Venley

Sentencia N.º RC.00999

Sentencia
N.º RC.00999
Fecha
12/12/2006
Sala
Casación Civil
Expediente
04-508
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

Exp. Nro. 2004-000508

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada  ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

                   En el juicio por nulidad de asambleas y subsidiariamente por reconocimiento de derecho de suscripción preferente frente a terceros y daños y perjuicios iniciado ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por EDUARDO ESTÉVEZ TEJADA representado por los abogados Mariolga Quintero Tirado, Salvador Benaim Azaguri, Gustavo Domínguez Florido, María Luisa Pérez Machin e Isabel Carrera Machado, contra PAPELES VENEZOLANOS C.A., representada por los abogados Andrés Mezgravis, Manuel A. Iturbe, Pedro A. Jedlicka, José Vicente Harog, Liz Carolina Torres, Ramón R. Paz Rojas, Javier Ruan S., Claudia Fernanda Guzmán  y  Laura  Curiel  Charubini,  el   Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia el día 14 de abril de 2004, mediante la cual declaró lo siguiente:

 

“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte demandada PAPELES VENEZOLANOS C.A. en fecha 23 de Octubre de 2002, contra la sentencia dictada en fecha 10 de Julio de 2002, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión recurrida, dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción, fechada 10 de julio de 2002. TERCERO: IMPROCEDENTE la perención de la instancia solicitada por la parte demandada. CUARTO: SUBSANADA la cuestión previa opuesta por la parte demandada. QUINTO: SIN LUGAR la nulidad de las asambleas extraordinarias de accionistas de la sociedad mercantil Papeles Venezolanos, C.A., de fecha 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, por publicación de la Convocatoria para esas reuniones en el diario “La Religión”. SEXTO: CON LUGAR la acción de nulidad absoluta de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Papeles Venezolanos, C.A., de fecha 27 de noviembre de 1995 y, en consecuencia de ello, se declara igualmente la nulidad absoluta de las decisiones y de las operaciones celebradas y ejecutadas en dicha asamblea, restituyéndose la situación jurídica al momento en que se encontraba, antes de la producción del acto írrito. SÉPTIMO: CON LUGAR la acción de nulidad absoluta de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Papeles Venezolanos, C.A., de fecha 10 de julio de 1996, en lo que respecta al objeto correspondiente al punto de orden identificado como “tercero” de su respectiva convocatoria y, en consecuencia de ello, se declara igualmente la nulidad absoluta de las decisiones y de las operaciones celebradas y ejecutadas en dicha asamblea, vinculadas a dicho objeto y punto de orden tercero. OCTAVO: Como consecuencia del fallo que antecede se declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda intentada por el ciudadano EDUARDO ESTÉVEZ TEJADA, contra la Sociedad Mercantil “PAPELES VENEZOLANOS C.A.” –ampliamente identificados en el cuerpo del presente fallo.- NOVENO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, apelante y perdidosa...”. (Mayúsculas, subrayado y comillas de la sentencia recurrida).

 

 

 

                   En fecha 10 de mayo de 2004 el mencionado tribunal superior en respuesta a la aclaratoria solicitada por la parte demandante expresó lo siguiente:

 

“...resulto forzoso para este Juzgador declarar la procedencia de la aclaratoria solicitada; en consecuencia, con respecto a la decisión dictada por esta Superioridad en fecha 14 de abril de 2004 donde se lee “(...) PARCIALMENTE CON LUGAR, LA DEMANDA INTENTADA POR EL CIUDADANO EDUARDO ESTÉVEZ TEJADA, contra la Sociedad Mercantil “PAPELES VENEZOLANOS C.A.” –ampliamente identificados en el cuerpo del presente fallo (...)” Debe decir: “(...) CON LUGAR, la demanda intentada por el ciudadano EDUARDO ESTÉVEZ TEJADA, contra la Sociedad Mercantil “PAPELES VENEZOLANOS C.A.” –ampliamente identificados en el cuerpo del presente fallo- (...)” Y Así se Decide”. (Mayúsculas y cursivas de la sentencia del tribunal superior).

 

 

                   Contra ese fallo de la alzada anunció recurso de casación la parte demandada, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

                   Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción del artículo 243 ordinal 4° por inmotivación.

 

 

                   Alegan los formalizantes que el juez superior no expresó las razones de derecho, con base a los cuales declaró la nulidad de las asambleas de fecha 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, así como tampoco realizó su labor de subsumir los hechos alegados en la norma jurídica que los prevé.

 

 

                   Los formalizantes señalan lo siguiente:

“...la demanda de nulidad de asambleas incoada por la actora que ha dado origen al presente juicio se ha fundamentado en el artículo 277 del Código de Comercio, el cual dispone que...

Según lo dispone la parte final de este artículo, en las asambleas de accionistas de las sociedades anónimas debe necesariamente deliberarse sobre el objeto a que se ha hecho referencia en la convocatoria a dichas asambleas, de lo contrario, toda deliberación distinta a la expresada en la convocatoria será nula. Ese precisamente es uno de los puntos centrales de la demanda incoada por la parte actora ya que según ésta, en las asambleas de accionistas de nuestra representada PAVECA llevadas a cabo el 27 de noviembre de 1995 y el 10 de julio de 1996, se deliberó sobre objetos distintos a los establecidos en sus respectivas convocatorias.

Pues bien, es el caso ciudadanos Magistrados, que en ninguna parte de la sentencia recurrida ante esta Sala, se evidencian los motivos de derecho que llevaron al Juez a declarar la nulidad de tales asambleas. Mucho menos se evidencia la labor de análisis a que estaba obligado el sentenciador de la recurrida en cuanto a subsumir los hechos alegados -y que en su criterio habían sido probados en juicio- en la norma jurídica que los prevé, que en este caso es la del artículo 277 del Código de Comercio, norma esta que de paso, prácticamente ni fue mencionada por la recurrida salvo en aquellos casos donde se transcribieron textualmente los extractos de los escritos de las partes. Con ello no queremos afirmar que el sentenciador de la recurrida estaba obligado a citar textualmente la disposición legal aplicable al caso, ya que la motivación de derecho no implica necesariamente la cita textual de tales normas, sin embargo, lo que sí caracteriza a la labor de motivación de derecho a que está obligado el juez según el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y fue omitido por éste, es la realización de un enlace lógico de la situación particular, específica y concreta de la controversia planteada en concatenación con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la ley...

...Omissis…

Resulta evidente del extracto de la recurrida antes citado así como del resto del fallo, la inexistencia total de los motivos de derecho que llevaron al sentenciador de la Alzada a declarar la nulidad de las asambleas de accionistas de PAVECA de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996. Así, cuando el sentenciador de la recurrida señala que “las asambleas extraordinarias de PAVECA adolecen de nulidad absoluta por cuanto no se respetaron los derechos de accionistas a estar informados conforme a lo preceptuado en el artículo 277 del Código de Comercio”, no se está haciendo análisis alguno de la norma aplicable al caso y mucho menos se está subsumiendo los hechos que el sentenciador consideró probados en juicio en el supuesto de hecho previsto en la norma aplicando la correspondiente consecuencia jurídica, peor aún, se señala que no se respetaron los derechos de los accionistas a estar informados, cuando ello no tiene nada que ver con el punto referente a si en verdad se deliberó sobre un objeto distinto al objeto señalado en las convocatorias a las asambleas. En definitiva, no se trata de que la motivación del sentenciador haya sido escasa o exigua (lo cual no configuraría el vicio de inmotivación), simplemente no hay motivos de derecho ya que no existe la debida subsunción de los hechos en la norma así como tampoco existe la labor analítica de concatenación lógica entre los hechos del caso, el supuesto de la norma y las consecuencias que ésta prevé...” (Mayúsculas y comillas de los formalizantes)

 

                  

 

                   La Sala  para decidir observa:

 

 

                   El artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, señala como requisito de toda decisión que el juez debe expresar los motivos de hecho y de derecho en los que se fundamente la decisión. En otras palabras, el juez tiene el deber de explicar su decisión, hacerla comprensible mediante la descripción de las causas que lo llevaron a tomarla y justificarla, esto es, exponer los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión.

 

                   De esa manera, el juez realiza una operación lógica de vinculación de la norma general con el caso concreto; esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que el juez tiene el deber de exponer, explicar y justificar. Por esa razón, el deber de motivar la sentencia por parte del juez consiste en la explicación del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto dentro de las reglas de derecho construyendo así su fundamento jurídico. Esto permite que la sentencia sea clara y comprensible para las partes del proceso como para la comunidad.

 

                   En ese sentido Laura Miraut Martín afirma lo siguiente:

 

“...Cuanto más contundente sea el estilo en el que se exponga la sentencia, más comprensible será también su contenido para las partes y más satisfechas quedarán éstas por lo que en el fondo no es sino la declaración de un derecho preexistente a la decisión judicial. El juez actúa como mero portavoz del derecho, y en este sentido debe ser absolutamente claro y contundente. El derecho tiene la suficiente autoridad para que sus portavoces lo declaren imperativamente sin dudas en la expresión, sin vacilaciones que puedan cuestionar el acierto de la solución que dispone el ordenamiento jurídico para la controversia que se presenta ante el juez…”. (Miraut Martín, Laura. La teoría de la decisión jurídica de Benjamín Nathan Cardozo. España, Dykinson, 1999, pp. 97 y 98).

 

 

                   El razonamiento expuesto por el juez, en la sentencia y que justifica su decisión debe ser claro y contundente jurídicamente. Ello permite que las partes del juicio queden convencidas que es una decisión objetiva y no arbitraria, por ser coherente con el ordenamiento jurídico del cual procede, y al mismo tiempo, permite que la comunidad jurídica conozca las razones de esa decisión. Al respecto, Alejandro Nieto dice que:

 

“...la motivación de las sentencias responde igualmente al objetivo procesal de facilitar los recursos... Tal como ha escrito Igartúa... <<respecto de las partes se pretende conseguir su convencimiento de la justicia de la decisión, facilitarles los recursos y enseñarles adecuadamente el alcance de la sentencia; en lo que se refiere a los tribunales de apelación, facilitar su tarea, ya que la motivación revela los hipotéticos vicios de la decisión recurrida; y en lo que concierne al Tribunal Supremo, permite el control en casación>>”…”. (Nieto, Alejandro. El arbitrio judicial. España, Editorial Ariel, S.A., 2000, p. 164).

 

                   De ahí que, la motivación de la sentencia facilite el control de su legalidad y garantice el derecho de defensa de las partes porque pueden conocer las razones jurídicas.

 

                   En resumen, cuando el juez cumple con su deber de motivar la sentencia legitima su posición institucional porque demuestra objetivamente que la decisión tomada es la correcta y deja constancia que acogió el derecho de los justiciables al mostrarles el razonamiento jurídico que fundamentó su decisión.

 

                   Por tanto, si el juez no expresa las razones de hecho y de derecho de la decisión ésta es inmotivada. En otras palabras, si el juez no explica ni justifica las razones de hecho y de derecho que lo llevó a tomar esa decisión, entonces la sentencia adolece del vicio de inmotivación.

 

 

 

                   Al respecto, en sentencia N° 00533 de fecha 27 de julio de 2005, caso: Asociación de Propietarios y Residentes de Prados del Este (ASOPRAES) c/ Banco de Venezuela S.A.I.C.A., esta Sala señaló lo siguiente:

 

 

“...El artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, establece que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión, y si el juez no cumpliere con ello, se produciría el vicio de inmotivación.

Sobre el vicio de inmotivación esta Sala en sentencia N° 00171 de fecha 2 de mayo 2005, caso: Eulalio Narváez Cassis c/ Mapfre La Seguridad, C.A. de Seguros, señaló lo siguiente:

“...uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, esto es, el referido a la motivación del fallo, que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión y, al mismo tiempo exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone a los sentenciadores la obligación de justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, adicionalmente garantiza el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer éstas los motivos en que se funda la decisión, ya que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el juez, podrán interponer los recursos previstos en la ley para obtener la revisión de la legalidad del fallo.

En este sentido, la Sala ha señalado que “...El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del juez la elaboración de un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa...Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada...”. (Sent. 21/5/97, caso: Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.).

Asimismo, ha expresado que “...el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exigüos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”. (Vid. Sent. Nº 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro)”.

De esa manera, la motivación de la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos”.

 

                  

 

                   En el presente caso, la sentencia recurrida expresó:

 

“...corresponde... el pronunciamiento al segundo planteamiento de nulidad de las asambleas del 27 de Noviembre de 1995 y 10 de Julio de 1996, por inobservancia del objeto de las convocatorias.

Bajo el alegato de que en cada una de esas Asambleas no de (sic) discutió el “proyecto” al cual se hacía referencia en las Convocatorias, sino una propuesta presentada, en el mismo momento de esas reuniones, por el Presidente de la empresa, el Dr. José Román León. Además, que en la Asamblea extraordinaria de accionistas de Papeles Venezolanos, C.A., celebrada el 27 de Noviembre de 1995, se hizo una oferta pública de acciones que no estaba prevista en la convocatoria, al permitir que compañías que no eran accionistas, como Blue Ocean Inc. y Silvertown Interprises Inc., suscribieran la parte del aumento de capital que no fue adquirido por los accionistas mayoritarios asistentes. Y que en la Asamblea del 27 de Noviembre de 1995, se aprobó algo distinto a un aumento de capital.

...Omissis…

Igualmente del acta se observa que la asamblea del 10 de julio de 1996, deliberó sobre un aumento de capital, empero no menciona si esto se hace conforme al proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas. Distintamente, en el acta aparece que se discute lo que planteó el Presidente, Dr. José Román León y es su propuesta la que al final se aprueba por la asamblea. Igualmente, se delibera y vota favorablemente el pago de una prima al capital que vendría reflejada no en el monto resultante de las acciones suscritas por quienes la aporten, sino en el patrimonio de la compañía; y eso no formaba parte de la convocatoria la cual se refería a un aumento de capital conforme a un proyecto. Una prima al capital que aumenta el patrimonio de la empresa no es un aumento de capital social de la compañía, cuestión que estaba fuera del objeto de la asamblea según se indicó en la misma convocatoria.

...la demandada expresamente rechazó estos motivos de nulidad, al afirmar la existencia de tales proyectos y que la propuesta del Presidente de la compañía coincidía exactamente con el tenor del mismo. Sus alegaciones obligan al Tribunal a las siguientes consideraciones:

De los alegatos hechos valer por las partes, este Tribunal Superior considera que la distribución de la carga de la prueba se dirigía entonces, conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, para el actor, en la demostración de que las mencionadas asambleas no habían deliberado conforme lo dispuesto en la convocatoria y por lo tanto procedía la nulidad, y para el demandado, lo contrario, es decir, demostrar que las asambleas sí habían cumplido con el objeto de la convocatoria, esto es que deliberaron y decidieron conforme a lo que ellas se había estipulado.

...Omissis…

En su escrito de promoción de pruebas, la parte demandada acompañó dos documentos identificados como los “proyectos de aumento de capital” que afirmó como emitidos por la Junta Directiva de Papeles Venezolanos, C.A. en fecha 2 de julio de 1996 y 20 de noviembre de 1995 ...

...Omissis…

La parte actora promovió dentro de la articulación la prueba de reconstrucción, experimento y experticia mediante escrito de fecha 4 de agosto de 1999, y solicitó al Tribunal que notifique al Ciudadano José Román León, en su carácter de Presidente de la compañía Papeles Venezolanos C.A., a los efectos de que colabore con la realización de dicha reconstrucción.

...Omissis…

Siguiendo con la valoración de las pruebas aportadas al proceso, la parte demandada, para demostrar la existencia de los proyectos cuestionados, para el momento de las Asambleas, promovió las testificales de los ciudadanos Simón Enrique Guevara y Carlos Enrique Tamayo Degwitz.

...Omissis…

En cuanto a las Inspecciones Judiciales practicadas a requerimiento del accionista Eduardo Estévez Tejada, con el objeto de tener acceso a los libros y archivos de la compañía PAPELES VENEZOLANOS C.A. ...

...Omissis…

Con respecto a la Asamblea de accionistas de la Empresa demandada...

