Sentencia N.º RC.01005
- Sentencia
- N.º RC.01005
- Fecha
- 31/08/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 03-614
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por resolución de contrato de opción de compraventa (promesa bilateral de compraventa) seguido ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano FRANCISCO OPITZ BUSITS, representado judicialmente por los abogados Elio E. Castrillo y Juvencio A. Sifontes, contra la sociedad civil ASOCIACIÓN CIVIL 24 DE MAYO, representada legalmente por su presidenta ciudadana Letty Josefina Chávez Velásquez, y judicialmente por los abogados Julio César López Galea y Carla Verschuur Velásquez; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia el 21 de abril de 2003, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del a quo, de fecha 5 de junio de 2002, que declaró con lugar la demanda, y por vía de consecuencia, revocó la decisión apelada.
El abogado Elio Castrillo, co-apoderado judicial de la parte actora, anunció recurso de casación contra la decisión de alzada el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos que siguen:
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Bajo el amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 12 y 362 eiusdem, por errónea interpretación, con los siguientes argumentos:
...De la transcripción efectuada queda claro que para declarar con lugar la apelación y revocar el fallo de primera instancia, recurrida (sic) después de analizar la aceptación de los hechos por parte de la demandada así como la no promoción de prueba de esta, entró a establecer el mérito de la juridicidad de la pretensión del demandante, conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para tal fin, la recurrida sostiene que la actora pretende la resolución del contrato de opción de compraventa, suscrito por las partes el día 26 de enero de 1998, por ante la Notaría (...), por incumplimiento de la demandada de los pagos establecidos en la cláusula tercera del mencionado contrato, es decir, el incumplimiento en el pago de las 24 cuotas mensuales consecutivas de TRES MIL QUINIENTOS DISCISIETE (sic) CON NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS (USA. 3.517,95), y tal resolución deberá regirse por las (sic) cláusulas (sic) cuarta del mencionado contrato, toda vez que la resolución tácita de todo contrato bilateral establecida por el artículo 1.167 del Código Civil, sólo debe aplicarse cuando las parte (sic) no haya establecido una regla especial sobre el incumplimiento de las obligaciones, lo cual dice fue establecido en la cláusula cuarta.
Dicha interpretación no es acorde con el texto del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil que expresa que ...Si el demandante (sic) no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento... .
La norma transcrita contiene la situación procesal denominada confesión ficta, la cual para que se produzca tienen que darse tres (3) elementos a saber: a) Que el demandado no concurra al tribunal, en el término del emplazamiento; b) Que en el lapso de promoción de pruebas, no promoviere ninguna que le favorezca; c) Que la pretensión del actor no sea contraria a derecho.
...omissis...
La correcta interpretación del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil es que, una vez constatada la no comparecencia de la demandada ASOCIACIÓN CIVIL 24 DE MAYO, en la persona de su presidenta LETTY JOSEFINA CHÁVEZ VELÁSQUEZ, ni de apoderado judicial alguno durante el lapso de emplazamiento para dar contestación a la demanda, citada como formalmente lo fue para tal fin, no promoviendo ninguna prueba que le favorezca, y siendo que la acción interpuesta por el actor FRANCISCO OPITZ BUSITS, no está prohibida por la Ley (sic).
...omissis...
Siendo así las cosas, es evidente que la demanda por resolución de contrato interpuesta en el presente caso, lejos de estar prohibida por la Ley se encuentra amparada por esta conforme al texto del artículo 1.167 del Código Civil, que establece que en los contratos bilaterales, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo....
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante denuncia que en la recurrida se infringieron los artículos 12 y 362 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, pues el juzgador en lugar de declarar la confesión ficta de la demandada con base en los tres elementos que la configuran, extendió su examen al establecimiento del mérito de la juridicidad de la pretensión del demandante, para concluir en que el actor no podía solicitar la resolución del contrato objeto del presente juicio, por lo que desestimó la confesión ficta de la accionada.
El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, expresa lo siguiente:
...Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favoreciera. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso ateniéndose a la confesión del demandado.... (Negrillas de la Sala).
