diecinueve millones quinientos ochenta y un mil novecientos trece bolívares con ochenta y tres céntimos (Bs. 219.581.913,83), no condenó al pago de costas procesales.

 

Contra la precitada sentencia, anunció recurso de casación el tercero Massimo Coghe, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previa a las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

Ante cualquiera otra consideración, la Sala estima conveniente decidir preliminarmente acerca de la admisibilidad del recurso de casación interpuesto, en atención a su doctrina pacífica, reiterada y consolidada conforme a la cual estableció, que es en definitiva al Tribunal Supremo de Justicia a quien le corresponde decidirlo, no obstante, haberlo admitido la instancia, facultad que ejerce, bien de oficio o a instancia de parte, cuando observare que la admisión se hizo violentando los preceptos legales que regulan la materia. Por cuanto, de resultar el auto de admisión, contrario a derecho, podrá revocarlo y, por vía de consecuencia, deberá declararlo inadmisible; por tanto, no será necesario juzgar el problema sometido a consideración de esta Sala de Casación Civil.

 

Al efecto, la Sala observa:

 

En relación a la legitimidad del tercero como recurrente en casación, la doctrina pacífica y reiterada de la Sala, entre otras, en sentencia Nº 141 del 13 de julio de 2000, caso Hugo Martínez contra Sucesión de Félix Zerpa Prada y otros, expediente Nº 00-112, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció:

 

“...La Sala, en decisión de 24 de enero de 1990, reiterada en sentencia de 29 de julio de 1999, (juicio Hugo Alexander Mora Ramírez contra Rafael Jesús Gómez de la Vega Martín), relativa a la legitimidad del tercero como recurrente en casación, estableció:

 

“La Sala, en decisión de 4 de agosto de 1976, reiterada el 24-1-90, relativa a la legitimidad del tercero como recurrente en casación, estableció lo siguiente:

 

…la cualidad para poder hacer uso del recurso de casación la da, únicamente, la de ser parte en el juicio en el cual se intente el recurso; esta cualidad, es pues, diferente a la que se exige para apelar, que no requiere ser parte en el proceso, bastando tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, ya porque resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra el mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore…”.

 

 

En el caso bajo examen, el recurso de casación que hoy ocupa la atención de esta Suprema jurisdicción, fue anunciado por el tercero Massimo Coghe, alegando su condición de accionista de la intimada, contra la sentencia del Tribunal Superior que declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandada, con fuerza de cosa juzgada el decreto intimatorio y revocó el fallo dictado por el Tribunal de la cognición, que había declarado la inadmisibilidad de la presente acción.

 

En este orden de ideas, riela al folio 20 de la pieza signada 2 de 2, diligencia de fecha 22 de noviembre de 2002, en la cual se lee:

 

“...Horas de despacho del día de hoy 22 de Noviembre (Sic) de 2002, comparece por ante (Sic) este Tribunal, el ciudadano Massimo Coghe, de nacionalidad italiana, mayor de edad con pasaporte Nº 956723N y de este domicilio, procediendo en este acto, en mi carácter de accionista de la Sociedad de Comercio Italia Motor C.A., plenamente identificada en autos y parte demandada en la presente causa, debidamente asistido por la abogada en Ejercicio (Sic) Daniela Russian, Ipsa (Sic) 27.351 y de este domicilio, estando dentro del lapso legal establecido en el C.P.C. (Sic), por el derecho que me asiste como accionista de la parte demandada en autos Italia Motor C.A., en nombre de mi representada hago Formal Oposición al procedimiento de intimación acordada por el tribunal, oposición ésta(Sic) que fundamentaré en su oportunidad legal correspondiente. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman...”. (Subrayado del texto).

 

 

Ante tal intervención, el Tribunal de la cognición, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en decisión de 27 de febrero de 2003, señaló:

 

“...Vista la Oposición(Sic) y las Cuestiones Previas(Sic) opuestas en distintas oportunidades por el Ciudadano(Sic)  Massimo Coghe, de nacionalidad Italiana (Sic), mayor de edad, identificado con pasaporte Nº 956723, de este domicilio, actuando en su carácter de socio mayoritario, de la parte intimada en este procedimiento, que lo es la Sociedad de Comercio ITALIA MOTORS C.A., inscrita por ante (Sic) el Registro Mercantil segundo (Sic) de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 12 de Mayo (Sic) del 2000, bajo el Nº 24 Tomo 21-A; este Tribunal para resolver observa:

 

Primero: Riela a los folios 11 al 16 ambos inclusive, del presente expediente, la copia certificada del Acta Constitutiva Estatutos (Sic) de la referida Sociedad de Comercio, y de ella emerge, conforme al Capítulo de las Disposiciones Complementarias, que el Administrador de la dicha Compañía es el Ciudadano(Sic)  Francisco Miguel Crespo Materán identificado con al cédula de identidad número V-10.233.579; y, reza de sus Cláusulas Séptima y Octava que dicho funcionario, es su representante con todas las facultades; por lo que, Massimo Coghe, no obstante ser accionista mayoritario, carece de Cualidad para representar a la intimada ya identificada y así se declara.