En cuanto a los instrumentos acompañados al escrito libelar marcados “6”, “7” y “8” (Documento constitutivo estatutario de la empresa demandada PAPELES VENEZOLANOS C.A., Acta de la asamblea de accionistas del 18 de octubre de 1986... y el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de PAPELES VENEZOLANOS, C.A. celebrada el día 17 de abril de 1991)...

Respecto a la correspondencia de fecha 05 de marzo de 1998 remitida por PAPELES VENEZOLANOS C.A. al Dr. Jesús Escudero anexada al libelo...

La correspondencia enviada a la sede de la empresa Papeles Venezolanos, C.A. de fecha 12 de febrero de 1998 y que fue anexada al libelo...

La correspondencia enviada al Dr. Francisco Paz Parra, de fecha 19 de febrero de 1998 y que fue anexada al libelo...

En cuanto a la copia fotostática del acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PAPELES VENEZOLANOS, C.A. de fecha 11 de abril de 1997, anexada al libelo...

Las copias de estatutos y actas de asambleas de múltiples sociedades mercantiles promovidas por el actor en copias simples y luego en copias certificadas...

En cuanto a los poderes producidos por la parte demandada  en copia simple y luego en copia certificada...

Del análisis de los elementos probatorios cursantes en las actas, individualmente considerados y puestos ahora en su conjunto, se puede apreciar que el actor cumplió con su carga de la prueba o lo que es lo mismo su actividad probatoria estuvo encaminada a demostrar de manera clara los hechos en que fundamentó su acción los cuales se encuentran plasmados en su libelo; es decir, esta Alzada observa que existe una notable diferencia entre el objeto de las convocatorias -para la celebración de las asambleas fechadas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996- y la voluntad y manifestación personal de quien funge como presidente de la compañía, hoy demandada. Igualmente acierta el A-quo al atribuirle efectos confirmatorios de un hecho existente a un documento que había quedado claramente incluido en el proceso, como consecuencia de la resistencia del representante legal de la accionada de evacuar la prueba, hecho suficientemente analizado en el texto del presente fallo. En conclusión, resulta comprobado que las asambleas extraordinarias de accionistas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS C.A., de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, adolecen de nulidad absoluta por cuanto no se respetaron los derechos de los accionistas a estar informados conforme a lo preceptuado en el artículo 277 del Código de Comercio, y Así se Decide”. (Subrayado, comillas y mayúsculas del tribunal superior).

 

 

                   De la precedente transcripción parcial de la sentencia, se desprende que el juez superior  en la determinación de la carga de la prueba dejó sentado que de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, correspondía para el actor demostrar que las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996,  fueron deliberados asuntos diferentes de acuerdo a lo señalado en la convocatoria; y al demandado correspondía demostrar que las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 sí habían deliberado y decidido conforme a la convocatoria.

 

                   Luego, el juez de alzada examinó las pruebas presentadas por las partes en el presente juicio y finalmente del enlace lógico entre el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil con el análisis de los elementos probatorios concluyó que la parte actora demostró sus alegatos.

 

                   De esa manera, el juez superior sí dio por demostrado, explicó y justificó las razones jurídicas que sustentan su labor de subsunción de la norma con los hechos. En efecto, el juez de alzada una vez determinado el problema planteado por los alegatos de las partes, esto es la nulidad o no de las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, expresó para resolver esta cuestión que en conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil cada parte debía demostrar sus alegatos y para ello procedió a examinar las pruebas para concluir que la demandante sí demostró que las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 no deliberaron conforme a lo señalado en la convocatoria y por esa razón jurídica las declaró nulas.

 

                   Los formalizantes alegan que la demanda se fundamentó en el artículo 277 del Código de Comercio y que el juez superior no hizo referencia a esta norma para declarar la nulidad de las mencionadas asambleas y por ello la sentencia adolece de inmotivación por carecer de las razones de derecho.

 

                   No tienen razón los formalizantes, porque el juez conoce el derecho y en su aplicación no está atado a lo indicado por las partes.

 

                   En este sentido, en sentencia de fecha 00092 de fecha 12 de abril de 2005, caso: Heberto Atilio Yánez Echeto c/ Carlos Gerardo Velásquez Luzardo, esta Sala señaló lo siguiente:

 

“...es oportuno advertir que el juez conoce el derecho y, por ende, en su interpretación y aplicación no está atado a lo sostenido por las partes, pues su actuación sólo queda circunscrita por los hechos afirmados en los actos de determinación de la controversia, mas no respecto del modo o forma en que las partes consideran deben ser calificados y decididos por el juez...”.

 

 

 

                   Por tanto, el juez de alzada sí expresó las razones de derecho para resolver los hechos afirmados por las partes para lo cual aplicó el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, como ya lo demostró anteriormente esta Sala.

 

 

                   Ahora bien, si los formalizantes no están de acuerdo con el razonamiento jurídico del juez que lo llevó a declarar nula las mencionadas asambleas, entonces debieron impugnarlo mediante el recurso de infracción de ley, que permite a esta Sala controlar los errores que pueda cometer el juez en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas y adjetivas en el asunto debatido.

 

 

                   Por esas razones se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.

 

 

II

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción del artículo 243 ordinal 4° por inmotivación.

 

                   Los formalizantes aducen que en la sentencia recurrida está presente el vicio de inmotivación por contradicción en los motivos. Sostienen que el juez superior se contradijo en la distribución de la carga de la prueba, puesto que le atribuyó una carga probatoria a la parte actora y simultáneamente señaló que la parte actora no tenía carga probatoria.

 

                   Sostienen los formalizantes lo siguiente:

 

“...la recurrida omitió el cumplimiento de dicho requisito de la sentencia contenido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, específicamente, al haber incurrido en una contradicción de motivos en un punto específico de la controversia lo cual acarrea la nulidad absoluta del fallo recurrido.

...Omissis…

...el Juzgado de Alzada primero fija unos hechos derivados del análisis de un documento (acta de asamblea), y con base a los alegatos de nuestra representada que rechazan y contradicen aquellos formulados por la actora, pasa entonces, en segundo lugar, a distribuir la carga de la prueba conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que es el actor (Estévez) quien debe demostrar que en las mencionadas asambleas se deliberó sobre algo distinto a lo establecido en la convocatoria, mientras que debe nuestra representada (PAVECA) demostrar lo contrario, es decir, que en las citadas asambleas sí se deliberó conforme al objeto que se había señalado en las convocatorias.

Ahora bien, independientemente de la distribución de la carga probatoria que el sentenciador de la recurrida realizó... tenemos que el actor, según lo dispuesto por el Tribunal de Alzada tenía la carga probatoria de ese punto central de la controversia cual era determinar que sí se había deliberado en las asambleas sobre algo distinto al objeto señalado en las convocatorias.

...una cosa es la carga probatoria de ese punto central de la controversia (deliberación sobre un objeto diferente al establecido en la convocatoria) y otra cosa muy distinta es el asunto relativo a si los proyectos de aumento de capital de nuestra representada consignó en el lapso probatorio marcados “E” y “F” para demostrar que dichos proyectos contenían el objeto sobre el cual se deliberó en las tantas veces mencionadas asambleas, eran fidedignos o no. Aclaramos, no es que la actora hubiese alegado que dichos proyectos no existían, ya que ella misma se refirió a ellos en su libelo, sino que la actora desconocía que los proyectos consignados por nuestra representada fueran fidedignos. Así, y en razón de que la actora impugnó los proyectos consignados en autos por nuestra representada PAVECA, se abrió una incidencia para determinar si dichos proyectos eran fidedignos o no, no obstante, dicha incidencia así como los deberes de las partes respecto de la colaboración para la prueba de experimento, reconstrucción y experticia que al efecto se debía evacuar, difieren de la carga probatoria del punto central de la controversia y que el mismo sentenciador determinó le correspondía a la actora.

Ahora bien, no obstante que la carga probatoria del juicio y la cuestión de si los proyectos eran fidedignos o no, constituían dos nociones distintas, la recurrida al analizar los deberes, cargas y presunciones que surgían de la incidencia respecto de los proyectos, aplicó las reglas de dicha incidencia (sobre la comparecencia al acto de experimento, reconstrucción y experticia) a la carga probatoria del punto central de la controversia la cual ya había sido previamente determinada por ésta, con la particularidad de que al hacerlo se contradijo, al punto de señalar que ahora la actora no tenía carga probatoria ya que su actividad probatoria podía limitarse a la simple manifestación de inconformidad con la inexistencia de los proyectos y que al constituir la inexistencia una negación indefinida, ello acarreaba no tener carga probatoria alguna.

...Omissis…

Como conclusión de todo lo anterior, tenemos que la recurrida primero determinó conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil una carga probatoria que debía recaer en la parte actora vista la postura asumida por nuestra representada en la contestación de la demanda al haber negado, rechazado y contradicho las afirmaciones de hecho de la actora sobre ese punto particular (deliberación en las asambleas conforme al objeto de aumento de capital señalado en la convocatoria). Sin embargo, inmediatamente después, y en franca contradicción con lo previamente decidido, la recurrida modificó la carga previamente determinada estableciendo que la carga de la actora se satisfacía con la simple manifestación de inconformidad con la inexistencia de los proyectos, y que al constituir la inexistencia una negación indefinida, ello implicaba no tener carga probatoria, y por tanto, dicha carga probatoria ahora recaía en cabeza de nuestra representada...”. (Subrayado, mayúsculas, cursivas y entre comillas de los formalizantes).

 

 

                   La Sala para decidir observa:

 

                   En sentencia N° 00230 de fecha 10 de mayo de 2005, expediente N° 03935, caso: Rhone-Poulenc Rorer (RHONE), c/ Casa de Representaciones Farmacéuticas Sinergium S.A., esta Sala señaló lo siguiente:

 

“…La motivación de la sentencia se encuentra constituida por el conjunto de razonamientos lógicos contenidos por el juez al analizar los hechos alegados y probados por las partes y subsumirlos en las normas y principios  jurídicos que considera aplicables al caso. El cumplimiento de este requisito es necesario para que las partes puedan comprender las razones del fallo y en caso de desacuerdo, demandar el control de la legalidad de lo decidido mediante el ejercicio de los recursos pertinentes.

Por ello, la doctrina de la Sala ha venido considerando como uno de los supuestos de inmotivación del fallo los pronunciamientos antagónicos emitidos por el juez sobre un mismo aspecto de la controversia, pues en razón de su manifiesta falta de concordancia lógica sería imposible determinar si sobre tal aspecto el juez aplicó correctamente las normas de derecho, y por consiguiente si el dispositivo de la decisión está ajustado a la ley…”.

 

                 

                  Asimismo la Sala ha expresado que “...el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exigüos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”. (Vid. Sent. Nº 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro).

 

                   En el presente caso, los formalizantes sostienen que la sentencia recurrida adolece del vicio de inmotivación por contener en su texto razones que se destruyen las unas a las otras por ser contradictorias, pues el juez superior le atribuyó una determinada carga probatoria al actor y al mismo tiempo señaló que la parte actora no tenía carga probatoria.

 

                   La sentencia recurrida expresó lo siguiente:

 

“...Bajo el alegato de que en cada una de las Asambleas no de (sic) discutió el “proyecto” al cual se hacía referencia en las Convocatorias, sino una propuesta presentada, en el mismo momento de esas reuniones, por el Presidente de la empresa, el Dr. José Román León. Además, que en la Asamblea extraordinaria de accionistas de Papeles Venezolanos, C.A., celebrada el 27 de Noviembre de 1995, se hizo una oferta pública de acciones que no estaba prevista en la convocatoria, al permitir que compañías que no eran accionistas, como Blue Ocean Inc. y Silvertown Interprises Inc., suscribieran la parte del aumento de capital que no fue adquirido por los accionistas mayoritarios asistentes. Y que en la Asamblea del 27 de Noviembre de 1995, se aprobó algo distinto a un aumento de capital.

...Omissis…

Igualmente del acta se observa que la asamblea del 10 de julio de 1996, deliberó sobre un aumento de capital, empero no menciona si esto se hace conforme al proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas. Distintamente, en el acta aparece que se discute lo que planteó el Presidente, Dr. José Román León y es su propuesta la que al final se aprueba por la asamblea. Igualmente, se delibera y vota favorablemente el pago de una prima al capital que vendría reflejada no en el monto resultante de las acciones suscritas por quienes la aporten, sino en el patrimonio de la compañía; y eso no formaba parte de la convocatoria la cual se refería a un aumento de capital conforme a un proyecto. Una prima al capital que aumenta el patrimonio de la empresa no es un aumento de capital social de la compañía, cuestión que estaba fuera del objeto de la asamblea según se indicó en la misma convocatoria.

No obstante, la demandada expresamente rechazó estos motivos de nulidad, al afirmar la existencia de tales proyectos y que la propuesta del Presidente de la compañía coincidía exactamente con el tenor del mismo. Sus alegaciones obligan al Tribunal a las siguientes consideraciones:

De los alegatos hechos valer por las partes, este Tribunal Superior considera que la distribución de la carga de la prueba se dirigía entonces, conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, para el actor, en la demostración de que las mencionadas asambleas no habían deliberado conforme lo dispuesto en la convocatoria y por lo tanto procedía la nulidad, y para el demandado, lo contrario, es decir, demostrar que las asambleas sí habían cumplido con el objeto de la convocatoria, esto es que deliberaron y decidieron conforme a lo que en ellas se había estipulado.

No comparte este Juzgador la afirmación de la parte demandada hecha en sus informes ante esta Alzada, en el sentido de que la parte actora no había demostrado la inexistencia de tales proyectos o, en todo caso, que lo deliberado en la asamblea no se correspondía con tales proyectos. La actividad probatoria de la parte actora se satisface con su simple manifestación de inconformidad, pues la inexistencia es una negación indefinida que no tiene carga probatoria. La prueba de la existencia de los proyectos y de su conformidad correspondía a la parte demandada”.

 

 

                   De la precedente transcripción de la sentencia esta Sala constata que el juez superior no se contradijo en las razones que expuso con respecto al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   En efecto, luego de señalar los alegatos de las partes estableció en conformidad con el artículo 506 del mencionado Código que a la parte demandante correspondía “demostrar que las mencionadas asambleas no habían deliberado conforme a lo dispuesto en la convocatoria y por lo tanto procedía la nulidad” y que la parte demandada debía demostrar “que las asambleas sí habían cumplido con el objeto de la convocatoria, esto es que deliberaron y decidieron conforme a lo que en ellas se había estipulado”. Posteriormente, el sentenciador resolviendo uno de los alegatos de la parte demandada presentada en los informes, confirmó la distribución de la carga de la prueba que había establecido al analizar los alegatos de las partes, y afirmó nuevamente que la carga de la prueba de la actora consistía en demostrar su “inconformidad”, es decir que las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 no habían deliberado conforme a lo dispuesto en la convocatoria y la de la parte demandada consistía en demostrar que en esas asambleas sí se deliberó conforme a lo dispuesto en la convocatoria.

 

                   Por tanto, el juez de alzada no se contradijo cuando distribuyó la carga de la prueba, en el sentido de establecer una carga para la parte demandante y simultáneamente señalar que carecía de carga de la prueba, como alegan los formalizantes en la presente denuncia, sino que contrariamente a lo denunciado, el juez superior además de establecer la carga de la prueba de la actora, la confirma nuevamente al resolver una de las defensas presentadas por la parte demandada en los informes, como ya esta Sala lo mostró.

 

 

                   Por esas razones se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

III

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción del artículo 243 ordinal 4° del mencionado Código por cuanto en la sentencia recurrida está presente el vicio de silencio parcial de pruebas.

 

                   Aducen los formalizantes que el juez de alzada obvió analizar las declaraciones de los testigos Simón Enrique Guevara y Carlos Enrique Tamayo.