La Sala aprecia que la recurrida, con apoyo en la norma antes transcrita, resolvió lo siguiente:
...Ahora bien, en razón de la aceptación de los hechos por parte de la demandada y no habiendo probanza alguna de la parte demandada, debe este juzgador establecer el mérito de la juridicidad de la pretensión del demandante, conforme a lo establecido por el artículo 362 de nuestro Código de Procedimiento Civil, para lo cual el tribunal considera:
Se pretende la resolución del contrato de opción de compraventa, suscrito por las partes el día 26 de enero de 1998 por ante la Notaría (...), por el incumplimiento de la demandada de los pagos establecidos por la cláusula tercera del mencionado contrato, es decir, el incumplimiento en el pago de las 24 cuotas mensuales y consecutivas de tres mil quinientos diecisiete dólares con noventa y cinco céntimos (U.S $ 3.517,95); incumplimiento que deberá regirse por la cláusula cuarta del mencionado contrato, toda vez, que la resolución tácita de todo contrato bilateral establecida por el artículo 1.167 del Código Civil, sólo debe aplicarse cuando las partes no hayan establecido una regla especial sobre el incumplimiento de las obligaciones, lo cual fue establecido en la referida cláusula al establecer lo siguiente:
...CUARTA: Es condición expresa que la falta de pago del valor de tres (3) cuotas mensuales y consecutivas a que se contrae la cláusula tercera, es decir, la cantidad total de DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (U.S.$ 10.553,85), dará derecho a EL VENDEDOR A DECLARAR LA OBLIGACIÓN COMO DE PLAZO VENCIDO, obligándose LA COMPRADORA a pagar a EL VENDEDOR la deuda total, además de los intereses de mora causados, los gastos judiciales y/o extrajudiciales y honorarios de abogados en que incurra esta última para hacer efectivo dicho cobro. En tal caso EL VENDEDOR se reserva el derecho de dar por terminada la negociación aquí estipulada....
Siendo las cosas así, el demandante tiene derecho de demandar la totalidad de la deuda, los intereses de mora, los gastos judiciales y extrajudiciales y honorarios de abogados; puesto que la facultad del vendedor es considerar la deuda de plazo vencido y de acuerdo con la parte in fine de la mencionada cláusula, en tal caso, es decir, incumplimiento de la obligación de la compradora, se considerará terminado el contrato y causadas la totalidad de las cuotas que faltaren por pagar; no así la resolución del contrato que aquí se examina que sería volver al inicio de la negociación como si no hubiese existido nunca. Considerar terminado el contrato, concluido o extinguida la obligación, sólo es posible con el pago, la novación, la remisión de la deuda, la compensación, la confusión, y la pérdida de la cosa debida; toda vez, que considerar terminado el contrato, no es sinónimo de su resolución, puesto que las consecuencias legales son distintas y de naturaleza diferente. Lo establecido en la cláusula cuarta del referido contrato, hace improcedente la resolución pretendida y consecuencialmente improcedente la confesión ficta establecida por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, por no estar conforme a derecho la pretensión del demandante. Así expresamente se decide.... (Negrillas de la Sala).
De la transcripción que antecede se evidencia que, en la presente causa, el juez de la recurrida, luego de dejar constancia de la aceptación de los hechos por parte de la demandada y de que no hubo probanza alguna que le favoreciera, extendió su examen al análisis del contrato objeto de la presente demanda y, con base en el mismo, como antes se expresó, concluye que la petición de la actora es improcedente, de acuerdo con lo pautado por las partes en la cláusula cuarta del contrato objeto de la presente demanda.
Ahora bien, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece los supuestos que deben converger a los efectos de considerar confeso al demandado, a saber: 1) que no comparezca a dar su contestación dentro del plazo que la Ley otorga para ello; 2) que en la oportunidad procesal determinada no pruebe nada que lo favorezca; y, 3) que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho.
En este caso, en lugar de entrar al análisis del contrato cuya resolución se pretende, el juzgador superior debió limitarse a examinar si esos tres elementos se dieron o no en el presente juicio; a los fines de determinar si se había consumado la confesión ficta de la demandada; y de la propia recurrida se infiere que ésta no compareció a dar su contestación dentro del lapso procesal correspondiente, ni tampoco probó nada que le favoreciera. En cuanto a que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho la Sala observa que, este requisito debe interpretarse en el sentido del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es decir: si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley Al extender su examen a aspectos no alegados por las partes, que además solo podía ser opuesta como cuestión previa conforme al ordinal 11 del artículo 346 eiusdem, la recurrida interpretó erróneamente el artículo 362 por cuanto, tal interpretación debió ser realizada a la luz del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, la Sala declara procedente la denuncia de infracción, por errónea interpretación, del contenido y alcance del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de casación. Así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida, nuevamente, la violación del artículo 362 eiusdem, por errónea interpretación.