 

Segundo: Conforme a lo declarado en el particular anterior, tanto la Oposición(Sic) como las Cuestiones(Sic) Previas (Sic) opuestas por el mencionado Ciudadano se tienen como no presentadas y así se declara.

 

Tercero: Consta de los Autos(Sic), que el representante legal de la intimada fue citado legalmente, por lo que ITALIA MOTORS C.A., se encuentra a derecho para todos los actos y efectos de este proceso y así se declara.

 

En mérito a lo expuesto, se declara SIN LUGAR, tanto la Oposición(Sic) como las Cuestiones(Sic)  Previas(Sic) Opuestas(Sic) y Así se decide...”. (Mayúsculas, subrayado y negritas del transcrito).

 

 

En este sentido, la Sala se permite transcribir del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Compañía “ITALIA MOTORS, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, el 12 de mayo de 2000, bajo el Nº 24, Tomo 21-A, Expediente Nº 44.431, lo siguiente:

 

“...SEPTIMA: La Compañía será dirigida y administrada por una Junta Directiva formada por Un (1) Administrador, quien podrá ser o no socio, y quien permanecerá en el ejercicio de sus funciones por espacio de Cinco (5) años, pudiendo ser reelegidos (Sic). Tal miembro podrá ser o no socio de la empresa.

 

OCTAVA: El Administrador tendrá la plena administración y no la disposición de la misma, debiendo llevar a cabo las decisiones de la Asamblea, representarán (Sic) legalmente a la Sociedad por ante cualquier persona o entidad, para realizar cualquier acto de la naturaleza que fuere, ejercerán (Sic) la gestión diaria de los negocios de la compañía; movilizarán (Sic) cuentas bancarias o de cualquier otra naturaleza.

 

(...Omissis...)

DECIMA PRIMERA: Corresponde a la Asamblea la designación del Administrador, el análisis previo del informe del Comisario, de la gestión anual del Administrador para su aprobación o no; acordar el reparto de utilidades si fuera procedente, previa la realización de los aportes legales, o pérdidas según el caso acordar decisiones sobre cualquier punto o materia expresada en convocatoria.

 

(...Omissis...)

 

DECIMA SEPTIMA: Se designa como Administrador al socio FRANCISCO MIGUEL CRESPO MATERAN para el primer período, identificado anteriormente. Como Comisario se ha designado a la Licenciada NOHELLY NOGUERA RIVERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.490.714, Contador Público e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo bajo el Número (Sic) 15.194...”. (Mayúsculas y subrayado del texto). (Negritas de la Sala).

 

 

De la precedente transcripción claramente se observa, que la Asamblea Constitutiva de Accionista de la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil “ITALIA MOTORS, C.A.”, nombró como su administrador y por consiguiente representante legal ante cualquier persona o entidad, al ciudadano Francisco Miguel Crespo Materán, quien es el único administrador de la empresa y por ende, el único con el carácter o condición de representante legal de la misma.

El ciudadano Massimo Coghe alega su condición de accionista, sin embargo, ello no le da facultades para representar a la empresa, pues ésta es únicamente ejercida por los administradores, según los parámetros de actuación y representación que se hayan delegado en los Estatutos o a través de la Asamblea de Accionistas. El artículo 201 del Código de Comercio establece una separación entre las compañías, como entes individuales, y los accionistas propietarios de ese ente, al señalar que, “...Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los socios...”; por tanto, si bien el socio tiene facultades decisorias a través de la Asamblea de Accionistas, por tener la compañía personalidad jurídica propia, los administradores serán los únicos que puedan representarla directamente en sus derechos, o aquellas personas que expresamente determine la Asamblea de Accionistas.

 

Esto dicho en otras palabras, significa que el tercero interesado, ciudadano Massimo Coghe, ciertamente no ostenta ningún carácter, condición o capacidad que le permita actuar o representar a la sociedad de comercio hoy intimada, debido a que –se repite- no es la persona capaz de representar a la accionada.

Posterior a la decisión del Juez de Primera Instancia ut supra transcrita, corre inserto a los folios 40 al 48 de la pieza marcada 2 de 2, escrito de tercería de fecha 7 de julio de 2003, en el cual se lee:

 

“...MASSIMO COGHE, italiano, mayor de edad, con pasaporte Nro. 956723N, y de este domicilio, (...)

 

CUALIDAD Y LEGITIMACIÓN COMO TECERO

Soy propietario de NOVECIENTAS NOVENTA Y OCHO (998) acciones nominativas en la empresa ‘ITALIA MOTORS, C.A., (...) mi cualidad de PROPIETARIO DEL NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99%) DEL CAPITAL SOCIAL de la empresa “ITALIA MOTORS, C.A., y en consecuencia, igualmente propietario del NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99%) de los activos de dicha empresa. Esta condición de ser el propietario del 99% del capital social y activos sociales de la empresa ITALIA MOTORS C.A. me legitima como TERCERO INTERESADO en la presente causa, CUYA LEGITIMACIÓN CONSTA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS antes mencionados, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, el cual textualmente indica: “La intervención del tercero a que se refiere el ordinal 3º del artículo 370, se realizará mediante diligencia o escrito, en cualquier estado y grado del proceso, aun con ocasión de la interposición de algún recurso. Junto con la diligencia o el escrito, el tercero deberá acompañar prueba fehaciente que demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida su intervención.”