 

                   Los formalizantes sostienen lo siguiente:

 

“...se evidencia del examen de las pruebas testificales que se mencionan en la recurrida... que el sentenciador de Alzada, obvió hacer siquiera una transcripción resumida de las declaraciones de los testigos Simón Enrique Guevara y Carlos Enrique Tamayo. Así, tenemos que al folio 330 y 331 de la recurrida textualmente se lee:…

...Omissis…

Se evidencia del examen que la recurrida hizo del primer testigo, que el sentenciador de Alzada no hizo ni remotamente una breve transcripción ni un resumen de las preguntas, repreguntas y correspondientes respuestas. Simplemente se limitó a referirse de manera superficial y genérica al contenido de algunas pocas preguntas con una breve mención a una respuesta de una repregunta. No puede ser considerado válido el que se señale de forma genérica que de las respuestas a cuatro preguntas, se evidencia un hecho determinado sin que dichas preguntas y sus respuestas hayan sido siquiera transcritas o resumidas. No se pide que se transcriba toda el acta testifical, pero si el Tribunal de Alzada hizo referencia a hechos que quedan demostrados de ciertas preguntas y respuestas, al menos esas sí deben transcribirse. Tampoco puede aceptarse como válido que la presunción a la que llega el Tribunal de Alzada se vea reforzada con la respuesta a la repregunta séptima, cuando no siquiera se transcribe esa sola repregunta con su respuesta.

Aún más, es evidente que las únicas preguntas, repreguntas y respuestas que fueron en cierto modo mencionadas en el acta (más no transcritas), son aquellas que en criterio de la recurrida demuestran el interés del testigo en las resultas del juicio. Ahora bien, conforme a la doctrina de esta Sala que citábamos anteriormente, ello está prohibido porque el sentenciador no debe examinar sólo aquellas preguntas y respuestas que se acomodan a una determinada resolución de la controversia de hecho, sino que por el contrario éste debe examinar globalmente toda la prueba.

Con respecto a la testimonial del ciudadano Carlos Enrique Tamayo, tenemos que al folio 332 y 333 de la recurrida textualmente se lee:…

...Omissis…

En el presente caso, la recurrida incurre en los mismos vicios en que incurrió en el examen de la primera testimonial, pero esta vez, de una manera más pronunciada y latente, toda vez que en el examen de esta testimonial ni siquiera se hicieron referencias superficiales a las preguntas, repreguntas o respuestas en cuestión. El Juez se limitó a señalar que del conjunto de preguntas, repreguntas y respuestas se evidenciaban ciertas presunciones y hechos, pero jamás hizo referencia a pregunta, repregunta o respuesta alguna en específico y mucho menos se hizo una transcripción siquiera resumida de los aspectos más relevantes del acta testifical. Finalmente, y al igual que el examen del testigo anterior, las únicas preguntas, repreguntas y respuestas que fueron en cierto modo mencionadas en el acta (más no transcritas), son aquellas que en criterio de la recurrida demuestran el interés del testigo en las resultas del juicio, lo cual ya hemos señalado acarrea la nulidad absoluta del fallo por no examinarse el acta testifical de una manera global.

En conclusión, resulta evidente que el fallo recurrido no se basta así mismo pues no contiene aunque sea un breve resumen o una mínima transcripción de las testimoniales evacuadas en el proceso, lo que obliga al lector a una revisión de las actas del expediente para constatar las declaraciones de los testigos. Por tal razón, y en armonía con la doctrina de esta Sala, se considera inmotivado el fallo que omite la transcripción de las testimoniales examinadas pues ello imposibilita un debido análisis que conlleve a la motivación para valorar dicha prueba. Igualmente, ha de señalarse que la inmotivación en que ha incurrido el Juzgado Superior ha incidido notablemente en el resultado del proceso al haberse desechado los testigos promovidos y evacuados por nuestra representada PAVECA, quiénes fueron promovidos para probar la improcedencia de los alegatos de la parte actora, respecto a la supuesta deliberación en las asambleas de accionistas tantas veces mencionadas, sobre un objeto distinto al señalado en sus respectivas convocatorias...”.

 

 

                   La Sala para decidir observa:

 

                   Los formalizantes denuncian el silencio parcial de la prueba testimonial por considerar que el juez de alzada no analizó en su totalidad las declaraciones realizadas por Simón Enrique Guevara y Carlos Enrique Tamayo. Esta delación la encauzan en un recurso por defecto de actividad, a pesar que la jurisprudencia vigente en esta Sala exige, para alegar un vicio de tal índole, que se formalice en un recurso por infracción de ley.

 

 

                   Así, en sentencia de fecha 21 de junio de 2000 (caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A.), la Sala señaló que la falta de valoración y examen de las pruebas por parte del sentenciador, constituye una infracción de la regla de establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil; violación que debe denunciarse con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, lo cual no ocurrió en el presente caso.

 

 

                   El anterior criterio fue ratificado por esta Sala en sentencia N° 00189 de fecha 11 de marzo de 2004, caso: Carlos Brito y Beatriz Amayo De Brito c/ Julian Orlando Hernández. Allí señaló lo siguiente:

 

“...A objeto de configurar la estructura de esta decisión, es necesario puntualizar que la doctrina sobre el vicio en cuestión (silencio de pruebas), había mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad, con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

De un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia, la Sala considera oportuno y necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba fue abandonada, y la nueva doctrina, establecida al respecto, ha sido considerada pedagógicamente con la intención de darle amplitud a los argumentos del criterio implantado, encaminado a consolidar la verdadera maximización y conceptualización de la ciencia del derecho, como fin perfeccionista de la reestructuración del Sistema Judicial, por lo cual en decisión de fecha 21 de junio de 2000, en el juicio seguido por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY, C.A., expediente N° 99-597, sentencia N° 204, se estableció a partir de esa data, que para que la Sala conozca una denuncia de esta naturaleza, la misma deberá ser fundamentada como infracción de ley, en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, es menester aclarar que la nueva doctrina, supra reseñada, debe ser aplicada al sub iudice, en virtud de que la admisión del recurso de casación bajo análisis, lo fue el 9 de junio de 2003, fecha evidentemente posterior a la sentencia que contiene el cambio de jurisprudencia acotado”. (Resaltado de la sentencia).

 

 

 

                   En consecuencia, se desecha la denuncia de infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por inadecuada fundamentación, y así se decide.

 

 

IV

 

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del mencionado Código por incongruencia negativa.

 

 

                   Sostienen los formalizantes que el juez superior no se pronunció sobre los alegatos expuestos en los informes que se presentaron en su oportunidad legal, referidos a la extemporaneidad de la evacuación de la prueba de construcción, experimento y experticia y su eficacia probatoria.

 

                   Alegan los formalizantes lo siguiente:

 

“...Es el caso, ciudadanos Magistrados, que a pesar de que la propia recurrida hace referencia a los alegatos esgrimidos por nuestra representada en la evacuación de la referida prueba de reconstrucción, experimento y experticia, referentes a su tempestividad (extemporaneidad en la evacuación de la prueba) y eficacia probatoria, lo cierto es que tales alegatos no fueron decididos por el Juzgado de Primera Instancia en su sentencia definitiva del 10 de julio de 2002, así como tampoco fueron decididos por el sentenciador de Alzada en el fallo recurrido ante esta Sala, a pesar de que dichos alegatos habían sido nuevamente ratificados en los informes presentados ante dicha Superioridad tal y como expresamente lo reconoce la recurrida.

Igualmente, queremos dejar claro que el sentenciador de la recurrida tampoco estaba impedido de pronunciarse sobre la tempestividad y eficacia probatoria de la prueba de reconstrucción, experimento y experticia en razón de que otro Juzgado Superior (el Tercero) hubiese declarado sin lugar la apelación de nuestra representada al auto del Juzgado de Primera Instancia que admitió dicha prueba pues, en todo caso, el Juzgado Superior que decidió sobre dicha apelación simplemente se limitó a señalar que se declaraba sin lugar la apelación al auto de admisión de pruebas y que por consiguiente la prueba de reconstrucción, experimento y experticia era legal y pertinente a la causa. Y es que el Juzgado Superior Tercero arriba mencionado, sólo se pronunció en torno a la legalidad y pertinencia de dicha prueba, mas no respecto a la tempestividad de su evacuación y su capacidad probatoria...

...Omissis…

...resulta obvio que al sentenciador de la recurrida le estaba vedado pronunciarse sobre la admisibilidad de dicha prueba de reconstrucción, experimento y experticia por razones de ilegalidad o impertinencia, toda vez que ello ya había sido decidido por otro Juzgado de igual jerarquía, sin embargo, dicha circunstancia no le impedía pronunciarse sobre la extemporaneidad y eficacia probatoria de dicha prueba, lo cual había sido alegada por nuestra representada en Primera y Segunda Instancia, no obstante, el fallo recurrido ni siquiera mencionó o analizó los alegatos de nuestra representada sobre estos particulares. Aunado a todo lo anterior, tenemos que dicha omisión influyó notablemente en el fallo recurrido, pues, de la evacuación extemporánea de dicha prueba de reconstrucción, experimento y experticia el sentenciador de Alzada sacó importantes elementos de convicción para declarar la nulidad de las asambleas de accionistas de PAVECA.

En conclusión, tenemos que la recurrida al no haber decidido sobre tales alegatos de índole procesal esgrimidos por nuestra representada PAVECA, y que la propia recurrida señaló habían sido oportunamente alegados por nuestra representada, quebrantó el requisito exigido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en el vicio de incongruencia negativa...”.

 

 

                   La Sala  para decidir observa:

 

                   Ha sido criterio reiterado de esta Sala, que cuando en los informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en la contestación pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida, el sentenciador está en el deber de pronunciarse expresamente sobre los mismos en su decisión, bajo pena de incurrir en incongruencia negativa.

 

                   En el presente caso, lo planteado se refiere a la omisión de pronunciamiento del Juez sobre el alegato hecho en los informes relativo a la presentación extemporánea y eficacia probatoria de una prueba por parte de la demandante referida a la reconstrucción, experimento y experticia, cuestión que no es posible determinar en un recurso de forma, por tratarse de un caso de prueba irregular que debe ser denunciado en un recurso de fondo, alegando la infracción de la respectiva regla de establecimiento de la prueba y expresando las razones que demuestren la influencia de la infracción en el dispositivo del fallo.

 

                   Sobre ese punto, esta Sala en sentencia N° 00308 de fecha 12 de abril de 2004, caso: Ricardo Ramón Schiavino Teran c/ Anaís Schiavino Teran, expresó lo siguiente:

 

“...En el presente caso, lo planteado se refiere a la omisión de pronunciamiento del Juez sobre la pretendida valoración indebida de una experticia grafotécnica evacuada en la jurisdicción penal e incorporada en el juicio mercantil, cuestión que no es posible determinar en un recurso de forma, por tratarse de un típico alegato de prueba irregular que debe ser denunciado en un recurso de fondo, mediante la denuncia de infracción de la respectiva regla de establecimiento de la prueba, y la expresión de las razones que demuestren la influencia de la violación en el dispositivo del fallo...”

 

 

                   Con fundamento al precedente jurisprudencial se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.

 

V

 

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del mismo Código por incongruencia positiva.

 

                   Aducen los formalizantes que el juez superior suplió un alegato de los expresados en la demanda, al señalar que la actividad probatoria de la actora se satisfacía con su simple manifestación de inconformidad, cuando tal alegato no fue expresado en el libelo por la parte actora.

 

                   Argumentan los formalizantes lo siguiente:

 

“...de autos se evidencia que la parte actora nunca alegó en su libelo de demanda la inexistencia de los proyectos antes referidos, sino que se limitó a indicar que en las mencionadas asambleas se había resuelto, supuestamente, sobre algo distinto a lo indicado en las respectivas convocatorias.

Del resumen que hace la propia sentencia recurrida de los argumentos en que la parte actora fundamenta su pretensión, se evidencia que esta última nunca alegó la inexistencia de los referidos proyectos. Por el contrario, es claro el sentenciador cuando señala que lo que realmente alegó la actora es que en las referidas asambleas de accionistas no se tomaron supuestamente en consideración, ni se discutieron, los referidos proyectos, lo cual no implica en forma alguna alegar su inexistencia.

...Omissis…

A pesar de lo anterior, el Tribunal de Alzada consideró que la actividad probatoria de la parte actora en lo que respecta al fondo de la controversia, se satisface con su simple manifestación de inconformidad con la existencia de los referidos proyectos, considerando el Tribunal que ello era una negación indefinida que no tenía carga probatoria. Sin embargo, lo cierto es que tal manifestación de inconformidad nunca fue expresada en el libelo de demanda, por lo que mal podía ser suplida por el sentenciador en su decisión de alzada, lo que no sólo implica una clara violación de lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 364 eiusdem, pues está alterando el establecimiento de los hechos en que quedó planteada la controversia, sino que ello se traduce en definitiva en una modificación de la carga probatoria de la parte actora.

Lo anterior ha producido efectos determinantes en el fallo, pues el Tribunal ha distribuido la carga de la prueba de las partes y ha analizado el cumplimiento de dicha carga, en base a un alegato que nunca fue presentado por la actora en su libelo de demanda.

Vista entonces la incongruencia positiva en que ha incurrido el Tribunal de Alzada en la sentencia recurrida, solicitamos respetuosamente se declare con lugar la presente denuncia”.

 

 

                   La Sala  para decidir observa:

 

                   En sentencia N° 00092 de fecha 12 de abril de 2005, caso: Heberto Atilio Yánez Echeto c/ Carlos Gerardo Velásquez Luzardo, esta Sala señaló lo siguiente:

 

“...el requisito de congruencia previsto en el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, impone al juez el deber de dictar decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, lo que constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil, igualmente manifestado en el artículo 12 eiusdem, de acuerdo con el cual el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

De esta forma, el juez debe dictar su decisión sin omitir alegato alguno (incongruencia negativa), ni respecto de hechos no formulados por las partes (incongruencia positiva), requisito este que la Sala ha extendido respecto de los argumentos expuestos en el escrito de informes, siempre que hubiesen sido de imposible presentación en el libelo y contestación, y resulten determinantes en la suerte de la controversia. (Sentencia de fecha 9 de septiembre de 2003, caso: Luis Armando Barrios Rodríguez y otra contra Franklin José Cedeño Díaz y otra, expediente N° 03-394)”.

 

 

 

                   En el presente caso, los formalizantes delatan la infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, porque el juez de alzada incorporó un hecho no alegado por la parte actora en su demanda, al señalar que la actividad probatoria de la demandante en lo que respecta al fondo de la controversia, se satisface con su simple manifestación de inconformidad con la existencia de los referidos proyectos, cuando tal manifestación de inconformidad no fue expresada en la demanda.

 

                   Al respecto la recurrida señaló:

 

“...La parte actora fundó su pretensión en los siguientes hechos

...Omissis…

Alegó que el 27 de Noviembre de 1995, se celebró una Asamblea Extraordinaria de Accionistas en las oficinas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS C.A., ...

Indicó que el día 10 de Julio de 1996, se celebró otra asamblea extraordinaria de accionistas en las oficinas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS, C.A., ...

...Omissis…

Solicitó también la nulidad de las dichas asambleas pues, según afirmó, en las convocatorias a ambas asambleas la Junta Directiva de la compañía expresó la intención de aumentar el capital social de la compañía, señalándose expresamente que ello se haría conforme a un proyecto que, según la misma convocatoria, se encontraba a disposición de los accionistas.

Pero que sin embargo, al confrontarse el texto de las convocatorias en lo que al punto del aumento de capital se refiere con el texto de las actas donde constan las deliberaciones y decisiones tomadas por los accionistas presentes en dichas asambleas, se puede apreciar que no se tomaron en consideración, ni se discutieron los mencionados Proyectos de la Junta Directiva que, según las convocatorias, estaban a disposición de los accionistas, limitándose a decidir la Asamblea sobre el aumento de capital de la compañía conforme a una propuesta hecha en el momento de la reunión por el Presidente de la Compañía, Dr. José Ramón León, lo cual no estaba, según la parte actora, dentro del objeto indicado en las convocatorias referidas.

...Omissis…

Concluyó que las Asambleas Extraordinarias de Accionistas celebradas el 27 de Noviembre de 1995 y el 10 de Julio de 1996, se efectuaron con infracción del artículo 277 del Código de Comercio, razón por la cual pide, en forma principal, que se declara nulidad absoluta de las citadas asambleas Extraordinarias de Accionistas de la empresa demandada, de las decisiones tomadas en dicha reunión, así como de las operaciones celebradas y ejecutadas al amparo de la misma...

...Omissis…

DE LAS NULIDADES DE LAS ASAMBLEAS POR INOBSERVANCIA DEL OBJETO DE LAS CONVOCATORIAS

...corresponde entonces el pronunciamiento al segundo planteamiento de nulidad de las asambleas del 27 de Noviembre de 1995 y 10 de Julio de 1996, por inobservancia del objeto de las convocatorias.