Ahora bien, en la denuncia anteriormente analizada se indicó la manera en que debe ser interpretado lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, con argumentos que se dan aquí por reproducidos, y que hacen irrelevante el análisis de esta delación, por tratarse de la misma infracción. Así se establece.
III
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 362 ibídem, y 1.167 del Código Civil, alegando que adolece del vicio de suposición falsa, con los siguientes argumentos:
...y en tal sentido solicitamos a esta Sala se extienda al fondo de la controversia y al establecimiento y apreciación de los hechos que hizo la sentencia recurrida, pues su dispositiva es consecuencia de haber incurrido en suposición falsa.
En efecto, la recurrida bajo el argumento de establecer la juridicidad y luego de constatar la falta de comparecencia del demandado en el lapso de emplazamiento y no existiendo prueba alguna en autos, incurre en suposición falsa al afirmar que la acción de resolución de contrato interpuesta por FRANCISCO OPITZ BUSITS, contra la ASOCIACIÓN CIVIL 24 DE MAYO, por falta de cumplimiento es contraria a derecho.
La recurrida motiva su tesis señalando que cualquier incumplimiento de la compradora debe regirse por la cláusula cuarta del contrato, pero omite la existencia de la cláusula sexta del contrato del referido contrato (sic) que perfectamente permite que ante el incumplimiento de la compradora, la vendedora pueda a su elección solicitar la resolución del contrato por falta de cumplimiento, más aún como ya lo hemos señalado, esta acción está amparada por el artículo 1.167 del Código Civil.
Por lo expuesto, solicitamos que la Sala case la sentencia recurrida y ordene al correspondiente tribunal de reenvío dicte nueva sentencia que aplique los artículos 362 del Código de procedimiento Civil y 1.167 del Código Civil, observando lo establecido en la cláusula sexta del contrato de opción de compraventa....
Para decidir, la Sala observa:
En esta ocasión los formalizantes denuncian en la recurrida la falta de aplicación de los artículos 362 del Código de Procedimiento Civil y 1.167 del Código Civil, y alegan que la recurrida incurrió en el vicio de suposición falsa.
Ahora bien, existe abundante jurisprudencia en las que la Sala ha establecido la manera adecuada de plantear en esta sede un recurso de casación sobre los hechos, siendo una de las mas recientes, la sentencia N° RC-00406, de fecha 8 de agosto de 2003, dictada en el juicio de Ángel Delgado Medina contra Terrenos y Maquinarias Termaq S.A., expediente N° 01187, en la que se expresa lo siguiente:
...la Sala dejó sentado que la técnica para denunciar la suposición falsa no comprende la denuncia de infracción de una regla de valoración de prueba, sino: a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b) indicación específica de cuál de los tres casos de suposición falsa se refiere la denuncia; c) señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida es determinante en el dispositivo de la sentencia.
Posteriormente en sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995, caso: Lucía Gómez de Delago c/ Afra María Vivas, la Sala complementó el cambio de técnica, y dejó sentado que ...los vicios de juzgamiento de que puede adolecer el fallo judicial, son desglosables en dos categorías: errores iuris in iudicando contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil-, y errores facti in iudicando previstos en el artículo 320 eiusdem...; y esta última categoría comprende, a su vez, el error facti in iudicando de derecho y el error facti in iudicando de hecho, ambos referidos al juzgamiento de los hechos, y el último de ellos sólo referido a los casos de suposición falsa. Por estas razones, la Sala ratificó que se trata de un motivo autónomo y diferente cuya denuncia no exige el alegato de infracción de una regla de establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, sino de los preceptos jurídicos que se utilizaron o dejaron de utilizar, como resultado del hecho particular, positivo y concreto falsamente supuesto; preceptos estos que pueden ser de derecho sustantivo o adjetivo.