 

Ahora bien ciudadana Jueza, en la presente causa se demandó írritamente, tal como lo expondré infra, a la empresa “ITALIA MOTORS, C.A.” y como quiera que mi condición de propietario del 99% del capital social de la empresa me inviste de interés, y en consecuencia, de legitimación para intervenir como tercero interesado en sostener la defensa de la empresa demandada, es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 370 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, formalmente me constituyo en TERCERO INTERESADO en la presente causa, tal como lo señala la norma antes citada, la cual textualmente indica:...”. (Mayúsculas, subrayado, negritas y cursivas del texto).

 

 

Como se evidencia luego de ser rechazada su participación como demandado en el presente juicio, el ciudadano Massimo Coghe pretende hacerse tercero aduciendo que está interesado en el asunto y sustentando su derecho en el ordinal 3º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, de los argumentos expuestos por él, expresamente se indica que “...y en consecuencia, de legitimación para intervenir como tercero interesado en sostener la defensa de la empresa demandada...”, lo que marca una intención diferente a la prevista por el legislador en el citado ordinal 3º del artículo 370 eiusdem, pues dicha intervención no es como lo pretende el anunciante del recurso de casación, para “...sostener la defensa...” de una de las partes, sino para ayudarla a vencer en el proceso mediante la presentación de alegatos o defensas propios admisibles en el estado en que se encuentre la causa.

 

Esto es suficiente para estimar que el referido ciudadano, Massimo Coghe, no es parte en el presente juicio y, por tanto, carece de legitimidad para anunciar recurso de casación; sin embargo hay más:

 

El artículo 380 de la Ley Adjetiva Civil, relativo a la intervención prevista en el ordinal 3º el artículo 370 eiusdem, señala:

 

“El interviniente adhesivo tiene que aceptar la causa en el estado en que se encuentre al intervenir en la misma, y está autorizado para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no estén en oposición con los de la parte principal.”

 

 

Esta norma establece los límites de este tipo de intervención, pues como antes se adelantó, su participación se dirige a coadyuvar a la parte a vencer y no a ejercer su representación o, incluso, a contraponerse con la parte principal que pretende ayudar, lo cual lo excluye de la relación subjetiva procesal, pues cualquier resolución no recaerá sobre él. Sólo en casos excepcionales, según lo prevé el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, se podía estimar como litisconsorte activo o pasivo al tercero interviniente y, por consecuencia, capaz de ejercer los recursos procesales de impugnación, entre ellos el de casación. Efectivamente, señala la norma citada:

 

“Cuando según las disposiciones del Código Civil, la sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica del interviniente adhesivo con la parte contraria, el interviniente adhesivo será considerado litisconsorte de la parte principal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 147.”

 

 

Por tanto, será necesario para que se active dicha excepción que la decisión recurrida haya producido efectos en la relación jurídica del interviniente adherido con la parte contraria.

 

En el sub iudice, la sentencia recurrida, expresamente estableció:

 

“...Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta el 02 de junio del (Sic) 2003, el abogado JUAN MANUEL ZERPA CHAPARRO, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EMMA JOSEFINA MONTES PEÑALVER, contra la sentencia dictada el 05 de mayo del (Sic) 2003, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial, concede en esta ciudad.- SEGUNDO: CON FUERZA DE COSA JUZGADA EL DECRETO DE INTIMACIÓN que ordenó la sociedad mercantil ITALIA MOTORS, C.A., a pagar a la ciudadana EMMA JOSEFINA MONTES PEÑALVER, la cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES BOLÍVARES CON OCHENTA (Sic) Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 219.581.903, 83), que comprende el monto de la demanda, más las costas y honorarios incluidos que fueron calculados prudencialmente en CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 50.672.749, 34).

Queda así REVOCADA la sentencia objeto de la presente apelación...” (Mayúscula, negrilla y subrayado son del transcrito).

 

 

El fallo recurrido sólo produce efectos jurídicos contra la empresa demandada, Italia Motors, C.A., no evidenciándose que los produzca en la relación jurídica del ciudadano Massimo Coghe con la demandante, pues, como antes se dijo, la empresa demandada tiene personalidad jurídica propia y distinta a las de sus accionista.

 

Por lo antes expuesto, la Sala establece que el ciudadano Massimo Coghe no tiene legitimidad procesal para anunciar el recurso de casación que ocupa la atención de esta Suprema Jurisdicción, lo cual determina la inadmisibilidad del mismo y, por vía de consecuencia, la revocatoria del auto dictado por el ad quem, de fecha 25 de marzo de 2004, mediante el cual admitió el recurso extraordinario de casación, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada en fecha 10 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. En consecuencia, se REVOCA el auto de admisión del recurso de casación, dictado por el referido Juzgado Superior, en fecha 25 de marzo de 2004.

Por la índole de la decisión, no se condena al pago de las costas procesales.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la cognición, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la precitada Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

El Vicepresidente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

El Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. AA20-C-2004-000316

 

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