Bajo el alegato de que en cada una de esas Asambleas no de (sic) discutió el “proyecto” al cual se hacía referencia en las Convocatorias, sino una propuesta presentada, en el mismo momento de esas reuniones, por el Presidente de la empresa, el Dr. José Ramón León. Además, que en la Asamblea extraordinaria de accionistas de Papeles Venezolanos, C.A., celebrada el 27 de Noviembre de 1995 se hizo una oferta pública de acciones que no estaba prevista en la convocatoria, al permitir que compañías que no eran accionistas, como Blue Ocean Inc. y Silvertown Interprises Inc., suscribieran la parte del aumento de capital que no fue adquirido por los accionistas mayoritarios asistentes. Y que en la Asamblea del 27 de Noviembre de 1995, se aprobó algo distinto a un aumento de capital.

Para decidir al respecto esta Superioridad observa:

...Omissis…

De los alegatos hechos valer por las partes, este Tribunal Superior considera que la distribución de la carga de la prueba se dirigía entonces, conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, para el actor, en la demostración de que las mencionadas asambleas no habían deliberado conforme lo dispuesto en la convocatoria y por lo tanto procedía la nulidad, y para el demandado, lo contrario, es decir, demostrar que las asambleas sí habían cumplido con el objeto de la convocatoria, esto es que deliberaron y decidieron conforme a lo que en ellas se había estipulado.

No comparte este Juzgador la afirmación de la parte demandada hecha en sus informes ante esta Alzada, en el sentido de que la parte actora no había demostrado la inexistencia de tales proyectos o, en todo caso, que lo deliberado en la asamblea no se correspondía con tales proyectos. La actividad probatoria de la parte actora se satisface con su simple manifestación de inconformidad, pues la inexistencia es una negación indefinida que no tiene carga probatoria. La prueba de la existencia de los proyectos y de su conformidad correspondía a la parte demandada...” (Cursivas, negritas y subrayado de la sentencia recurrida).

 

 

                   De la precedente transcripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior determinó que de los alegatos hechos valer por las partes, la carga de la prueba de la parte actora consistía en demostrar que las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 no habían deliberado en conformidad con lo establecido en las convocatorias. Conclusión que reitera al resolver una de las defensas presentada por la parte demandada en los informes, cuando nuevamente consideró que la actividad probatoria de la actora se satisfacía con manifestar su inconformidad, esto es que en las mencionadas asambleas no se deliberó de acuerdo a las convocatorias.

 

                   Es evidente, que el formalizante pretende poner de manifiesto que el juez incurrió en un error al establecer las conclusiones jurídicas de los hechos afirmados en el libelo de forma diferente a la alegada por la actora, lo que en modo alguno constituye incongruencia, pues el juez sólo está atado por los hechos alegados, mas no respecto del derecho aplicable ni de la determinación de las consecuencias jurídicas previstas en la ley, por cuanto su deber es conocer el derecho, el cual debe aplicar con independencia de lo que al respecto hubiesen indicado las partes.

                   Ahora bien, si los formalizantes consideran que el juez de alzada incurrió en un error en su razonamiento al distribuir la carga de la prueba en conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, debieron entonces encauzar su denuncia mediante un recurso por infracción de ley y explicar en qué consistió la violación de esa norma por parte del juez.

 

                   En este orden de ideas, en la sentencia anteriormente citada de fecha 12 de abril de 2005, esta Sala indicó lo siguiente:

 

“...Estas consideraciones expuestas evidencian que los argumentos del formalizante no guardan relación con las normas cuya infracción es pretendida, pues lo sostenido por el formalizante es un error de razonamiento del juez, quien le atribuyó una carga no exigida en la ley, lo que en todo caso debe ser sostenido en el contexto de una denuncia de infracción de ley.

Aunado a ello, es oportuno advertir que el juez conoce el derecho y, por ende, en su interpretación y aplicación no está atado a lo sostenidos por las partes, pues su actuación sólo queda circunscrita por los hechos afirmados en los actos de determinación de la controversia, mas no respecto del modo o forma en que las partes consideran deben ser calificados y decididos por el juez...”

 

 

                   Por esas razones se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción del artículo 506 del mismo Código por error de interpretación.

 

                   Los formalizantes sostienen que el juez superior atribuyó a ambas partes la carga de demostrar un mismo hecho: si en las asambleas de fecha 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 se deliberó o no sobre un objeto distinto al establecido en las convocatorias respectivas, a pesar que la parte demandada rechazó genéricamente los alegatos de la actora y no opuso una verdadera excepción.

 

                   Los formalizantes aducen lo siguiente:

 

“...Es evidente que el Tribunal de Alzada le ha atribuido a ambas partes la carga de demostrar un mismo hecho, esto es, si en las asambleas de accionistas de PAPELES VENEZOLANOS C.A. de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, se deliberó o no sobre un objeto distinto al establecido en sus respectivas convocatorias. Con ello, el sentenciador ha considerado que la simple contradicción del demandado de las supuestas causales de nulidad alegadas por el actor en su libelo de demanda, le atribuye la carga de probar a su vez estas contradicciones.

Así, nos encontramos frente a una situación que nos lleva a un absurdo donde ambas partes deben probar un mismo hecho, a pesar de que una de ellas lo ha alegado, y la otra simplemente lo ha rechazado de forma genérica. No estamos frente a una situación donde el demandado ha propuesto una verdadera excepción, donde el actor le corresponde demostrar los elementos que fundamentan su pretensión, y al demandado un hecho totalmente distinto y que constituye su excepción. Por el contrario, lo que se ha producido en este caso es una simple negativa genérica por parte del demandado el cual únicamente ha negado, rechazado y contradicho las afirmaciones de hecho de la parte actora, referentes a la supuesta deliberación en las referidas asambleas de accionistas, sobre un objeto distinto al señalado en las respectivas convocatorias.

Sin embargo, el sentenciador ha interpretado que tanto el alegato formulado por la parte actora, como la simple contradicción genérica de ese mismo alegato por parte de la demanda (sic), cumplen el supuesto de hecho contemplado en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual ha decidido atribuirle a ambas partes la carga de demostrar un mismo hecho, como lo es, la deliberación o no en las referidas asambleas, sobre un objeto distinto al establecido en sus correspondientes convocatorias.

...Omissis…

...cuando el demandado no se limita a una contradicción pura y simple de los alegatos del actor, nace en cabeza del demandado la carga de demostrar, no el mismo hecho que ha sido alegado por el actor, sino las excepciones que pretenden desvirtuar el fundamento de su demanda, las cuales constituyen afirmaciones de hecho distintas a las establecidas en el libelo de demanda.

De allí que no pueden coincidir ambas partes en la prueba de un mismo hecho. Es por ello que, la doctrina nacional e internacional han desarrollado extensamente el principio del desplazamiento de la carga de la prueba... para determinar en un momento dado y conforme a los respectivos alegatos de las partes, a cuál de ellos le corresponde la carga de la prueba, pues es claro y ello debe constituir hasta una máxima de experiencia, que ambos no pueden tener una carga probatoria que verse sobre un mismo hecho.

...Omissis…

...es evidente que la recurrida plantea que la falta de prueba de tales hechos perjudica a ambas partes, pues ambas tienen la carga de demostrar un mismo hecho...

Es claro que el supuesto de hecho del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, plantea que sólo el actor en este caso tenía la carga demostrar (sic) que en las referidas asambleas de accionistas se había deliberado sobre un objeto distinto al señalado en sus respectivas convocatorias, vista la contradicción pura y simple de dicha afirmación de hecho, planteada por la demandada en su contestación a la demanda, pudiéndose en todo caso desplazarse (invertirse) la carga de la prueba, si el demandado hubiere alegado afirmaciones de hecho que produjeran dicho desplazamiento. Ahora bien, lo que sí resulta absolutamente claro, es que en ningún caso plantea el referido artículo 506, atribuirle a ambas partes la misma carga probatoria, lo que demuestra error de interpretación en que ha incurrido el Tribunal de Alzada respecto al contenido y alcance del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, y así solicitamos sea declarado.

Es evidente también, que este error de interpretación del supuesto de hecho contemplado en dicho Artículo 506 del Código de Procedimiento, tiene una influencia determinante en la sentencia, a pesar de ser dicha norma de naturaleza procesal o adjetiva pues, al atribuirle incorrectamente la carga de la prueba a una de las partes, el Juez ha errado también en la valoración de las pruebas promovidas y evacuadas por las partes en el proceso, lo cual lo ha conllevado forzosamente a un error en el silogismo de la sentencia y, por tanto, a un error en la conclusión...”

 

                   La Sala para decidir observa:

 

                   Los formalizantes denuncian la infracción del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil por error de interpretación por parte del juez superior, por cuanto atribuyó a ambas partes la carga de probar un mismo hecho, a pesar que la contestación de la demanda consistió en un rechazo en términos genéricos y no se opuso alguna excepción.

 

                   La sentencia recurrida expresó lo siguiente:

 

“...La parte actora fundó su pretensión en los siguientes hechos:

...Omissis…

Alegó que el 27 de Noviembre de 1995, se celebró una Asamblea Extraordinaria de Accionistas en las oficinas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS C.A. ...

Indicó que el día 10 de Julio de 1996, se celebró otra asamblea extraordinaria de accionistas en las oficinas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS C.A. ...

...Omissis…

Solicitó también la nulidad de las dichas asambleas pues, según afirmó, en las convocatorias a ambas asambleas la Junta Directiva de la compañía expresó la intención de aumentar el capital social de la compañía, señalándose expresamente que ello se haría conforme a un proyecto que, según la misma convocatoria, se encontraba a disposición de los accionistas.

Pero que sin embargo, al confrontarse el texto de las convocatorias en lo que al punto del aumento de capital se refiere con el texto de las actas donde consta las deliberaciones y decisiones tomadas por los accionistas presentes en dichas asambleas, se puede apreciar que no se tomaron en consideración, ni se discutieron los mencionados Proyectos de la Junta Directiva que, según las convocatorias, estaban a disposición de los accionistas, limitándose a decidir la Asamblea sobre el aumento de capital de la compañía conforme a una propuesta hecha en el momento de la reunión por el Presidente de la Compañía, Dr. José Román León, lo cual no estaba, según la parte actora, dentro del objeto indicado en las convocatorias referidas.

Además, alegó que en la convocatoria para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PAPELES VENEZOLANOS, celebrada el 10 de Julio de 1996, no se contempló un aporte especial pagadero en dinero en efectivo por parte de los accionistas, a los fines de que formara parte integrante del patrimonio de la compañía, como el que en efecto se discutió y aprobó, estando esto fuera de su objeto.

Igualmente, afirmó que lo sucedido en la asamblea extraordinaria de accionistas de PAPELES VENEZOLANOS C.A. celebrada el 27 de Noviembre de 1995, fue una oferta pública de acciones que no estaba prevista en la convocatoria, al permitir que las compañías Blue Ocean Inc. y Solvertown Interprises Inc. suscribieran la parte del aumento de capital que no fue adquirido por los accionistas mayoritarios asistentes.

Concluyó que las asambleas Extraordinarias de Accionistas celebradas el 27 de Noviembre de 1995 y el 10 de Julio de 1996, se efectuaron con infracción del artículo 277 del Código de Comercio, razón por la cual pide, en forma principal, que se declare la nulidad absoluta de las citadas asambleas Extraordinarias de Accionistas de la empresa demandada, de las decisiones tomadas en dicha reunión, así como de las operaciones celebradas y ejecutadas al amparo de la misma.

...Omissis…

Posteriormente, mediante escrito de fecha 3 de Diciembre de 1998, la parte demandada dio contestación a la demanda, en los siguientes términos:

...Omissis…

Negó que en las asambleas de Accionistas celebradas el 27 de Noviembre de 1995 y 10 de Julio de 1996, se haya deliberado sobre hechos distintos a los señalados en sus respectivas convocatorias, en el sentido de que no entraron a considerar el proyecto de aumento de capital elaborado por la Junta Directiva, y que dichos proyectos estuvieron a la orden de los accionistas en la sede de las oficinas de Papeles Venezolanos, C.A., y que su contenido se corresponde íntegramente con la propuesta hecha en dichas asambleas por el Presidente de la Compañía, Dr. José Román León.

Rechazó que en la asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 27 de Noviembre de 1995 se haya efectuado una oferta pública de acciones a terceros y que el actor desconoce la diferencia existente entre un aumento de capital y una oferta pública de acciones.

Negó que su representada haya omitido los proyectos cuya existencia fue anunciada para las asambleas de fecha 27 de Noviembre de 1995 y 10 de Julio de 1996 y, asimismo, rechazó que en dichas Asambleas se haya hecho algo completamente ajeno a dichos proyectos...

...Omissis…

...corresponde entonces el pronunciamiento al segundo planteamiento de nulidad de las asambleas del 27 de Noviembre de 1995 y 10 de Julio de 1996, por inobservancia del objeto de las convocatorias.

Bajo el alegato de que en cada una de esas Asambleas no de (sic) discutió el “proyecto” al cual se hacía referencia en las Convocatorias, sino una propuesta presentada, en el mismo momento de esas reuniones, por el Presidente de la empresa, el Dr. José Román León. Además, que en la Asamblea extraordinaria de accionistas de Papeles Venezolanos, C.A., celebrada el 27 de Noviembre de 1995, se hizo una oferta pública de acciones que no estaba prevista en la convocatoria, al permitir que compañías que no eran accionistas, como Blue Ocean Inc. y Silvertonw Interprises Inc., suscribieran la parte del aumento de capital que no fue adquirido por los accionistas mayoritarios asistentes. Y que en la Asamblea del 27 de Noviembre de 1995, se aprobó algo distinto a un aumento de capital.

...Omissis…

En relación con la asamblea de accionistas de fecha 10 de julio de 1996, impugnada por similar razón...

No obstante, la demandada expresamente rechazó estos motivos de nulidad, al afirmar la existencia de tales proyectos y que la propuesta del presidente de la compañía coincidía exactamente con el tenor del mismo. Sus alegaciones obligan al Tribunal a las siguientes consideraciones:

De los alegatos hechos valer por las partes, este Tribunal Superior considera que la distribución de la carga de la prueba se dirigía entonces, conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento, para el actor, en la demostración de que las mencionadas asambleas no habían deliberado conforme lo dispuesto en la convocatoria y por lo tanto procedía la nulidad, y para el demandado, lo contrario, es decir, demostrar que las asambleas sí habían cumplido con el objeto de la convocatoria, esto es que deliberaron y decidieron conforme a lo que en ellas se había estipulado.

No comparte este Juzgador la afirmación de la parte demandada hecha en sus informes ante esta Alzada, en el sentido de que la parte actora no había demostrado la inexistencia de tales proyectos o, en todo caso, que lo deliberado en la asamblea no se correspondía con tales proyectos. La actividad probatoria de la parte actora se satisface con su simple manifestación de inconformidad, pues la inexistencia es una negación indefinida que no tiene carga probatoria. La prueba de la existencia de los proyectos y de su conformidad correspondía a la parte demandada”. (Cursivas y subrayado de la sentencia recurrida).

 

 

                   Consta de la sentencia recurrida que el actor solicitó “la nulidad de las dichas asambleas pues, según afirmó, en las convocatorias a ambas asambleas la Junta Directiva de la compañía expresó la intención de aumentar el capital social de la compañía, señalándose expresamente que ello se haría conforme a un proyecto que, según la misma convocatoria, se encontraba a disposición de los accionantes. Pero que sin embargo, al confrontarse el texto de las convocatorias en lo que al punto del aumento de capital se refiere con el texto de las actas donde consta las deliberaciones y decisiones tomadas por los accionistas presentes en dichas asambleas, se puede apreciar que no se tomaron en consideración, ni se discutieron los mencionados Proyectos de la Junta Directiva que, según las convocatorias, estaban a disposición de los accionistas, limitándose a decidir la Asamblea sobre el aumento de capital de la compañía conforme a una propuesta hecha en el momento de la reunión por el Presidente de la Compañía, Dr. José Ramón León, lo cual no estaba, según la parte actora, dentro del objeto indicado en las convocatorias referidas ” y la parte demandada “Negó que en las asambleas de Accionistas celebradas el 27 de Noviembre de 1995 y 10 de Julio de 1996, se haya deliberado sobre hechos distintos a los señalados en sus respectivas convocatorias, en el sentido de que no entraron a considerar el proyecto de aumento de capital elaborado por la Junta Directiva, y que dichos proyectos estuvieron a la orden de los accionistas en la sede de las oficinas de Papeles Venezolanos, C.A., y que su contenido se corresponda íntegramente con la propuesta hecha en dichas asambleas por el Presidente de la Compañía, Dr. José Ramón León”.