Más adelante, en decisión de fecha 14 de agosto de 1998, caso: José Rafael Bohórquez c/ Neptalí de Jesús Fuentes y otro, la Sala explicó que el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores que el sentenciador puede cometer en el juzgamiento de los hechos, bien sea de derecho, porque el juez se equivoca en la interpretación o aplicación de reglas de establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; o bien sea de hecho, porque el juez se equivoca al percibir los hechos que la prueba demuestra, por cuanto atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o estableció hechos con pruebas que no existen, o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente, y reitera que las normas jurídicas que resultan infringidas en estos últimos casos son aquéllas en que fue subsumido el hecho que no tiene soporte probatorio, pues como consecuencia de que el mismo resulta falso o inexacto, no existe correspondencia lógica con los hechos en abstracto previstos en la norma aplicada.
Los precedentes jurisprudenciales ponen de manifiesto la falta de técnica cometida por el formalizante, pues ha debido denunciar la infracción de las normas jurídicas que resultaron falsamente aplicadas como consecuencia de la suposición falsa. Esta deficiencia no puede ser suplida por la Sala y, por ende, su denuncia debe ser desestimada, por inadecuada fundamentación.... (Negrillas de la Sala).
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que los formalizantes plantearon una denuncia de suposición falsa, pero no indican a la Sala en cuál de las tres sub-hipótesis la encuadran, ni señalan cuál o cuáles fueron las normas falsamente aplicadas, ni tampoco cuál es el hecho positivo y concreto que el juez superior dio por cierto valiéndose de la suposición falsa. Esa omisión de los formalizantes no puede ser suplida por la Sala y, en consecuencia, dado el incumplimiento de la carga procesal que por ley corresponde al recurrente, la Sala se ve impedida de poder entrar al análisis de las infracciones delatadas. Así se decide.
CASACIÓN SIN REENVÍO
Dentro del estudio detenido respecto a la primera denuncia delatada en el recurso por infracción de ley, y la cual ha dado lugar a casar el fallo recurrido, esta Sala encuentra que están suficientemente establecidos los pormenores del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, que hacen innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, que atentaría con el principio de la utilidad casacionista, y la celeridad jurídica, y siendo que la materia objeto de la casación declarada, versa sobre hechos soberanamente establecidos, razones por demás suficientes para hacer uso de la facultad de casar sin reenvío el fallo cuestionado y corregir la infracción develada, en el sentido de darle aplicación al efecto normativo del artículo 362 eiusdem, declarando confeso al demandado por no contestar la demanda, ni probar nada que lo favorezca, y en virtud de que la pretensión no es contraria a derecho ni a las buenas costumbres. Así se resuelve.
D E C I S I Ó N
En mérito de las consideraciones expuestas, este Supremo Tribunal de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación ejercido por la parte demandante contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2003, proferida por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, CASA SIN REENVÍO la sentencia recurrida, y declara: 1°) CON LUGAR: la demanda por resolución de contrato de compra venta incoado por FRANCISCO OPITZ BUSITS contra LA ASOCIACIÓN CIVIL 24 DE MAYO, por tanto se declara resuelto el contrato de opción de compra venta celebrado por las partes en fecha 26 de enero de 1998, autenticado por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el N° 58, tomo Segundo de los libros de autenticaciones llevados por ante esa Notaría. Asimismo se declara, de acuerdo a lo previsto en el contrato por concepto de daños y perjuicios, el derecho del demandante de retener la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($56.184,65), el cual deberá ser cancelado en su equivalente en moneda nacional según lo previsto en el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, cantidad esta otorgada por la demandada como parte de pago del precio convenido. 2º) SIN LUGAR: la apelación propuesta por la parte demandada La Asociación Civil 24 de Mayo, y por vía de consecuencia se confirma la decisión apelada de fecha 5 de junio de 2002, dictada por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Se condena en costas del proceso a La Asociación Civil 24 de Mayo, por resultar totalmente vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Por la índole de la decisión, no ha lugar a la condenatoria en costas del presente recurso de casación.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de la Causa, Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese dicha remisión con copia de esta decisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado; todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal de Justicia, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
El Vicepresidente Ponente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
____________________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO
El Secretario,
__________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
R. C. Nº AA20-C-2003-000614
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