 

                   Asimismo, se desprende que el juez superior determinó que “la distribución de la carga de la prueba se dirigía entonces, conforme al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, para el actor, en la demostración de que las mencionadas asambleas no habían deliberado conforme a lo dispuesto en la convocatoria y por lo tanto procedía la nulidad, y para el demandado, lo contrario, es decir, demostrar que las asambleas sí habían cumplido con el objeto de la convocatoria, esto es que deliberaron y decidieron conforme a lo que en ellas se había estipulado”.

 

                   Ahora bien, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

“Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación...”.

 

 

                   Al respecto, en sentencia N° 170 de 26 de junio de 1991, caso: Roberto Cordero Torres c/ Guido Leopardi D’ Amato y otros, esta Sala señaló lo siguiente:

 

“...Reus in exceptione fit actor...” se refiere a una actitud específica del demandado. En efecto, el reo puede adoptar distintas posiciones frente a las pretensiones del actor, a saber:

a) Convenir absolutamente o allanarse a la demanda. El actor queda exento de prueba.

b) Reconocer el hecho, pero atribuyéndole distinto significado jurídico. Toca al Juez “decir” el derecho.

c) Contradecir o desconocer los hechos, y por tanto, los derechos que de ellos deriven. El actor corre con toda la carga de la prueba y de lo que demuestre en el proceso depende el éxito y el alcance de sus pretensiones.

d) Reconocer el hecho con limitaciones, porque opone al derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo. Al reo le corresponde probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas...”.

 

 

                   En ese orden de ideas, en sentencia N° 00193, de 25 de abril de 2003, caso: Dolores Morante Herrera c/ Domingo Antonio Solarte y Ángel Emiro Chourio, esta Sala indicó:

 

 

“...En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. De allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. A: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

Apliquemos los anteriores conceptos al caso de autos: en su libelo, el actor relata, discriminado período por período, los frutos civiles que debieron producir los semovientes embargados; les atribuye una valoración económica, y solicita la correspondiente rendición de cuentas, directamente al depositario judicial de los mismos; e indirectamente, al “depositario de hecho o custodio”, porque fue la persona que siempre tuvo la posesión de los semovientes desde el propio instante de la práctica de la medida cautelar de embargo. Los demandados, por su parte, comienzan su defensa por negar y contradecir todos y cada uno de los hechos afirmados por el actor; y luego, exponen una suerte de rendición de cuentas, a la cual no acompañan los libros, documentos, comprobantes y papeles necesarios para formarlas. Objetada la cuenta, el juez ordena, como era de derecho, una experticia. Consignada la cuenta formada por los expertos, la actora le formula nuevas observaciones; y tanto los expertos como los demandados presentan, aquellos una aclaración a su informe y éstos una defensa de la cuenta presentada por los expertos. La jurisprudencia de la casación, considerando la distinta posición del demandado en particular, ha interpretado la máxima reus in exceptione fit actor, y acoge la doctrina generalmente aceptada de cuando el demandado no se encierra en la pura negación de las pretensiones, sino que expone razones de hecho para discutirlas, adopta en el proceso una actitud dinámica, y la contienda procesal se desplaza de la pretensión, a las razones que la enervan, y el riesgo de la falta de pruebas también se desplaza, porque el actor no tiene que probar nada, puesto no es de la realidad de su pretensión de lo que se trata, sino de las razones contendientes de aquellas (GF. N° 17 (2° etapa) p 63).

Esta última actitud dinámica del demandado fue realmente lo que aconteció en el caso de autos, pues no se limitó a la contradicción pura y simple de la pretensión, sino que expuso discriminadamente razones de hecho para discutirlas, en cuyo hipótesis, de acuerdo a lo precedentemente expuestos, asumió la carga de la prueba, sobre todo porque expuso entre esas razones hechos impeditivos, modificativos y hasta extintivos del derecho del actor en solicitar una rendición de cuentas. A esta problemática alude el fallo recurrido, quizá con alguna impropiedad en las distintas locuciones empleadas, pero la sentencia, al fin y al cabo, no es un grave tratado de lexicología jurídica, sino una simple aproximación a lo que realmente aconteció. Por tanto, no yerra la recurrida cuando afirma que en esta fase del juicio de cuentas, el demandado asume una posición dinámica, porque ciertamente debe presentar la cuenta y acompañarla de los libros, documentos, comprobantes y papeles necesarios para formarla, con el fin de que al examinarla el actor esté en condiciones de aprobarla o disentir de ella. Desde antaño se ha expresado, quien quiera que siente como base de su demanda o excepción la afirmación o la negación de un hecho, tiene la carga de suministrar la prueba de su existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración la demanda o la excepción no resulta fundada (GF. N° 20, 2° etapa. p 128). Por lo demás, la unión de las dos reglas sobre la distribución de la prueba en el artículo 506 (el encabezamiento y a renglón seguido el contenido del artículo 1.354 del Código Civil), no era necesaria, pues la del código (sic) civil (sic) está comprendida o implícita en la regla general consagrada en el encabezamiento del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas, se desecha la denuncia examinada en este capítulo.

 

 

                   Los anteriores criterios invocados fueron ratificados en sentencia N° 00091 de 12 de abril de 2005, caso: Pedro Antonio Cova Orsetti, c/ Domingo Pereira Silva y Gladys Del Carmen Parra, en la que esta Sala expresó que “Esta norma regula la distribución de la carga de la prueba, correspondiéndole al actor probar los hechos constitutivos y al demandado probar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos”.

 

 

                   De esa manera en conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, y el desarrollo jurisprudencial de esa norma, quien tiene el interés de afirmar un hecho tiene la carga de probarlo, esto es, al actor corresponde probar los hechos constitutivos y al demandado corresponde probar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos que haya alegado. Claro, puede darse el caso, como lo señala la jurisprudencia anteriormente citada, en la que el demandado se limita a una simple negación de las afirmaciones del actor, situación en la que corresponde al actor toda la carga de la prueba.

 

                   En el caso bajo estudio y de acuerdo a los alegatos de las partes narrados por el juez superior, la parte actora adujo que en las mencionadas asambleas se deliberó sobre asuntos distintos a los expresados en los proyectos y la parte demandada negó, rechazó y contradijo todo lo alegado por la parte actora, esto es, negó que en las asambleas de accionistas se haya deliberado sobre hechos distintos a los señalados en sus respectivas convocatorias, en el sentido de que no entraron a considerar el proyecto de aumento de capital elaborado por la Junta Directiva, y que dichos proyectos estuvieron a la orden de los accionistas en la sede de la compañía, y además refirió que su contenido se corresponde íntegramente con la propuesta hecha en dichas asambleas por el Presidente de la empresa.

 

                   En otras palabras, de los hechos establecidos por el sentenciador se evidencia que la actora afirmó que en las mencionadas asambleas se deliberó sobre asuntos distintos a los expresados en los proyectos y la parte demandada lo negó, rechazó y lo contradijo. De esa forma, según el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia anteriormente citada, ante la negación que hace el demandado de la afirmación de la parte demandante, corresponde al actor la carga de la prueba y no a la parte demandada.

 

                   Por consiguiente, cuando el juez de alzada atribuyó a ambas partes la carga de probar sus afirmaciones de hecho, a  pesar que la parte demandada sólo negó, rechazó y contradijo la afirmación de la actora, erró en la interpretación del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   No obstante, ese error de interpretación no es determinante en el dispositivo del fallo, toda vez que el juez superior expresó otras razones para declarar la nulidad absoluta de las asambleas extraordinarias realizadas los días 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996.

 

                   En efecto, el sentenciador también expresó:

 

“… del texto del documento constitutivo del acta, se lee … Es decir, se habla de una propuesta del Presidente y no aquella que debería estar contenida en el proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas.

A mayor abundamiento señala el acta: …

La apreciación del acta en su totalidad induce entonces la conclusión de que en la Asamblea de Accionistas del 27 de noviembre de 1995, los presentes no tomaron en cuenta ni deliberaron realmente conforme al proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas, sino respecto de una proposición del Presidente de la Asamblea y de la misma Compañía demandada

En relación con la Asamblea de accionistas de fecha 10 de julio de 1996…

De dicho documento se desprende que en fecha 10 de julio de 1996 se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PAPELES VENEZOLANOS C.A. En dicha reunión estuvieron presentes, según el documento, los Directores José Román León, Fernando Tamayo D., Gustavo Tamayo D., Fernando Tamayo L., Andrés mata Osorio, Francisco L. Paz Parra, Donald A. Nelson, Lino Ferraguti, Gonzalo Alvarez, Torbjon Lovas, Juan A. Nelson L., así como los señores Carlos E. Tamayo D. y Simón Guevara C. Consta que el Dr. José Román León presidió la sesión y el Dr. Francisco Paz Parra actuó como Secretario de la misma. Igualmente, que el Sr. Simón Guevara C. representó a Blue Ocean Holdings C.A. titular de 7.070.676 y  a Blue Ocean Inc., titular de 71.957.356. Por su parte, Carlos E. Tamayo, representó al Sindicato Tamayo, S.A., titular de 2.594.687 y a Silvertown Enterprises, Inc., titular de 23.978.643.

Aparece en el acta de dicha asamblea la convocatoria a la reunión, publicada en el diario “La Religión” de fecha 03 de julio de 1996, de la cual se puede extraer, en lo que interesa a la presente controversia, el punto tercero del día: 3) Decidir sobre el aumento de capital de la Compañía, según el proyecto que se encuentra a las órdenes de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía. Caracas, 3 de julio de 1996 …

Conforme al tercer punto antes citado, se observa que los accionistas fueron convocados para deliberar sobre un aumento de capital, según un proyecto que, dice el texto, estaba a disposición de los accionistas. Sin embargo en el acta de la mencionada asamblea se expresa … Nuevamente, surge la duda si el Sr. León estaba haciendo la propuesta conforme al proyecto mencionado en la convocatoria, o se trataba de una propuesta personal en su condición de Presidente de la Asamblea y también de la Compañía. El acta bajo análisis muestra que los “accionistas unánimemente aprobaron la propuesta del Presidente de la Compañía” y en consecuencia, acordaron suscribir y pagar en su totalidad Diez Millones Quinientas Sesenta y Tres Mil Trescientas Ochenta (10.563.380) acciones nominativas de Bolívares Diez (10,00) cada una y de pagar como prima de capital la cantidad de Seis Mil Novecientas Cuarenta y Cuatro Millones Trescientas Sesenta y Seis Mil Doscientos Bolívares (Bs. 6.944.366.200) en las proporciones siguientes…

Esto es, que los accionistas presentes discutieron y aprobaron una propuesta personal hecha por el Presidente de la Junta Directiva, el Dr. León y no lo que debía estar en un proyecto que se había puesto a disposición de los accionistas por la Junta Directiva para su deliberación en la asamblea, según la convocatoria.

Igualmente del acta se observa que la asamblea del 10 de julio de 1996, deliberó sobre un aumento de capital, empero no menciona si esto se hace conforme al proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas. Distintamente, en el acta aparece que se discute lo que planteó el Presidente, Dr. José Román León y es su propuesta la que al final se aprueba por la asamblea. Igualmente, se delibera y vota favorablemente el pago de una prima al capital que vendría reflejada no en el monto resultante de las acciones suscritas por quienes la aporten, sino en el patrimonio de la compañía; y eso no formaba parte de la convocatoria la cual se refería a un aumento de capital conforme a un proyecto. Una prima al capital que aumenta el patrimonio de la empresa no es un aumento de capital social de la compañía, cuestión que estaba fuera del objeto de la asamblea según se indicó en la misma convocatoria.

…Omissis…

En su escrito de promoción de pruebas, la parte demandada acompañó dos documentos identificados como los “proyectos de aumento de capital” que afirmó como emitidos por la Junta Directiva de Papeles Venezolanos C.A. …

Dichos documentos fueron impugnados por la parte actora el 09 de febrero de 1999, quien alegó… que los elaboró y firmó en momento distinto de los que en cada uno de ellos se señala…

…Omissis…

Igualmente, el hecho que el apoderado de la empresa haya comparecido y no el Presidente de la misma, cuando su colaboración no se pedía en condición de tal sino como el suscriptor del documento y Presidente de la empresa demandada, constituye un indicio grave de la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria y omitidos en su discusión en las asambleas impugnadas, como lo afirma parte actora.

A mayor abundamiento, estos indicios no son los únicos que conducirían al Tribunal a esta conclusión, pues de los mismos documentos presentados como proyectos por la parte demandada marcados “E” y “F” no se observan que hayan sido de alguna manera recibidos por los accionistas. No hay signo o señal de que eso haya ocurrido. Se trata de documentos que emanan de la parte demandada, pero como su discusión y hasta existencia se discute en este proceso, era necesaria la prueba de ambos extremos. En este mismo sentido, no se observa tampoco en las actas de las asambleas cuestionadas que dichos proyectos hayan sido agregados o acompañados a algún cuaderno de comprobantes o se haya decretado su archivo, es decir, no se puede saber de las mismas cuál fue el destino de esos proyectos, lo cual no es usual en este tipo de grandes empresas cuyo registro documental es normalmente minuciosos. Esta rara omisión, concatenada con los puntos anteriores, siembra la duda a esta Alzada en el sentido de que los citados proyectos no fueron presentados a las asambleas de accionistas.

…Omissis…

Del análisis de los elementos probatorios cursantes en las actas, individualmente considerados y puestos ahora en su conjunto, se puede apreciar que el actor cumplió con su carga de la prueba o lo que es lo mismo su actividad probatoria estuvo encaminada a demostrar de manera clara los hechos en que fundamentó su acción los cuales se encuentran plasmados en su libelo; es decir, esta Alzada observa que existe una notable diferencia entre el objeto de las controversias –para la celebración de las asambleas fechadas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996- y la voluntad y manifestación personal de quien funge como presidente de la compañía hoy demandada. Igualmente acierta el A-quo al atribuirle efectos confirmatorios de un hecho existente a un documento que había quedado claramente incluido en el proceso como consecuencia de la resistencia del representante legal de la accionada de evacuar la prueba, hecho suficientemente analizado en el texto del presente fallo. En conclusión, resulta comprobado que las asambleas extraordinarias de accionistas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS C.A.; de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, adolece de nulidad absoluta por cuanto no se respetaron los derechos de los accionistas a estar informados conforme a lo preceptuado en el artículo 277 del Código de Comercio, y así se decide…”. (Mayúsculas, subrayado y cursivas del texto).

 

 

 

                   De la precedente transcripción parcial de la sentencia, se desprende que el sentenciador expresó varias razones para declarar la nulidad de las asambleas mencionadas. En efecto, el juez superior señaló, entre otras, que del análisis de las actas de la asambleas se evidencia que en éstas se discutieron asuntos distintos  a los indicado en la convocatoria; asimismo, el juez de alzada consideró que del examen de las actas “surge la duda si el Sr. Leòn estaba haciendo la propuesta conforme al proyecto mencionado en la convocatoria, o se trataba de una propuesta personal en su condición de Presidente de la Asamblea y también de la Compañía”. También el juez determinó del análisis de las actas que los accionistas presentes en las asambleas discutieron y aprobaron una propuesta personal hecha por el Presidente de la Junta Directiva, el Dr. León y no la contenida en el proyecto que se había puesto a disposición de los accionistas.

 

                   En ese mismo orden de ideas, el sentenciador determinó que no consta que los proyectos hayan sido recibidos por los accionistas, tampoco se observa que hayan sido agregados o que acompañen a algún cuaderno de comprobantes.

 

                   Por esas razones se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

II

 

                   La Sala acumula en este capítulo la II y IV denuncia del presente escrito dada la similitud en su contenido.

 

                   De conformidad con los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción del artículo 277 del Código de Comercio por error de interpretación y falsa aplicación.

 

 

                   Los formalizantes argumentan que el juez superior erró en la interpretación del artículo 277 del Código de Comercio, al considerar que la nulidad a la que hace referencia el mencionado artículo procede cuando lo que se delibera en la asamblea es distinto al objeto, así como a cualquier referencia adicional que se incluya en la convocatoria que no sea discutida.

                   Sostienen que el juez extendió el supuesto de hecho de la mencionada norma al determinar que las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 eran nulas porque no deliberaron en conformidad con el proyecto, siendo que el proyecto fue una mención adicional, pues el objeto de la convocatoria consistía en la deliberación sobre el aumento de capital y sobre eso versó la deliberación.

 

                   Asimismo, sostienen que el juez de alzada aplicó falsamente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil porque los hechos no se corresponden con el supuesto de hecho de la norma por cuanto en las asambleas sí se discutió el objeto de la convocatoria, esto es el aumento de capital.

 

 

                   En efecto, los formalizantes expresan lo siguiente:

 

“...La recurrida considera entonces que la nulidad a la que hace referencia el artículo 277 del Código de Comercio, aplica no sólo cuando la deliberación es contraria al objeto de la asamblea, como lo era en este caso en concreto el aumento de capital de PAPELES VENEZOLANOS C.A., sino que además debe extenderse a cualquier otra referencia que incluya la compañía en dicha convocatoria, que no sea discutida en la asamblea.

En efecto, ha considerado el Tribunal de Alzada que, aún cuando efectivamente en ambas asambleas de accionistas se resolvió sobre el aumento de capital de PAPELES VENEZOLANOS C.A., objeto este que fue perfectamente indicado en las convocatorias correspondientes, lo cierto es que en criterio del sentenciador el hecho que no se haya discutido expresamente en el texto del acta de las asambleas en cuestión, el proyecto de aumento de capital que, según la convocatoria, estaba a la orden de los accionistas, permite ampliar el ámbito de aplicación del supuesto de hecho contemplado en el artículo 277 del Código de Comercio y, por tanto, considerar que dichas asambleas están viciadas de nulidad absoluta.

Lo anterior constituye un error de interpretación acerca del contenido y alcance de dicho artículo 277 del Código de Comercio, toda vez que la interpretación de las sanciones de nulidad previstas en el artículo 277 del Código de Comercio, debe realizarse de forma restrictiva y aplicada al supuesto de hecho concreto previsto en la norma, como lo es una deliberación distinta al objeto de la asamblea.

Es claro en el presente caso, y así lo reconoce el propio Tribunal de Alzada, que las referidas asambleas de accionistas de PAPELES VENEZOLANOS, C.A. deliberaron sobre un aumento de capital, lo cual es suficiente para determinar que deliberaron precisamente conforme al objeto indicado en la convocatoria correspondiente.

Sin embargo, el Tribunal de Alzada ha extendido el supuesto de hecho previsto en la norma, a todas aquellas menciones adicionales o sugerencias que pueda contener la convocatoria y, en tal sentido, extender la sanción de nulidad prevista en el artículo 277 del Código de Comercio a todas las deliberaciones que no hagan referencia a estas menciones adicionales que, como hemos dicho, no constituyen propiamente el objeto de la asamblea. Ello implica un evidente error de interpretación por parte del Tribunal de Alzada, que viola incluso los derechos fundamentales de nuestra representada.

...Omissis…

De una correcta interpretación del mencionado artículo 277 del Código de Comercio, debió concluirse que las asambleas de accionistas de PAPELES VENEZOLANOS, C.A., de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, respectivamente, deliberaron precisamente sobre el objeto indicado en sus respectivas convocatorias, como lo era el aumento del capital social de la compañía, siendo el caso que la mención referencial que se hizo en dicha convocatoria al proyecto que estaría a disposición de los accionistas para su discusión en la referida asamblea, constituye una mera sugerencia de los administradores, que la asamblea podía bien adoptar o no, siendo el caso que podía surgir de la misma reunión una nueva propuesta de aumento de capital que fuera considerara (sic) e incluso aprobada de inmediato por los asistentes, sin que ello constituyera una deliberación sobre un objeto distinto al establecido en la convocatoria...

...Omissis…

...el Sentenciador de la recurrida ha considerado que de los hechos alegados y probados en autos, se desprende la supuesta deliberación en las referidas asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, respectivamente, sobre un objeto distinto al señalado en sus respectivas convocatorias.

...Omissis…

En definitiva, considera el Tribunal de Alzada que si bien en ambas asambleas se decidió un aumento de capital, siendo el caso que dicho aumento no se acordó, supuestamente, conforme al proyecto que estaba a la orden de los accionistas, es pertinente concluir que se ha deliberado sobre un objeto distinto al indicado en las respectivas convocatorias, lo cual conforme a lo establecido en el artículo 277 del código de comercio, implica la nulidad de las referidas asambleas.

Parte entonces la recurrida, de un falso supuesto  a efectos de declarar la nulidad de las asambleas en cuestión, pues es claro que el objeto de las referidas asambleas no era otro sino acordar el aumento del capital social de PAPELES VENEZOLANOS, C.A., tal como ocurrió en ambas asambleas de accionistas, siendo el caso que el proyecto que la empresa puso a la orden de los accionistas, simplemente implicaba una propuesta para dicho aumento de capital, que bien podía ser o no aprobada por los accionistas en dicha reunión, pudiéndose incluso presentar propuestas diferentes, siempre y cuando versaran sobre el mencionado aumento de capital.

No existen entonces elementos de prueba en el proceso, y ello se desprende de la propia admisión del Tribunal de Alzada, que demuestren que en ambas asambleas se haya acordado algo distinto al mencionado aumento de capital o al resto de los puntos que conformaban el orden del día de cada una de las referidas reuniones de accionistas, lo que evidencia el falso supuesto en que la recurrida ha basado su decisión y, por tanto, una violación de lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Comercio.

El objeto de la asamblea es el tema en concreto que será sometido a la deliberación de los accionistas. Tal es el caso del aumento del capital de la compañía, el cambio de su sede o domicilio, el nombramiento de nuevos miembros de su Junta Directiva, entre otros. Así, cuando el artículo 277 del Código de comercio exige enunciar en la convocatoria correspondiente el objeto de la reunión, se trata simplemente de indicarle a los accionistas cuál es el tema que será tratado en la asamblea, a fin de que estos concurran informados de las cuestiones que serán objeto de deliberación.

Será entonces precisamente la asamblea la que determinará, durante la respectiva reunión, las condiciones o términos bajo los cuales se deliberará sobre dicho objeto, esto es, será en la reunión propiamente dicha que la empresa y los accionistas presentarán las propuestas relacionadas con el objeto a tratar, para llegar o no a un acuerdo. Por esta razón, es en la asamblea que se discuten propiamente los nombres de las personas que pueden formar parte de la Junta Directiva de la empresa, o las razones por las cuales resulta conveniente modificar el domicilio o sede de la compañía, o en definitiva los términos bajo los cuales se puede concretar el aumento del capital social de la empresa. Así, las propuestas y los acuerdos a que puedan llegar los accionistas, son conocidos precisamente durante las deliberaciones que a tal efecto se efectúan en las asambleas más NO en sus convocatorias...

...Omissis…

...es claro que basta con que la convocatoria indique expresamente el tema a tratar para que se haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Comercio, el cual requiere que se señale en la convocatoria simplemente el objeto de la reunión. Cualquier señalamiento adicional que pueda contener la convocatoria en cuestión en relación con las soluciones concretas que proponen los administradores para deliberar sobre el objeto de la respectiva asamblea, constituye una información adicional que va más allá de lo exigido por el artículo 277 del Código de Comercio.

En el caso de autos, y tal como se evidencia de las pruebas evacuadas en este proceso, las convocatorias a las asambleas de fecha 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, respectivamente, indicaron expresamente como objeto a ser tratado en tales reuniones, el aumento del capital social de la empresa, con lo cual los accionistas estaban suficientemente informados de cuál era el tema que se iba a someter a su deliberación.

...Omissis…

Volviendo entonces al análisis del citado artículo 277 del Código de Comercio, según el cual sólo se declarará la nulidad de la asamblea si se verifica un supuesto de hecho que consiste en la deliberación sobre un objeto distinto al señalado en la convocatoria, y tomado en cuenta que el objeto de las asambleas tantas veces referidas no era otro sino el aumento de capital, es evidente que el Tribunal de Alzada estableció incorrectamente la relación entre el supuesto de hecho de la referida norma, y los hechos alegados y demostrados por las partes en el proceso, pues de una revisión del expediente se evidencia, y así lo señaló el Tribunal de Alzada, que efectivamente en ambas asambleas lo se aprobó fue un aumento de capital y ello se corresponde íntegramente con el objeto de estas asambleas  establecido  en las respectivas convocatorias...”. (Mayúscula, subrayado y cursivas del texto).

 

 

                   La Sala para decidir observa:

 

                   Del análisis de ambas denuncias, la Sala observa que los formalizantes se refieren al error de interpretación del artículo 277 del Código de Comercio; y será en este contexto que la Sala resuelva la delación.

 

                   Los formalizantes alegan que el juez superior erró en la interpretación del artículo 277 del Código de Comercio por cuanto declaró la nulidad de las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, por considerar que existía una diferencia entre el objeto de la convocatoria y lo discutido en las asambleas, toda vez que no tomaron en cuenta el contenido del proyecto de aumento de capital que según la convocatoria estaba a disposición de los accionistas, a pesar que la mención del proyecto en la convocatoria fue adicional y no constituía el objeto de la misma.

 

                   La sentencia recurrida expresó lo siguiente:

 

“... La parte actora presentó con el libelo de la demanda, copia fotostática del Acta de la Asamblea Extraordinaria de Papeles Venezolanos C.A., celebrada en las oficinas de dicha compañía en la ciudad de Caracas el día 27 de Noviembre de 1995...

...Omissis…

Demuestra dicho documento el texto de la convocatoria publicada en fecha 21 de Noviembre de 1995, en el diario La Religión, a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la mencionada Sociedad que se celebraría en fecha 27 de Noviembre de 1995, cuyo objeto era: “(...) considerar el aumento de capital de la compañía, de acuerdo con el proyecto que se encuentra a la orden de los señores accionistas y para modificar el artículo 5° del Documento Constitutivo Estatutario en caso de aprobarse tal aumento(...)”.

...Omissis…

La apreciación del acta en su totalidad induce entonces la conclusión de que en la Asamblea de Accionistas del 27 de noviembre de 1995, los presentes no tomaron en cuenta ni deliberaron realmente conforme al proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas, sino respecto de una proposición del Presidente de la Asamblea y de la misma Compañía demandada.

En relación con la asamblea de accionistas de fecha 10 de julio de 1996, impugnada por similar razón, la parte actora presentó con el libelo de la demanda, copia fotostática del Acta levantada en esa ocasión...

...Omissis…

Aparece en el acta de dicha asamblea la convocatoria a la reunión, publicada en el diario “La Religión” de fecha 03 de julio de 1996, de la cual se puede extraer, en lo que interesa a la presente controversia, el punto tercero del orden del día: “3) Decidir sobre el aumento de capital de la Compañía, según el proyecto que se encuentra a las órdenes de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía. Caracas, 3 de julio de 1996”

Conforme al tercer punto antes citado, se observa que los accionistas fueron convocados para deliberar sobre un aumento de capital, según un proyecto que, dice el texto, estaba a disposición de los accionistas...

...Omissis…

Igualmente del acta se observa que la asamblea del 10 de julio de 1996, deliberó sobre un aumento de capital, empero no menciona si esto se hace conforme al proyecto que, según la convocatoria, estaba a disposición de los accionistas...

...Omissis…

Del análisis de los elementos probatorios cursantes en las actas, individualmente considerados y puestos ahora en su conjunto, se puede apreciar que el actor cumplió con su carga de la prueba o lo que es lo mismo su actividad probatoria estuvo encaminada a demostrar de manera clara los hechos en que fundamentó su acción los cuales se encuentran plasmados en su libelo; es decir esta Alzada observa que existe una notable diferencia entre el objeto de las convocatorias –para la celebración de las asambleas fechadas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996- y la voluntad y manifestación personal de quien funge como presidente de la compañía, hoy demandada ... En conclusión, resulta comprobado que las asambleas extraordinarias de accionistas de la empresa PAPELES VENEZOLANOS C.A., de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, adolecen de nulidad absoluta por cuanto no se respetaron los derechos de los accionistas a estar informados conforme a lo preceptuado en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, y Así se Decide”. (Cursivas y subrayado de la sentencia recurrida)

 

 

                   De la precedente transcripción parcial de la sentencia se desprende, que el sentenciador, luego de analizar las actas de las mencionadas asambleas y los elementos probatorios presentados por las partes en el presente proceso, concluyó que existe una diferencia entre el objeto de las convocatorias para la celebración de las asambleas de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996 y lo que se deliberó en estas, puesto que no tomaron en cuenta el proyecto que según el contenido de la convocatoria estaba a disposición de los accionistas y según el cual se decidiría sobre el aumento de capital de la compañía.

 

                   Ahora bien, el artículo 277 del Código de Comercio establece lo siguiente:

 

“La asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada por los administradores, por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión.

La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquélla es nula…”.

 

 

                   Respecto al contenido de la precedente norma, en sentencia N° 00409, de 4 de mayo de 2004, caso: Envases Venezolanos S.A, c/ Litoenvases Camino S.A (Litoencasa), esta Sala señaló lo siguiente:

 

 

“...El artículo 277 del Código de Comercio, señala:

“La asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada por los administradores, por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión.

La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado en aquella es nula”.

La norma antes transcrita, establece la obligación que tienen los administradores de convocar a los accionistas de la compañía, mediante prensa o de la forma establecida en los estatutos sociales, por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la celebración de alguna asamblea ordinaria o extraordinaria, en la cual se debe indicar claramente los puntos que en ella van a debatirse so pena de nulidad de la asamblea.

La convocatoria al ser el acto mediante el cual se anuncia a los accionistas que habrá una asamblea, debe contener el nombre de la sociedad mercantil, la fecha, la hora, el lugar donde ésta se celebrará, los puntos que se van a tratar y quienes la convocan, para garantizar a los socios que tengan la información necesaria para que asistan, preparen sus observaciones respecto a los asuntos que se tratarán, y ejerzan sus derechos de socios, ya que la convocatoria tiene por objeto proteger los intereses propios de los socios.

En tal sentido, el abogado Francisco Hung Vaillant, expresa:

“2.1.2. Forma y contenido de la convocatoria.

La finalidad de la convocatoria es informar a los socios que se celebrará una asamblea de socios para deliberar sobre determinadas materias y adoptar los acuerdos a que haya lugar. En consecuencia, la forma y contenido de la convocatoria debe ser apta para cumplir tal finalidad.

...Omissis...

En relación al contenido de la convocatoria es de señalar que la misma debe contener:

a) El nombre de la sociedad;

b) El lugar, la fecha y hora de la reunión;

c) El orden del día o puntos a tratar; y,

d) Expresión del órgano que formula la convocatoria...”

Es menester señalar que para que estén cumplidos los requisitos del lugar, fecha y el orden del día en la convocatoria, es necesario que se indique la dirección exacta donde se realizará la reunión; el día y el mes, y los puntos que se van a tratar en la reunión, siendo nulo todo asunto que se discuta que no esté en el orden del día expresado en la convocatoria.

En el Código de Comercio y Normas Complementarias, comentado por la Editorial Legislec Editores, se expresa:

“La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión. Toda deliberación sobre su objeto debe indicarse de modo específico, no de manera genérica (Ferri, Di Sabato). Además del objeto (orden del día), la convocatoria debe expresar el día, la hora, la sede y el lugar en el que se reunirá la asamblea. La indicación de lugar en que se reunirá la Asamblea. La indicación de lugar, para ser completa, debe contener el señalamiento de la dirección del local donde se va a llevar efecto la reunión (Hung Vaillant). De otra manera, existiría imprecisión acerca de un elemento de información importante para los accionistas...”. (Vid. Código de Comercio y Normas Complementarias, Legislec Editores C.A, Caracas, año 2001, pág. 199).

                   Del precedente criterio jurisprudencial se deriva que la convocatoria debe identificar a la compañía indicando su nombre así como las personas que la convocan; debe señalar la fecha, hora y lugar donde se va a celebrar la asamblea; y, debe expresar los puntos que se van a tratar para que los socios ejerzan sus derechos y presenten las observaciones que tuvieren bien en hacer.

 

                   Esta Sala reitera ese criterio jurisprudencial y considera que la convocatoria debe ser clara, específica y expresa para garantizar el derecho de los socios. Ello significa, identificación de la compañía, de las personas que la convocan, fecha, hora, lugar de la celebración y el objeto de la convocatoria que debe ser específico, puesto que será nula toda asamblea donde se delibere cualquier asunto que no haya sido expresado en la convocatoria.

 

                   En el presente caso, el juez superior declaró nula las asambleas celebradas en fecha 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, porque existía una diferencia entre el objeto expresado en la convocatoria y lo deliberado en las mencionadas asambleas.

 

                   Los formalizantes sostienen que el juez de alzada erró en la interpretación del artículo 277 del Código de Comercio, al declarar la nulidad de las asambleas por cuanto lo discutido en ellas no fue acorde con el proyecto, a pesar de que ello era una referencia adicional contenida en la convocatoria y no constituye su objeto.

 

                   No le asiste la  razón a los formalizantes. En efecto, en conformidad con el contenido del artículo 277 del Código de Comercio y el criterio jurisprudencial anteriormente citado, el contenido de la convocatoria debe ser claro, específico y expreso para garantizar el derecho de los socios a estar informados y tener conocimiento de lo que se va a discutir en las asambleas para que puedan realizar las observaciones que tuvieren. Es decir, la convocatoria debe expresar todos los puntos que se van a tratar en la asamblea y el objeto debe ser específico y expreso para que los socios puedan ejercer sus derechos como tales.

 

                   De allí que, cuando el sentenciador declaró nulas las asambleas de fecha 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, por considerar que existía una diferencia entre el objeto expresado en las convocatorias y lo deliberado en estas, por cuanto en las convocatorias se expresó que el objeto consistía en discutir el aumento del capital de la compañía en conformidad con los proyectos que estaban a disposición de los socios, no erró en la interpretación del artículo 277 del Código de Comercio; por el contrario, se ajustó a su contenido y alcance.

 

                   En efecto, la citada norma dispone que toda deliberación sobre un objeto no expresado en la convocatoria es nula. El sentenciador concluyó que lo discutido en las mencionadas asambleas trató sobre un asunto no expresado en la convocatoria y por efecto del artículo 277 del Código de Comercio las declaró nulas.

 

                   Por esa razón se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 277 del Código de Comercio por cuanto el juez superior no erró en su interpretación. Así se establece.

 

III

 

                   De conformidad con los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian la infracción del artículo 505 del mencionado Código por falsa aplicación.

 

                   Los recurrentes alegan que el juez superior aplicó falsamente el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil al considerar “el hecho de que el apoderado de la empresa haya comparecido y no el presidente de la misma, cuando su colaboración no se pedía en condición de tal sino como el suscriptor del documento y Presidente de la empresa demandada, constituye un indicio grave de la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria”, cuando lo cierto es que Papeles Venezolanos compareció oportunamente como parte demandada en la persona de su apoderado judicial a colaborar con la prueba de reconstrucción.

 

                   Los recurrentes expresan lo siguiente:

 

“...es claro que el tribunal de Alzada ha considerado que la comparecencia de la empresa PAPELES VENEZOLANOS, C.A. al acto antes mencionado, lejos de implicar una clara colaboración con dicha prueba, constituye un grave indicio respecto a la inexistencia de los proyectos impugnados por la demandante por supuesta simulación.

Ahora bien, consta de autos que el Tribunal de Primera Instancia, mediante auto de fecha 28 de Septiembre de 1999, admitió la referida prueba de reconstrucción, experimento y experticia en forma conjunta, y a efectos de su evacuación estableció los siguientes parámetros:

...Omissis…

Asimismo, del acta de fecha 27 de Enero de 2000, se evidencia la comparecencia de la parte demandada, PAPELES VENEZOLANOS, C.A., representada por su apoderado Andrés Mezgravis Hatgi, según se evidencia de autos, quien en lugar de manifestar su negativa con la colaboración de la prueba, estableció una serie de argumentos que demostraban la imposibilidad de evacuar la prueba en cuestión...

...Omissis…

De esta manera, es claro que PAPELES VENEZOLANOS, C.A. compareció oportunamente como parte demandada, a colaborar con la prueba de reconstrucción en cuestión. Sin embargo, explicó las razones por las cuales era imposible la evacuación de la prueba, pues no sólo la propia parte actora había establecido dicha imposibilidad en el referido escrito de fecha 4 de Agosto de 1999, que cursa en autos, sino que adicionalmente nunca se verificaron los presupuestos requeridos por el propio tribunal de la causa en el citado auto de fecha 28 de septiembre de 1998, para que resultare posible dicha reconstrucción, pues nunca se tuvo conocimiento en el proceso del tipo de papel ni del modelo de bolígrafo o marcador necesario para la evacuación de esta prueba.

Siendo el caso entonces que el supuesto de hecho planteado en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, implica que el Juez sólo puede sacar presunciones respecto a la exactitud de las afirmaciones de la parte promovente de la prueba de reproducción en cuestión, cuando la parte contraria se negare a colaborar con dicha prueba, caso en el cual el Juez debe intimar a dicha parte a que la presente, siendo su negativa reiterada la que permitiría arribar a la presunción antes mencionada, y tomando en cuenta que ello no ha ocurrido en el presente caso, toda vez que PAPELES VENEZOLANOS, C.A. compareció al acto en cuestión a efectos de colaborar con dicha prueba de reconstrucción, lo cual no se logró en virtud de la imposibilidad de evacuación de dicha prueba y del incumplimiento por parte del propio promovente de los requisitos establecidos para tal efecto en el mencionado auto de fecha 28 de Septiembre de 1998, al no indicarse los instrumentos o implementos que permitirían dicha evacuación, es evidente que el sentenciador ha establecido incorrectamente la relación entre los hechos y el supuesto de hecho contemplado en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil para extraer presunciones respecto a la exactitud de las afirmaciones de la parte actora, incurriendo en una falsa aplicación de dicha norma.

Dicha falsa aplicación ha resultado de suprema trascendencia en el proceso, pues ha dado lugar a que el Tribunal establezca presunciones graves sobre la inexistencia de los proyectos de aumento de capital puestos a la orden de los accionistas por nuestra representada, lo cual en definitiva se tradujo en un supuesto cumplimiento por parte de la actora de su respectiva carga probatoria, y consecuentemente en la declaratoria de nulidad de las asambleas de accionistas de PAPELES VENEZOLANOS, C.A. de fechas 27 de noviembre de 1995 y 10 de julio de 1996, por supuesta deliberación sobre un objeto distinto al establecido en sus respectivas convocatorias ...” (Mayúsculas del formalizante).

 

 

 

                   La Sala  para decidir observa:

 

                   Los recurrentes alegan la falsa aplicación del artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el apoderado judicial de la empresa Papeles Venezolanos C.A. compareció a colaborar en la realización de la prueba de reconstrucción promovida por la actora, y, a pesar de ello, el sentenciador consideró que ello constituía un indicio grave de la inexistencia de los proyectos, al no haber comparecido el presidente de la mencionada empresa.

 

                   La sentencia recurrida expresó lo siguiente:

 

“...En su escrito de promoción de pruebas, la parte demandada acompañó dos documentos identificados como los “proyectos de aumento de capital” que afirmó como emitidos por la Junta Directiva de Papeles Venezolanos, C.A. en fecha 2 de julio de 1996 y 20 de noviembre de 1995 folios 251 y 252 de la segunda pieza, marcados “E” y “F”.

Dichos documentos fueron impugnados por la parte actora el 9 de febrero de 1999, quien alegó que los documentos presentados constituían un acto simulado del presidente de la Compañía Sr. JOSÉ ROMÁN LEÓN, que los elaboró y firmó en momento distinto de los que en cada uno de ellos se señala, con el único fin de presentarlos al Tribunal de primera instancia en la fase de promoción de pruebas. En esa misma impugnación la parte actora solicitó al Tribunal de instancia que abriera la incidencia a que se refiere el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

La parte actora promovió dentro de la articulación la prueba de reconstrucción, experimento y experticia mediante escrito de fecha 4 de agosto de 1999, y solicitó al Tribunal que notifique al Ciudadano José Ramón León, en su carácter de Presidente de la compañía Papeles Venezolanos C.A., a los efectos de que colabore con la realización de dicha reconstrucción.

El Juzgado de la causa mediante auto del 28 de septiembre de 1999 admitió la prueba, ordenando la notificación del ciudadano José Ramón León, en su carácter de Presidente de la compañía Papeles Venezolanos para que comparezca ante el Tribunal a los fines de colaborar con la prueba en la reconstrucción solicitada.

Contra dicho auto la parte demandada ejerció recurso de apelación, el cual fue decidido en alzada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en fecha 12 de mayo de 2000, en el expediente identificado con el N° 8328 de la nomenclatura de dicho Tribunal. El fallo dictado declaró: “En el caso de autos, habiendo sido impugnados tales documentos que constituyen el Proyecto de Aumento de Capital por considerar que los mismos habían sido forjados por el Presidente de la Compañía por haberlos firmados en momentos distintos a los indicados en su contenido, la prueba promovida por la parte actora resulta totalmente pertinente y legal, pues la misma está relacionada con los hechos controvertidos y más aún no está prohibida  por nuestra legislación su promoción ni evacuación, siendo que si bien es cierto que pueda constituir una prueba de las llamadas innominadas ello no implica que la misma sea inadmisible, pues como ya se dijo antes y se repite ahora la intención del legislador en el nuevo Código de procedimiento Civil fue la de dar y conceder libertad probatoria a las partes a los fines de demostrar sus pretensiones y desvirtuar los de la parte contraria, siempre y cuando no sean vale repetir, ni ilegales ni impertinentes. Y así se declara”.

Este Juzgado Superior Sexto, visto que el punto de la ilegalidad e impertinencia de dicha prueba ya fue decidido por un Tribunal de la misma jerarquía, considera por las mismas razones, que dicha prueba es legal y pertinente y desecha entonces el mismo planteamiento que expuso la parte demanda en su escrito de informes ante este Tribunal Superior Sexto. Así se decide.

En este orden de ideas, corresponde hacer el pronunciamiento sobre su capacidad probatoria, en particular sobre la posibilidad de extraer de sus resultados indicios que favorezcan o perjudiquen la respectiva posición de las partes en la litis. En este contenido, observa esta Superioridad, que el Tribunal de Primera Instancia mediante auto de fecha 25 de febrero de 1999 abrió la incidencia a que se refiere el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y ordenó la comparecencia del ciudadano José Román León para que expusiera lo que considerare pertinente en relación con esta incidencia. La parte demandada solicitó al Tribunal que revocara el auto visto que el Sr. León no era la parte demandada, sino un tercero. El Tribunal de instancia acordó la revocatoria mediante auto del 12 de marzo de 1999 y emplazó a Papeles Venezolanos C.A. a comparecer el día de despacho siguiente a exponer lo conducente. Eso era lo correcto pues es la parte quien debe hacer las observaciones a que se refiere el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil

El 12 de julio de 1999 el Tribunal de primera instancia ordena la apertura de la articulación probatoria de ocho días a fin de tramitar la referida incidencia de impugnación. Luego, el 04 de agosto de 1999 la parte actora promueve la prueba de reproducción, experimento y experticia y solicita entonces la notificación del ciudadano José Ramón León en su condición de Presidente de la parte demandada, y además firmante de los proyectos impugnados, a los fines de que el mencionado colabore con la prueba, estampando su firma en el mismo papel de los proyectos, para que su data fuese comparada con aquella que aparece en los proyectos que presentó la parte demandada con su escrito de promoción de pruebas. El Tribunal de instancia admitió la prueba, ordenando la comparecencia del mencionado ciudadano, en su condición de presidente de la compañía demandada.

El 27 de enero 2000 se abrió el acto destinado a que el Sr. León, presidente de Papeles Venezolanos y suscriptor de los proyectos prestase su colaboración con la prueba, pero éste no compareció. Se presentó, en cambio, el apoderado, abogado Andrés Mezgravis quien afirmó comparecer en nombre y representación de la parte demandada notificada, según lo afirma, y hace una serie de observaciones sobre la tempestividad, legalidad, y capacidad de demostrar lo que se persigue con la prueba.

Respecto de los resultados de dicha incidencia probatoria, el Tribunal de primera instancia dedujo la presunción que surge de la falta de colaboración material y negativa de la parte demandada en la persona de su Presidente Dr. José Román León, a colaborar con la evacuación de la prueba de reconstrucción, experimento y experticia admitida por el tribunal mediante auto de fecha 28 de septiembre de 1999, auto confirmado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según consta de sentencia dictada en fecha 12 de mayo del 2000, a tenor de lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia confirmó la exactitud de las afirmaciones formuladas por la parte actora respecto a la simulación y falsedad de dichos instrumentos, así como de la falta de existencia de los mismos para la fecha que aparece indicada en cada uno de ellos.

En sus informes de alzada la parte demandada refuta la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia sobre esta inasistencia, toda vez que sí ya se había establecido que el Dr. José Ramón León no era parte en el proceso, mal podía extenderse ningún indicio de su falta de comparecencia a colaborar con la prueba ni que los proyectos eran inexistentes.

No comparte esta Superioridad dicha afirmación de la parte demandada, pues en criterio de quien decide el hecho de que el Sr. José Román León venga al proceso a hacer “observaciones” dentro de la incidencia del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil como si fuese la parte demandada, que no lo es, no guarda identidad con que se pida que venga al proceso a colaborar con la prueba, en su condición de Presidente de la Parte demandada.

De allí que, en el segundo caso, no estamos ante la confrontación de la nociones de “tercero” y de “parte” que presenta la recurrente, pues en la incidencia probatoria siguió siendo la parte demandada la que debía colaborar con la prueba, pero a través de su Presidente y suscriptor de los proyectos mencionados. En tal virtud, se desechan los argumentos de la parte demandada formulados en sus informes en el sentido de que como tal tercero no podía este ciudadano ser obligado a la colaboración, pues ello no le fue pedido como tercero sino como el Presidente de la parte demandada.

Igualmente, el hecho que el apoderado de la empresa haya comparecido y no el Presidente de la misma, cuando su colaboración no se pedía en condición de tal sino como el suscriptor del documento y Presidente de la empresa demandada, constituye un indicio grave de la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria y omitidos en su discusión en las asambleas impugnadas, como lo afirma la parte actora...” (Mayúsculas, entre comillas y cursivas de la recurrida)

 

 

                   De la precedente transcripción de la sentencia recurrida, esta Sala observa que el juez de alzada estableció que la parte demandada consignó con su escrito de promoción de pruebas los proyectos de aumento de capital, los cuales fueron impugnados por la parte demandante. En virtud de ello, el juez de la causa abrió la articulación probatoria regulada en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, acto en el que la parte actora promovió la prueba de reconstrucción, experimento y experticia, y solicitó para su evacuación se notificara al ciudadano José Román León en su condición de Presidente de la parte demandada y firmante de los proyectos impugnados, para que colaborara en la realización de la mencionada prueba.

 

                   Asimismo, el juez superior determinó que el ciudadano José Román León, Presidente de Papeles Venezolanos C.A. no compareció para participar en la prueba de reconstrucción, y en su lugar, acudió el abogado Andrés Mezgravis, en su carácter de apoderado judicial de la mencionada empresa, quien hizo una serie de observaciones sobre la tempestividad y legalidad que se persigue con la prueba promovida por la parte actora.

 

                   Luego, la parte demandada en los informes presentados ante el tribunal superior alegó que al no ser parte en el proceso el ciudadano José Román León, su falta de comparecencia no constituía un indicio capaz de determinar que al no colaborar el referido ciudadano en la evacuación de dicha prueba, debía concluirse que los proyectos impugnados eran inexistentes, tal como lo estableció el juez de primera instancia.

 

                   De igual manera, observa la Sala, que el juez superior desechó tales argumentos por considerar que el ciudadano José Román León, estaba obligado a comparecer a la incidencia probatoria para colaborar en la evacuación de la prueba de reconstrucción promovida por la actora, pues era él quién ostentaba la condición de presidente de la empresa y suscriptor de los proyectos.

 

                   Al mismo tiempo, concluyó que al haberse presentado el abogado Andrés Mezgravis, en su carácter de apoderado judicial de Papeles Venezolanos C.A., y no el presidente de la empresa como fue solicitado, tal circunstancia constituye un indicio grave de la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria, por haber sido omitidos en la discusión de las asambleas impugnadas como lo afirma la parte actora.

 

                   Ahora bien, el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:

 

“Si para la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias fuere menester la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrarla, el Juez le intimará a que la preste. Si a pesar de ello continuare su resistencia, el Juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba, como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria al respecto si la prueba debiere realizarse sobre la persona humana, y hubiere negativa injustificada de ésta a colaborar en la prueba, el Juez dispondrá que se deje sin efecto la diligencia, pudiendo sacar de la negativa a colaborar en la prueba las presunciones que su prudente arbitrio le aconseje”.

 

 

                   Sobre el particular, el Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero explica lo siguiente:

 

“... Art. 505...considera la colaboración material de una de las partes para la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias. Esta colaboración material, dentro del contexto reproducciones, las cuales abarcan las fotográficas o de otra especie que requieran el empleo de medios, instrumentos o procedimiento mecánicos, no tiene que ser entendida que se presta para la reproducción en sí; ni el colaborar con su presencia en materia de experimentos, para que sobre ellos se realice la experiencia o actúen en la reconstrucción. A esa colaboración, le otorgamos una mayor amplitud, cual es que aporten las explicaciones necesarias para la práctica del experimento, la inspección, etc.; y de allí, que dentro de estas explicaciones que se exigen con motivo de la confrontación, por ejemplo, que es de la naturaleza de las inspecciones judiciales, podría estar el preguntar dentro del acto y como parte de él, si la persona se reconoce en la imagen, si está parada o sentada, o en alguna otra forma, confrontándola de seguidas; e incluso, si reconoce los lugares y hasta los otros intervinientes. Esto pensamos que es de la esencia de la colaboración material de las partes en esos actos, como lo señalamos con motivo de nuestro trabajo sobre el Experimento Judicial..., pudiendo las partes llamadas a colaborar, negarse justificadamente a ello. La prueba promovida en estos casos, sería o una legal (sic), como la confrontación, cuyo carácter de legal es discutible al no estar prevista en forma general; o una libre, como lo sería un experimento a realizarse en torno al medio meramente representativo; y como experimento, las partes tendrán que prestar su colaboración material, lo que incluye las explicaciones. La negativa injustificada de la colaboración, no sólo de prestar su cuerpo o sus cosas a inspecciones o experimentos, sino el de no dar explicaciones, podría ser interpretada por el Juez como una confirmación de la exactitud de lo afirmado por el promovente de la prueba. Esta interpretación que hace el Juez a su arbitrio, a su vez significa que el Art. 505 CPC (sic) no otorga un efecto procesal al silencio, ya que automáticamente no surge un resultado negativo para quien calla o no asiste... la posibilidad de la presencia física de las partes en el acto de evacuación de las pruebas es una situación que debe garantizar el Juez y su infracción también hace anulable a la prueba evacuada. Con relación a las pruebas libres donde el Juez impone las formas, por analogía o a su arbitrio según los casos, siempre el Magistrado deberá dar oportunidad a las partes para que presencien la práctica de la prueba e intervengan en ella. Este apersonamiento garantiza la realización del acto y la imparcialidad del Juez en el mismo, no sólo porque así las partes pueden cumplir las actividades que la ley les permite con relación a cada medio legal, o con los medios libres cuya promoción prescribe una actividad específica de los litigantes, tales como los experimentos judiciales, sino porque las partes tienen el derecho durante la práctica de una prueba de hacer observaciones, la cual es una institución de carácter general...” (Cabrera Romero, Jesús Eduardo: Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. Caracas, Editorial Jurídica Alva S.R.L., Tomo II, 1998, pp. 302, 303 y 372). (Negritas de la Sala).

 

 

                   Sobre ese mismo punto, el precedente autor en el artículo Experimento Judicial, expresó lo siguiente:

 

“...Los experimentos judiciales persiguen determinar si un hecho ha ocurrido o pudo haber ocurrido de una determinada manera... Se llama experimento judicial a aquellos actos procesales que para verificar la ocurrencia... del hecho, se caracterizan por un examen judicial práctico de una persona, de una cosa o de un lugar, o de una secuencia de hechos que se reproduce artificialmente... El experimento judicial por excelencia es la reconstrucción de hechos, la cual tiene lugar en el sitio donde éstos acaecieron, con la presencia en todo su desarrollo o en la parte de él, de las personas que originalmente intervinieron... otro problema que puede surgir con la reconstrucción de hechos aparece, si los llamados a intervenir en el acto como protagonistas, citados para ello, no concurren a él, o se nieguen a hacerlo. Si se trata de las partes, pensamos que su negativa a concurrir al acto debe tomarse como una presunción en su contra... La dirección judicial del acto la reputamos esencial y creemos... que una gran discreción judicial debe existir en la ejecución del experimento. A medida que el mismo se va desarrollando, el juez, a fin de verificar hechos y hasta conjeturas, puede ordenar repeticiones, cambios de posiciones de los intervinientes, solicitar informaciones, efectuar medidas y hasta exigir conductas en los actuantes... Igualmente el juez en su dirección del acto podría hacerse asistir por otra clase de peritos, a fin de que éstos lo asesoren en las preguntas que puede hacerle a los participantes, para historificar mejor lo que sucedió el día en que ocurrieron los hechos. Estos peritos asesores podrían sugerir al juez que preguntara a un testigo algunos detalles sobre la temperatura, sobre la luminosidad u otros hechos, así como otros relativos a las reacciones psicológicas de los intervinientes que permitirían al juez sacar conclusiones sobre lo realmente acaecido...”. (Cabrera Romero, Jesús Eduardo. El Experimento Judicial. En la “Revista de la Facultad de Derecho”, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, N° 33, Octubre 1984, pp. 119, 120, 156, 157 y 165).

 

 

                   Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, la prueba referida a la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias contempla la colaboración material de una de las partes; y, si ésta se niega a colaborar, el juez puede interpretar esa negativa como una confirmación de los alegatos de la parte contraria.

 

                   El citado autor explica que esta circunstancia, debe ser entendida como un acto en el que es fundamental y necesaria la comparecencia de las personas que originalmente intervinieron en la realización del hecho ocurrido, porque de esa manera pueden dar las explicaciones necesarias para la práctica del experimento, esto es, coadyuvar en la adecuada reconstrucción de los hechos. Asimismo, se garantiza el control y contradicción de la prueba de reconstrucción y la imparcialidad del juez, porque así como el sentenciador en la realización de esta prueba tiene la posibilidad de ordenar repeticiones, solicitar informaciones, hacerse asistir por peritos que le sugieran hacer algún tipo de preguntas para llegar a la verdad; las partes pueden hacer las observaciones que consideren pertinentes en la realización de esta prueba y de negarse a colaborar entonces el juez puede interpretar esta negativa como una confirmación de los alegatos de la parte contraria.

 

                   La Sala acoge el precedente criterio y establece que es necesaria la colaboración material de las personas que originalmente intervinieron en el acto en la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias, pues su comparecencia garantiza que el acto cumpla el fin para el cual está destinado, esto es, coadyuvar con el juez en la consecución de la verdad en el proceso.

 

                   Por otra parte, esta Sala considera que la misma naturaleza de la prueba exige la comparecencia de las personas que intervinieron directamente en la realización del acto, pues ellas son las que en definitiva pueden aportar las explicaciones necesarias para reconstruir los hechos por haberlos presenciados. De esa manera se garantiza la imparcialidad del juez en la realización de la prueba, y si la parte se niega a colaborar, entonces el juez puede interpretar esta negativa como una confirmación de las afirmaciones de la parte contraria.

 

                   Hechas estas consideraciones, la Sala observa, que para la realización de la prueba promovida por la parte actora en el presente caso, esto es, la prueba de reproducción, reconstrucción y experiencia contemplada en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, no compareció el ciudadano José Román León, en su condición de Presidente de la empresa Papeles Venezolanos C.A., y suscriptor de los proyectos, sino que en su lugar se presentó el apoderado judicial de la compañía Andrés Mezgravis. Por esa razón, el juez superior interpretó la falta de comparecencia del presidente de la compañía para participar en la evacuación de dicha prueba, como una confirmación de los alegatos de la parte actora.

 

                   En tal sentido, la doctrina patria ha sostenido que puede definirse a las partes, “como el sujeto activo y el sujeto pasivo de la pretensión que se hace valer en la demanda judicial” (Rengel-Romberg, A. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Teoría General del Proceso. Caracas, Editorial Arte, Sexta Edición, Volumen II, 1997, p.27).

 

                   Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el sujeto activo es la empresa Papeles Venezolanos C.A. y el presidente de esta compañía es el ciudadano José Román León. Dicho de otra manera, es el referido ciudadano quién representa a la empresa Papeles Venezolanos C.A., por ostentar el carácter de presidente, y en tal condición obliga a la empresa como sujeto de derecho.

 

                   En ese sentido, el Dr. Alfredo Morles Hernández explica lo siguiente:

 

“...la sociedad mercantil es un sujeto sin capacidad directa de obrar. La naturaleza del ente colectivo le impide realizar manifestaciones de voluntad por sí mismo, por lo cual se ve obligado a obrar mediante personas físicas... Los administradores constituyen el órgano permanente al cual está confiada la gestión de la actividad social y la representación del ente colectivo. A ellos les corresponde el ejercicio del poder ejecutivo, calificado por la doctrina como un amplio poder decisional, a cuyo lado se colocan poderes de iniciativa para convocar la asamblea y fijar el contenido del orden del día, así como para formular el balance y proponer el destino de los beneficios... En Venezuela, a pesar de que en forma benévola la doctrina (Acedo Mendoza) haya atribuido al legislador venezolano la idea de rechazar la construcción del mandato para explicar la situación jurídica de los administradores, el molde en el cual está vaciado nuestro ordenamiento jurídico mercantil es el del antiguo sistema francés, el cual los concibe como mandatarios revocables, designados por la asamblea y responsables como tales (artículo 243 del Código de Comercio: los administradores no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que la ley les impone). Dentro de este contexto, la jurisprudencia ha venido cumpliendo una saludable función reparadora, pretendiendo a través de la teoría orgánica ampliar las facultades de los administradores y aumentar simultáneamente su responsabilidad, para hacer eficaz la regla de que a mayor poder mayor responsabilidad, fórmula que los anglosajones han encontrado en el principio de los deberes fiduciarios de los administradores... Desde el punto de vista práctico, la persona jurídica administradora estará representada por una persona natural. Todos los actos cumplidos por ésta se entenderán ejecutados por la persona jurídica que tiene la cualidad de administrador...”. (Morles Hernández, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Las Sociedades Mercantiles. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 3ª reimpresión, Tomo II, 2001, p. 794, 1241, 1243 y 1244).

 

 

                   De ahí que, si bien es cierto que la parte en el presente proceso es la empresa Papeles Venezolanos C.A., también queda claro que es al Presidente José Román León a quién le está confiada la gestión de la actividad social así como la representación de la empresa. Por tanto, le corresponde un amplio poder decisional, y entre otras iniciativas estipuladas según los estatutos o la ley, debe llevar a cabo las decisiones del órgano deliberante, que es la asamblea, y en definitiva, ejecutar las decisiones tomadas por la compañía.

 

                   Por consiguiente, considera esta Sala que el ciudadano José Román León debió comparecer a colaborar con la prueba promovida por la parte actora (realización de la reconstrucción de los proyectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil), pues, como representante de la empresa estaba obligado a coadyuvar con la adecuada reconstrucción del acto y al no hacerlo, el juez actuó ajustado a derecho al interpretar esta falta de colaboración como una confirmación de las afirmaciones de la parte actora, pues así lo dispone el Código de Procedimiento Civil.

 

                   De esa manera, queda claro, que al establecer el juez superior que “en la incidencia probatoria siguió siendo la parte demandada la que debía colaborar con la prueba, pero a través de su Presidente y suscriptor de los proyectos mencionados ... el hecho que el apoderado de la empresa haya comparecido y no el Presidente de la misma, cuando su colaboración no se pedía en condición de tal sino como el suscriptor del documento y Presidente de la empresa demandada, constituye un indicio grave de la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria y omitidos en su discusión en las asambleas impugnadas, como lo afirma la parte actora”, no aplicó falsamente el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, como lo denuncian los formalizantes; por el contrario, hizo una correcta equivalencia entre en el cuadro fáctico y el supuesto de hecho de la norma.

 

                   En efecto, el artículo 505 del Código de Procedimiento Civil señala que en la realización de inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias es menester la colaboración de la parte, y si ésta no comparece a colaborar el juez puede interpretar esta falta de colaboración como una confirmación de las afirmaciones de la parte contraria.

 

                   En el caso bajo estudio, la parte, ciudadano José Román León, Presidente de Papeles Venezolanos C.A. no compareció para colaborar con la realización de la prueba, sino que en su lugar acudió el abogado Andrés Mezgravis, y por tal razón, el juez de alzada consideró acertadamente que esta circunstancia constituía un indicio grave de la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria y omitidos en la discusión de las asambleas impugnadas, como lo afirma la parte actora.

 

                   Con tal modo de proceder, el juez superior realizó correctamente la equivalencia entre los hechos y el supuesto de hecho de la norma, y así se decide.

 

                   Aunado a lo anterior, observa esta Sala que las precedentes razones expuestas por el juez superior no fueron las únicas para determinar la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria, y omitidos en la discusión de las asambleas impugnadas, como lo afirma la parte demandante, puesto que aportó otros argumentos para sustentar esta conclusión y que no fueron impugnadas por los recurrentes.

 

                   Sobre la inexistencia de los proyectos mencionados en la convocatoria y omitidos en la discusión de las asambleas impugnadas, el juez de alzada también expresó que:

 

“...A mayor abundamiento, estos indicios no son los únicos que conducirían al Tribunal a esta conclusión, pues de los mismos documentos presentados como proyectos por la parte demandada marcados “E” y “F” no se observan que hayan sido de alguna manera recibidos por los accionistas. No hay signo o señal de que eso haya ocurrido. Se trata de documentos que emanan de la parte demandada, pero como su discusión y hasta existencia se discute en este proceso, era necesaria la prueba de ambos extremos. En este mismo sentido, no se observa tampoco en las actas de las asambleas cuestionadas que dichos proyectos hayan sido agregados o acompañados a algún cuaderno de comprobantes o se haya decretado su archivo, es decir, no se puede saber de las mismas cuál fue el destino de esos proyectos, lo cual no es usual en este tipo de grandes empresas cuyo registro documental es normalmente minucioso. Esta rara omisión, concatenada con los puntos anteriores, siembran la duda a esta Alzada en el sentido de que los citados proyectos no fueron presentados a las asambleas de accionistas...”.

 

 

 

                   Por todas estas razones, se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 505 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República  Bolivariana de Venezuela,  en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1) PERECIDO el recurso de casación anunciado por el abogado Javier Ruan en representación de PAPELES VENEZOLANOS, C.A., contra la sentencia de fecha 12 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se condena a la parte recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. 2) SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por los abogados Andrés Mezgravis y Javier Ruan contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2004, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

 

                  Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas.

 

 

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de diciembre de dos mil seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

 

 

Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

Vicepresidenta

 

 

______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

Magistrado,

 

 

________________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrada-ponente,

 

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado,

 

 

___________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

                                

 

Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2004-000508

 

 

 

                   El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base a las siguientes consideraciones:

 

                   Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba, la cual es la tercera delación de forma  fue desestimada por “inadecuada fundamentación”.

 

                   En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.

 

                   Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio,  considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con los artículos 26 y  257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

                   Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse  como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

                   En Caracas, fecha ut-supra. 

 

Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Vicepresidenta

 

 

______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Magistrado,

 

 

________________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

                                                        

                                                                                   Magistrado,

 

 

___________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

                                                        

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2004-000508

 

                                     

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias